Reggio’s

LUCES LARGAS

Cuando empecé a publicar esta columna, hace casi dos años, todavía estábamos discutiendo el nombre de la cosa.Quienes decíamos estar ante una crisis profunda del sistema económico, en lugar de ante una desaceleración temporal del mismo, nos podemos sentir tristemente reconfortados al escuchar al presidente del Gobierno reconociendo esta semana, en una entrevista televisiva, que no haber sabido ver la magnitud de la crisis ha sido uno de sus principales errores. El haber tenido razón entonces no garantiza que la volvamos a tener siempre, pero nos obliga a señalar que, ahora, tampoco está sabiendo ver la magnitud de la tarea que, como país, tenemos por delante para salir, bien, de esta profunda recesión.

Cuatro millones y medio de parados, un déficit público de dos dígitos, lamayor tasa de endeudamiento nacional (público y privado) de la historia, así como el riesgo de enfrentar una década perdida en términos de riqueza y bienestar social no son asuntos menores ni que se puedan abordar con rutina y trámite burocrático. Estamos viviendo una crisis sistémica del capitalismo internacional que se ha llevado por delante los factores en los que se ha basado nuestro modelo de crecimiento de los últimos 15 años. Nada será igual después de este terremoto y de nada valdrá aparentar lo contrario.

A corto plazo, tenemos que articular un paquete demedidas orientado a fomentar el crecimiento y el empleo, compatible con la recuperación de la competitividad perdida, un reparto equitativo de los costes de la recesión y la disminución ordenada del endeudamiento. A medio plazo, hay que sentar las bases de una economía inteligentesobre vectores distintos al pasado: de la cantidad y el precio, a la calidad y el valor añadido. Y todo ello se debe hacer de manera eficaz mediante un Pacto de Estado más parecido a los de la Moncloa que al de Zurbano, debido al número y profundidad de reformas estructurales que se requieren, el amplio conjunto de instituciones involucradas y la necesaria garantía de continuidad en el tiempo.

El presidente Zapatero también dijo que el Gobierno había aprobado 137 medidas para luchar contra la crisis. La verdad es que nome salen tantas, pero no estamos ante un asunto que se pueda analizar al peso. Ciento cincuenta medidas no serían mejor, porque ni todas son homogéneas ni un número indica nada sobre lo pertinente de las mismas. No es una cuestión de trabajar mucho, sino de trabajar bien, con sentido y en la dirección correcta. Y ahí, en la estrategia, es donde creo que la política económica del Gobierno esmanifiestamentemejorable, porque parte de un diagnóstico equivocado sobre la gravedad del problema al pensar que ya estamos a punto de salir sin necesidad de hacer nada más que esperar. Eso lanza señales confusas en asuntos relevantes
como los siguientes:

Impuestos y gasto público. Dada la fragilidad de la recuperación, sobre todo en España con tanta deuda privada por devolver, el FMI está pidiendo prudencia a la hora de subir impuestos y retirar los estímulos públicos puestos en pie por los países. La estrategia conservadora pide recortar el gasto público y rebajar impuestos como manera de inyectar recursos en la economía privada. Por su parte, la estrategia progresista defiende que en situaciones de grandes incertidumbres, y con un sector privado altamente endeudado, la capacidad del dinero público para impulsar la actividad, es mayor ymás directa, por lo que debe primar elmantenimiento del gasto público productivo.

Anteponer la recuperación económica frente al recorte presupuestario es una decisión estratégica que debe negociarse en un Pacto de Estado. Como también el abordar, de verdad, la reconversión del complejo inmobiliario-financiero español.

Rebaja de costes productivos. Salir de una crisis profunda exige reajustar los costes para recuperar competitividad. Sin devaluación posible, eso sólo se puede hacer actuando sobre los salarios o sobre el resto de costes productivos. Esa es una de las patas principales del Pacto. Concretar los sacrificios que necesitamos hacer para ajustarnos a una nueva realidad en la que somos más pobres y debemos mucho dinero. La (casi) congelación salarial pactada por los interlocutores sociales puede no ser suficiente y debe verse acompañada de rebajas en las cotizaciones sociales, reducción de costes administrativos y judiciales, así como de reformas estructurales en los mercados de factores y productos. Todo ello, para recuperar capacidad de crecer en un mundo globalizado.

Reparto equitativo de sacrificios. No podemos pedir los esfuerzos siempre a los mismos, pero la alternativa no es dejar de hacerlos, sino atrevernos a repartirlos de manera equitativa. Esa es otra de las patas del Pacto. Resulta difícil de aceptar que los pensionistas que cobran 870 euros al mes ponen en riesgo la viabilidad del sistema mientras se suprime el impuesto de patrimonio para los más ricos. Buscar nuevas fuentes solidarias para financiar el sistema de pensiones se convierte, además, en pieza clave para rebajar costes laborales no salariales.

Necesitamos un paquete articulado, equilibrado y compensado de medidas que respondan a una estrategia definida y conocida de lucha contra la recesión. Y que, respaldado por las fuerzas parlamentarias, interlocutores sociales y Comunidades Autónomas, fortalezca la posición internacional de España, resaltando nuestra solvencia y credibilidad a la vez que recuperando confianza en el interior. Marcar rumbo a partir del reconocimiento de lo obvio: la situación es muy complicada, no estamos ante un paréntesis tras el que volveremos al punto de partida, necesitamos hacer sacrificios, esfuerzos y cambios importantes que debemos repartir de manera justa.

Ésta es una crisis de las que alteran algunos fundamentos de una sociedad, señalando un antes y un después. El impulso reformista internacional está perdiendo fuerza y ya nadie habla de refundar el capitalismo. En España, de momento, estamos también perdiendo el partido y, con él, las posibilidades de continuar en la Champions. Pero aún estamos a tiempo.

Espero que, dentro de dos años, el presidente no tenga que reconocer que no supo valorar a tiempo lamagnitud de la tarea reformista que exige la situación.

LUCES LARGAS

La Comisión Negociadora del Palacio de Zurbano ha abandonado esta semana las altas cimas del Pacto de Estado para situarse en las más prosaicas del arbitrismo nacional. España es un país de arbitristas. De gentes que emulan a aquellos próceres que, en los siglos XVI y XVII, inundaban a la Monarquía absolutista con sesudos memorándum en los que diseñaban sus arbitrios o soluciones, casi mágicas, para todos los males de la patria.

Así, escuchando los ecos de las reuniones, resuena que para salir de la mayor crisis económica de nuestra historia basta con bajar unos impuestos por aquí mientras subimos otros por allá, resucitamos una especie de banca pública, recortamos algunos altos cargos y apostamos por un coche eléctrico que se mueva empujado por la fuerza de los vientos. Y abierto el melón, por qué no incluir un nuevo contrato todavía más precario para los jóvenes o reducir por Ley los plazos para abonar deudas para aquellos que, precisamente, no tienen dinero para pagarlas antes.

Es verdad que, junto a ello, hay otras cosas como el principio de la rectificación respecto al ladrillo o la extensión del nuevo contrato de fomento del trabajo indefinido en lo que parecen de acuerdo todas las fuerzas parlamentarias. Pero algunas dudas se plantean con el enfoque. La primera: ¿por qué no se le había ocurrido a nadie antes? O si se le había ocurrido, ¿por qué no está ya en vigor todo ello? La segunda: si con las rebajas en el IVA y en el IRPF para rehabilitación de viviendas se crearán 250.000 empleos, ¿cuántos se crearán con una rebaja mayor o más extendida? ¿Vendrá la reactivación a lomos de las rebajas de impuestos?

La tercera tiene que ver con el funcionamiento de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Bueno, en realidad, con los avales del ICO a créditos concedidos por un banco elegido, al parecer, por concurso público, sin que se conozca, de momento, si el análisis del riesgo lo hará el ICO o el banco comercial. Hablamos de créditos por un valor de 200.000 millones de euros, equivalente al 10% de los créditos anuales totales concedidos a las empresas.

Son todas propuestas encomiables, la mayoría razonables, casi todas útiles e incluso algunas, necesarias. Pero, como dijo Lluis Llach en una canción de la época, «no es aixó, companys, no es aixó». La apuesta grande para el país está ahora en otro sitio y las reglas para ganarla son otras, más relacionadas con el consenso constitucional que con la pelea partidista del momento.

