Reggio’s

Una característica de todos los sondeos es la valoración muy negativa que los ciudadanos hacen de la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis económica, lo cual redunda en un cuestionamiento de la calidad de la democracia. En muchas ocasiones, la política (con minúscula) se impone al sentido común y defrauda las expectativas de la gente.

Es síntoma de ello lo que está ocurriendo en España con el debate partidario en materia económica. Los Presupuestos del Estado, las convocatorias para lograr un pacto transversal que permita aunar fuerzas para combatir la peor crisis económica en muchísimos años, el planteamiento de anteproyectos como el de la Ley de Economía Sostenible, son ocasiones perdidas en las que lo que emerge a la luz pública son, más allá de los matices y diferentes responsabilidades que se les podría atribuir a cada uno, los ejercicios de permanente desautorización entre el Gobierno y la oposición. La discusión central, tal como trasluce, tiene más que ver con luchas sobre el poder y con ejercicios de mera supervivencia partidista que con el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos en materia de desempleo, empobrecimiento y pérdida de bienestar. Seguramente no es del todo justa esta percepción, pero es la que es: se manifiesta una ausencia de densidad argumental en el debate político de la crisis económica, en beneficio de otros asuntos más corporativos de sus escasos protagonistas.

Está bien que el Ejecutivo pretenda administrar su acción con el mayor consenso político y social y no mediante el despotismo de otros momentos, pero ese consenso no puede ser limitativo de la acción de gobernar. La oposición del PP se está ejerciendo por mero deterioro del Gobierno: o no tiene alternativa económica o la esconde temerosa de sus costes sociales en número de votos. El Banco de España, que habría de ejercer ahora un papel muy activo debido a la restricción del crédito -que es la principal limitación al crecimiento de la inversión y el empleo- habla de cualquier otra cosa más que de ello causando la irritación no sólo de los sindicatos sino de los empresarios: la reestructuración del sistema financiero está siendo mucho más lenta de lo esperado. Qué decir de otras instituciones centrales como el Tribunal Constitucional (incapaz de ser renovado por los partidos políticos), el Consejo General del Poder Judicial (del que se han conocido recientemente sus procedimientos de selección) y otros organismos supervisores y reguladores. Etcétera.

Muchas instituciones aparecen demediadas o fuera de forma en esta coyuntura, en la que serían esenciales para la revitalización de la vida política y su relación con la crisis económica. La crisis multiplica la inseguridad de los ciudadanos y en ese contexto cobran más importancia que nunca las instituciones. La historia muestra que cada vez que se produce una crisis tan extrema, los ciudadanos redescubren la necesidad de instituciones eficaces, de estar bien gobernados, la necesidad de lo colectivo, la significación de los servicios públicos y su buen funcionamiento. Es seminal la calidad del marco normativo y de las instituciones que, cuando funcionan bien, reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción y facilitan la cohesión social.

Dándose cuenta de este agujero negro ha aparecido la iniciativa estosololoarreglamosentretodos.org, un intento de movilizar a la sociedad civil para recuperar la confianza bajo el lema de “queremos arreglar esto y no vamos a esperar que nadie lo haga por nosotros”. En su presentación, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, declaró: “El que los políticos lo estén haciendo mal no puede ser una excusa; la sociedad civil tiene que moverse”.

Otro día habrá que abordar los defectos de la sociedad civil española, que no es ni mucho menos perfecta, en la crisis de confianza que padecemos. Mientras tanto, reproduzcamos la opinión de Ivan Krastov, miembro fundador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en este periódico el pasado sábado: “Somos testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales. (…) Las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es una cuestión de confianza, sino más bien de gestión de la desconfianza”.

William Rockefeller, padre de John D. Rockefeller, iba por los pueblos del salvaje Oeste vendiendo ungüento de serpiente, que servía para curar todos los males, el dolor de muelas, problemas intestinales, cefaleas, etcétera. Era un vendedor ambulante con chistera, de los que vemos en los western, que daba una charla sobre las curas milagrosas subido en el estante del carromato tirado por caballos, y luego huía a otro poblado.

Lo describen Akerlof y Shiller en su Animal Spirits para luego hacer una analogía entre el cuentista y esos economistas que durante tres décadas predicaron la desregulación como el moderno ungüento de serpiente para arreglar los problemas del mundo. Robert Skidelski opina que la causa principal de la crisis está en el fracaso intelectual de las ideas dominantes en ese periodo; fue esa ideología la que legitimó la desregulación de los mercados, y fue la desregulación de las finanzas la que llevó a la explosión espuria del crédito que produjo la escasez del crédito, madre de la Gran Recesión. Las prácticas de los banqueros abusones y opacos, de las agencias de calificación con conflictos de intereses, de los hedge funds que especulan con posiciones cortas, de los bancos centrales ciegos, los reguladores tolerantes o los Gobiernos predispuestos fueron posteriores a esas ideas platónicas de eficiencia perfecta.

Sólo ahondando en la fuente de los errores y los escándalos que han llevado al empobrecimiento de las sociedades puede subrayarse el sistema de ideas que dio lugar a aquéllos. Con motivo de la salida técnica de la Gran Recesión, en muchos países se está generando una muy interesante confrontación de ideas. Por ejemplo, en Reino Unido. Hace unos días, una veintena de economistas firmaban una carta en el Sunday Times en la que demandaban a Gordon Brown un recorte más rápido del desequilibrio presupuestario. Brown había declarado que no es el momento de recortar el gasto público ni las ayudas y las inversiones públicas porque eso llevaría a Reino Unido a una situación de mayor recesión. “2010 ha de ser el año del crecimiento en el que las economías deben salir adelante. Es el momento de la recuperación”.

