Reggio’s

¡Albricias! Parece que, al fin, han caído las máscaras, se han aventado las cortinas de humo y la realidad empieza a aparecer en toda su cruda desnudez. Desvelando lo que era un secreto a voces, ya se explica negro sobre blanco que las más altas instancias del poder judicial español llevan lustros siendo objeto de una concienzuda lottizzazione político-partidista. Ya se habla sin ambages de “mercadeo de votos” o de “pasteleo” entre “progresistas” y “conservadores” en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Ya se explica con toda naturalidad que, para hacer carrera en los estratos superiores de la judicatura, es preciso circular con el carnet en la boca; con el carnet de la pertinente asociación de jueces, que oculta apenas la afinidad con uno u otro de los dos grandes partidos estatales.

Como saben, el desencadenante de tales revelaciones ha sido la admisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, de tres querellas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, querellas que albergan el palmario propósito de poner fin a la trayectoria judicial del polémico y pugnaz magistrado. Contra esas intenciones se han movilizado prestigiosos juristas de los cinco continentes; y se han sacado a la luz viejos rencores personales de algún miembro del Consejo General hacia Garzón; y se ha radiografiado la tendencia política y la fecha de nombramiento de los 15 magistrados que componen la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo; y se han publicado sentidas cartas de lectores que denuncian la “persecución”, la “crucifixión” de que está siendo objeto el juez Garzón. La tesis de fondo de todas estas reacciones es una, y bastante inobjetable: existe entre los querellantes (el montaje ultraderechista Manos Limpias, el partido Falange Española y de las JONS…), y también entre la mayoría de los miembros de la sala que deberá juzgarle, una manifiesta hostilidad ideológica contra Baltasar Garzón. O, como titulaba este mismo diario el pasado domingo, el futuro del hombre que veía amanecer “está en manos de jueces conservadores”.

Entretanto, el pobre Estatuto catalán de 2006 lleva ya tres años y medio en el “corredor de la muerte” del Tribunal Constitucional, a la espera de la ejecución, o del indulto, o de una reducción de pena. Pero todavía no ha aparecido ningún titular que diga: “El Estatuto de Cataluña, en manos de jueces españolistas”. Los paladines mediáticos de Garzón han hecho muy bien en subrayar que, entre los magistrados prestos a verle en el banquillo de la Sala Segunda del Supremo, el ponente que firmó la admisión de la querella de Manos Limpias es Adolfo Prego de Oliver, presentador de libros de Pío Moa y “patrono de honor” de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), un lobby ultraespañolista creado en 2006 que denuncia la “pasividad ante el separatismo catalán” y propone reformar la Constitución para liquidar el Estado autonómico. Y bien, aunque más discretos en sus compromisos públicos, ¿no presentan varios de los magistrados del Constitucional un perfil socioideológico parecido al de don Adolfo Prego, un perfil absolutamente sesgado que debería invalidarles para juzgar de modo imparcial el Estatuto catalán?

Si ver al partido del yugo y las flechas querellarse contra el juez que quiso investigar los crímenes del franquismo da grima y descalifica moralmente todo el procedimiento, ¿no debería provocar el mismo efecto ver al PP tratando de ganar, con su recurso de inconstitucionalidad, la batalla contra el Estatuto que perdió repetidamente en las urnas tanto catalanas como españolas? Si, como opinan muchos, la querella de Falange contra Garzón debiera haber sido rechazada, ¿no cabe decir lo mismo y por idénticos motivos del recurso antiestatutario del PP? ¿Por qué, entonces, sólo Santiago Carrillo denuncia sin tapujos la falta de neutralidad del Constitucional? ¿Por qué, en España, Garzón tiene tantos defensores, y el Estatuto tan pocos?

Parafraseando al presidente Montilla, queremos mucho a Garzón, pero todavía queremos más al Estatuto. Aunque sólo fuese porque, ingenuos, casi dos millones de nosotros lo votamos.

El cuadro era tan perfecto, que casi parecía una puesta en escena: tras pronunciar en la Universidad de Oviedo una conferencia durante la cual había denunciado la “carencia de convicciones” de su sucesor, Rodríguez Zapatero, alias “el jefe de los pirómanos”, el ex presidente José María Aznar, con ademán altivo y bien arropado por sus escoltas, respondió haciendo una higa -así se llama en castellano clásico- al grupo de estudiantes que llevaban toda la sesión insultándole y abucheándole. Inmediatamente, esa mitad de la opinión publicada que tiene en Aznar -et pour cause- a su bestia negra favorita se lanzó a repudiar el “gesto soez”, “grosero”, “obsceno”, “ofensivo”, “despectivo” o “maleducado” del político conservador. Y el otro hemisferio político-periodístico, aunque con alguna incomodidad, ha procurado justificarlo o disculparlo.

Por mi parte, quisiera desplazar el foco del análisis desde el dedo de Aznar hasta quienes boicotearon su comparecencia. A punto de cumplir cuatro décadas de permanencia en ella, no soy de los ingenuos que conciben la Universidad como un santuario del saber donde todas las ideas gozan del respeto más escrupuloso, la libertad de expresión es absoluta y el debate alcanza los niveles de la Academia de Atenas. Con todo, me resisto a aceptar que, en el ámbito universitario, la libertad de expresión sea menor, esté más amenazada que en el salón de un hotel, en un ateneo o en un centro cívico de barrio. Y, sin embargo, tal es la situación real hoy por hoy.

