Reggio’s

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es el caballo con que tanto Artur Mas como Jose Montilla quieren conseguir la Presidencia de la Generalitat. Ayer, en la Universidad Rey Juan Carlos, participé con el líder de CiU en un curso de verano en Aranjuez. Tres horas de debate coloquio al final de las cuales he sacado algunas conclusiones: con la excusa de una interpretación dolida de la sentencia, CiU se escora hacia el soberanismo independentista, al grito de queremos decidir, ya que España no nos quiere. Pactó con ZP el Estatut para desplazar al PSC y ahora quiere desplazar a ERC ocupando el espacio soberanista. Nada relevante, si no fuera porque, por debajo, fluyen sentimientos encontrados entre muchos catalanes y muchos españoles que no acabamos de encontrar la fórmula para seguir viviendo juntos y no queremos sustituirla por aquella otra de empezar a vivir separados.

Ya he contado aqui mi visión de la sentencia y cómo creo que no se pueda deducir de la misma que las aspiraciones de Catalunya no quepan en la Consitutción. Si que caben, todas o casi todas las pactadas en el Estatut, pero se tiene que hacer de otra manera para que sea constitucional, cumpliendo lo dicho en la sentencia. La sentencia reconoce que Catalunya es una nación, salvo en términos jurídicos que es una nacionalidad. Por cierto, esa es la explicación de por qué iba en el preambulo del Estatut, sin valor dispositivo. El problema es: una vez reconocido que es una nación y que ello puede considerarse un hecho diferencial, ¿qué conclusiones prácticas se puede deducir de ello que no sean privilegios prohibidos por la Constitución e inceptables para el resto de españoles?

Creo que toda la construcción del Estado Autonómico se ha hecho a partir de la diferencia catalana y vasca. Para reconocerlas e integrarlas en un esquema común de convivencia. Y creo que, en gran parte, se ha conseguido durante treinta años. Ahora hay que dar un salto federal porque el Estado Autonómico que hemos construido se ha quedado a medio camino. NO ES POSIBLE LA MARCHA ATRAS y solo caminando hacia adelante encontraremos una solución a la inestabilidad actual. Ese era el sentido del programa de la España Plural del Gobierno en la pasada legislatura (Conferencia de Presidentes, reforma del Senado, consorcios etc) y de las reformas estatutarias de segunda generación como la catalana, andaluza, valenciana etc. Frenarlo, me parece un error. Romperlo para que el salto no sea hacia el federalismo sino hacia el imposible independentismo, más que un error, una estupidez, solo equiparable al regreso al centralismo.

La cuestión catalana no es de ahora, ni responde a manías de unos o a debilidades de otros. Pero no puede abordarse desde la fatiga, el desánimo o la pura desesperación, en un sentido o en otro. Los que dicen que España no entiende a Cataluña, a lo mejor han dedicado muy poco tiempo para entender, desde Cataluña, al resto de España a la que han acusado de vivir a su costa. Si confrontamos sentimientos, gana el más fuerte. Solo si confrontamos razones encontraremos soluciones. La respuesta al un nacionalismo catalán airado, no puede estar en un nacionalismo español cerril.

El espíritu de la transición, el consenso, el construir sobre lo que tenemos en común en lugar de enfrentarnos desde lo que nos separa, es lo apropiado ahora ante este grave problema. Incluso, aunque haya elecciones. De lo contrario, alguien acabará ganando un gobierno, pero a costa de perder algo más importante: la convivencia.

http://blog.jordisevilla.org/2010-07-20/mas-y-el-independentismo/#more-640

LUCES LARGAS

Lo malo es no saber a qué carta quedarse, en economía, con el presidente del Gobierno. Entre aquel «voy a tomar las decisiones que España necesite», dicho la mañana del debate sobre el estado de la Nación, al «me han obligado los mercados contra mi deseo» de la tarde frente a la izquierda, hay un abismo. El abismo de la incertidumbre que genera desconfianza entre los prestamistas porque las cosas, o se hacen por convicción, o por imposición, pero difícilmente por ambas cosas a la vez.

Parece claro que aquellos días de mayo en que los mercados financieros, tras ahogar a Grecia, empezaron a apretarnos el cuello, marcaron un antes y un después en la política económica española y en la percepción presidencial del complejo mundo de la economía globalizada. Fueron su particular caída del caballo. A partir de ahí, vimos en funcionamiento al Zapatero austero y reformador, haciendo, con el mismo retraso con que tardó en reconocer la gravedad y duración de la crisis, aquellas cosas que le veníamos pidiendo muchos desde hacía tiempo y a las que se había negado hasta ese mismo momento.

