Reggio’s

Toros aparte, el infortunio se ha apoderado del tripartito catalán. Va a pasar a la historia como el primer gobierno que después de bajar un impuesto tiene a la gente más cabreada que antes. Mucho o poco ha bajado el impuesto de sucesiones, pero la percepción es que lo ha hecho tarde, mal, a desgana y no ha logrado satisfacer ninguna de las demandas de la sociedad civil. Lo inaudito es que ICV cante victoria por la derrota política que ha infligido a sus dos aliados y al Govern en su conjunto. Y lo peor es que esperpentos como el del último pleno del Parlament van a ir en aumento en el año electoral que va a comenzar.

Así no ha de extrañar que ningún sondeo electoral vaticine nada bueno para el tripartito y precisamente por eso, aun siendo evidente que la legislatura no da para más, es poco probable que el president Montilla decida adelantar las elecciones. Nadie adelanta unas elecciones que va a perder. El tripartito defiende la eutanasia, pero no para aplicársela a sí mismo. Confiarán hasta el último minuto en que se produzca un milagro.

Desde el punto de vista del interés general existen motivos suficientes para adelantar las elecciones. La crisis requiere gobiernos fuertes, y cuanto antes tome las riendas un nuevo ejecutivo con un horizonte a cuatro años vista, mejor que mejor. Lo contrario va a resultar una aciaga pérdida de tiempo, con una interminable campaña electoral, y un país que no tendrá gobierno ni presupuesto hasta dentro de dos años.

Sin embargo, existen coincidencias entre el interés de Montilla, el del PSC y el de todos. Si Montilla adelanta, cerraría su primer mandato con la cabeza alta. Todo por la patria y contra la crisis. Segundo, si anuncia elecciones pongamos que para marzo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut se aplazaría hasta después de los comicios, lo cual sería un auténtico alivio para Montilla y el PSC. Pero aun en el caso de que no se aplazara, la propia campaña electoral canalizaría respuestas de los partidos.

Pero hay más. La peor amenaza para el PSC no es perder las elecciones al Parlament, que las ha perdido siempre. La tragedia sería perder las municipales, especialmente las emblemáticas alcaldías de Barcelona y Girona, y quién sabe si la todopoderosa Diputación de Barcelona. Para ello, el PSC necesita separar al máximo las elecciones catalanas de las municipales. A rebufo de las catalanas, el PSC se puede encontrar en caída libre y quizá en plena crisis interna, mientras que con más de un año de distancia tendría tiempo de recuperarse y matizar los discursos.

Y, dicho todo esto, es mejor no hacerse ilusiones. Como canta Pau Riba se hace larga la espera cuando se espera que vendrá lo peor… se hace larga, se hace triste y se hace gris…

jbarbeta@lavanguardia.es

El problema, más que las listas cerradas, es el oligopolio de los partidos políticos

Efectivamente, un efecto pernicioso del sistema de candidaturas electorales cerradas y bloqueadas es que establece una relación jerárquica entre el partido y los parlamentarios electos. La más grande hazaña de los diputados es obedecer al líder con razón o sin ella, en vez de defender los intereses de la gente que los ha votado. Así se fomenta la mediocridad, se premia la mezquindad y se generaliza la incompetencia, pero la ley electoral no se va a cambiar y aunque se cambiara no resolvería todos los problemas y menos la corrupción.

Cuando se defienden con ardor las listas abiertas, se olvida a menudo que un triste ejemplo de ellas son las candidaturas al Senado, donde la más grande hazaña es tener el favor del partido y un apellido que empiece por a. La primera candidata de la Entesa, que es socialista, se llama ahora Arqué y antes se llamaba Aroz. De ninguna manera el PSC habría aceptado que ERC o ICV presentaran un candidato a la coalición apellidado, pongamos por caso, Abián.