Poco después, otro grupo de 60 economistas (entre los que se encontraban Stiglitz y Robert Solow, ambos premios Nobel, Skidelsky, Layard Layard, etcétera) publicaban dos cartas en el Financial Times en las que apoyaban el plan de recorte progresivo, y no traumático, del déficit. Mientras el paro siga tan alto sería contraproducente reducir el gasto público más allá de los recortes ya planeados para el ejercicio fiscal 2010-2011, equivalentes a un 1% del PIB británico. Mayores reducciones no traerían consigo un aumento de la actividad del sector privado y podrían incluso frenarla; los autores de una de las cartas recordaban que la historia está plagada de ejemplos de retiradas prematuras de los estímulos, como los casos de EE UU en 1937 y de Japón en 1997. “Si el Gobierno gasta menos y ahorra más de lo previsto, lo más seguro es que no impulse la recuperación”.

Quizá contagiado por ese debate, Zapatero, que participaba con Gordon Brown en un seminario de Policy Network, un think tank laborista, sobre la estrategia tras la crisis, matizó, una vez más, la graduación de su política económica. Según la web de La Moncloa, el presidente dijo: el déficit se reducirá “cuando la recuperación sea activa, no sólo pensando en los intereses a corto o medio plazo de algunos fondos (…) Vamos a reducir el déficit, pero no a costa de perjudicar la cohesión social”. Se reducirá “con la máxima austeridad para poder invertir en la economía productiva”. Más allá de la corrección de su propuesta, Zapatero debería aclarar definitivamente cuál es la prioridad y la graduación de su política económica. Para poder abrir el mismo debate que en Reino Unido sin una situación abusiva en la que a través de las declaraciones en los diferentes foros en que participa (los road show con los inversores, el Parlamento, los seminarios partidistas, encuentros internos de la familia socialista) el Gobierno abarque todas las posiciones: una y la contraria. Porque entonces no hay forma de aclararse ni de debatir el dilema central de la política económica de hoy.

Hoy se inicia otra semana decisiva para la economía española y, más en general, para la europea. Los datos provisionales aportados por Eurostat el pasado viernes sobre el más que limitado crecimiento del PIB continental no permiten ninguna alegría: es pronto para decir que se ha superado la crisis de crecimiento. Entre las sorpresas mayores, el estancamiento de Alemania en un extremo, y la mayor caída griega, en el contrario.

Con esos porcentajes anémicos del PIB será imposible crear empleo, principal preocupación ciudadana. Así pues, la semana comienza como la anterior, con la mirada puesta en la evolución de los mercados, en las reuniones de Bruselas para concretar el plan de salvación de la economía griega, y en el pleno del Congreso de los Diputados español donde Zapatero deberá actualizar, una vez más, el diagnóstico y la evolución de la coyuntura española y la política económica para enmendarla.

Puede ser un calvario para él si no ajusta ese diagnóstico. El problema del mismo no es sólo de comunicación, como equivocadamente se argumenta, sino de prioridades. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, asegura un día en el road show con los inversores europeos que si la economía española tiene que ampliar el ajuste reduciendo el gasto, lo hará, y al siguiente, Zapatero anuncia a los diputados y senadores socialistas que aumentará el gasto de la ayuda a los parados que se quedan sin seguro de desempleo. Lo cual es justo, pero contradictorio con lo anterior.

Las publicaciones liberales británicas, tan críticas con el Gobierno español, se añaden a la doctrina keynesiana del director gerente del FMI de que es pronto para retirar los paquetes de estímulo con un desempleo de casi el 20% de la población activa, pero España, que cuenta con un déficit fiscal oficial del 11,4%, ha sido uno de los primeros países en volver a la ortodoxia y anunciar que las reduce. Paradojas.

Zapatero deberá aclarar el dilema en el Congreso: ¿cuál es la prioridad, el paro o el déficit?, ¿qué combinación de políticas, que no resulten demasiado contradictorias, serán las dominantes? El debate es central: con estas tasas de paro no podrá acudir a las elecciones generales con garantía alguna de ganarlas, pero con la desconfianza de los mercados y la consiguiente dificultad creciente de financiar la deuda pública es posible que no llegue a esas elecciones, dentro de dos años, en condiciones de normalidad.

Hay otro aspecto que no se subraya en estos momentos de dificultad: la falta de elasticidad del déficit público, a la hora de bajarlo. Reducir en sólo tres años el déficit desde los dos dígitos actuales hasta el 3% máximo que implica cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, es una tarea hercúlea llena de precipicios sociales.

El propio Keynes, que inventó la expansión de la demanda a través del dinero público, para sustituir a la inversión privada cuando ésta se detiene, advirtió que la autopista del déficit funciona a distintas velocidades: aumenta con mucha rapidez y disminuye con gran lentitud, por la acción de los intereses creados y la permanencia de necesidades sociales.

Las movilizaciones en Grecia contra los enormes sacrificios que se exigen a sus ciudadanos preanuncian las que se pueden producir en un país como España, en el que la paz social dentro de la crisis es uno de los principales activos que puede presentar el Gobierno.

Tiene razón Sami Naïr (Cómo materializar la solidaridad europea, EL PAÍS del 13 de febrero) cuando exige una flexibilización de los criterios de convergencia (3% del PIB de déficit, 60% de deuda pública y una inflación máxima del 1,5%) que permita a los países afectados jugar con los déficit públicos y el endeudamiento, dentro de un marco definido por Bruselas, y por un periodo determinado. Esta flexibilidad fue de hecho concedida a Francia y Alemania en marzo de 2005 a título excepcional y temporal para que emprendieran reformas escalonadas en el tiempo. Ello “debería convertirse en un derecho mientras no se haya alcanzado un cierto grado de convergencia entre las economías implicadas en el euro”.

“La solidaridad europea tendría así un contenido real”. No vaya a ser que quienes se opongan a esta flexibilidad sean los mismos que no tuvieron en cuenta ninguna regla cuando hubo que ayudar al sistema financiero con todo tipo de muletas, y esto se convierta en un infierno.

