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La corrupción de la democracia, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Agosto 2010. Numero 178)
El “caso Bettencourt” que zarandea Francia con su vendaval de arrestos, odios familiares, cheques ocultos, grabaciones furtivas, fechorías fiscales y donaciones ilegales al partido del Presidente Nicolas Sarkozy, está hundiendo el país en una profunda crisis moral.
Liliane Bettencourt, una de las mujeres más ricas del planeta, poseedora de una fortuna de 17.000 millones de euros y propietaria del imperio de cosméticos y perfumes L’Oréal, se halla en el epicentro de un alucinante culebrón devenido asunto de Estado. Unas conversaciones robadas en su domicilio revelaron que el ministro de Trabajo, Eric Woerth, usó de su influencia (cuando era ministro del Presupuesto, y por consiguiente responsable de la administración fiscal) para obtener que su esposa, Florence, fuese contratada por la multimillonaria -con un salario anual de 200.000 euros- para administrar su fortuna… De paso, Eric Woerth, que también era tesorero del partido del Presidente, percibió presuntamente donaciones de decenas de miles de euros (1) para financiar la campaña electoral de Sarkozy… A cambio, se sospecha que el ministro hizo la vista gorda sobre una parte del patrimonio oculto de la dueña de L’Oréal: por ejemplo, varias cuentas millonarias en Suiza y una isla en las Seychelles valorada en unos 500 millones de euros…
Este asunto, de por sí bochornoso, adquiere mayor morbo en la medida en que Eric Woerth es el encargado de conducir la dura reforma de las jubilaciones que castigará a millones de asalariados modestos. En un ambiente de fuertes tensiones sociales y de motines de desclasados en los guetos urbanos, el “caso Bettencourt” está reactivando el viejo litigio entre las elites y el pueblo común. “El clima de la sociedad, advierte el filósofo Marcel Gauchet, se halla hoy impregnado de revuelta latente y de un sentimiento de distancia radical hacia los dirigentes” (2).
Francia no es la única democracia carcomida por la corrupción de algunos políticos y por la permanente confusión que muchos de ellos mantienen entre cargos públicos y beneficios privados. Está aún fresco en las memorias el escándalo de los abusos de los gastos parlamentarios a expensas de los contribuyentes, ocurrido en el Reino Unido y que, junto con otras causas, provocó el descalabro de los laboristas en las elecciones del 6 de mayo pasado. O el de la Italia de Silvio Berlusconi en donde, casi veinte años después de la operación mane pulite que decapitó a gran parte de la clase política, la corrupción, a modo de metástasis, vuelve a extenderse ante la impotencia de una izquierda paralizada y sin ideas. El Tribunal de Cuentas italiano, en su último informe, establece que los delitos de corrupción activa de los funcionarios públicos aumentaron el año pasado en más de 150% (3). Y qué decir de España, agobiada por los múltiples casos de corrupción de cargos públicos asociados a los “señores del ladrillo” enriquecidos por las delirantes políticas urbanísticas. Sin hablar del esperpéntico “caso Gürtel” que sigue coleando.
A escala internacional, la corrupción alcanza hoy, en la era de la globalización neoliberal, una dimensión estructural. Su práctica se ha banalizado igual que otras formas de criminalidad corruptora: malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, abuso de bienes sociales, creación y financiación de empleos ficticios, fraude fiscal, disimulo de capitales procedentes de actividades ilícitas, etc. Se confirma así que la corrupción es un pilar fundamental del capitalismo. El ensayista Moisés Naím afirma que, en los próximos decenios, “las actividades de las redes ilícitas del tráfico global y sus socios del mundo ‘legítimo’, ya sea gubernamental o privado, tendrán muchísimo más impacto en las relaciones internacionales, las estrategias de desarrollo económico, la promoción de la democracia, los negocios, las finanzas, las migraciones, la seguridad global; en fin, en la guerra y la paz, que lo que hasta ahora ha sido comúnmente imaginado” (4).
Según el Banco Mundial, cada año, en el planeta, los flujos de dinero procedentes de la corrupción, de actividades delictivas y de la evasión de fondos hacia los paraísos fiscales alcanza la astronómica suma de 1,6 billones de euros… De ese montante, unos 250 000 millones corresponden al fraude fiscal realizado anualmente sólo en la Unión Europea. Reinyectados en la economía legal, esos millones permitirían evitar los actuales planes de austeridad y ajuste que tantos estragos sociales están causando.
Ningún dirigente debe olvidar que la democracia es esencialmente un proyecto ético, basado en la virtud y en un sistema de valores sociales y morales que dan sentido al ejercicio del poder. Afirma José Vidal-Beneyto, en su libro póstumo y de indispensable lectura, que cuando, en una democracia, “las principales fuerzas políticas, en plena armonía mafiosa, se ponen de acuerdo para timar a los ciudadanos” (5) se produce un descrédito de la democracia, una repulsa de la política, un aumento de la abstención y, más peligroso, una subida de la extrema derecha. Y concluye: “El gobierno se corrompe por la corrupción, y cuando hay corrupción en la democracia, la corrompida es la democracia”.
Notas:
(1) En Francia, la ley de financiamiento de los partidos políticos del 11 de abril de 2003, limita las donaciones de las personas físicas a 7.500 euros al año.
(2) Le Monde , París, 18 de julio de 2010.
(3) Clarín , Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
(4) Moisés Naím, Ilícito , Debate, Madrid, 2006.
(5) José Vidal-Beneyto, La corrupción de la democracia , Catarata, Madrid, 2010.
Neoliberalismo obligatorio, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Julio 2010. Numero 177)
Inclina la cerviz, altivo sicambro; adora lo que quemaste y quema lo que adoraste”, ordenó el obispo Remigio al bárbaro Clodoveo cuando tuvo éste que convertirse al cristianismo para ser rey de Francia. Y eso mismo parecen haberle exigido al socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero, los jefes de Gobierno del Eurogrupo, en Bruselas, el 7 de mayo pasado, cuando se sumaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los mercados financieros para obligarle a renegar de toda veleidad social, y a convertirse en el acto al credo neoliberal.
Apenas cinco días después, con el fanatismo de los conversos (mas con pretendido ” desgarro interior “), el Presidente del Gobierno -que afirmaba, en 2004, “gobernaré para los más débiles”, y reiteraba, en 2008, “gobernaré pensando en los que no tienen de todo”- anunciaba un plan de ajuste terriblemente impopular. Cinco millones de pensionistas, tres millones de funcionarios, cientos de miles de ancianos necesitados de asistencia y medio millón de futuros padres de 2011 padecerán las consecuencias del brutal recorte.
Al mismo tiempo, otros jefes de gobierno socialdemócratas, en Grecia y en Portugal, se veían también forzados a ir a Canossa, a retractarse y humillarse, y a acatar las tesis ultraliberales que hasta entonces, en principio, habían combatido.
Insólito cambio. Porque hace menos de dos años, después de la quiebra del banco Lehman Brothers en Estados Unidos, los partidarios del neoliberalismo estaban derrumbados y a la defensiva. Ellos eran quienes renegaban entonces. La “crisis del siglo” parecía demostrar el fracaso de su ideología de la desregulación, y la necesidad de recurrir de nuevo al Estado para salvar la economía y preservar la cohesión de la sociedad.
Los Gobiernos, incluso los de derechas, recobraban su función de actores primordiales del área económica; nacionalizaban entidades financieras y empresas estratégicas, inyectaban masivamente liquidez en el sistema bancario, multiplicaban los planes de estímulo… Tanto gobernantes como economistas se felicitaban por esas decisiones que correspondían a las lecciones sacadas de la crisis de 1929, cuando se demostró que las políticas de deflación, de austeridad y de restricción del crédito condujeron a la Gran Depresión.
