Reggio’s

La utilización de la Justicia (con mayúscula, ya que me refiero a los distintos órganos jurisdiccionales) por parte de la política se ha cobrado ya una víctima en los últimos años, el Tribunal Constitucional, y amenaza ahora a una segunda, el Tribunal Supremo.

La esperada sentencia sobre el Estatut de Catalunya ha desbordado todos los límites de las garantías judiciales -por ejemplo, las infundadas recusaciones- y de la libertad de expresión. Calumnia que algo queda: y efectivamente ha quedado. Pero en las últimas semanas el Constitucional ha pasado a un segundo plano y las cabeceras informativas están ocupadas por el juez Garzón, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

Garzón no es la primera vez que es objeto de una querella judicial. Hoy leo en el periódico que le han interpuesto más de cuarenta. No nos escandalicemos, es natural. Garzón es un juez de instrucción que se ha enfrentado a los más peligrosos clanes del crimen organizado: terrorismo de ETA y terrorismo islámico, narcotráfico, delincuencia económica, corrupción política y crímenes de Estado. Garzón no es sólo el juez español más conocido, sino el juez -español o extranjero- más admirado del mundo. Y con toda la razón. ¿Cómo no va a tener un personaje así infinidad de enemigos?

La noticia, por tanto, no es que se haya interpuesto alguna querella contra Garzón, sino que, por primera vez, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite, contra el parecer de la Fiscalía, tres querellas contra él por el delito de prevaricación. Comete este delito el juez que dicta una resolución injusta, bien a sabiendas o bien por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, graduándose la pena según sea la causa. La admisión a trámite, como es obvio, no prejuzga la pena, ni la existencia de delito: sólo significa que hay ciertos indicios que merecen una investigación. Por tanto, tranquilos: Garzón sólo ha sido imputado, tan sólo está sometido a investigación judicial.

Ahora bien, en tal situación se le puede suspender de su cargo de forma cautelar. Este parece ser el objetivo latente en las querellas: apartarle, aunque sea temporalmente, de sus funciones en la Audiencia Nacional. Y esta decisión la debe tomar el Consejo, el órgano de gobierno de los jueces.

Por tanto, un órgano político, no un órgano jurisdiccional. En el caso, inevitablemente, se mezcla todo.

La verdad es que las tres querellas apenas tienen consistencia. La primera, relacionada con la exhumación de los cadáveres en aplicación de la ley de memoria histórica, creo que no tiene justificación alguna. A mi modo de ver, Garzón se equivocó, así lo expuse razonadamente en estas mismas páginas (”Enterremos a los muertos”, La Vanguardia,4/ IX/ 2008). Pero del error a la prevaricación hay un abismo: ahí no había ni imprudencia grave ni ignorancia inexcusable, menos aún era una resolución injusta a sabiendas. Simplemente, creo que Garzón aplicó mal la nueva legislación de delitos contra la humanidad a una realidad que no correspondía. Pero es una materia discutible y hay opiniones contradictorias.

La segunda querella es ridícula: se trata de unos cursos en los que participó Garzón en la Universidad de Nueva York, financiados en parte por el Banco Santander, sin haberse abstenido posteriormente en una causa contra el señor Botín. Todo curso, seminario o congreso está financiados por alguien, normalmente por grandes empresas, bancos y cajas. Nadie sabe ni recuerda el nombre de los patrocinadores. Los datos aportados por la Universidad de Nueva York, exculpatorios para Garzón, creo que darán un carpetazo definitivo al asunto.

La tercera querella, muy reciente, ofrece más dudas. Se trata de las escuchas telefónicas entre un acusado en prisión por el caso Gürtel y su abogado. Aunque la redacción de la ley penitenciaria que regula este supuesto no es clara, la interpretación del TC, con buenas razones, la ha reducido a delitos de terrorismo, que no es el caso. Habrá que esclarecer los hechos y escuchar los argumentos de las partes. Pero aun en el supuesto de intervención telefónica por orden del juez, la ineluctable conclusión no sería que ha prevaricado, sino que la prueba es nula.

Por tanto, estas son las tres querellas, ninguna resuelta todavía y tramitadas conforme a la ley. Las garantías procesales son amplias y no hay que temer a la máquina judicial cuando uno está libre de culpa. Plantear el caso como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas me parece equivocado: las piezas no encajan. No encaja, por ejemplo, el papel del juez Luciano Varela y de la señora Margarita Robles, actual miembro del CGPJ. Seguramente lo cierto es que ahí se mezclan cuestiones políticas y corporativas. Garzón tiene enemigos en muy diversos frentes. Todos nos podemos equivocar, también Garzón. Pero errar, en principio, no es delito.

A lo que sí hay que temer, en cambio, es al desbarajuste informativo que acaba desprestigiando al poder judicial, es decir, a jueces y magistrados, y deteriora la confianza en el Estado de derecho. Los medios no pueden tratar los conflictos jurídicos como conflictos políticos, dado que su naturaleza es distinta. Y si hay algún punto de conexión hay que explicarlo con exactitud, deslindando una esfera de la otra. Y si hay ilegalidades buscar a las personas responsables, no cargarse las instituciones. Serenidad, y no barullo, es lo que necesita en España la Justicia con mayúsculas.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

El pasado lunes, el notario López Burniol, el escritor Antoni Puigverd y yo mismo estuvimos reflexionando en CaixaForum sobre las ideas de Pi y Margall contempladas desde la perspectiva de hoy. La sesión llevaba el sugestivo y discutible título de “Pi i Margall i l´altra Espanya (que no arriba)”.

Francisco Pi y Margall nació en Barcelona en 1824. Tras licenciarse en Derecho estudió el doctorado en Madrid y desde entonces hasta su muerte en 1901 residió siempre en la capital. Como se sabe, Pi y Margall fue el más significado representante de las ideas federales en la España de su tiempo y prácticamente el único que defendió el federalismo desde entonces hasta hace muy poco, hasta la experiencia del Estado de las autonomías en la actual etapa democrática.

¿Por qué hasta ahora no ha habido federales en España? Esta es una buena pregunta. Antes de pasar a contestarla digamos que a pesar de que el Estado liberal español fue construido bajo esquemas centralistas, a imitación del modelo francés, durante el siglo XIX hubo corrientes que se declararon federalistas, situadas principalmente en el liberalismo democrático radical, lindante a veces, confusamente, con el anarquismo y el socialismo. Entre estas corrientes se movió en sus primeros años de vida política Pi y Margall, hasta llegar a presidente, durante poco más de un mes, de la breve, convulsa y desgraciada I República de 1873. Pero fue tal el fracaso de esta que, aparte de Pi y Margall y, a su muerte, de su hijo Pi Arsuaga, el federalismo apenas tuvo seguidores en España porque tal palabra evocaba, a derecha y a izquierda, desorden, caos y desintegración. Ni la II República quiso denominarse federal (se le puso el nombre de Estado integral), ni con dicho término se denominó el actual Estado de las autonomías, que no tiene denominación constitucional alguna.

