Reggio’s

AJUSTE DE CUENTAS

«Somos el único colectivo capaz de derrocar a un gobierno». Recuerdo como si fuera ayer este titular de nuestro suplemento MERCADOS del 11 de enero de 2009. La frase la pronunció José María García Gil, presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), que negaba a nuestra compañera Marisa Recuero que hubieran hecho una «huelga de celo» en la Navidad de 2008 que todos los usuarios habíamos padecido.

Gil culpaba «al administrativo de recursos humanos de Aena que hizo unos turnos de trabajo… sin tener en cuenta una serie de circunstancias». No creo que sea el mismo administrativo que ha hecho los turnos de los que se quejan lastimeramente ahora.

La paradoja es que la Usca convocó ayer una huelga contra un decreto que los mismos controladores piden que se aplique de inmediato. Así, dicen, se nos concederán «al menos, seis días libres al mes». Efectivamente, seis días es el número mínimo de jornadas que debe descansar un controlador cada mes en el caso de que haga 200 horas, que es el máximo posible. Si todos los meses hicieran 200 horas, completarían su cupo anual de 1.670 horas de trabajo en poco más de 8 meses. O sea, que a ese ritmo se podrían ir de vacaciones más de tres meses cada año.

Esta incongruencia -votar una huelga contra un decreto cuya aplicación se exige «sin dilación»- es la última con la que nos ha sorprendido este gremio que, acostumbrado a imponer su voluntad con la amenaza del derrocamiento, carece de cintura negociadora.

Más frustrante aún para los controladores es comprobar que la batalla que se libraba en la conciencia y los corazones de los españoles ha caído del lado del ministro José Blanco y de Aena. Sus argumentos, que podían haber sido expresados con mesura e inteligencia, no han superado el contraste con la realidad y una y otra vez han dejado de manifiesto que son un cuerpo privilegiado.

Ahora, ejerciendo sus derechos, han aprobado ir a la huelga, pese a que sus últimas tres demandas (que se les garantice un salario medio de 200.000 euros hasta 2013, que puedan cambiar turnos y que Aena cubra su seguro médico) han sido aceptadas por la Administración. Lo han hecho porque saben que este verano es el último en el que podrán utilizar a los viajeros como rehenes de sus «huelgas de celo». Es el canto del cisne de un sindicato. El próximo año ya les será muy difícil ejercer esa presión derrocadora: si Fomento cumple con sus planes, en 2011 habrá aeropuertos donde las torres de control estarán gestionadas por operadores privados, y habrá otras que seguirán el ejemplo de La Gomera (donde había turnos claramente excesivos de cinco controladores para un número pequeño de operaciones) y que estarán automatizadas con alta tecnología.

En esta crisis, Fomento dio con la receta precisa: más competencia y liberalización. Y de momento ha acertado.

john.muller@elmundo.es

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Los agricultores volvieron a repartir gratis el fruto de su trabajo ayer en Madrid. Al igual que hace dos años, los productores se han puesto en campaña para denunciar «las grandes diferencias» entre el precio en origen y lo que paga el consumidor final: es decir, cómo la cadena de valor del sector agroalimentario básicamente sirve para maniatarlos.

Los agricultores han tenido éxito a la hora de sembrar esta idea entre los ciudadanos. Hace dos años, cuando los limones subieron un 64% en 12 meses y hubo fuertes alzas en precios de alimentos populares ya se abrió el debate sobre qué tramo de la cadena (productores, distribuidores mayoristas, minoristas, grandes superficies o comercio tradicional) se quedaba con la mejor parte. Hoy tenemos mejor información para discutir esto gracias a los estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). El Gobierno constató que ahí había un asunto explosivo y adoptó un enfoque técnico y exhaustivo, y es así como decidió estudiar con detalle la cadena de valor de los principales alimentos frescos.