Por eso, en otoño de 2008, todo el mundo anunció el “regreso a Keynes”. Estados Unidos lanzó un plan de rescate de los bancos de 700.000 millones de dólares, seguido de otro de 800.000 millones de dólares. Los Veintisiete de la Unión Europea (UE) se pusieron de acuerdo en un paquete de estímulo de 400.000 millones de euros. Y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, constatando, en noviembre de 2008, que “los tres años consecutivos de superávit presupuestario nos permiten ahora incurrir en déficit sin poner en riesgo la credibilidad de las finanzas públicas”, anunció un ambicioso Plan de Estímulo a la Economía y al Empleo de 93.000 millones de euros.
Además, en varias Cumbres del G-20, los dirigentes de los Estados más poderosos decidían terminar con los paraísos fiscales, controlar los fondos de alto riesgo ( hedge funds ) y sancionar los abusos de los especuladores causantes de la crisis. José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea, declaraba: “Las autoridades políticas no toleraremos nunca más que los especuladores vuelvan a levantar cabeza y nos arrastren a la situación anterior”.
Y sin embargo, hemos vuelto a la situación anterior. De nuevo los mercados y los especuladores tienen la sartén por el mango. Y las autoridades políticas se arrodillan. ¿Qué ha ocurrido? El peso de la deuda soberana consentida por los Estados para salvar a los bancos (1) ha servido de pretexto para un espectacular cambio de situación. Sin el mínimo reparo, los mercados y la especulación financiera, apoyados por las agencias de calificación (totalmente desacreditadas hace apenas unos meses), atacan directamente, en el seno de la UE, a los Estados endeudados, acusados ahora de vivir por encima de sus posibilidades. El objetivo principal es el euro. El Wall Street Journal (2) reveló que un grupo de importantes responsables estadounidenses de hedge funds , reunido el 8 de febrero en un hotel de Manhattan, habría decidido aliarse para hacer bajar la moneda única europea a 1 euro frente a 1 dólar. En aquel momento el euro valía 1,37 dólares; hoy ya sólo vale 1,22 y sigue amenazado…
Los mercados quieren su revancha. Y reclaman, con más vigor que nunca, en nombre de la “indispensable austeridad”, el desmantelamiento de la protección social y la drástica reducción de los servicios públicos. Los Gobiernos más neoliberales aprovechan para exigir mayor “integración europea” en cuyo nombre tratan de forzar la adopción de dos instrumentos que no existen: un gobierno económico de la Unión y una política fiscal común. Con el apoyo del FMI, Alemania ha impuesto planes de ajuste a todos los miembros de la UE (Grecia, Portugal, España, Italia, Francia, Reino Unido, Rumanía, Hungría, etc.) cuyos Gobiernos, de pronto obcecados por la reducción del gasto público, han acatado sin rechistar. Aunque ello amenace a Europa con caer en una profunda Depresión
En la misma línea, Bruselas desea sancionar a los países que no respeten el Pacto de estabilidad (3). Berlín pretende ir más lejos y añadir una sanción altamente política: la suspensión del derecho de voto en el Consejo europeo. Con un claro objetivo: ningún Gobierno debe salirse del carril neoliberal.
En el fondo, ese es el saldo político de la actual crisis de la deuda soberana: no parece quedar espacio, en el seno de la UE, para ninguna opción de progreso. ¿Admitirán los ciudadanos semejante regresión? ¿Puede aceptarse que quede descartada cualquier solución democrática de izquierdas de impulsar al avance social?
Notas:
(1) Un informe de la Comisión Europea señala que el total de fondos comprometidos para los bancos asciende a 3,3 billones de euros, o sea ¡el 28% del PIB de la UE!, El País , Madrid, 20 de junio de 2010.
(2) The Wall Steet Journal , Nueva York, 26 de febrero de 2010. http://online.wsj.com/article/ SB10001424052748703795004575087741848074392.html
(3) Adoptado en 1997 y que limita a 3% del PIB el déficit público.
Garzón, la justicia y la memoria, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Mayo de 2010 – número 175)
La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor. ¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?
Los medios internacionales recuerdan los méritos del “superjuez”: su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz….). Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del “juez estrella” por los primeros planos mediáticos.
En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama “Gürtel” (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habría percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red “Gürtel”. Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.
Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de “prevaricación” (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).
Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.
Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en “museos consagrados a la Guerra Civil”, por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en días de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.
Los partidarios de la “cultura del ocultamiento” acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crímenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un “debate equilibrado” sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: “Un minuto para Hitler y un minuto para los judíos”.
El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: “Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.”) fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración política, sino una constatación histórica.
La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la “banalidad del mal” franquista, una suerte de amnesia oficial, una “escotomización”, o sea un mecanismo de “ceguera inconsciente” (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.
Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.
Notas:
(1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
(2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.
La cuestión social, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Abril 2010. Numero 174)
Bajo el lema “¡Alto a la miseria!”, la Unión Europea (UE) ha declarado 2010 “Año de la pobreza y de la exclusión social”. Y es que ya hay, en la Europa de los Veintisiete, unos 85 millones de pobres (1)… Un europeo de cada seis sobrevive en la penuria (2). Y la situación se sigue degradando a medida que se extiende la onda expansiva de la crisis. La cuestión social vuelve a colocarse en el corazón del debate. La ira popular se manifiesta contra los Planes de austeridad en Grecia, Portugal, España, Irlanda, etc. Las huelgas y las protestas violentas se multiplican. Muchos ciudadanos expresan también un rechazo a la oferta política (crece la abstención y el voto en blanco) o una adhesión a diversos fanatismos (sube la extrema derecha y la xenofobia). Porque la pobreza y la desesperación social ponen en crisis al propio sistema democrático. ¿Asisteremos a una explosiva primavera del descontento europeo?
En España, el 20% de la población, o sea unos diez millones de personas, se hallan ya en la pobreza (3). Con casos particularmente indignantes como el de los hijos de extracomunitarios (más de la mitad de ellos viven en la indigencia), y el de las “personas sin hogar”, nivel máximo de exclusión social (4). Hay más de 30.000 personas sin hogar (en Europa, cerca de medio millón). Centenares de ellas, cada invierno, mueren en la calle…
¿Quiénes son esos pobres de hoy? Campesinos explotados por las grandes distribuidoras, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, parejas con hijos viviendo con un único sueldo, y obviamente la gran cohorte de activos que la crisis acaba de dejar sin empleo. Jamás hubo en la UE tantos parados: 23 millones (cinco más que hace un año). Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más catastrófica de Europa: 44,5% (la media europea: 20%).
Si la cuestión social se plantea hoy de modo tan espinoso es porque coincide con la crisis del Estado de bienestar. Desde los años 1970, con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para adentrarnos en una era de capitalismo salvaje cuya dinámica profunda es la desocialización , la destrucción del contrato social. Por eso se están respetando tan poco los conceptos de solidaridad y de justicia social.
La transformación principal se ha producido en el ámbito de la organización del trabajo. El estatuto profesional de los asalariados se ha degradado. En un contexto caracterizado por el desempleo masivo, la precariedad deja de ser un “mal momento transitorio” mientras se encuentra un empleo fijo, y se convierte en un estado permanente. Lo que el sociólogo francés Robert Castel llama: el “precariado” (5), una nueva condición infrasalarial que se ha extendido por toda Europa. En Portugal, por ejemplo, un asalariado de cada cinco tiene ya un contrato llamado “recibo verde”. Aunque trabaje desde hace años en la misma oficina o la misma fábrica, con horarios fijos, su patrón es un simple cliente al que factura un servicio y quien puede, de la noche a la mañana, sin ninguna indemnización, romper el contrato.
Semejante degradación del estatuto de asalariado agrava las desigualdades porque excluye de hecho a un número cada vez mayor de personas (sobre todo jóvenes) del sistema de proteccion del Estado de bienestar. Las aísla, las margina, las rompe. ¿Cuántos suicidios de trabajadores en su lugar mismo de trabajo? Abandonados a sí mismos, en feroz competencia de todos contra todos, los individuos viven en una especie de jungla. Lo cual desconcierta a muchos sindicatos, otrora poderosos, y tentados hoy de colaborar con las patronales.