En la Catalunya de fines del XIX y principios del XX hubo partidos y corrientes de izquierdas que se llamaban a sí mismas federales, más o menos seguidoras de Valentí Almirall, un discípulo de Pi que rompió con su maestro en 1881 y dio paso al primer nacionalismo catalán. El actual PSC es el heredero de estas corrientes. Por su parte, el catalanismo de derechas, la Lliga de Prat de la Riba, se mostró siempre distante del federalismo de Pi. La prueba más fehaciente está en el libro de Duran i Ventosa Regionalismo i federalismo, publicado en 1905, antes de La nacionalitat catalana de Prat. Jordi Pujol, heredero de este catalanismo, se ha mostrado también siempre contrario al federalismo. Por tanto, el catalanismo político, a derecha e izquierda, nunca ha sido federal, siempre ha sido nacionalista. El racionalismo democrático, contractualista y laico de Pi y Margall nada tiene que ver con el sentimentalismo romántico que ha estado siempre en la base del catalanismo político.

Pi y Margall, por tanto, se quedó solo y sin continuadores. Quizás por ello, tras su fracaso como gobernante, se decidió a publicar en 1876 Las nacionalidades, un libro de gran interés, donde expone un modelo de Estado federal para España, inspirándose en las únicas experiencias federales de la época, es decir, Estados Unidos, Suiza y Alemania. Pi y Margall, principal redactor del proyecto de Constitución federal de 1873, intenta justificar dicho proyecto, a pesar del fracaso, para así mostrar la posible validez futura de un Estado federal para España.

Cien años después de su muerte, puede decirse que, sigilosamente, sin que nadie se enterara, las ideas de Pi en buena parte han triunfado. De la actual Constitución no se deducía claramente un modelo federal, pero su desarrollo ha conducido a un Estado de este tipo. En efecto, el modelo autonómico, igualadas en lo sustancial las competencias de todas las comunidades durante los años noventa, podía ya incluirse en esta forma territorial de Estado. Sólo faltaba culminar el modelo con instituciones de integración, en especial un Senado federal, e incrementar la cultura política propia del federalismo, es decir, aumentar la colaboración y la mutua lealtad entre las comunidades y el Estado.

Esta era la situación del Estado de las autonomías en el año 2003. Se le estaba comenzando a dar la razón a Pi y Margall: su modelo de otra España, distinta a la centralista, estaba ya a punto de llegar. En este momento, sin embargo, se produce un giro: el Estatut de Catalunya. Un giro del que todavía no sabemos con certeza las consecuencias que tendrá ni hacia dónde irá. En todo caso, al modelo de Pi y Margall se le pretende oponer el modelo de Almirall y de Prat, un modelo plurinacional y asimétrico, con distintas competencias entre comunidades, con relaciones bilaterales en lugar de instituciones federales.

Hablábamos el otro día en CaixaForum, decía al principio, de “Pi y Margall y la otra España (que no llega)”. ¿Qué no llega? Me permitiría corregir el título: se trata de una España que recorrió noventa y nueve metros y que le faltaba uno para llegar a los cien, a la España plenamente federal. Por tanto, casi llegó. Pero los actuales sucesores de Almirall y de Prat de la Riba, el PSC y CiU, con el respaldo de Zapatero, improvisando siempre, impidieron que las ideas federales, las de Pi y Margall, finalmente se impusieran. Mientras, nos hallamos en la incertidumbre de quienes están en el limbo: a la espera de una sentencia a la que se le pide injustamente aquello que los políticos, los legisladores, no han sabido resolver.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Un conocido comentarista político de un diario de Madrid mostraba su extrañeza porque al hablar con políticos e intelectuales catalanes siempre le preguntaban si había federalistas en España, obviamente una pregunta meramente retórica ya que en sí misma contenía la respuesta: “En España no hay federalistas”. Esta es la convicción de muchos intelectuales y políticos catalanes que constantemente la repiten en artículos, entrevistas y tertulias.

Tal afirmación, sin embargo, resulta sorprendente. Naturalmente que en España hay federalistas, incluso muchos, la mayoría de los expertos en comunidades autónomas lo son y es fácil probarlo: sólo basta consultar la extensa literatura sobre esta materia. Entonces, ¿por qué tan a menudo desde Catalunya se pone en cuestión algo tan evidente?

La razón es bastante simple: el término federalismo sirve para denominar dos realidades muy distintas. Muchos de los que en Catalunya se llaman a sí mismos federalistas son partidarios de un modelo de Estado que no es, ni mucho menos, el de los federalistas del resto de España y, hasta diría, el de los federalistas de los estados de esta misma naturaleza de nuestro entorno político y cultural, como son Alemania, Austria, Italia o Suiza.

En efecto, en los últimos veinte años se ha ido desarrollando en Catalunya una teoría del federalismo basada en la tradición del republicanismo federalista de finales del siglo XIX, cuyo indiscutible representante fue Almirall, y que después fue continuada por la generación de la Segunda República, cuyo principal teórico fue, probablemente, Rovira i Virgili. Esta tradición -que no ha sido exactamente la del pujolismo, más ligada a Prat de la Riba y al mundo de la Lliga, a la que han sumado componentes comunitaristas de cristianos como Péguy y Mounier- ha fundamentado la ideología nacionalista del tripartito catalán vía los intelectuales afines al PSC y los sectores menos independentistas de ERC. Esta ideología parte de la consideración de España como Estado plurinacional en el que la autonomía de Catalunya debe basarse en una soberanía compartida con España y, por esta razón, las competencias de la Generalitat deberán ser asimétricas respecto a las demás comunidades autónomas, dada la condición nacional de Catalunya. El proyecto de Estatut aprobado por el Parlament es el texto jurídico que mejor concreta este modelo.

Obviamente, dado que está fundado en ideas del siglo XIX, el modelo se encuentra muy desfasado respecto a la actualidad. Almirall, efectivamente, se inspiró en el federalismo de su época, en el de Estados Unidos, Suiza y Alemania, pero la organización federal de estos países se ha transformado profundamente, a la vez que se transformaban también la naturaleza y las funciones del Estado mismo. El sujeto de la soberanía dejó de ser el centro de las preocupaciones federales tras la guerra civil norteamericana -¡que terminó en 1865!-, el reparto simétrico de competencias pasó a ser el eje central del federalismo y el paso de un Estado liberal a un Estado social hizo inevitable, por razones de eficiencia, que la descentralización política no consistiera, simplemente, en mera autonomía, sino que también debía implicar relaciones de colaboración y participación entre la federación -el Estado central- y los entes subestatales, en nuestro caso las comunidades autónomas. Este federalismo, el realmente existente en Europa occidental y Norteamérica, es el modelo en el que se inspiran los federalistas españoles.

Tres libros de conocidos especialistas muestran, con diferentes enfoques, este federalismo actual en relación con la España de las autonomías. El profesor Luis Fajardo Spínola (¿Hacia otro modelo de Estado? Los socialistas y el Estado autonómico, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009) recorre el itinerario federal del PSOE -del que fue protagonista cuando era un político en activo- en relación con la evolución de nuestro modelo territorial de Estado y se inquieta por la confusa posición de su partido en la etapa de Zapatero. Jordi Sevilla, José M. ª Vidal y Cristina Elías (Vertebrando España. El Estado autonómico, Biblioteca Nueva-Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 2009) hacen una muy clara síntesis del Estado de las autonomías y sus problemas actuales, fruto de su experiencia en el primer gobierno de Zapatero, en el que intentaron desde el Ministerio de Administraciones Públicas resolver algunos de estos problemas mediante técnicas federales. Finalmente, José Tudela Aranda (El Estado desconcertado y la necesidad federal, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009), letrado de las Cortes de Aragón y director de la Fundación Giménez Abad, como indica el expresivo título de su libro, trata tanto de la confusión actual tras las últimas reformas estatutarias como de la necesidad de enderezar el rumbo en sentido federal.