El resultado es que gracias al trabajo de la Subdirección General de Estructura Alimentaria que desempeña José Miguel Herrero, España es hoy el país del mundo que más conocimiento técnico posee sobre la cadena de valor. El miércoles, en un curso organizado en la Universidad Menéndez Pelayo por el Foro Interalimentario (que agrupa a algunos de los productores y distribuidores más importantes del país), Herrero anunció que ya se han publicado los informes de 18 productos. Un asistente apostilló: «Hoy conocemos el impacto que tiene en el precio de un pimiento hasta los decímetros cúbicos que ocupa en su almacenamiento».

Los estudios desmienten los mensajes de los agricultores y desmitifican la idea de que los hipermercados exprimen al máximo en la cesta de la compra y revelan que su beneficio en productos como los cítricos, la leche y el cordero oscila entre el 1,2% y el 3%. Los márgenes de las tiendas tradicionales suelen ser de hasta el 8% en casos como el del cordero.

¿Y cómo se explican las protestas de los productores? Básicamente porque los agricultores quieren recibir un mejor pago por sus productos. «Pero eso no tiene nada que ver con el funcionamiento de la cadena de valor. Los productores deberían separar sus demandas y no implicar a los demás», afirma Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.

El sector agroalimentario en España ha mostrado una notable eficacia. Al consumidor le sorprendió gratamente la reducción de unos márgenes que antes no cuestionaba. Pero los problemas de los agricultores no vienen de aquí. Más pesan la fuerte atomización (un millón de explotaciones, más de 300.000 autónomos y 3.000 cooperativas son números que multiplican con creces a los de los países del norte de Europa) y la dificultad con la que incorporan valor añadido.

«Hoy nos pagan menos que lo que nos pagaban hace 10 años», se queja un productor. Lo mismo pueden decir Steve Jobs de Apple o el consejero delegado de IBM: hoy pagamos mucho menos que hace 10 años por sus productos en términos relativos. El que no innova, muere.

john.muller@elmundo.es

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El precio del «interés nacional» de Portugal es de 350 millones de euros, según lo ha tasado su Gobierno. Eso cabe deducir si consideramos que tal es la cantidad en que Telefónica ha incrementado su oferta desde el 30 de junio, fecha que el Ejecutivo de José Sócrates utilizó su acción de oro para vetar la compra del 50% de la brasileña Vivo que Portugal Telecom posee a través de Brasilcel.

Es verdad que Bruselas le advirtió el 8 de julio a Lisboa que la interposición del veto era ilegal, pero también es cierto que los portugueses afirmaban que se podía luchar contra esa decisión porque no era retroactiva.

En fin, 350 millones es un magro resultado para una intervención tan aparatosa como desproporcionada del Gobierno portugués. Una intervención que difícilmente será olvidada por los inversores internacionales que advierten la merma en la seguridad jurídica de un país cuando pasan estas cosas. Conviene dejarlo claro para las ocasiones en que aquí nos sentimos tentados a actuar con igual descriterio.

El Gobierno portugués tiene como coartada el hecho de que, tras esta cuarta oferta de Telefónica, hay un cambio significativo: Portugal Telecom ha anunciado que invertirá 3.750 millones en la adquisición del 21% de la brasileña Oi, un grupo integrado de telefonía fija y móvil que el presidente brasileño Lula ha querido convertir en su campeón nacional. Esta reinversión le permite a Lisboa soslayar el asunto de la ruptura histórica y sentimental que suponía que Portugal Telecom abandonara una empresa emblemática de su ex colonia. Sin embargo, esto ni añade ni quita, ya que la operación de compra de Oi también era posible antes, sin necesidad de esta nueva oferta. De hecho, Zeinal Bava, el consejero de PT, la venía tanteando desde antes que Sócrates ejerciera su veto.

Al final, Telefónica ha tenido que subir cuatro veces su oferta. Primero, ofreció 5.700 millones. Después, tras una segunda alza, subió hasta 7.150 millones. Y al final, se ha llevado la presa por 7.500 tras amenazar con disolver Brasilcel. Del sobreprecio pagado, Bava consiguió 1.450 millones y Sócrates 350.