Una cosa son las listas abiertas y otra las circunscripciones uninominales, propias del sistema británico, con distritos reducidos que eligen un solo representante y que generalmente reducen el debate a dos contrincantes… de los dos partidos mayoritarios. La autonomía de los diputados respecto del partido es mayor, pero la estabilidad de los gobiernos, bastante más frágil. A Tony Blair le amargaron la vida sus propios diputados contrarios a la guerra de Iraq. Si al tripartito catalán ya le cuesta ponerse de acuerdo en casi todo, con el sistema británico Montilla se quedaría afónico, y el grupo del PP en el Congreso sería estudiado como una curiosidad aritmética… No caerá aquí esa breva, entre otras cosas porque la Constitución y el Estatut imponen un sistema electoral proporcional, que permite a Zapatero ser presidente al votarlo tres de cada diez españoles.

La listas cerradas son un problema, pero el problema es ahora la gran invasión: el oligopolio que han creado los partidos políticos extendiendo sus tentáculos por todos los rincones. Del Tribunal Constitucional se puede decir todo menos que es un árbitro imparcial. Está integrado por juristas políticamente decantados, que han hecho méritos para ganarse la confianza de un partido que les sitúe. Lo mismo ocurre con el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las cajas de ahorros, el consejo de RTVE y el de TV3, el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges… Las biografías, como el algodón, no engañan. La casta dirigente de los partidos políticos se ha convertido en una oligarquía que ha privatizado la política y ha neutralizado todos los contrapoderes. El sistema está desequilibrado y no se atisba solución alguna. El reequilibrador que lo reequilibre, buen reequilibrador será.

jbarbeta@lavanguardia.es

La simbiosis política establecida entre el PSC y el PP catalán en mil y un encuentros del president Montilla, de José Zaragoza y de Miquel Iceta con Alícia Sánchez-Camacho va dando sus frutos, pero hay que subrayar la trascendencia del acuerdo cerrado esta semana para incorporar al eminente jurista Julio Añoveros al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Con un buen especialista del PP ocupando un puesto en este órgano estatutario, se altera la correlación de fuerzas del Parlament, de manera que queda neutralizada la mayoría nacionalista que sí registra la Cámara. Con ello, socialistas y populares se blindan prácticamente para los próximos nueve años ante cualquier iniciativa de autogobierno que CiU y ERC pudieran intentar llevar a cabo, tras un acuerdo de financiación autonómica y una sentencia del Estatut que pudieran considerar insatisfactorios.

Pongamos, por ejemplo, que CiU y ERC decidieran plantear abiertamente al Estado el establecimiento del concierto económico con Catalunya. Es un objetivo cuya constitucionalidad ha sido discutida en el ámbito jurídico-político, pero existen tantos dictámenes a favor de su constitucionalidad como contrarios. No cabe ninguna duda de que con la composición pactada, el Consell de Garanties Estatutàries sería el primer organismo en tumbar la idea. La iniciativa del concierto económico no traspasaría siquiera el ámbito institucional estrictamente catalán.

Así pues, el acuerdo entre PSC y PP es de gran calado y plantea algunas paradojas. El PSC ha tenido mucho interés en incorporar al PP a un organismo impugnado por el propio PP dentro de su recurso contra el Estatut y cuya misión principal es ejercer de vigilante de la playa para que el Estado no invada competencias de la Generalitat…

Aunque la mayor paradoja es el apoyo de Esquerra Republicana a este pacto PSC-PP que, se mire por donde, se mire le perjudica desde un punto de vista ideológico pero sobre todo estratégico. Sin mayoría nacionalista en el CGE, Esquerra pierde un inmenso margen de maniobra político respecto a sus propias iniciativas legislativas y renuncia además a un instrumento fundamental de defensa del autogobierno. Esquerra ha preferido entregar al PP antes que a CiU un voto decisivo en el Consell de Garanties Estatutàries. Será porque si bien pierde margen político, también se lo hace perder a sus más directos rivales nacionalistas…

Bueno, mientras en Catalunya -y también en el País Vasco- las izquierdas y las derechas nacionalistas van a la greña, la izquierda y la derecha españolas van (juntas) al grano y no se distraen de lo que es la prioridad nacional. Ese es en realidad el auténtico hecho diferencial que distingue a las naciones.

jbarbeta@lavanguardia.es

DEBATE ANUAL EN EL CONGRESO

En la Argentina del corralito, alguien que conservaba el sentido del humor pintó en una pared de Buenos Aires: Basta ya de realidades, queremos promesas. La realidad española está resultando tan cruda que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, optó por levantar los ánimos en el debate sobre el estado de la nación a base de deslumbrar al respetable prometiendo un sinfín de medidas para salir de la crisis, todas tan populares -en el sentido literal de la palabra- que parecía un mago sacando mil conejos de otras tantas chisteras.