La eficacia económica se ha convertido en la preocupación central de las empresas, que descargan sobre el Estado sus obligaciones de solidaridad. A su vez, el Estado desvía estos imperativos hacia las Organizaciones no gubernamentales (ONG) o las redes humanitarias privadas. De ese modo, lo económico y lo social se van alejando permanentemente el uno del otro. Y el contraste entre los dos resulta cada vez más escandaloso.
Por ejemplo, en España, mientras el número de parados alcanzaba en 2009 la cifra de 4,5 millones (3,1 millones en 2008), las empresas cotizadas en Bolsa repartían 32.300 millones de euros a sus accionistas (19% más que en 2008). El año pasado, los beneficios de los diez principales bancos europeos superaron los 50.000 millones de euros… En un continente castigado por la peor recesión desde 1929… ¿Cómo es posible? Porque a partir de la crisis del otoño de 2008, los Bancos centrales prestaron masivamente, con tipos de interés minimos, a la banca privada. Ésta utilizó ese dinero barato para prestar a su vez, con tipos más elevados, a las famlias, a las empresas… y a los propios Estados. Así ganó esas millonadas. Ahora, la deuda soberana alcanza niveles excepcionales en varios países -Grecia, Irlanda, Portugal, España…- cuyos gobiernos han tenido que imponer drásticos Planes de austeridad a sus ciudadanos para satisfacer las exigencias de los actores financieros… causantes de la crisis del 2008. Una desvergüenza que exaspera y enfurece a millones de asalariados europeos.
Los ricos siguen enriqueciéndose mientras crece el número de personas sin empleo o en la precaridad, con un poder adquisitivo más reducido, en condiciones de trabajo degradadas, soportando la violencia física y simbólica de unas relaciones sociales endurecidas en una sociedad cada vez menos cohesionada. ¿Cuánto aguantará el hastío popular? ¿Acaso no advirtió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), el pasado 17 de marzo, que si no se reforma el sistema financiero “habrá revuelta social”?
Notas:
(1) Es “pobre” la personas que vive con menos del 50% de la Renta media disponible neta (Rdn) del país correspondiente. En España, el ingreso medio mensual se sitúa en torno a los mil euros.
(2) Cf. The Social Situation in the European Union 2007 , Bruselas, 2008 (http://ec.europa.eu/ employment_social/spsi/reports_social_situation_fr.htm).
(3) Léase Informe de la Inclusion social en España , Fundació Un sol mon, Caixa Catalunya, Barcelona, 2008.
(4) Consúltese: www.enredpsh.org
(5) Robert Castel, La Metamorfosis de la cuestión social , Paidós, Barcelona, 1997.
Socialdemocracia, fin de ciclo, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Marzo 2010. Numero 173)
Las ideas también mueren. El cementerio de los partidos políticos rebosa de tumbas en donde yacen los restos de organizaciones que otrora desataron pasiones, movieron a multitudes y hoy son pasto del olvido. ¿Quién se acuerda en Europa, por ejemplo, del Radicalismo? Una de las fuerzas políticas (de centro-izquierda) más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, que los vientos de la historia se llevaron… ¿Qué fue del Anarquismo? ¿O del Comunismo estaliniano? ¿Qué se hicieron aquellos formidables movimientos populares capaces de movilizar a millones de campesinos y obreros? ¿Qué fueron sino devaneos? (1)
Por sus propios abandonos, abjuraciones y renuncias, a la socialdemocracia europea le toca hoy verse arrastrada hacia el sepulcro… Su ciclo de vida parece acabarse. Y lo más incomprensible es que semejante perspectiva se produce en el momento en que el capitalismo ultraliberal atraviesa uno de sus peores momentos.
¿Por qué la socialdemocracia se muere, cuando el ultraliberalismo se halla en plena crisis? Sin duda porque, frente a tantas urgencias sociales, no ha sabido generar entusiasmo popular. Navega a tientas, sin brújula y sin teoría; da la impresión de estar averiada, con un aparato dirigente enclenque, sin organización ni ideario, sin doctrina ni orientación… Y sobre todo sin identidad: era una organización que debía hacer la revolución, y ha renegado de ese empeño; era un partido obrero, y hoy lo es de las clases medias urbanas acomodadas.
Las recientes elecciones han demostrado que la socialdemocracia europea ya no sabe dirigirse a los millones de electores víctimas de las brutalidades del mundo postindustrial engendrado por la globalización. Esas multitudes de obreros desechables, de neo-pobres de los suburbios, de mileuristas , de excluidos, de jubilados en plena edad activa, de jóvenes precarizados , de familias de clase media amenazadas por la miseria. Capas populares damnificadas por el shock neoliberal… Y para las cuales, la socialdemocracia no parece disponer de discurso ni de remedios.
Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2009 demostraron su descalabro actual. La mayoría de los partidos de esa familia en el poder retrocedieron. Y los partidos en la oposición también recularon, particularmente en Francia y en Finlandia.
No supieron convencer de su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales planteados por el desastre del capitalismo financiero. Si faltaba un indicio para demostrar que los socialistas europeos son incapaces de proponer una política diferente de la que domina en el seno de la Unión Europea, esa prueba la dieron Gordon Brown y José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyaron la bochornosa elección a la Presidencia de la Comisión Europea del ultraliberal José Manuel Duraõ Barroso, el cuarto hombre de la Cumbre de las Azores…
En 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la Unión Europea. Hoy, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado el impasse moral, social y ecológico del ultraliberalismo, ya sólo gobiernan en cinco Estados (España, Grecia, Hungría, Portugal y Reino Unido). No han sabido sacar provecho del descalabro neoliberal. Y los Gobiernos de tres de esos países -España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la “crisis de la deuda”- se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la Unión Europea y sus principales cancerberos.
Repudiar sus propios fundamentos se ha vuelto habitual. Hace tiempo que la socialdemocracia europea decidió alentar las privatizaciones, estimular la reducción de los presupuestos del Estado a costa de los ciudadanos, tolerar las desigualdades, promover la prolongación de la edad de jubilación, practicar el desmantelamiento del sector público, a la vez que espoleaba las concentraciones y las fusiones de mega-empresas y que mimaba a los bancos. Lleva años aceptando, sin gran remordimiento, convertirse al social-liberalismo. Ha dejado de considerar como prioritarios algunos de los objetivos que formaban parte de su ADN ideológico. Por ejemplo: el pleno empleo, la defensa de las ventajas sociales adquiridas, el desarrollo de los servicios públicos o la erradicación de la miseria.
A finales del siglo XIX y hasta los años 1930, cada vez que el capitalismo dio un salto transformador, los socialdemócratas, casi siempre apoyados por las izquierdas y los sindicatos, aportaron respuestas originales y progresistas: sufragio universal, enseñanza gratuita para todos, derecho a un empleo, seguridad social, nacionalizaciones, Estado social, Estado de Bienestar… Esa imaginación política parece hoy agotada.
La socialdemocracia europea carece de nueva utopía social. En la mente de muchos de sus electores, hasta en los más modestos, el consumismo triunfa, así como el deseo de enriquecerse, de divertirse, de zambullirse en las abundancias, de ser feliz sin mala conciencia… Frente a ese hedonismo dominante, machacado en permanencia por la publicidad y los medios masivos de manipulación, los dirigentes socialdemócratas ya no se atreven a ir a contracorriente. Llegan incluso a convencerse de que no son los capitalistas los que se enriquecen con el esfuerzo de los proletarios, sino los pobres quienes se aprovechan de los impuestos pagados por los ricos… Piensan, como lo afirma el filósofo italiano Raffaele Simone, que “el socialismo sólo es posible cuando la desgracia sobrepasa en exceso a la dicha, cuando el sufrimiento rebasa con mucho el placer, y cuando el caos triunfa sobre las estructuras” (2).
Por eso quizá, y en contraste, está renaciendo hoy con tanta pujanza y tanta creatividad, un nuevo socialismo del siglo XXI en algunos países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Mientras en Europa, a la socialdemocracia le llega su fin de ciclo.