Son tres libros de federalistas españoles que reflexionan sobre la realidad actual, plantean problemas y proponen soluciones: soluciones federales. Por tanto, que los articulistas de Madrid no se asombren cuando algunos socialistas catalanes les pregunten si hay federalistas en España. Quienes formulan tal pregunta son nacionalistas que, ante el lógico rechazo que les suscita el nacionalismo esencialista y el vértigo que les provoca el independentismo, han apañado con viejos instrumentos un confuso modelo más o menos confederal que sólo comparten ellos mismos y algunos de sus amigos de Quebec.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

El debate de estos últimos días se ha centrado en la ubicación de los llamados cementerios de residuos nucleares. Primero fue Yebra, en la provincia de Guadalajara, y después Ascó, en la de Tarragona. Sus respectivos ayuntamientos presentaron candidaturas para albergar en su término municipal una planta en la que se depositarán los residuos nucleares de toda España. Tanto sus propios partidos (PP y CiU), como los presidentes de sus comunidades (Barreda y Montilla, del PSOE y del PSC) han rechazado públicamente tales iniciativas. La sensación que han producido estos desencuentros entre municipios, comunidades y partidos es de una gran confusión, cercana al caos. Una vez más los ciudadanos perciben que los políticos no saben hacia dónde van y que, en el fondo, les interesa más ganar como sea las próximas elecciones que encauzar y solucionar los problemas que la sociedad tiene planteados.

Cuando un partido que está en el gobierno no se enfrenta a los verdaderos problemas sino que esconde la cabeza bajo el ala, se entretiene en nimiedades que a nadie importan o comete evidentes errores, quizás gane las próximas elecciones porque todavía los ciudadanos no se hayan dado cuenta de su inconsistencia, pero a la larga todo se descubre, más dura es la caída en los siguientes comicios y se produce el relevo, la alternancia. Se da paso al gobierno de otro partido, con otras ideas y proyectos.

Ahora bien, cuando la ausencia de rumbo y la incoherencia continuada abarca a todos los partidos, la factura que pagar es mucho más cara. Pagan los partidos por su falta de seriedad, paga el sistema político porque suscita desconfianza, pagan los ciudadanos porque en sus vidas repercute la ineficacia de los gobernantes. Cuando la sensación es que todos los partidos son igual de ineptos y de qué más da que ganen unos u otros, ya que las consecuencias serán las mismas, comenzamos a estar ante una crisis del sistema político y una deslegitimación de la democracia. Abstengámonos de votar, todos lo hacen y lo harán igual de mal, dicen los electores. Vamos ya en esta dirección y sólo si tomamos conciencia de sus peligros podemos ponerle remedio. Todo ello, desde hace un tiempo aplicable a Catalunya, comienza a ser aplicable al resto de España, a sus comunidades autónomas, al Gobierno central, al partido en el Gobierno y al de la oposición. Se ha convertido en un mal común.

El caso de los cementerios nucleares es un ejemplo más de la poca calidad de nuestra clase política. Mientras los alcaldes de pequeños ayuntamientos asumen una responsabilidad que saben que puede hacerles impopulares pero están dispuestos a arrostrarla porque consideran -con razón o sin ella- que la decisión es beneficiosa para su municipio, aquellos que les han otorgado la competencia para tomar dicha decisión se echan para atrás, los dejan solos, expedientan a sus concejales o les presionan para que rectifiquen. Todo por un hipotético puñado de votos, aconsejados seguramente por supuestos expertos en marketing electoral y comunicación política, unos expertos que suelen confundir hacer política con vender lavadoras. Así nos va. Sinceramente, dudo mucho que esta falta de consistencia en la toma de decisiones haga ganar votos. Creo más bien que los ciudadanos desearían y confiarían en unos partidos, unos líderes y unos gobernantes que les dijeran la verdad, lo que ellos consideraran que es la verdad, que razonaran sus posiciones de forma argumentada, mostrando también sus dudas y sus riesgos. Los ciudadanos conocen las dificultades que implica escoger entre varias opciones porque ellos mismos lo experimentan en su vida diaria. Saben que al optar siempre puede uno equivocarse, pero saben también que en la vida hay que tomar decisiones y que estas pueden ser erróneas. Pero que la peor equivocación es no tomarlas cuando hay que hacerlo.

Pues bien, los ciudadanos pueden comprender que hacer política consiste en lo mismo, en escoger entre varias soluciones, quizás ninguna convincente del todo, pero gobernar es tomar decisiones ante los problemas, como sucede en la vida misma, no eludir los problemas para así evitar tomar decisiones. Déjense, pues, de marketing y de publicidad comercial. Planteen los problemas en todas sus dimensiones, argumenten pros y contras de las soluciones posibles, escojan la que consideren más aceptable y arrostren responsabilidades. Así es la vida, así es también la vida política. Al debate sobre los cementerios nucleares debía haberle precedido otro debate: el energético. Hoy en día, en este debate, pieza central es el futuro papel de la energía nuclear, en un momento en que está claro que las fuentes de energía limpias son insuficientes y las energías fósiles llevan camino de extinguirse. Además, las centrales nucleares son mucho más seguras y el principal riesgo, los cementerios, también. Hablemos de todo ello y escojamos con todos los datos sobre la mesa.

Que no pase como con la crisis económica, que se negó para ganar unas elecciones (y se ganaron), apenas se han tomado medidas para afrontarla seriamente y ahora resulta que España será la única entre las grandes economías que disminuirá el PIB en este año, que en Europa estaremos en compañía de Grecia, Estonia, Chipre, Hungría y Rumanía. Todo por no haber tomado decisiones a tiempo, en definitiva, por haber eludido los problemas, por no haber sabido gobernar.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

El embarullado debate público sobre la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Estatut de Catalunya está propagando notables confusiones. Como se sabe, de la confusión siempre deriva el error. Vamos, pues, a comentar tres frecuentes errores, muy comunes en declaraciones de políticos y en artículos de opinión, que, ami parecer, sólo inducen a la confusión.

En primer lugar, existe una extendida creencia de que la Constitución es una norma española y que el Estatut es una norma catalana. Si nos referimos a que el ámbito de aplicación respectiva de una y otra son España y Catalunya, que forma parte de España, ello es cierto. Pero no lo es si estimamos que la auténtica constitución de Catalunya es el Estatut y la Constitución española es una norma que sólo le afecta tangencialmente, aunque, en cierto modo, esta fue una de las iniciales pretensiones del nuevo Estatut.

La base teórica de estas equivocadas apreciaciones es la consideración del Estatut no como una norma jurídica sino como un pacto político, un acuerdo entre dos sujetos diferenciados, Catalunya y España, cada uno de ellos con sus propias normas supremas. Es obvio que ello no es así. La Constitución es una norma suprema eficaz en todo el territorio estatal y jerárquicamente superior al resto de normas, entre ellas los estatutos de las comunidades autónomas. Ambos tipos de normas son, pues, válidas y vigentes, con la diferencia de que la Constitución es aplicable en todo el territorio nacional y el Estatut sólo en el territorio de Catalunya.

De este primer error se deduce el segundo: el Tribunal Constitucional es un órgano del Estado y no un órgano de Catalunya. Este segundo error conduce a que la sentencia en cuestión se vea como una amenaza para Catalunya, una imposición de España frente a la voluntad catalana.

