Reggio’s

Los espectaculares índices de crecimiento de China parecen la prueba concluyente de que los países “emergentes” necesitan capitalismo privado y economía de mercado. Esta fórmula aseguraría el crecimiento, absolutamente indispensable –al parecer– para acceder a la prosperidad y al bienestar. No obstante, algunos observadores agudos, como Rafael Poch, nos alertan sobre las dificultades que acumula la sociedad china y que le pueden pasar factura en un futuro no lejano, y en especial el aumento de las desigualdades y los efectos ecológicos negativos del actual proceso.

Otra experiencia asiática merece atención, la de Kerala. Kerala es un Estado del suroeste de la Unión India, con 32 millones de habitantes, que por circunstancias especiales ha tenido un Gobierno izquierdista estable desde 1957 gracias al cual ha gozado de un bienestar excepcional mediante un modelo socioeconómico completamente distinto del chino.
Gracias a una reforma agraria, la propiedad de la tierra está muy repartida. Este hecho, junto a una legislación favorable a los trabajadores asalariados (con un salario mínimo muy elevado), un sistema fiscal progresivo y una eficaz lucha contra la corrupción, desemboca en un nivel notable de igualdad social. En la industria coexisten sector público y empresa privada. Los presupuestos de Educación y Sanidad son elevados, y estos dos sectores están muy diseminados en todo el país, incluidas las zonas rurales. Estos factores dan unos indicadores de bienestar que se acercan más a los europeos que a los de su propio país.

Veamos algunos datos básicos recientes. La población por debajo del nivel de pobreza –según los parámetros oficiales del país– es del 3,6% frente al 20% del total de India. La alfabetización alcanza al 87% de las mujeres y al 94% de los varones (India: 38% y 65% respectivamente). La esperanza de vida es de 72 años para las mujeres y de 67 para los varones (India: 63 y 62). Sin tener que recurrir a medidas coercitivas como la política del hijo único de China, Kerala tenía a finales de los noventa un índice de fecundidad de menos de dos hijos por mujer (comparable al de muchos países de Occidente) frente a los cuatro hijos del conjunto de India. Esto se explica tanto por la reducción de la mortalidad infantil como por la educación de la mujer y las políticas antinatalistas. La mortalidad infantil era en 1990 cinco veces menor que en el conjunto de India (5 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos, frente a 26 en la India). No hay que olvidar que la elevada mortalidad infantil es una maldición de muchos países empobrecidos que empuja a las parejas a tener más hijos para que sobreviva el mayor número posible, de modo que se dispara la natalidad y se agravan todos los problemas. Incluso la proporción entre mujeres y varones en la población revela una mejoría. Si en 2001 había en Kerala 1.058 mujeres por cada 1.000 varones, en la India eran 933. Esto indica el éxito logrado en Kerala en la lucha contra el infanticidio femenino, frecuente en el conjunto del país. Desde comienzos de los noventa, los niveles de educación superior han sido de los más altos de Asia, sobre todo en informática e ingeniería.

He aquí, pues, un modelo socioeconómico inmerso en una economía de mercado, incluso globalizada, pero guiado por criterios que anteponen el desarrollo humano al crecimiento económico convencional. El resultado es un alto grado de bienestar e igualdad, que además se basa en una elevada participación democrática.

Y lo que es muy importante: el PIB por habitante en Kerala es menor que en la India: 1.802 dólares en 1990 frente a 2.223 dólares en el conjunto del país. Si se pueden alcanzar los mencionados logros sociales con un PIB por habitante más bajo, tal vez debamos concluir que la obsesión por el crecimiento macroeconómico a toda costa no se justifica. Es mejor dar prioridad al desarrollo humano y a una distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades sociales y culturales. Kerala contradice el mito del PIB como índice óptimo del bienestar, así como el de que sin crecimiento –y menos en los países empobrecidos– no hay bienestar.

Es obvio que no se pueden sacar inferencias simplistas de un caso en el que han coincidido durante medio siglo condiciones muy favorables. Y no se puede descartar que la dinámica competitiva mundial genere situaciones difíciles de manejar desde lo que no es más que un Gobierno regional. No es seguro que Kerala resista mucho más tiempo la presión de un entorno nacional y mundial hostil. Pero lo que sí es seguro es que el caso muestra de manera práctica que son posibles procesos socioeconómicos muy distintos de los que se nos presentan como los únicos viables. En Kerala, el partido gobernante que, en condiciones de libertad, ha ido ganando, solo o en coalición, todas las elecciones durante este medio siglo ha sido el Partido Comunista Marxista de la India.

De todo esto se pueden sacar dos conclusiones. La primera es que hay alternativas que no pasan por la economía de mercado capitalista desreglamentada ni por el crecimiento del producto nacional, sino por dar prioridad al desarrollo humano y a la satisfacción de las necesidades básicas logrando mejores resultados. Y la segunda es que el marxismo tiene posibilidades de adaptación que le permiten mantener su vigencia.

Joaquim Sempere es pofesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

Hace ya demasiados años que el gran capital consolidó su poder sobre una sociedad impotente. El auge neoliberal que empezó con Thatcher y Reagan a finales de los años setenta no ha cesado de reforzarse. Las medidas de desreglamentación generalizada debilitaron a la clase obrera, destruyeron el ya escaso poder que entonces tenían los estados y dejaron todo el poder a la oligarquía del dinero. Los estados son a menudo fuente de arbitrariedad y abuso, pero allí donde funcionan algunos mecanismos de intervención democrática constituyen un sistema institucional que hace posible una cierta participación popular en la toma de decisiones. En nuestro mundo, el Estado es una instancia parcialmente permeable a la opinión popular, aunque “nuestros” representantes elegidos prefieren escuchar la voz de los pocos que tienen mucho que la de los muchos que tienen poco.

Los meses transcurridos desde la crisis de las hipotecas basura en 2008 han hecho posible que los medios de difusión airearan datos frecuentemente ignorados por el gran público. Hacía mucho tiempo que no se hablaba con tanta claridad en la prensa, la radio y la televisión sobre los abusos de la oligarquía del dinero, su saqueo del erario público, su capacidad para evadir los deberes fiscales, su poder para lograr que el presupuesto público salve sus negocios y haga pagar a los de abajo los gastos del banquete, su impune juego especulativo contra los intereses de las mayorías… y tantos otros abusos de los que hemos sido espectadores atónitos. Se ha notado en las conversaciones de la gente un insospechado conocimiento de esta situación. En cambio, sorprende la falta de iniciativas para responder, y la correspondiente impotencia de quienes deberían sublevarse contra lo que ocurre.