Notas:
(1) Jorge Manrique, “Coplas a la muerte de su padre” (1477).
(2) Raffaele Simone, “Les socialistes proposent toujours le sacrifice”, en Philosophie Magazine , n° 36, febrero de 2010, París.
Aprender de Haití, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Febrero 2010, número 172)
Por muy “natural” que parezca, ninguna catástrofe es natural. Un seísmo de intensidad idéntica causa más víctimas en un país empobrecido que en otro rico e industrializado. Ejemplo: el terremoto de Haití, de magnitud 7,0 en la escala de Richter, ha ocasionado más de cien mil muertos, mientras que el de Honshu (Japón), de idéntica fuerza (7,1), acaecido hace seis meses, apenas provocó un muerto y un herido.
“Los países más pobres y los que tienen problemas de gobernabilidad están más expuestos a riesgos que los otros”, confirma un reciente informe de la ONU (1). En una misma ciudad, el impacto humano de una calamidad puede ser muy distinto según las características de los barrios. En Puerto Príncipe, el seísmo se ensañó con las desvencijadas barriadas populares del centro. En cambio, los distritos privilegiados de la burguesía mulata comerciante apenas padecieron estragos.
Tampoco son iguales los pobres ante la adversidad. La Federación Internacional de la Cruz Roja sostiene que, en caso de desastre, “las mujeres, los discapacitados, los ancianos y las minorías étnicas o religiosas, víctimas habituales de la discriminación, son más castigados que los demás” (2).
Por otra parte, aunque un país no sea rico, si se dota de una política eficaz de prevención de catástrofes puede salvar muchas vidas. En agosto de 2008, el ciclón Gustav , el más violento de los últimos cincuenta años, azotó el Caribe con vientos de 340 kilómetros por hora. En Haití mató a 66 personas. Sin embargo, en Cuba no causó ninguna víctima mortal…
¿Es Haití un país pobre? En verdad, no hay países pobres; sólo existen “países empobrecidos”. No es lo mismo. En el último tercio del siglo XVIII, Haití era la Perla de las Antillas y producía el 60% del café y el 75% del azúcar que se consumía en Europa. Pero, de su gran riqueza sólo se beneficiaban unos 50.000 colonos blancos, y no los 500.000 esclavos negros que la producían.
Invocando los nobles ideales de la Revolución Francesa, esos esclavos se sublevaron en 1791 al mando de Toussaint Louverture, el Espartaco negro . La guerra duró trece años. Napoleón envíó una expedición de 43.000 veteranos. Triunfaron los insurrectos. Fue la primera guerra racial anticolonial y la única rebelión de esclavos que desembocó en un Estado soberano.
El 1 de enero de 1804, se proclamó la independencia. Sonó como un aldabonazo en el continente americano. Los esclavos negros demostraban que, por su propia lucha, sin la ayuda de nadie, podían conquistar la libertad. Afro-América emergía en la escena política internacional.
Pero el “mal ejemplo” de Haití -así lo calificó el Presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson- aterrorizó a las potencias que seguían practicando la esclavitud. No se le perdonó. Y nadie reconoció, ni ayudó a la nueva república negra, pesadilla del colonialismo blanco. Aún hoy, el viejo terror no ha desaparecido. Pat Robertson, telepredicador estadounidense, ¿no acaba acaso de afirmar: “Miles de hatianos han muerto en el seísmo porque los esclavos de Haití hicieron un pacto con el diablo para obtener su libertad” (3)?
El nuevo Estado independiente fue boicoteado durante decenios con la idea de “recluir la peste” en ese país. Haití cayó en guerras civiles que arrasaron su territorio. Se perdió la necesaria etapa de construcción de un Estado-nación. Institucionalmente, a pesar de la gran calidad de sus numerosos intelectuales, el país quedó estancado.
Después vino el tiempo de la ocupación por Estados Unidos que duró de 1915 a 1934. Y de la guerra de resistencia. El héroe de la rebelión, Charlemagne Péralte, fue crucificado por los marines , clavado en la puerta de una iglesia… Washington acabó por ceder Haití a nuevos dictadores, entre ellos: Papa Doc Duvalier, uno de los más despóticos.
En los años 1970, aún gozaba Haití de soberanía alimentaria, sus agricultores producían el 90% de los alimentos que consumía la población. Pero el Plan Reagan-Bush, impuesto por Washington, obligó a suprimir los aranceles sobre la importación de arroz, producto básico del cultivo local. El arroz estadounidense, más barato porque estaba subvencionado, inundó el mercado local y arruinó a miles de campesinos que emigraron en masa a la capital, donde el seísmo los ha atrapado…
La única experiencia de gobierno realmente democrático, fue la de Jean-Bertrand Aristide, dos veces Presidente (1994-1996 y 2001-2004). Pero sus propios errores y la presión de Washington lo empujaron al exilio. Desde entonces, de hecho, Haití se halla bajo tutela de la ONU y de un conglomerado de ONGs internacionales. El Gobierno de René Préval ha sido sistemáticamente privado de medios de acción. Por eso resulta absurdo reprocharle su inoperancia ante los efectos del seísmo. Hace tiempo que el sector público fue desmantelado y sus principales actividades transferidas, si eran rentables, al sector privado, o a las ONGs cuando no lo eran. Antes de convertirse en el Ground Zero del planeta, Haití ya era el primer caso de “colonialismo humanitario”. La tragedia reforzará la dependencia. Y por consiguiente las resistencias. El “capitalismo de choque”, descrito por Naomi Klein, hallará una nueva ocasión de reclamar -en nombre de la eficacia- la privatización integral de todas las actividades económicas y comerciales ligadas a la reconstrucción.
Estados Unidos está en primera línea, con sus Fuerzas Armadas desplegadas en una ofensiva humanitaria de gran envergadura. Resultado sin duda de un generoso deseo de socorrer. Pero también de indiscutibles intereses geopolíticos. Washington prefiere invadir Haití de ayuda que ver invadidas sus costas por decenas de miles de boat people haitianos. En el fondo, se trata de la misma vieja obsesión: “recluir la peste”…
Notas:
(1) Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para un mañana más seguro , Naciones Unidas, Nueva York, mayo de 2009.
(2) Informe Mundial sobre los desastres 2009 , Cruz Roja Internacional, Ginebra, julio de 2009.
(3) Christian Broadcasting Network, 14 de enero de 2010.
Cercando a Venezuela, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Enero 2010. Numero 171)
La llegada al poder, en Venezuela, del Presidente Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 coincidió con un acontecimiento militar traumático para Estados Unidos: la clausura de su principal instalación militar en la región, la base Howard, situada en Panamá, cerrada en virtud de los Tratados Torrijos-Carter (1977).
En sustitución, el Pentágono eligió cuatro localidades para controlar la región: Manta en Ecuador, Comalapa en El Salvador y las islas de Aruba y Curazao (de soberanía holandesa). A sus -por decirlo así- ‘tradicionales’ misiones de espionaje, añadió nuevos cometidos oficiales a estas bases (vigilar el narcotráfico y combatir la inmigración clandestina hacia Estados Unidos), y otras tareas encubiertas: luchar contra los insurgentes colombianos; controlar los flujos de petróleo y minerales, los recursos en agua dulce y la biodiversidad. Pero desde el principio sus principales objetivos fueron: vigilar Venezuela y desestabilizar la Revolución Bolivariana.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Secretario norteamericano de Defensa, Donald Rumsfeld, definió una nueva doctrina militar para enfrentar al “terrorismo internacional”. Modificó la estrategia de despliegue exterior, fundada en la existencia de enormes bases dotadas de numeroso personal. Y decidió reemplazar esas megabases por un número mucho más elevado de Foreign Operating Location (FOL, Sitio Operacional Preposicionado) y de Cooperative Security Locations (CSL, Sitio Compartido de Seguridad) con poco personal militar pero equipado con tecnologías ultramodernas de detección.