Ahí se olvida que la Constitución protege los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos catalanes y que la legitimidad democrática de esta Constitución se funda en el consentimiento, junto al resto de los españoles, de estos ciudadanos catalanes que, en su día, la aprobaron yque después -mediante sus representantes y, en su caso, por referéndum- la pueden modificar si es que lo creen conveniente. La garantía última de que esta Constitución se aplique en su integridad radica en el TC, el cual, en sus resoluciones, en virtud del principio de igualdad, defiende tanto a catalanes como al resto de los españoles de las posibles arbitrariedades -es decir, actos contrarios a la Constitución- de los poderes legislativo y ejecutivo. Por último, en tercer lugar, nos encontramos con el error quizás más grave y frecuente: considerar al TC como un órgano político y no como un órgano jurisdiccional.

Un órgano político -por ejemplo, un parlamento o un gobierno- ejerce un poder sólo limitado por la Constitución y las leyes. También un órgano jurisdiccional -jueces ordinarios y magistrados del TC- tiene estos mismos límites aunque con una diferencia esencial derivada de la finalidad de ambos tipos de órganos. Veamos. Los órganos políticos toman decisiones por razones políticas, es decir, por razones de oportunidad y conveniencia. Y estas razones, claramente subjetivas, dependerán de la ideología e intereses de quienes las adopten. Simplificando, los gobernantes conservadores y los de izquierdas adoptarán en general medidas según su diferente óptica política.

No es así, en cambio, en el caso de los órganos jurisdiccionales y es por ello que la distinción entre jueces conservadores y progresistas no suele resultar adecuada. Los órganos jurisdiccionales, al tomar sus decisiones, sólo deben tener en cuenta razones jurídicas. Ello implica que el único factor al que deben atender es al significado de las normas aplicables a los hechos que se dilucidan y este significado sólo puede deducirse de los métodos de interpretación de las leyes y de los argumentos jurídicos aceptados en derecho como válidos. Se trata, por tanto, de un tipo de razonamiento mucho más objetivo y limitado que el razonamiento político. En cualquier caso, las decisiones de los jueces no pueden derivar de opiniones propias, derivadas de su ideología e intereses, sobre el asunto que se somete a su jurisdicción sino que sus razones sólo pueden derivar de la ley. La independencia judicial significa, en esencia, que los jueces son independientes de todos los demás poderes, pero absolutamente dependientes de la ley y el derecho.

Por todo ello, el cometido de la sentencia sobre el Estatut no es configurar un nuevo Estado de las autonomías para los próximos años, como algunos desean y otros temen. Esta no es la función de los jueces constitucionales sino de los poderes políticos, incluyendo entre estos al poder constituyente, el poder de quien tiene la facultad de reformar la Constitución. La función del TC se limita a declarar si los preceptos estatutarios caben o no dentro del ámbito de la Constitución.

Así pues, a cada uno lo suyo. A los órganos políticos, representativos de la voluntad de los ciudadanos, les compete ejercer, basándose en razones de oportunidad y conveniencia, el marco institucional del Estado autonómico. Al TC, sólo garante de la constitucionalidad y sin ningún carácter representativo, únicamente le compete declarar si aquello que proponen los órganos políticos es adecuado al texto constitucional. Frente a tantos deseos y temores, esto es lo único que puede esperarse de tan inquietante sentencia.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

En los últimos años, y también en los últimos días, los políticos acuden al fácil recurso de ampararse en la “sociedad civil” para demostrar el apoyo popular del que disfrutan y así legitimar sus decisiones. Es más que dudoso, sin embargo, que ello sea democráticamente lícito ya que el término “sociedad civil” resulta engañoso. Veamos.

Este término ha tenido a lo largo de la historia significados diversos. Ya Aristóteles y también Cicerón entendían por sociedad civil al conjunto de ciudadanos que participaban en la gestión de los asuntos públicos, distintos de los asuntos del ámbito privado y familiar. Era una concepción muy distinta a la actual. En efecto, a partir de la edad moderna se sostiene lo contrario: la sociedad civil no es lo opuesto al ámbito de lo privado sino que, dentro de los asuntos públicos, es lo contrapuesto a la sociedad política, al Estado. Hegel, Tocqueville, Marx y Gramsci, con posiciones distintas respecto a la composición y naturaleza de la sociedad civil, así los expresaron en sus obras.

Más recientemente, entre otros muchos autores (véase Sauca / Wences, Lecturas de la sociedad civil, Trotta, Madrid, 2007), ha sido el conocido pensador alemán Jürgen Habermas quien ha suministrado una noción de sociedad civil que probablemente es la que más se acerca a la actualmente difundida entre nosotros. Sintetizando mucho el esquema básico es el siguiente. En toda sociedad se distinguen dos esferas, la sociedad política y la sociedad civil. La primera está compuesta por el conjunto de poderes públicos, es decir, aquellas instituciones con capacidad de tomar decisiones jurídicas y, por tanto, coactivas y vinculantes. La sociedad civil, por su parte, está compuesta por todas aquellas organizaciones y grupos sociales que pueden configurar la opinión pública libre y que sin ejercer poder jurídico alguno tienen capacidad para crear consensos sociales que influyan y condicionen las decisiones de los poderes públicos. Así, la sociedad civil es autónoma de la sociedad política, es un espacio libre de las interferencias de los poderes públicos. El conjunto de ambas esferas sociales, la civil y la política, expresan los deseos y las aspiraciones del conjunto de la sociedad.

En abstracto, como modelo teórico, tal distinción puede resultar válida. Una cosa es el Estado, es decir, todo poder público, en nuestro caso, el Estado central, las comunidades autónomas y los entes locales, con la UE al fondo; otra cosa es la sociedad organizada, es decir, aquellas instituciones, grupos sociales y asociaciones de naturaleza privada, especialmente las de relevancia económica y cultural, con capacidad de influencia en los poderes públicos. Es el caso, entre otros, de los sindicatos, las patronales, los grandes y medianos empresarios, las asociaciones y fundaciones, los colegios profesionales, los medios de comunicación, las entidades culturales y académicas, las iglesias y los clubs deportivos.

Sin embargo, la práctica del actual Estado social hace que ambas esferas, Estado y sociedad, se interrelacionen cada vez más en detrimento de su mutua autonomía. En efecto, el Estado social, el actual Estado de bienestar, es un poder público cada vez más intervencionista, lo cual comporta que las instituciones, asociaciones y empresas que componen la sociedad civil estén cada vez más reguladas, sus actividades cada vez más sometidas a autorizaciones y condicionadas por las subvenciones que reciben. Ello da lugar a una inversión de las funciones. La sociedad civil, en lugar de representar a los deseos y aspiraciones de la sociedad e influir así en los poderes públicos, se ha convertido en un instrumento de control social por parte de estos poderes respecto de la sociedad. Es decir, los poderes públicos utilizan a la sociedad civil para sus propios fines haciendo ver que estos son los auténticos deseos de la sociedad civil. Mediante esta inversión de funciones, los políticos aparentan reforzar la legitimidad democrática de sus decisiones: no es que lo hayamos decidido nosotros, dicen, es que lo pide la sociedad.

Una clara muestra de esta situación es la carta que el presidente Montilla dirigió a las más importantes instituciones de la sociedad civil catalana para reclamar apoyos en una hipotética respuesta a la famosa sentencia sobre el Estatut. El tono de la carta era el de una orden, aunque en la forma aparentara ser una simple sugerencia. Sabe perfectamente Montilla que los destinatarios de la carta, como se ha demostrado tantas veces, con él o con sus antecesores, se someterán dócilmente a sus deseos, dado que sus intereses dependen en buena parte de los poderes públicos.