Esta impotencia es un precipitado de muchos fenómenos. El derrumbe del bloque soviético dio un argumento para decir que “no hay alternativa”, que hemos llegado al “fin de la historia” y que vivimos en el mejor y hasta en el único orden socioeconómico viable. El argumento caló. La reacción de los dueños del cotarro fue rápida: recuperar el poder perdido frente a los trabajadores y sus organizaciones, privatizar, desreglamentar y disponerse a liquidar o empequeñecer la protección social. El capitalismo volvió a florecer con sus peores rasgos. Las desigualdades empezaron a crecer. La clase obrera se vio llevada a abandonar su tradicional cultura de clase basada en la solidaridad, la cooperación y la superioridad del valor del trabajo sobre el del dinero. Sometidos a la competición generalizada por el puesto de trabajo, los trabajadores se vieron empujados a conductas individualistas y acabaron impregnados de unos valores adquisitivos y posesivos. Hay empresas donde se destierra el término “obrero” y sus empleados pasan a ser “colaboradores” de la empresa. Hasta que llega la hora de la verdad y el “colaborador” se ve de patitas en la calle por un expediente de regulación de empleo, sufriendo en su carne lo que es el poder del capital sobre las personas.

Desde la esfera del trabajo hasta la del ocio, el orden socioeconómico ha tratado de convertir a la ciudadanía en una masa amorfa de consumidores dóciles y pasivos. Y en buena parte lo ha conseguido. Pero no del todo. Sigue habiendo sindicatos, movimientos vecinales, entidades culturales, grupos ecologistas, redes de apoyo a inmigrantes, cooperativas de producción industrial y agraria, cooperativas de consumidores, nuevos movimientos reivindicativos y asociaciones de todo tipo que velan por los derechos de las personas.

El hecho de que las dos grandes centrales sindicales hayan convocado una huelga general para el 29 de septiembre puede pasar sin pena ni gloria. Es incluso probable, dado el clima de apatía e impotencia. Pero también puede ser una ocasión para que cristalice el descontento sordo y mudo que se ha incubado con la crisis. Una manera de romper el aislamiento y la impotencia es seguir una consigna que tendrá una amplia cobertura mediática y llegará, por tanto, al último rincón de la sociedad. Ahora bien, no hay que esperar el milagro de la irrupción de “lo inesperado”. Todas las fuerzas conscientes deberían ponerse cuanto antes en movimiento para fortalecer la voluntad de participar en la protesta colectiva del 29-S. En Barcelona se reunieron unas 350 personas el 29 de junio en las Cocheras de Sants, en una primera asamblea convocada por el comité para el convenio de la compañía de autobuses. En ella se propuso una “movilización sostenida”, creando comités de base en empresas, barrios y localidades de todo el país con miras a otra asamblea el 15 de septiembre. Se crearon comisiones de trabajo para la comunicación y la extensión de la convocatoria. Es interesante que el llamamiento del 29-S suscite iniciativas como esta que permitan ampliar la movilización, y que se apunten a ella el máximo número de ciudadanos que se sienten golpeados por la crisis y los abusos del sistema, piensen como piensen.

La idea de multiplicar los focos de organización y articulación del malestar puede ser la clave del éxito de la convocatoria. A ver si gobernantes y políticos de la oposición se enteran de una vez de que, además de banqueros y grandes empresarios, en este país hay millones de trabajadores y gente corriente cuya voz merece ser escuchada y respetada.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

Tras la prolongada paralización del tráfico aéreo europeo provocada por la erupción de un volcán islandés y las correspondientes pérdidas, algunas compañías empezaron a reclamar ayudas económicas de los estados para superar el bache. Una vez más, escuchamos una sorprendente interpretación de la economía de mercado que consiste en decir que el Estado debe abstenerse de intervenir en economía, y dejar que la empresa privada cubra toda la demanda y haga su legítimo negocio. Eso sí: cuando las cosas van mal y surge un imprevisto, el Estado debe intervenir para salvar la empresa.

Según la ortodoxia doctrinal, el mercado es un buen regulador porque premia al empresario eficaz y castiga con el fracaso al que no lo es. En caso de imprevistos, existen compañías de seguros que cubren las eventualidades, también según las reglas de mercado. Pero, a la hora de la verdad, esta ortodoxia se deja arrumbada en el desván y se acude sin complejos a papá Estado para que salve las compañías amenazadas de quiebra.

Para enjuiciar esa reclamación de ayudas, vale la pena examinar más de cerca algunos aspectos de la aviación comercial. Para empezar, las aeronaves consumen un carburante que está exento de impuestos. Cuando llenamos el depósito del coche con gasolina, pagamos 396 euros por mil litros de carburante (en Italia, se pagan 564; en Francia, 606, y en Alemania, 655). En España, los impuestos son casi la mitad del precio; en los otros países, más de la mitad. En cambio, el carburante de la aviación no paga ni cinco. En el Congreso de los Diputados ha habido dos proposiciones de ley para eliminar la exención de impuestos del carburante de aviación (siguiendo los ejemplos de Noruega y Holanda), una presentada por ERC en septiembre de 2007 y otra presentada por IU-ICV, WWF España, Greenpeace, Ecologistas en
Acción y Comisiones Obreras en julio de 2009. Ninguna de las dos prosperó y el gasóleo para la aviación sigue exento de toda carga impositiva. Y no sólo esto, sino que además la aviación queda fuera del Protocolo de Kyoto en materia de cuotas de emisiones de CO².

Pero el problema está sobre la mesa: en diciembre de 2007, se adoptó una propuesta de directiva europea en la materia. Propuesta decepcionante: se debatió si debían adoptarse gravámenes o derechos de emisión, y se resolvió descartar los gravámenes. En principio, hay el compromiso de que a partir de 2012 los vuelos comerciales de la Unión Europea deberán regirse por los derechos de emisión establecidos por el Protocolo de Kyoto. Se ha calculado que, si se adopta este compromiso, las aerolíneas de la UE deberán desembolsar en conjunto unos 4.000 millones de euros anuales por estos derechos de emisión, lo cual repercutirá en aumentos de los precios de los vuelos que pagarán los usuarios.

