Reggio’s

AJUSTE DE CUENTAS

Una estrategia periodística válida es prestarle atención a las posturas minoritarias. O sea, si el 90% de las personas dicen que subir el IVA será malo para la economía, hay que hablar con ese 10% que cree que no lo será.

Así que ante el rechazo social al aumento del impuesto -y después de que Soraya Sáenz de Santamaría anunciara en su duelo de los miércoles con Elena Salgado que el próximo martes el PP pedirá «dejar sin efecto la subida del IVA» y de que Esperanza Aguirre iniciara su «campaña de rebelión» contra la medida- me dediqué a buscar informes a favor del alza. Resultado: a falta de husmear en la libreta del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, no encontré ningún estudio favorable al alza.

Sólo hallé unas declaraciones de Jesús Caldera, donde defiende la progresividad del IVA afirmando que «en una situación de crisis consume más quien más renta tiene y, por tanto, paga más impuestos indirectos». El que no se consuela es porque no quiere.

En mis pesquisas encontré un estudio demoledor: La subida del IVA en España: demasiado cara y demasiado pronto de los profesores Conesa, Díaz-Giménez, Díaz-Saavedra y Pijoan-Mas para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (www.fedea.es), divulgado en febrero pasado.

Basándose en dos simulaciones de distinta complejidad, los autores concluyen que la subida del IVA provocará una caída del PIB de entre el 0,85% y el 1% en el primer año de su aplicación. Una caída del consumo de entre el 0,9% y el 1%, y un fuerte descenso de la inversión el año previo a la entrada en vigor de la subida. El aumento de los ingresos fiscales es sólo del 1,7% en el primer año.

Cuando se analiza la distribución de la carga fiscal aparece el rostro más feo de la medida: los más afectados por la subida del impuesto serán los pobres, los mayores y los pensionistas. En el primer año, los hogares formados por personas con más de 61 años sufrirán un aumento de la carga fiscal del 5,2%, mientras que en los hogares de menos de 41 años, apenas será del 0,3%. Y entre los pensionistas, el impacto fiscal puede ser de un 8%. El único matiz que admite el estudio es que al existir tres tipos de IVA y no tocarse el superreducido, este efecto regresivo pueda verse mitigado en parte.

Los autores concluyen: «Nuestros resultados nos hacen pensar que el ajuste del déficit (…) utilizando el IVA va a ser muy costoso, que su entrada en vigor quizás sea precipitada, y que probablemente deberían considerarse otras formas alternativas de reducir el déficit fiscal».

La única razón que justifica el incremento del IVA es la necesidad de recaudar más. Pero si como mucho esperan obtener 1.900 millones adicionales, la medida comporta un riesgo enorme para la economía.

Lo que sí se intuye detrás de las decisiones tributarias del Gobierno -y esto no figura en el estudio, sino que es de mi cosecha- es un plan coordinado de premios y castigos fiscales para intentar, fundamentalmente, desahogar el mercado inmobiliario y su enorme stock de viviendas acumuladas.

Tanto la decisión de retirar la deducción por compra de vivienda habitual (salvo a las rentas inferiores a 24.000 euros anuales) como la subida del IVA del 7% al 8% el 1 de julio operan como un estímulo para que muchas personas anticipen la compra de un bien duradero. Probablemente esto irá seguido de una subida en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que gravará al mismo nivel la venta de las viviendas de segunda mano.

john.muller@elmundo.es

AJUSTE DE CUENTAS

Por si faltaba alguien que hablara de pensiones (hasta en las televisiones ya saben que la audiencia sube cuando hablan de ellas), ayer la OCDE hizo público su informe Going for Growth y entre las seis reformas prioritarias que aconseja para España, la última de ellas es la reforma de las pensiones.

La organización que agrupa a las naciones más ricas de la Tierra afirma que las pensiones españolas deben ajustarse a lo cotizado realmente por el perceptor. Pero, lo decepcionante del informe, es que da por bueno que en los últimos años hemos adoptado tres medidas correctoras: que se han restringido las prejubilaciones, que se ha incrementado la contribución efectiva para cobrar una pensión y que se han introducido «fuertes» incentivos para retrasar voluntariamente la edad de jubilación.

Muy optimista es la OCDE al valorar el alcance de estas medidas. Prejubilaciones hemos tenido hasta hace poco. En Telefónica para más señas. Iberia todavía arrastra un acuerdo de eventuales prejubilaciones. Y no sabemos qué puede estar cocinándose por ahí.

