Reggio’s

El 24 de diciembre del 2001, a raíz de la nevada que afectó Catalunya y que puso en evidencia la muy deficiente respuesta del gabinete presidido por Jordi Pujol, escribí lo siguiente en estas páginas: “Desde el Govern de la Generalitat ha sido escandalosamente escasa la autocrítica (…) En cuanto a la autoridad, el papel de la Generalitat ante los servicios de interés público prestados por terceros no ha estado a la altura, empezando por el escándalo del suministro eléctrico y su corolario de injustificables razones señaladas por la compañía. El poder político del autogobierno es muy limitado, pero la autoridad que se ejerce dentro de las competencias traspasadas puede y debe tener la misma intensidad que en el caso del Gobierno central. Sin autoridad, la autonomía es sólo una ventanilla burocrática para el ir tirando”. Como ustedes pueden ver, lo aplicado entonces al Govern de CiU sirve perfectamente para comentar hoy los últimos fallos de gestión del tripartito. Vale el mismo análisis, sin tocar ni una coma.

Algunos deberían guardarse sus teorías conspirativas, según las cuales, ellos, los que hoy gobiernan Catalunya, son víctimas incomprendidas de manejos ocultos urdidos por una prensa que les tiene manía. ¿Se puede hacer más el ridículo para escapar de la responsabilidad institucional? Entérense, de una vez, especialmente los que se creen intocables o tienen la piel muy fina: si criticamos hoy los errores del conseller Saura y la falta de reflejos del president Montilla es porque antes hicimos lo propio con sus antecesores. Ningún alto responsable de cualquier administración puede eludir el escrutinio de la opinión pública. Los políticos que estaban en la oposición hace nueve años saltaban de contentos cuando los medios ponían el foco sobre lo que no funcionaba al final del pujolismo. Estos mismos personajes, hoy en los bancos gubernamentales, quieren que el periodismo no ilumine su incompetencia.

Pero, más allá del papel manifiestamente mejorable de los consellers implicados en la respuesta al temporal de nieve, más allá de la falta de liderazgo del president Montilla, más allá de la dejadez de las empresas eléctricas, de transportes y de telecomunicaciones que han dejado tirados a miles de ciudadanos, hay una buena noticia. Los alcaldes merecen un 10 por haber ejercido sus responsabilidades y también las de las otras administraciones con diligencia y alto sentido del deber. Cuando critiquemos a los políticos en general, tengamos en cuenta lo ocurrido estos días, para no ser injustos ni inexactos. Cuando nadie respondía, muchos ciudadanos sólo tuvieron a su lado a sus ediles, resolviendo problemas con pocos medios y mucha entrega. Esto debe subrayarse como un éxito de la buena política, la que da la cara y está cerca de la gente. Por ello debe escucharse con atención lo que exponen más de 40 alcaldes gerundenses de distintos partidos, en un manifiesto que, sobre todo, trata de impedir que este caos se repita.

Desde hace años, sostengo que el principal problema que tiene la hipótesis independentista en Catalunya es el estilo de muchos de sus promotores, empezando por varios dirigentes de ERC. Aunque debe consignarse la emergencia de nuevos actores sociales favorables a la independencia cuyas formas son verdaderamente serias y solventes – destaca aquí la asociación Cercle Català de Negocis-,todavía quedan entornos movidos por la agitación antisistema, émula de tácticas y discursos de otros movimientos, ya sea la izquierda abertzale o los grupúsculos más extremistas de la alterglobalización. En estos momentos, y más allá de los partidos, en el independentismo hay de todo, lo mejor y lo peor de cada casa. La buena noticia es que los friquis y los fanáticos ya no tienen el monopolio del proyecto ni del discurso.

Pero los impresentables pueden ser ruidosos, si se lo proponen. Y pueden lograr protagonismo fácil, si escogen bien el momento. Así ocurrió el pasado viernes, cuando un grupo de jóvenes – sería bueno saber cuántos de ellos estudiantes-boicoteó una conferencia de Rosa Díez en la facultad de Ciencias Políticas de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es notorio que estoy en las antípodas de lo que piensa y propaga la máxima dirigente del partido UPyD, pero no me permito trampas con las reglas básicas del juego democrático. Díez puede y debe exponer sus ideas con libertad, también aquellas que incluyen falacias sobre la realidad social catalana. Ello debe ser así siempre, incluso sabiendo que no existe nada parecido a una mínima simetría; quiero decir que sería extraño que un dirigente independentista pudiera explicar tranquilamente sus argumentos en universidades de Madrid u otras ciudades españolas. Por otro lado, los boicoteadores de Díez han dado de Catalunya y del independentismo una imagen pésima, manchada de intolerancia. Por eso son rematadamente estúpidos, porque se creen héroes cuando sólo marcan goles en propia puerta. Y la estupidez no suma. Además, han regalado a Díez un ejemplo perfecto para ilustrar sus tesis engañosas.

Para los puros e iluminados (del independentismo catalán, del españolismo, del socialismo, o de lo que sea), todo aquel que no encaje en su reducido esquema debe ser insultado y proscrito. Hace unos días, estos mismos totalitarios que pululan por la UAB intentaron impedir una charla del ex lehendakari Ibarretxe, demasiado pactista para su gusto. Por suerte, Catalunya no se reduce a estos cuatro “guardianes de la revolución”, que dicen hablar en nombre “del poble català”. El miércoles por la noche, el programa de TV3 Banda ampla nos mostró a unos universitarios muy diferentes, debatiendo sobre la independencia de Catalunya con tranquilidad, inteligencia y respeto. Fue un ejercicio democrático de pulcritud ejemplar. Es con estos jóvenes – y no con los que impiden hablar al adversario-que vamos a construir un país más libre, más respetado y con más oportunidades para todos.