De esta forma, la verdadera sociedad civil, entendida en el sentido de una esfera social autónoma de los poderes públicos, está en otra parte. Está en el hombre de la calle, aquel que no depende de las administraciones, que no necesita ni una subvención ni una autorización por parte de estas. Pero me temo que estos ciudadanos tienen escasos cauces de expresión que les permitan influir, sólo les queda el voto en las elecciones. Y el voto ya lo usan poco, escépticos ante cualquier poder, sea del color que sea, desafectos a todos. Con ello llegamos a una triste conclusión: la verdadera sociedad civil se abstiene y el poder político está en manos de una coalición entre la sociedad política y la falsa sociedad civil. Ciertamente, un grave problema para la democracia.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Alfonso Guerra se mostró anteayer sorprendido por el agradecimiento de Montilla, mediante carta personal, a las entidades catalanas que se habían sumado al famoso editorial conjunto en el que se intentaba presionar al Tribunal Constitucional, así como por la petición de apoyo previo a dichas entidades respecto a una hipotética respuesta unitaria, liderada por el Govern, a la sentencia sobre el Estatut. Con su habitual agudeza y sarcasmo, el dirigente del PSOE tachó la iniciativa de “increíble” ya que todavía no se conoce el contenido de la sentencia y añadió que los políticos catalanes “están un poco en la estratosfera”.

Esta percepción del ex vicepresidente del Gobierno me parece que es compartida por muchos ciudadanos de Catalunya: los políticos catalanes habitan, ciertamente, en la estratosfera. Sus iniciativas, declaraciones y propuestas tienen poco que ver con las preocupaciones de estos ciudadanos. En Catalunya hay un divorcio entre la realidad político-mediática y la realidad social, entre los políticos y el hombre de la calle.

Esto se advierte no sólo en la vida diaria sino en los sondeos de opinión y en el creciente aumento de la abstención electoral. Pero los políticos, en lugar de rectificar, no hacen ni caso, siguen impávidos y satisfechos en su mundo, en su estratosfera y, desde allí, piden ayuda a la parte subvencionada de la sociedad seguros de obtener su apoyo a cambio de futuros favores o, cuando menos, para evitar previsibles represalias.

Sin embargo, la actual búsqueda de respaldo social por parte de Montilla parece obedecer, además, a una razón más partidista, no en vano estamos en año electoral. El presidente de la Generalitat tiene miedo a quedarse solo en la respuesta a la famosa sentencia sobre el Estatut. Es obvio que el Govern está en un momento de gran debilidad debido a las divergencias internas y a la creciente desconfianza entre sus tres socios. La valoración de la sentencia constitucional será forzosamente distinta dadas las diferentes posiciones en la materia: unos quieren ya la independencia, otros el derecho a decidir, otros -desde el mismo PSC- una reforma constitucional que establezca una nueva relación entre Catalunya y España. Se está entrando en la misma lógica del yo más, igual que en la elaboración del Estatut.

En este escenario, Montilla tiene miedo a quedarse solo en la defensa del texto y pide apoyos sociales para restar márgenes de maniobra a los demás partidos, tanto a sus socios de Govern como a CiU. Montilla quiere blindarse y dirigir la respuesta con el fin de evitar anticipar las elecciones o llegar al final con un gobierno descompuesto y una posición parlamentaria extremadamente debilitada que le conduzca a un proceso electoral que le impida repetir el tripartito y acabe dando la presidencia a Artur Mas. En la oposición, como en la estratosfera, suele hacer mucho frío.

El 4 de enero de 1960, hoy hace exactamente cincuenta años y tres días, murió en accidente de automóvil el escritor Albert Camus. Joan de Sagarra explicó los detalles del accidente en su artículo del domingo pasado. Sólo tenía 47 años y su fama e influencia en la Europa de su tiempo habían llegado a ser más que considerables.

En parte ello era debido a que su tarea de pensador pudo llegar a públicos muy diversos al haberse proyectado en varios formatos: filosofía, teatro, narrativa y periodismo. Novelas como El extranjero y La peste, ensayos como El mito de Sísifo y El hombre rebelde, obras de teatro como Calígula, narraciones como El verano y Bodas, así como numerosos artículos periodísticos, son ya piezas clásicas del pensamiento y la literatura del siglo XX. Tener a mano su obra completa (publicada en francés por Gallimard en La Pléiade y en castellano por Alianza) para leer y releer a Camus es siempre un asidero seguro para reflexionar con placer y provecho sobre la condición del hombre actual. La Academia Sueca le concedió el premio Nobel de Literatura en 1957.

No obstante, a partir de su muerte, la fama e influencia de Camus disminuyeron notoriamente. Las causas hay que encontrarlas, primero, en su ruptura con el grupo de Sartre y en su oposición a todos los totalitarismos, incluido el de la Unión Soviética. Pero, sobre todo, en segundo lugar, y pese a que había nacido y vivido en Argelia hasta edad adulta, en su oposición al nacionalismo argelino por sus discrepancias con los métodos terroristas de las fuerzas guerrilleras que dirigían la lucha contra el colonialismo francés y con la perspectiva de una Argelia independiente en la que sólo tuvieran cabida los árabes. Todo ello le fue aislando de la izquierda francesa, de la que había sido una de las figuras intelectuales más destacadas.

En los años siguientes a su muerte, ni el gauchismo tercermundista, ni las diversas corrientes del Mayo de 1968, ni los estructuralistas o los filósofos posmodernos reconocieron a Camus como maître à penser en el que inspirarse o reconocerse, pues nada les ligaba a él. Menos aún fue reivindicado por las corrientes conservadoras que lo han considerado siempre, como es natural, un hombre de izquierdas. Sólo a mitad de los años noventa, a raíz de la publicación de su inacabada novela autobiográfica El primer hombre, Camus volvió a la escena cultural francesa y europea, esperemos que para quedarse, ya que ciertos aspectos de su pensamiento -en especial, su actitud como intelectual- tienen plena vigencia y su literatura sigue resultando de una sobrecogedora belleza.

Con el fin de ambientarme para la redacción de este artículo he releído el discurso de aceptación del Nobel el 10 de diciembre de 1957 y la conferencia pronunciada en la Universidad de Uppsala cuatro días después, dos breves piezas del Camus tardío que revelan una actitud constante en su vida y obra: el necesario compromiso de todo escritor con la verdad, aquello que hace cincuenta años llamábamos autenticidad, hoy poco de moda.

Reproduciremos a continuación algunas frases significativas de ambos textos. Por ejemplo: “Crear hoy es crear peligrosamente. Toda publicación es un acto que expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona nada”. Y añade: “No es sorprendente, pues, que todo lo válido que se ha creado en la Europa mercantilista de los siglos XIX y XX, en literatura, por ejemplo, se haya edificado contra la sociedad de su tiempo”. O: “El artista libre, como el hombre libre, no es el hombre cómodo”. Y concluye: “Cuando la tiranía moderna nos muestra que el artista es el enemigo público, tiene razón”.