Quizá por ello el catalán Sánchez Llibre ya ha dicho que esto no tiene nada que ver con su propuesta de Pacto de Estado y el vasco Erkoreka apunta que para hacer lo que hacen, mejor lo hacen en el Parlamento, como toda la vida. Dicho de otra manera, lo que ocurre en el internado de la calle Zurbano no tiene nada que ver con un intento serio de articular un Pacto de Estado que permita a España salir de la mayor crisis económica y social de su historia reciente. Los que teníamos en la cabeza los Pactos de la Moncloa no encontramos su reflejo, ni pálido siquiera, en estos Pactos de Zurbano que excluyen materias importantes, alejan interlocutores sociales y, sobre todo, buscan confundir proclamas con realidades.

Que algo no esté en el Polo Norte no quiere decir que esté, necesariamente, en el Polo Sur. El hecho de que discrepemos de cómo está planteando este asunto el Gobierno no quiere decir que estemos más conformes con cómo lo plantea la oposición. Porque los dos grandes partidos comparten ese espíritu arbitrista que entiende la sociedad como una especie de gran mecano, al que, de vez en cuando, hay que aplicar medidas de ingeniería como ajustar una tuerca, apretar un tornillo o cambiar una tubería oxidada para que todo vuelva a funcionar sin sobresaltos. Y no.

La realidad social se parece más a un organismo vivo, afectado por sentimientos, deseos y expectativas, que se organiza en instituciones que, a su vez, tienen vida propia, todo ello con sus propias reglas que provocan efectos no previstos, sin descartar los cisnes negros y las leyes del caos. Por ello, aunque existen incentivos que funcionan en situaciones normales, en momentos excepcionales como estos se requiere otro tipo de medidas también excepcionales. Las actuaciones públicas internacionales en defensa del sistema financiero, nuestro Plan E o la ayuda a parados sin subsidios, son ejemplos de esas cosas atípicas que deben hacerse en momentos extraordinarios. Pero no encuentro ninguno más.

Por tanto, digámoslo claro y pronto: si hubiera acuerdos rápidos y unánimes sobre todos y cada uno de los puntos debatidos en la Comisión Anticrisis, sería algo positivo. Pero no alteraría, de forma sustancial, las perspectivas de la economía española a corto y medio plazo.

Cuando nuestra disyuntiva como país se mueve entre aprobar un severo plan de ajuste que transmita a los mercados sensación de solvencia reforzada mediante recortes inmediatos del déficit público o, por el contrario, lanzar un vigoroso plan de reactivación y reformas de la economía española que nos sitúe pronto en tasas de crecimiento y de creación de empleo que refuercen nuestras posibilidades de devolución de la deuda acumulada, unos eventuales Pactos de Zurbano se situarían en un limbo intermedio entre ambas opciones. Y ése es su principal defecto: mucho boato para una cosa y demasiado poco contenido para la otra.

Analizando sólo los documentos repartidos y las declaraciones hechas, nadie diría que se corresponden con un momento histórico tan crucial como aquel en el que alcanzamos los cuatro millones y medio de parados, un déficit público de dos dígitos y una drástica pérdida de capacidad productiva que puede llevarnos a una década pérdida.

Daría más bien la impresión de que algunos siguen actuando como si estuviéramos ante una fuerte desaceleración cíclica y no ante una profunda crisis sistémica del capitalismo. El problema es el de siempre: cuando no hay harina (o alguien se la ha llevado), todo es mohína.

© Mundinteractivos, S.A.

LUCES LARGAS

Tenemos muchas cosas que arreglar en España. También en el mundo, de acuerdo, pero empecemos por lo nuestro, por aquello que podemos hacer aquí, sin contar con los de allí. La crisis se ha llevado por delante casi cuatro años de esfuerzo en términos de riqueza, y por ello lo más urgente debe ser encontrar una senda de crecimiento sostenible que permita tres cosas: reabsorber en el mercado de trabajo a más de tres millones de personas, devolver los préstamos privados sobre los que hemos basado el ciclo de crecimiento anterior y reducir el déficit público sin poner en cuestión las posibilidades de la recuperación.

Pero no debemos olvidar otros asuntos importantes, como los referidos a la justicia, a la educación, al sistema de innovación, al modelo de Estado, a la reforma de las administraciones, al impacto del envejecimiento de la población en la sanidad o las pensiones o de las corrientes migratorias, así como a la reducción de las desigualdades sociales y la pobreza crecientes.

Demasiados retos para pensar que se pueden resolver sólo desde una administración, aunque sea la central, porque en todos los asuntos citados hay competencias compartidas con las comunidades autónomas, o que se pueden abordar sólo desde un partido político, sin tener en cuenta lo que opine el otro partido con posibilidades de gobernar, cuando estamos hablando de problemas que van a requerir medidas reformistas aplicadas con continuidad. El hecho de que las reformas necesarias afecten a varias instituciones y requieran desplegarse en la misma dirección durante largo tiempo es, precisamente, lo que hace aconsejable un Pacto de Estado como la forma más eficaz para abordarlas con éxito, sobre todo, tras constatar que el no haberlo hecho así en los últimos años los mantiene como asuntos sin resolver que ponen plomo en las alas de nuestras capacidades como país.

La superioridad de un Pacto de Estado como instrumento de avance social, frente a una acumulación dispersa de acuerdos parciales, se puede demostrar por cuestiones de método y de contenidos. Sobre el método, hace falta una negociación centralizada en lugar de un meandro de reuniones que pueden acabar requiriendo una guía del usuario para saber qué se trata en cada sitio y entre qué interlocutores: pensiones, Pacto de Toledo, mercado laboral, mesa social, gasto sanitario, Consejo Interterritorial, morosidad, el Parlamento, competitividad, el Gobierno etcétera.

En segundo lugar, los puntos propuestos por la Gran Comisión Gubernamental de Negociación eluden precisamente los asuntos fundamentales. No se puede plantear en serio, por respeto a los ciudadanos en una de las horas difíciles del país, esos puntos genéricos que suenan a táctica dilatoria. Por cierto, ¿qué se ha hecho de aquella Estrategia de Economía Sostenible que sólo hace unas semanas iba a ser la clave para solucionar todos nuestros problemas?

Quienes reclamamos un Pacto de Estado como la forma más eficaz de resolver los problemas fundamentales de la España de hoy, lo hacemos convencidos de que los acuerdos que necesitamos para superar nuestras serias dificultades como país no pueden hacerse desde una lógica excluyente como la de los partidos. La situación exige una suspensión temporal y parcial de dicha lógica para subordinarla a la del interés general, que fue lo que hizo posible la transición política y económica en España así como el propio pacto constitucional.

El país que hemos construido exige gobernar desde la cooperación institucional y, en momentos excepcionales como éste, desde un consenso político que refuerce lo que nos une, aplazando todo aquello que nos separa. Parafraseando a Juan Francisco Ferré, en su reciente novela Providence, a veces, empeñarse en gobernar desde la diferencia hace que acabe mandando la indiferencia de la gente.

Los acontecimientos de las últimas semanas han tenido algo de situación ya vivida: ataques de los mercados a la economía española, pronunciamientos de los principales banqueros españoles en defensa del Gobierno mientras los sindicatos se manifiestan en la calle contra recortes sociales presentados por el Ejecutivo como globos sonda. Pero más allá de la gestión de la anécdota, todo ello evidencia que existen dudas razonables sobre nuestras posibilidades de futuro si no hacemos algo que signifique un importante cambio de rumbo. No en las declaraciones, sino en los hechos; no ante los periodistas, sino en el Boletín Oficial del Estado; no para excluir a nadie, sino para integrar a todos.

Lo que ahora está en duda, dado lo grave y excepcional de la situación, es si seremos capaces de recuperarnos en plazo al nivel suficiente como para devolver los préstamos exteriores o pagar las pensiones a medio plazo. Y aunque de momento no sea un problema de solvencia, sí lo es de credibilidad, pues esa recuperación tiene mucho que ver con mejoras en nuestra competitividad que, sin devaluación, sólo podemos conseguir mediante profundas reformas estructurales e institucionales como las que reclamamos mediante un Pacto de Estado.

Y por cierto, una reforma del sistema de pensiones, incorporando nuevas fuentes de financiación, permitiría reducir sustancialmente nuestros costes laborales directos al rebajar cotizaciones sociales, mejorando la competitividad empresarial sin afectar negativamente a los derechos adquiridos por los pensionistas.

No estamos en el momento del regate en corto, de marear la perdiz o de ver quién es más ingenioso en el eslogan dominical. Los problemas son de verdad, afectan a personas de verdad y frenan, de verdad, nuestras posibilidades de crecer, crear empleo, riqueza y bienestar. Y la responsabilidad de la política es muy grande porque las cosas no se van a resolver solas con el mero paso del tiempo.