Acompasar reducciones sostenibles del déficit público con reformas estructurales profundas como estrategia para impulsar el crecimiento, ha formado parte del recetario sugerido desde muchos lugares, incluida esta columna. Reconforta ver que el presidente, por fin, ha llegado a la misma conclusión. La duda surge cuando te preguntas: ¿lo hace convencido o vencido? Y el asunto no es baladí porque en un caso, se irá ampliando el campo de cambios y mejoras que busquen incrementar la productividad y el crecimiento sostenible. Pero si se hace arrastrando los pies y en contra de las convicciones íntimas, como se ha llegado a decir, dejará de hacerse en cuanto afloje la presión externa que ha obligado a virar.

No seré yo quien haga una defensa del papel que han jugado los llamados mercados financieros, tanto en el origen como en el desarrollo de esta crisis. Pero tras criticarlos, denunciando la pasividad europea ante la necesidad de una profunda reforma de los mismos, debo reconocer que su actuación ha puesto de relieve algunos fallos fundamentales en el adecuado funcionamiento de las democracias. Por ejemplo, ¿nos hubiéramos enterado, sin la presión de los mercados, de las trampas presupuestarias del anterior Gobierno griego? ¿Las autoridades políticas de aquel país (y vale para cualquier otro) hubieran adoptado las medidas económicas adecuadas sin la presión de los mercados? ¿Qué mecanismos alternativos tiene el sistema político para corregir medidas disparatadas y perjudiciales a medio plazo adoptadas por sus autoridades electas? ¿No demuestra todo ello que, más allá del debate entre legitimidades, los actuales mecanismos de la democracia europea tienen fallos importantes por los que se han colado los mercados? ¿Tendremos que agradecer los españoles a la presión de esos mercados el cambio producido en la política económica y que tanta falta hacía para garantizar nuestro futuro?

Entenderán ahora mi preocupación por saber si el presidente está, de verdad, convencido de que las reformas propuestas y otras pendientes, más allá del detalle, son buenas para España por méritos propios o, simplemente, piensa que son lo mejor que se puede hacer, dado que la alternativa de seguir sin hacerlas ya no es posible porque nadie nos financiaría. Por cierto, me resultó entrañable contemplar la convicción con la que explicaba, en una tarde, al grupo de Esquerra/IU, los problemas para acceder al mercado internacional de crédito cuando el interbancario no funciona de manera adecuada, mientras que sobre el origen de nuestra deuda, pública y privada, no decía ni una palabra. Porque no vale la explicación de que en cada momento se hace lo que se puede, como si no hubiera relación causal entre las necesidades de ahora y las decisiones adoptadas en el pasado.

El ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista ha expuesto en un reciente artículo la continuidad de la política actual post-mayo con ese reformismo del socialismo español que nos introdujo en Europa, hizo la reconversión industrial o nos preparó para el euro con la reforma laboral de 1994. Pero en el caso del presidente, ya digo, parece que su posición depende mucho del interlocutor.

Es conocida la existencia en el PSOE de «dos almas» enfrentadas a lo largo de su historia: Largo Caballero frente a Besteiro, guerristas y renovadores, partido y sindicato, izquierda socialista y mayoría, incluso Solbes y Caldera. Reflejando, a veces, dos puntos de vista distintos sobre la misma realidad (¡que tiempos aquellos en que la disparidad de opiniones en el seno de un partido, no era confundida con la traición, ni con la jaula de grillos!) y otras veces, una discrepancia no tanto sobre las políticas a hacer, cuanto sobre los ritmos de aplicación de las mismas o sobre el orden de prioridades.

Cuando creíamos aniquilada esa etapa ante el liderazgo fuerte del actual secretario general, descubrimos, gracias a los hechos del pasado mayo, que esas dos almas siguen presentes. Pero esta vez, las dos almas, encarnadas en el mismo cuerpo presidencial.

En todo caso, cuando el presidente empieza a hacer, con retraso, lo que tiene que hacer, aunque no acabe de tener claro por qué lo hace, si por convicción o por imposición, lo mejor que podemos hacer los demás es no distraer con huelgas generales o con peticiones de elecciones anticipadas. Estamos viviendo unos momentos cruciales que van a determinar buena parte de nuestro futuro como país. Se están debatiendo en el Parlamento importantes reformas que van a alterar nuestras condiciones de vida y trabajo durante décadas. Es la hora de efectuar aportaciones constructivas, de modificar todo lo que haya que modificar, de aportar soluciones y de buscar el acuerdo mediante diálogos y pactos. Es la hora de la negociación entre alternativas públicas. Ya llegará la hora de mostrar la coherencia individual entre nuestra alma ciudadana y nuestra alma de votante. Porque lo de las dos almas, está más extendido de lo que parece ¿O no?