Hace años, en efecto, que las autoridades académicas tiemblan cada vez que se anuncia la visita a una facultad de algún político. Si éste se halla situado en el lado derecho del espectro ideológico, el riesgo de incidentes se multiplica; pero figuras tan dispares como Felipe González, Jordi Pujol, Alberto Ruiz-Gallardón, Josep Piqué y, ayer mismo en Bellaterra, el ex lehendakari Juan José Ibarretxe, han sido objeto de boicoteos e insultos. Y lo peor, a mi juicio, es que esas violaciones flagrantes de la libertad de expresión no suelen concitar el repudio social y mediático que merecerían en otro contexto. Cuando los hechos suceden en un campus catalán, vasco o gallego, la opinión españolista los atribuye al natural intolerante de los separatistas, y la otra piensa que ciertos políticos andan provocando. Si quien promueve los incidentes es un grupo de extrema derecha, casi todo el mundo concluye que, con los fachas, ya se sabe… Y cuando, como en Oviedo la semana pasada, los boicoteadores invocan el ¡No a la guerra! y otros lemas presuntamente de izquierdas, ¡ah, entonces el progresismo les ríe las gracias y concluye que, después de todo, Aznar se lo tiene bien merecido!

Pues lo siento, pero discrepo, y no precisamente desde la afinidad o la simpatía hacia el ex líder del PP. Las responsabilidades políticas de José María Aznar fueron juzgadas por el cuerpo electoral en marzo de 2004, sin otra apelación posible que los futuros libros de historia. En todo caso, su polémica gestión gubernamental lo fue con plena legitimidad democrática y el apoyo de millones de votos. Y bien, ¿qué legitimidad, cuántos votos respaldan a las dos docenas de estudiantes “asamblearios” -un eufemismo para no admitir que sólo se representan a sí mismos- que el otro día, en la capital asturiana, lo llamaron “criminal de guerra”, “asesino”, “fascista”, “nazi”, “terrorista”, etcétera? ¿Qué legitimidad tendrán los que, la próxima vez, profieran insultos contra Rodríguez Zapatero o Patxi López o…?

No puede ser que la presencia de un político en la Universidad tenga que guardarse en secreto hasta la víspera, para minimizar riesgos. No puede ser que los alborotadores queden impunes, porque, al parecer, el despliegue de policía uniformada en los campus viola un tabú sacrosanto. No puede ser que ínfimas minorías radicalizadas decidan quién puede hablar en paz y quién no en unas aulas que son de todos. Si, como sociedad, no somos capaces de convenir en eso, negro futuro nos aguarda.

En este país ha habido gentes que se pasaron casi dos décadas atribuyendo las sucesivas victorias electorales de Jordi Pujol al control presuntamente omnímodo que éste ejercía sobre los medios de comunicación de la Generalitat. No a los aciertos y las habilidades del líder convergente, ni a los errores o flaquezas de la oposición, sino sobre todo a la labor adoctrinadora de Catalunya Ràdio y TV-3 bajo la férula nacionalista. Ahora, las mismas o parecidas voces sostienen que, si el tripartito de José Montilla sufre problemas de imagen, si le cuesta tanto levantar el vuelo, si las encuestas de intención de voto le son poco propicias, es porque no controla con mano de hierro aquellos mismos medios. Las turbulencias entre los partidos coligados, el haber puesto alguna consejería crucial en las manos equivocadas, la imposibilidad -gracias al Tribunal Constitucional- de soslayar durante esta legislatura los debates identitarios, el hecho de que la crisis económica se esté llevando por delante las ganancias de la nueva financiación…, todo esto no tiene mayor importancia. La clave de las dificultades del tripartito, y en particular del PSC, reside en que la radiotelevisión pública catalana va por libre, convertida al parecer en una máquina de guerra independentista.

De entrada, resulta chocante que, si el supuesto control de Pujol era un abuso, la presunta falta de control de Montilla sea una muestra de debilidad o de candor. Pero, contradicciones al margen, la teoría que he resumido en el párrafo precedente sólo tendría fundamento si viviésemos bajo las condiciones imaginadas por George Orwell en su novela 1984, o bien en la Corea del Norte de la dinastía Kim, donde los receptores de radio carecen de dial, porque salen ya de fábrica con la única emisora existente sintonizada. Por fortuna, no nos hallamos en ninguno de tales escenarios, ni siquiera en la inminente Venezuela en la que Hugo Chávez podrá interrumpir cualquier emisión, a cualquier hora, para endilgar sus soflamas antiimperialistas. Lo que quiero decir es que, pese a su trabajado liderazgo, ni TV-3 ni Catalunya Ràdio ha poseído jamás el monopolio, tampoco la hegemonía, sobre el consumo radiotelevisivo catalán, menos aún en estos últimos años de audiencias cada vez más segmentadas. Aquellos programas de contenido informativo o político que, en prime time, siegan supuestamente la hierba bajo los pies del tripartito los ve poco más del 10% de la población, tal vez el 20% del electorado. ¿Dónde se forma el 80% restante su opinión sobre los éxitos y los fracasos del Gobierno de Montilla?

Luego, dentro de la obsesión hiperbólica de algunos analistas por el papel de la radiotelevisión de la Generalitat, descuella la fijación con el programa Polònia. Comprendo y respeto que haya a quien le incomode ver caricaturizado cada semana al presidente de Generalitat como un tipo no muy listo que destroza el catalán. Pero sería justo añadir que, junto a él, el líder de la oposición es un idiota engreído y macarra, y su número dos un envidioso rival hambriento de ser ministro, y los jefes del independentismo gubernamental una mezcla explosiva de bobería y ambición fratricida, y el Rey un frescales, y… Es lo propio de la sátira política en las democracias consolidadas, y no hay noticia de que programas de este tipo le hayan hecho perder a nadie unas elecciones jamás.

No, los problemas del tripartito no están en el espejo que los refleja, ni siquiera en el que los deforma; están, según acaba de verse, en la realidad: en su arquitectura interna, en las contradicciones del PSC y en ciertos déficit de gestión. A no ser, claro, que Ernest Maragall y Antoni Castells formen parte también de la costra nacionalista-mediática que es preciso arrancar. De momento el máximo especialista en costras, Joan Ferran, ya los ha tachado de “megalómanos y ciclotímicos”. En otros círculos afines al aparato se los llama, despectivamente, “el clan de los eruditos”.