Los mismos que han intentado desacreditar a Artur Mas durante años, los mismos que han certificado que CiU había olvidado las enseñanzas de Jordi Pujol, los mismos que han repetido que el nacionalismo catalán mayoritario se había extraviado en una “deriva radical”, todos esos aplauden hoy el sentido de Estado, el realismo y la responsabilidad que el grupo catalán en el Congreso de los Diputados expresa cada día por boca de Duran Lleida. ¿Qué está pasando tras descubrir Zapatero el botón mágico que antes pulsaron Suárez, González y Aznar? ¿Por qué CiU, burlada o maltratada por el PSOE y el PP, sigue haciendo el papel moderador de un ideal partido centrista español cuando las cosas se ponen más feas para todos, incluidos los muchos que piensan que el catalanismo es una penosa anomalía histórica que debe ser extirpada?

Que nadie se llame a engaño, especialmente los que, satisfechos, dan palmaditas en la espalda a Mas. Las cosas son hoy más complejas que ayer, pero menos que mañana. La CiU que se ha ofrecido al Gobierno central para impulsar un gran pacto para salir de la crisis es la misma CiU que habla de lo que llama “el derecho a decidir” y que tiene militantes organizando y apoyando las consultas soberanistas municipales. ¿Les parece raro? Y, aunque parezca un contrasentido, también es la misma CiU que, en el actual contexto de falta de credibilidad del tripartito, vuelve a ser una opción interesante para votantes no nacionalistas (que vienen de votar PSC y PP) que quieren un cambio en Catalunya, porque están hartos de una avería institucional agónica. La federación integrada por CDC y Unió se ha desplazado unos pocos metros hacia formulaciones explícitamente soberanistas sin, por ello, dejar de ocupar un espacio central de síntesis, en una intersección que -hablando de los comicios al Parlament- hace frontera con votantes de ERC, PSC y PP. Cuidado: ya no se trata de esa legendaria ambigüedad que Pujol manejaba como un experto malabarista en un circo de tres pistas. Lo de ahora es otra cosa. Es, más bien, la cristalización de un soberanismo centrista que, sin perder el alma pragmática del pujolismo clásico, sigue interviniendo en Madrid pero ya no aspira a “otra forma de hacer España” ni confía en milagrosas pedagogías que arrumben el ancestral prejuicio centralista.

Como escribí una vez, lo que Pujol pactó con González en 1993 y con Aznar en 1996 fue un intento de amor. El amor ingenuo de unos periféricos (así se les ve desde Madrid) empeñados en culminar cien años de constructivo catalanismo político, primero con la izquierda y luego con la derecha democráticas. Esos romances dieron estabilidad a España, pero a CiU le salieron muy caros: perdió votos aceleradamente, muchos. Tras el amor fracasado, lo de ahora es una mera relación sexual de pago, sin romanticismo y sin malentendidos. Tampoco sin premios ocultos. Mas y Duran Lleida han aprendido la lección: si proponen un gran acuerdo para salir de la crisis no lo hacen porque confíen en que les abrirán una puerta trasera para llegar al Govern, ni porque esperen un ministerio a medida, ni porque se hayan convertido al españolismo de la noche al día.

Si CiU se mete en este jardín es porque no olvida que cualquier partido catalanista que acepta hacer política en Madrid -desde los tiempos de la Solidaritat Catalana- tiene un único compromiso que da sentido a su intervencionismo: la defensa de los intereses de los catalanes. Y, ahora, este objetivo va unido a otro, que es múltiple y de interés general para todos los ciudadanos de las Españas: acortar la crisis, frenar el desempleo y el cierre de empresas, impulsar la productividad y devolver la confianza. No perdamos de vista que ERC, que se declara independentista, concurre a las elecciones legislativas tratando de hacer lo mismo que CiU. Mientras los intereses de los catalanes dependan de las decisiones de un Gobierno central, lo único responsable es tratar de influir en las políticas que salen de la Moncloa. Y, para hacerlo hoy, hay que ofrecer medidas concretas contra la crisis, como las que expuso Duran Lleida.

En 1919, Niceto Alcalá Zamora le dijo a Francesc Cambó que debía elegir su papel, porque no era posible ser, a la vez, “Bolívar de Cataluña y Bismarck de España”. A Pujol también le echaron en cara lo mismo durante años. He aquí, resumida en una frase célebre, la doble tarea que se autoimpuso el nacionalismo catalán desde su maduración política y electoral a principios del siglo XX: recuperar el autogobierno de Catalunya y modernizar España, sin romper nada. Los separadores, más que los separatistas, han convertido todo esto en arqueología. Bella e inservible.

Nadie puede repetirle a Mas la frase de marras. Incluso en caso de que CiU acabe siendo -como parece- el salvavidas de un Zapatero con el agua al cuello. ¿Por qué? Que se lo pregunten a los miembros del Tribunal Constitucional y a los federalistas celtíberos, ahora que algunos linces han descubierto -¡por fin!- que tal especie no existe. Unas nuevas generaciones toman responsabilidades y ha empezado la desconexión mental de una parte considerable de la sociedad catalana, un giro histórico que ningún político catalán que aspire a tener un lugar en el futuro puede tomarse a broma. El soberanismo inteligente sabe que esta crisis económica reclama seguir interviniendo en Madrid, para evitar que los catalanes queden a merced de la tempestad junto al resto de administrados por el Gobierno central. Pero la prosaica tarea del socorrista ya no va unida a un cándido acto de fe. El socorrista no debe esperar recompensa alguna. Se trata de un gesto de pura necesidad y autoprotección. Porque vamos todos -de momento- en el mismo barco.