Desde estas actitudes libres, a contracorriente y, por tanto, peligrosas para el poder, Camus determina la función del escritor: “Por definición, no puede ponerse al servicio de los que hacen historia; está al servicio de los que la sufren. (…) Dos compromisos del oficio de escritor: la negativa a mentir sobre lo que se sabe y la resistencia a la opresión (…) Las dos responsabilidades que constituyen la grandeza del escritor: el servicio a la verdad y a la libertad. (…) La verdad es misteriosa, huidiza y siempre está por conquistar. La libertad es peligrosa, tan apasionante como difícil de vivir. Nosotros debemos marchar resueltamente hacia estos dos objetivos”. Y añade: “Que la libertad se haya tornado peligrosa indica que está en camino de no dejarse prostituir”.

Finalmente, Camus destaca la independencia como elemento necesario en el compromiso del escritor. “La belleza, incluso hoy, sobre todo hoy, no puede ponerse  al servicio de ningún partido; sólo está al servicio, a largo o breve plazo, del dolor y de la libertad de los hombres. El único artista comprometido es el francotirador que, sin rechazar el combate, se niega al menos a sumarse a los ejércitos regulares”.

Jean-Paul Sartre -otro olvidado al que deberíamos volver- escribió con gran nobleza en su necrológica publicada en el France Observateur de 7 de enero de 1960 -hoy hace exactamente 50 años- que Camus se inscribe en la gran tradición de escritores y pensadores franceses que han reafirmado, contra el maquiavelismo y el becerro de oro, la existencia del hecho moral. La peor infamia que podría hacérsele a Camus es, como pretende Sarkozy, enterrarle en el Panteón. Él, una oveja descarriada, tan libre y siempre tan alejada del rebaño.

FRANCESC  DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Parecía que este año 2009 iba a ser el año de Barack Obama, tantas eran las expectativas que este había suscitado. Sin defraudar a sus partidarios inteligentes y sensatos -aunque sí, quizás, a los ingenuos que pasan súbitamente del excesivo entusiasmo a la más amarga de las decepciones-, el panorama internacional no se ha centrado exactamente en el protagonismo de Obama, sino en la sensación de que nos encontramos al final de una época, un final que se refleja, sin duda, entre otros componentes, en la personalidad del nuevo presidente norteamericano, pero cuyo alcance es de mucha mayor amplitud y envergadura.

¿A qué época ponemos fin?

A aquel alegre y confiado periodo que empezó hace veinte años, en 1989, con la caída del muro de Berlín, símbolo del desplome definitivo del imperio soviético, y pretendió ser el comienzo de una venturosa etapa de paz y prosperidad sin fin bajo la hegemonía de Estados Unidos en todos los terrenos: económico, político, militar y cultural.

En efecto, los ideólogos que consideraban la guerra fría el rasgo definitorio de la situación mundial desde 1945 no podían tener otra respuesta.

Según ellos, desde esta fecha el mundo hubiera sido perfecto si no fuera por la amenaza de la Unión Soviética. Por tanto, el fin de esta amenaza debía coincidir con el comienzo de la felicidad, el tan esperado happy end de un periodo de dificultades y guerras con un único culpable, el comunismo, que acababa de ser derrotado. Desde esta perspectiva, 1989 suponía el comienzo de una nueva etapa, ya liberada del conflicto principal, que conformaría un nuevo orden mundial más seguro, democrático y pacífico. Conseguidos los últimos objetivos militares, las guerras -y otras calamidades diversas- habían terminado.

Pronto se comprobó que, por lo menos desde el punto de vista militar, ello no era cierto. La causa de los conflictos militares no estaba en la voluntad expansiva de los soviéticos, sino en un mundo con las riquezas excesivamente mal repartidas, con fanatismos crecientes que generaban enfrentamientos, con intereses económicos estratégicos en conflicto -fuentes energéticas, necesidades de salida al mar, minerales imprescindibles para nuevas tecnologías, comercio de drogas- y con una industria armamentística clave para la prosperidad económica de los grandes países que necesitaba seguir vendiendo los productos que fabricaba. La guerra del Golfo, el conflicto palestino-israelí, las guerras de los Balcanes y del Cáucaso, los exterminios africanos en Ruanda y Congo, Iraq y Afganistán, han sido o son las caras más visibles del fracaso. Además, el ataque a las Torres Gemelas fue el gran aviso de que una guerra de nuevo tipo estaba empezando en un mundo distinto.

La crisis financiera que comenzó en Estados Unidos en agosto del 2007, ramificada rápidamente por todos los países occidentales y que, debido a la globalización de la economía, provocó inmediatamente una crisis económica generalizada en todo el mundo, confirmó aún más el presagio de que el optimismo de 1989 fue un simple espejismo sin base alguna. Ya lo hemos visto: ni paz, ni prosperidad económica, ni democracia política. Tampoco una creciente cohesión cultural en torno a los valores occidentales de libertad e igualdad. Al contrario, aumento del fanatismo islamista, indiferencia asiática hacia los principios ilustrados basada en un misticismo vagamente panteísta, terrible masacre entre hutus y tutsis, fundamentalismo sionista de Israel en su cruel ataque a Gaza, inquietante renacimiento del racismo cultural europeo, no sólo en los Balcanes y en el Cáucaso, sino también en la misma Europa occidental con motivo de la inmigración y con la excusa del terrorismo. En definitiva, un mundo nuevo con viejos problemas no resueltos en fase de continua redefinición y adoptando formas muy diversas.

Frente a esta visión pesimista, también hay motivos de optimismo. Uno de ellos es, sin duda, Barack Obama. Lo era hace un año, recién elegido, lo sigue siendo ahora tras casi un año de presidencia. Frente a la visión norteamericana post-1989 de que existía un solo amo del mundo y que los intereses de Estados Unidos debían situarse por encima de todo -über alles, de trágico recuerdo-, Obama aporta una visión no dogmática, sino pragmática, de los problemas actuales. Reconoce la realidad y se pone en la piel de los demás; a partir de sus firmes convicciones está dispuesto a negociar, tal como demostró, en el plano interno, con la nueva ley de sanidad; actúa con mentalidad global y rechaza el unilateralismo de Bush.

Un segundo motivo de optimismo es el rediseño fáctico de los poderes mundiales. Del ya inoperante G-8 estamos pasando a un más equilibrado G-20 con nuevos líderes: China, India, Brasil y Rusia, además de Norteamérica y Europa. Esta última, algo apagada en los últimos tiempos, debe frenar ya las reformas institucionales -el tratado de Lisboa debería ser de larga duración- y dedicarse a las reformas económicas y sociales efectivas, así como a la participación con posición propia en los grandes asuntos mundiales. Desde el punto de vista estratégico, intensificar su colaboración con Rusia -hacer llegar su influencia hasta el Pacífico y hasta Oriente Medio- debería ser un objetivo primordial.

Final de una época y comienzo de una década. Todo es posible, lo malo y lo bueno. Quien hace predicciones se equivoca. Carpe diem

El equipo de historiadores y arqueólogos que ha rastreado los restos mortales de Federico García Lorca en Alfacar, junto a Granada, llegó el pasado viernes a la evidencia científica de que tales restos no se encontraban allí y todo lo dicho y escrito pasaba a ser leyenda. Su gran biógrafo Ian Gibson ha asegurado con imprudente obcecación que allí estaba enterrado Lorca, según le había revelado en 1966 un presunto testigo. Pues bien, esta única prueba oral se ha demostrado infundada. El equipo investigador ha afirmado rotundamente que debido a las características del terreno, y tras las comprobaciones pertinentes, nunca pudieron ser allí enterrados los cadáveres de García Lorca ni de ninguno de sus compañeros de infortunio. La noticia, a mi parecer, merece algunas consideraciones.