Sin hacer nada efectivo, volveremos poco a poco a recuperar actividad conforme tire la economía internacional y, con suerte, sólo tardaremos una década en volver a situarnos por debajo de la media europea en casi todo, pero cerca de la misma. ¿Son ésas todas nuestras aspiraciones? ¿Es eso lo mejor que podemos conseguir? ¿Mantenerse en base a acuerdos parlamentarios variables sobre asuntos de trámite como si no hubiera crisis? Si es así, frente al vuelo bajo, esto sólo lo arreglamos entre todos.

© Mundinteractivos, S.A.

LUCES LARGAS

Supongo que ya tenemos todos claro que no habrá Pacto de Estado para superar la recesión. Especialmente, si cada uno de los dos grandes partidos piensa que le resulta más rentable echarle la culpa al otro. Lo que veremos es el habitual baile negociador de una minoría necesitada de votos suficientes para sacar adelante las leyes, pero varios acuerdos parlamentarios parciales no sustituyen, ni por su ambición, ni por su extensión, ni por su contenido, a un Pacto de Estado.

Al final, se ha impuesto la estrategia partidista de aguantar el chaparrón y esperar a que escampe. Y viendo el debate parlamentario de esta semana, uno se pregunta, ¿de verdad resultan tan incompatibles los programas económicos del Gobierno y del principal partido de la oposición? ¿Encarnan, realmente, dos vías alternativas e incompatibles hacia la tierra prometida?

Desde que Manuel Fraga, siendo jefe de la oposición, nos golpeara los oídos con «los dos modelos de sociedad», no había escuchado hablar tanto de programas económicos alternativos. Diferentes, sí. Con matices y énfasis distintos, sí. Pero, ¿radicalmente incompatibles? Tengo que reconocer que me cuesta verlo y creerlo.

Tanto el PP como el PSOE apoyan la presencia de España en el euro. Esto quiere decir que ambos aceptan delegar la política monetaria en el Banco Central Europeo, compartir la política del tipo de cambio con el resto de socios y asumir las condiciones de la disciplina presupuestaria que conllevan los Planes de Estabilidad.

Desde que el PP aprobó la ley del déficit cero, que el PSOE modificó ligeramente mientras presumía de superávits presupuestarios a pesar de la distancia en protección social respecto a la media europea, el estado de las cuentas públicas está más relacionado con la situación de la economía que con el signo del partido gobernante. La presión fiscal y el volumen de gasto público en relación al PIB han respondido en España más al ciclo económico que a opciones políticas distintas de Gobierno. Establecido que bajar impuestos es de izquierdas, y tras suprimir un Gobierno socialista el impuesto de patrimonio, incluso las diferentes reformas fiscales realizadas por unos y otros, resultan difícilmente distinguibles por razones ideológicas.

Es cierto que el PSOE ha subvencionado más las energías alternativas y anunciado el cierre de Garoña, pero el déficit tarifario de las eléctricas que se está pagando ahora lo aprobó el PP después de cerrar Zorita y firmar el Protocolo de Kyoto contra el cambio climático. En mercado laboral, fue el PP el que aprobó el contrato indefinido con 33 días de despido que, ahora, el PSOE propone extender. Y ninguno de los dos ha rebajado cotizaciones sociales ni ha podido reducir la temporalidad laboral excesiva, y además han gestionado las pensiones, hasta la fecha, mediante el Pacto de Toledo, aunque ninguno de los dos gobiernos ha cumplido la separación de fuentes. Respecto al Decretazo del PP que provocó la huelga general por recortar derechos sociales, se ha seguido manteniendo en vigor con el PSOE, incluyendo la supresión de los salarios de tramitación en caso de despido.

Ambos gobiernos comparten el discurso de la innovación (aunque seguimos saliendo mal en todos los indicadores internacionales), la educación (ninguna universidad entre las 100 mejores del mundo) o la sanidad, cuyo gasto ha crecido por encima de lo previsto tanto con unos como con otros, sin que se hayan adoptado medidas contradictorias en función del color político. Y, cuando ha llegado la crisis, han apoyado de mutuo acuerdo los planes de apoyo al sistema financiero, incluido el FROB o la inversión en los planes municipales. Cuesta mucho diferenciar sus apuestas a favor del AVE, su voluntad de contar con financiación privada en inversiones de infraestructura o los discursos respecto al incentivo del transporte de mercancías por ferrocarril o la aplicación de las directivas europeas de liberalización del transporte de pasajeros. Unos darán entrada a las Comunidades en los aeropuertos, mientras otros lo hicieron en los puertos.

¿A dónde quiero llegar? Es evidente que ha habido y que hay diferencias. Pero también mucha continuidad en las políticas y muchas cosas en común. Si nos atenemos a lo que hacen cuando y donde gobiernan y no a lo que dicen, podríamos concluir que en torno a un 60% de los objetivos e instrumentos de política económica son compartidos, hoy por hoy, tanto por el PP como por el PSOE. Y que las discrepancias están también muy condicionadas por la coyuntura política. En esta crisis internacional, el Gobierno socialista español ha compartido estrategias en el G-20 con gobiernos conservadores como el francés o el alemán, mientras la oposición popular propone cuestiones al Gobierno actual que no practicó cuando gobernaba ni hace en las comunidades autónomas donde gobierna.

Podemos decidir confrontar desde el 40% de diferencias existentes o impulsar acuerdos a partir del 60% que tenemos en común. Esas y no otras son las dos vías existentes hacia la prosperidad. En momentos de recesión y desánimo como los actuales, con una posición inestable en los mercados financieros y con riesgos serios de recaída y de perder posiciones en el ranking de competitividad internacional, parece más eficaz agotar las posibilidades del Pacto. No porque la situación sea gravísima o se le haya ido de las manos al Gobierno, sino porque las reformas que tenemos que llevar adelante para recuperar al país, despertando todas sus energías y potencialidades, son excepcionales y exigen una amplia colaboración institucional (CCAA) y una estabilidad temporal que sólo se puede garantizar mediante un gran Pacto de Estado que lance las señales reformistas adecuadas con la fuerza suficiente como para vencer las fuertes resistencias con mayor facilidad.

En ese contexto, cuando de lo que estamos hablando es de cosas de esa envergadura nacional, convertir la supresión de altos cargos, la subida del IVA o una ley de morosidad en asuntos que imposibilitan totalmente cualquier posibilidad de acuerdo entre los dos grandes partidos parecería de broma, si no fuera tan serio. Pero, tiempo al tiempo.

© Mundinteractivos, S.A.

LUCES LARGAS

España no está tan mal, ni ha habido dato nuevo alguno que altere la calificación de las agencias de rating sobre nuestro crédito internacional. El problema es que tengamos que demostrarlo, sobre todo, ante unos mercados financieros llenos de aspirantes a suceder a aquel Soros cuya fortuna se multiplicó especulando hace dos décadas contra la libra y el sistema monetario europeo.

Este Gobierno heredó, como todos, muchas cosas de sus antecesores. Entre ellas, un crecimiento económico alicatado de boom inmobiliario, una pérdida paulatina de competitividad y un recurso creciente al endeudamiento externo como forma de financiar nuestro vivir por encima de las posibilidades. Esos tres problemas son los que estallaron con la crisis internacional dando lugar a la grave situación que aún arrastramos.

Para quienes buscan culpas, es evidente que habría que repartirlas entre el Gobierno del PP, que protagonizó un milagro económico con un poderoso lado oscuro que ha acabado por absorberlo todo, y el primer Gobierno socialista, que se subió a ese carro acelerado sin hacer lo suficiente por cambiar un modelo de crecimiento insostenible y abocado a estallar en nuestra cara como pompas de jabón. Para quienes estamos más interesados en encontrar soluciones -descartada, afortunadamente, por imposible la devaluación de la peseta-, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y podemos hacerlo actuando de acuerdo a dos lógicas excluyentes, aunque puedan tener zonas comunes: recortes o reformas.

Si creemos que la principal preocupación actual o la más urgente tiene que ver con el riesgo país y las dificultades para obtener financiación exterior como consecuencia del contagio griego o de cualquier otro elemento que suscite dudas en los mercados financieros internacionales, hay que aprobar con urgencia un potente plan de estabilización nacional que reparta la pérdida de riqueza asociada a la crisis y refuerce nuestra percepción externa como buenos prestatarios.

Este plan debería incluir fuertes reducciones de salarios y beneficios privados, subidas impositivas, recorte del gasto público y de derechos sociales, sobre todo, en desempleo, pensiones o sanidad.