Empezó como un drama y terminó como un vodevil. Pero la breve aventura épica de Ernest Maragall, cuestionando el sentido del Govern del que forma parte, nos invita a preguntarnos sobre lo que está o debería estar en el corazón de cualquier opción política: el proyecto. El conseller de Educació, antes de retractarse, escribió que el tripartito “ya hace tiempo que renunció a encarnar un proyecto integral de país con pretensión de ser entendido y aceptado como tal”. He aquí una de las verdades del barquero. Algunos ya advertimos, desde el primer día, que PSC, ERC e ICV no tenían nada parecido a un proyecto común, porque la naturaleza de sus respectivas metas finales no era únicamente distinta, era completamente antagónica y, además, excluyente. Entre socialistas y republicanos independentistas el gran nexo sólo tiene que ver con la competencia por el voto y el control institucional: ambos coinciden en el intento de repartirse el espacio socioelectoral central que ocupa CiU, para crecer en el gran cuadrante donde catalanismo y centrismo sigue siendo atractivo para muchos ciudadanos.

Lo podemos expresar de otro modo. El gran proyecto común de las izquierdas catalanas ha sido más reactivo que constructivo: impedir que CiU gobernase, no sólo en la Generalitat, también en los municipios (donde se forjaron los primeros tripartitos) y en las diputaciones provinciales. En esta estrategia, PSC, ERC e ICV han tenido éxito en el primer objetivo de la batalla: dejar a los convergentes sin palancas ni recursos públicos, salvo una diputación y algunos ayuntamientos, no los más importantes. Pero han fracasado, en cambio, en el segundo objetivo: destruir a Convergència, partido que algunos creían que iba a disolverse rápidamente lejos del poder, como le pasó a la UCD de Suárez. Los estrategas del tripartito cometieron un error garrafal: menospreciaron la resistencia y el arraigo de las bases sociales del nacionalismo moderado. Más sectarios que analíticos, se creyeron su propia y burda propaganda.

Lo que define las democracias es la posibilidad de echar a un gobernante para poner a otro. Los dos tripartitos, construidos por fuerzas perdedoras sin proyecto común, han devaluado el sentido de la alternancia al reducir la permanencia en el poder a un fin en sí mismo. Dado que no ha habido proyecto, ha sido imposible que el Govern aplicase un programa coherente y articulado para Catalunya. Cada conselleria ha ido a su aire y muchas políticas se han visto bloqueadas por falta de criterio. En la etapa de Pasqual Maragall, el ruido del proceso del Estatut ocultó un poco este mal. Con José Montilla, nada ha podido disimular la debilidad fundacional del artefacto, por decirlo como el titular de Educació.

Se gobierna a partir de un proyecto bien pensado, del cual se deriva un programa de prioridades que es desplegado bajo un liderazgo solvente. El tripartito no tiene ni proyecto, ni programa ni líder. Hoy es simple inercia y pánico.

Si usted es gobernante, le chuta la pelota al experto de turno y, luego, Dios dirá. El asunto, aunque viejo, siempre asoma. Dada la alta complejidad de los retos que tratan los parlamentos democráticos, los técnicos, científicos, asesores y consultores tienen empleo asegurado, con y sin crisis. En el Ayuntamiento de Barcelona, sin ir más lejos, alguien cobró un puñado de euros por recomendarle al alcalde que debía relacionarse más con la prensa de Madrid, un hallazgo original que, obviamente, sólo una gran eminencia podía llegar a formular.

Pero, dejando a un lado los encargos alimenticios que se hacen a los amigos y camaradas, es un hecho que cualquiera que hoy quiera gobernar debe hacerlo con instrumentos fiables de aproximación a la realidad, y ahora no hablo de las encuestas, que tan exageradamente condicionan los actos de nuestros cargos electos. La ciencia y la técnica están, también, para que las decisiones del político sean menos arbitrarias. Los malentendidos mayúsculos surgen cuando el trabajo de los científicos y los técnicos se convierte en dogma. Así ha ocurrido con el cambio climático, desde hace algunos años. Los errores, deslices, inexactitudes y chapuzas en varios trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU nos invitan a preguntarnos acerca de la validez de las políticas habituales sobre medio ambiente y energía. Si la base técnica de una prioridad gubernamental está repleta de datos más que discutibles, tenemos el deber de revisar ese objetivo político. ¿Qué ocurre cuando los guardianes del dogma (blindados tras la verdad científica) han de reconocer que no tenían toda la razón?

Expertos -bueno es recordarlo- los hay de toda ideología, porque el hombre de ciencia no deja de ser ciudadano, con valores e intereses concretos más allá de su profesión. Es algo que no resta valor a otra circunstancia: la forma de ver el mundo del científico -Weber ya lo explicó- es muy distinta a la del político, aunque sería absurdo negar que, en el presente, hay cada vez más científicos doblados de emprendedores, los cuales aprenden a combinar su tarea clásica con la toma de decisiones estratégicas de acuerdo con el interés general y/ o las dinámicas del mercado. Esto pasa tanto en las ciencias sociales -preñadas de ideología explícita siempre- como en las ciencias duras o experimentales.

El físico alemán Heisenberg propuso una definición de experto insuperable: “Alguien que conoce cuáles son los peores errores que pueden cometerse en el tema de su especialidad, y que sabe cómo evitarlos”. Serían estas figuras las más necesarias cerca de los políticos, pero -a la vista del panorama- es evidente que no se les escucha. Será -tal vez- que los sabios de veras están acostumbrados a evitar el autoengaño, sustancia a la que muchos políticos son adictos.