Resultado: en poco tiempo, la cantidad de instalaciones militares estadounidenses en el extranjero se multiplicó, alcanzando la insólita suma de 865 bases de tipo FOL o CSL desplegadas en 46 países. Jamás en la historia, una potencia multiplicó de tal modo sus puestos militares de control para implantarse a través del planeta.
En América Latina, el redespliegue de bases ya permitió que la de Manta (Ecuador) colaborase en el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el Presidente Chávez. A partir de entonces, una campaña mediática dirigida por Washington empieza a difundir falsas informaciones sobre la pretendida presencia en ese país de células de organizaciones como Hamás, Hezbolá y hasta Al Qaeda.
Con el pretexto de vigilar tales movimientos, y en represalia contra el gobierno de Caracas que puso fin, en mayo de 2004, a medio siglo de presencia militar estadounidense en Venezuela, el Pentágono amplia el uso de sus bases militares en las islas de Aruba y Curazao, situadas muy cerca de las costas venezolanas, donde últimamente se han incrementado las visitas de buques de guerra estadounidenses.
Lo cual ha sido recientemente denunciado por el Presidente Chávez: “Es bueno que Europa sepa que el imperio norteamericano está armando hasta los dientes, llenando de aviones de guerra y de barcos de guerra las islas de Aruba y Curazao. (…) Estoy acusando al Reino de los Países Bajos de estar preparando, junto al imperio yanqui, una agresión contra Venezuela” (1).
En 2006, se empieza a hablar en Caracas de “socialismo del siglo XXI”, nace la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y Hugo Chávez es reelegido presidente. Washington reacciona imponiendo un embargo sobre la venta de armas a Venezuela, bajo el pretexto de que Caracas “no colabora suficientemente en la guerra contra el terrorismo”. Los aviones F-16 de las fuerzas aéreas venezolanas se quedan sin piezas de recambio. Ante esa situación, las autoridades venezolanas establecen un acuerdo con Rusia para dotar a su fuerza aerea de aviones Sukhoi. Washington denuncia un presunto “rearmamento masivo” de Venezuela, omitiendo recordar que los principales presupuestos militares de América Latina son los de Brasil, Colombia y Chile.
Y que, cada año, Colombia recibe una ayuda militar estadounidense de 630 millones de dólares (unos 420 millones de euros).
Apartir de ahí, las cosas se aceleran. El 1 de marzo de 2008, ayudadas por la base de Manta, las fuerzas colombianas atacan un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) situado en el interior del territorio de Ecuador. Quito, en represalia, decide no renovar el acuerdo sobre la base de Manta que vence en noviembre de 2009. Washington responde, el mes siguiente, con la reactivación de la IV Flota (desactivada en 1948, hace sesenta años…) cuya misión es vigilar la costa atlántica de América del Sur. Un mes más tarde, los Estados sudamericanos, reunidos en Brasilia, replican creando la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y, en marzo de 2009, el Consejo de Defensa Suramericano.
Unas semanas después, el embajador de Estados Unidos en Bogotá anuncia que la base de Manta será relocalizada en Palanquero, Colombia.
En junio, con el apoyo de la base estadounidense de Soto Cano, se produce el golpe de Estado en Honduras contra el Presidente Manuel Zelaya quien había conseguido integrar a su país en el ALBA. En agosto, el Pentágono anuncia que dispondrá de siete nuevas bases militares en Colombia. Y en octubre, el presidente conservador de Panamá, Ricardo Martinelli, admite que ha cedido a Estados Unidos el uso de cuatro nuevas bases militares.
De ese modo, Venezuela y la Revolución Bolivariana se ven rodeadas por nada menos que trece bases estadounidenses, situadas en Colombia, Panamá, Aruba y Curazao, así como por los portaaviones y navíos de guerra de la IV Flota. El Presidente Obama parece haber dejado manos libres al Pentágono. Todo anuncia una agresión inminente. ¿Consentirán los pueblos que un nuevo crimen contra la democracia se cometa en América Latina?
Notas:
(1) Discurso en el Encuentro del ALBA con los Movimientos Sociales de Dinamarca, Copenhague, 17 de diciembre de 2009.
Una ocasión perdida, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (nº 169 – noviembre de 2009)
A veinte años de la caída del Muro de Berlín
El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín. Veinte años después, mientras el capitalismo, a su vez, vacila bajo los golpes de una crisis sistémica, ¿qué balance se puede establecer de las dos décadas que acaban de transcurrir? ¿Por qué otros muros, igual de indignantes, no se han derribado?
Simbólicamente, el hundimiento del muro de Berlín marca la conclusión de la guerra fría así como el fin -aunque la Unión Soviética no se disolvería hasta diciembre de 1991- del comunismo autoritario de Estado en Europa. Pero no el fin de la aspiración de millones de pobres a vivir dignamente en un mundo más justo e igualitario.
El muro de Berlín se hunde debido, por lo menos, a tres hechos capitales ocurridos durante la década de 1980:
1/ las huelgas de agosto de 1980 en Polonia, que ponen en evidencia una contradicción fundamental: la clase trabajadora se opone a un presunto “Estado obrero” y al supuesto “Partido de la clase obrera”.
La teoría oficial sobre la que se basaba el comunismo de Estado se viene abajo;
2/ en Moscú, en marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov es elegido secretario general del Partido Comunista de la URSS. Lanza la “perestroika” y la “glásnost”, y activa, con las precauciones de un artificiero, la reforma del comunismo soviético;
3/ durante la primavera de 1989, en Pekín, en vísperas de una visita de Mijaíl Gorbachov, miles de manifestantes reclaman reformas similares a las que se llevan a cabo en la URSS. El Gobierno chino hace intervenir al Ejército. Resultado: cientos de muertos y condena internacional del régimen de Pekín.
Cuando, en el otoño de 1989, ciudadanos de Alemania del Este se echan a la calle para exigir reformas democráticas, las autoridades dudan en disparar o no sobre las multitudes. Moscú anuncia que sus tropas estacionadas en Europa del Este no participarán en ninguna represión. La intensidad de las manifestaciones se multiplica. La suerte está echada. El muro de Berlín cae. En unos meses, uno tras otro, los regímenes comunistas de Europa son barridos. Incluidos los de Yugoslavia y Albania.
Constatación importante: el sistema se desploma por descomposición interna, y no a causa de una ofensiva del capitalismo que lo habría derrotado. En esos años, Estados Unidos se halla en grave recesión tras el “lunes negro” de Wall Street acaecido dos años antes (el Dow Jones había caído, el 19 de octubre de 1987, un 23%). Pero la interpretación que se dará es que, en el enfrentamiento que opone, desde el siglo XIX, el comunismo al capitalismo, éste se ha impuesto. Por KO. De ahí una suerte de ebriedad intelectual que hará creer a algunos en el “fin de la historia”.
Error fatal. Al perder a su “mejor enemigo” -el que, mediante una relación de fuerzas constante, le obligaba a autorregularse y a moderar sus pulsiones-, el capitalismo se dejará arrastrar por sus peores instintos. Olvidando la promesa de hacer que el mundo se beneficie de los “dividendos de la paz”, Washington impone en todas partes, a marchas forzadas, lo que cree ser la idea triunfal: la globalización económica. Es decir, la extensión al conjunto del planeta de los principios ultraliberales: financiarización de la economía, desprecio por el medio ambiente, privatizaciones, liquidación de los servicios públicos, precarización del trabajo, marginación de los sindicatos, brutal competencia entre los asalariados del mundo, deslocalizaciones, etc. En resumen, una vuelta al capitalismo salvaje. El multimillonario estadounidense Warren Buffet proclama: “Hay una lucha de clases, por supuesto, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que dirige la lucha. Y nosotros ganamos” (1).
En el plano militar, Washington despliega su hiperpotencia: invasión de Panamá, guerra del Golfo, ampliación de la OTAN, guerra de Kosovo, marginación de la ONU… Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush y sus “halcones” deciden castigar y conquistar Afganistán e Irak. Reducen la ayuda a los países pobres del Sur y lanzan una cruzada contra el “terrorismo internacional” utilizando todos los medios, incluidos los menos nobles: vigilancia generalizada, tortura, “desapariciones”, prisiones secretas, penales ilegales como el de Guantánamo… Creen en un mundo unipolar, dirigido por unos Estados Unidos hegemónicos, seguros de sí mismos y dominadores.