La semana empieza conteniendo la respiración: ¿cómo reaccionarán los mercados tras la tregua del fin de semana? Con el esbozo de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno ha conseguido, de momento, detener en parte la hemorragia de la contestación interior. Ahora tiene la batalla más dura: convencer a los mercados internacionales de que España no es Grecia; que tiene un diagnóstico adecuado de la situación; que va a gobernar aunque sea impopular hacerlo; que va a liderar una coalición social de apoyo a las reformas necesarias; y que convocará a la oposición, con voluntad política de pactar, para que de una vez ésta comparezca con soluciones concretas y no sólo con conceptos esdrújulos.

El cierre de la semana anterior fue dramático: acumulación de pésimos datos coyunturales en materia de desempleo y de déficit público (aunque haya indicadores parciales, por ejemplo la producción industrial, que indican que algo se está moviendo), y crítica de los mercados internacionales en forma de castigo a la calidad y al precio de la deuda pública del Reino de España. A partir de hoy, los responsables económicos se van de gira por Europa con inversores institucionales y agencias de calificación de riesgo para convencerlos de que el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para corregir los fuertes desequilibrios.

Tropezarán para ello con una triple desconfianza. La principal, la duda sobre si existe un Gobierno eficaz y capaz de aguantar las presiones en contra de un severo plan de ajuste; el atropellamiento de medidas que se superponen unas a otras, las marchas adelante y atrás dependiendo de la reacción social que generan, han afectado a la imagen del Ejecutivo. Tener enfrente a los mercados es estar contra la pared; puede parecer bien o mal, justo o injusto y plantea un interesante debate sobre el papel hegemónico de los especuladores y las agencias de calificación de riesgos en las democracias y en la soberanía de los representantes libremente elegidos por los ciudadanos, pero es el que es y el que se ha permitido. Además, el Gobierno tiene un límite que hasta hace poco parecía una ventaja: España preside la UE y ello dificulta los cambios políticos que parecen imprescindibles para reaccionar.

La segunda desconfianza se expresa en el voluntarismo de los datos presentados en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas hace unos días. Pocos expertos han creído en la capacidad de crecimiento del PIB que el Gobierno atribuye para los próximos dos o tres años, toda vez que España es hoy el único país del G-20 que sigue técnicamente en recesión, después de siete trimestres seguidos de contracción. La tercera desconfianza permanece agazapada, pero en algún momento tendrá que salir: la sanidad del sistema financiero español. Se sabe, de manera agregada, que los bancos y cajas de ahorro poseen en sus tripas un riesgo promotor inmobiliario de 350.000 millones de euros, impagable en gran parte, y un stock de deuda pública española, ya deteriorada por el aumento del riesgo país, de unos 150.000 millones de euros. ¿Cómo se descompone ese riesgo entre las entidades concretas?

En las últimas semanas, el Gobierno ha iniciado un sigiloso cambio de rumbo en su política económica para evitar el estrangulamiento en su financiación. Nada se puede hacer si no hay dinero, nos lo prestan muy caro o no nos lo prestan. Ese sigilo es el que ha dado lugar a ese “déficit de explicación” al que se refería el ministro de Trabajo, para embridar la reforma de las pensiones. Zapatero ha de hacer frente a su última ensoñación sucumbida: que no va a haber recortes en la protección social. Al crecimiento espectacular del desempleo, al empobrecimiento de las clases medias que ven reducida su renta disponible y el valor de sus activos inmobiliarios, se le van a sumar a partir de ahora, de una forma u otra, antes o después, unas condiciones más exigentes para recibir las pensiones públicas (mientras las privadas, en el seno de las instituciones financieras, también han perdido parte de su valor) y una reforma del mercado de trabajo que para mejorar la posición de unos conllevará las pérdidas de derechos de otros.

Difícil tarea. De pedagogía, pero también de liderazgo y del consenso que requieren coyunturas excepcionales.

Simon Johnson es un prestigioso economista norteamericano que da clases en la escuela de negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nada izquierdista, fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional y acaba de publicar un libro, aún no editado en España, titulado 13 banqueros que es una de las críticas más despiadadas a la banca de inversión desde el corazón del sistema, por su papel en la crisis financiera. Desde hace meses circula profusamente por la Red un artículo publicado por Simon en la Atlantic Monthly, titulado “El golpe de Estado silencioso”, cuya tesis es que la industria financiera americana ha capturado a la Casa Blanca, lo que explica su poder y lo ocurrido desde el verano de 2007.

La reacción de Obama, plantando cara en sus declaraciones a los grandes banqueros, no sólo se entiende por las dificultades de los demócratas tras perder el control del Senado, sino por la sensación generalizada acerca del poder sin límites de la banca y por el mal uso de ese poder, a pesar de haber sido multimillonariamente ayudada con dinero público, liquidez sin cuento, avales y compras de activos. La hartura ciudadana, en medio de una larguísima recesión que conlleva altas tasas de paro y un empobrecimiento de las clases medias, es cada vez más explícita. Si existe un ámbito en el que la protección al consumidor es necesaria es en el de los ahorros de los ciudadanos, en los recursos que disponen ante un futuro incierto. Muchos no han entendido que el Estado, habiendo entrado mayoritariamente en el capital de las entidades para salvarlas de la quiebra, no haya ejercido a continuación los derechos políticos de las acciones que había adquirido, para evitar los abusos salariales, el riesgo especulativo desmedido, la altanería y falta de autocrítica de sus presidentes en las comparecencias parlamentarias, y la falta de crédito.