Lo que la OCDE considera un aumento de la «contribución efectiva» fue la eliminación de las pagas extraordinarias en el cómputo de la jubilación. Y el «fuerte» incentivo para alargar la vida laboral fue aquella decisión de incrementar en un 2% la pensión cada año que pasara de la edad límite de 65 años. Al estar topada la pensión máxima, el incentivo realmente no opera salvo que uno tenga muchas ganas de seguir trabajando.

Las otras recomendaciones que hace la OCDE para España incluyen la adopción de medidas para mejorar sustancialmente el rendimiento de los estudiantes de secundaria, la flexibilización de los contratos de los trabajadores fijos indefinidos, el incremento de la competitividad en el sector de la distribución comercial y la retirada de los elementos que distorsionan el mercado de la vivienda. En todos ellos, el organismo valora positivamente la adopción de medidas parciales similares a las adoptadas en el campo de las pensiones.

En el único sector donde la OCDE destaca que «no se ha tomado ninguna medida» es en una reforma que viene exigiendo desde 2005 y que es la limitación de los convenios colectivos y la eliminación de la indexación con la inflación de los salarios. La organización aboga por permitir a las empresas cláusulas de descuelgue que les dejen salir de los convenios sectoriales antes de que se encuentren en situación crítica.

La OCDE concluye que en el caso español la convergencia de nuestro PIB con los países más ricos se ha ralentizado (hemos salido de la Champions League), aunque la brecha de la competitividad se ha estrechado (desgraciadamente debido a nuestra elevada tasa de desempleo, menos trabajadores hacen las mismas o más cosas). El abandono escolar sigue siendo una de nuestras mayores lacras.

El informe se centra este año en la movilidad social. Mientras EEUU y el Reino Unido son los países donde hay menos movilidad social a través de la educación, Dinamarca y Austria son países donde los hijos tienen grandes posibilidades de cobrar más que sus padres si se forman mejor que ellos. España se sitúa en el mismo nivel que Alemania, y con mayor movilidad social que Francia o Italia.

john.muller@elmundo.es

AJUSTE DE CUENTAS

Lo peor del debate sobre las pensiones es que siempre acabamos en el páramo de la indecisión. Parece claro que hay que avanzar hacia una fórmula que combine el actual sistema público de reparto con uno de capitalización privado, pero nadie lo dice claramente y el Gobierno no gobierna. Al final, claro, cobraremos, pero será tan poco dinero que habrá que seguir trabajando para tener ingresos adicionales.

Ahora, el ministro Celestino Corbacho nos confiesa que él tiene un plan privado de pensiones. Como él, 10,7 millones de españoles ya tienen uno, sobre todo después de que Pedro Solbes nos advirtiera de que los suscribiéramos en la primera mitad de los 90. El mismo Solbes nos amenazó después, en la primera legislatura de Zapatero, con que iba a retirarles las ventajas fiscales. Aparte de arruinar la campaña de fin de año de los fondos de pensiones aquella temporada y de limitar el máximo desgravable, no pasó nada.

Los fondos son el típico asunto que el Gobierno ve como un jarabe que tiene que tomar a disgusto. Eso, al final, proyecta una gran sombra sobre el sector y en esa oscuridad se amparan abusos e incompetencia.

El profesor del Iese Pablo Fernández ha arrojado algo de luz sobre los fondos de pensiones con un estudio actualizado al 1 de marzo de 2010. Gracias a él sabemos que en los últimos tres años la rentabilidad promedio de los fondos estuvo por debajo de la inflación. O sea, no rentaron nada. Sin embargo, las gestoras de los planes se embolsaron 1.013 millones de euros en 2009. Sólo uno de los fondos con 15 años de historia ha batido la rentabilidad del bono español a 10 años. Y sólo cinco de los 800 planes con 10 años de antigüedad, superaron la rentabilidad de la Bolsa de Madrid.

Este bajísimo rendimiento se debe a las elevadas comisiones y al tipo de gestión de los fondos, cuyos responsables se contentan con referenciarse a un índice con muy poca imaginación. Todo ello es fruto de la falta de una mayor competencia en el sector. Pero como el Gobierno parece no creer en ellos, ahí están sangrando al personal. Los españoles sólo tenemos ahorrados 84.800 millones de euros, menos del 8% del PIB, frente a una media europea que supone el 36%. Las razones están a la vista.

john.muller@elmundo.es

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La familia Ruiz-Mateos se llevó ayer una gran decepción al conocer la sentencia que desestimaba el recurso en el que se solicitaba la retasación del 78% de las acciones de Galerías Preciados. El chasco fue aún mayor si se considera que tres filtraciones judiciales, esta misma semana, apostaban que el recurso de los Ruiz-Mateos iba a ser estimado parcialmente.