Estos datos ponen en evidencia una paradoja: ¿por qué se dan beneficios fiscales a un lujo, el lujo de volar? Se trata de un lujo ambientalmente muy caro. La aviación es el modo de transporte más costoso en energía consumida por persona-kilómetro: en 2005, consumía el 12% de todo el petróleo usado en el transporte mundial, lo cual es una proporción enorme si se tiene en cuenta que el transporte incluye navegación, trenes y vehículos de motor. El bajo coste de los vuelos ha estimulado el uso trivializado y abusivo del avión. El viejo sueño de Ícaro se ha convertido en algo tan banal para la quinta parte privilegiada de la humanidad que cualquier recorte o encarecimiento se vivirá como una pérdida.
No obstante, no podemos ignorar que, de hecho, es un lujo. Además, al ser un modo de viajar con unos riesgos muy controlados, pero no por ello menos importantes, exige unas precauciones especialísimas. Por eso, ante un accidente natural como el de los efectos de la erupción volcánica, no tiene sentido que el erario público salga a cubrir las pérdidas empresariales. Económicamente, los riesgos se cubren con pólizas de seguros. Lo normal es que las compañías tomen esos seguros y que los viajeros paguen el coste que les corresponda de las pólizas.

¿Acaso debemos aceptar que se encarezca viajar en avión? Pues sí, esto es exactamente lo que propongo. De hecho, significa proponer que se pague todo el coste real de viajar en avión: hay que incluir en el coste del vuelo la contaminación atmosférica, el calentamiento global y unos seguros que cubran un modo de viajar arriesgado. En realidad, si pagáramos todos los costes implicados en la aviación (incluyendo, por ejemplo, la construcción y mantenimiento de aeropuertos), la factura seguramente aún sería superior. Y es que sólo si nos acostumbramos a pagar todos los costes de nuestras actividades correspondientes al deterioro del medio natural, aprenderemos a respetarlo y a administrar sabiamente los recursos naturales que hoy estamos dilapidando. Viajaremos menos en avión, pero no creo que esto empobrezca nuestras vidas. El gravísimo problema que tendremos es que nos hemos acostumbrado a estas comodidades y nos costará prescindir de ellas.

En menos de 20 años, entre 1990 y 2007, la cantidad de vuelos en el mundo se duplicó. No podemos seguir así. La Tierra nos pone límites: escuchémosla. Y, en todo caso, no hagamos la tontería de subsidiar lujos: reservemos los recursos del Estado –que son los de todos– para cubrir necesidades básicas no satisfechas.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

La situación creada en varias comarcas gerundenses por el apagón de una semana provocado por la nevada del 8 de marzo, que afectó a 200.000 personas, invita a la reflexión. La visión de 33 torres eléctricas rotas como frágiles cañas estremece. Lo tendrán difícil las compañías eléctricas implicadas (Endesa y Red Eléctrica Española) para esquivar su responsabilidad. ¿Acaso la obsesión por reducir costes para aumentar los beneficios ha llevado a instalar torres de pacotilla y no invertir en su mantenimiento? Las investigaciones deberán aclarar este punto. También las administraciones públicas deberán explicar si sus normas sobre líneas eléctricas se han cumplido y, en caso afirmativo, asumir la responsabilidad por unas normativas tal vez inadecuadas.

Habrá que decidir dónde termina la “fuerza mayor” y empieza la negligencia humana. El Gobierno deberá imponer a las eléctricas la exigencia de hacer frente a sus responsabilidades. Y si no pueden, esperemos que no se repita el bochornoso espectáculo de rescatar con dinero público unas empresas privadas (entonces fueron bancos) para dejarlas luego en libertad para seguir funcionando como antes. ¿Será capaz el Gobierno catalán de hacerlo, cuando resulta que el director general de Energía es Agustí Maure, antiguo alto directivo de Red Eléctrica? ¿O cuando el presidente Montilla defiende la tesis de Endesa de que si la proyectada línea de muy alta tensión (MAT) hubiera estado instalada, los daños habrían sido menores?

En este caso, el problema no ha sido de suministro sino de distribución, y las redes que han fallado son las de media y baja tensión, las que llegan hasta los consumidores finales. La existencia de la MAT, por tanto, no habría servido de nada. Es más, en la polémica en torno a la MAT, los alcaldes que se oponen a ella aceptarían, si acaso, su soterramiento, que sería más caro pero más seguro ante tormentas como esta última u otras eventualidades meteorológicas. Y viendo lo ocurrido, con reparaciones y compensaciones millonarias a la vista, parece que habrá que rehacer los cálculos, y la opción de línea soterrada saldrá reforzada.

Pero el caos provocado por el apagón tiene otras facetas. La historia de las redes eléctricas centralizadas está punteada de apagones, algunos monumentales, como el de 2003 en el noreste de Estados Unidos y Ontario, que dejó sin luz a 50 millones de personas, o el de 2006, que afectó a gran parte de Europa occidental. Por esto hace años que se investiga y experimenta en modelos descentralizados de suministro eléctrico.

En 2006, la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea publicaba un opúsculo (que se puede consultar en http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo) sobre las “redes inteligentes” (smart grids) que señala la conveniencia de pasar de las redes centralizadas aún imperantes a redes descentralizadas. La idea está muy elaborada. Implica redes en telaraña, como Internet, donde la electricidad se inyecta desde muchos nodos, lo cual implica no sólo centrales grandes, sino también pequeñas, y multitud de instalaciones fotovoltaicas y otras instalaciones domésticas de generación eléctrica en casas particulares y otros edificios. También prevé múltiples focos descentralizados de almacenamiento de electricidad. Una red así no sólo dispersa la generación eléctrica por el territorio, sino que aproxima producción y consumo, reduciendo las pérdidas por transporte. Se basa no en tres o cuatro, sino en miles de productores. Una red de este tipo es mucho menos vulnerable a desastres como el acaecido en Catalunya.

Este sistema es el futuro y su viabilidad aumenta a medida que se introducen innovaciones como la que Volkswagen ya comercializa en Alemania: instalaciones domésticas de calefacción con gas natural que, por cogeneración, aprovechan el calor sobrante para producir electricidad e inyectarla a la red. En Hoogkerk (Holanda) funciona ya una “red inteligente” que agrupa 25 hogares. Ya hoy la fotovoltaica y la eólica tienen una viabilidad probada para avanzar hacia este modelo.

