Reggio’s

El argumento de la divertida película francesa La cena de los idiotas refleja, en miniatura, el escenario de la crisis que estamos padeciendo.

Ejecutivos elitistas se disputaban el placer de conseguir invitar a la persona que consideraban más idiota. El verdadero protagonista del film es precisamente el supuesto idiota. François Pignon es una persona poco agraciada, torpe de expresión, humilde y tímido. Sus anfitriones olvidaron que trabajaba como inspector de Hacienda y que sus preguntas iban a resultar embarazosas, creándoles situaciones incómodas que revelarían dónde radicaba la verdadera estulticia.

Trasladando la trama a los tiempos presentes, podemos imaginarnos a nuestro protagonista asistiendo a varios tipos de cena.

Primera cena. Invita un grupo de altos ejecutivos financieros. Se produce un pugilato entre los anfitriones sobre su habilidad para falsear los resultados contables y presentarlos como sanos y sólidos. Pignon pide disculpas por terciar en sus brillantes exposiciones y pregunta ingenuamente cómo se puede dar por bueno un asiento contable absolutamente falso.

Las carcajadas estallan al unísono y apenas se dignan explicarle que los organismos reguladores no se fijan en esas minucias. Añaden que si son descubiertos sus abogados sostendrán, donde proceda, que se trata de ingeniosos artificios contables producto de la creatividad e imaginación de sus privilegiadas mentes.

Segunda cena. En esta ocasión se unen a la cena ni más ni menos que el presidente del Fondo Monetario Internacional y el secretario del Tesoro estadounidense. Se vislumbraba la bancarrota de Lehman Brothers. Nuestro personaje pregunta si son ciertos los rumores y uno de los asistentes le contesta: “Mire, realmente éramos demasiado codiciosos. Por eso tenemos que controlar nuestra codicia con una regulación mejor”. Casi sin voz se atreve a comentar: “Pero la codicia es un pecado, ¿por qué simplemente corregirlo?”. Reconocieron que sería conveniente reconsiderar el sistema de remuneración de los altos ejecutivos. Alguno advirtió solemnemente: “Si no hay reglas globales (sobre las remuneraciones) habrá una fuga de talentos”.

El buen Pignon les comentó que había leído que el FMI no goza de simpatías en los países menos desarrollados. Sus recetas son duras: saneamiento del presupuesto a expensas del gasto social. Reducción del Estado y puesta de toda su maquinaria al servicio de la deuda externa. Había oído que en algunos países facilitaron golpes militares para establecer sistemas antidemocráticos que, además de violar los derechos humanos,colocaban a responsables económicos proclives a estas tareas. De manera cortés pero tajante afirmaron que ellos nunca organizaron golpes militares. Allí terminó, por esta vez, la cena.

Tercera cena. En esta ocasión los convocantes incorporaron a la cena a algunos intelectuales de prestigio. Pignon sintió que, por primera vez, lo que estaba oyendo le resultaba sugerente. Joseph E. Stiglitz planteó si era posible atender simultáneamente a dos grandes desafíos, el cambio climático y la crisis económica, manteniendo o intentando mejorar el PIB (producto interior bruto) pero sin elevarlo a la categoría de fetiche intocable. Alguien mencionó la Tasa Tobin, y la conveniencia de un impuesto fuerte sobre las transacciones financieras. Después se enteró de que James Tobin es un economista estadounidense que lanzó ésta y otras ideas sobre impuestos a la producción armamentista. Su osadía suscitó la airada respuesta de los neoliberales, que llegaron a insinuar que se trataba de un sesgado apoyo al desarme frente al enemigo y un apoyo al tan denostado pacifismo. Les recordó que el asesor especial del secretario general de la ONU en materia de finanzas para el desarrollo, Philippe Douste-Blazy, había anunciado: “Nos enfrentamos a una crisis de ética, a un problema de cinismo del propio sistema. No podemos seguir como hasta ahora”.

La intervención de Claudio Magris fue ilustrativa. “El liberalismo dice que la libertad de un individuo termina donde se inicia la del otro; los anarcocapitalistas que no se preocupan de estos límites y estas tutelas no pueden declararse liberales más de lo que lo podría ser un estalinista”.