La estrategia diseñada por el abogado Juan Manuel García Gallardo ha sufrido un importante revés, aunque la familia Ruiz-Mateos anunció ayer que llevará el asunto hasta el Tribunal Supremo. «¿Cuál es la contraprestación que el Estado pagó por la expropiación de Galerías Preciados, una sociedad que tenía balance positivo?», se preguntaba ayer el letrado. La respuesta, de momento, es nada.

Pero se ve que en el fallo del tribunal madrileño ha pesado de manera importante la sólida contestación al recurso elaborada por la Abogacía del Estado donde se establecieron dos motivos centrales para desestimar la retasación. Primero, que la ley con que se expropió el grupo incluía un procedimiento específico para tasarla: que se compensarían las sociedades con balances positivos con aquellas con balances negativos (esto habría dado un valor para Rumasa de 261.129 millones de pesetas). Y segundo, que los justiprecios fijados para los accionistas minoritarios no eran válidos para Rumasa.

Sabido es que los Ruiz-Mateos no dan nunca una batalla por perdida. Además de ir hasta el Supremo con este asunto, seguirán peleando la vía de los justiprecios y las otras 199 retasaciones pendientes.

Lo que presumiblemente pierda fuelle es el entusiasmo que los bancos de negocios habían mostrado por el pleito. Este mismo martes la familia había recibido una nueva oferta económica de un grupo interesado en el resultado de un eventual juicio. Bien es verdad que, ante la proximidad de este fallo, la operación más seria, la que inicialmente implicó a un ex ministro del Gobierno alemán, estaba congelada desde hace semanas.

Estos contratiempos judiciales no son raros para los Ruiz-Mateos. Llevan 27 años dando la pelea por lo que consideran suyo. Una parte de la población los ve con gran simpatía. Sí es cierto que a medida que se agotan las instancias judiciales, la familia vuelve a diciembre de 2004, cuando creyeron que todo se había acabado con la sentencia del Supremo que fijó en cero pesetas el valor de las acciones de Rumasa.

Lo que sí aseguraban ayer con rotundidad es que el horizonte judicial de Rumasa no tiene nada que ver con el de Nueva Rumasa. Un portavoz de la familia señaló que siempre se ha tratado de cuestiones independientes. «Lo tangible, lo real, es Nueva Rumasa. Allí hay más de 10.000 empleos. Lo otro es un ajuste de cuentas con la historia».

john.muller@elmundo.es

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AJUSTE DE CUENTAS

Llamo a Florentino Pérez y lo encuentro encendido en mi contra por haber criticado la forma en que la enmienda contra las limitaciones al voto societario ha ido al Parlamento desde Moncloa.

-Pensé que eras un demócrata y que respetarías aquello de un hombre un voto-, me dice.

-Por supuesto, pero no estoy de acuerdo en que una minoría blanca haga con la mayoría negra lo que quiera-, contesto.

-Pues es lo contrario-, dice. Fíjate que si compro el 60% de Iberdrola, apenas mando por el 10%. En este caso, Mandela somos nosotros.

-Pues si eso es verdad, muy mal por Iberdrola y que se cambien sus estatutos-, le concedo mientras me doy cuenta de que me ha robado la metáfora.

He llamado al presidente de ACS porque todo el mundo dice que él está detrás de la famosa enmienda cuya discusión ha quedado aplazada en el Congreso. «Eso es una cosa que estaba en el programa del PSOE. Yo no soy del PSOE», me aclara.

Pero sí es verdad que Florentino es uno de los pocos empresarios que esta semana se ha movido para defender esta iniciativa que busca impedir que las sociedades anónimas establezcan blindajes accionariales en sus estatutos. De hecho me reconoce que fue a explicarle personalmente al presidente de Repsol, Antonio Brufau, -«que es mi cliente y amigo»-, la analogía democrática que hay detrás de ella y que me acusa de no suscribir.

No sé si habrá convencido a Brufau, pero por lo que éste expresó en la presentación de resultados de su compañía, el asunto requiere «reflexión», ya que «cambia las reglas del juego de las empresas españolas».

La manera en que la enmienda llegó al Parlamento ha levantado suspicacias. Es una reforma de la Ley de Sociedades Anónimas incluida en una adaptación a la normativa europea de la Ley de Auditorías. La vicepresidenta Fernández de la Vega confesó a varios empresarios que ella no sabía nada de su tramitación. Elena Salgado, lo mismo. Miguel Sebastián tampoco la conocía, aunque cuando la leyó le dio su apoyo. Me cuentan que llegó a la cámara sin el visado de José Antonio Alonso.