LUCES LARGAS

No siempre abordamos el debate sobre nuestras administraciones públicas desde la perspectiva adecuada. Con demasiada frecuencia repetimos viejos tópicos, caemos en vaguedades y mostramos más enfado que soluciones. Tampoco las instituciones políticas ayudan. Las propuestas partidistas parecen alejadas de una preocupación sincera por mejorar algo que, como correa de transmisión entre ciudadanos y autoridades democráticas, constituye parte esencial de la columna vertebral del país.

Algunas de las críticas que se hacen presuponen que la mejor Administración es la que no existe. Falso. Aquellos países -o aquellos períodos de nuestra historia- en que no hay una administración estable y profesional, sino una de plastilina, son estados fallidos o autoritarios. Necesitamos un aparato administrativo que garantice nuestros derechos, deberes y libertades individuales. Quien hace cumplir las leyes, pero también quien asegura que se respetan los derechos, es la Administración en sus distintas facetas: sanidad, educación, policía, jueces, bomberos, servicios sociales, de empleo, seguridad social, hacienda, etcétera.

En ese sentido, la ampliación efectiva del Estado social de derecho es disfrutada por los ciudadanos, no tanto por el número de leyes aprobadas, sino por cuántas de ellas aplican las administraciones y por cómo lo hacen. Por ello, dejar fuera de la lucha partidista la reforma de las administraciones es buena cosa (han de ser profesionales capaces de servir a gobiernos de distinto signo), pero excluirla de la máxima prioridad política es un error que acabamos pagando todos con desafección al sistema.

Porque, además, como no se ha cansado de repetir el gran experto Joan Prats, reciente y prematuramente fallecido, el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno forma ya parte de una profundización de la democracia que se extiende por todos los países bajo la exigencia a los políticos de que sean capaces de crear y sostener buenas administraciones. En suma, ya que las administraciones públicas son necesarias, consigamos que funcionen lo mejor posible.

Esto conecta con la otra línea de crítica que considero equivocada: su tamaño. Con frecuencia escuchamos que nuestras administraciones son muchas, muy grandes, con demasiados empleados y que gastan una parte excesiva del PIB. De ahí surgen las propuestas de recorte. Por ejemplo, el Parlamento ha propuesto suprimir tres ministerios y Castilla-La Mancha reduce a la mitad sus consejerías. O las sucesivas reestructuraciones a la baja de su diseño, como acaba de hacer, por tercera vez, el Gobierno. Small is beautiful es una vieja consigna, de moda ya sólo entre administraciones, y lo que me parece el mayor y más peligroso desenfoque de la cuestión que he visto en muchos años.

En primer lugar, porque siempre he creído que la cuestión del tamaño, en sí, es un debate absurdo. Grande o pequeño, medido cómo, en comparación con quién, con relación a qué. El principal problema no es de tamaño, sino de razón de ser. En las administraciones públicas se suele dar por sentado cuáles son las tareas, cuando precisamente eso constituye, hoy, el meollo de la cuestión. Sobre todo en España, donde la Constitución ha deconstruido nuestro sistema institucional pasando de una dictadura a una democracia, de un Estado aislado a miembro de la Unión Europea y de un Estado centralizado, con una administración, a otro Estado autonómico organizado, no dividido, en 18 administraciones.

Y todo ello, además, en medio de una revolución tecnológica que debe cambiar el paradigma de las relaciones con los ciudadanos y elevar los procedimientos administrativos al universo que posibilita la Red.

Para el nuevo papel de la Administración General del Estado (AGE), en un país federalizante como el nuestro, lo peor no es su tamaño, sino que está mal organizada y deficientemente orientada como consecuencia de los muchos restos que todavía subsisten de la vieja AGE centralista. Deberá hacer una profunda transformación que fortalezca más la Administración central con servicios comunes a costa de tanto ministerio-taifa, cuestionando si la mejor estructura organizativa posible hoy sigue siendo el viejo Ministerio, si sus profesionales tienen los estímulos y cualificaciones adecuadas a sus obligaciones. Sobre esto mismo acabo de dirigir un estudio con propuestas de reforma radical: La reforma de la AGE, Biblioteca sector publico PwC/IE. Editorial LID.

Junto a ello, las comunidades autónomas no pueden ser mini-estados, sino partes de un Estado común. Por ello, la coordinación, la cooperación, el trabajo conjunto, los consorcios, deberán impulsarse como prioridad para evitar duplicidades pero, sobre todo, para que cada uno haga mejor su trabajo y, desde ahí, podamos hacer, también mejor, el de todos.