La última cena. Al parecer, sus anfitriones le habían tomado cariño y volvió a ser invitado. Aceptó no sin cierto escepticismo, pero pensó que los intelectuales habían trazado un camino posible hacia horizontes más dignos. Esta vez el tema versaba sobre los impuestos. Qué le iban a contar a él que era inspector de Hacienda. Cada vez que surgen estos desagradables temas los sectores privilegiados reaccionan airados y con un cierto desdén. El sistema está trazado y nadie conseguirá enmendarlo. Se paga por lo que se consume y se contribuye por los ingresos medios y bajos. Todo lo demás es discutible pero, según sus anfitriones, intangible.

Pignon insinuó que algunos pretenden hacer cambios basados en la razón y en la opinión de las mayorías. Si unimos la razón y la mayoría, el paso hacia el cambio es inobjetable. Entendió que quien proponga soluciones novedosas en busca de la justicia tributaria como instrumento para conseguir una mejor justicia social se convierte automáticamente en un enemigo del pueblo. Pignon siempre había recaudado conforme a las pautas que le marcaban. No se había detenido a pensar sobre la posibilidad de establecer un impuesto sobre las grandes fortunas y las exorbitantes remuneraciones de la casta de los sacerdotes que ofician, en exclusiva, en los altares del sistema financiero.

Ante la grosería y prepotencia de los argumentos de quienes justificaban sus privilegios, Pignon perdió, por primera vez, su compostura y se atrevió a decir que las multimillonarias retribuciones y jubilaciones eran injustificables e intrínsecamente perversas, tanto en épocas de cierta bonanza como en las tormentas perfectas que ellos mismo habían desencadenado con sus artificios financieros. Percibió que había despertado un movimiento de solidaridad entre los líderes que clamaban desafiantes ante lo que consideraban un despojo intolerable. Se comportaban como masas enfurecidas dispuestas a refugiarse y resistir en las barricadas de los últimos pisos de sus rascacielos. Se lo dijeron a los líderes del mundo reunidos en Pittsburgh con tal intensidad que éstos, de muy diversa ideología y origen, decidieron posponer el tema hasta que se restaurasen los equilibrios climáticos y desparecieran las turbulencias. Su triunfo era indiscutible y su impunidad estaba garantizada.

Esa noche Pignon me confesó que estaba cansado y que no pensaba asistir a ninguna otra cena. Comprendí su hastío y le agradecí su inmensa paciencia y la dignidad con la que nos había representado.

José Antonio Martín Pallín es magistrado y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Grandes países admiten y protegen variantes lingüísticas. El Reino Unido, con la especialidad escocesa y la singularidad del gaélico. Canadá comparte dos idiomas universales como el inglés y el francés. Los ejemplos son numerosos. Nuestro país, después de treinta años de Constitución y de una transición que dicen modélica, mantiene abiertas demasiadas cuestiones del pasado. El Estado no ha sido capaz de librarse de los símbolos religiosos, las decisiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia son todavía fuente de confrontación plena de anatemas, el modelo educativo y la clase de escuela se mantiene en continua inestabilidad e incertidumbre con grave quebranto de nuestro nivel de conocimientos y de nuestra competitividad.

El debate lingüístico tiene en nuestro caso siempre dos dimensiones. La genuina y única admisible que se centra en el núcleo geográfico en el que el idioma se encarna y otra que se deriva de los resabios autoritarios potenciados por algunos medios. Quieren imponer la España una, grande y libre, sabiendo que la grandeza pertenece al pasado y que la libertad era una contradicción insoportable.

La Constitución de 1978 que establece el llamado Estado de las Autonomías, lo más parecido a un Estado federal con todas las asimetrías que quieran establecerse, incurre en una indeseable incoherencia y ambigüedad en materia lingüística. Constitucionalmente las autonomías deben tener una denominación histórica, una delimitación territorial, una organización administrativa y unas competencias. La oficialidad de otras lenguas que no identifica, ignorando su implantación histórica, deja el camino expedito para toda clase de conflictos. El articulo 149 atribuye al Estado la regulación de cuanto afecta a la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos. ¿Cuáles son las demás lenguas españolas? Se debió aludir de forma expresa al euskera, el gallego y el catalán sin dejar espacio a otros dialectos que han abierto frentes absurdos entre Cataluña, los Países Valencianos y Mallorca.

La lengua es el vehiculo para la libertad de producción literaria y la libertad de cátedra o enseñanza. El derecho a la educación tiene como objetivo conseguir el pleno desarrollo de la personalidad. Nunca debe ser un método de dominación o discriminación. Nadie puede sentirse discriminado dentro de la igualdad y de la aceptación de la ley. En el capítulo específico de los deberes constitucionales no figura el de conocer y usar la legua castellana española. Solo se recoge como proclamación preliminar en el artículo 3.