No es la primera vez que esto ocurre. Esporádicamente, el presidente del Gobierno utiliza como estratagema que los temas en los que tiene interés personal y que pueden despertar divisiones entre los ministros sean tratados discretamente por una persona (a veces José Enrique Serrano, su jefe de gabinete, a veces Angélica Rubio, su asesora) y presenta sus soluciones como hechos consumados en las instancias deliberativas.

A nadie se le oculta que esta reforma incide en la pugna entre Florentino e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y en aquella que contrapone a Luis del Rivero, presidente de Sacyr, con Brufau. Ambas ejemplifican uno de los dilemas de las grandes empresas modernas: el equilibrio que debe existir entre los deseos de la propiedad y el proyecto empresarial que fija el objeto social y encarnan los gestores.

Pero fueron los recelos de PP, CiU y PNV, con el argumento de que su aprobación debe contemplarse en el marco global de la legislación societaria (sobre todo la Ley de Opas), lo que ha dado un plazo adicional para discutir la enmienda porque el Gobierno pretendía que entrara en el orden del día del mismo 4 de marzo. La batalla en todos los grupos parlamentarios está servida. Dos influyentes políticos ya retirados están actuando para convencer al PP y a CiU de las bondades de la norma.

Sucede que ahora se visualiza que esta enmienda tiene consecuencias importantes para las empresas familiares que deseen salir a Bolsa y que quizás deje desprotegidos a sectores estratégicos.

Nunca pensé que un texto donde abogaba por «una gran calidad legislativa para equilibrar inteligentemente las prerrogativas de los propietarios con los derechos de los minoritarios» pudiera interpretarse como un alineamiento con los partidarios de los límites al derecho de propiedad como cree Florentino Pérez.

Mi tesis, además, es que el que paga manda. Nadie con menos de un 50% de las acciones, por ejemplo, puede disponer del destino de una firma a costa de los minoritarios. Tanto pagas, tanto mandas. ACS merece estar representada en el consejo de Iberdrola por lo que ha pagado. Pero eso no tiene nada que ver con que el Gobierno tramite a escondidas una enmienda legal de muchísimo alcance empresarial.

john.muller@elmundo.es

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El pronóstico de la UE para la economía española no sólo duplica, para mal, los vaticinios del Gobierno sino que trae una noticia todavía peor que ayer casi pasó de puntillas por los titulares: nuestra inflación será «significativamente» mayor a lo previsto para 2010. Bruselas estima que en lugar de un 0,8% de aumento interanual de los precios, sufriremos un 1,1% y a finales de 2010 estaremos en una tasa de inflación del 1,5%.

El nuevo comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, destacó ayer que Spain is different en dos cosas: será la única gran economía de la zona euro que seguirá sin crecer este año y es el único país en el que se han revisado las previsiones de inflación. O sea, nuestro endémico diferencial de inflación con la zona euro – que se había visto mitigado por la deflación que vivimos en 2009- seguirá presionando sobre nuestra endémica pérdida de competitividad. Si la inflación es mala con crecimiento, imagínense lo mala que puede ser en una situación de estancamiento.

La previsión de Bruselas es que España salga de la recesión en el segundo trimestre del año, con un crecimiento del PIB del 0,1%, pero recaiga en el tercero (julio a septiembre) principalmente por la subida del IVA.

Es cierto que Rehn ha mejorado en dos puntos (del -0,8 al -0,6) el comportamiento de nuestra economía, pero incluso así es el doble que el vaticinio que con tanta seguridad defendió el miércoles la vicepresidenta Elena Salgado ante la portavoz del PP, Soraya Saénz de Santamaría. La cifra incluso es peor que el pronóstico del -0,5% que ha estado manejando el Banco de España según reveló este periódico hace una semana, y coincide de pleno con la previsión corregida del FMI de diciembre pasado.

¿Cómo se explica, entonces, el optimismo de Salgado? Ayer le explicaba a una amiga la estrategia estadística del Gobierno para 2010. Se trata de impulsar a tope el consumo entre enero y junio agitando el fantasma de la subida del IVA a mitad de año. La gente, probablemente, anticipe la adquisición de algunos bienes duraderos (electrodomésticos, mobiliario, etc.) y las empresas adelantarán algunas inversiones. La segunda mitad del año, en cambio, el Gobierno espera que la desaparición de la deducción por vivienda desatasque el mercado inmobiliario antes de 2011.