En segundo lugar, el tamaño sigue sin ser lo importante porque, asumida por cada parte su función y debidamente coordinada con el resto, todas las administraciones deben abordar el asunto de su eficiencia. No tanto si son pocos o muchos, si gastan poco o mucho, sino si lo gastan bien dentro de estructuras eficientes que aprovechan los avances tecnológicos y organizativos.

Necesitamos administraciones que cuiden a sus empleados promoviendo sus carreras profesionales, evaluando su desempeño y definiendo la función directiva como prevé el Estatuto del Empleado Público que se aprobó siendo yo ministro de la cosa.

Necesitamos administraciones que adecúen su funcionamiento a la Ley de Administración Electrónica, que también se aprobó en mi época. Administraciones que separen pura gestión, controlable técnicamente, de la decisión política, desarrollando la Ley de Agencias; y, sobre todo, administraciones que se sometan de manera generalizada y sistemática a la evaluación externa y profesional de su gestión y del impacto de sus políticas públicas para aprender a hacerlo cada vez mejor. La Agencia de Evaluación que creé podría ser el instrumento adecuado, aunque no sea el único, ya que existen empresas privadas de consultoría que también ofrecen este servicio.

La reflexión política sobre las administraciones, hecha desde su razón de ser y su eficiencia, debería ser una prioridad absoluta en la España de hoy. Las autoridades tienen la obligación de hacerlo mejor porque los ciudadanos tienen derecho a exigir una buena gestión de lo público. Pero si los criterios para hacerlo provienen sólo del tamaño, se agotará en un simple recorte que agravará el problema sin resolverlo.

LUCES LARGAS

LUCES LARGAS

Apenas inaugurada la temporada de reformas, va y viene el presidente Zapatero a decir que no va más. Que con lo ya hecho, y algo adicional sobre la edad de jubilación, ya pueden los mercados darse por satisfechos. Sobre todo después de que el Consejo Europeo, el director general del FMI y hasta Obama hayan alabado las medidas del Gobierno español.

Ése es el problema cuando hacemos las cosas forzados por los acontecimientos en lugar de por convencimiento: que estamos deseando que todo acabe para volver a lo de siempre. Y, sin embargo, las reformas han sido lo de siempre en la historia española. En el ámbito de lo económico, desde los Pactos de la Moncloa, la reconversión industrial, la adaptación al Mercado Común, luego al Acta Única, luego a la globalización, luego al euro y luego a la internacionalización, en los últimos 30 años no hemos hecho otra cosa en España que adaptarnos, reformarnos.

Se puede decir que hemos incorporado el cambio como un parámetro de nuestro sistema económico. El dinamismo adaptativo que muestra nuestra sociedad, más allá de que permanezcan todavía rigideces, explica el éxito económico de las últimas décadas. Cada vez que hemos reformado, devolviendo decisiones a la iniciativa colectiva y manteniendo los equilibrios sociales, el resultado ha sido positivo en términos de bienestar.

Por eso, el impulso reformista mediante paquetes articulados de medidas ha formado parte de nuestra tradición ilustrada. Por convicción íntima de que sólo alterando el estado de las cosas podríamos lograr mejores cotas de libertad y de bienestar para todos. Los pocos gobiernos de progreso que ha habido en nuestra historia han promovido siempre reformas no sólo en los usos y costumbres sociales o de la vida cotidiana sino, sobre todo, en las relaciones sociales de producción y distribución. Ahí, en los derechos económicos y sociales, radica el núcleo duro del poder y la clave última de las desigualdades sociales. No se puede, por tanto, pasar de puntillas, a empujones o a regañadientes sobre estas cuestiones, desde un Gobierno de progreso que debe convertir las reformas permanentes en su razón de ser y en su bandera del cambio verdadero.

En España, todavía necesitamos muchas reformas sobre ingresos y gastos públicos, sobre la oferta productiva para generar más empleo, sobre sostenibilidad del Estado del Bienestar, sobre el cambio de modelo productivo, sobre la lucha contra el cambio climático o sobre la coordinación entre administraciones como para pensar que ya está bien y enterrar el hacha reformista. Cosa distinta es la manera en que se abordan, se explican y se resuelven.

A título de ejemplo, voy a relatar una reforma fundamental y urgente que nuestra economía requiere para responder a la crisis económica y a nuestros problemas de competitividad derivados de la misma: las cotizaciones sociales. De entre toda la literatura existente, me quedo con un estudio reciente (julio 2007) que, aunque no oficial, está publicado por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Es el elaborado por Ángel Melquizo sobre La incidencia económica de las cotizaciones sociales en España (disponible en la Red). Y destaco su conclusión principal: han sido las empresas, en su conjunto, las que han soportado de manera plena la fiscalidad laboral que representan las cotizaciones sociales, sin que se haya trasladado a precios, ni se haya reducido del salario pagado. Estamos hablando de una cuña fiscal que representa en torno al 23% de los costes laborales totales.