DEBATE EN EL SOCIALÍSMO CATALÁN

Los que llevamos varias décadas atentos al escenario sabemos que el guión de la política catalana incluye, cada cierto tiempo, alguna escena en la que un dirigente del PSC reclama más autonomía para el socialismo indígena y la recuperación de grupo propio en el Congreso de los Diputados. Es algo equivalente a lo que ocurre en CiU cuando, según vaya la temporada, salta la posibilidad de que Unió y Convergència dejen de ir de la mano a las elecciones.

Como tengo claro que la política es, sustancialmente, acción más que palabras (aunque los discursos tienen, obviamente, su importancia), no me engaño a la hora de analizar la última polémica generada por las intervenciones de los consellers Ernest Maragall y Antoni Castells. Además, el titular de Educació, en su extenso artículo publicado ayer en La Vanguardia, ya se cuida mucho de compensar la crítica de fondo contra el Govern del que él mismo forma parte (”hace ya tiempo que renunció a encarnar un proyecto integral de país”) con una explícita proclamación de lealtad a Montilla y una llamada al votante para que el PSC gobierne en solitario, “apoyado por la más amplia mayoría de los catalanes”, que es, precisamente, lo que José Zaragoza lleva semanas recitando.

¿El sector catalanista del PSC ve llegada su hora? No nos emocionemos confundiendo el deseo con la realidad. Un viejo axioma del poder reza que “el partido es para quien se lo trabaja”. Reténganlo. ¿De quién es el PSC? De los que controlan completamente su estructura: Montilla, Iceta y Zaragoza, y todos sus fieles y clónicos peones municipales. Arrumbado el obiolismo y desintegrado el maragallismo, una vez eliminados o reeducados todos aquellos que eran reticentes al montillato, el socialismo catalán es lo que es. Y no es otra cosa. Aunque lo dicho por Maragall y Castells (que, por cierto, se negó a aceptar preguntas de los periodistas, algo impresentable) suena bien, porque ilumina lo que pudo haber sido y no fue. Y porque, entre militantes y votantes del PSC, sí quedan catalanistas sinceros que recuerdan a Josep Pallach y añoran un proyecto que empezó a autodestruirse cuando, en 1980, Joan Reventós rechazó la oferta de gobernar la Generalitat con Jordi Pujol. No se concretó aquella posible primera sociovergencia, un modelo que Ernest Maragall califica hoy de “vergonzante”. Y eso que él podría ser un magnífico conseller de Educació con Mas de president, si este fuera más francés y más atrevido.

Un mito de la política catalana actual es el de la ruptura del PSC, algo que excita a sus adversarios. El poder es un eficaz cemento, y el socialismo catalán hoy tiene mucho, demasiado. No obstante, servidor piensa que antes de que se produzca -llegado el momento- una alteración histórica de las caducas relaciones Catalunya-España, veremos como explota el PSC. Un espectáculo que irá acompañado de llamadas de algunos alcaldes metropolitanos a la madrileña calle Ferraz, para ofrecerse como encargados de la nueva franquicia.

ESPAÑA Y LA CRISIS

Montilla ha admitido públicamente lo obvio: que la creciente impopularidad y descontrol de Zapatero “pueden influir” en el papel que hará el PSC en las elecciones catalanas, las primeras en las que los ciudadanos podrán, si así lo quieren, expresar su enfado por las erráticas políticas del Gobierno central frente a la crisis. ¿Se acuerdan de la campaña de los comicios generales del 2004? El eslogan difundido entonces en nuestros pagos no se ha vuelto a reeditar, por algo será: “Si gana Zapatero, gana Catalunya”. Ahora, los estrategas de la calle Nicaragua están sudando la gota gorda para presentar al actual president como alguien despegado, a la vez, del tripartito y del compañero Zapatero, el mismo que le nombró ministro de Industria, no hay que olvidar este detalle. ¿Gobierno amigo, el de Madrid? Mejor hablemos de otros asuntos.

Montilla será ofertado como el candidato del partido de Montilla, sin nada que le vincule a otra cosa que no sea esa imagen de seriedad que le han prefabricado y que, por mucho marketing que gasten, no producirá milagros. Asistiremos a la apoteosis liofilizada y baja en calorías del tecnocratismo socialista. Tal como está el patio, no creo que veamos mucho a Zapatero por aquí haciendo campaña. Ni a los ministros Corbacho y Chacón. Paradoja inesperada: la necesidad de marcar distancias llevará al PSC a imitar un poco esa renovadora campaña que Maragall hizo en 1999, en la que escondió a su propio partido y, sobre todo, frenó la presencia de figuras del PSOE, para cabreo de los que ahora están, precisamente, al frente del negocio.

La batalla de Catalunya será también la batalla de Zapatero, aunque Rajoy no podrá apuntarse el tanto si Montilla fracasa, porque los populares indígenas no son alternativa y, además, siguen compitiendo con Ciutadans y UPyD por el control del mercado extremista y marginal del populismo neolerrouxista. Así las cosas, el discurso del PSC para el día después es previsible: si Montilla alcanza la presidencia de nuevo (mediante la suma tripartita, que de otro modo es inimaginable), el mérito será sólo de los de casa; en cambio, si es Mas el que es investido, todas las culpas serán para Zapatero, sus ideas y sus maneras (algo que Corbacho empezó a ensayar este sábado, ante cuadros socialistas, a propósito de la reforma de las pensiones).