El balance será desastroso: ninguna victoria militar real, una inmensa derrota moral y una gran destrucción ecológica. Sin que los principales peligros hayan sido eliminados. La amenaza terrorista no ha desparecido, la piratería marítima se agrava, Corea del Norte se ha dotado de armas nucleares, Irán podría hacerlo… Oriente Próximo sigue siendo un polvorín…
El mundo ha pasado a ser multipolar. Varios grandes países -Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica- forjan alianzas al margen de las potencias tradicionales. En Suramérica, Bolivia, Ecuador y Venezuela exploran nuevas vías del socialismo. Hasta el recurso al G-20 con motivo de la crisis económica global confirma que los países ricos del Norte no pueden solventar en solitario los principales problemas mundiales.
La oportunidad histórica que constituía la caída del muro de Berlín se ha desperdiciado. El mundo de hoy no es mejor. La crisis climática hace pender sobre la humanidad un peligro mortal. Y la suma de las cuatro crisis actuales -alimentaria, energética, ecológica y económica- da miedo. Las desigualdades han aumentado. La muralla del dinero es más imponente que nunca: la fortuna de las quinientas personas más ricas es superior a la de los quinientos millones más pobres… El muro que separa el Norte y el Sur permanece intacto: la malnutrición, la pobreza, el analfabetismo y la situación sanitaria incluso se han deteriorado, particularmente en África. Por no hablar del muro tecnológico.
Además, se han levantado nuevos muros: como el edificado por Israel contra los palestinos; o el de Estados Unidos contra los emigrantes latinoamericanos; o los de Europa contra los africanos… ¿Cuándo decidiremos destruir de una vez para siempre todos esos muros de la vergüenza?
Notas:
(1) The New York Times , 26 de noviembre de 2006.
La prensa diaria se muere, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (nº 168 – octubre de 2009)
El siniestro es descomunal. Decenas de diarios están en quiebra. En Estados Unidos ya han cerrado no menos de ciento veinte. Y el tsunami golpea ahora a Europa. Ni siquiera se salvan los otrora “rotativos de referencia”: El País en España, Le Monde en Francia, The Times y The Independent en el Reino Unido, Corriere della Sera y La Repubblica en Italia, etc. Todos ellos acumulan fuertes pérdidas económicas, derrumbe de la difusión y hundimiento de la publicidad (1).
El prestigioso New York Times tuvo que solicitar la ayuda del millonario mexicano Carlos Slim; la empresa editora de The Chicago Tribune y Los Angeles Times , así como la Hearst Corporation, dueña del San Francisco Chronicle, han caído en bancarrota; News Corp, el poderoso grupo multimedia de Rupert Murdoch que publica Wall Street Journal , ha presentado pérdidas anuales de 2.500 millones de euros…
Para recortar gastos, muchas publicaciones están reduciendo su número de páginas; el Washington Post cerró su prestigioso suplemento literario Bookworld ; el Christian Science Monitor decidió suprimir su edición de papel y existir sólo en Internet; el Financial Times propone semanas de tres días a sus redactores y ha cercenado drásticamente su plantilla.
Los despidos son masivos. Desde enero de 2008 se han suprimido 21.000 empleos en los periódicos estadounidenses. En España, “entre junio de 2008 y abril de 2009, 2.221 periodistas han perdido su puesto de trabajo” (2).
La prensa escrita diaria de pago se halla al borde del precipicio y busca desesperadamente fórmulas para sobrevivir. Algunos analistas estiman obsoleto ese modo de información. Michael Wolf, de Newser , vaticina que el 80% de los rotativos norteamericanos desaparecerán (3). Más pesimista, Rupert Murdoch pronostica que, en el próximo decenio, todos los diarios dejarán de existir…
¿Qué es lo que agrava tan letalmente la vieja delicuescencia de la prensa escrita cotidiana? Un factor coyuntural: la crisis económica global que provoca una mengua de la publicidad y una restricción del crédito. Y que, en el momento más inoportuno, ha venido a acrecentar los males estructurales del sector: mercantilización de la información, adicción a la publicidad, pérdida de credibilidad, bajón de suscriptores, competencia de la prensa gratuita, envejecimiento de los lectores…
En América Latina se añaden a esto las necesarias reformas democráticas emprendidas por algunos Gobiernos (Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela) contra los “latifundios mediáticos” de grupos privados en situación de monopolio. Lo cual desencadena, contra esos Gobiernos y sus Presidentes, una sarta de calumnias difundidas por los despechados medios de comunicación dominantes y sus cómplices habituales (en España: el diario El País , que de paso carga contra el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero) (4).
La prensa diaria sigue practicando un modelo económico e industrial que no funciona. El recurso de construir grandes grupos multimedia internacionales, como se hizo en los años 1980 y 1990, ya no sirve frente a la proliferación de los nuevos modos de difusión de la información y del ocio, vía Internet o los teléfonos móviles (5).
Paradójicamente, nunca han tenido los diarios tanta audiencia como hoy. Con Internet, el número de lectores ha crecido de manera exponencial (6). Pero la articulación con la Red sigue siendo desdichada. Porque establece una injusticia al obligar al lector de kiosco, el que compra el diario, a subvencionar al lector de pantalla que lee gratuitamente la edición digital (más extensa y amena). Y porque la publicidad en la versión de la web no cunde, al ser mucho más barata que en la versión de papel (7). Pérdidas y ganancias no se equilibran.
Dando palos de ciego, los rotativos buscan desesperadamente fórmulas para afrontar el hipercambio, y sobrevivir. Siguiendo el ejemplo de iTunes, algunos piden micropagos a sus lectores para dejarles acceder en exclusiva a las informaciones on line (8). Rupert Murdoch decidió que, a partir de enero de 2010, exigirá pago por toda consulta del Wall Street Journal mediante cualquier tecnología, ya sean los teléfonos Blackberry o iPhone, Twitter o el lector electrónico Kindle. El buscador Google está pensando en una receta que le permita cobrar por toda lectura de cualquier diario digital, y revertir una fracción a la empresa editora.
Bastarán esos parches para salvar al enfermo terminal? Pocos lo creen ( léase artículo de Serge Halimi “El combate de Le Monde diplomatique” ). Porque a todo lo anterior se suma lo más preocupante: el desplome de la credibilidad. La obsesión actual de los diarios por la inmediatez les lleva a multiplicar los errores. La demagógica solicitud al “lector periodista” para que cuelgue en la web del periódico su blog , sus fotos o sus vídeos, incrementa el riesgo de difundir engaños. Y adoptar la defensa de la estrategia de la empresa como línea editorial (cosa que hacen hoy los diarios dominantes) conduce a imponer una lectura subjetiva, arbitraria y partidaria de la información.
Frente a los nuevos “pecados capitales” del periodismo, los ciudadanos se sienten vulnerados en sus derechos. Saben que disponer de información fiable y de calidad es más importante que nunca. Para ellos y para la democracia. Y se preguntan: ¿dónde buscar la verdad? Nuestros asiduos lectores conocen (una parte de) la respuesta: en la prensa realmente independiente y crítica; y, obviamente, en las páginas de Le Monde diplomatique en español.
Notas:
(1) Inés Hayes, “En quiebra los principales diarios del mundo”, América XXI, Caracas, abril de 2009.
(2) Según la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Madrid, 13 de abril de 2009.
(3) The Washington Post, 21 de abril de 2009.
(4) Sobre los ataques de El País contra Zapatero, léase Doreen Carvajal, “El País in Rare Break With Socialist Leader”, The New York Times, 13 de septiembre de 2009. Versión en español: www.internautas.org/ html/5722.html
(5) Luis Hernández Navarro, “La crisis de la prensa escrita”, La Jornada, México, 3 de marzo de 2009.