Algunos, preocupados por la desgalleguización (¡) de las cajas de ahorros, reclaman, al mismo tiempo, una absoluta autarquía para elegir, allí donde les plazca, el idioma que quieran para la educación de sus hijos. Coherentemente los gallegos, catalanes o vascos podrían exigir que sus hijos, en otro lugar de España, puedan optar por sus idiomas vernáculos y estatutarios. Se empeñan en crear un problema donde no existe. Nadie con sentido de la objetividad puede sostener que el bilingüismo en las autonomías es un problema para la integridad de los valores constitucionales.

El Decreto gallego de normalización reconoce las insuficiencias del presente y expresa el deseo de implantar hábitos lingüísticos, nunca de forma impositiva sino buscando que cale en el alumnado la utilidad del gallego. Su contenido es plenamente constitucional y busca la cooficialidad del gallego y el castellano en plena sintonía con el mandato y el espíritu del pluralismo.

Las normas pueden ser cambiadas por los mecanismos parlamentarios pero no siempre las mayorías aciertan al imponer su voluntad. Corresponde a los políticos tomar las decisiones, valorar su sintonía con la realidad social y calcular los costes electorales.

José Antonio Martín Pallin, es magistrado y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Sábado, 18 de julio de 2009. Un ciudadano quizá con nostalgia de su condición de súbdito, caminaba por el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara luciendo orgulloso una camisa azul con el escudo del águila sobre el yugo y las flechas. En el momento de cruzarnos, pasaban, pedaleando lentamente, dos policías municipales charlando de sus cosas. Nada ni nadie se alteró ante el paseante exhibicionista. Esta España nuestra se resiste a reconocer su pasado. No creo equivocarme si les digo que si un anónimo ciudadano hubiera enarbolado la bandera de la República, su paseo no hubiera sido tan plácido. El osado, al menos, hubiera sido trasladado a comisaría por los cansinos municipales.

Hemos tenido que llegar a diciembre de 2007 para que la pervivencia y la resistencia a retirar los símbolos de la dictadura fascista de nuestras calles y plazas se haya convertido en un acto contrario a la ley. La ley, que pretende ahondar en el espíritu de reconciliación y concordia, se envuelve en un incomprensible galimatías para cualquier lector ajeno a nuestro conflicto histórico. Se elude cualquier referencia a la República aludiendo, de forma aséptica, al reconocimiento y ampliación de los derechos y al establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ni siquiera el artículo que concede la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales, menciona cuál fue el objetivo de su movilización. La ley consiguió salir adelante con demasiadas dificultades, el voto en contra del PP y las concesiones a CiU para que los hermanos benedictinos del convento de Montserrat siguieran al frente de la Fundación gestora del Valle de los Caídos, constituida y presidida por Franco en 1957, hasta que por un Real Decreto de 1984 se sustituye la composición creando una Comisión en la que las funciones del anterior jefe del Estado se atribuyen al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

La ley de 2007 ordena que incluyan, entre sus objetivos, honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y de la represión política que la siguió. ¿Qué habían hecho hasta este momento? Creo que nadie puede sentirse orgulloso de una ley que por sus artículos se puede denominar, con toda propiedad, ley de Punto Final. Me remito a su contenido, su interpretación por la Fiscalía General del Estado y a los decretos que la desarrollan.

Ningún historiador sensato ha negado la brutal represión sufrida por los vencidos en forma de ejecuciones en juicios sumarísimos, paseos extrajudiciales y campos de concentración cuyos vestigios se quieren eliminar. Los vencedores se encargaron de escribir su historia oficial en unos tomos bajo el título de Historia de la Cruzada, título al que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nada tuvo que objetar. Rememorando a Benedicto XVI en su visita a Auschwitz podemos preguntarnos legítimamente: ¿dónde estaba Dios cuando sucedía esto?

Sorprende que los herederos del Partido Socialista, que formó parte de Frente Popular, pasen la página de la represión que sufrieron muchos de sus militantes con tanta frialdad. En este país los políticos son verdaderos expertos en enseñarnos o señalarnos lo que nos conviene y lo que no merece la pena. La existencia de fosas con cerca de 175.000 personas desperdigadas por toda la faz de nuestro país tiene un origen inequívocamente delictivo. Su esclarecimiento, según impone la ley de Enjuiciamiento criminal está siendo vedado. Su incumplimiento puede ser delictivo. De los escasos protagonistas y sus familiares, si no hubiera sido porque les condenaron por auxilio a la rebelión, hay muchos que no consentirían que sus antecedentes fuesen anulados. Están orgullosos de haber sido socialistas, comunistas, anarquistas, de izquierdas, republicanos o haber pertenecido a la masonería. Ellos y otros que les siguieron durante el largo silencio de la dictadura nunca han renegado de su estirpe política.