Por otra parte, si los edificios de la zona afectada hubieran dispuesto de captadores solares térmicos, no se habrían quedado sin agua caliente, y si no hubiera tantas cocinas y calefacciones eléctricas, el colapso habría sido menor. Dependemos demasiado de la electricidad. Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de adoptar criterios de diversificación energética y de promover las energías renovables y un cambio urgente hacia sistemas descentralizados. ¿Servirá para ello el plan Zapatero de “economía sostenible”? Sospecho que se va a quedar corto tanto por falta de inversiones como por falta de ideas.

Esperemos que, una vez superados los efectos del colapso vivido, los responsables políticos, en vez de empecinarse en proyectos como la MAT, se tomen en serio la adopción de un modelo energético descentralizado basado en energías limpias y renovables. Es una asignatura pendiente para luchar contra el cambio climático. Hoy, además, es una condición para dormir tranquilos y evitar catástrofes como la del noreste de Catalunya. Una situación tan dramática debiera ser un revulsivo tanto para los gobiernos como para la ciudadanía. No aprovecharla para dar un salto adelante sería una lástima.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

Se dice que la presión fiscal sobre las grandes fortunas no puede incrementarse para no desincentivar la iniciativa inversora y porque los capitales huirían a otros países con fiscalidades menos fuertes. Se repite con la misma insistencia que la acumulación de capital es una condición previa para la actividad económica y el bienestar general.

Estos estereotipos forman parte de las convicciones más sólidas de quienes toman las grandes decisiones económicas y políticas, y acaban calando en la conciencia pública. Pero son una trampa.

Veamos lo ocurrido con los impuestos a los ricos en el país más liberal e individualista de Occidente: Estados Unidos. En años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la presión fiscal para la franja más elevada de ingresos pasó del 25% al 63% en 1932, como medio para combatir la Gran Depresión. Desde entonces hasta 1981, es decir, durante medio siglo, se mantuvo sin interrupción por encima del 63% –alcanzando picos del 94% en 1944-1945, como contribución al esfuerzo de guerra– y entre el 82% y el 91% durante los 20 años que van desde el final de la guerra hasta 1963. Luego no cesó de disminuir, hasta alcanzar el 35% el año 2009.

Aquella larga experiencia de cinco decenios muestra que una clase capitalista, incluso tan poderosa como la de Estados Unidos, puede acomodarse a una presión fiscal muy alta, y que esta elevada fiscalidad es compatible con un alto crecimiento económico. Los 50 años en que la presión fiscal estadounidense estuvo por encima –o muy por encima– del 50% para la franja más rica fueron años de máxima prosperidad del país.

La recaudación de impuestos en Estados Unidos hubiera podido servir para mejorar las prestaciones y los servicios públicos en beneficio de los más pobres si el presupuesto de guerra no se hubiera llevado la parte del león. Pero lo que aquí nos interesa es comprobar que durante 50 largos años la clase capitalista de la primera potencia del mundo aceptó una presión fiscal que ahora muchos pretenden que es totalmente prohibitiva e insensata.

El tipo máximo del impuesto sobre la renta en España se situó en el 43% en 2008 y el de sociedades en el 30% (en ambos casos cinco puntos por debajo de los tipos máximos vigentes en 2000), y no se contempla la posibilidad de un aumento substancial de esos tipos máximos, los que pagan los más ricos.

El otro estereotipo es que las diferencias de presión fiscal fomentan la fuga de capitales de los países con mayor presión a los de menor. Pero esto ocurre desde que se eliminó el control de cambios y se implantó una libertad irrestricta de circulación de los capitales. Limítese o elimínese esta libertad y desaparecerá la amenaza de fuga de capitales. Esto no es una fantasía: es también algo que ocurrió ya en épocas pasadas, y no tan remotas. Basta volver la mirada a los años anteriores a la contrarrevolución neoliberal. Algún día hay que atreverse a reimplantar marcos institucionales que lo hagan posible.

El tercer mito es que hace falta dejar que los capitales puedan acumular beneficios sin límite para que la actividad económica funcione y todos salgamos ganando. Así se justifica la libertad que se concede a los capitales para desinvertir y deslocalizar –al precio de la desindustrialización de regiones enteras y de la condena de miles de trabajadores al paro– en aras de la sagrada libertad del capital para acumular, cuando lo que ocurre es que en el mundo sobra liquidez. La sobreacumulación es justamente la culpable de que se especule con cualquier cosa –con las monedas, con la deuda externa de países enteros, con la vivienda, con el petróleo, con los alimentos, etc.– buscando rentabilidades desorbitadas que no se consiguen en la economía productiva. Vivimos en un sistema enfermo que lo sacrifica todo a una acumulación de dinero no sólo innecesaria, sino perjudicial.

Los tres mitos forman parte de un mismo paquete, que habría que abordar con medidas combinadas como fuertes gravámenes fiscales sobre las grandes fortunas y la armonización impositiva en la Unión Europea; límites estrictos a la circulación de capitales; la erradicación de los paraísos fiscales; y armonización al alza de los derechos laborales y sociales en la UE. El dinero que va a las clases populares genera una demanda de bienes y servicios que es la base de una economía sana, mientras que el que va al bolsillo de los más ricos alimenta el potencial de especulación de estos. (Algunos sectores populares sólo se dejan engatusar por los fondos de inversión y de pensiones cuando se les amenaza con la quiebra de la Seguridad Social, como se ha hecho tramposamente en España en los últimos 15 años).

El establishment hace gestos demagógicos para la galería, como la petición al FMI por parte del Consejo Europeo (11-12-2009) de una tasa Tobin para reducir las transacciones financieras especulativas y para recaudar dinero. O promesas incumplidas de que se erradicarán los paraísos fiscales. Pero son gestos que dan la razón a quienes piensan que medidas de este tipo son las que convienen, y que no es verdad que no se pueda hacer más de lo que se hace. Las subidas de impuestos, por su parte, empezaban a figurar en la agenda europea ya en el verano pasado, favorecidas por países como Suecia y Finlandia, con una larga tradición de elevada presión fiscal y a la vez de prosperidad y buenos servicios públicos.