(6) Léase el informe: “Newspapers in Crisis”: www.emarketer.com/Reports/All/Emarketer_2000552.aspx
(7) En 2008, la audiencia del New York Times en Internet fue diez veces superior a la de su edición impresa, pero sus ganancias por publicidad en la Red fueron diez veces inferiores a las de la edición de papel.
(8) Léase: Gordon Crovitz, “El futuro de los diarios en Internet”, La Nación, Buenos Aires, 15 de agosto de 2009, y El País, Madrid, 11 de septiembre de 2009.
Mafias farmacéuticas, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (nº 167 – septiembre de 2009)
Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.
¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.
Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables (2).
El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del periodo de protección de la patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento. El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros (3); y una docena de empresas gigantes, entre ellas las llamadas ” Big Pharma ” -Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-, controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan mil en el mercado (4). Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a ganar miles de millones de euros más en los próximos meses gracias a las ventas masivas de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la nueva gripe (5).
Esas gigantescas masas de dinero otorgan a las ” Big Pharma ” una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para arruinar, mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus innumerables lobbies hostigan también permanentemente a la Oficina Europea de Patentes (OEP), cuya sede se halla en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el mercado a los genéricos. Asimismo lanzan campañas engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es que, según el reciente Informe publicado por la Comisión Europea, los ciudadanos han tenido que esperar, por término medio, siete meses más de lo normal para acceder a los genéricos, lo cual se ha traducido en los últimos cinco años en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000 millones de euros para los consumidores y en un 20% de aumento para los Sistemas Públicos de Salud.
La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las ” Big Pharma “. Desde que Honduras ingresó en el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), en agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar genéricos cubanos, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos hondureños. Además, en la Cumbre del 24 de junio pasado, los Presidentes del ALBA se comprometieron a “revisar la doctrina sobre la propiedad industrial”, o sea, la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último (6).
Asimismo, Barack Obama, deseoso de reformar el sistema de salud de Estados Unidos que deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PIB) y las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las ” Big Pharma “, a las grandes compañías de seguros y a todo el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes medios de comunicación más conservadores y en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria reforma del sistema de salud.
Es una batalla crucial. Y sería dramático que las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque redoblarían entonces los esfuerzos para atacar, en Europa y en el resto del mundo, el despliegue de los medicamentos genéricos y la esperanza de unos sistemas de salud menos costosos y más solidarios.
Notas:
(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/ pharmaceuticals/inquiry/index.html
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo padece el 10% de la población mundial.
(3) Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, “La mafia farmacéutica. Peor el remedio que la enfermedad”, 5 de marzo de 2007 (www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Léase, Ignacio Ramonet, “Los culpables de la gripe porcina”, Le Monde diplomatique en español , junio de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de junio de 2009.
Honduras, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Agosto 2009. Numero 166)
Con inmenso gozo (1) recibieron la noticia del golpe de Estado en Honduras, los grupos conservadores del mundo y sus propagandistas habituales (2). Aunque éstos criticaron retóricamente el golpe, avalaron y justificaron los argumentos de los golpistas, repitiendo que “el Presidente Manuel Zelaya había incurrido en múltiples violaciones de la Constitución al querer organizar un referéndum para mantenerse en el poder” (3).
Tales afirmaciones son falsas. El Presidente Zelaya no vulneró un sólo artículo de la Constitución (4). Ni organizó ningún referéndum. Ni deseaba prolongar su mandato que termina el 27 de enero de 2010. Su intención era organizar una consulta, no vinculante (es decir un simple sondeo o una encuesta de opinión), preguntándoles a los ciudadanos: “¿Está usted de acuerdo que, en las elecciones generales de noviembre de 2009, se instale una cuarta urna (5) para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?”. O sea, se trataba de una pregunta sobre la eventualidad de hacer otra pregunta. Ningún artículo de la Constitución de Honduras le prohibe al Presidente la posibilidad de consultar al pueblo soberano.
Es más, suponiendo que una mayoría de hondureños hubiese contestado positivamente a esa demanda, la “cuarta urna” sólo se hubiese instalado el 29 de noviembre de 2009, día de la elección presidencial, a la cual -en virtud de la Constitución vigente- Manuel Zelaya no puede de ningún modo presentarse.
Entonces, ¿por qué se dio el golpe? Porque Honduras sigue siendo la “propiedad” de una quincena de familias acaudaladas que lo controlan todo: poderes ejecutivo, legislativo y judicial, principales recursos económicos, jerarquía de la Iglesia católica, medios de comunicación de masas y fuerzas armadas. La mayoría de sus gobiernos han sido tan corruptos y tan sumisos a los intereses de las empresas extranjeras que, para designar a Honduras, el humorista estadounidense O. Henry acuñó el término “República bananera” (6). En 1929, queriendo explicar lo fácil que era comprar a un congresista, Samuel Zamurray, alias “Banana Sam”, presidente de la Cuyamel Fruit, empresa rival de la United Fruit, afirmó: “Un diputado en Honduras cuesta menos que una mula”. Al final de los años 1980, el Presidente José Azcona del Hoyo admitió el sometimiento de Honduras a la estrategia de Estados Unidos confesando: “Un país tan pequeño como Honduras no puede permitirse el lujo de tener dignidad”. Y un grupo de empresarios llegó a proponer que pasara a convertirse en un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, como Puerto Rico…
La relación económica con la gran potencia norteamericana es de dependencia casi absoluta; hacia allí va el 70% de sus exportaciones (plátanos, café y azúcar); y de allí llegan unos 3.000 millones de dólares que envían a sus familias 800.000 hondureños emigrados. Y el capital principal (40%) de las fábricas maquiladoras (de mano de obra barata) en zonas francas es estadounidense.
Hace 30 años, al vencer la revolución sandinista en Nicaragua, Washington decidió convertir Honduras en una suerte de portaaviones para combatir militarmente a las guerrillas revolucionarias en Guatemala y El Salvador, y apoyar a la “Contra” antisandinista. Una de las primeras medidas consistió en implantar una “democracia controlada” en Tegucigalpa. En 1980, hubo por primera vez “elecciones libres”; un año después fue elegido Roberto Suazo Córdova quien dio paso a una era siniestra de terror, “escuadrones de la muerte”, “desapariciones” y eliminación de activistas de izquierdas. En tales circunstancias se promulgó la Constitución de 1982, actualmente vigente.
Una Constitución redactada por los principales grupos económicos que desean mantener para siempre a su favor uno de los repartos de riqueza más inequitativos del mundo, con el 60% de los habitantes por debajo de la línea de pobreza y más de un tercio por debajo de la línea de pobreza extrema. Un país empobrecido, en el que la tasa de desempleo se sitúa en torno al 30%.
Eso es lo que ha querido transformar el Presidente Manuel Zelaya. Perteneciente a una de las grandes familias latifundistas de Honduras y miembro del Partido Liberal, el mandatario trató de reducir las desigualdades. Aumentó el salario mínimo un 50%; detuvo la privatización de empresas públicas (energía eléctrica, puertos, sistema de salud) y se pronunció a favor de una mayor participación ciudadana en las políticas públicas. Y esto, aun antes de acudir a Petrocaribe en 2007 y de integrar el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) en 2008.
La poderosa oligarquía se escandalizó y trató a Zelaya de “traidor a su clase”. Aunque él afirma: “Yo pensé hacer los cambios desde dentro del esquema neoliberal. Pero los ricos no ceden un penique. (…) Todo lo quieren para ellos. Entonces, lógicamente, para hacer cambios hay que incorporar al pueblo” (7).
El itinerario intelectual de Manuel Zelaya y su “conversión” a una concepción progresista de la sociedad son ejemplares. En el ejercicio del poder, constata que “el Estado burgués lo componen las elites económicas. Están en las cúpulas de los ejércitos, de los partidos, de los jueces; y ese Estado burgués se siente vulnerado cuando yo empiezo a proponer que el pueblo tenga voz y voto” (8). Y viene a descubrir esta idea revolucionaria: “La pobreza no se acabará hasta que las leyes no las hagan los pobres” (9).