El equipo de César Alierta está seguro de que ha hecho un buen negocio. Brasil es clave para el futuro de Telefónica y Vivo, dicen, es una compañía muchísimo más interesante y más capitalizada que Oi, por ejemplo. Ahora, veremos que cambios impone en Telefónica esta compra que puede ser revolucionaria para la compañía.

john.muller@elmundo.es

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Cuentan que el propio presidente del Gobierno había marcado el mes de julio como el examen más importante de este año. “Si pasamos julio, estamos al otro lado del río”, dijo en mayo un alto funcionario, cuando la trituradora de carne de los mercados no había alcanzado su máxima intensidad.

Hace tres meses, la carrera de obstáculos que se le presentaba al Tesoro era tremenda: en mayo hubo vencimientos de deuda por 9.240 millones; en junio, por 8.140 millones y en julio por 7.600 millones. Pero lo peor estaba reservado para este mes cuando, además, vencieran los 16.180 millones de euros de los bonos. En total, durante julio hemos tenido que financiar la enorme cantidad de 23.780 millones de euros, un 2,4% de nuestro PIB

Para el resto del año quedan aproximadamente 29.000 millones. Una cifra importante, pero que está muy repartida. Y el Gobierno la ve asequible.

Además, ayer el diferencial con el bono alemán comenzó a situarse en niveles razonables: cayó a 139 puntos después de marcar el récord de 221 puntos el 16 de junio, cuando la prensa alemana airéo una serie de filtraciones sobre un inminente rescate financiero de España.

Aquellas “especulaciones retorcidas” como las calificó Bruselas brindaron a Zapatero una baza que aprovechó con habilidad en el Consejo Europeo que se celebró ese fatídico 16 de junio. Fueron tan insistentes las filtraciones que la canciller Angela Merkel no pudo negarse a la exigencia de “mayor transparencia” planteada por el presidente español, pese a que la banca alemana era una de las que se oponía con más firmeza a la publicación de los famosos ‘test de estrés’.

El resultado de las simulaciones no ha contentado a todos. Y su rigurosidad ha sido puesta en entredicho. Pero los alemanes, que han cometido el error de ocultar datos que después han tenido que dar a conocer, han sacado la peor parte. Hasta el punto de que el ‘Financial Times’ les ha propuesto que harían bien en seguir el ejemplo español. Es el mundo al revés en tan sólo mes y medio.

Todo indica que la tormenta financiera sobre España está remitiendo. No hemos salido indemnes. Alguien se ha llevado casi un punto y medio de diferencial adicional sobre el bund en las operaciones cruzadas en estos meses. Una muy buena comisión que, según algunos analistas, puede acercarse a los mil millones de euros.

john.muller@elmundo.es

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Café para todos o sálvese quien pueda. La conclusión de la cumbre del G-20 depende de si usted es optimista o pesimista ante el futuro de la economía mundial.

Desde los trabajos preparatorios de comienzos de junio en Corea del Sur se sabía que no habría grandes acuerdos, pero al menos parecía que se iba a continuar con la creciente coordinación de la economía mundial iniciada en noviembre de 2008. Pues no. Marcha atrás. Si a usted le ha tocado en suerte un área capitalista del planeta, pero gobernada por ideas filosocialistas, seguirá siendo estimulado fiscalmente. Si le ha tocado una donde mandan los alemanes o los chinos, tendrá que seguir produciendo mucho y ahorrando más. Y si está en la periferia, pero dentro del euro y su presidente se apellida Zapatero o Papandreu, según el secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, no tiene más «opción» que apretarse el cinturón y reducir el déficit.

Esta cumbre del G-20 ha sido una fracaso importante. Ni coordinación de las políticas económicas, ni reforma financiera global ni reducción de los desequilibrios comerciales. Que cada uno haga lo que quiera o pueda. Ha sido la cumbre del laissez faire, laissez passer, adornada con cuatro recomendaciones de uso.