En nuestro país, el debate sobre las pensiones y sobre la viabilidad del Estado del bienestar no puede ni debe dejar estos temas al margen. Centrar el asunto en torno a la reforma del mercado de trabajo o la prolongación de la edad de jubilación es una nueva agresión contra derechos de los trabajadores por parte de la oligarquía internacional del dinero y sus secuaces.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

Almacenar residuos nucleares no es lo mismo que almacenar ladrillos o cascotes. Estos son inertes, mientras que los residuos nucleares emiten radioactividad y calor. Los de media y baja radioactividad, que son en torno al 99% del total, se trasladan, en España, a una antigua mina de uranio situada en El Cabril (Córdoba). Aunque son menos peligrosos que los de alta radioactividad, hace falta encerrarlos en bidones bien sellados y depositarlos en lugares seguros.

Un reciente informe de World Nuclear News señala que el Gobierno alemán ha ordenado que se retiren 126.000 bidones con residuos de baja y media actividad de una mina de sal abandonada de la localidad de Asse (Baja Sajonia) donde se empezaron a depositar en los años sesenta. Las autoridades han estimado que hay riesgos porque esas minas han resultado geológicamente inestables y han empezado a llenarse de agua.

Los residuos de alta actividad, aunque ocupan mucho menos volumen (en torno al 1% del total), son obviamente más peligrosos. A los restos de plutonio hay que añadir, entre otros, los de estroncio y cesio, que emitirán radiaciones durante miles de años. Lo habitual es mantener estos residuos en piscinas de agua que protegen el entorno de sus radiaciones mientras son refrigerados y van perdiendo radioactividad. Luego se vitrifican, se combinan con hormigón, se encierran en bidones de acero, etc. para poder retirarlos de las piscinas.

Desde que existen centrales atómicas, se investiga sin éxito para lograr una solución definitiva para los residuos. Mientras, se adoptan soluciones provisionales. Se lanzan a fosas oceánicas profundas (entre ellas, las que hay ante las costas de Galicia) o se encierran en minas alejadas de poblaciones. Si los residuos de baja y media intensidad han de ser objeto de vigilancia permanente, como en el caso de Alemania, no hace falta decir que los de intensidad alta la requieren de modo más apremiante.

En 1979 el biólogo ruso Medvedev, exiliado en Reino Unido, relató un incidente ocurrido en 1957 en un depósito de residuos de la localidad de Khistym, en los Urales, sobre el cual la férrea censura soviética de prensa hizo caer un telón de silencio. El Gobierno soviético acabó admitiéndolo sólo 40 años más tarde. Al parecer, se acumularon grandes cantidades de residuos de alta actividad sin las debidas precauciones produciéndose sobrecalentamiento, emisión de gases y explosiones químicas que dispersaron los materiales radioactivos. Se habló de un centenar de muertos directos por la explosión y de la evacuación de 20.000 personas de una amplia zona afectada por la contaminación radioactiva.

Hoy, más de medio siglo después, sabemos gestionar un almacén de estas características minimizando los riesgos. Pero el episodio de Khistym revela que los residuos nucleares no son inertes y que su deposición exige una vigilancia permanente para evitar desgracias. En un país como el nuestro hoy contamos con los medios para asegurarla. Pero ¿podemos estar seguros de que año tras año, siglo tras siglo, existirán las condiciones sociales y técnicas que harán posible una vigilancia fiable, y de que las condiciones geológicas no depararán sorpresas desagradables en algún momento del futuro? ¿Cómo justificar esta herencia envenenada a nuestros descendientes?

Miguel Ángel Quintanilla tenía razón cuando, desde este mismo periódico, argumentaba que las altas compensaciones que el Gobierno ofrece a los municipios que acepten el Almacén Temporal Centralizado (ATC) sirven para hacer frente a un riesgo imaginado más que a un riesgo real. Pero si las ofrece es porque nadie ha sido capaz de disipar la sensación de riesgo, aunque sea imaginado. En realidad, ese temor favorece un criterio muy racional, el principio de precaución: ante la duda, no exponerse, sobre todo si hay alguna razón para pensar que las ventajas no compensan los riesgos. Y ¿por qué menospreciar el miedo? El miedo ha resultado útil a la especie humana desde el punto de vista adaptativo para prevenir peligros. Cuando la incertidumbre se suma al peligro, el miedo puede ser buen consejero hasta nuevo aviso.

El asunto de los residuos pone en evidencia la falta de prudencia que supuso embarcarse, después de Hiroshima y Nagasaki, en la producción nuclear de electricidad. Ante el dilema de si proseguir o no con la energía nuclear, la carga de la prueba corresponde a los pronucleares. Y la verdad es que no dan salidas convincentes a las objeciones que suscita su apuesta. El argumento al que acaban apelando es que “todo tiene su riesgo” y que el temor al riesgo no debe paralizarnos si no queremos “detener el progreso”. Pero ¿por qué es más progreso la energía nuclear que la fotovoltaica, la eólica o la solar termoeléctrica? ¿Por qué es más progreso despilfarrar energía que consumirla con moderación y eficiencia?

Se investiga para transmutar los elementos más radioactivos en otros que no lo sean o que lo sean sin peligro significativo. Pero en tal caso lo razonable es esperar a que esta investigación culmine: entonces sería el momento de reabrir el debate. Mientras tanto, lo prudente es esperar. Al fin y al cabo, las nucleares sólo aportan el 17% de la electricidad y el 6% de toda la energía consumida en el mundo. Esta cantidad se puede cubrir de sobra con las fuentes renovables hoy disponibles. Destinemos las enormes inversiones que se comen las centrales nucleares a desarrollar las renovables.

Por esto, y con independencia del procedimiento para elegir el lugar donde ubicar el necesario e inevitable almacén nuclear, los ecologistas tienen buenas razones para proponer que la decisión se vincule a un compromiso del Estado para cerrar todas las centrales españolas a medida que vayan agotando su vida útil. Si no se cierran, ¿cuántos años tardaremos en volver a discutir dónde instalar un nuevo almacén? Porque los residuos no cesan de salir de las centrales, por toneladas al año.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

El aumento de apoyo ciudadano a Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), se puede explicar por muchos factores. Se han destacado desde las páginas de Público algunos de los más importantes, que se pueden resumir en su política valiente de recuperación del control de los recursos del subsuelo y la adopción de políticas sociales de protección a los más desfavorecidos. Las rentas del petróleo han sido esenciales para financiar esas medidas sociales.