Es cierto que el endeudamiento español, incluyendo el externo, ha crecido de manera importante en los últimos años. Sin embargo, aunque cursen con síntomas parecidos, reconocer la morfología de nuestra fiebre deudora ayuda a encontrar mejores soluciones.

En primer lugar, conviene señalar que sólo la deuda de las familias españolas ya es superior a la que tiene el Estado. Si, además, añadimos la deuda empresarial y bancaria, el volumen total de la deuda privada representa más del doble del endeudamiento público.

En segundo lugar, mientras que se disparaba el endeudamiento privado las administraciones públicas lucían superávit. Luego vino el batacazo de la crisis y fue entonces cuando reapareció el endeudamiento público como consecuencia del impacto de la recesión sobre las cuentas de todos y no por malos gestores.

Ni España tiene un problema de solvencia ni sus administraciones públicas soportan niveles de endeudamiento comparado que deban provocar un estado de emergencia como algunos quieren insinuar.

Todo ello aboga por transitar hacia otra lógica de salida de la crisis, de recuperación de la competitividad y de la confianza en nuestra economía. Una lógica socialdemócrata que busca como prioridad el crecimiento económico ya que es él, con el empleo que genera, quien refuerza todavía más nuestra solvencia como país, invirtiendo el juego de los estabilizadores automáticos presupuestarios para reducir el déficit público.

En la orientación que busca mejorar la eficiencia productiva y la equidad social antes que recortar gasto o derechos como sea, se encuentran todas las reformas que vengo reiterando aquí: diversificar las fuentes de financiación del sistema de pensiones para garantizarlo en el tiempo y reducir fuertemente las cotizaciones sociales para mejorar la competitividad de nuestras empresas; reorientación del gasto sanitario hacia crónicos y prevención; reforma del mercado laboral reduciendo temporales y extendiendo el actual contrato indefinido de 33 días de despido y, sobre todo, una profunda reforma de las administraciones públicas. Habría que incidir también en la revisión de nuestro sistema impositivo para mejorar su equidad y plantear un cambio drástico en nuestros presupuestos hacia otros de base cero y con evaluación obligatoria de la eficiencia de las políticas. Y, por encima de todo, el impulso a un cambio de modelo hacia un crecimiento inteligente, basado en la calidad y el valor añadido.

La estrategia de las reformas, puede requerir reducciones del gasto público o subidas impositivas. Pero nunca como consecuencia de impulsos nerviosos del momento, ejecutados de manera lineal y precipitada como suele ocurrir si nos situamos en la lógica de los recortes a toda costa. Y también puede verse reforzada por acuerdos de moderación salarial como el firmado esta semana entre los interlocutores sociales.

El Fondo Monetario sigue advirtiendo sobre los peligros de una retirada prematura de los estímulos públicos desplegados para hacer frente a la crisis. Para España, con una previsión oficial de recesión todavía para este año, «demasiados recortes», como acaba de señalar Financial Times, «pueden poner en riesgo los objetivos del crecimiento a medio plazo». En ese sentido, a corto plazo es más útil poner el acento en la deuda privada elaborando un plan de absorción tranquila por parte del sistema financiero de los impagados inmobiliarios – condicionado a un descenso en los precios de la vivienda y, sobre todo, a la reactivación del crédito al resto de la economía-, que coger la sierra mecánica y recortar gasto público en función de su facilidad y no de su razón de ser, lo que acaba en recortes sociales. Apostar por esta orientación ayudará a despejar muchas dudas existentes sobre la verdadera situación de nuestro endeudamiento privado contribuyendo, de paso, a la reactivación económica.

Elaborar con claridad y contundencia una estrategia de reformas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo y presentarla con un discurso coherente y sostenido -respaldado por un sólido apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas- es lo más eficaz, incluso, a la hora de tranquilizar a quienes se sientan legítimamente preocupados sobre nuestras posibilidades de futuro. Aún estamos a tiempo.

© Mundinteractivos, S.A.

LUCES LARGAS

Mientras, la baja natalidad hará que la población en edad de trabajar se reduzca respecto a los niveles actuales hasta el punto de que por cada 10 activos habrá 9 inactivos. Este ejercicio de poner números a tendencias conocidas ha encendido luces de alarma sobre el futuro del sistema de pensiones, precipitando soluciones tan drásticas como duras para un país con una pensión de jubilación media (862 euros), muy por debajo de la europea.

De esos datos, sin embargo, se puede hacer otra lectura que nos conduzca a estrategias de adaptación del sistema a la realidad del envejecimiento y no al revés. Nuestro modelo de pensiones tiene su origen conceptual en las propuestas del canciller alemán Bismarck, realizadas a finales del siglo XIX en un contexto social, político y económico totalmente distinto al actual, y mucho más al de dentro de 40 años. A pesar de ser un sistema de reparto (los que trabajan hoy pagan a los pensionistas de hoy) en vez de capitalización (yo ahorro ahora para mi pensión futura), se trata de un instrumento con un fuerte componente de seguro público obligatorio basado en una cierta relación entre lo contribuido y lo percibido (años cotizados, base de cotización, tasa de reposición, etc). Define un sistema de salario diferido mediante un curioso circuito cerrado de solidaridad: intergeneracional, entre trabajadores en activo y jubilados, así como cruzada, entre trabajadores de sectores económicos (régimen general) y de otros (regímenes especiales).

La democracia introdujo dos cambios conceptuales: primero, establecer, como política social, una pensión mínima garantizada por el Gobierno a través de los Presupuestos (creando los complementos a mínimos que cubren, en su caso, la diferencia entre la pensión contractual derivada del sistema de cálculo y la mínima), así como la implantación de las pensiones no contributivas vinculadas al estado de necesidad para aquellas personas mayores que no han cubierto carreras laborales estándar.

Las perspectivas de envejecimiento de la población, la consolidación de un sistema democrático y las transformaciones experimentadas en una carrera profesional muy alejada del viejo modelo fabril deberían llevarnos a romper la lógica de un sistema centrado en una relación exclusiva entre cotizaciones y pensiones, entre ocupados y jubilados. Con el modelo en vigor, si hay más jubilados y menos trabajadores, la viabilidad del seguro exige endurecer las cláusulas del contrato. Si, por el contrario, la pensión de los jubilados deja de estar vinculada sólo a las cotizaciones de los ocupados y las ponemos en relación, también, con la riqueza del país, los problemas cambian de naturaleza: porque en 2050 seremos más viejos, pero también más ricos por el crecimiento previsto del PIB y, sobre todo, si el cambio de modelo económico que pretende la Ley de Economía Sostenible nos hace más productivos. Pensar que en la sociedad del conocimiento del siglo XXI podemos seguir constreñidos por un instrumento de política social diseñado por el Estado corporativo del siglo XIX, equivale a mirar el futuro con las gafas del pasado.

Abrir la financiación del sistema de pensiones a fuentes distintas de las cotizaciones se apuntó ya en el Pacto de Toledo y fue apoyada en sus recientes comparecencias en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo por varios comparecientes, en especial, Cándido Méndez («En la UGT seguimos defendiendo que las pensiones públicas han de contar con otras fuentes de financiación además de los ingresos por cotizaciones»). Es, también, la práctica de países como Francia, donde existe la Contribución Social Generalizada, o Dinamarca, donde es el IVA quien financia el primer eslabón básico de su sistema de pensiones, o en España, con las pensiones no contributivas o los complementos a mínimos, que se financian con impuestos generales.

Se podría financiar, para todos, hasta el equivalente a la pensión mínima con cargo a un impuesto finalista (podría ser una variante del Impuesto General sobre el Gasto, que no es el IVA, planteado en los años 60 del siglo pasado por Kaldor como alternativa, entonces, al impuesto sobre la renta), y definir, luego, una pensión complementaria que recoja la lógica del actual sistema contributivo, compatible, además, con el apoyo fiscal a los fondos privados de pensiones. Esta reestructuración de fuentes de financiación, al rebajar cotizaciones, permitiría fortalecer la competitividad empresarial reduciendo drásticamente los costes laborales de manera compatible con incrementar los sueldos percibidos, además de financiar las pensiones con un esquema más moderno y progresivo que las cotizaciones sociales.

Penalizar las prejubilaciones (utilizadas como instrumento de flexibilidad laboral) y fomentar una jubilación tardía es buena política. La existencia de una edad legal de jubilación (concepto obsoleto en la sociedad que viene) podría ser sustituida por un abanico de jubilación flexible donde el cumplimiento de un conjunto de condiciones vinculadas a la expectativa de vida diera derecho a cobrar el 100% de la pensión, con penalizaciones si uno se jubila antes y estímulos si lo hace después.