«O sea que el Gobierno confía en ir encadenando los miedos sucesivos para que la gente consuma», me dijo. Y quizás allí el Ejecutivo haya encontrado una clave. Hoy nuestra economía se mueve por el miedo. Miedo de los ciudadanos a perder su empleo que nos hace ahorrar como posesos. Miedo de las entidades financieras a asumir sus pérdidas, lo que les hace mantener sobrevalorados los activos inmobiliarios (¿compensará la pérdida de la deducción a finales de este año el ahorro que supondrán las rebajas posteriores?). Miedo de los funcionarios a que les congelen el salario. Miedo del Tesoro a quedarse sin compradores de deuda. Miedo a jubilar sin pensión.

Ayer, las Cámaras de Comercio decidieron remar a contracorriente y lanzaron la campaña estosololoarreglamosentretodos.org. Una gota de optimismo en un océano de temores.

john.muller@elmundo.es

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Había expectación ayer en el Congreso de los Diputados por el duelo entre la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde la semana pasada, cuando el PP anunció que las preguntas de su portavoz serán para la ministra de Economía y no para María Teresa Fernández de la Vega -después de que ésta quedara fuera del tridente formado por Salgado, José Blanco y Miguel Sebastián-, ya se venía especulando sobre el choque de ayer.

Al final, el asunto deslució un poco porque De la Vega era como una roca en la que se estrellaba la ola de Soraya y en cambio Salgado ha sido como un alga que sigue el vaivén del mar y, aunque sea azotada con violencia, sigue pegada a la piedra.

En Bruselas, la vicepresidenta primera no habrá echado de menos la sesión porque la verdad es que su roca ha resultado muy erosionada por el golpe de oleaje.

La portavoz del PP se tomó su nuevo objetivo con ese brillo que le asoma en los ojos cuando le sobra adrenalina. Se trataba de una rival inexplorada y Saénz de Santamaría cuestionó directamente la credibilidad de los anuncios del final de la crisis que ha hecho el presidente del Gobierno. Salgado contestó que las previsiones «ni son verdad ni son mentira» y se pueden cumplir o no. Defendió que, hasta ahora, la evolución de la economía se ha ajustado a lo que estima el Gobierno. Me imagino que se refiere a las estimaciones que se han hecho desde que ella llegó al Ministerio, porque los vaticinios de Pedro Solbes fallaron pese a que fueron corregidos hasta tres veces en su último año.

Y entonces, la vicepresidenta soltó: «La previsión para 2010 es de un -0,3%, compatible con crecimiento positivo en todos los trimestres». La portavoz del PP ya no pudo replicar, así que no sabemos por dónde iría su argumentación, pero la apuesta de Salgado es arriesgada, porque significa que los próximos cuatro trimestres creceremos al menos un 0,1%. Eso puede ser verdad en el primero y en el segundo, por el efecto de adelanto del consumo que producirá la subida de impuestos en la mitad del año. Quizás también en el tercer trimestre por los efectos del verano.

Pero donde se juega su crédito es en el cuarto trimestre, cuando la subida del IVA y el IRPF se notarán en toda su extensión. La paradoja es que Economía basa su acierto en que el mercado inmobiliario tire a fin de año, aunque sea momentáneamente, ante el anuncio de que el 1 de enero de 2011 desaparece la deducción por vivienda.

john.muller@elmundo.es

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El discurso del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el encuentro sobre la reforma del sistema financiero español, organizado ayer por el diario Expansión, me dejó un gusto extraño. ¿Por qué ese énfasis en hablar de la reforma laboral cuando aún está sin completar la reorganización de nuestro sistema financiero? ¿Era una provocación a los sindicatos en un día tan señalado como el de la manifestación contra el pensionazo? ¿Un ajuste de cuentas con un Gobierno que lo mandó callar y ahora se ve obligado a ceñirse a un guión que le vaticinó hace años?

El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, percibió el desequilibrio y dijo que aunque la reestructuración financiera «va a paso de caracol», Fernández Ordóñez centra su discurso en la reforma laboral y «no habla de lo suyo».

Lo suyo, claro, deberían ser las cajas de ahorro que silban como si la crisis no fuera con ellas, sostenidas por poderes fácticos autonómicos que no quieren soltar su banca pública. Es cierto, ese proceso va muy lento, pero en el Banco de España transmiten tranquilidad. Se les ve convencidos de que, de aquí al verano, la reorganización habrá concluido.