Pero la popularidad de Evo Morales seguramente tiene que ver con otros factores que han facilitado un cambio sensible de percepción de la vida política por la gente de la calle gracias a medidas que le llegan al corazón.

Al acceder por vez primera a la Presidencia del país, en diciembre de 2005, Evo Morales aplicó de inmediato una promesa electoral: reducir su salario de presidente en un 57%. Esta medida acarreó la reducción de los ingresos de otros muchos altos funcionarios, porque en Bolivia la ley prohíbe que ningún miembro de la organización de Estado y de la función pública cobre más que el presidente de la República. La gente quiere hechos más que palabras. Y agradece que un gobernante haga gestos que permitan pensar que no aspira a lucrarse con su carrera política, sino a servir al pueblo.

Otro logro de su primer mandato es haber promocionado a personas con un historial en los movimientos populares y ciudadanos, en organizaciones sindicales y vecinales. El propio partido del presidente se había constituido en gran medida a partir de activistas de esos movimientos, que no arrastran los vicios frecuentes entre quienes se han dedicado largos años a la política institucional. El nuevo personal gobernante tiene así un crédito que, a juzgar por los resultados electorales, goza de buena salud.

Una tercera baza de Morales es haber tomado medidas que representan para la mayoría indígena del país el final de su marginación histórica. Esto es visible no sólo con la presencia de muchos quechuas y aymaras en cargos públicos, sino también con una mayor presencia de la filosofía y de los valores indígenas en la vida del país.

Esto se puede ilustrar con un ejemplo. La ministra de Justicia del primer Gobierno de Morales, Casimira Rodríguez, explicaba con las siguientes palabras la incorporación de los “usos y costumbres” tradicionales al mundo de la justicia formal: “De pronto dos hermanos tienen un contencioso, cada uno un lotecito, cada uno con llamas, ovejas y vacas; van a la justicia ordinaria y las vacas van pagando la justicia, así pasan cinco años sin que ninguno ceda. Finalmente en la comunidad se enteran de que ya han perdido sus vacas y no han resuelto el problema. La autoridad de la comunidad les pregunta si quieren resolverlo. En un día se parte la mitad del terreno y sin gastos. Así, muchas veces, los problemas se pueden resolver transparentemente, tan sólo escuchando”. He aquí una buena herencia de la tradición autóctona. “Otra diferencia –añadía la ministra– es que en la Justicia comunitaria la sanción no incluye la cárcel (generalmente se opta por el trabajo comunitario o la expulsión de la comunidad), mientras que en la Justicia ordinaria normalmente el conflicto se agranda con la cárcel”.

El Gobierno, según la ministra, no pretende instalar la justicia ancestral, sino lograr la convivencia de esta con el derecho moderno. En Europa estamos ensayando la justicia de proximidad, los juicios rápidos, los procedimientos de mediación entre víctima y agresor. En Bolivia, buscando también fórmulas más ágiles, baratas y transparentes, recuperan a la vez su identidad cultural y tratan de insertarla en los esquemas modernos de organización social y política, cosa muy distinta de un simple retorno al pasado sobre bases tradicionalistas e identitarias. En Europa no se acaba de entender el potencial de renovación social y política de los movimientos llamados de la “autonomía indígena”, que tendemos a ver sólo en clave identitaria y llenos de peligros particularistas y comunitaristas. De hecho, la izquierda boliviana ha sido un crisol de sindicalismo obrero moderno e indigenismo, facilitado por la composición prácticamente indígena en su totalidad de los movimientos populares. La Constitución, por otra parte, declara su adhesión a la Carta Universal de Derechos Humanos, que excluye la tortura y el trato degradante, y por tanto rechaza las prácticas tradicionales que puedan violar la Carta.

Obsérvese, pues, que el proyecto del MAS no se ancla en valores tradicionales. Su reivindicación del protagonismo indígena no es un retorno al pasado, sino un salto hacia delante que incorpora valores democráticos de progreso social. Una señal inequívoca de ello es la fuerte presencia femenina en cargos públicos, incluido el Gobierno de la nación, en clara ruptura con el machismo tradicional de la sociedad boliviana. En el primer Gobierno de Evo Morales hubo cuatro mujeres, y la tónica se ha mantenido. Casimira Rodríguez, una de ellas, era de familia quechua pobre. Desde los 13 años fue trabajadora doméstica, a veces sólo a cambio de techo y comida. Promovió la Organización de Trabajadoras Domésticas de Bolivia, desde la que impulsó la primera ley, en 2003, que reguló el horario y otros derechos de estas trabajadoras.

La voluntad pedagógica de los dirigentes del MAS –muy alejada del populismo que a veces se le achaca– es evidente en este caso, como lo es en la autorreducción del sueldo del presidente. De momento, este país supuestamente atrasado está dando lecciones –a quien quiera aprovecharlas– para renovar la política y acercarla a la ciudadanía. Su Gobierno está mostrando con medidas valientes que la población trabajadora, marginada, pobre y étnicamente ninguneada puede sentirse protagonista de sus destinos y lograr conquistas sociopolíticas impensables hace tan solo unos años.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radioactivos. El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300 muertes.

Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.

Un reportaje de Al Yazira informa de que grupos de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenominado “Guardacostas Voluntarios de Somalia”, reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hart Security, que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo –y que, años más tarde, ha actuado como mediadora para el cobro de rescates en aquellas mismas aguas: ¡negocio redondo!–. Al parecer, hubo intentos de esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que hoy se califica como piratería somalí. En un país plagado de armas, desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación económica desesperada, un desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo anterior es legítimo preguntarse: ¿quiénes son, en esta historia, los verdaderos piratas?

Hay en España quien propone que los atuneros españoles (que son sobre todo vascos) lleven militares a bordo para disuadir a los piratas. En el Parlamento vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de octubre aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado meses antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí lo permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses llevan militares a bordo. Pero esta diferencia es de detalle: ambos países lograron que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de Defensa de la Unión Europea aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí, y que se diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para “garantizar la seguridad” en el golfo de Adén con el mandato de vigilar las costas de Somalia, “incluidas sus aguas territoriales”.