Consciente de que estaba condenado de antemano a que todos los grupos le reprocharan los cuatro millones de parados, el presidente buscó la máxima rentabilidad mediática neutralizando los ataques de la oposición con anuncios de rebajas de impuestos a las empresas, subvenciones por la compra de automóviles, y ayudas a los estudiantes al estilo del cheque bebé o el cheque vivienda de otras ocasiones que protagonizarán inexorablemente la información que va a trascender. Desde ese punto de vista, el presidente del Gobierno salió airoso de su debate más difícil. Incluso podría decirse que venció a sus adversarios aunque el conjunto de medidas planteadas no convenció en general como antídoto contra la recesión.

Hubo una medida impopular disfrazada de progresista como es la supresión a partir del 2011 de las desgravaciones por adquisición de vivienda. La nota que distribuyó presidencia del Gobierno titulaba que sólo se aplicará a “las rentas más altas”, pero se refería a las que superen los 24.000 euros brutos anuales. No está claro cuántas personas con una renta inferior a 24.000 euros están en condiciones de comprarse un piso. Por lo bajini algunos diputados socialistas aclaraban que se trataba de estimular la adquisición de viviendas de aquí al 2011.

Pero enseguida Zapatero se entregó a su catálogo de promesas. El presidente del Gobierno prometió 2.000 euros para quien se cambie el coche viejo por uno nuevo, una rebaja de cinco puntos en el impuesto de sociedades para pequeñas empresas y un “reflejo equivalente” en el impuesto sobre la renta para los autónomos.

A partir de ahora los estudiantes de 5º de primaria tendrán su propio ordenador portátil. Las aulas van a cambiar por completo. Las batallas de tiza y borradores van a quedar para la historia porque se van a instalar en todas las escuelas públicas y concertadas pizarras digitales… Y no sólo los estudiantes de primaria tienen premio. Los que hayan acabado la carrera y no encuentren trabajo van a poder matricularse gratis del máster…. Bueno, y “la mejor financiación de la historia para Catalunya” y dos huevos duros… El país atraviesa la peor crisis de su historia, pero Zapatero no se resigna y sueña con la Ciudad de los Prodigios. No ha de extrañar que en una de las primeras valoraciones de la intervención presidencial un diputado tan comedido como Josep Antoni Duran Lleida dijera en cuanto le pusieron un micrófono delante: “En la tómbola de Zapatero siempre toca, si no un pito una pelota…”

Es evidente que la táctica del “optimismo antropológico” resulta, como mínimo, más agradable que la insistencia en los cuatro millones de parados y lo mal que está todo, que fue la opción de Mariano Rajoy. Pero desde la oposición se observó dónde estaba el truco de cada conejo que surgía de la chistera. Por ejemplo, la rebaja del impuesto de sociedades, mil veces propuesto por CiU y por el PP y rechazado por el PSOE, sólo afectará a empresas con menos de 25 trabajadores que facturen cinco millones de euros y a condición de que mantengan o aumenten la plantilla. No son pues todas las pymes. Para la ayuda a la compra de un automóvil, cifrada en 2.000 euros, Zapatero cuenta con poner 500 siempre y cuando el fabricante ponga 1.000 y la comunidad autónoma 500 más… Lo de los ordenadores portátiles en las escuelas corresponde hacerlo a las comunidades autónomas que tienen la competencia en educación y “la mejor financiación de la historia para Catalunya” se logra con sólo un euro más y que Catalunya reciba una financiación per cápita por encima de la media es un requisito del Estatut.

Respecto a la financiación autonómica, Zapatero se refirió en términos de ultimátum a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el 15 de julio como fecha límite, o sea, un nuevo aplazamiento porque la previsión de Salgado y Chaves era mayo pero ahora ese asunto ya está prácticamente cerrado, tal como comunicó el president Montilla a los consellers socialistas en una reunión de estrategia de la que informó La Vanguardia el sábado.