Esta realidad, en un modelo productivo que se basaba en bajos costes de producción, podía asumirse mejor que en el contexto de crisis actual e, incluso, que en el nuevo modelo productivo hacia el que debemos caminar, más basado en el valor añadido que en el precio barato y, por tanto, en trabajadores mejor retribuidos lo que obligará a recortar otros costes no salariales.

Una bajada significativa de las cotizaciones sociales representaría la inyección de competitividad que no podemos conseguir mediante una imposible devaluación de la moneda. Permitiría mejorar los márgenes empresariales de manera directa e inmediata y, con ellos, su liquidez y su capacidad de competir en unos mercados mundiales ya en crecimiento como los actuales. Reducir la fiscalidad del factor trabajo podría tener, además, un efecto directo sobre el desempleo, especialmente, el de baja cualificación.

En el sistema español, de acuerdo con lo establecido por Bismarck en el siglo XIX, nuestras cotizaciones sirven para financiar contingencias comunes de los trabajadores, como la jubilación. Por tanto, una rebaja sustancial de las mismas afectaría de manera negativa a la estabilidad financiera del sistema de pensiones, y esto es algo que no puede ni debe permitirse.

Deberíamos, por tanto, de acuerdo con la letra y el espíritu del Pacto de Toledo, proceder a la discusión y aprobación simultánea de otra fuente alternativa de financiación de las pensiones que no se basara en la cotización de los trabajadores en activo, sino en algún indicador de la riqueza general de la sociedad, sea la renta, el patrimonio no productivo, las rentas no ganadas mediante trabajo (plusvalías) o el consumo.

Se podría pensar que con cargo a los impuestos generales, incluido el nuevo, se financiaría no sólo como ahora las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, sino el 100% de una nueva pensión mínima garantizada para todos los ciudadanos. A partir de ahí, y mediante un sistema contributivo parecido al actual, dicha pensión se complementaría mediante cotizaciones sociales, mucho más bajas que las vigentes.

Conseguiríamos así dos efectos paralelos y positivos: mejorar la posición competitiva de nuestras empresas y financiar las pensiones de una manera más sostenible y equitativa que la actual, en la que su cuantía no sólo dependería de la relación entre activos y pasivos sino, también, del nivel de riqueza del conjunto del país.

Inclúyase esta propuesta dentro de un eventual Manifiesto Universal de los males envejecidos que España padece, similar al que escribió en 1730 Francisco de Moya Torres y Velasco. Y es que, lo dicho. Esto de las reformas viene de antiguo y no es bueno que se acabe ya.

El capitalismo se está refundando. Pero no en Toronto, en la reunión del G-20, ni en ninguno de los parlamentos democráticos del mundo sino en las fábricas, a pie de obra y destruyendo al Estado socialdemócrata. La política, como espacio de encuentro, diálogo y acuerdo racional está cediendo terreno ante la fuerza de los hechos, del mercado financiero y las exigencias del beneficio privado a toda costa. El nuevo capitalismo del siglo XXI corre el riesgo de parecerse, demasiado, al viejo capitalismo del XIX. Motivos de preocupación, no faltan.

Las desigualdades crecen y, otra vez, fuerzas anónimas que nadie parece controlar, manejan nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestras esperanzas. Seguramente ha sido así siempre a lo largo de la historia de la humanidad y un siervo de la gleba en el feudalismo, o un esclavo en el Imperio romano no tenía muchos motivos para ser feliz. Pero en las últimas décadas, con el desarrollo del Estado del Bienestar y de la democracia en los países avanzados del mundo, nos habíamos hecho la ilusión de que las cosas iban a cambiar porque estábamos demostrando que podían ser distintas. Que la libertad, la igualdad y la solidaridad razonables eran posibles y daban como resultado una sociedad en la que valía la pena vivir porque era más respetuosa con nuestros proyectos individuales de vida. La globalización y la crisis actual está haciendo saltar por los aires esta pretensión.

Es cierto que la isla del desarrollo, el bienestar y la democracia, no había llegado a todo el mundo, ni mucho menos. Incluso que se podía pensar de manera fundada que una parte no desdeñable de nuestro desarrollo occidental se basaba en el subdesarrollo de otras partes del mundo. Pero hoy, podemos pensar que en lugar de conseguir un avance de las fuerzas de la razón, la democracia y los derechos, estamos asistiendo a un retroceso. Me explico.