De momento, el socialismo catalán, acostumbrado a ir dos jugadas por delante, va blindando con cuidado sus refugios más nutritivos, en los ayuntamientos, diputaciones (o consejos de veguería, que serán lo mismo para el caso) y la futura entidad metropolitana, que sólo para esto han desempolvado el trasto. Debe protegerse la base del poder del PSC, para que cualquier eventualidad (en las elecciones catalanas y en las españolas) no conlleve más daños de los ya estimados hoy. Me apuesto un guisante -que diría el gran Puyal- a que, si hoy se hundiera el túnel del barrio del Carmel, Montilla trataría de impedir la visita de Zapatero.

Son varios los conflictos que se solapan y se entrecruzan estos días en el controvertido debate sobre la posible instalación de un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Ascó, en la Ribera d´Ebre. Además de la polémica clásica entre partidarios y contrarios de la energía nuclear en general, encontramos el pulso entre Ascó y las comarcas que se sienten concernidas por este proyecto, las discrepancias entre dirigentes locales y cúpulas centrales de algunos partidos (especialmente CiU y PSC), el choque entre opiniones sindicales y posiciones de otro tipo de asociaciones, la batalla permanente del sur de Catalunya por no seguir siendo el único patio trasero del país y casi del Estado, las diferencias entre los cuadros territoriales de un mismo partido (que, a veces, dicen una cosa en público y otra en privado, como explicaba Sara Sans el pasado domingo), la indisimulada competencia entre ICV y ERC por liderar la protesta, el nuevo encontronazo entre Montilla y sus socios en el Govern (salvado, in extremis, con unas declaraciones claras pero muy tardías) y, como no podía ser de otro modo, el intento de todos los partidos de aprovechar lo que ocurre en Ascó para ganar posiciones (o perder pocas) de cara a los próximos comicios catalanes, teniendo siempre en la memoria lo que supuso (para unos y para otros) el contestado trasvase del Ebro.

La cantidad de intereses, de valores, de criterios y de prioridades que se mueven agitada y confusamente en este cuadro ha hecho de este asunto un auténtico campo de minas para cualquier político que estime su estampa. De ahí que los que aspiran a ocupar el centro y sumar apoyos de todos lados (Montilla y Mas) hayan sido los más ambiguos, contradictorios, improvisadores y lentos a la hora de buscar una síntesis plausible y fijar una posición. Al final, los líderes de PSC y CiU han llegado a la misma conclusión, contraria al almacén nuclear en Ascó. No preguntaremos si les ha movido más la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad, el miedo al batacazo electoral o las presiones de las otras siglas, el hecho es que -tras echar un vistazo al follón que se está liando- se han colocado también detrás de la pancarta del no.

En mi lista inicial de los numerosos conflictos alojados, al estilo de las muñecas rusas, en esta discusión sobre el llamado popularmente “cementerio nuclear”, he silenciado uno, a propósito. ¿No lo echan en falta? A mí, particularmente, es el que más me interesa en este momento, porque enfoca nítidamente los límites estructurales, insalvables, de la política catalana. Hablo, como ya han adivinado, del conflicto entre administraciones que late también (y ruidosamente) en el fondo de este embrollo. Veamos: según la ley, la ubicación de todos los residuos nucleares de España depende únicamente de lo que decida el Gobierno central, de acuerdo con unos municipios especiales. A esta fiesta, las autonomías (sean naciones históricas o regiones) no han sido invitadas, ni tan sólo consultadas. La Generalitat es aquí un convidado de piedra, con derecho a la pataleta y nada más. Será Madrid quien acabará eligiendo, según sus cálculos e intereses, entre los municipios que presenten candidatura para acoger el ATC.

Tiene gracia que, cuando tenemos el nuevo Estatut pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional y los augurios al respecto no son nada halagüeños, vayamos redescubriendo lo que ya sabíamos pero que -un poco por pragmatismo cortoplacista y otro poco por idealismo ingenuo- tenemos excesiva tendencia a olvidar: que el poder de verdad sigue residiendo donde siempre y que, a pesar de treinta años de Estado de las autonomías, las decisiones sobre asuntos estratégicos para la vida de los catalanes están bloqueadas de oficio de manera férrea, sin necesidad de que unos altos magistrados ayunos de autoridad emitan fallo alguno. La semana pasada, al comentar el debate suscitado por el Ayuntamiento de Vic, llegamos al mismo punto: las comunidades autónomas no tienen competencia alguna para establecer el número de población extranjera que son capaces de integrar con éxito. Y no hablemos de la gestión del aeropuerto de El Prat, otro ejemplo de lo mismo.

El Parlament de Catalunya acordó el año 2008 oponerse a la instalación de almacenes nucleares en el país. Fue un gesto que estos días se ha invocado para frenar las pretensiones del Ayuntamiento de Ascó. Pero el alcalde y los concejales del lugar saben distinguir entre el poder virtual y el poder real (el que se relaciona con el sector energético y ofrece millones de euros) y van a lo suyo. La Cámara Catalana también alumbró, con gran consenso, un Pacte Nacional per a la Immigració que, a la hora de la verdad, es un catálogo de buenas intenciones al albur de la voluntad de control del Ministerio del Interior. La paradoja es dura: la Generalitat es Estado pero no puede decidir -apenas influir- sobre cuestiones de Estado que afectan directamente la vida y el bienestar de los catalanes, para muchas generaciones. No hace falta ser independentista para ver que este edificio está muy mal asentado. Para levantar los ánimos sólo nos faltaba la vicepresidenta Salgado advirtiendo que el gasto de las autonomías necesita más control, aviso bronco que ha fulminado el último gramo de federalismo sincero del conseller Castells.