Mariano Rajoy centró toda su intervención en la crisis y en la necesidad de que el Gobierno rectifique “como rectificó en la política antiterrorista”, pero, en vez de contraponer su alternativa, se limitó a mostrar un ejemplar del plan anticrisis del PP como si todo el mundo ya lo conociera. Eso le permitió a Zapatero atacar a Rajoy con el fantasma del despido libre. “Este Gobierno no abaratará el despido, ¿y usted?” y el líder de la oposición, que ayer presumió de continuar siéndolo, se resistió a caer en la trampa, pero a partir de ahí, la pugna entre Zapatero y Rajoy degeneró en un intercambio brusco de insultos, descalificaciones y reproches mutuos en el episodio de más bajo nivel político de la jornada.

Hubo más política cuando Josep Antoni Duran Lleida se preguntó por el rumbo del proyecto de Zapatero, sin plan anticrisis, aliado a veces de ERC y a veces del PP, “con el único objetivo del poder por el poder”, una idea en la que vinieron a insistir los restantes oradores de la jornada, Josu Erkoreka, Joan Ridao y Joan Herrera. Y en la respuesta a los catalanes Zapatero se deshizo en alabanzas a Catalunya. Un poco más y entona el Virolai.

La crisis exige más gasto público y el dilema se sitúa entre dedicarlo a la inversión o a la subvención. presidente de la Generalitat, José Montilla, que, según parece, fue elegido por ser de izquierdas, apostó ayer en el Cercle Financer por subsidiar lo mínimo e invertir al máximo: Todos sus guiños buscaron la complicidad de la derecha.

La inversión debería dinamizar la economía, y los subsidios, ayudar a los pobres. Tradicionalmente, la derecha confiaba más en lo primero, y la izquierda abanderaba lo segundo, pero la crisis de este principio de siglo lo está poniendo todo patas arriba. En Estados Unidos, los republicanos le piden a Obama que deje a los bancos que se hundan y los laboristas británicos bajan los impuestos. En España, el Gobierno socialista admite que ya no sabe qué hacer y va el president de Catalunya y se lo explica. Con la modestia que le caracteriza, Montilla le leyó una vez más la cartilla a Zapatero y, además, con un discurso que parecía pensado para recrear los oídos a la patronal.

Fue una iniciativa loable en un día oportuno: Ayer trascendió que Catalunya crece por debajo de la media; el Govern anunció la inyección de 500 millones de euros a las empresas del sector de la automoción, y ayer mismo, el sindicato que se manifestaba en Girona para “plantar cara a la crisis”, ponía en peligro el acuerdo para que Volkswagen fabrique un nuevo Audi en Martorell. Hacía falta esperanza e ilusión y según Josep Joan Pintó, que resumió el acto, Montilla cumplió con su difícil misión.

Con la erudición que le caracteriza, Pintó pintó a Montilla como un hombre audaz y prudente. La audacia consistió en simpatizar con la derecha sin provocar a la izquierda. Así, entre los objetivos prioritarios del plan anticrisis de Montilla figura “paliar la situación de los colectivos sociales más vulnerables”. Una vez colocada la guinda identificativa, todas las demás propuestas coincidían con otras reivindicadas o solicitadas por alguna organización patronal y por algún partido de derechas: atenuar las restricciones de liquidez del sistema financiero, contrarrestar con inversión pública el descenso de actividad de la construcción…. Entre las reformas estructurales “necesarias y urgentes de la economía española”, dijo Montilla que antes que nada hay que reformar el mercado de trabajo. No, Montilla no llegó a pedir el despido libre, pero se quedó clavado en el mismo punto del discurso que lo hacen CiU o el PP. La filosofía de Montilla se resume así: “Tendremos que trabajar más y no necesariamente para ganar más”…

Y una cosa quedó clara para siempre: la financiación autonómica no tiene ninguna importancia ante la inmensidad de la crisis. Esa tan irrelevante que Montilla ni siquiera se refirió a ella hasta que le interpelaron: “¿Qué hacen sus 25 diputados? No sirven para nada!”. Y el president respondió: “Han servido para que Rajoy no sea presidente…”

ELECCIONES PAIS VASCO Y GALICIA

LA CRÓNICA

La simbiosis PSOE-PP para desalojar a los nacionalistas del Gobierno vasco tendrá irradiaciones en la política española. Aunque parezca mentira, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha hecho de su pugna con la derecha la imagen de marca de su gobierno, va a cambiar de táctica e intentará acercarse al PP. Se trata de que el primer partido de la oposición se convierta en un interlocutor habitual del Gobierno, sobre todo para aquellos asuntos que denominan “de interés nacional”.