Una transición de ese tipo, que ya tuve ocasión de proponer en mi libro De nuevo socialismo, publicado en 2002, y reiterarla en enero de 2004 en una conferencia en el club Siglo XXI de Madrid, tiene que plantearse en un plan a 20 años que daría como resultado la integración entre la Seguridad Social y Hacienda, blindando estas competencias en el ámbito exclusivo del Estado central.

Cambios más importantes se han hecho y tendremos que hacer aprovechando, no sólo que seremos más viejos y más ricos sino, también, más sabios. Espero.

© Mundinteractivos, S.A.

¿Cómo nos puede seguir valiendo en el siglo XXI un instrumento corporativo de política social concebido a finales del XIX? Antes, en España, la sanidad también era una prestación de la Seguridad Social, como ahora las pensiones. Es decir, sólo accedían los trabajadores y se financiaba mediante cotizaciones. Luego, se convirtió en un derecho financiado con impuestos. Creo que ha llegado la hora de hacer lo mismo con las pensiones: de ser un sistema de seguro público financiado con cotizaciones, debe pasar a ser un derecho de ciudadanía financiado mediante impuestos generales. La demografía ayuda (seremos más viejos, pero más ricos) y el sentido común, también. Con ello, nos evitaríamos los actuales debates sobre recortes en las prestaciones.

Las proyecciones demográficas del INE ponen número a lo que ya todos sabemos: la población española será cada vez más vieja. A ello contribuyen dos factores: vivimos más tiempo y tenemos menos hijos. La inmigración estable y legal puede ayudar, como ha hecho en estos años, a cambiar este hecho. El envejecimiento de la población afecta a toda la economía y al conjunto de la sociedad. ¿Dónde quedarán las “planta joven” de algunos comercios? ¿Cómo serán los coches que conduzcamos de mayores con las limitaciones propias de la edad? ¿Podremos leer el tamaño de letra de los periódicos actuales? ¿Cabremos en los asientos de los aviones con nuestro reuma etc.?. Pero, sin duda, afecta al actual sistema de pensiones que se fundamenta en un principio: los activos pagan las pensiones de los trabajadores jubilados de acuerdo a unos baremos establecidos (edad legal de jubilación, años cotizados, cuantía de la misma, etc.).

Este sistema de seguros, creado por Bismarck a finales del siglo XIX y perfeccionado por Beveridge en 1942, plantea tres problemas: primero, deja sin cobertura de pensiones a todas aquellas personas que no han trabajado en el sistema productivo tradicional o no lo han hecho de manera convencional para cumplir los baremos; segundo, introduce limitaciones a la renta de sustitución (pensión máxima) que golpean a los trabajadores con sueldos elevados con alternativas en el mercado privado más rentables y tercero, hace depender todo el edificio sobre la cantidad de trabajadores convencionales que haya en cada momento.

Para evitar lo primero, se crearon las pensiones no contributivas, las de viudedad y las asistenciales. Para eludir lo segundo, se establecieron fuertes deducciones fiscales a los fondos privados de pensiones. Y, ahora, se nos plantea con fuerza la tercera restricción: si en el medio plazo habrá menos trabajadores cotizantes, habrá que alterar los baremos establecidos para que el sistema sea sostenible.

Yo planteo una ruptura con esa lógica propia de un estado corporativo (en realidad es un circuito cerrado de solidaridad solo entre trabajadores ya que la contribución empresarial es salario diferido) y de una economía industrial de “chimenea”. SEREMOS MAS VIEJOS, ES VERDAD, PERO TAMBIEN MAS RICOS COMO SOCIEDAD. Por tanto hay que romper la actual vinculación entre pensiones y salarios, pensionistas y trabajadores para VINCULAR PENSIONES CON RIQUEZA EN LUGAR DE CON TRABAJO. Es decir, hacer lo mismo que se hizo con la sanidad: convertir todas las pensiones en un derecho de ciudadanía que discrimina su cuantía en función de una serie de variables (necesidad, pero también, años trabajados) financiado no por los salarios de quienes trabajan (cotizaciones sociales) sino por la riqueza general del país.

Propongo una transición a veinte años que vaya reduciendo las actuales cotizaciones sociales a la vez que se crea e implanta un IMPUESTO GENERAL SOBRE EL GASTO vinculado al IRPF y a Sociedades y cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado. Es decir, un impuesto sobre el gasto. Por otro lado, todas las pensiones se irían unificando en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad.

Mientras sigamos dentro de la lógica actual, estamos abocados a propuestas de recorte como las presentadas por el Gobierno. Pero si miramos a nuestro alrededor y vemos que ni la economía, ni la sociedad de hoy tienen nada que ver con la de Bismarck (carreras profesionales discontinuas, periodos sabáticos, economía del talento, modelos variados de familia y de trabajador etc.) quizá concluyamos que el instrumento para asegurar las pensiones a los nuevos ciudadanos y no solo a los trabajadores de fábrica, no puede seguir siendo nuestra actual Seguridad Social. Al menos, a veinte años vista. LAS PENSIONES NO PUEDEN DEPENDER DE CUANTOS TRABAJEN SINO DE CUAN RICOS SEAMOS COMO PAIS, dado que las mejoras en productividad y la redistribución de la renta, permiten desvincular ambos lados de esa ecuación.

Creo que ese es el debate que merece un país moderno como España que no quiere mirar al futuro con las gafas del pasado. Y reconozco que hay mucho detalle pendiente. Pero el cambio de lógica, creo que es lo fundamental. No sé, ¿qué os parece?

Artículo publicado en el blog de Jordi Sevilla

LUCES LARGAS

A ningún lector le habrá sorprendido que el Fondo Monetario Internacional haya colocado a España en la última posición en la salida de la recesión en términos estadísticos (2011), pero mucho más tarde en cuanto a creación neta de empleo.

Nuestras dificultades diferenciales tienen que ver con la estructura económica (peso de la construcción o el turismo), con cuestiones institucionales (rigideces en el mercado de trabajo, ausencia de un Sistema Nacional de I+D+i, fracaso escolar, mecanismos presupuestarios obsoletos) y con políticas erráticas (aplazamiento de las reformas, subidas de impuestos y del gasto público, apoyo a energías renovables y al carbón, alboroto nuclear, retrasos en la reconversión bancaria).

Tampoco esta vez se trata de una cuestión de optimismo o de pesimismo, sino de conocer bien el terreno que se pisa y las estrategias de éxito adecuadas para superar cuanto antes este momento de crisis, que es mucho más que un bache transitorio. Aceptar que lo peor ha pasado, no significa actuar como si ya todo estuviera hecho. Estamos en mitad del fregado. En el momento clave, que siempre es el de inflexión, el de cambio de tendencia, sobre todo en un mundo globalizado donde resulta tan difícil mantener la posición relativa, no digamos ya, mejorarla. Y más allá de unas décimas arriba o abajo, de un trimestre antes o después, nuestro panorama desde el puente de mando es muy complicado.

En pleno proceso de desapalancamiento de las familias, con una perspectiva de paro estabilizado a niveles elevados y con contenciones salariales pendientes, como consecuencia de no haber sabido aprobar, sin devaluación posible, las medidas de ajuste a la pérdida de riqueza derivada de la crisis, el consumo doméstico no va a repuntar de manera llamativa. Tampoco parece que las empresas vayan a aprobar planes agresivos de inversión creadora de empleo en un contexto de restricciones crediticias -e incluso subidas en los tipos de interés de mercado- y desconocimiento sobre por dónde irá la economía en medio de procesos de reformas esenciales apenas conocidos.

El sector público, por su parte, sigue lanzando mensajes contradictorios sobre su actuación. Mantiene los estímulos a la actividad, pero es demasiado impulsivo ante el castigo de los mercados financieros al elevado déficit público en forma de incremento en la prima de riesgo en la financiación internacional. Así, no sólo se suben los impuestos sino que, a menos de un mes de la entrada en vigor de los Presupuestos, ya se adelantan recortes en el gasto público aprobado por el Parlamento. En palabras del Fondo, podríamos estar ante un «repliegue prematuro y desorganizado de los estímulos» que puede acabar por dañar las mismas perspectivas de recuperación, ya que no es lo mismo congelar el gasto con un crecimiento del 2,7% (USA) que recortarlo aquí, todavía con recesión. Y recuerdo que los pasados superávit presupuestarios no vinieron por subidas impositivas y recortes del gasto, sino por el crecimiento económico.