Aunque restan concreciones y un calendario explícito para las reformas del sistema financiero y de los mecanismos de regulación, Obama ha anunciado tres grandes ideas fuerza, más allá del fortalecimiento de la Reserva Federal como principal institución reguladora: primero, un impuesto sobre el pasivo, con el objeto de recuperar hasta el último céntimo del dinero público aportado a la banca para su supervivencia; segundo, la separación de las actividades comerciales y de inversión de la banca, recuperando la idea de la ley Glass-Steagall (aprobada en medio de la Gran Depresión), que fue abolida por la Administración Clinton, lo que demuestra que no sólo los republicanos activaron la desregulación financiera que llevó al desastre. Por último, el troceamiento de las entidades más grandes, aquellas a las que no se puede dejar quebrar so pena de riesgo sistémico; muchos economistas han abierto un debate muy interesante: por qué tienen que ser privadas aquellas instituciones que no pueden caer y han de ser apoyadas por las muletas públicas en caso de riesgo.

La reacción política de Obama, que ha sido apoyada por los dirigentes europeos, sean éstos de extracción socialdemócrata o conservadora, y por la opinión pública mayoritaria, se sustenta en los últimos abusos de la industria financiera: en cuanto las entidades han vuelto a los beneficios supermillonarios han recuperado las prácticas del pasado basadas en una innovación financiera desaforada, con operaciones opacas y fuera del balance; los escandalosos bonus récord a sus ejecutivos, en un momento en que se exigen sacrificios salariales al resto de los ciudadanos; y, sobre todo, la ausencia de líneas de crédito suficientes para empresas y familias. A ello se le ha unido un elemento coyuntural, pero de claro valor pedagógico: el cobro de comisiones a las transferencias de solidaridad con los afectados del terremoto de Haití (que también se manifestó durante los primeros días en los bancos españoles).

En el fondo de este debate subyace el viejo dilema ya planteado por Max Weber sobre quién manda en última instancia en el mundo de la economía: los representantes elegidos por los ciudadanos o el planeta de los negocios. La hegemonía de la política o de la economía. La gobernanza en tiempos de la globalización.

La reforma de las pensiones no es una cuestión ideológica sino que está determinada por la demografía. Ésta alerta sobre la necesidad de emprender reformas importantes y urgentes, so pena de poner en peligro el sistema de Seguridad Social. Por ello, la reforma de las pensiones es, cada vez más, un tema clave en un debate político fundamental: mientras los neoliberales lo arreglan todo con la privatización de las mismas (como si ésta no tuviera problemas, como ha demostrado la crisis actual), los sindicatos y los lobbies de jubilados abogan por la preservación del statu quo. Las dos posiciones son muy difíciles de defender.

El problema principal es el envejecimiento de la población. Pocos bebés y vidas largas. Una baja fecundidad implica el aumento de la proporción de personas mayores en la población, susceptibles de ser protegidas por los ciudadanos activos (basándose en el pacto intergeneracional que forma parte de la esencia de nuestras sociedades); además, la longevidad implica que los mayores puedan llegar a ser muy viejos.

Por ello es tal importante que la reforma del Pacto de Toledo (acuerdo entre los partidos políticos en el Congreso de los Diputados en 1995 para reformar el sistema de pensiones como garantía de su continuidad) dé resultados urgentes. El envejecimiento de la población no es un elemento nuevo; lo es su rapidez. La realidad demográfica de hoy (incluidos los millones de inmigrantes que han entrado en nuestro país) es muy diferente de la de hace 15 años. Las tres características de nuestra época son las siguientes: el proceso de envejecimiento se acelera mucho y en los países desarrollados la población anciana se habrá duplicado de media dentro de 50 años; segundo, gozamos de muy buena salud, lo que se traduce en una fuerte alza de la esperanza de vida. Y tercero y más importante, en la primera década del siglo XXI, vejez se identifica con jubilación; el derecho a que todos tengamos nuestra jubilación, firmemente arraigado en el sentido común de la época, es en realidad muy reciente. Antes, la mayoría de los trabajadores no podían decidir jubilarse, especialmente porque las pensiones (cuando existían) eran muy escasas; si dejaban de trabajar era, en general, porque ya no podían seguir haciéndolo o porque los habían licenciado.

Todos estos cambios los analizan los expertos Gosta Esping-Andersen y Bruno Palier, en un libro imprescindible para los que reflexionan sobre los cambios sociológicos de nuestras sociedades (Los tres grandes retos del Estado del bienestar, editorial Ariel). Los tres retos están residenciados en el campo de las mujeres, los niños y las pensiones. El cambio social más importante ha sido la entrada masiva de la mujer en el mercado laboral, por lo que es esencial favorecer el empleo de las mujeres y la igualdad con los hombres, como elemento crucial para el desarrollo de los servicios sociales de cuidado de los niños y otras personas dependientes. Garantizar la igualdad de oportunidades de los niños es el segundo reto: mientras que los sistemas actuales de protección social gastan cada vez más en personas ancianas, parece necesario invertir en los niños, preparar una mano de obra mejor formada. Una socialización precoz en las guarderías permite reducir considerablemente el riesgo de fracaso escolar; favorecer el desarrollo de formas colectivas de cuidado de los niños que garantice una buena socialización primaria y unas condiciones de aprendizaje que preparen de forma conveniente el futuro. Más que luchar contra la exclusión social una vez que ésta se ha hecho realidad, más que tener que formar de nuevo a la mano de obra atrasada, es preferible concentrar los esfuerzos en una acción preventiva centrada en la infancia. El tercer reto es la reforma de las pensiones públicas, haciendo prevalecer el principio de igualdad, manteniendo tanto la equidad entre generaciones como en el seno de las mismas.

Esping-Andersen y Palier pretenden resolver estos retos para que las políticas económicas y sociales se refuercen mutuamente, de modo que los dispositivos de protección social permitan sostener e impulsar el crecimiento, y sostener la capacidad de consumir de quienes ya no pueden trabajar. Y no, como ha sucedido en muchas ocasiones, que en vez de apoyar el pleno empleo esos dispositivos se utilicen para retirar individuos del mercado de trabajo.