Pero los impositores y clientes de esas cajas se están yendo al paro a raudales y por eso el gobernador considera que la reforma laboral también es cosa suya. Más de cuatro millones de parados no son una cifra que se pueda orillar cómodamente. En realidad, el desempleo es hoy la gran amenaza para las pensiones, para las finanzas públicas (por la doble vía de incrementar el gasto y disminuir los ingresos) y para el mismo sistema financiero porque incrementa la morosidad.

Fernández Ordóñez planteó que es preciso afrontar la reforma laboral con la misma intensidad con la que otros países, donde la banca sí tuvo problemas de solvencia que aquí no hemos padecido, encaran la reestructuración de su sistema financiero.

No sé si el gobernador comparte el temor de amplios sectores de la población española que creen que la reforma laboral se pueda quedar en un falso pas de deux entre el Gobierno y los sindicatos, pero ayer contribuyó de manera importante a establecer una vara para medir «la entidad de la reforma que finalmente se acometa».

Una, es la creación de «un contrato indefinido que no disuada a los empresarios que quieran crear empleo». La otra, que juzgó «particularmente apremiante», es la flexibilización de la negociación colectiva. Pidió a sindicatos y patronales «que dejen a los trabajadores y empresarios de cada una de las empresas decidir lo que más les convenga para salvar su empresa, para mantener sus puestos de trabajo o, incluso, poder aumentarlos». Esta flexibilización es la única forma de que los trabajadores recuperen productividad y las empresas sean más competitivas.

john.muller@elmundo.es

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El que paga manda. Este dicho popular catalán es un compendio del buen funcionamiento del capitalismo. Por eso, a quienes profesamos respeto al derecho de propiedad, nos chirría que existan limitaciones al voto de los accionistas en algunas empresas.

La Ley de Sociedades Anónimas permite a éstas que fijen límites en sus estatutos. Compañías estratégicas como Iberdrola, Repsol o Telefónica y bancos como el Sabadell y el Popular, tienen limitado a un 10% los votos de aquellos accionistas que poseen más de ese porcentaje de los títulos pero menos del 29%, que es el límite ante el cual se debe lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La medida surgió como una manera de proteger a los minoritarios después de que se constatara que en varias operaciones -la adquisición de Metrovacesa por Joaquín Rivero, la de Dragados por parte de ACS (Florentino Pérez) o la de Vallehermoso por Sacyr (Luis del Rivero)- los compradores se hicieron con el control de la empresa sin sobrepasar el límite marcado por la ley para lanzar una OPA. Definían así el destino de la compañía y muchos minoritarios se sintieron desprotegidos.

La eliminación de estos límites figuraba en el programa del PSOE y para muchos expertos son un menoscabo al derecho de propiedad. Los críticos dicen que hay gestores que los usan para atrincherarse frente a accionistas que no les son simpáticos.

Lo cierto es que en Europa no hay claridad sobre el asunto. Sí la había respecto de la famosa «Ley Rato» que blindaba a las empresas privatizadas en la época de Aznar (norma que Zapatero derogó en 2009), pero no la hay respecto de esta normativa. De hecho, hay dictámenes para todos los gustos. El informe Sherman-Sterling, solicitado por la UE, determinó que estas limitaciones no eran blindajes ni dañaban a los mercados.

De hecho, la abolición de estos límites convertirá a España en un caso singular en Europa. En 23 países de la UE-25 existen normas de este tipo. Sólo Italia y Alemania, que tienen otros mecanismos de control sobre sus empresas estratégicas, carecen de ellas. Con razón, desde Iberdrola, por ejemplo, dicen que esto dejará a nuestras grandes firmas desguarnecidas ante ataques especulativos. Otro de los fantasmas que agitan los partidarios de la norma son las Operaciones en Manada, que es cuando varios cazadores conciertan sus participaciones para tomar el control de una empresa y repartírsela.

Con todo, lo más criticable es que el Gobierno incluyera la enmienda entre gallos y medianoche en una reforma de la Ley de Auditoría, emboscándola en una transposición europea. El PP y CiU ahora se muestran recelosos, mientras que el PNV la rechaza de plano.