Un golpe de suerte, un regalo del cielo: esto ha sido para muchos la iniciativa del Ayuntamiento de Vic de cuestionar el empadronamiento automático de los inmigrantes irregulares y poner de relieve las contradicciones entre la Ley de Extranjería y la de Bases de Régimen Local. ¡Menuda oportunidad gratuita para acreditarse como progresistas, cosmopolitas, humanistas y paladines de los derechos del débil! Al conjuro de esta ganga se ha librado, durante las últimas semanas, una dura competencia por ver quién condenaba con mayor énfasis y dureza al equipo de gobierno vicense y a la sociedad que lo apoya.

Toda clase de enviados especiales han escrutado por calles y bares para, a falta del menor brote conflictivo, medir la frialdad de las miradas o la intensidad de los silencios del vecindario autóctono hacia los foráneos. Periódicos que envenenan día a día la relación Cataluña-España han vinculado la postura del Consistorio de Vic con la consulta independentista del pasado diciembre, para confirmar así el carácter intrínsecamente reaccionario del nacionalismo catalán. La dirección estatal del Partido Popular instó rauda a los municipios a empadronar sin distinciones…, fingiendo ignorar lo que ocurría en Torrejón de Ardoz, o lo que dice y promete desde hace un lustro su líder en Badalona, Xavier García Albiol. Incluso la Generalitat valenciana -sí, la que preside Francisco Camps- cazó al vuelo la ocasión de darse un barniz de respetabilidad, e hizo público un comunicado de reproche y rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Vic, como si Valencia tuviera en ello alguna jurisdicción.

Gentes que no han pisado jamás Vic ni sabrían situar la ciudad en el mapa, personas que lo ignoran todo sobre el trabajo de integración escolar y social desarrollado en la capital de Osona durante la última década -pienso en el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y en el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra- han tenido la desfachatez de comparar la situación allí con la Alemania nazi, y de imputar a aquel Consistorio “posiciones ultras y xenófobas” y el deseo de “institucionalizar el odio”. En su estela, desde el ilustre -pero, esta vez, poco reflexivo- Colegio de Abogados de Barcelona hasta una tropilla de profesionales del antirracismo se lanzaron en tromba -en tromba preventiva- a verter acusaciones de “discriminación”, “xenofobia” y “criminalización” del inmigrante, como si el alcalde Vila d’Abadal hubiese propuesto establecer el apartheid. Y el broche de oro: Rodríguez Zapatero en Estrasburgo, haciéndose el matasiete del progresismo europeo para proclamar: “el país que presido no va a consentir que, por un truco de un Ayuntamiento, haya seres humanos sin asistencia sanitaria o sin derecho a asistir a la escuela”. Conmovedor; pero entonces, ¿por qué no aprovecha la presidencia de la UE para promover una nueva regularización masiva? ¿Tal vez porque no quiere arruinar sus ya malas perspectivas electorales?

Bien, a fecha de hoy, la polémica está cerrada: como el macho cabrío de los antiguos hebreos, Vic ha cargado simbólicamente con las tensiones, los miedos, los problemas reales que suscita la inmigración a gran escala; y los demás hemos quedado en paz con nuestra buena conciencia de antirracistas y tolerantes a tope…, siempre que los inmigrantes permanezcan algo alejados de nosotros. El Gobierno catalán lanza la consigna de “no hacer un uso electoral de la inmigración”, lo cual, cuando vivimos en campaña permanente, equivale a proponer la ley del silencio, a querer amordazar un debate cada día más necesario. Entretanto, el ex alcalde de Roma y otrora gran esperanza de la izquierda italiana, Francesco Rutelli, advierte de que el multiculturalismo “es un callejón sin salida”, y el probable próximo premier británico, David Cameron, plantea un frenazo drástico a la inmigración. Pero, claro, tanto Rutelli como Cameron deben de ser unos despreciables xenófobos, prácticamente unos nazis…

La interminable demora de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán está dando pie a toda clase de rumores, filtraciones, maniobras, gestos, especulaciones y fuegos artificiales, ninguno de los cuales es neutral en el pleito que se dirime. Ya me disculparán, pues, si por mi parte contribuyo también a entretener la espera con algunas reflexiones -que tampoco van a ser inocentes- a propósito del alto tribunal y de sus presuntas deliberaciones.

Se supone que los 10 magistrados competentes para decidir sobre el Estatuto están divididos entre cinco “conservadores” y cinco “progresistas”. Ahora bien, si hemos de tomarnos en serio (y yo lo hago) las últimas pistas apuntadas por este diario a principios de mes sobre hacia dónde avanza el debate de dichos magistrados, deberemos concluir que esa distinción entre progresistas y conservadores tal vez sea válida a propósito de la actitud de unos y otros ante la ley de ampliación del derecho al aborto o ante la legalización del matrimonio homosexual, pero no en lo que se refiere a su concepto de España y a su interpretación del marco constitucional.

Según revelaba EL PAÍS, los magistrados de marras parecen estar esbozando un principio de acuerdo alrededor de la tesis de que, aquí, no hay más nación que España; por consiguiente, ni Cataluña es una nación, ni puede tener símbolos nacionales. Es la doctrina que ha sostenido siempre la derecha española, mientras buena parte de la izquierda tal vez lo compartiese en su fuero interno, pero disimulaba hablando de federalismo, de “nación de naciones”, de una España “plural”… Bien, pues entre los magistrados supuestamente afines a esta izquierda se han acabado los disimulos, o se ha impuesto la transversalidad españolista.