Resulta paradójico que Barack Obama, que en su campaña electoral se presentó como campeón del multilateralismo, haya contribuido al fracaso de este foro. Resultará que el unilateral George Bush obtenía mejores resultados de sus convocatorias internacionales (ni hablar de cuando llamaba para invadir países). Obama, ayer, se consolaba: «Trabajando dentro del G-20 hemos sido capaces de estabilizar la economía mundial». Lo que está claro es que dentro del G-20 nadie sabe cómo salir del fondo del agujero en el que hemos caído y en el que tan estabilizados nos encontramos.

Obama, que con su famosa carta a los líderes del G-20 quiso centrar el debate entre los partidarios de los estímulos y los del ajuste, llegó reforzado por la aprobación de su reforma financiera, pero se vio súbitamente debilitado al trascender a los medios de comunicación la salida de Peter Orszag, su director de Presupuestos.

Orszag no ha ocultado en las últimas semanas su deseo de comenzar a poner en marcha planes de austeridad fiscal en EEUU. Su salida es una prueba de que el debate en la Casa Blanca no ha sido superficial.

Todo el mundo dice que, una vez más, Angela Merkel se ha apuntado una victoria. No le bastó festejar el 4-1 a Inglaterra frente a David Cameron. Ayer se ufanaba de que se había logrado en Toronto más de lo que esperaba. Está claro: sinceramente ella no esperaba nada. O quizás pensaba que la arremetida colectiva contra los superávits de Alemania y China iba a ser más potente. Al final, nada de eso, aunque bien es verdad que de la declaración desaparecieron los elogios a la reevaluación del renminbi chino.

Está claro que hay desequilibrios y desequilibrios. Pero los superávits de Alemania y China no se entienden sin los déficits de otros.

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El cóctel más amargo para la economía española es el ‘Dry market’, el mercado seco de la financiación exterior. Sobre todo porque sigue siendo agitado y no mezclado.

«Los mercados han desaparecido y tenemos un problema», dijo ayer Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España en una comisión del Congreso que no se sabe por qué los parlamentarios exigieron que se desarrollara a puerta cerrada.

A Aríztegui parece preocuparle más la liquidez que la solvencia de las cajas de ahorros (él comparecía en su calidad de presidente del Frob, el órgano que debe costear la reestructuración del sector) y no le falta razón. Apenas unas horas antes, un banquero de los grandes utilizaba casi las mismas palabras de Aríztegui: «Los mercados se secaron para España la primera semana de mayo».

Y la sequía fue para todos. Para los bancos y para las empresas. La razón de este súbito cierre fue el famoso riesgo país. Mi interlocutor cree que la pérdida de credibilidad provocada por la famosa rectificación de Elena Salgado sobre el retraso de la edad de las pensiones fue crucial. Desde ese momento, cada conversación con inversionistas se convirtió en un calvario en el que había que dedicar media hora a convencer a los extranjeros de que España honraría sus compromisos.

La primera semana de mayo el flujo de dinero privado hacia España se cortó. Precisamente el Banco Central Europeo estaba discutiendo en aquellos días cómo iba a retirar las medidas extraordinarias de liquidez en vigor desde comienzos de 2009 cuando el mercado interbancario se vio estrangulado, al igual que sucedió en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers.

De esa experiencia, la banca española aprendió que debe contar con un ‘plan B’. Ahora, los grandes bancos pueden resistir hasta 20 meses en el mejor de los casos en situación de estrés financiero. La mayoría de las entidades pueden aguantar con sus propios recursos hasta 12 meses con el interbancario seco. El escenario no es el mismo en las cajas de ahorros, donde su capacidad de captar recursos es limitada.

Ahora el BCE ha vuelto a abrir el grifo y en mayo los bancos españoles se llevaron el 16,5% del dinero prestado, 85.618 millones.

¿Cuánto tiempo se prolongará esta situación? Nadie lo sabe a ciencia cierta. La banca griega lleva un año sin recibir dinero. Francia teme que lo ocurrido en España se contagie a sus entidades. Y quien dice Francia dice el Reino Unido.