Es malo que haya premura por zanjar desde el Gobierno un asunto donde se requiere una gran calidad legislativa para equilibrar inteligentemente las prerrogativas de los propietarios con los derechos de los minoritarios sin abrir la puerta a operaciones que conduzcan a la destrucción de la propia empresa. No se comprende que un Gobierno que está calificando de especulativos a los mercados cada día, de pronto se muestre dispuesto a retirar una norma que ha frenado muchas operaciones de ese tipo. Es verdad que el que paga manda. Y para mandar en una empresa hay que tener el 50% más una de las acciones.

john.muller@elmundo.es

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He recibido varios correos electrónicos reaccionando a un comentario mío en la retransmisión en vivo del debate sobre la crisis hecha el miércoles en ELMUNDO.es. A las 12.18 horas, cuando el presidente del Gobierno ofrecía su primera réplica, escribí: «Se ve que Zapatero ha estado más de dos tardes con los asuntos económicos. Me sorprende que, por primera vez, conciba la economía española como un sistema cerrado, cosa que es más propia de economistas».

Una gran mayoría de los comentarios, algunos de ellos burlones, ponen en duda los conocimientos económicos del presidente. Voy a explicar por qué pienso lo contrario.

La primera razón es obvia. Zapatero lleva prácticamente dos años dedicado por completo a estudiar asuntos relacionados con la crisis. Ha leído cientos de resúmenes y ha tenido decenas de reuniones formales. Y aunque esto está lejos de ser una formación reglada, está claro que eso va calando y el jefe de Gobierno hoy sabe mucho más que lo que pudo aprender en aquellas «dos tardes» que le ofreció, generoso, Jordi Sevilla.

La segunda razón es más de fondo y fue la que realmente motivó mi comentario. Hubo un momento del debate en el que el presidente tuvo que referirse a eventuales recortes presupuestarios. Y entonces dejó claro que el presupuesto es un juego de suma cero: lo que uno gana lo pierde otro. En ocasiones pasadas, Zapatero se hubiera inclinado por el gasto infinito, convencido de que los déficits son asumibles y hasta políticamente correctos.

Esta impresión se basa en las reflexiones que vertió Paul Krugman en 1996 en un artículo para la Harvard Business Review que se titulaba A Country is not a Company (Un país no es una empresa). En ese texto, muy poco difundido en español, el premio Nobel de Economía de 2008 argumentaba por qué un empresario de éxito no necesariamente será un gran líder político. Krugman escribió esta reflexión ante la irrupción en la política del empresario Ross Perot.

Krugman sostiene que un hombre de negocios tiende a ver la realidad desde su empresa y piensa en términos de sistemas abiertos, con posibilidades infinitas de actuación y de relaciones. Un economista, en cambio, reflexiona en términos del sistema económico que es, en gran parte, un sistema cerrado.

Uno de los ejemplos que pone Krugman es el de la diferente interpretación que un empresario y un economista hacen de la inversión extranjera. Un empresario le da la bienvenida sin más. Un economista sabe que un fuerte flujo de inversión foránea provoca un gran déficit comercial. Los primeros piensan que más dinero es más actividad y eso, en términos empresariales, es bueno. Los segundos saben que la balanza de pagos y la comercial están íntimamente conectadas.

Cuando llegó al poder, Zapatero estaba obsesionado con la inversión extranjera. Lo tomaba como una medida de su credibilidad. Pensaba en términos de sistemas abiertos. El equilibrio comercial o de pagos no le importaba. Probablemente no sabía lo que era. Ahora, en cambio, lo he visto concebir el presupuesto como un sistema cerrado, como haría un economista. Intuyo que mucho ha aprendido.

john.muller@elmundo.es

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El presidente del Gobierno se refirió ayer en el debate sobre la crisis a las cajas de ahorro y ofreció a los grupos un acuerdo (ayer era el día de ofrecer pactos) para evitar «injerencias políticas» en un proceso de fusiones que todo el mundo considera necesario pero que los poderes fácticos autonómicos se niegan a iniciar.

Me imagino que a Rosa Díez le habrá resultado llamativo que el presidente venga con esa propuesta cuando ella planteó algo parecido en una interpelación a la vicepresidenta Elena Salgado, el 22 de diciembre, y en una moción votada el 9 de febrero.

El momento fue algo confuso porque Rodríguez Zapatero propuso hacer «una proclamación para afianzar que los intereses del sistema y de los ciudadanos deban estar por encima de los poderes políticos». Después dijo que «las fusiones no las puede promover el poder político, y menos, el Gobierno». Y, por último, añadió que «el Gobierno hará todo lo necesario» para que el proceso esté terminado en el primer semestre del año y pidió al sector «la máxima diligencia y colaboración» con el Banco de España.

Fue una extraña combinación de oraciones y deseos del presidente que demuestra hasta qué punto el asunto de las cajas es complicado para un político.

Y eso pese a que en esta materia se ha producido el único pacto real entre el Gobierno y la oposición, ya que el PP apoyó la creación del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob). Como le recordó ayer Mariano Rajoy al presidente, bastó una llamada telefónica para que los populares dieran su apoyo en el Parlamento.