En la comparecencia conjunta que tuvieron el presidente del Consejo Europeo (Van Rompuy), el presidente de la Comisión Europea (Durão Barroso) y el presidente de turno de la Unión Europea (Rodríguez Zapatero) el pasado viernes, los tres insistieron en que defender el modelo social europeo, caracterizado por el Estado de bienestar, es “cuestión de supervivencia”. El más enfático fue el belga Van Rompuy, para quien la primera necesidad de Europa, en esta coyuntura, es un crecimiento económico que preserve el modelo de vida europeo.

Es ésta una idea muy querida para Felipe González (de quien Jorge Semprún decía ayer que es uno de los pocos líderes europeos que quedan en activo). González siempre ha pensado que para disponer de un modelo social hay que tener dinero para financiarlo, y que sin lo último no es posible lo primero. ¿Se puede mantener -o aumentar, para que los millones de nuevos inmigrantes accedan a él- el Estado de bienestar creado en la posguerra, con un crecimiento anémico, tasas de déficit público muy importantes (en algunos países, superiores a dos dígitos) y un paro que está a punto de llegar al 10% de la población activa de la zona, y en un entorno demográfico de envejecimiento creciente de la ciudadanía media? Éste es el círculo que ha de cuadrar la UE de los próximos años. Según los datos recientemente proporcionados por la Oficina de Estadísticas de la Comisión, la UE tiene ahora casi 23 millones de parados en su seno, un 9,5% de la población activa. Según las últimas previsiones de la Comisión, el paro crecerá hasta el 10,7% en el año en curso y subirá cerca del 11% en 2011, porque el crecimiento económico será muy escaso (0,7% en 2010 y 1,5% en 2011).

Todas estas alarmas se multiplican exponencialmente para España. Según Eurostat, la tasa de paro de nuestro país, desestacionalizada, asciende hasta el 19,4% de la población activa, y en el caso de los menores de 25 años, ese porcentaje ronda el 44%: casi uno de cada dos jóvenes en edad de trabajar está desempleado. Estos porcentajes, en sí mismos, son explosivos, pero mucho más si se analizan en forma de tendencia a largo plazo. En la crisis de los años noventa, España llegó a tener una tasa de paro del 24,5% en el año 1994; sólo 13 años después, en el segundo trimestre de 2007, esa tasa llegó a bajar hasta el 7,95% y se puso en porcentajes similares a la media europea. Se necesitaron casi 13 años para entrar en la Europa del empleo y ello creciendo a tasas superiores medias al 3% anual del producto interior bruto.

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, declaró la semana pasada que España crecerá por encima del 2% en el año 2012, que el mercado laboral empezará a recuperarse a finales de este año y que no se creará empleo neto hasta 2011, pero que España no volverá a porcentajes cercanos al 8% de paro hasta “dentro de cinco años”. Quizá la economía española se ha hecho mucho más flexible que en los noventa, pero si se siguiera la graduación de esos años, nuestro país no tendrá un 8% de paro hasta la década de los años veinte.

¿Pesimismo o realismo? Cuando se habla de la salida de la crisis económica hay que contemplar las secuelas que dejará en las sociedades. Y entre esas huellas se manifiestan los cuatro millones largos de parados (el doble de cuando empezó la Gran Recesión); el más de un millón de personas que ya no reciben seguro de desempleo alguno; los 368.000 parados que reciben la paga escoba de 420 euros mensuales (durante seis meses), cuando han agotado su protección social; o los 1,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social que ya han dejado de serlo.

¿Se puede mantener un Estado de bienestar europeo con las tasas de paro, los porcentajes de crecimiento y el déficit público español? Nuestro reto es cualitativamente diferente al de la media europea, y sobre ello debe centrarse el debate de la política económica interna. No sobre si estamos a punto de dejar la recesión para crecer unas décimas, ni sobre si se deben bajar los impuestos en una coyuntura imposible para hacerlo, so pena de agravar los desequilibrios. Cuestión de supervivencia.

Permitámonos, por ser Navidad, una ucronía: que Marx y Engels viven y han de redactar, 161 años después, una nueva versión actualizada del Manifiesto Comunista. Quizá podrían empezar así: “Un fantasma recorre el mundo: el fantasma de la deuda. Todas las fuerzas del planeta se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el FMI y las agencias de calificación de riesgo, Obama y Merkel, los gobiernos y las empresas, los socialdemócratas y los conservadores”. La burbuja del endeudamiento, privado y público, se ha unido al incremento del paro y al empobrecimiento de las clases medias como las principales secuelas de una crisis que afectará en sus cimientos económicos, junto al cambio climático, a al menos a una generación de ciudadanos.

En las últimas fechas la deuda pública ha sustituido a la privada en el primer lugar de las preocupaciones de los Gobiernos. No porque esta última haya disminuido significativamente (no es cierto que la crisis económica haya producido una sustitución del endeudamiento privado por el público, como en algún momento se creyó, sino una acumulación de ambos) sino porque ha emergido con mayor virulencia la posibilidad del impago de la deuda de algunos países. Una suspensión de pagos dio lugar precisamente a una década perdida, la de los años ochenta, en América Latina.

Primero, los problemas de una empresa pública como Dubai World (cuya deuda, ahora se sabe, no estaba asegurada por el Gobierno de ese país, como creían los inversores); a continuación Grecia ve como su deuda soberana cae a la misma consideración que los bonos basura tras conocerse que sus niveles de déficit y deuda pública (12,7% y 114% del PIB respectivamente) eran el doble de los reconocidos por el anterior Gobierno, situándose en una coyuntura que concita analogías con la de Islandia, un país que pasó en unas semanas de ser modelo de desregulación a la bancarrota. Y las agencias de calificación de riesgo (que pese a sus continuas equivocaciones y abusos mantienen un nivel alto de influencia entre los inversores) han puesto en cuestión, también por los elevados desequilibrios de sus cuentas públicas, a países tan dispares como EE UU, Gran Bretaña o España.