A la fuerza ahorcan. Desde el domingo, el Gobierno se ha quedado sin aliados estables. CiU y PNV ejercerán de oposición y el BNG ha decidido cancelar su apoyo sistemático al Gobierno. Esta situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el PSOE y el empeoramiento progresivo de la crisis económica -el paro afecta ya a tres millones y medio de personas- obligan al Ejecutivo a prescindir de la ideología y a recabar apoyos sin mirar a quién para sacar adelante las tareas legislativas.

Para despejar cualquier duda respecto a estas intenciones, lo dejó claro ayer el portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso: “No vamos a excluir a nadie”, dijo, en la búsqueda de acuerdos parlamentarios. La disposición a inaugurar una nueva etapa de relaciones con el primer partido de la oposición la puso de manifiesto el portavoz socialista asegurando que si hasta ahora no ha sido posible no ha sido por su culpa, sino porque “el PP no ha querido estar”.

Con todo, los socialistas no van a entregarse en cuerpo y alma a sus rivales conservadores. Alonso habló de “geometría variable”, en el sentido de buscar simultáneamente acuerdos con la derecha y con la izquierda, según cuál sea el asunto parlamentario que vaya a abordarse.

Otra cosa será la respuesta que obtenga por parte del PP porque el infierno está lleno de buenas intenciones. Los conservadores han ejercido el papel de partido agredido por el Gobierno y no les ha dado mal resultado. Además han comprobado en Galicia que la crisis económica se ha convertido en el talón de Aquiles de Zapatero y nadie está dispuesto a compartir el desgaste que inexorablemente va a sufrir el Gobierno socialista. La propia portavoz popular, Soraya de Sáenz de Santamaría, vaticinó un periodo de “inestabilidad parlamentaria” previo a un “cambio de ciclo político”.

Sin embargo, los socialistas están convencidos que pueden llegar a acuerdos en algunos aspectos de interés común con el PP. El primero de ellos es la financiación autonómica. El Gobierno carece ahora mismo del apoyo parlamentario necesario para aprobar el nuevo sistema y de los recursos suficientes que hagan posible ese acuerdo.

Fuentes socialistas no catalanas han señalado que la evolución de la crisis ha alterado las previsiones de tal manera que no se puede garantizar “ni cambio de modelo ni un aumento de recursos considerables”. Sólo un pacto PSOE-PP resolvería la cuestión, lo que hace todavía más difícil que el resultado final satisfaga las aspiraciones catalanas. El propio president de la Generalitat, José Montilla, admitió ayer ante los miembros del Govern en la reunión del Consell Executiu, que el resultado de las elecciones gallegas y vascas “nos complica mucho la financiación”. Evidentemente, la posición gallega va a cambiar porque el nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, no se va a conformar con lo mismo que su antecesor socialista Touriño, pero también cambiará la posición del Bloque Nacionalista, que no dejará en manos del PP la exclusiva de la reivindicación.

Hay que tener en cuenta que el nuevo sistema de financiación implica la reforma de una ley orgánica, la Lofca, que requiere el respaldo de una mayoría absoluta hoy por hoy sólo alcanzable con el concurso del PP.

Así pues, el Gobierno intentará aprobar la financiación con el PP, pactar la renovación del Tribunal Constitucional también con los conservadores, pero sacar adelante la nueva ley del aborto con los partidos de izquierda. La ley de Puertos probablemente también se negociará con el PP y nadie sabe cómo va a salir la nueva ley de Inmigración, con la que se pretende introducir el controvertido asunto del derecho de voto a los extranjeros.