En Cataluña, el aserto de que la única nación es España ha tenido, ciertamente, sus paladines: los líderes estatales de Alianza Popular-Partido Popular, desde Fraga a Rajoy, llevan más de tres décadas proclamándolo durante sus visitas de propaganda, y los líderes locales de la misma sigla lo han repetido también, siquiera con la boca pequeña. Todavía recuerdo al bueno de Daniel Sirera afirmar, a principios de su breve mandato, que el 11 de septiembre no era ninguna Diada Nacional, sino sólo la fiesta de una comunidad autónoma… Ahora bien, ¿es consciente el Constitucional de que sentenciar en este sentido supondría identificarse con el 15% del espectro político catalán, frente al rechazo del 85% restante?

He aludido más arriba al aborto y al matrimonio homosexual. ¿Recuerdan sus señorías cuál era en España el concepto jurídico y social de familia, en el momento de redactarse la Constitución de 1978? Una unión indisoluble entre hombre y mujer bendecida por la Iglesia, con el adulterio y -por supuesto- la interrupción voluntaria del embarazo todavía en el Código Penal… A lo largo de estos 31 años largos se legalizaron el matrimonio civil y el divorcio; se despenalizó el aborto y luego se ha liberalizado casi por completo; se reconocieron las uniones de hecho y, por último, se ha dado a dos hombres o dos mujeres el derecho a casarse e incluso a adoptar. O sea que, en materias cruciales para el núcleo mismo de la vida en sociedad, la revolución operada ha sido colosal; no del gusto de todo el mundo, pero colosal. Y la Constitución se ha mostrado perfectamente adaptable a tales mutaciones. En cambio, los señores magistrados sostienen que esa misma Constitución es de una rigidez férrea en lo relativo a qué es una nación y cuáles son sus atributos competenciales o simbólicos. Y uno de ellos, Manuel Aragón Reyes, afirma sin pestañear: “un Estado plurinacional”, o sea “un Estado compuesto por entidades soberanas” es “un imposible”. ¡Qué curioso contraste!

Claro que si, mientras que Javier Arenas (PP) llama “inconstitucional” a Montilla, Alfonso Guerra (PSOE) lo tilda de extraterrestre y Rosa Díez (UPyD) de “batasuno”, entonces quizá ya no cabe sorprenderse de nada.

Las relaciones actuales entre España y Marruecos se hallan inevitablemente condicionadas por la historia y por la geografía. Durante un siglo (de 1859 a 1956) Marruecos fue el modesto Oriente colonial español, el lugar donde los militares buscaban gloria y ascensos rápidos, los pintores exotismo y color local, y el discurso oficial situaba a un enemigo tópico y caricaturizable (el moro artero y cruel) sobre el cual ejercer de potencia civilizadora. Tras el súbito fin del protectorado (”nadie podía pensar que iba yo a formar parte de un Gobierno que concediera a Marruecos su independencia; para los de mi generación era esto muy duro y se me ha hecho muy cuesta arriba”, confiesa en 1956 el conde de Vallellano, a la sazón ministro de Obras Públicas de Franco), una serie de flecos tardocoloniales (Ifni, Cabo Juby, finalmente el Sáhara Occidental) enrarecieron durante dos décadas más los vínculos hispano-marroquíes.

Con posterioridad, la existencia de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como de otros enclaves todavía más anacrónicos (las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera…), todos ellos pasto del irredentismo marroquí, el fenómeno de la inmigración y, por último, la amenaza del terrorismo islamista, han dado a las relaciones entre Madrid y Rabat un carácter decididamente malsano: una turbia mezcla entre declaraciones de amor (los monarcas respectivos hasta se califican de “primos” o de “tío y sobrino”) y crudos chantajes. Chantajes que se hacen sentir en las mezquitas o las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta, en el número de pateras que zarpan de las playas del país magrebí con rumbo a las nuestras, en la mayor o menor colaboración entre los servicios antiterroristas… Sin esos chantajes -seamos más diplomáticos: sin esa capacidad de presión marroquí-, ¿cómo entender la pasividad de España ante el litigio del Sáhara Occidental? De España, que estos días comparece ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para argumentar contra la independencia de Kosovo, porque ésta no ha sido avalada por la ONU. ¿Y cuándo ha reconocido la ONU la anexión marroquí del Sáhara, sin que Madrid diga ni pío?

Tal es el contexto, tales los antecedentes del caso de Aminetu Haidar. Errarían quienes creyesen que el Gobierno español, que España como Estado, está siendo, en esta dramática crisis, la víctima inocente de una astuta maniobra marroquí o de una maquiavélica jugada del Polisario. Sucede más bien que, con la involuntaria llegada de la activista saharaui a Lanzarote, a España se le ha presentado a cobro una vieja factura pendiente: la del ignominioso abandono en que dejó a los habitantes del Sáhara Occidental en 1975-76.

Repitámoslo una vez más: su desgracia fue el precio de nuestra suerte. Si, pese a todos los escollos, la transición democrática española salió medio bien, fue por haber logrado esquivar el riesgo real de una guerra con Marruecos en el instante mismo de la muerte del dictador Franco. ¿Cómo habría quedado la entonces frágil popularidad de Juan Carlos I si su reinado llega a nacer ensangrentado en las arenas del Sáhara? ¿Cuál habría podido ser la actitud de los militares españoles de haber salido vencidos y humillados de un choque con la Marcha Verde de Hasán II y con el ejército marroquí que la flanqueaba? ¿Y si hubiesen resultado vencedores, con reverdecidas ínfulas de salvadores de la patria? El modo de evitar esos escenarios fue entregar a los saharauis a la voracidad del expansionismo marroquí, una operación ejecutada por lo peorcito del establishment franquista mientras su caudillo agonizaba en La Paz, pero que todos los gobiernos democráticos posteriores han dado por buena o por irremediable.

No, ya sé que no es posible revertir de un plumazo lo sucedido desde 1975. Se trata sólo de saber si la realpolitik diplomática es compatible con algunas dosis de ética y con un cierto sentido de la responsabilidad histórica.