La República que, por primera vez en nuestra historia constitucional otorgó la soberanía al pueblo, es para alguno de sus herederos una hipoteca del pasado de la que quieren librarse vergonzantemente eludiendo cualquier mención a su existencia como si hubiera sido un mal sueño que les impediría gobernar el presente.

Es cierto que la ley condena toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura pero obstinadamente evita cualquier alusión a la condena internacional de la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. Para estos organismos el régimen de Franco era un sistema fascista organizado e implantado, en gran parte, merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

Estoy de acuerdo con Manuel Cruz cuando dice (EL PAÍS, 17 de julio de 2009) que la memoria no es el territorio de lo nuevo. Pienso que debemos dejar que las víctimas administren su pasado y que la ley cumpla sus funciones. Álvarez Junco (EL PAÍS, 19 de julio de 2009) mantiene que recordar a las víctimas de la dictadura es un acto democrático. Nadie pretende reescribir la historia ni tomarse la revancha, sólo recordar a Marcuse: “Contra la rendición del tiempo, la restauración de los derechos de la memoria es un vehículo de liberación, es una de las más notables tareas del pensamiento humano”.

José Antonio Martín Pallín es magistrado del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE HONDURAS

La leve franja de tierra que une América del Norte con Suramérica es uno de los lugares de la Tierra en donde existe una mayor concentración de volcanes. Muchos de los volcanes están en perenne erupción y, en estos momentos, la agitación sísmica ha llegado a las esferas políticas que tradicionalmente han ostentado el poder, inseguras y nerviosas ante el avance imparable de fuerzas sociales calificadas despectivamente de «populistas». El primer movimiento sísmico político ocurrió en Guatemala. En una perfecta planificación, los sectores próximos al omnipresente golpista Ríos Montt le tendieron una trampa al abogado Rosenberg. El cálculo les salió mal. Sus mentores le grabaron un vídeo y él dejó una carta imputando su posible muerte a los círculos cercanos al presidente de la República. Apenas habían transcurrido 48 horas desde que se grabó el vídeo y los negros presagios se materializaron. Rosenberg fue asesinado cuando paseaba en bicicleta, ajeno a cualquier peligro y sin escolta.

El presidente Colom aparecía señalado directamente. Las clases dirigentes se pusieron al frente de las movilizaciones que se decían populares. El Ejército estaba expectante. Habían pasado las épocas del intervencionismo y no sabían cómo reaccionaría la Administración de Obama. La movilización de los sectores políticos populares, a los que no engañó con tan burda treta, paralizó las tentaciones golpistas.

La situación de Honduras es mucho más preocupante. El día 28 se cumplirán dos meses del golpe militar y el principio de no intervención se consolida. La táctica es conocida y vivida en nuestro país hace ya muchos años. Se trata de ganar tiempo y de implantar una política de hechos consumados que coloque al presidente derrocado Zelaya en la paradójica situación de insurgente. Todo viejo y conocido. Zelaya convocó un referendo no vinculante para sondear la opinión de los que quisiesen participar, sobre una posible reelección que, obviamente, la Constitución hondureña no contempla. El artículo cuatro establece que la alternatividad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria y que la infracción de esta norma constituye un delito de traición a la patria. La Corte Suprema tiene como atribuciones, entre otras, conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado, entre ellos los que afectan al presidente.

Todos los altos cargos y funcionarios tienen la obligación de restablecer inmediatamente el imperio de la Constitución. Las Fuerzas Armadas deben, entre otras misiones, defender este imperio y asegurar la alternatividad en el ejercicio de la presidencia. Es el presidente de la República el que ejerce el mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter de comandante general.