Estos hechos muestran que el colonialismo no sólo no ha muerto, sino que está tomando nuevos bríos. Y un nuevo aspecto marcado por la crisis de recursos naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los países ricos, compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los mares del mundo, esquilman un caladero tras otro: son las principales culpables de la sobrepesca que desde hace años viene destruyendo la capacidad de regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de las capturas a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones de los países pobres que dependen de la pesca local: ellas carecen de flotas potentes para pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más sangrantes por las circunstancias políticas internas, pero no es el único.

España está recuperando sus blasones imperiales contribuyendo a empobrecer a uno de los países más pobres del mundo. Al hacerlo no sólo comete una injusticia, sino que practica una política sin futuro también para sus habitantes. Porque cuando ya no haya caladeros por explotar en ningún rincón del mundo, ¿qué harán nuestros marineros y pescadores?

Es una indignidad aprovecharse de un país desangrado por una guerra civil y luego mandar a los soldados a defender una causa indefendible que no hace más que profundizar la tragedia de ese pueblo. Y si se quiere mirar desde otra óptica, ¿cuánto nos cuesta mantener la dotación de dos buques de guerra, un avión y 395 efectivos de la Marina española que tenemos destacados en la zona?

El caso tiene su moraleja. Un país desarrollado como España no debe, tras agotar sus propios recursos pesqueros, expandirse por los mares del mundo privando a otras poblaciones más pobres de sus medios de subsistencia, porque agrava la situación de esas poblaciones y las empuja a una resistencia que desemboca en aventuras violentas y salidas militares. La solución hay que buscarla en casa, adaptándose a unos ecosistemas dañados y gestionándolos mejor (por ejemplo, con la piscicultura como alternativa a la pesca), y adoptando medidas previsoras para que nadie se quede sin trabajo y sin fuente de ingresos. Es inquietante que se esté haciendo exactamente lo contrario: optar por la huida hacia delante y por un neoimperialismo ecológico reforzado militarmente que sólo puede redundar en un empeoramiento de la situación.

Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

Durante tres decenios, ya desde antes del accidente de Chernóbyl, ha tenido lugar una moratoria de facto en la construcción de nuevas centrales nucleares en los países desarrollados. Pero últimamente los pronucleares vuelven a la carga, y lo hacen esgrimiendo varios argumentos tramposos. Uno es la crisis energética y otro el cambio climático: frente a las fuentes fósiles, que tienen los días contados y contribuyen al calentamiento de la superficie de la Tierra, la energía atómica no emite carbono a la atmósfera. Un estudio publicado en septiembre de 2008 por la Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia –que impulsa desde hace un tiempo en Cataluña la campaña “Tanquem les nuclears” (“Cerremos las nucleares”)– prueba que por cada megavatio-hora nuclear se emiten entre 140 y 290 kilos de CO2, que es casi tanto como la cantidad que emiten las centrales de gas de ciclo combinado (las menos sucias de las que usan combustibles fósiles). Es cierto que la reacción por la que un neutrón rompe el átomo de uranio y desprende una cantidad gigantesca de energía no emite carbono. Pero para que la pila atómica funcione ha hecho falta extraer el mineral de la mina, concentrar el uranio (muy escaso en el mineral: sólo entre el 0,05% y el 0,1%), transportarlo, enriquecerlo, construir la central, desguazarla al final de su vida útil y tratar los residuos. Todo eso consume mucha energía fósil, y explica las emisiones de carbono mencionadas. Decir, pues, que la energía nuclear es “limpia” desde el punto de vista de las emisiones de CO2 es totalmente falaz. (El mencionado estudio, que no toma en consideración la construcción y desguace de las centrales, por falta de datos fiables, y que por eso se queda corto en sus resultados, puede consultarse en www.tanquemlesnuclears.org. Se basa en los datos publicados de Ascó 2 entre 2001 y 2005.)

Otro argumento es el de la dependencia respecto del exterior: el suministro de petróleo y gas nos hace depender demasiado de unos pocos países y compañías que tienen la llave de estos combustibles, como ilustró la crisis del gas de Rusia el pasado invierno. Pero veamos qué ocurre con el uranio. El 84% de las reservas mineras del mundo se concentra en seis países: Canadá, Australia, Kazajstán, Rusia, Namibia y Níger. Siete compañías concentran en sus manos el 78% de las reservas. Y casi todo el enriquecimiento del uranio, un 92%, lo hacen sólo cuatro compañías. ¿A qué viene, en un contexto así, invocar el argumento de la dependencia exterior en el caso de las fósiles e insinuar que con la nuclear no ocurre otro tanto?

Un tercer argumento se resume en la frase recientemente pronunciada por Ana Palacio, actual vicepresidenta de la compañía francesa Areva, filial de EDF, dedicada a la electricidad nuclear: “Un 96% del combustible de uranio es reciclable” y supone “una solución económica y mediambiental” (El País, 8-04-2009). Subyace a este argumento la idea de que, pese a que el uranio es tan finito como el petróleo y destinado también a agotarse, al poderse reciclar, su suministro es casi indefinido. Lo que esta tesis oculta es que para la utilización de combustible reprocesado no sirve cualquier reactor, sino sólo los reactores rápidos, también llamados “supergeneradores”, que están siendo un fracaso. En Francia, país pionero en energía nuclear, se decidió en 1997 cerrar el único supergenerador del país –el Superphénix– por su coste económico desorbitado y su escasa eficacia práctica. Su desguace está en marcha. El reciclado del combustible de uranio y su promesa de un suministro prácticamente inagotable es otra falacia.

Los partidarios de la energía del átomo están, en suma, orquestando una campaña de mentiras y medias verdades para vender a la opinión pública una técnica fracasada e inaceptable. Los problemas de la propaganda pronuclear no terminan aquí. Esta propaganda se enfrenta a otras verdades también incómodas. 1) La técnica nuclear arrastra un fracaso sonado: no haber hallado en los 60 años de su existencia ninguna solución satisfactoria al problema de los residuos. 2) Los riesgos asociados a las emisiones radiactivas. 3) Las centrales fabrican el combustible de las bombas atómicas. 4) Las centrales son un objetivo potencial privilegiado de terroristas de toda laya. 5) Por la razón anterior, requieren una protección policíaco-militar peligrosa para los derechos humanos y las libertades. 6) Los daños posibles debidos a accidentes son tan altos que ninguna compañía de seguros acepta asegurar, en ningún lugar del mundo, ninguna central nuclear: deben asumirlo los Estados. Y 7) las nucleares son ruinosas desde el punto de vista económico y no pueden subsistir (¡después de 60 años!) sin subvenciones públicas. Muchos responsables políticos muestran cada vez más dudas sobre la viabilidad económica de los programas nucleares renacidos, especialmente con motivo de una crisis que ha recortado drásticamente las disponibilidades financieras. El renacer nuclear está condenado por su enorme coste económico. Esto es una buena noticia, porque parece como si el lenguaje económico fuera el único que entienden los que mandan.