Del editorial conjunto que publicaron el pasado 26 de noviembre una docena de diarios catalanes, al parecer lo que más ha escandalizado a sus detractores es (cito de algunas de las reacciones hostiles) “la unanimidad sospechosa”, “la aceptación acrítica” de un mismo texto por parte de cabeceras muy distintas, “la insólita uniformidad y el pensamiento único”.

Para explicar tan inaudita coincidencia, dos son las teorías puestas rápidamente en circulación: aquella según la cual los “medios de comunicación catalanes están secuestrados por el poder político a través de subvenciones” (Alejo Vidal-Quadras) y la que describe el editorial como “una de las recreaciones del franquismo más perfectas que he visto” (Albert Boadella); algo bien propio, en suma, de “los nazis catalanes” (Federico Jiménez Losantos). O sea, los 12 diarios de marras y los demás medios que, con posterioridad, se sumaron a la iniciativa, o están en manos de estómagos agradecidos y serviles o de fascistas redomados.

Y bien, si el gran problema, si la piedra de escándalo es la unanimidad, hablemos de unanimidades. Entre aquellos que, desde la política o desde el columnismo, dentro o fuera de Cataluña, han arremetido contra el ya famoso editorial y contra la defensa del Estatuto que aquél conlleva, podemos encontrar a monárquicos ansonianos entre republicanos a la violeta, a abortistas mezclados con antiabortistas, a bufones iconoclastas en medio de acrisolados meapilas. Aplicando el zoom a un rincón muy concreto del espectro político, vemos que confluyen en el rechazo del texto La dignidad de Cataluña quienes impulsaron Ciutadans-Partido de la Ciudadanía pero hace tiempo que han renegado de su criatura, al lado de quien fue el Pigmalión de Albert Rivera y sigue avalándole. Por cierto que el señor Rivera, en nombre de Ciutadans, ha convocado para el próximo 13 de diciembre, en el centro de Barcelona, una manifestación contra las consultas soberanistas de esa jornada, y el mismo día, en la misma zona y con idéntico propósito lo ha hecho también Alternativa Española, la formación de extrema derecha presidida aún por Blas Piñar.

¿Acaso no es “sospechosa” la coincidencia entre los integristas ultracatólicos nostálgicos de Franco y el candidato desnudo de los carteles de 2006?

Fijémonos ahora en los cuatro o cinco diarios madrileños que, a lo largo de la última semana, han rivalizado en ruido y furia a la hora de descalificar el editorial catalán. No es sólo que varios de ellos muestren hacia el liderazgo de Mariano Rajoy un apoyo sin fisuras, mientras otro se dedica a menospreciarlo y cuestionarlo todos los días. No es sólo que, en fechas nada lejanas, las rivalidades entre algunos de esos medios hayan tenido incluso proyección en los tribunales. Se da, además, la paradoja de que dos de dichas cabeceras editorializan que “ni Cataluña tiene dignidad ni España, honor. La tienen y lo tienen los catalanes y los demás españoles de uno en uno”, pues esto de la dignidad colectiva es “un concepto medieval”, cuando otro diario, a lo largo de su historia centenaria, ha invocado miles de veces el “honor” y la “dignidad” de España, verbigracia a cuenta del islote de Peregil o incluso a propósito de una boya vagamente rojigualda tiroteada por los británicos en aguas de Gibraltar. Sin embargo, ninguna de estas contradicciones, ni siquiera los incontables favores que algunos de los grupos mediáticos implicados han recibido de la Comunidad de Madrid, nada de eso ha impedido a tales diarios hacerse las vestales de la independencia periodística y cerrar filas en el desprecio y la condena (”falsedades”, “disparates”, “patrañas”, “martingala”, “estupidez”, “furor identitario”, “argumentos rancios”) del editorial común del día 26.

Lo que no resulta admisible es que la unanimidad de unos sea un espontáneo reflejo patriótico, un sano impulso transversal en defensa de España, mientras que la unanimidad de los otros se explica por “la genuflexión de los medios catalanes” conchabados con el poder.

Acaba de llegar a las librerías, con el sello de RBA, la recopilación de discursos y artículos de Pasqual Maragall titulada Espíritu federal. Escritos políticos, donde el ex alcalde de Barcelona y ex presidente de la Generalitat desarrolla sus conocidas tesis acerca de la constitución territorial de España y de la estructura jurídica que debería reflejarla: una España pluriidentitaria en la igualdad, un marco constitucional capaz de evolucionar hacia el federalismo sin ambages y, dentro de él, “el reconocimiento de la nación catalana por parte del Estado español”; aquel reconocimiento que, en uno de sus últimos discursos presidenciales, el 15 de septiembre de 2006, Maragall daba por hecho y “bien sellado” gracias al nuevo Estatuto.

Simultáneamente a la aparición del libro, y como si la realidad quisiera ensañarse en subrayar el fracaso de los nobles propósitos maragallianos, se acumulan sobre la escena política española los síntomas de alergia hacia cualquier veleidad federalista; más aún, los indicios de que vuelve por sus fueros no ya el nacional-españolismo derechista tradicional -ése no necesita regresar, porque nunca se marchó-, sino la creencia seudoprogresista de que sólo un poder central fuerte e incuestionado, sólo un férreo uniformismo normativo y competencial garantizan la libertad y la igualdad de los españoles, la eficacia y la honradez de la Administración pública. En suma: arrumbadas las vaguedades zapateriles de la “España plural”, está de moda otra vez el jacobinismo.

Al afirmarlo, no pienso sólo ni principalmente en las filtraciones sobre la sentencia del Estatuto, aunque también. ¿Cómo pueden ser inconstitucionales ciertas afirmaciones -que Cataluña es una nación, que posee instituciones y símbolos nacionales…- asumidas desde hace cien años por el mainstream social y político catalán? ¿Qué es entonces la Carta Magna de 1978? ¿Un marco flexible al servicio de la convivencia o un fetiche, un ídolo cruel al que es preciso sacrificar la realidad e incluso esa misma convivencia?