Un analista estadounidense, James Cook Craft, ha sostenido que el golpe «actualmente en proceso en Honduras es un golpe duro acompañado por varios intentos vanos de parecer blando y constitucionalista. Detrás del golpe hay varias fuerzas sociales, económicas y políticas, de las cuales la más importante es la Administración del presidente Barack Obama. Ningún cambio importante puede ocurrir en Honduras sin la aprobación de Washington. La oligarquía hondureña y las corporaciones transnacionales (bananeras, farmacéuticas) están defendiendo sus intereses como siempre han hecho con un golpe militar. La condena a Micheletti y un papel principal en el restablecimiento de la democracia en Honduras; es el momento de la verdad para Obama».

Si el presidente ha cometido el delito de alta traición, aspecto cuestionable jurídicamente si tenemos en cuenta que no se trataba de una consulta vinculante sino exploratoria, la Corte Suprema debe poner en marcha los cauces constitucionales y someterlo a enjuiciamiento, abriendo a la opinión internacional la fiscalización del proceso y la posibilidad de aportar informes jurídicos que en el mundo de los procesos se conocen como amicus curiae. Para poder ser enjuiciado tendrá que serle restituida su condición de presidente, si no la Corte no sería competente. La Corte Suprema no puede actuar en el marco de una Constitución conculcada que la priva también a ella de sus propias competencias. En este momento, Honduras es un Estado aconstitucional.

La vuelta a la normalidad deberá ir seguida de una exigencia de responsabilidades a los mandos del Ejército que allanaron por la fuerza el domicilio del presidente, rompiendo irreversiblemente el orden constitucional. El vicepresidente Micheletti también debe responder de este atentado constitucional. El diálogo supervisado por el presidente Arias, de Costa Rica, ha fracasado hasta el momento presente y los españoles sabemos, por experiencia, que los golpes militares se consolidan irremediablemente por el paso del tiempo.

La demora en el retorno a la legalidad solo empeora la situación política. La sangre derramada será culpa de los golpistas. Que el presidente Obama reciba al presidente depuesto sería una firme base para enderezar la situación, que puede volverse incontrolable y de efectos imprevistos para el pueblo hondureño y para la estabilidad de la región, incluidos todos los países hasta el Cono Sur.

Por si la situación no fuera ya explosiva, siete nuevos volcanes, en forma de bases militares, se han unido en Colombia a los que ha creado la naturaleza. A pesar de todo, sigo confiando en Obama.

José Antonio Martín Pallín. Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

La Tercera de ABC

En tiempos pasados nuestros dos países se lanzaron a la aventura de surcar los mares buscando nuevos horizontes y tierras que incorporar a sus respectivas coronas. Tuvimos un periodo de soberanía común bajo Felipe II, seguida de una ruptura excesivamente traumática y cargada de reproches. Dejemos la historia para ser leída y estudiada y pongamos toda nuestra atención en el presente que nos ofrece perspectivas, ahora más factibles y cercanas.

Me crié en la frontera (A raía) y para mí cruzar la aduana (la Alfandega) era tan natural como bañarme en el compartido río Támega o hacer deporte en los balnearios cercanos a uno y otro lado de la línea divisoria. A veces los piques infantiles de los policías y los guardinhas ponían más dificultades de las habituales. Las monedas se anticiparon al euro y los escudos y las pesetas circulaban y se aceptaban con normalidad en ambos lados del límite que nos separaba artificialmente.

La idea de la unión peninsular ibérica tiene, entre nosotros, antecedentes remotos. Desde hace mucho tiempo los galleguistas lusistas vislumbraron una potencialidad política a la unión galaico-portuguesa-brasileira, con el añadido lingüístico y económico de las colonias lusitanas de África y los enclaves de Goa, Macao y Timor, que, a pesar de las convulsiones descolonizadoras, conservan su lengua y su cultura.

Rosalía de Castro tenía la mitad de su alma reservada para la futura y posible comunión familiar e íntima con el hijo mayor, Portugal, y sus nietos de América y África. En los años treinta, el político gallego Valentín Paz Andrade retomó la idea de la unión basada también en la identidad lingüística. La literatura y la poesía nos suenan cercanas a pesar de las diferencias gramaticales y fonéticas, que no son un obstáculo insalvable. Yo mismo caigo con frecuencia en la tentación de hablar galaico portugués rompiendo la cadencia de esta hermosa lengua, cuando podemos expresarnos cada uno en nuestro idioma y entendernos aceptablemente.