Hace algunos años se inició el debate sobre la memoria histórica, que, simplificando un poco, enfrenta a dos posiciones. Por un lado, están quienes opinan que el trauma humano y social originado por la Guerra Civil y la posterior dictadura no acabará hasta que se identifiquen todas las víctimas y se establezca la responsabilidad de los culpables. Los poderes públicos deben ser los principales encargados de asumir esta tarea. Por otro lado, están aquellos otros que sostienen que la ley de amnistía de 1977 y el espíritu de la transición reflejado en la Constitución de 1978 ya supusieron la reconciliación entre los españoles, quedando así cerrado el capítulo de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La verdad histórica deben establecerla los historiadores y no los poderes públicos.

Resultado de este debate fue la llamada ley de la memoria histórica aprobada en el 2007, que, ante estas posiciones contrapuestas, optó por una vía intermedia que ha resultado ampliamente aceptada y, por el momento, ha pacificado dicho debate. Los artículos 11 a 14 de esta ley tratan precisamente de la localización e identificación de las víctimas desaparecidas. En virtud de estos preceptos se ha procedido al intento de exhumar los restos de García Lorca, probablemente la víctima más conocida de la Guerra Civil y, junto con el Gernika de Picasso, el símbolo más célebre del aquel trágico desastre.

Efectivamente, los indicios señalaban que los restos de Lorca estaban emplazados en Alfacar e incluso dicha zona había sido bautizada oficialmente con el nombre de parque García Lorca. Ahí parecían encontrarse, pues, las míticas reliquias. De repente, desde el viernes pasado, el mito se ha desvanecido, algo que ciertamente no es malo en sí mismo, pues averiguar la verdad es, precisamente, la función de la investigación histórica. Sin embargo, tal error debe hacernos reflexionar sobre los riesgos y los límites de la memoria histórica, especialmente sobre su mismo concepto.

Es muy respetable la extendida costumbre de rendir culto al lugar donde están enterrados los muertos. De ahí los cementerios y las ceremonias mortuorias que, en memoria de los fallecidos, allí se celebran. Ahora bien, hay que distinguir entre la personalidad de los difuntos y lo que ahí ha quedado enterrado. No son lo mismo. Allí, en las tumbas y en las fosas, no están los muertos, sino solamente sus restos, que, ciertamente, pueden contribuir a su recuerdo pero que no son lo recordado.

Para evocar a los difuntos es mucho más importante la memoria que nos queda de su vida y de su obra, aquello que han ido sembrando poco a poco en familiares, amigos y conocidos. En el caso de personalidades públicas, este recuerdo, bueno o malo, se extiende difusamente hacia la sociedad en general, a personas que el finado ni siquiera conocía.

Federico García Lorca es un caso paradigmático. Todo el mundo -literalmente, ya que su fama es mundial- sabe que es un grandioso poeta y, además, por lo que se conoce de su vida, estaba dotado de una personalidad fascinante: sensible, generoso, simpático, alegre y buena persona. Recuperar su memoria es, pues, conocer su obra literaria y aprender de su vida, no encontrar el lugar donde yacen sus restos mortales. En este lugar no está Lorca, sino sólo lo que queda de sus huesos. Lorca está, sobre todo, en sus poemas, en sus obras de teatro, en su prosa lírica y hasta en sus dibujos y canciones, además de en el recuerdo personal.

Tampoco esta infructuosa búsqueda añade nada al papel de Lorca como símbolo de todas las víctimas de aquella gran tragedia: qué más da donde se encuentren sus despojos. Lo importante es que se sepa, como ya se sabe desde siempre, que lo asesinaron por defender sus ideas republicanas, por su preocupación por acercar la cultura al pueblo, por su anticonvencional manera de vivir. Desde su muerte, Lorca ha sido siempre símbolo de la libertad frente a la oscura España fanática que tan bien supo retratar en sus obras.

En todo este proceso de inútil búsqueda siempre me ha parecido ejemplar la actitud de sus familiares. Ningún interés han tenido en exhumar sus huesos, sólo en guardar su memoria. Su sobrino Manuel Fernández Montesinos, cuyo padre, alcalde republicano de Granada, fue asesinado cuatro días antes que el poeta, dijo muy claramente: “Lo que hay que hacer con Lorca es leerlo y saber por qué está en una fosa común. No nos parece necesario exhumar tumbas para saber que los generales levantiscos eran unos criminales”. La memoria histórica del poeta está en su obra y en su testimonio, no en la desconocida fosa donde están enterrados -solamente- sus restos mortales.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

El resultado de las consultas informales que tuvieron lugar el domingo pasado sobre los deseos de independencia de Catalunya hay que encuadrarlas en el clima político de los últimos meses, resultado de un proceso de muchos años. ¿Cuándo comenzó este proceso? La fecha inicial de todo desarrollo histórico siempre es difícil de precisar y la tentación es siempre remontarnos hacia muy atrás. Pero no hay espacio para ello y nos situaremos en un marco de referencia más inmediato, por ejemplo, justo antes del verano pasado, tras el acuerdo de financiación del cual todavía no tenemos resultados ciertos.

Fue entonces cuando, a falta de otros motivos de queja, se empezó una nueva campaña: la supuesta ilegitimidad del Tribunal Constitucional para dictar la sentencia sobre el Estatuto de Catalunya, seguida de todo tipo de invectivas contra dicho órgano jurisdiccional que han llegado a poner en duda la legitimidad democrática de la Constitución y del Estado. Incluso algunos consejeros de la Generalitat llegaron a sostener que había que incumplir la sentencia. El ambiente se fue, pues, caldeando a lo largo del verano. En septiembre tuvo lugar la primera consulta en Arenys de Munt con una participación ciertamente notable, el 41% de un censo basado en el padrón municipal. Animados por este resultado, los promotores emprendieron la tarea de extender el experimento a otros municipios. De ahí el simulacro de referéndums del pasado domingo.

Para analizar el resultado, deben hacerse algunas advertencias. Estos 166 municipios, en total unos 700.000 habitantes, tienen ciertas características especiales. En primer lugar, la inmensa mayoría son de muy reducido tamaño: 74 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes y otros 50 entre 1.000 y 5.000. Restan, por tanto, otros 41: 22 no llegan a 10.000, entre esta cifra y 20.000 hay otros 14 y sólo 5 superan los 20.000, el más poblado -Sant Cugat- 59.000 habitantes. En segundo lugar, son municipios en los que predomina el voto nacionalista, por este motivo han adoptado el acuerdo de celebrar estas consultas. En tercer lugar, las garantías de limpieza electoral son escasas ya que toda la organización y control ha ido cargo de los partidarios del sí que, además, son los únicos que han hecho propaganda. Por último, en estas votaciones el único dato importante es el de la participación, ya que los contrarios al voto afirmativo casi ni siquiera han ido a votar.

Como se sabe, los resultados globales han constituido una gran decepción para los promotores: esperaban el 40% de participación -igualando el dato de Arenys de Munt- y esta ha alcanzado sólo el 27%, del que hay que descontar a favor de la independencia algo más de un 5% de votos negativos, nulos y en blanco. Además, si observamos los resultados con detalle, el descalabro ha sido mucho mayor. De los cinco municipios que superan los 20.000 habitantes, sólo Vic, feudo tradicional del nacionalismo, supera la media con un 42% de participación. Los demás han obtenido cifras muy inferiores: Sant Cugat 25%, Vilanova 16%, Vilafranca 21% y Premià de Mar 15%. En general, cuanto más cercanos a Barcelona, menor participación.