Pero la ofensiva neojacobina aparece más clara en muchos otros planos.

Estalla el caso Pretoria y acto seguido hay quien afirma que, de no ser por la benemérita Audiencia Nacional, el escándalo jamás se habría destapado, porque sólo los jueces con jurisdicción estatal son eficaces y expeditivos. Aflora el vidrioso asunto de las recalificaciones de terrenos en diversos municipios, y el ex ministro socialista -y valenciano- Jordi Sevilla dice que, para evitar la corrupción, habría que devolver a la Administración central las competencias sobre urbanismo, porque ayuntamientos y comunidades son demasiado vulnerables a presiones y sobornos. Pocos días antes, el secretario general de Comisiones Obreras de España, Ignacio Fernández Toxo, había sugerido exactamente lo mismo con el mismo argumento…

El pasado fin de semana tuvo lugar en Madrid el primer congreso de Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que plasma y refleja como nadie esa rampante pulsión jacobina, esa mezcla de izquierdismo presunto y unitarismo probado. ¿Y cuáles son los puntos fuertes de su programa? Pues arrebatar a las comunidades autónomas las competencias sobre educación para devolvérselas al poder central, suprimir de la Constitución el concepto “nacionalidades”, eliminar el respeto y la protección a las lenguas distintas del castellano -eso es “retrógrado”, afirman los de Rosa Díez- así como cualquier referencia a derechos colectivos. Con tales ideas, la intención de voto a UPyD se mueve al alza.

A juicio, pues, de un número creciente de españoles, debe volver el Estado en posesión de todos sus atributos (viriles), el Estado justiciero y redentor, el Estado macho capaz de poner coto a esas veleidosas autonomías donde se incrustan el localismo y la reacción, de tener en un puño a esos ayuntamientos frágiles frente a la corrupción y el caciquismo.

Decididamente, no son los mejores tiempos para el espíritu federal.

Concebida como un espectacular alarde de modernidad tecnológica -10.000 metros de superficie, 3.000 participantes, “más de 50 plasmas y 32 metros cuadrados de pantallas leds de última generación, más de 350.000 vatios de luz y 50.000 de sonido”, según rezaba la nota de prensa-, la convención barcelonesa del Partido Popular, el pasado fin de semana, dio cabida a múltiples debates (sobre educación, deporte de élite, cambio climático, inmigración, valores, etcétera) tan distendidos en su puesta en escena como hipocalóricos en su contenido ideológico. Esta vez, no se trataba de impartir doctrina hard (baste decir que a Vidal-Quadras se le adscribió a un foro sobre los problemas de la investigación científica…), sino de atraer la atención de los medios hacia dos mensajes de desigual importancia: ante todo, la ratificación y el reforzamiento del liderazgo de Mariano Rajoy tras las graves turbulencias internas de los últimos tiempos, y, subsidiariamente, el apoyo a la candidatura de Alicia Sánchez-Camacho así como, en general, a la imagen y a las expectativas de voto del PP en Cataluña.

Por lo que se refiere al primer punto, el bagaje con que la cúpula popular regresó el domingo a Madrid es, pese al Ferrari de Camps, bastante satisfactorio. Sin renunciar a la bonhomía ni a la retranca, Mariano Rajoy obtuvo de la militancia un apoyo ruidoso y claro a su defensa de “un partido de ámbito nacional, unido y limpio”, y enfatizó “la independencia” como “valor fundamental” del proyecto político que él encabeza. “Si nos dejamos condicionar por deseos o intereses que no son de la mayoría, no acertaremos nunca”, dijo, en un explícito mensaje dirigido a los Federicos y los Pedrojotas que han tratado de hacerlo su rehén. Por cierto, que el diario El Mundo había desaparecido sin dejar rastro de las mesas cargadas de “prensa amiga” que suelen estar a la libre disposición de los asistentes a congresos y otros eventos partidarios.

Más problemático resulta el segundo objetivo de la convención: romper el modesto techo electoral, quebrar el aislamiento político de los populares en Cataluña. Por mucho trencadís gaudiniano que decorase el encuentro del PP, por mucha degustación de cava o de fuet que se ofreciera a los participantes, por mucho que la aguerrida Alicia prometiese hacer al PP “decisivo en el futuro de Cataluña”, la dificultad reside -por decirlo con el lenguaje tecnológico propio de la convención- en los discos duros. En el disco duro del Partido Popular, cargado de reflejos catalanófobos, de recursos de inconstitucionalidad contra leyes amplísimamente consensuadas en el hemiciclo de la Ciutadella, cargado con cuatro millones de supuestas firmas contra el Estatuto. Y en el disco duro de la sociedad catalana, que almacena incontables agravios políticos, gestuales y verbales de figuras del PP contra su sensibilidad media, desde las “chapas” de Aznar hasta la Generalitat “presidida por un loco” de Mercedes de la Merced.

Cuando, el pasado sábado, Esperanza Aguirre declaraba “yo amo a Cataluña”, muchos catalanes la recordaron deplorando que, si la OPA de Gas Natural tenía éxito, la sede de Endesa podría trasladarse a Barcelona, “fuera del territorio nacional”. Al día siguiente, Rajoy subrayaba que los del PP “no empezamos de cero, no somos nuevos en la política española, no tenemos que improvisar nuestras convicciones, ni inventarnos una trayectoria, no somos unos desconocidos. Todo lo contrario, somos previsibles”. Pues ahí reside justamente el problema. Como para confirmarlo, en el cercano stand de la FAES repartían ejemplares del volumen ¿Libertad o coacción? Políticas lingüísticas y nacionalismos en España, un edificante libro coordinado por el promotor de Ciutadans, Xavier Pericay, en el que se explica el terrible acoso que la lengua castellana sufre en lugares como el País Vasco, Galicia, Baleares y Cataluña.

¿Previsibles, dice? Demasiado previsibles, señor Rajoy.