Mientras estamos tan distraídos, con tres centrales de las ocho que funcionan en España, Catalunya produce más del 40% de la energía nuclear que usan todos los españoles. Una evidente solidaridad (sin duda constitucional) que no necesita verse completada con un almacén de residuos radiactivos.

Montilla ha rechazado crear una comisión de investigación sobre el incendio de Horta de Sant Joan, el grave caso en el que murieron cinco bomberos. El argumento central del president, expuesto en una carta dirigida a Mas, es el siguiente: “Nuestra responsabilidad nos obliga a actuar más allá de las posiciones políticas que cada uno pueda representar”. Parece una ironía involuntaria, porque precisamente aquí ocurre todo lo contrario. La responsabilidad del Govern en la gestión de esta tragedia se subordina a los intereses inmediatos de las formaciones que integran el tripartito: a menos de un año de las elecciones, ICV trata de salvar a sus consellers a toda costa y el PSC no puede destituirlos porque convertiría la agonía oficial en una crisis que precipitaría la fecha electoral.

Entre dos males, Montilla elige obviar los fallos de Baltasar y Saura y asumir sus tesis, para controlar los tiempos, que es lo que necesita si quiere, al menos, repetir el mismo resultado que en el 2006. En privado, lo que los socialistas opinan sobre sus socios poscomunistas supera mucho, en dureza, lo que expresa la oposición. Pero la discreción que ordenan en la calle Nicaragua es más efectiva que la que practica el conseller Huguet, por poner un ejemplo.

¿Qué es la responsabilidad política? En la Catalunya de ahora mismo, no es nada. Cuando no hay responsabilidad política -que no debe confundirse con la penal ni con la culpa en sentido moral-, no hay manera de valorar las actuaciones de los gobernantes. Sin responsabilidad, la distancia entre lo dicho y lo hecho no puede establecerse y todo deviene mera táctica para salvar el culo, imitando, a menudo, las estratagemas del calamar. Entonces, la política es igual que un cuchillo romo, una herramienta inservible para enfrentarse a la realidad. Lejos del circuito judicial y del terreno ético, la responsabilidad de unos consellers y de un president no está sujeta a sentencias que tardarán años en llegar ni a peticiones mediáticas de perdón. La política es autónoma y, como tal, debe cumplir sus propias reglas. El primer deber del gobernante democrático es responder de sus actos de manera clara, firme, completa. Si no lo hace, su escapismo pudre el prestigio del cargo que ejerce y de la institución que representa. Las encuestas recientes del CIS y del CEO ilustran este extremo.

Édouard Balladur, el que fue primer ministro francés, sostiene que “todo el mundo quiere atribuir sus responsabilidades a los otros” porque se teme el coste que hay que pagar por las crisis y los errores. Pero todo será en vano porque, según su experiencia, no se engaña a nadie y, por tanto, es mejor reivindicar las propias responsabilidades dado que “si las evita, sólo ganará un respiro; al final, no obstante, la historia las mostrará tal como son”. Los que rodean a Montilla conocen esta mecánica, pero confían en que eso que Balladur llama “la historia” les pille con la presidencia, de nuevo, en las manos.

Más que intentar comprender lo que ha movido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic (integrado por CiU, PSC y ERC) a plantear una medida tan controvertida y discutible como negar el empadronamiento a inmigrantes en situación irregular, ciertos entornos políticos, sociales y mediáticos han decidido hacer lo más fácil, lo que más vende: linchar a los políticos y a los ciudadanos de la capital de Osona. Pone los pelos de punta comprobar la cantidad de falsedades y descalificaciones que se han vertido, en pocos días, sobre una ciudad que ha sido y es ejemplar a la hora de gestionar la llegada y el arraigo de personas extranjeras. Vic, debemos recordarlo, ha destacado a la hora de impulsar medidas efectivas que evitan la fractura social.

Valga como ejemplo de desfiguración lo escrito en un blog vinculado a un diario importante de Madrid: “Si no se persigue primero, por pocos que sean, a los ciudadanos blancos e inmaculados de Vic de manos manchadas y sucias porque malcontratan trabajadores, alquilan fortunas por pisos patera, porque cargan más de lo debido en hipotecas y créditos y que durante años y años se han aprovechado y enriquecido a costa del sudor de estos ciudadanos que ahora quieren marcar como judíos en tiempos de Hitler, si no se acaba primero con estos miserables, ante lo único que estamos es ante unos políticos cobardes y chivatos que actúan (ojo, no lo olvidemos) con la displicencia de los que mandan más arriba (en Madrid y Barcelona)”. Así, con tanta finura, analizan los campeones del progresismo oficial lo que está pasando. Celebremos, al menos, que el president Montilla se haya opuesto al linchamiento del Consistorio de Vic, algo que otros socialistas no han tenido el coraje ni la coherencia de hacer.

En este contexto retórico e ideológico, es difícil, casi imposible, que el debate sobre la gestión de la inmigración se desarrolle de manera documentada y racional. Es un terreno en el que sólo están cómodos los extremos, ya sean los xenófobos de ultraderecha o los buenistas de ultraizquierda, unidos ambos por el cinismo y el cultivo de la demagogia que sustenta sus respectivos programas maximalistas e inaplicables. Unos prometen un país sin inmigrantes y otros prometen una inmigración sin límites ni cuotas. En medio, los grandes partidos democráticos tratan de conciliar -con realismo y prudencia- intereses diversos, derechos en colisión y recursos escasos, evitando estallidos sociales. Pero, a veces, como han hecho el PSOE y Zapatero ante el debate de Vic, los que tienen mayores responsabilidades actúan tramposamente; el Gobierno central, en vez de reconocer las contradicciones legales y los repetidos fallos en sus competencias, ha optado ahora por dar lecciones solemnes de moralina a la administración local, obviando que la última ley de Extranjería -de acuerdo con las directivas europeas- determina la expulsión de los inmigrantes sin visado, extremo que no se lleva a efecto, generando así un problema enorme para los municipios, como bien sabemos en Barcelona.