Dos hechos, escasamente mencionados en la prensa española, me valdrán de hilo argumental: en primer lugar, el inicio de huelgas en las fábricas chinas en defensa de mejores condiciones de trabajo y de más salarios. En un pais tan “controlado” estas huelgas no ocurren en empresas nacionales, sino en empresas “extranjeras” que exportan, a las que se les lanza el claro mensaje de que también los chinos quieren atrapar una parte mayor del inmenso valor añadido (beneficios) que obtienen aquellas empresas que fabrican productos a costos chinos (o vietnamitas, o tailandeses) pero los venden a precios europeos o americanos. Junto al baile que las autoridades chinas están dando a USA entorno al tipo de cambio, son muestras evidentes de que la apuesta china por ser potencia hegemónica en el mundo, ha subido varios enteros. Y no hace falta que recuerde que hablamos de un pais que ni tiene democracia, ni Estado de Bienestar ni libertades individuales etc.

El segundo hecho es una noticia confusa y marginal que leo en la prensa: los trabajadores de FIAT en Italia han aceptado por referendum perder salarios y derechos sociales y sindicales (entre ellos la huelga) a cambio de que la fabricación de un nuevo modelo de coche se hiciera allí y no en Polonia. Estamos, en Europa, empezando a perder derechos para mantener el empleo. Y no me refiero a privilegios que podían discutirse sino derechos considerados, hasta ahora, como básicos.

El dinero no tiene patria y amenaza con deslocalizarse si no se cumplen las condiciones que estiman ellos necesarias para ser rentable. Incluyendo pagar menos impuestos que las rentas del trabajo o tener subvenciones o que se les garantice que cuando son demasiado grandes para quebrar, el Estado acudirá en su ayuda. Extremando el razonamiento, algunas decisiones fundamentales que afectan a la convivencia social no se adoptan el los parlamentos sino en los Consejos de Administración de multinacionales que no siempre tienen presente su Responsabilidad Social Corporativa frente a su cuenta de resultados, sobre todo, en época de crisis.

Habrá quien pensará que está bien que sea así. Que la vida es así y que no podemos hacer nada por evitarlo. Que de esta crisis global y financiera, saldran perdiendo los más débiles y no los que más errores han cometido. Que reduciendo el Estado mediante recortes en el déficit, restringimos el campo de los derechos sociales y quitamos fuerza y legitimidad a uno de los agentes sociales más poderosos, capaz de intentar enfrentarse a esta situación con criterios de justicia social.

Si aceptamos esto sin rebelarnos, el futuro será una desesperanza. Saldremos de esta. Pero en una sociedad más injusta, menos equilibrada y con menos capacidades individuales para hacer frente a los diferentes proyectos de vida. Al menos, en Europa. A cambio, tal vez los chinos y otros, hayan ganado bienestar material. La desoccidentalización del mundo no está resultando en un equiparar al resto a nuestro estándares, sino en rebajar los nuestros a su nivel. Que paradoja histórica más triste!!

No se. Igual es el disco de Ornette Coleman que estoy oyendo (Too Much, Too Soon), o lo absurdo que me parece el debate entre USA y la Unión Europea en el G-20 en torno a los asuntos periféricos del problema, mientras el capitalismo de verdad, el de los capitales, está encontrando sus vías de arreglo para la situación. Y nosotros, a la luna de Valencia. Pero hoy me he levantado un poco depre con lo que veo y con lo que, me temo, nos espera a nosotros y a nuestros hijos. Y Rajoy y ZP echandose los trastos a la cabeza, como si eso fuera lo importante!!!

El Presidente Obama ha escrito una carta al resto de socios del G-20 ante su inminente reunión. Y, tras constatar que la mayor parte del mundo ya está saliendo de la crisis, se dirige a Europa para advertirle de algo obvio: si apretamos todos juntos y a la vez en la dirección de los recortes, el ajuste y la austeridad, acabaremos provocando una depresión sobre la actual recesión. Porque si nadie compra, ¿quien va a vender? Si nadie ingresa, ¿quien va a devolver los créditos? ¿Está Europa corriendo el riesgo de caer en dificultades con su deuda, por empecinamiento ideológico de origen germánico, unido a la incapacidad mostrada por Merkel para liderar el continente?