Rajoy le reprochó ayer a Zapatero varias veces que el Frob lleva seis meses muerto de risa y que nadie ha acudido a él. El presidente reveló que el 40% de las cajas de ahorros están implicadas en procesos de restructuración o de recapitalización supervisados por el Banco de España.

«Cómo vas a imponer la fusión de dos dos cajas cuyos directivos se llevan mal», dijo Zapatero en una de sus réplicas, cargado de buenas intenciones.

Bueno, si esa falta de química entre los directivos le va a costar dinero a los contribuyentes y va a desestabilizar el sistema financiero español, creo que se podría hacer una excepción y tener menos contemplaciones con las filias y fobias de los responsables.

El problema es que los intereses de los partidos en las cajas de ahorros son tan grandes que no hay quien le ponga el cascabel al gato. El caso de las cajas gallegas es paradigmático. Alberto Núñez Feijoó ha encabezado la rebelión, encargando informes a medida, para defender una fusión gallega que evite que Caja Madrid u otra entidad metan ahí la cabeza. «Se trata de que el ahorro de los gallegos se quede en Galicia», dijo ayer el diputado Francisco Jorquera del BNG.

En diciembre, una solitaria Rosa Díez denunció que «la politización está detrás de los errores cometidos en estas entidades». Y Salgado le contestó: «Niego que las cajas estén en grave situación…la ley vigente ni politiza ni despolitiza». La moción subsiguiente, en febrero, se perdió por 339 votos contra 2. Ayer, Zapatero le dio la razón a Díez. «Estoy de acuerdo en que los políticos, debemos pintar cada vez menos en las cajas». Hace una semana su partido votó lo contrario.

john.muller@elmundo.es

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AJUSTE DE CUENTAS

Todo el mundo tiene la impresión de que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy son seguidores de aquel consejo de Vito Corleone, el protagonista de El Padrino, que decía: «El que venga a ti con una propuesta de pacto, ése es el traidor». De lo contrario, no se explica que todos en el PSOE y el PP actuaran como si cogieran una patata caliente cuando se les hablaba del Rey y de un posible pacto de Estado.

El problema es que ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición creen que la situación económica esté lo suficientemente podrida como para arriesgarse a una operación política de ese calado. Harían falta cuatro o cinco crisis griegas, un millón más de parados y quizás unas cuantas quiebras más para llegar a un estado de conmoción que obligara a un acuerdo nacional.

«Si el Gobierno nos hubiera oído antes estaríamos hoy mejor que hace seis meses», decía ayer Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, un organismo que ha defendido la necesidad de un pacto para afrontar reformas profundas. También el ministro de Industria, Miguel Sebastián, uno de los primeros en abogar por grandes acuerdos, recordó que España puede salir de la crisis con todos los partidos «de la mano» y con una estrategia «común y clara».

La verdad es que nadie espera que hoy se materialice un gran pacto. Si tenemos en cuenta los debates pasados, Zapatero se refugiará en las medidas adoptadas y dirá que ahora falta que la sociedad reaccione. Lo peor sería ver al presidente en un ejercicio de lanzamiento de ocurrencias como pasó en el debate de la Ley de Economía Sostenible a finales del año pasado.

El tiempo que Zapatero y Rajoy destinen a la reforma de las pensiones nos dará una muy buena pista de cuán centrados están en lo importante, ya que todos los expertos coinciden en que la prioridad hoy no es el sistema de pensiones, sino el mercado del trabajo. El Gobierno, en lo que puede ser un alarde táctico, se ha mostrado más reformista respecto de las pensiones que del mercado laboral, que es el que realmente importa.

Rajoy no lo tiene hoy fácil pese a que el Gobierno está suspendido en Económicas. Ya no vale machacar con el diagnóstico, como hizo con éxito en el último debate. El resultado de los errores lo estamos sufriendo en carne propia y no hace gracia. El líder de la oposición tiene la misión de hacer planteamientos concretos y, además, demostrar con eficacia la superioridad de sus propuestas. Sólo así podrá arañar partidarios entre ese 47,9% de encuestados que cree que el PP no lo haría mejor si ganara las elecciones (EL MUNDO-Sigma Dos / 08.02.2010).

Lo que está pasando en Grecia, que se debate entre su incompetencia económica y el humillante tacto contable al que le va a someter Bruselas, es un buen acicate para actuar hoy con acierto y rapidez.

john.muller@elmundo.es

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