Finalmente, conviene recordar que el primer uso de la energía atómica fue militar, y que en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki de agosto de 1945 nos horrorizan no sólo la magnitud del dolor y la destrucción infligidos a las víctimas, sino la afectación al núcleo biológico mismo de nuestra naturaleza como especie: el genoma humano. La capacidad para provocar mutaciones teratogénicas aparece como símbolo del pacto fáustico de la modernidad: poder a cambio de vender el alma al diablo. Chernóbyl mostró que el uso pacífico de esta energía conlleva una exposición a riesgos de igual naturaleza.

Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

La publicidad que me gusta es la puramente informativa, que viene ilustrada por la cartelera de espectáculos o las listas de novedades en discos y libros. El resto de anuncios comerciales no suelen tener ninguna utilidad. Nadie que sea razonable se dejará convencer por las proclamaciones de los vendedores sobre las maravillas de los productos que quiere vender. La información fidedigna sobre las mercancías se busca entre gente de confianza que las conozca o sea experta en la materia. O, si existieran, en revistas independientes que difundieran informes fiables. En otro tiempo las hubo en España (recuerdo la que se llamaba Ciudadano), eran promovidas por asociaciones de consumidores. Pero perecieron bajo la presión de las grandes marcas.

Naturalmente los vendedores tienen derecho a proclamar la bondad de sus mercancías y tratar de convencernos o engatusarnos: el juego de la seducción es corriente en el comercio, como en el amor. Tampoco niego que los anuncios tengan efecto sobre las ventas, pese a su inutilidad para el consumidor: si no lo tuvieran, las empresas no se gastarían tanto dinero en ellos.

Lo que no es natural es que las sociedades modernas hayan aceptado ceder a los mercaderes tanto espacio público para sus anuncios: fachadas, paredes, vallas, autobuses y tantos otros. Pero el espacio público más escandalosamente colonizado por la publicidad es la televisión, y esto merece consideración aparte. El receptor de televisión es un artefacto de efectos muy considerables, pues recala siempre en uno de los puntos centrales de cada hogar, donde sus miembros aceptan someterse a un bombardeo de mensajes. La ubicuidad, capacidad de penetración y atracción hipnótica de la pantalla son poderes que deberíamos tratar con una cautela y prevención que suelen brillar por su ausencia. El zapping es una defensa, pero tiene sus límites. Siendo tan potente la capacidad de la pequeña pantalla para entrometerse en nuestro espacio íntimo e influir en nuestras vidas, ¿cómo es posible que las normativas autoricen que los anuncios comerciales se apoderen de tanta cuota de pantalla? En los Estados Unidos ocupan una cuarta parte, en promedio, del tiempo de emisión. En Europa no se llega tan lejos, y en España se sitúa en torno a la sexta parte.

Los anuncios, además de carecer de utilidad para el público, ejercen la función insidiosa de transmitir unos valores y unas pautas de conducta muy nocivas. Cuando ya sabemos desde hace tiempo que el consumo de masas ha sobrepasado todos los límites razonables y es factor decisivo en la destrucción del planeta, los anuncios comerciales siguen cultivando con tenacidad y alevosía el fomento del consumo y un clima cultural de inconsciencia e irresponsabilidad. La visión de la vida que transmiten esos mensajes es que todo es fácil y sin problemas. Exaltan la comodidad y el placer anodino, la novedad trivial incesante, la idea de que todo gusto es posible y alcanzable…

El volumen mundial de gasto en reclamos comerciales alcanzó en 2002 cerca de 500.000 millones de dólares, nueve veces más que en 1950. Para hacerse una idea, esta cifra equivale aproximadamente a la mitad del gasto mundial en armamento. Y al despilfarro de un dinero que podría destinarse a mejores causas, se suma el despilfarro de tiempo, energía, ingenio y dignidad de quienes se dedican a idear y realizar los anuncios. Me deprime ver cómo tanta gente de evidente talento lo malgasta en el circo alienante y manipulador de la publicidad.

Un alto dirigente de TF1, la principal cadena televisiva de Francia, declaró hace pocos años que “la tarea de TF1 es ayudar a Coca-Cola, por ejemplo, a vender su producto. Y para que un mensaje publicitario sea captado, hace falta que el cerebro del telespectador esté disponible: esto es, distraerlo y relajarlo para prepararlo entre un mensaje y el siguiente. Lo que vendemos a Coca-Cola es tiempo de cerebro humano disponible”. Más claro, el agua. Esto significa, además, que la degradación estética y moral de la programación televisiva, en la medida en que deriva de la búsqueda a toda costa de la máxima audiencia, es más que un efecto colateral no buscado: forma parte del modelo de televisión como instrumento de la mercadotecnia al servicio de un consumo irresponsable.

Por todo eso, el debate en torno a la nueva normativa española sobre publicidad en televisión no debería haber omitido este lado oscuro. Se me objetará que sin publicidad se hundirían las industrias del espectáculo, el entretenimiento y la producción y difusión cultural. Esto es una gran falacia que sirve para legitimar el poder cultural y de manipulación que se ha entregado al gran capital tanto por la vía de la publicidad como por la autorización de que haya cadenas privadas controladas por el gran capital. Hay muchas fórmulas para escapar de esta aparente fatalidad. A las grandes empresas se les podría permitir la publicidad de promoción (del tipo: “La empresa Tal les ofrece el programa que sigue”), como ya se hace. Se puede financiar con cargo al presupuesto público (como parcialmente ocurre en España con la televisión pública) o con un canon (en Francia cada hogar con televisor paga 116 euros al año salvo los más pobres, y en Gran Bretaña 180). Financiación pública no equivale a control estatal, como muestra la BBC, acreditada por su independencia respecto del poder político. La libertad de expresión y el pluralismo no se ven favorecidos por la existencia de cadenas privadas, sino todo lo contrario. La televisión es un servicio público, con un enorme potencial educativo e informativo. No la pongamos al servicio de la codicia.

Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.