Si desde las esferas gubernamentales existe preocupación por el deterioro en los mercados financieros de la imagen de España como marca, se está reaccionando de manera equivocada ya que, a fuerza de obsesionarse con el fotograma del día, la película en su conjunto está perdiendo sentido narrativo. La coherencia y la contundencia en las medidas económicas son fundamentales. Y luego, pasar con rapidez de la fase de anuncio a la adopción de las mismas y no como ha pasado con el FROB y el lío de Bruselas.

La vicepresidenta Salgado ha contrarrestado el anuncio pesimista del FMI con el optimista impacto que sobre la economía española tendrán las reformas estructurales «que se van a poner en marcha». Y así lo esperamos quienes venimos reclamándolas desde hace mucho tiempo. El problema es que todavía no conocemos el contenido de las mismas (salvo la Ley de Economía Sostenible, que no ha generado entusiasmo precisamente, a pesar de ser una potente herramienta), ni su alcance, aunque los rumores en la Villa y Corte apuntan a una sucesión de escorzos que eludan los problemas básicos. En todo caso, aun aceptando que se aprueben este año y vayan todas en la dirección adecuada y con la intensidad requerida, resulta difícil de creer que sus efectos benéficos se puedan notar antes del próximo año.

Y mientras tanto, la economía paralizada por el efecto tapón generado por el complejo inmobiliario financiero al que el Gobierno parece querer dar la espalda, en línea con las peticiones de los dos grandes bancos que intentan ganar cuota de mercado sobre las mayores dificultades de sus competidores. Sin crédito no habrá crecimiento suficiente, y las entidades financieras no recuperarán una cierta alegría crediticia hasta que hayan resuelto los problemas derivados de esos 350.000 millones de euros que el sector inmobiliario les debe, una buena parte de los cuales, de difícil cobro, según ha señalado la Asociación Hipotecaria.

Nuestro sistema financiero no estará reparado hasta que no se arregle este problema. Puede ser en forma del propuesto banco malo que se quede con los activos tóxicos, o mediante planes especiales de amortización de pérdidas pactados con el Banco de España y condicionados a un descenso significativo de precios en los pisos y a una recuperación del crédito. Pero lo único que no se puede hacer es nada, porque la inactividad mina la confianza en nuestro país mucho más de lo que pueda recuperarla un recorte lineal del gasto corriente o anuncios de dureza ante determinados privilegios laborales, mientras se aplauden otros.

Lo hemos visto esta semana en la reunión del Foro de Davos o en los vaivenes de la Bolsa motivados por el riesgo inmobiliario. 2010 puede ser un año que consolide el retraso de la economía española o el año en que todo empezó a mejorar. Sin despejar esa duda, que tiene que ver con las reformas y su contenido, la prima de riesgo seguirá subiendo, aunque amaguemos con la reducción del déficit. Porque, a diferencia del chiste, la moneda hay que buscarla donde se ha caído y no, por comodidad, donde hay luz.

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LUCES LARGAS

El presidente del Gobierno ha sido muy claro: «Lo que no hicimos, porque creo que no se podía hacer, fue ir al rescate del sector inmobiliario». Lo decía hace unos días en una entrevista y, al leerlo, me quedé pensativo. El Gobierno ha adoptado medidas en el último año dirigidas a absorber el stock acumulado de viviendas no vendidas y que se han presentado como ayudas al sector inmobiliario. Además, en esta crisis, todos los gobiernos han acudido en apoyo del sistema financiero -responsable moral y práctico de lo ocurrido- e incluso en ayuda directa de sectores como el de la automoción. ¿Por qué, pues, parece obvio que no se puede rescatar al sector inmobiliario?

Analizando los últimos datos (tercer trimestre de 2009), la construcción sigue siendo un sector económico importante en España ya que representa, incluso después de la crisis, un 10% de nuestra actividad económica, tanto medida por el PIB como por la ocupación. Resulta, además, difícil pensar en una recuperación económica creadora de empleo neto sin una reactivación del sector de la construcción de vivienda, aunque le sea exigible un cambio de modelo. Por tanto, más nos vale entender bien lo que ha pasado con el sector y estudiar, mejor todavía, qué podemos hacer para que la vivienda vuelva a participar en un crecimiento sostenible y creador de empleo.

Muchos de ustedes se sorprenderán, igual que me ocurrió a mí, si les digo que los expertos académicos no se ponen de acuerdo todavía sobre si hubo o no una burbuja especulativa en nuestro país en torno a la vivienda. Por contarlo breve: es evidente que hemos vivido unos años, sobre todo desde 2001, de fuerte incremento en el precio de los pisos. Para que haya burbuja, sin embargo, hace falta que esta subida no encuentre explicación en la evolución normal del mercado, sino que se deba a expectativas equivocadas que los agentes se hacen respecto a un crecimiento adicional en el futuro. Cómo se formen estas expectativas queda fuera de la discusión académica, ya que también se puede creer que los precios van a subir en el futuro debido a un adecuado conocimiento de la evolución de las fuerzas del mercado y no a especulación azarosa.

Es bien cierto que en los comienzos del milenio diversos factores empujaron hacia un fuerte y continuado crecimiento de la demanda de vivienda: incremento en la movilidad geográfica, inmigración, creación de empleo, inversión extranjera, cambios en el modelo de familia, etcétera. A pesar de que la oferta creció fuertemente para atender esta demanda (son los años en que se empieza a construir más de medio millón de viviendas/año), los retrasos normales en la respuesta tensionaron los precios al alza. Sin embargo, el verdadero impulsor de una demanda efectiva creciente que alimentaba unos precios al alza fue el crédito generoso proveniente de bancos y cajas, sobre todo a partir del momento en que pudieron diversificar su riesgo mediante la titulización de las hipotecas concedidas.

Hasta aquí, el mercado funciona: crece la demanda, crecen los precios, crece la oferta. Todo estimulado mediante una agresiva política de facilidades crediticias y riesgos crecientes. Pero, ¿por qué el espectacular crecimiento de la oferta no fue suficiente para ir atenuando el crecimiento de los precios finales de la vivienda aunque la demanda se siguiera manteniendo tensa? Ese es el punto donde algunos introducen la idea de burbuja especulativa, estimada en una sobrevaloración de la vivienda entre un 20% y un 30% (profesor García Montalvo). En cambio, si observamos cómo en esos años los materiales de construcción no incrementaron su coste, pero la repercusión del precio del suelo sobre el de la vivienda pasó de representar un 25% hasta llegar en torno al 60%, otra puede ser la explicación: también se produjo un alza sustancial en el precio del suelo que retroalimentó el proceso.

Se concatenaron, pues, tres elementos: un incremento de la demanda potencial consecuencia de razones demográficas y de empleo; unas facilidades crediticias excepcionales que transformaron casi toda esa demanda, en efectiva creando, además, un crecimiento de la inversión y, en tercer lugar, una subida del precio del suelo como consecuencia de la mayor demanda, más los retrasos en la creación administrativa de suelo urbanizable, unida a las retenciones especulativas que también las hubo. Ese retraso en el crecimiento de la oferta, de suelo y de vivienda, sobre la demanda efectiva, explicaría el incremento del precio y sus expectativas alcistas, sin necesidad de recurrir a ninguna burbuja como explicación (profesora Paloma Taltavull).

Si existió una burbuja especulativa, parece que fue más en el suelo que en la vivienda, que la padeció de manera indirecta como incremento de costes. La distinción no es baladí por dos razones. Primero, porque la evolución atenuada del precio de los pisos a partir de 2004 puede interpretarse como la reacción del mercado al lento incremento de la oferta, sin necesidad de otras razones. Segundo, porque para las políticas públicas no es lo mismo que el origen del problema se sitúe en el suelo que en el producto final, la vivienda. Algunas medidas se han aprobado para intentar reactivar ese mercado, con pobres resultados. Desde la supresión a plazo de la deducción por compra, hasta el cambio de viviendas libres en protegidas, la apuesta por la vivienda de protección o el alquiler. También se ha actuado sobre el suelo y sus valoraciones, cambiando la ley.

En todo caso, la clave de bóveda del problema está hoy en el preocupante nivel de apalancamiento de suelo y de vivienda que si bien no son estrictamente activos tóxicos de nuestro sistema financiero, conlleva un elevado riesgo sobre sus balances, no siempre reconocido, convirtiéndolos en una pelota que está frenando la concesión de crédito para el resto del sistema económico. Por eso, tal vez, sea razonable pensar en medidas especiales de rescate que desatasquen la situación. No en beneficio de los constructores y promotores, sino del interés general. Como se han hecho los otros rescates sectoriales. ¿O no?