De la actual crisis podemos sacar varias lecciones. La primera, que los llamados mercados financieros deben ser profundamente reformados para evitar la desregulación en la que se han movido asumiendo riesgos que han resultado letales para el conjunto de la sociedad y no solo para ellos. Segundo, que sin el recurso al Estado, la quiebra de los bancos privados hubiera podido arrastrarnos a todos al abismo con ellos. Eran “demasiado grandes para caer” y por ello ha hecho falta recurrir al Estado para pagar sus platos rotos. Está bien, no pasa nada, para eso está el Estado. Pero, superado lo más feo del trabajo y dado que el Estado somos todos, incluidos los millones de parados que no tenían más culpa que la de ser, ellos si, demasiado pequeños y poder quedarse en paro, no esperamos gratitud. Pero tampoco que se nos afee la conducta. Si existen importantes déficits públicos ha sido por la crisis del sector privado, no por gestores manirrotos. Tercero, la dimensión económica de la Unión Europea dista mucho de ser la adecuada. Desde el euro no hemos hecho apenas nada y así nos va cuando surgen dificultades.

Es decir, necesitamos ordenar a los mercados financieros y no recibir ordenes de ellos. USA lo ha hecho mientras Europa, timorata, aplaza las medidas mes tras mes. Segundo, hay que controlar la deuda pública y entrar en una senda de consolidación y reducción paulatina de la misma. De acuerdo, pero como dice y hace Obama, no hasta que la recuperación económica, el crecimiento, esté suficientemente asentado. Si conseguimos el objetivo de volver al 3% del déficit en lugar de en 2013, dos o tres años más tarde o a velocidades distintas según el ritmo de la recuperación nacional, ¿que pasa? ¿que tabú se rompe? ¿que mercado financiero se escandaliza? Tercero, falta unidad europea, más Europa y, sobre todo, liderazgo europeo. Como tiene Estados Unidos. Y si nuestro lider tiene que ser Alemania, superados sus problemas previos y tras su ampliación, por favor, que podamos elegir entre todos a un lider de verdad, no a alguien que se preocupa de sus elecciones locales antes que de la quiebra de Grecia o alguien que protege rumores infumables sobre un Estado Miembro como ha sido, esta vez, España o alguien que se arregla su patio contra especuladores, sin preocuparse de llevarlo al ECOFIN. Y para evitar caer en la tentación partidista, reclamo a un Kohl que, sería conservador como Merkel, pero tenía otra talla y no solo de altura física.

De cara a la próxima reunión del G-20 Europa tienen esas tres tareas pendientes. En un contexto en que la mayoría de los paises del Grupo están creciendo ya, otros, como USA han encarrilado sus crecimientos y solo la vieja y anticuada Europa de la señora Merkel y el resto, con un Reino Unido más pendiente de su ombligo que nunca, aparecen obsesionado con los manguitos de contable viendo a ver de donde sacar algo de dinero que devolver a los bancos, a costa del futuro de sus ciudadanos. A este paso, si el G-20 se consolida como el grupo de países que “tiran” del mundo en un contexto en que no hay instituciones multinacionales adecuadas, muy pronto se van a empezar a reunir sin Europa, porque total, ¿para que? ¿en que aspecto o cuestión empujamos de manera decidida hacia adelante, algo, lo que sea?¿en que asunto actual el mundo no sería el mismo sin Europa?

Y hablando de Europa, hablo de España. ¡Que bien se nos da el martirilogio! ¡Y que ridículo suena visto desde China, Brasil o Estados Unidos que son nuestros competidores! En fin, seguiremos en la brecha. Porque Obama muestra que otra manera de hacer y de liderar es posible. E incluso, deseable. A pesar de sus problemas con la mancha de petróleo del Golfo de Méjico por cierto, provocada por una empresa privada.

LUCES LARGAS

Llevo semanas defendiendo, entre mis amigos, la reforma laboral del Gobierno, pero cada vez me resulta más difícil. Es sin duda para facilitar la posterior tramitación como Ley, pero hemos visto de nuevo el baile de la yenka: se propone una cosa, se filtra otra, se aprueba otra y, al final, acaba todo en otro sitio para volver al principio. Así, el borrador rebajaba los globos sonda y el texto aprobado todavía empeoraba al borrador.

He propugnado, en esta misma columna, la necesidad de una reforma urgente del mercado de trabajo. Incluso me reconozco en la música y en parte de la letra del Decreto-Ley. Sin embargo, algo me empuja a decir, en voz baja, no es esto, no es esto. Aunque, claro, sólo tendremos una posición clara cuando dispongamos de un texto definitivo tras meses de tramitación parlamentaria, y ahí radica una parte del problema: si, como ha dicho la vicepresidenta económica, el objetivo de todo lo que se hace es ganarse la confianza de los mercados, no sé si esto ayudará.