Como ya ocurrió en 2008, la falta de liquidez provocará que se arrase el tejido empresarial, un aumento de la destrucción de empleo y un empeoramiento de los indicadores. No sería raro que este mes de sequía monetaria que llevamos viviendo tenga además un severo impacto fiscal. Los bancos, de momento, se dedican a cuidar el dinero, a prestar sólo los recursos que captan de sus clientes, y esas cantidades no permiten alegrías. Ni siquiera a pensar en ‘brotes verdes’. Al Tesoro quizás le baste con pagar un 40% más para financiarse, como ocurrió ayer, pero el problema está en la economía real.

john.muller@elmundo.es

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Hay algo morboso en la manera que los norteamericanos hablan del fracaso del euro. Y lo cierto es que la moneda común vive graves tensiones internas, fruto de sus contradicciones, pero de ninguna manera se puede decir que su historia sea un fracaso. Al contrario, probablemente sea uno de los mayores éxitos de Europa.

En Norteamérica, el euro siempre ha despertado un vivo debate entre sus partidarios y detractores. Aquí se echaron las bases teóricas de la moneda única con los trabajos del premio Nobel de Economía (1999) Robert Mundell, quien formuló hace casi 50 años su teoría de las áreas monetarias óptimas. En ella, el profesor canadiense advertía que si los ciclos económicos de los países miembros de una misma moneda no estaban acompasados, se producirían ’shocks’ asimétricos que harían que economías bajo una moneda común se comportaran de modo distinto.

Mundell afirmaba que sólo había dos maneras de paliar este problema: una gran movilidad laboral o fuertes transferencias presupuestarias entre los países miembros.

Cuando se creó la Unión Monetaria que dio lugar al euro, las transferencias fiscales entre Estados se prohibieron expresamente en el tratado fundacional. De hecho, todas las improvisaciones que han conducido a la creación del fondo de rescate de 750.000 millones de euros aprobado hace pocos días por el Eurogrupo, van encaminadas a soslayar esta poderosa limitación. Pese a ello, muchos expertos siguen haciéndose eco de que el euro está siendo atacado por los especuladores y que el Eurogrupo, tarde o temprano, se romperá por su flanco más débil: Grecia, España, Italia o Portugal. En EEUU esta discusión se produce casi a diario en las facultades y hasta la agencia de calificación Moody’s se ha atrevido a afirmar que por primera vez se vislumbra la posibilidad de una ruptura de la zona euro.

Dicha afirmación, hasta ahora, sólo había salido de la boca de gurús mediáticos como Paul Krugman o Nuriel Roubini. Ayer, ‘The New York Times’ dedicaba la portada de su sección de Negocios a los vaticinios contra el euro de Edward Hugh, un economista autodidacta de origen británico que vive en Barcelona desde 1990. Hugh redacta un blog en el que repitió hace tiempo lo mismo que Krugman y Roubini: que los países del sur de Europa harán colapsar la moneda única. Su teoría se basa en que la población de España, Grecia o Italia es considerablemente más joven que la de Alemania, por ejemplo, y eso la hace más derrochadora.

No hay cifras, ni estudios, ni simulaciones econométricas, simplemente porque Hugh no es economista, sino filósofo. Y sus exposiciones son muy provocadoras, igual que los libros de autoestima, pero eso no significa que posea la verdad absoluta.

Sin embargo, hay fondos de inversión que se toman en serio los vaticinios apocalípticos que dicta sobre el euro y la economía española, lo cual da mucho que pensar sobre quiénes manejan esos fondos y con qué criterios. En fin, el rigor no es una cualidad que hoy esté democráticamente repartida. Basta ver cómo un diario con tanta solera como el ‘Times’ le dedica una página a un tipo que nunca ocuparía un despiece en España.