Es mucho más de lo que pueden soportar los “dueños” de Honduras. Con el apoyo de viejos “halcones” estadounidenses -John Negroponte, Otto Reich- traman entonces el golpe del 28 de junio que ejecutan las Fuerzas Armadas. Todas las cancillerías del mundo lo han condenado. Porque la época de los “gorilas” ya ha acabado. Y ha llegado la hora de los pueblos.
Notas:
(1) “Con inmenso gozo” se titulaba el mensaje de Pío XII, el 16 de abril de 1939, en el que se congratulaba por la victoria de Franco en la Guerra Civil.
(2) Mario Vargas Llosa, “El golpe de las burlas”, El País, 12 de julio de 2009; y Álvaro Vargas Llosa, “Zelaya, el gran responsable del golpe”, CNN en español, 1 de julio de 2009.
(3) El País, 1 y 5 de julio de 2009.
(4) Francisco Palacios Romeo, “Argumentos de derecho constitucional primario para una oligarquía golpista primaria”, Rebelión, 3 de julio de 2009.
(5) En las elecciones generales se colocan tres urnas: la primera para designar al Presidente, la segunda a los diputados y la tercera a los alcaldes.
(6) En su novela Cabbages and Kings, 1904.
(7) El País, 28 de junio de 2009.
(8) Ibídem .
(9) Ibídem .
Obama, seis meses, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Julio 2009. Numero 165)
El próximo día 20, Barack Obama cumple sus primeros seis meses en la Casa Blanca. ¿Qué balance se puede establecer, al cabo de este periodo, del conjunto de su política?
Primera constatación: el nuevo Presidente no ha cometido ningún error grave. Lo cual es primordial si recordamos que John F. Kennedy, por ejemplo, en su primer semestre, se había dejado arrastrar, el 17 de abril de 1961, a la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba. Tampoco se ha visto Obama enfrentado a un acontecimiento violento imprevisto, cuando Ronald Reagan, el 30 de marzo de 1981, ya había sido herido en un atentado. Y a Bill Clinton, el 26 de febrero de 1993, o sea 38 días apenas después de su toma de posesión, le tocó afrontar la tragedia provocada por la explosión, en los sótanos del World Trade Center, en Nueva York, de un camión repleto de explosivos que mató a seis personas e hirió a más de mil.
Segunda anotación: la simpatía respecto a Barack Obama se mantiene a un nivel alto. A pesar de que Estados Unidos atraviesa la peor crisis de su historia desde la Gran Depresión de los años 1930, una mayoría de estadounidenses -más del 56%- aprueba su gestión. Y según el barómetro ” World Leaders “, Obama se ha convertido en el “dirigente más apreciado del planeta” (1) en términos de popularidad y de influencia.
Tercera observación: el nuevo Presidente ha cumplido sus principales promesas. Sin rechazar en absoluto la economía de mercado, ha vuelto a colocar al Estado en el corazón de la vida económica y social (como se pudo apreciar cuando quebró General Motors y el Estado decidió controlar el 72% del capital del nuevo grupo reestucturado). El plan de ayuda a los bancos alcanzó cerca del billón de dólares; el penal de Guantánamo se cerrará en enero de 2010 y los presos serán enviados a países de acogida o juzgados por tribunales estadounidenses; la tortura se ha prohibido; las tropas se retirarán de Irak antes de agosto de 2010; cuatro millones de niños pobres disponen ahora de un seguro de salud financiado por una tasa sobre el tabaco; nueve millones de propietarios de viviendas tienen por fin la posibilidad de renegociar sus hipotecas; la investigación médica sobre las células madre se ha autorizado; el financiamiento público de la planificación familiar se ha restablecido; y se ha lanzado un amplio programa para el desarrollo de energías renovables.
En oposición a la ideologización fanática de la diplomacia que practicó George W. Bush, Obama adopta una actitud de no-ideólogo pragmático. Su empeño principal: transmitir un sentimiento de confianza; el de un hombre que mantiene su serenidad a pesar de las presiones y que no se deja desestabilizar. No ha dudado en multiplicar, en diversos frentes diplomáticos, los gestos de conciliación y de apertura; aunque también a veces -contra los piratas de Somalia- de firmeza. Empeñándose siempre en rehabilitar la credibilidad de Estados Unidos y en recuperar la confianza internacional.
Orador fuera de serie, Obama ha ido marcando su amplio programa diplomático con discursos y declaraciones importantes. Por ejemplo, en abril pasado, en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, cuando admitió que la política de Washington durante 50 años contra Cuba “no funcionó”. Propuso una “nueva era” en las relaciones con Suramérica; mantuvo entrevistas cordiales con los mandatarios de los nuevos países progresistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay). Contrariamente a una larga tradición de intervencionismo estadounidense en Centroamérica, Obama condenó, el 28 de junio pasado, el golpe de Estado militar en Honduras contra el Presidente legítimo, Manuel Zelaya.
Frente a los enrevesados problemas de Oriente Próximo, Barack Obama ha confirmado la prioridad que él le confiere a la compleja guerra de Afganistán. Ha aumentado allí el número de efectivos; y ha alcanzado una importante victoria diplomática al conseguir que Pakistán combatiera por fin a los talibanes y Al Qaeda en su propio territorio, en particular en el valle de Swat.
Sobre la cuestión nuclear en Irán, ha tendido la mano a Teherán y propone negociar directamente con las autoridades iraníes. A pesar de las acusaciones de fraude en la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad el 12 de junio pasado, Obama ha mantenido su política de apertura hacia la Revolución islámica.
A propósito del asunto más intrincado, el israelo-palestino, las cosas se han complicado después de la formación, en Israel, de un Ejecutivo con elementos de extrema derecha, dirigido por el ultraconservador Benyamín Netanyahu. Este Gobierno cometió el error de rechazar, en un primer momento, la teoría de los dos Estados (palestino e israelí) (2), lo que Barack Obama sancionó poniendo fin al apoyo incondicional de Washington a Israel. Es un cambio transcendental.
Por otra parte, en su importante discurso del 4 de junio en El Cairo, el mandatario estadounidense quiso restablecer el contacto con el mundo musulmán. Y romper así también con la política de su predecesor, no tanto sobre la “cuestión árabe” sino más bien sobre la “cuestión israelí”, lo que, en el contexto de esta región, es idéntico en el fondo pero causa un impacto muy diferente en la forma. Después de recordar los lazos “indestructibles” que unen Estados Unidos e Israel, Obama ha repetido su apego a la solución de los dos Estados para acabar con el conflicto israelo-palestino. Y le ha exigido claramente al Gobierno de Benyamín Netanyahu que cese toda nueva intalación de colonias. Cosa que éste, presionado por sus aliados ultras, no acepta. En consecuencia, y a pesar de sus grandes dotes de conciliador, Obama no podrá evitar un choque contra el Gobierno extremista de Israel.
No todo ha sido exitoso o perfecto en estos primeros seis meses, pero el nuevo Presidente ha dado muestras de iniciativas imprevistas. Se ha colocado del lado del movimiento, del cambio, del deseo de justicia; y ha dado la impresión de querer dirigir a su país hacia la defensa de un Estado de derecho planetario. Podría tratarse de un cambio copernicano. Los oponentes habituales de Estados Unidos van a tener que moderar sus “automatismos críticos” contra Washington (hasta ahora casi siempre justificados). Y empezar a admitir que algo estaría cambiando, para bien, con Barack Obama.
Notas:
(1) The International Herald Tribune , París, 29 de mayo de 2009.
(2) Benyamín Netanyahu, en su discurso de la Universidad Bar-Ilán, el 15 de junio pasado, acabó por aceptar la creación de un Estado palestino, pero con muchas condiciones difícilmente aceptables por los palestinos, entre ellas, la de que sea un Estado desmilitarizado y que reconozca a Israel como “Estado del pueblo judío”.