Hagamos ahora un ejercicio de extrapolación. Imaginemos que hubieran votado las grandes urbes industriales: Barcelona, l´Hospitalet, Badalona, Tarragona, Cerdanyola, Rubí, Reus, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma, Cornellà, Lleida, Girona. A la vista de los datos anteriores, y teniendo en cuenta los habituales resultados electorales, la participación hubiera sido ínfima, mucho menor que el 18-20% que tradicionalmente dan los sondeos de opinión al independentismo. Se entienden así el desconcierto y las disputas de los promotores en la misma noche electoral.

Algunas consecuencias tendrán estos resultados. Apuntemos dos. En primer lugar, se ha pinchado el globo de la desafección a la España constitucional. Téngase en cuenta que estas consultas se habían planteado no sólo como un voto a la independencia sino también como una expresión del malestar por el trato que “España” da a “Catalunya”: escasa autonomía, mala financiación y ataques continuos. También como un aviso de lo que podría pasar tras la sentencia del TC si fuera desfavorable al Estatut. A la vista está todo: desafección muy poca y reacciones contra la sentencia todavía menos. En segundo lugar, los resultados muestran una vez más que existen dos Catalunyes: la de la calle, la del catalán razonable y sensato, el catalán dotado de seny, que se preocupa de la política en la medida que pretende que sus impuestos sirvan para obtener el mayor rendimiento posible en libertad, igualdad y servicios públicos; y la Catalunya idealizada de la mayoría de la clase política -cargos públicos, partidos y medios de comunicación- que nos presentan un panorama apocalíptico de unos catalanes oprimidos y atacados por la malvada España de siempre.

Existen, no cabe duda, nacionalistas que, muy legítima y dignamente, pretenden que Catalunya sea independiente. Pero son relativamente pocos y esta es una ocasión para que mediten sobre su fuerza real. Pero las consultas del domingo deben hacer recapacitar sobre todo a otros catalanes, no tan dignos, que utilizan a los independentistas para defender sus propios intereses, muy distintos, desacreditando a la democracia constitucional con populismo y demagogia. Hasta el domingo, la desafección les parecía un clamor casi unánime. Pues bien, el globo se les ha pinchado y tendrán que acudir a otros argumentos.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

La muerte de Jordi Solé Tura ha suscitado estos días grandes elogios a su persona y a su actividad como político, elogios, sin duda, más que merecidos. En especial, se ha destacado su importante papel en la ponencia constitucional y en el debate constituyente, así como su influencia en la política de los comunistas españoles durante la transición política. Todo ello es muy cierto y los numerosos artículos que recordaban a Jordi Solé han hecho justicia, además, a su persona: político honrado y coherente, trabajador incansable, dotado de gran capacidad pedagógica y claridad expositiva, analista político brillante, de trato afable y alegre, buena persona en el más profundo sentido de la palabra.

Sin embargo, con alguna excepción, la mirada se ha centrado especialmente en el Solé Tura ponente constitucional, olvidando importantes etapas anteriores de su vida que, además de su importante incidencia en la sociedad de aquella época, ayudan a explicar la competencia profesional, inteligencia política y madurez intelectual con las que pudo afrontar con éxito el reto de colaborar, desde el Partido Comunista, en la primera Constitución aprobada por consenso de la historia de España.

Ante todo, Solé Tura fue un hombre hecho a sí mismo. Descendiente de republicanos derrotados moral y psicológicamente desde la Guerra Civil, sin apenas estudios, trabajó en la panadería de su familia en Mollet del Vallès hasta incorporarse, a los veintiún años, al servicio militar. Fue entonces cuando decidió buscar nuevos horizontes: en pocos meses aprobó todas las asignaturas del bachillerato, después cursó la carrera de Derecho -en la que obtuvo premio extraordinario- y comenzó su experiencia política como militante del PSUC. Recién incorporado como ayudante en la cátedra que impartía el profesor Manuel Jiménez de Parga, tuvo que exiliarse para escapar de la persecución policial y pasó cinco años, entre París y Bucarest, como miembro del aparato del Partido Comunista. La experiencia está minuciosamente relatada en sus interesantísimas memorias (Una història optimista, Edicions 62, Barcelona, 1999).

Decepcionado de la sociedad que se estaba construyendo en los países soviéticos y discrepante con la estrategia de un PCE burocratizado, dirigido desde el exilio y demasiado desconectado de la realidad española, Solé decide volver a Barcelona para iniciar una vida nueva y distinta como profesor universitario e intelectual comprometido. El regreso de un entonces casi desconocido Solé Tura en 1964, visto con la perspectiva de hoy, fue todo un acontecimiento. Con la inapreciable ayuda de Castellet desde Edicions 62 y, de nuevo, Jiménez de Parga desde la universidad, Jordi Solé, con talento natural y una poderosa fuerza de voluntad, se hace rápidamente un hueco en la vida intelectual y política catalana. En los años siguientes, dos serán sus aportaciones teóricas más decisivas: la difusión -ya iniciada por Sacristán- del pensamiento de Antonio Gramsci y la revisión de las ideas del catalanismo político.

Hasta entonces la acción política de los intelectuales de izquierda estaba determinada por el existencialismo de Sartre y Camus: el compromiso político era una opción moral individual. El Gramsci maduro le añade la necesidad de actuar desde un partido no leninista con capacidad de organizar no sólo a la clase obrera sino al conjunto de las clases populares, un espacio mucho más amplio. Además, la revolución no debía seguir el modelo leninista de conquistar el Estado para así reorganizar la sociedad, sino que se debía proceder a la inversa: lograr la hegemonía social para así ir conquistando el poder del Estado. Esta estrategia marcó decisivamente a la izquierda catalana desde los últimos años del franquismo.

Por otro lado, el catalanismo del momento vivía todavía de sus fuentes tradicionales, cuyo origen se remontaba a finales del siglo anterior, aun cuando la sociedad catalana se había ya transformado profundamente, entre otras cosas por la inmigración de los años cincuenta y sesenta. La tesis doctoral de Solé, dirigida por Jiménez de Parga, se centraba en analizar los antiguos principios del catalanismo tradicional, especialmente el pensamiento de Prat de la Riba, y las razones históricas por las cuales surgieron. Publicada bajo el nombre de Catalanisme i revolució burgesa (Ed. 62, Barcelona, 1967), es un libro que todavía se tiene en pie y sería bueno reeditar.

Fue a partir de entonces que se empezó a distinguir claramente entre catalanismo y nacionalismo catalán, lo cual produjo en los medios nacionalistas un rechazo explícito a las tesis de Solé, al que enseguida calificaron de anticatalán,  como él oportunamente recuerda en sus memorias. Ahí puede estar el motivo de que sólo hace dos años, cuando él ya no era consciente de la realidad, le fuera concedida la Creu de Sant Jordi y tan sólo ayer, a título póstumo, la Medalla d´Or de la Generalitat.

Tras un raro e incomprensible paréntesis, Solé retornó a estas ideas al incorporarse de nuevo al Partido Comunista en 1973 y se convirtió en un punto de referencia para la estrategia democrática de los comunistas catalanes. El PSUC quiso ser el PCI, lo consiguió durante un tiempo, y en ese tiempo Solé constituyó una pieza central. Y fue en este periodo cuando los comunistas contribuyeron de manera crucial a la transición. El bagaje que aportó Solé Tura, acumulando su experiencia de tantos años, tuvo entonces un peso decisivo.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.