john.muller@elmundo.es

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Hace un año, cuando nos gastábamos alegremente el déficit en planes E y otras ocurrencias, varios especialistas anunciaron que la lucha por financiar el déficit entre los países desarrollados iba a desatar una crisis de liquidez en los mercados internacionales. Así ha ocurrido en las últimas semanas. Ayer, el diferencial del bono español con el ‘bund’ alemán cerró en 196,4 puntos básicos, apenas a 3,6 puntos de la barrera sicológica de los 200. Un mes atrás, el diferencial era de 130 puntos y abril cerró con una media de apenas 101,4. Las cifras actuales son inéditas para la economía española dentro del euro y muestran el deterioro de la confianza en nuestro país. Paradójicamente, hace un mes, cuando no se había adoptado ningún plan de ajuste y Zapatero seguía empeñado en ver brotes verdes en nuestra economía, la confianza en nuestra deuda era mayor. Los expertos creen que el diferencial seguirá subiendo hasta el jueves próximo, cuando el Tesoro español subaste deuda pública para hacer frente a los compromisos inmediatos, que son muchos.

En mayo, España ha tenido que afrontar vencimientos de deuda pública por 9.240 millones. Este mes serán 8.140 millones y en julio 7.600 millones. Pero los mercados especulan con julio, porque a finales de ese mes vencen 16.180 millones de euros en bonos. En total, a finales de julio tenemos que retratarnos con la enorme cantidad de 23.780 millones de euros, un 2,4% de nuestro PIB.

El Gobierno prevé que la deuda pública alcance el 65,9% del PIB en 2010, esto son unos 669.000 millones de euros. Dicho ratio está todavía en línea con la media de la Eurozona. Lo que no está en línea con la zona euro es nuestro déficit por cuenta corriente que refleja las necesidades financiación de España. Hemos mantenido durante 15 años un déficit por cuenta corriente constante que no hemos logrado dominar. Incluso, ahora, con esta crisis mayúscula, apenas hemos conseguido reducirlo a la mitad: en 2008 nuestro déficit por cuenta corriente fue de 98.906 millones y en 2009 cayó a 49.288 millones.

Si comparamos los datos de la balanza de pagos de enero a marzo (último disponible) de este año con los del mismo periodo de 2009, el saldo por cuenta corriente ha disminuido un 20,9%, pero siguen acumulándose ahí 17.500 millones. Esa es la cantidad de dinero que nos hizo falta en el primer trimestre para que este país funcionara.

Este déficit es en gran parte el responsable de la deuda pública y, sobre todo, de la deuda privada que alcanza el 170%-180% del PIB. Los 1,8 billones de euros que adeudamos las empresas y familias son una losa que ha estado en boca de los analistas durante todo el mes de mayo.

El proceso de desendeudamiento del sector privado, que tiene su reflejo en la elevada tasa de ahorro que registramos ahora, continuará adelante gaste o no gaste el Estado. La mejor estrategia para que las deudas se paguen no son los perdonazos ni las renegociaciones, sino crear empleo y esa debería ser la única obsesión del Gobierno. Es nuestro elevado desempleo el que ahora está poniendo en cuestión la solvencia de España.

john.muller@elmundo.es

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Tocar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es una forma rápida de recaudar más. Sólo hay un tributo más rentable todavía: el IVA, que ni siquiera lo recauda el Estado, sino que lo hacen otros en su nombre. Mientras Zapatero ha emprendido el camino de subir el IVA, Montilla y Antich han decidido variar los tipos del IRPF a las rentas más altas. Conseguirán así que haya cada vez menos asalariados con rentas altas. Una magnífica manera de encaminarnos directamente a la más absoluta de las mediocridades, una vez que hemos terminado con la meritocracia y el premio al esfuerzo personal en la escuela y en otros ámbitos de la vida.

Esta decisión tiene un solo efecto positivo: que por primera vez las comunidades autónomas se han retratado fiscalmente y dejan de estar emboscadas detrás del Gobierno central a la hora de recaudar. «No taxation without representation», decían los rebeldes norteamericanos. Pues eso, a acordarse a la hora de votar si queremos que los políticos dispongan de nuestros dineros en esta proporción. Impuestos y derechos políticos siempre han estado íntimamente ligados.