Una reforma laboral debe traducir el crecimiento en más empleo de calidad, a la vez que debe permitir destruir menos empleo cuando hay problemas. Sólo si entendemos que los cuatro millones de parados que tenemos están directamente relacionados con el 30% de trabajadores precarios que teníamos cuando la expansión, sabremos por dónde debe ir la reforma: alterar el atractivo relativo de los contratos temporales frente a los indefinidos e introducir flexibilidad entre dos extremos, o estar empleado a tiempo completo, o en paro.

Desde el punto de vista de la contratación se ha rebajado el coste de la indefinida, a la vez que sube el de la temporal. Bien. En la buena dirección. Pero, tal vez de manera insuficiente: los contratos por obra o servicios siguen siendo demasiado largos, se habla poco de la concatenación de contratos temporales y no se sabe si, al final, se incrementa la cotización social en aquellas empresas que abusan de ellos. Por el otro lado, es un avance la extensión del contrato indefinido con 33 días de indemnización por despido improcedente, pero no se mejora el contrato a tiempo parcial ni el fijo discontinuo que ofrecen soluciones muy interesantes para nuestra estructura productiva.

Desde el punto de vista de lo que sucede durante la vida de los contratos de trabajo, apenas sí cambia ningún aspecto importante en lo relativo a movilidad, flexibilidad y negociación colectiva. La rigidez de las normas laborales a nivel de empresa seguirá siendo un obstáculo para nuestra capacidad de competir y reaccionar de manera proactiva a un mundo global tan competitivo como éste.

Es verdad que los sindicatos tienen algunos buenos ejemplos de flexibilidad adaptativa. Pero me temo que son aislados y sólo en empresas muy grandes. Incluso el asunto de la cláusula de descuelgue estaba mejor abordado en los borradores, y todo ello queda muy lejos del modelo alemán que nos han obligado a aprender en balde.

Permitir que una empresa con dificultades económicas objetivas pueda despedir a la mitad de la plantilla manteniendo a la otra mitad, en lugar de esperar a que quiebre del todo enviando al cien por cien al paro, fue ya un objetivo de la reforma laboral de 1994. Era la famosa cláusula económica que permitía despedir de forma justificada con 20 días de indemnización.

Quince años más tarde, los problemas crónicos de nuestra lenta justicia, unido a la manera en que se ha ejercido la tutela judicial sobre estos casos, los ha convertido en impracticables, como prueba de que, en plena crisis, la inmensa mayoría de empresarios prefieran un despido improcedente express que, aunque caro (45 días), es rápido. Corregir esto era importante para salvar una parte del empleo en situaciones difíciles. Pues bien, ni consultando a dos buenos laboralistas (lo he hecho) resulta fácil entender lo que se propone en este punto y en qué mejora la situación actual. Da la impresión de que, a falta del trámite parlamentario, el asunto de las causas objetivas de despido se aborda, pero se aborta, en el texto aprobado por el Gobierno.

Si entramos en asuntos horizontales, hay dos que me resultan llamativos: el modelo austriaco y la intervención del Fogasa. El primero ha pasado de ser la estrella de la reforma a desaparecer, de momento, del firmamento. En realidad, por lo que se conocía, debería verse en el Pacto de Toledo porque era más bien un plan individual de pensiones mediante capitalización, rescatable en caso de desempleo, como son ya los actuales planes de pensiones. Por ello, nunca entendí el carácter angular que se le quiso dar vinculado a esta reforma.

En segundo lugar, me cuesta explicar qué pinta el Fogasa, ejemplo de buen funcionamiento de lo público, creado para garantizar salarios de trabajadores de pymes que quiebran, financiando ocho días del coste del despido en cualquier supuesto y a todas las empresas. Puedo entender que, en un momento de la negociación, el Gobierno hiciera un gesto de partir las diferencias, asumiendo desde lo público una parte de los costes privados a cambio de lograr un acuerdo. Pero mantenerlo sin existir acuerdo altera mi manera de entender estas cosas.

Por último, una de las propuestas más atractivas se ha diluido con el tiempo. Me refiero al análisis de la eficacia de las subvenciones a la contratación en un intento de suprimir las que no hayan sido útiles, reforzando las que sí; por ejemplo, en jóvenes. Desconozco los resultados de la evaluación, pero la reordenación de subvenciones ha quedado en menos de lo esperado y, posiblemente, de lo necesario.

La propuesta apunta maneras. Lo importante está casi bien. Pero el dibujo final está deformado y mientras el discurso va por un lado, el articulado va por otro. El problema hoy no es, como decía el líder de la UGT, que el Gobierno haya cambiado de carril. Es que ha sacado al tren de vía muerta pero, en espera de apoyos parlamentarios, no sabemos todavía adonde vamos. Eppur si muove.