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LUCES LARGAS

El Nobel Paul Krugman ha puesto de moda la calificación de doble cero para la década recién concluida, al considerar que ha sido una década perdida en términos económicos para EEUU. A partir de ahí, no han faltado voluntarios que trasladan a España la misma valoración, considerando los primeros 10 años del siglo XXI español como perdidos o desperdiciados, insinuando una culpa del Gobierno actual, que habría dilapidado la magnífica herencia recibida del anterior Ejecutivo del PP, cuando lo cierto es lo contrario: el balance que se puede hacer de la década pasada no es malo para nuestro país, incluso si nos abstraemos del pequeño detalle de que hemos vivido la mayor crisis internacional desde la de 1929.

Todo análisis comparativo es discutible porque sus resultados dependen de dos decisiones: medirlo según la tendencia o el nivel, así como seleccionar las variables a utilizar. Un ejemplo de lo primero lo encontramos en los actuales datos de ventas de muchos sectores de los que se dice: «¡Son un desastre, nos retrotraen al nivel de 2006!». Pero si miramos las declaraciones que el mismo sector hacía en ese año, resulta que estaban contentos con las cifras que hoy le parecen tan malas.

La diferencia que marca el tono de las expectativas no es, por tanto, el stock, sino el flujo que era entonces ascendente y, ahora, descendente. Lo segundo obliga a comparar variables económicas relevantes que puedan reflejar con amplitud la realidad vivida por los ciudadanos.

Con estas dos advertencias, asevero que un análisis de la situación socio-económica de España en 2009, comparada con 1999, nos proporciona elementos sólidos para concluir que no ha sido una década perdida, en términos de niveles, incluso, a pesar de la recesión.

La población ha crecido en esos 10 años en seis millones y medio de personas, una parte importante de los cuales provenientes de la inmigración. Según la última EPA, en el tercer trimestre de 2009 estaban ocupadas 4.200.000 personas más que en el mismo periodo de 1999. Repito, a pesar de la fuerte destrucción de empleo experimentada en los últimos dos años como consecuencia de la Gran Recesión, hoy trabajan en España muchas más personas que al comienzo de la década.

La revolución femenina se nota en un mercado laboral que mantiene incorporadas como activas a tres millones de mujeres más que hace 10 años. Gracias a todo ello, y a pesar de tener 1.300.000 parados más que entonces, la riqueza nacional, medida por el índice PIB, es un 23% superior hoy a la del comienzo de la década. Aun incluyendo la fuerte caída debida a la crisis. Tenemos más sociedades mercantiles constituidas que entonces, el Ibex 35 está un poco por encima y exportamos más, por no hablar de los datos positivos vinculados a pensiones, sanidad o a la consolidación de nuestras multinacionales.

Si traducimos todo ello a personas, con nombres y apellidos, tenemos argumentos suficientes para evitar las jeremiadas, tan acordes con una parte de nuestro carácter nacional. Después de padecer una de las mayores tempestades financieras y económicas de los últimos 100 años, cerramos la década con mejores datos absolutos globales que los existentes cuando se decía aquello de «España va bien». Y creo que es un esfuerzo colectivo del que nos tenemos que sentir orgullosos todos y no va ni a favor ni en contra de ningún partido, ya que durante el periodo han gobernado los dos con opciones para hacerlo.

Nuestro problema actual no es, pues, de nivel, sino de tendencia. La década transcurrida de este siglo ha estado lejos de ser una década perdida. Sin embargo, no estoy tan seguro de lo que ocurrirá en la década que estrenamos. Me temo que recuperar los niveles de paro existentes antes de la crisis nos llevará un periodo de tiempo más cercano a la decena de años, prevista por Funcas y otros expertos, que al lustro anticipado por el secretario de Estado de Economía. Como veo muy difícil que el déficit público retorne, antes de finales de esta década, al superávit preexistente.

A 10 años, si conseguimos evitar la trampa japonesa, la única perspectiva de los tipos de interés, respecto a hoy, será al alza, aunque sea de forma moderada. Y, pase lo que pase con las políticas de lucha contra el calentamiento climático, el petróleo tensionará hacia arriba unos precios energéticos en los que el peso de las energías fósiles seguirá siendo predominante.

La década preocupante para España es la que viene, marcada por la recuestancación. Por eso, me resulta incomprensible que la Memoria Económica de la Ley de Economía Sostenible, uno de los principales instrumentos puestos en marcha por el Gobierno para revertir esa perspectiva sombría sobre el futuro inmediato, calcule que la misma apenas si repercutirá en dos décimas anuales adicionales sobre el crecimiento del PIB, a lo largo de 10 años. Sobre todo porque mi estimación personal es que su plena aplicación beneficiará a nuestra tasa de crecimiento anual en más de un punto porcentual, a lo que habría que añadir la repercusión favorable de una adecuada reforma laboral, sanitaria, de pensiones y educativa, como se ha anunciado. Con ello se demostraría la absoluta necesidad de las largamente reclamadas reformas estructurales, porque se acaban traduciendo, siempre, en más y mejor crecimiento económico, repartido de manera más equitativa.

Hacerlo es todavía más urgente ahora, cuando muchos creemos que coincide la recesión económica con signos preocupantes de agotamiento del modelo político de la Transición, lo que aconsejaría una revisión ordenada del mismo, incluyendo la reforma constitucional, ya que todo deterioro institucional (gobernabilidad, justicia, corrupción) o se frena en seco o tiende a acelerarse, repercutiendo negativamente en el bienestar social al destruir la confianza y la legitimidad colectiva.

Lo que suceda con la próxima década dependerá, en gran parte, de las decisiones que adoptemos ahora. Porque, si es difícil reescribir el pasado, una de las ventajas del futuro es que todavía no está escrito.

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LUCES LARGAS

2010 será el año en que todo empezó a cambiar. Bueno, casi todo. Pero por lo menos, aquello relacionado con la economía, que ha centrado buena parte de la atención y de la preocupación pública en los últimos tiempos, empezará a cambiar para mejor. Creo en ello, pero no como un deseo pedido a los Reyes Magos, ni por razones antropológicas, sino racionales. Por tanto, compartibles y discutibles. Intentaré exponerlo en cuatro apartados que considero fundamentales.

A) Si lo peor de la crisis económica ha quedado atrás, empezaremos a notarlo, mes a mes, con un mejor desempeño de los indicadores. Todo lo que iba mal, empezará a ir menos mal, o incluso mejor. Es posible que los datos de evolución del PIB en el último trimestre de 2009 sean ya cero y pronto empecemos a ver de nuevo tasas ligeramente positivas de crecimiento. El paro irá frenando su aumento mensual hasta estancarse y, ahora sí, los primeros brotes verdes de actividad, empezarán a asomarse a nuestro panorama económico. La calidad e intensidad de la recuperación centrará el debate y los datos sobre la mejoría internacional alejarán los temores entre los consumidores que, poco a poco, volverán a gastar la parte de sus rentas que ahora ahorran por precaución y no sólo para devolver préstamos.

Será, no obstante, un año raro. Seguirán los riesgos de una recaída vinculada al endurecimiento de la política monetaria o a una subida del precio del petróleo y viviremos coletazos de la recesión en sectores o empresas afectados por la pertinaz sequía crediticia que seguirá o por procesos específicos de reconversión.

Por ello, lo que conoceremos este año podría ser llamado recuestancación porque será, técnicamente, una recuperación, pero tan débil y dependiente de las ayudas públicas recibidas que convivirá con un estancamiento en el empleo. No iremos a peor, pero la mejoría apenas será perceptible por los ciudadanos. Salvo para aquellos con rentas más altas, lo que agudizará la desigualdad social que siempre se asocia tanto a las crisis como a los inicios de las recuperaciones.

B) El pasado año finalizó con un tímido reconocimiento por parte del presidente del Gobierno de errores en la gestión inicial de la crisis, y en éste empezará a cambiar la actitud gubernamental respecto a las reformas estructurales que necesitamos para responder, en ausencia de una devaluación de la moneda, a la pérdida de riqueza y competitividad que significa toda recesión.

No es verdad que no se haya hecho nada, más allá de la política presupuestaria anticrisis, pero ha primado lo inevitable por venir de la Unión Europea (directiva de servicios), con poco que ver con la coyuntura, mientras se ha condicionado el resto a un diálogo social mal conducido. Aunque con retraso, el Gobierno ha conseguido envolver con un potente discurso de cambio de modelo productivo y economía sostenible, una especie de ley ómnibus de factura nacional, y ahora anuncia propuestas de reforma en educación, pensiones y mercado laboral.