En cuestión de quitarle la plata al prójimo todo es empezar. A la subida del IRPF, Antich añadió ayer la creación de un impuesto a las empresas más contaminantes, pariente lejano de su polémica ecotasa.

Uno de los más creativos promotores de nuevos tributos es el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera, ahora al frente de la Fundación Ideas. La semana pasada, Caldera logró reunir en Madrid a Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, Nicholas Stern, André Sapir y Stephany Griffith-Jones para defender la creación de tres nuevos impuestos «para frenar la especulación financiera». Dichos tributos recaerían sobre las transacciones financieras (que pagarían los inmigrantes, por ejemplo, cada vez que enviaran una remesa a sus países de origen), otro sobre los activos bancarios y un tercero sobre las plusvalías financieras a corto plazo.

Ayer, la fundación de Caldera colgó en su web la última aportación de los creativos socialistas: una propuesta del ex vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, protagonista de aquella inolvidable cena con el gestor de fondos Ravinder Mehra donde cataron un La Tâche Romanée Conti 2002 de 654 euros y consumieron 333,96 euros en licores.

Arenillas se muestra contrario a una tasa a las transacciones bancarias, pero sugiere reemplazarla por un impuesto a la actividad financiera que grave el «valor añadido» del sector, «entendido éste como la suma de beneficios y salarios». El matiz de Arenillas es interesante porque su impuesto afectaría a los intermediarios dependiendo de sus salarios y beneficios y no a los simples usuarios de la banca como los inmigrantes.

Como se ve, la tormenta de ideas para calmar con nuevos impuestos la mala conciencia socialista que ha dejado el plan de ajuste de Zapatero está en plena ebullición.

john.muller@elmundo.es

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Una rápida mirada al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno retrata el enorme optimismo que sus responsables han depositado en la evolución de nuestro sector exterior y, sobre todo, en la creciente fortaleza de nuestras exportaciones con crecimientos por encima del 5% anual a partir de 2011.

La vicepresidenta Elena Salgado no ocultó este hecho y ayer admitió el sesgo. La confianza de los responsables de Economía en que el sector exterior nos sacará del atolladero ha sido enorme, incluso en los peores momentos de la crisis, cuando el PIB no hacía más que caer. Así lo manifestó, por ejemplo, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ya en su primera comparecencia en el Congreso en septiembre de 2009: «El sector exterior será el motor de la recuperación».

Este optimismo tiene dos caras. Por un lado se fundamenta en que los datos de la balanza comercial no han sido tan malos como en años anteriores. Pero ése es un magro consuelo porque los datos no son tan terribles ya que nuestra voracidad importadora se frenó al mismo ritmo que cayó nuestro consumo. Además, en un elenco de números pésimos, cualquiera que fuera menos malo invitaba al optimismo.

Por otro lado, según Economía, si no salimos de la crisis con la ayuda de más exportaciones y del turismo, no saldremos nunca porque el boom inmobiliario no puede reproducirse. O sea que esto son lentejas.

El jueves, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, también se pronunció en Sitges en la misma dirección ante los poderosos empresarios del Círculo de Economía. Sebastián hizo un discurso potente en un día dominado por la crisis política provocada por Zapatero y Salgado. En su intervención, donde marcó la senda de una nueva política industrial, el ministro se detuvo en el análisis de una cuestión crucial: el déficit exterior por cuenta corriente.

Sebastián señaló que en los últimos 15 años hemos tenido sistemáticamente déficit por cuenta corriente, o sea, que «hemos necesitado que nos presten dinero del exterior para financiar nuestro nivel de vida».

Siempre he dicho que España no es Grecia porque desde 1993 la deuda griega no ha bajado del 100% de su PIB. El problema es que con el déficit exterior sí somos algo griegos. En tres lustros nunca hemos logrado controlarlo. Y eso ha permitido que se generara una de las mayores lacras de las que muy pocos hablan: el elevado endeudamiento privado en nuestro país, que ronda el 170% del PIB.

john.muller@elmundo.es