El equipo de gobierno de Vic trata de mantener un modelo plausible de integración y cohesión mediante una medida errónea o inadecuada, como es el uso del padrón para controlar el flujo migratorio. El control de la entrada de extranjeros -ley en mano- compete sólo a las autoridades centrales. Lo que tenemos delante no es un problema de racismo -como propagan los relatos escritos antes de mirar la realidad- sino el producto de tres factores endiabladamente revueltos: la crisis económica que castiga los consistorios que gestionan muchos servicios básicos, una legislación que da mensajes contradictorios sobre el estatus de los inmigrantes sin documentos, y la actitud abandonista y farisaica de un Gobierno central que deja a los ayuntamientos solos ante un desafío que les supera, en frentes tan sensibles como la educación, la vivienda, la sanidad y el empleo. Los concejales de CiU, PSC y ERC se han equivocado al pensar que el padrón les serviría para evitar el colapso del modelo de ciudad, pero ello no les convierte en racistas ni en seguidores de las tesis del ultraderechista Anglada. Las posiciones excluyentes de la xenófoba Plataforma per Catalunya se ubican fuera de los consensos básicos de nuestro sistema. Es cuando los partidos democráticos esconden la cabeza bajo el ala y niegan los problemas que este peligroso populismo avanza, no al revés. Europa tiene varios casos así. Lo que se ha planteado en la capital de Osona no tiene recorrido legal ni político, como ya se ha dicho desde diversas instancias, aunque algún dictamen jurídico exponga lo contrario. Pero pone sobre la mesa una pregunta clave cuando hablamos de política e inmigración: ¿Qué es lo que debe hacer cada administración para que las cosas funcionen? El PSOE, precisamente con el apoyo de CiU, ha remodelado recientemente la ley de Extranjería para ponerla al día, pero esta cuestión fundamental sigue sin ser contestada claramente. Tampoco el Pacte Nacional per a la Immigració, suscrito por todos los partidos catalanes, arroja luz al respecto. He ahí el reto de muchas localidades, que se han convertido en trinchera y laboratorio apresurado de la integración, a menudo sin los recursos ni los apoyos suficientes para que esta empresa se complete con éxito. Vic, con un 25% de población de origen extranjero, ha lanzado una señal de alarma porque quiere defender sus logros, que benefician a todos empezando por los recién llegados. Merece que escuchemos sus razones con atención.

Hace poco, pasaron por un canal de televisión la película Alatriste, basada en las novelas de Arturo Pérez-Reverte sobre un veterano de los tercios de Flandes. En una de las escenas del filme, aparece el conde duque de Olivares hablando con Diego Alatriste. El poderoso hacedor de la política imperial se lamenta amargamente de que portugueses y catalanes se levanten contra el rey. Aquella breve pincelada histórica me pareció de lo más irónica teniendo en cuenta la situación actual de España, con un Tribunal Constitucional pendiente de emitir sentencia sobre el Estatut de los catalanes, los descendientes de aquellos que, a mediados del siglo XVII, plantaron cara a los deseos de la Corte de poner fin a fueros y costumbres particulares de un pueblo que era y se sentía distinto a Castilla. Al cabo de unos días de la emisión de Alatriste, el presidente de la Generalitat envió una carta a 201 entidades en la cual, y a propósito del editorial conjunto de la prensa catalana sobre la defensa del texto estatutario, afirma que “una vez más, la unidad social y cívica de la sociedad catalana se ha manifestado con total firmeza, generando un sentimiento colectivo de afirmación confiada y positiva”. En su misiva, Montilla añadió algo de sentido común, que todos los dirigentes del mundo pueden suscribir: “La unidad nos hará fuertes”.

La apelación a la necesidad de unidad es una constante de la historia del catalanismo pero se ha concretado muy pocas veces en la realidad. De hecho, sólo dos veces de una forma clara: a principios del siglo XX, con la creación de la Solidaritat Catalana, que rompió de manera espectacular la lógica caduca de la Restauración y, a principios de los años setenta, con la Assemblea de Catalunya, el organismo unitario de oposición que marcó los ritmos de la contestación a la dictadura en los últimos tiempos de esta. Cuando Tarradellas apareció en el balcón de la Generalitat, el 23 de octubre de 1977, tras un largo exilio, además del famoso “Ja sóc aquí“, dijo que el país debía “hacer más fuerte que nunca la unidad que hemos construido en las horas difíciles de nuestra lucha, y nos ha llevado al triunfo”. El refranero nos va de perlas aquí: “De lo que se carece se habla”.

Los políticos catalanes pronuncian la palabra sagrada, “unidad”, pero no hacen mucho por lograrla. “Fets, no paraules” rezaba un eslogan reciente.