Cuanto más cae la calificación de un país, más caros resultan los préstamos que demandan para pagar sus obligaciones. ¿Habrá un efecto dominó? Lo sucedido en Grecia ha resucitado en algunos ambientes el abusivo concepto de los países PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), como si la situación fuese similar en los cuatro. Por su parte, el FMI pronostica que la deuda pública promedio de los países que forman el G-20, el 80% del PIB en el año 2007, alcanzará el 120% en el año 2014. A los problemas sobre el pago de esa deuda habrían de añadirse los de los avales públicos a los bancos, en caso de que algunos de éstos tuviesen problemas que aun no han emergido (como también indica el FMI) o los que en el seno de los Estados afectan a algunas zonas (por ejemplo, California, en EE UU, o los que hay en algunas comunidades autónomas españolas).

Ante estos problemas, que podrían acrecentarse si suben los tipos de interés y en un contexto de caída de los ingresos públicos y de aumento de las presiones sobre el gasto social, habría, por ejemplo, que matizar un poco las palabras de Cándido Méndez, el secretario general de UGT, en la multitudinaria manifestación de poder sindical que hubo en Madrid el pasado sábado: la prioridad de la política económica debe ser, efectivamente, el empleo pero en materia de déficit y deuda pública estamos rozando el larguero. No se trata de retirar los estímulos públicos en esta coyuntura, pero sí de dotar a esa política de mayor eficacia y transparencia (el engaño sobre la magnitud de las cuentas públicas en Grecia cuestiona la ausencia de vigilantes en la eurozona) y de una hoja de ruta para salir, poco a poco, de esa metástasis del endeudamiento. Además, Europa no dispone de un protocolo con el que tratar a los países que pudieran suspender pagos, reflexión que ha surgido ahora con el caso de Grecia. ¿Se puede decir de los países, como de los bancos, que hay algunos suficientemente grandes como para impedirles quebrar porque tienen riesgo sistémico y por la interdependencia que produce la globalización?

Cuando al inicio de la Transición el Rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, la revista Cuadernos para el Diálogo, uno de los bastiones del antifranquismo, publicó una portada toda en negro, con una ventana en la que se veía una foto de carné de Suárez con la camisa azul jurando los principios del Movimiento, y una única leyenda: “El apagón”. Se equivocó el semanario. Nos equivocamos todos. Se puede rememorar ahora aquel error y desear que se vuelva a repetir, ante la unanimidad de la decepción generada por los nombramientos que conducirán la Unión Europea (UE): su primer presidente estable, el democristiano belga Van Rompuy; la alta representante para la Política Exterior, la laborista británica Ashton; y el reelegido presidente de la Comisión Europea, el conservador portugués, Durão Barroso.

Del método se ha destacado su falta de transparencia, y de sus perfiles se subraya el sometimiento a los intereses nacionales de los principales países de la UE, y su grisura. No se han pretendido líderes europeos, sino coordinadores de posiciones; secretarios de organización y no secretarios generales, en la terminología de los partidos clásicos.

Uno de los envites con los que tiene que lidiar la nueva cúpula europea es la salida de la crisis económica. Al tiempo que se conocía su elección, la oficina de estadísticas de la Comisión Europea, Eurostat, divulgaba los últimos datos sobre la coyuntura: los más positivos, que al finalizar el tercer trimestre del año se podía certificar que la UE en su conjunto había salido de la recesión, tanto si se la mide como conjunto de los 27 países que la componen (0,2%) como de los 16 países que conforman la zona euro (0,4%). Los negativos, casi todo lo demás: en tasa interanual, tanto la UE-27 como la zona euro siguen decreciendo por encima del 4% (-4,3% y -4,1%).

Entre las razones de ese leve aumento del PIB trimestral parece estar un incremento de las exportaciones, pero todavía no se atisba nervio en el comportamiento del consumo y la inversión. Tampoco se manifiesta una buena evolución similar en el empleo, ya que el paro continuará durante los dos próximos años por encima del 10%.

Mucha más comprometida es la situación de España, que sigue en crecimiento negativo y de la que Bruselas cree que será el último país de la eurozona en volver a la parte alta del ciclo. Pero es con relación al paro en donde la situación es más dramática y peor de lo que parece: para nuestro país se prevé un escenario que “puede resultar en una alta tasa de paro a largo plazo y en un agudo empeoramiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Se calcula un continuo incremento del desempleo hasta alcanzar el 20,5% de la población activa en el año 2011 (momento en que los pronósticos del Gobierno español dicen que el PIB ya habrá comenzado a crecer), con una tasa de paro juvenil “espectacular” que en el pasado mes de septiembre sufría el 41,7% de los trabajadores en este renglón demográfico. No es de extrañar que la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, declarase hace unos días en Punto Radio que el año 2010 será aún “peor” para el desempleo. Además de una tragedia humana, el paro es una catástrofe económica en sí misma, pues su aumento en estos porcentajes excepcionales supone un aumento de la morosidad (que llevará a dificultades a bastantes entidades financieras), la reducción de la renta disponible y el consumo de las familias, y una disminución de los ingresos públicos.

Un crecimiento tan anémico de la economía europea, después de cinco trimestres negativos en el PIB, genera también dificultades en su modelo de protección social. Lo decía Felipe González en sus reflexiones publicadas ayer en este periódico: no se puede hablar de modelo social si al mismo tiempo no se plantea cómo financiarlo, a no ser que lo único que se quiera repartir sea pobreza. Urge actualizar el pacto implícito al que llegaron en la posguerra socialdemócratas y democristianos y que dio lugar a la edad de oro del capitalismo y a la creación de los modernos Estados de bienestar. La sociedad europea ya no es una sociedad joven, sino muy envejecida, y necesitará (Felipe González dixit) 70 millones de nuevos activos en el horizonte del año 2050.