Tal ímpetu reformista, aunque sigue más el ritmo político de las necesidades partidistas que el aconsejado por las necesidades económicas de un país con cuatro millones de parados, deberá mostrar todavía su concreción para ver hasta dónde hay voluntad real de hacer cosas, o sólo de hacer que se hacen.

C) También en la manera de hacer oposición, notaremos los cambios. El fracaso, con sabor a boicot, de la última Conferencia de Presidentes Autonómicos marcará un punto de inflexión en un estilo frentista de hacerse cargo de las responsabilidades ante el país por parte del principal partido de la oposición. Tres de las cuatro comunidades autónomas en las que más ha crecido el paro están gobernadas por el PP. Y, a pesar de los importantes presupuestos públicos y amplias competencias en política económica, industrial y de empleo que tienen, a nadie sensato se le ocurriría acusar a sus presidentes de ese mal dato diferencial.

De igual manera, el presidente de esta especie de comunidad autónoma dentro de la globalización económica mundial que son hoy los países, no puede seguir siendo acusado, por quien aspira a sucederlo, de ser el único causante de los problemas económicos de España, en medio de la mayor recesión mundial desde 1929.

Conoceremos, por tanto y por fin, no solo críticas catastrofistas de la oposición, sino algunas de sus alternativas, lo que animará el debate. A pesar de las encuestas, sentarse a esperar que la crisis económica se lleve por delante al PSOE no va a llevar al PP a la Moncloa. Eso sólo ocurrió, y por poco margen, en 1996, cuando concurrían otras circunstancias excepcionales, incluyendo una cierta atracción ciudadana hacia la novedad representada por el cambio, cosa que también sucedió en 2004 y no ocurre ahora, salvo que, al final, el PP busque la sorpresa presentando un candidato distinto al previsible Rajoy. Esta vez, si la oposición quiere llegar al Gobierno, tendrá que ganárselo y no sólo confiar en que el PSOE lo pierda.

D) Deglutido lo que ha pasado en Copenhague, con un G-2 primando el viejo principio del interés nacional -a pesar de ser una estrategia equivocada para hacer frente a problemas mundiales como el cambio climático- las novedades vendrán por parte de las empresas, los ayuntamientos y los ciudadanos.

Mientras los Gobiernos seguirán discutiendo cómo reducir las emisiones de CO2 para mantener el calentamiento del planeta dentro de márgenes desastrosos, pero todavía manejables, las grandes empresas empezarán a verlo como una oportunidad y desplegarán sus planes de cambios productivos e introducción de nuevas tecnologías para a reducir las emisiones. Las ciudades irán ensanchando los espacios de emisiones cero en el marco de sus competencias y los ciudadanos/consumidores empezarán a demandar con fuerza productos que puedan certificar que contribuyen a una sociedad baja en carbono.

Sí, sin duda, va a ser el año en el que empiecen a cambiar muchas cosas. Para mejor. Lástima que no sea el primero de la legislatura, aunque sea el primero del siempre renacido futuro.

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LUCES LARGAS

Del teatro de sombras chinescas en que se ha convertido el Diálogo Social en España, nos llega alguna información. Parece que se empieza a hablar de cosas que afectan a los interlocutores sociales, como la negociación salarial para 2010, y que las diferencias se sitúan entre la banda del 1/2% de crecimiento global que piden los sindicatos y el -1/0% que ofrecen la patronal. ¡A eso parece que ha quedado reducida, hoy, la lucha de clases!

Ya sé que hasta el nombre suena obsoleto. Que entre las muchas divisiones y grupos de pertenencia que podemos establecer en una sociedad democrática, la de clase social se ha quedado arrinconada, como concepto, por inútil, por explicar muy poco respecto a actitudes y comportamientos, tanto individuales como sociales. Hay muchos trabajadores de derechas y no pocos empresarios de izquierda. Es decir, que aun aceptando que puedan existir dos proyectos antagónicos de cómo organizar la sociedad, lo cuál ya no es cierto desde el momento en que se comparte un marco constitucional, éstas no se incardinarían de manera natural en dos clases sociales homogéneas con conciencia de tales. ¡Adiós, marxismo vulgar!

Sin embargo, aunque compartan intereses comunes, por ejemplo la manera en que su poder se incrementa manteniendo una estructura de negociación colectiva ineficiente, también hay lugar para la confrontación entre grupos de interés sindicales y patronales: acabamos de asistir a una manifestación sindical para que «no se aprovechen de la crisis», suponemos que los empresarios, cuando los manuales de gestión aconsejan lo contrario: convertir la crisis en una oportunidad. Del mismo modo, aunque deben cooperar en la empresa para defenderse de la competencia exterior, por ejemplo, también los trabajadores y los empresarios tienen zonas de intereses contrapuestos relacionadas con el reparto del excedente económico, con quién toma las decisiones fundamentales y con qué criterio.

No sé si la lucha de clases ha sido o no el motor de la historia. Pero parece claro que existe margen para el conflicto entre grupos sociales que, aun cooperando en algunos ámbitos, confrontan en otros relacionados con el poder económico y el control sobre decisiones que afectan al bienestar y a la posición social relativa de unos frente a otros. No es verdad que, como dice la teoría económica ortodoxa, la totalidad del valor producido en una empresa o en una sociedad se reparta íntegramente en la retribución de los factores de producción, tierra, capital y trabajo, mediante criterios económicos que recogen su aportación relativa.

La productividad creciente hace que en la distribución de la riqueza creada exista, después de devolver lo que se aporta, un excedente cuyo reparto no depende de criterios técnicos sino sociales, es decir, de poder y, por tanto, de lucha. De otro modo, sería absurda la propia idea de negociación colectiva porque salarios y beneficios los fijaría una máquina calculadora de las diferentes aportaciones marginales. Si existe negociación es porque puede haber negociación en torno a cuánto del excedente te quedas tú (empresario) y cuánto yo (trabajador). Esta distribución no es neutra desde el punto de vista económico. Si todo fuera a salarios, no habría incentivos para la inversión privada, y si todo fuera a beneficios, no habría demanda suficiente para comprar lo producido.

El Estado del Bienestar diluyó esta confrontación mediante la creación de un salario social (sanidad y educación gratuitas), de un salario diferido (pensiones) y de empleo (inversiones públicas), financiados, en parte, por los salarios (cotizaciones) y en parte por los beneficios acumulados (impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio). Con ello, la lucha en torno al reparto del excedente económico dejaba de centrarse sólo en la empresa, donde los trabajadores podían hacer concesiones en los salarios internos a la empresa a cambio de seguir mejorando los salarios externos, financiados también por los empresarios.

Desde este punto de vista, el ataque al Estado encabezado por la derecha conservadora thatcheriana, reduciendo los impuestos progresivos y los salarios colectivos, alteró la correlación de fuerzas en esa pugna por el reparto del excedente económico. La globalización de la economía, que permite financiar inversiones con ahorro exterior y difuminar el papel de la demanda nacional gracias al papel creciente del comercio internacional, fue la puntilla al esquema de lucha económica nacional en torno a la distribución y al control del poder económico.

El hecho de que hoy los salarios -social y diferido- se financien con impuestos sobre las nóminas, más la presión de la competencia internacional limitando los márgenes empresariales para subir salarios pero no beneficios, está provocando un claro retroceso relativo de los trabajadores en la lucha por el reparto del gran excedente económico impulsado por mejoras en la productividad. Compatible, por supuesto, con una evidente mejora absoluta en cuanto a nivel de vida, llena, eso sí, de mileuristas y trabajadores precarios. En ese nuevo contexto, una estrategia sindical que busque mejorar posiciones en el control del poder económico mediante un reparto distinto de la renta y la riqueza debe ser más amplia y ambiciosa que la mostrada hasta ahora. No digo más dura, sino más versátil. Y un Gobierno que quiera apoyar esos avances sociales, sin deteriorar la competitividad de la economía en su conjunto, debe propiciar otro clima de diálogo y reservarse para sí un papel de más largo alcance.

Parece innegable que en la sociedad posmoderna en que vivimos, también existen intereses económicos. Que, además, pueden ser contrapuestos entre países como entre grupos empresariales. Que la defensa de la posición económica adquirida y la lucha por mejorarla sigue estando en la base de muchas de nuestras actitudes sociales. Que, a pesar de la diversidad infinita, la confrontación en torno al reparto del excedente económico sigue configurando dos grandes grupos o clusters sociales que podemos llamar empresarios y trabajadores. Que el papel del Estado en esta confrontación no es neutral ni se resuelve sólo en declaraciones. Que, a pesar de no ser ya la única manera de organizar el conflicto social, ésta, también existe. ¿Nos sentimos mejor si le llamamos lucha de clusters?

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