En tiempos de bonanza, o de simple quietud, la nuestra es una sociedad que cree haber alcanzado un alto grado de civilización, unos estándares de conducta colectiva casi escandinavos. Tenemos una de las primeras leyes de matrimonio homosexual de Europa, rechazamos y denunciamos cualquier actitud homófoba, nos declaramos enfáticamente no racistas, reaccionamos con indignación ante cualquier maltrato o uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, nos enorgullecemos de un sistema judicial garantista y de un sistema penitenciario que aspira a ser rehabilitador… Y, por supuesto, abominamos de la pena de muerte, sobre cuya despiadada aplicación en Estados Unidos los medios de comunicación y las entidades civiles nos aleccionan bien a menudo.

Sin embargo, apenas un suceso de impacto nos golpea, la gruesa capa de civilización que figuraba blindarnos se muestra como lo que es en realidad: un frágil barniz, un delgadísimo epitelio que se rasga y desprende al primer choque. ¿Cuántas veces, a raíz de una violación o de un asesinato particularmente alevoso, no hemos visto frente a los juzgados o las comisarías a una jauría humana en estado emocional de aplicar al sospechoso la ley de Lynch, si no fuese porque los cuerpos de seguridad lo impiden? ¿Cuántas veces -antes y después de El Ejido en 2000- el delito cometido por un miembro de una minoría étnica (magrebí, gitana, subsahariana…) no ha desencadenado en ese o aquel municipio violencias con aire de pogromo, sofocadas a duras penas por la enérgica intervención policial?

Recientes y ruidosos acontecimientos han puesto de relieve hasta qué punto, bajo las apariencias aseadas y nórdicas, late en este país el anhelo de una justicia expeditiva, vindicativa y sumaria, la nostalgia del auto de fe inquisitorial. En el caso Millet, hemos asistido a un clamor social -en buena parte inducido desde los medios y desde sectores de la propia judicatura- que invocaba razones técnicas para exigir la prisión preventiva de Millet y Montull, pero en realidad perseguía el mensaje ejemplarizante de que no hay indulgencia para los ricos, de que esos dos pájaros deben estar entre rejas, aunque falten años para una sentencia firme… Por momentos, ha flotado sobre la opinión publicada barcelonesa el grito que animó tantas bullangas decimonónicas locales: “¡Pena de muerte al ladrón!”.

¿Y qué decir de la Operación Pretoria? El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla -el populista que acude a La Moncloa en taxi para exhibir austeridad, el regionalista que lleva 14 años encaramado a la cucaña autonómica, primero con el PP y luego con el PSOE- dijo el otro día que la exhibición mediática de los notables detenidos por orden de Garzón, esposados y con bolsas de basura en las manos, todavía le parece poco; que, a su juicio, tales sujetos deberían ser sometidos al escarnio y a la vergüenza públicas, no aclaró si en una picota medieval, con cucuruchos como los penitenciados de la Inquisición, o en un moderno plató televisivo. De cualquier modo, Revilla sólo dice en público lo que muchos piensan en privado: esta misma semana, la encuesta online de un importante rotativo barcelonés dio el 69% de los votos a quienes creen “adecuado que se exponga a los detenidos ante los medios a su llegada a los tribunales”. Nadie ha aclarado, empero, por qué Muñoz o Alavedra sufrieron la “pena de telediario” mientras que al “segundo violador del Eixample”, por ejemplo, se le permite acudir a los tribunales encapuchado.

Lo dicho: aquí se confunde la justicia con el escarmiento, la equidad con el ajuste de cuentas, la sanción penal con la venganza social y la humillación del reo. Aunque no lo admitan en voz alta, mucha gente de bien apoyaría el restablecimiento de la pena de muerte. No sólo eso: si las ejecuciones fuesen públicas como antaño, acudirían a verlas y llevarían consigo a sus hijos, para que aprendiesen a dónde conduce tomar el mal camino.

A lo largo de las últimas semanas, a raíz de los casos Millet y Gürtel -y a la espera de lo que pueda depararnos la Operación Pretoria-, la ciudadanía ha contemplado atónita cómo unos jueces criticaban a otros y unos terceros pedían medidas disciplinarias contra los primeros; cómo cuatro fiscales comparecían en insólita rueda de prensa para desautorizar la labor profesional de un juez instructor; cómo un gobierno, o algunos de sus miembros, se apuntaba al linchamiento impugnando sin más base que la “alarma social” decisiones judiciales de carácter técnico y procedimental; cómo un ilustre colegio de abogados anunciaba querellas contra jueces y fiscales, y cómo un ex fiscal anticorrupción parecía querer vengar en 2009 el fracaso de la cruzada ideológico-social que él mismo no logró culminar un cuarto de siglo atrás.

En competencia con tales sucesos, cabe el riesgo de que la opinión pública no sepa apreciar en todo su valor otro gran espectáculo que la justicia española nos ha brindado últimamente: las aventuras madrileñas del pirata Abdu Willy. Recapitulemos. Apenas supo que dos de los secuestradores del atunero vasco Alakrana habían sido capturados en el Índico por la Marina española, el megajuez Garzón ordenó que los condujesen ante la Audiencia Nacional, lo cual supuso una expedición aérea Torrejón-Yibuti-Torrejón no precisamente low cost. Pero una vez allí, dado que los piratas somalíes no suelen llevar consigo el certificado de nacimiento, se plantearon dudas sobre la mayoría de edad de uno de ellos, el tal Abdu Willy. Tras sofisticadas y costosas pruebas médicas, la conclusión fue que el detenido superaba los 18 años con una probabilidad del 97%.