Volvamos a la época del capitán Alatriste de la mano de los expertos. El prestigioso hispanista inglés John H. Elliot, en su monumental y clásico estudio The revolt of catalans. A study in the decline of Spain (1598-1640), da las claves fundamentales para entender el problema que lastra, hoy como ayer, la ambición de la sociedad catalana a la hora de respetarse a sí misma y oponerse a los continuadores de la misión que Olivares emprendió, que Felipe V creyó conseguir mediante la victoria militar, que dos dictaduras no lograron concluir a plena satisfacción, y que la transición encauzó sólo a medias. La cita es larga pero vale la pena: “La revolución portuguesa triunfó primordialmente porque la clase dirigente del país demostró estar bien unida en el momento de la decisión, viendo en la independencia nacional una oportunidad de adoptar una nueva política económica que podría permitir al país llevar a cabo su programa económico con más eficacia que si hubiera estado sometido al dominio español. La clase dirigente catalana no estaba unida, y en los años de la década 1640 el Principado carecía de las oportunidades económicas que le hubieran podido permitir tomar un nuevo rumbo. Si, como parecía probable, la mejor esperanza para el futuro de Cataluña consistía en asegurarse una participación en el comercio americano, esto más probablemente se podría llevar a efecto mediante la continuación de la asociación política con Castilla antes que mediante una ruptura total. Como resultado de todo ello, hubo desde el comienzo de la revolución una incompatibilidad fundamental entre las aspiraciones políticas del país y sus necesidades económicas reales, que no se producía en Portugal”.

Dejo al buen juicio del lector establecer, con todas las evidentes distancias cronológicas que sean menester, los paralelismos entre ese tiempo lejano y nuestro rabioso presente. En todo caso, anotemos que la actual globalización económica y cultural ya ha roto, felizmente, eso que el mismo Elliot describe como el dudoso papel de una burguesía catalana “esencialmente provincial, encerrada en su propio rincón mediterráneo” que “tendía a ver la revolución política como una molestia posiblemente inevitable pero a la vez mal recibida, dentro de su fórmula tradicional de vida”. El hecho es que, mientras Portugal alcanzaba su soberanía al derrotar a las tropas españolas en Villaviciosa, el 17 de junio de 1665, Catalunya quedaba sujeta a Castilla y, además, una parte de su territorio pasaba a Francia. A partir de 1640, los catalanes -subraya Elliot- tomaron conciencia de España como comunidad política. Y, más tarde, en 1714, constataron que tal comunidad se construía y se afirmaba contra toda nación preexistente, eso que hoy -siglos después- se ve como “una anomalía”, que el TC debe contribuir a eliminar.

¿Unidad catalana? Búsquenla ustedes, si quieren, en la desembocadura del Tajo -el Tejo de los admirados portugueses- o en la luna de Valencia. Nuestros primos tuvieron el liderazgo del duque de Braganza y nosotros una Diputación Catalana debilitada por las pugnas internas. ¿La historia se repite? Ustedes, dirigentes políticos, económicos y sociales de Catalunya, tienen hoy la última palabra.

Tal vez el inconsciente jugó una mala pasada al redactor del mensaje televisivo de Fin de Año del president Montilla cuando, en el párrafo más directamente electoralista de su discurso supuestamente institucional, recordó al pueblo llano que, dentro de pocos meses, el voto servirá para decidir el camino que seguir: “Si hem d´aturar-nos, retrocedir o cercar falses dreceres, o bé si hem de mantenir l´horitzó que ens hem traçat”. Al escuchar la expresión “falses dreceres” pegué un bote en el sillón y un escalofrío me recorrió el espinazo. Estas “falses dreceres”, falsos atajos en la lengua de Cervantes, evocan los peores fantasmas entre los viejos del lugar o entre aquellos que, sin serlo, hemos leído un poco de historia.

En 1939, un ex dirigente de la Lliga Regionalista pasado al bando franquista afirmó que el catalanismo “ha constituido la falsa ruta de la Catalunya contemporánea”. En su teorización, Ferran Valls i Taberner aseguraba que el catalanismo era un cadáver, pero puntualizaba que “para el bien de Cataluña y de España entera no lo podemos de ningún modo dejar insepulto”. Con esto en el baúl de los recuerdos, se entiende que hablar de “falsos atajos” sea, como mínimo, desafortunado. Para evitar estos patinazos, a los negros de Palau les iría bien leer y memorizar, por ejemplo, una obra como Nou resum d´història del catalanisme, del doctor Josep Termes.

Por suerte, Valls i Taberner confundió sus deseos con la realidad. El catalanismo no era un cadáver y sigue articulando, en el 2010, la vida política de Catalunya. El sondeo que ayer publicó La Vanguardia ponía cifras a eso que algunos llamamos la creciente desconexión mental entre una parte central de la sociedad catalana y la mayoría de la sociedad española. Hay que retener un dato: mientras el 61% de los españoles ve bien que el Estatut aprobado en referéndum sea recortado por el Tribunal Constitucional, el 61% de los catalanes piensa que no debe tocarse. Así las cosas, no es fácil saber qué camino tomar para afianzar un autogobierno que, para el conjunto de España, es algo que debería limitarse, frenarse, diluirse. En esta tesitura, ¿quién está en disposición de descartar caminos y quién tiene la capacidad para decir cuáles son falsos o verdaderos?

Francesc Cambó, que nunca fue separatista, escribió en 1927 algo que parece pensado hoy mismo: “En los últimos tiempos, en efecto, la catalanofobia ha tomado una extensión y una virulencia que debería preocupar a todos los hombres sensatos. Años atrás estaba de moda el tópico de que la catalanofobia era consecuencia de la actuación del catalanismo político: si este no existiera, se nos decía, desaparecería la catalanofobia, y Catalunya gozaría de la máxima simpatía de toda España. Los hechos han demostrado, como era natural, lo absurdo de este tópico”.