En dos semanas se celebrará en Estoril (Portugal) la XIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Estas reuniones sirven sobre todo de toma de conciencia entre los mandatarios de las preocupaciones que atañen a unos y a otros. La de ahora tiene como base la innovación y el conocimiento, que son precisamente los mismos temas que se abordarán en la cumbre entre la Unión Europea (UE) e Iberoamérica, que tendrá lugar en mayo, bajo la presidencia española de la Unión Europea. Se trata de que se asuma la necesidad de la innovación en el contexto de salida de la crisis económica que, por cierto, está siendo en América Latina (AL) más benévola en su profundidad y sus secuelas que en otras zonas del mundo.

Al abordar la historia de estos dos últimos años de Gran Recesión, los analistas destacan las debilidades estructurales, entre las que destacan que es la zona más desigual del mundo (no la más pobre), que hay un alto porcentaje de la población que es vulnerable a la pobreza (con riesgo de reversión desde las clases medias a las clases bajas) y con cuatro brechas brutales: la fiscal, la de inversión, la de productividad (que explica que la educación sea la prioridad de prioridades en la zona) y la más novedosa: la brecha digital, que aumenta en las tecnologías más modernas, motores de la economía digital, como la banda ancha. Además, las tarifas de los servicios excluyen a una parte importante de la población, dado el bajo nivel de sus ingresos. Los datos son los siguientes, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): estancamiento de la penetración de la telefonía fija (18%-19% de la población); rápida expansión de la telefonía móvil (del 23% en 2003 al 79% en 2008); aumento del acceso a Internet (del 11% al 27% en el mismo periodo); incremento de las conexiones a banda ancha, pero con una tasa de penetración aún muy pequeña (0,45% en 2003; 5% en 2008); expansión de la banda ancha móvil, crecimiento insuficiente del ancho de banda internacional, etcétera.

Es por ello por lo que la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, pide que este cuello de botella sea disuelto proponiendo la banda ancha como bien público global (lo que no es idéntico a que sea gratuito). “La banda ancha es la tecnología que soporta el intercambio de mayores volúmenes de información y es la plataforma que sostiene las actividades sociales y productivas de las economías modernas y futuras”, sostiene Bárcena, que llevará esta demanda a la Cumbre Iberoamericana. Su propuesta centró las discusiones del seminario Agencia de Desarrollo Iberoamericano, organizado por la CEPAL, la Secretaría Iberoamericana y el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB), que todos los años tiene lugar en Barcelona en los días previos a la cumbre y que incorpora a medio centenar de economistas, académicos y emprendedores.

Al contrario que en reuniones precedentes sobre el futuro de AL, ahora se ve el fin de la Gran Recesión: el PIB decrecerá este año un 1,6%, debido sobre todo a la contracción de México (-7%), pero hay coincidencia en que la región comenzará a despegar, incluso con fuerza, en 2010. La discusión es sobre la sostenibilidad de este crecimiento, ya que los sectores públicos ya no dan mucho más de sí en cuanto a estímulos fiscales, y el sector privado aún no ha tomado el relevo de la inversión. Hay consenso en que la crisis ha tenido menor impacto que en otras ocasiones por una coincidencia entre buenas políticas macroeconómicas y una potente visión socialdemócrata, que hizo olvidar los efectos más nocivos del Consenso de Washington. Enrique Iglesias, secretario iberoamericano, mostró su preocupación por el hecho de que el impulso regulador vaya perdiendo fuerza en todo el mundo conforme las economías van recuperando pulso: “No es lo mismo en este campo lo que se dijo en el G-20 de Washington (noviembre de 2008) que en el G-20 de Londres (abril de 2009) y en el G-20 de Pittsburgh, de hace escasas semanas”.

Una última reflexión muy significativa: Brasil, que es el 50% de la economía del subcontinente, se está comiendo la idea de Iberoamérica entre los inversores, que cada vez más focalizan su atención en este sólo país.

Han pasado 20 años de aquellos días mágicos que marcaron para siempre a una generación, y le desvelaron definitivamente los excesos y crímenes del estatismo burocrático. Los simboliza la caída del Muro de Berlín. Dos décadas después se ha desplomado otra utopía regresiva, la del radicalismo de mercado, que ha conducido a la Gran Recesión. El icono de este fundamentalismo podría ser la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, que ha sido descrita como “el día en que pudo hundirse el capitalismo” ante el pánico que generó en depositantes, ahorradores e inversores. La paradoja fue que en el único momento en que el sistema aplicó su regla de oro -que cada palo aguante su vela- es cuando se estremece con más virulencia. Como reconoció compungido un teórico, “hemos generado mucho riesgo moral para evitar un riesgo sistémico”.

Entre una y otra fecha el mundo ha vivido el periodo más largo de crecimiento económico, más de 14 años seguidos en la parte alta del ciclo, lo que mejoró las condiciones de vida de mucha gente. Pero como escribió hace unos días Gorbachov, uno de los héroes de aquello, el capitalismo occidental, privado de su viejo adversario e imaginándose a sí mismo como el indiscutible ganador histórico y la encarnación del progreso global, abusó de su poder. Fue aquél un crecimiento desequilibrado, sin equidad y salpicado de corrupción.

Como han subrayado Akerlof y Shiller en su Animal Spirits, durante este tiempo el concepto de equidad no solía figurar en los análisis económicos dominantes; la teoría económica lo arrinconó, basta mirar los libros de texto de referencia. Aunque algunos lo mencionaban, normalmente lo relegaban al final de algún capítulo e incluso del libro. La equidad acostumbraba a mencionarse en aquellas partes que los estudiantes sabían que se podían saltar cuando les tocaba estudiar para un examen. Hablar de equidad con algunos economistas equivalía a eructar en una cena de gala. En cuanto a la corrupción, cada una de las tres últimas recesiones en Estados Unidos (la de julio de 1990 a mayo de 1991, la de marzo a noviembre de 2001, y la que comenzó en diciembre de 2007) estuvo relacionada con casos de corrupción. Éstos son tremendamente complejos y al tiempo meridianamente simples, pues se basan en el incumplimiento de los principios elementales de la contabilidad en cuanto a la cantidad de dinero que puede obtenerse de modo legítimo. Son complicados porque quienes los perpetran buscan amparo en la oscuridad con que procuran rodear el incumplimiento de esos principios elementales.