En este punto, acude a la memoria el caso de Èric Bertran, el adolescente que en el otoño de 2004 fue detenido por la guardia civil sin que sus 14 años de edad le eximiesen de comparecer ante la Audiencia Nacional, acusado de “actividades terroristas” por haber remitido correos electrónicos a varias empresas instándolas a etiquetar en catalán. Pero es que -aclaran los expertos- la Audiencia sólo puede enjuiciar a menores cuando el delito que se les imputa es terrorismo. ¡Ah, claro! Y mientras que enviar e-mails inspirados en Harry Potter puede constituir terrorismo, asaltar barcos a punta de Kaláshnikov es, si lo hace un menor, una actividad lúdico-recreativa…

El caso es que, con un margen de duda del 3% acerca de la mayoría de edad del joven pirata, éste se ha convertido en el centro de un descomunal embrollo jurisdiccional en el que han tomado parte hasta seis jueces, y lleva dos semanas de asombrado regocijo dando vueltas por Madrid, de juzgado en fiscalía, de Alcalá-Meco a un centro de menores, sin abandonar la esperanza -supongo- de que cualquier día lo dejen en la calle, convertido en otro inmigrante ilegal pero, en su caso, con portes a cargo del Estado.

Así las cosas, lamento ser políticamente incorrecto, pero tanto garantismo y tanta tutela sobre el improbable menor somalí me parecen indisociables del color de su piel y de su origen geográfico. Como ha subrayado hace poco el cineasta Costa Gavras, “el inmigrante siempre parece el buen salvaje”, y nuestro acendrado buenismo hace el resto. En el caso muy hipotético de que Abdu Willy llegase a ser juzgado, sobrarían letrados, ONG y grupos solidarios para argumentar que, en realidad, es una víctima; que, de hecho, él y sus pobres colegas no hacen más que defenderse del expolio pesquero de las flotas del primer mundo, o que la culpa del caos somalí en cuyo seno prospera la piratería la tienen las injerencias de Estados Unidos… Tal era el clima en el que la Audiencia Nacional debía ejercer su “jurisdicción universal”, hoy felizmente recortada.

En fin, no quisiera dar ideas, pero creo que, con los buenos abogados de que dispone, si Fèlix Millet se tizna la cara de negro, tiene la absolución en el bote.

Mediado ya el mes de octubre se multiplican los síntomas de que, contra lo sugerido semanas atrás por doña María Emilia Casas, no será durante la próxima quincena cuando el Tribunal Constitucional dicte la esperada sentencia sobre el Estatuto catalán. Llámenlo casualidad, pero ello coincide con los intereses inmediatos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no quiere complicar todavía más el ya difícil apoyo de Esquerra Republicana a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, ni crispar la actitud de Convergència i Unió en las Cortes durante ese trascendental debate. Resultan sintomáticos el aplomo y el desdén -desdén hacia la inquietud y la impaciencia de cientos de miles de catalanes- de la vicepresidenta Fernández de la Vega al declarar, el otro día, que ni le “preocupa” ni le “altera la respiración” la sentencia del Constitucional, y que le da igual que ésta se retrase hasta Navidad o hasta el año próximo. Hubiera podido añadir que, si no hay fumata hasta después de las elecciones catalanas de 2010, miel sobre hojuelas para los socialistas.

Es en este enervante contexto de aplazamientos sucesivos, mientras rumores e intoxicaciones nos mantienen en vilo y siembran la confusión acerca de cuál sería una sentencia leve, grave o de pronóstico reservado, donde debe situarse la filtración hecha desde fuentes de La Moncloa a Catalunya Ràdio el pasado fin de semana: el Gobierno español se compromete a garantizar el despliegue del Estatuto, aun si el Tribunal Constitucional dictase una sentencia adversa. ¿Cómo? Pues echando mano del artículo 150.2 de la Constitución -que permite transferir o delegar a las autonomías competencias de titularidad estatal- o modificando leyes orgánicas que chocasen con el Estatuto. En el peor de los casos, Presidencia del Gobierno dice confiar en una sentencia interpretativa e interpretable, que no guillotine el texto estatutario.

No sé si ustedes lo recuerdan, pero el nuevo Estatuto catalán empezó a gestarse en el seno de las izquierdas prototripartitas justamente para blindar la autonomía frente a interpretaciones arbitrarias, tanto como para sustraerla de pactos coyunturales que convirtieran las facultades de la Generalitat en objeto de cambalache partidista, en precio de un pacto de investidura o de un apoyo parlamentario. No sólo los socios del Gobierno de Maragall, sino incluso Convergència acabó por abominar, en 2004-2006, de la política pujoliana de peix al cove, de aquel agotador trueque de competencias por votos en el Congreso; un regateo que, además, reforzaba la imagen tópica del catalanismo fenicio, rapaz y chantajista.

Lo cierto es que el método del peix al cove se ha demostrado más fácil de criticar que de sustituir, y hoy vemos que Esquerra Republicana -nada menos- exige solemnemente el control del aeropuerto de El Prat a cambio de su voto a los presupuestos. Pero una cosa es la praxis, más aún mientras el Estatuto permanece sub júdice, y otra erigir la discrecionalidad y el coyunturalismo en fundamentos conceptuales del autogobierno catalán para los próximos lustros. Y esto último es lo que sugiere el mensaje de La Moncloa: que la vigencia de lo votado por la ciudadanía de Cataluña en junio de 2006 quede a merced de la buena voluntad del PSOE de Rodríguez Zapatero. ¿Y si un día los socialistas recuperan, con la mayoría absoluta, el furor jacobino? Y cuando el Partido Popular regrese al poder, ¿cabe esperar que modifique muchas leyes orgánicas para allanar la constitucionalidad del Estatuto? ¿No es un trato rigurosamente colonial poner los márgenes de actuación competencial de la Generalitat al albur de las cambiantes circunstancias políticas en Madrid?

Desde el PSC interpretan la actitud del Gobierno central como signo de su “compromiso con el autogobierno” catalán. A mi juicio, es más bien la penúltima prueba del fracaso del Estatuto, de la invencible resistencia del Estado a aceptar su pluralidad identitaria en un plano de igualdad.