Ahora que empieza a verse en algunos países el final del túnel de la Gran Recesión es el momento de detenernos en el análisis de las secuelas que deja: en el mejor de los casos recuperación económica sin empleo (como muestran los últimos datos de EE UU), empobrecimiento de las clases medias, niños que vivirán peor que sus padres, endeudamiento público y privado, desigualdad, límites cada vez más tangibles en el medio ambiente, caída de los políticos y de los economistas en el descrédito, etcétera.

Robert Skidelski, el biógrafo de Keynes (que recuerda siempre que éste se dispuso a salvar a un sistema capitalista que no admiraba particularmente pero que creía la mejor garantía para la civilización), habla de esta crisis económica como la de un triple fracaso. En primer lugar, fracaso institucional pues los bancos se transformaron en casinos y sucumbieron a la ideología de “los mercados eficientes” que no podían equivocarse al fijar el precio de los activos y por lo tanto necesitaban de poca o ninguna regulación. Segundo, el fracaso intelectual de la economía dominante que no previó lo que iba a suceder o que defendió intencionadamente teorías equivocadas a sabiendas de que beneficiaban a los que la financiaban. Y tercero, un fracaso moral, por la adoración al crecimiento económico como un fin en sí mismo más que como un modo para alcanzar el bienestar para la mayoría y “la buena vida”; esta laguna moral es la que explica la aceptación acrítica de la globalización y la santificación de toda práctica que conduzca a la riqueza como prioridad sobre cualquier otra inquietud humana.

Estas reflexiones también tienen que ver con la caída del Muro de Berlín. Como dijo Marx, “he sembrado dragones y he cosechado pulgas”.

El Banco de España acaba de acreditar que España sigue en una recesión profunda (decrecimiento del 4,1% del PIB en tasa interanual, en el tercer trimestre del año), aunque se reduce un poco el ritmo de la caída de la economía. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda aportaba la cifra de un déficit estatal de casi el 6% (5,96%) de PIB a finales de septiembre. La previsión que sotto voce se hace del déficit público a final de año supera el 10%.

He aquí planteado, a través de estos porcentajes, el dilema de la política española, oscilante entre atender a lo más urgente (recuperar el crecimiento y, a través del mismo, reducir el desempleo) o a lo necesario (reducir el desequilibrio de las cuentas públicas, extraordinariamente deformadas por los estímulos puestos en marcha para combatir la crisis). El debate entre lo urgente y lo necesario, que confronta a los principales analistas. Un ejemplo de esa discusión emergió la pasada semana en la presentación del libro del economista y bancario Guillermo de la Dehesa, sobre la crisis financiera internacional. Participaron cuatro de los responsables de la economía española en los años de la democracia, con distintos tonos: en esquema Miguel Boyer (PSOE) defendió el mantenimiento de los estímulos económicos aun a costa de más déficit (”el déficit no puede ser tan prioritario como el crecimiento”), Solchaga y Solbes (PSOE) se apuntaron a los estímulos keynesianos pero con un horizonte máximo de déficit y reformas estructurales, y Rodrigo Rato (PP) precisó que se necesita ya un mayor equilibrio entre esfuerzo y austeridad.

Al acto faltó Elena Salgado, que tenía en ese momento un compromiso parlamentario. La actual vicepresidenta económica del Gobierno entiende que los Presupuestos de 2010 han mantenido la mayor parte de los estímulos públicos, pero que España ha de iniciar la consolidación fiscal antes que otros países, puesto que su déficit público es mayor que los de la mayor parte de su entorno (por ejemplo, Francia o Alemania), tiene abierto un procedimiento por déficit excesivo por la Comisión Europea desde el pasado mes de abril, y la propia Bruselas acaba de juzgar el futuro de las finanzas públicas de nuestro país de “alto riesgo”, junto a países como Irlanda, Grecia, Letonia y Reino Unido. Ni la oposición, ni la opinión pública ni los mercados consentirían fácilmente la ruptura con los límites a los desequilibrios de las cuentas públicas que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para los países del euro.

En el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno aprobó el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Administración del Estado, que en definitiva es un programa de consolidación fiscal de cuyo contenido concreto no se sabrá hasta que llegue al Parlamento, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Este plan incorpora las medidas para que en el año 2012 España ya esté en la senda de un 3% del déficit (Zapatero está buscando en la UE que ese objetivo pueda retrasarse un año), entre las cuales figura la lucha contra la evasión y la elusión fiscal (según algunos inspectores, el fraude podría alcanzar los 100.000 millones de euros) y un pacto con las comunidades autónomas y locales para reducir el déficit.

Para disponer de más argumentos para el debate impositivo, citemos algunos datos estructurales: primero, la Constitución, que en su artículo 31 dice “que todos contribuirán al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en principios de igualdad y progresividad [el subrayado es nuestro], que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”. Segundo, que la presión fiscal en España está todavía por debajo que la media europea, aunque crece muy rápidamente; tercero, la enorme dependencia de los ingresos públicos, de la construcción de viviendas; y cuarto y último, las necesidades futuras en materia de gasto social (pensiones, dependencia, sanidad…) por el envejecimiento de la población española.

En definitiva, el dilema se centra en si había que subir los impuestos ahora o se podía haber esperado todavía un poco más. La Comisión Europea reclama un incremento de los ingresos y una reducción de gastos. En ningún esquema lógico se plantea una rebaja de impuestos en esta coyuntura. Ello sólo pertenece al planeta ideológico del PP.