En tiempos más cercanos, José Saramago recogió esta idea en su obra La balsa de piedra (1986). Las rayas trazadas en los suelos no pueden convertirse en barreras infranqueables y en territorios hostiles. Alcanzamos la democracia, por vías muy distintas, en épocas cercanas. Entramos a formar parte de la Comunidad Económica Europea en la misma fecha pero seguimos ignorándonos, manejando los viejos prejuicios. Frente al dicho portugués «De Espanha nin bon vento nin bon casamento», la postura, ridículamente prepotente, de muchos españoles que ignoran la calidad cultural de nuestros vecinos y su exquisita educación y cortesía, nunca aduladora o servil.

Ha sido una buena noticia la instalación de un centro avanzado de investigación en el campo de la nanotecnología en la localidad portuguesa de Braga. Es una obra conjunta de los dos países en la que participan científicos lusos y españoles abiertos a toda la comunidad investigadora internacional. La inauguración tiene una simbología y una carga de futuro que en este momento no somos capaces de valorar en toda su dimensión. La asignatura pendiente sigue siendo la comunicación. El AVE Madrid-Lisboa se retrasa escandalosamente. Las montañas ya no son un obstáculo. Las tuneladoras las han hecho absolutamente permeables. Los ríos que compartimos desde su nacimiento hasta las orillas del mar son un instrumento para reforzar nuestra solidaridad.

Si conseguimos aunar nuestro potencial económico, político y cultural podemos formar una comunidad de más de 600 millones de personas. La literatura nos ha permitido compartir y adoptar a un premio Nobel como José Saramago, decidido partidario de la unión y convencido de sus inmensas posibilidades. Hace unos meses, en Lanzarote, le recordé su propuesta. Confieso que lo encontré un poco desanimado.

Una reciente encuesta del Centro de Análisis Social de la Universidad de Salamanca puede reavivar el debate intermitentemente suspendido. El Barómetro de Opinión Hispano-Luso detecta una cifra considerable de portugueses (39,9 por ciento) y de españoles (30,3 por ciento) partidarios o cercanos a una posible unión futura. Lamentablemente los resabios de la lengua del imperio arroja una cifra de españoles (76,2 por ciento) que se oponen al estudio obligatorio del portugués, lo que no tiene nada de extraño cuando observamos el revuelo armado alrededor del bilingüismo en Galicia. Podríamos romper esta resistencia si se incrementa la colaboración científica y la participación del capital español y luso en empresas de los dos países. La relaciones económicas facilitan el acercamiento lingüístico.

El maestro Saramago, al conocer estos datos, se ha reconfortado y nos ha recordado la frase de Galileo ante los detentadores de la verdad: «Y sin embargo se mueve». Los prosaicos e irreductibles patriotas de charanga y pandereta tienen ante sí un escenario con el que no contaban y que siempre despreciaron.

No debe extrañarnos que los estudiantes españoles y portugueses elijan para sus Erasmus países de culturas menos afines y de idiomas diferentes, pero eso no es obstáculo para una mejor y mayor planificación de los sistemas de enseñanza y el intercambio entre las Universidades españolas y portuguesas.

En el mundo judicial cada vez que hemos tenido oportunidad de reunirnos con colegas portugueses hemos constatado la fluidez de intercambio de conceptos, la afinidad de nuestros sistemas procesales y la cercanía de nuestras culturas jurídicas.

Es el momento de movilizar los sentimientos y las razones, y de aprovechar las oportunidades para el desarrollo que nos ofrece el mundo en el que nos movemos. No sería tanto nuestro impacto demográfico en la Unión Europea como nuestra inmensa potencialidad para integrarnos en las comunidades americana y africana que tanta relevancia están alcanzando en la esfera internacional. Podríamos convertirnos en sujetos activos de las relaciones internacionales y participar en las cumbres con una voz común.

Las raíces están plantadas, los trabajos pendientes y los sueños por venir. Como recoge Saramago en el libro que he citado acudiendo al autor cubano Alejo Carpentier: Todo futuro es fabuloso. Algunos objetarán que esta aventura no es posible mientras no consolidemos un modelo de Estado español más homogéneo y consciente de sus intereses comunes. Quizá estos nuevos objetivos contribuyan a abrir un debate y reflexionar sobre los nacionalismos que se sienten incómodos en una España que sólo mira hacia el centro.

Tenemos que recorrer el camino olvidado que algunos alumbraron. No sabemos hasta dónde podemos llegar, pero merece la pena intentarlo. Ya nunca más seremos una balsa de piedra que, como en la narración de Saramago, se desgaja de los Pirineos y se interna en el Atlántico. Europa ya es cosa nuestra y lo nuestro es y ha sido la aventura marítima hacia todas partes. Herman Hesse se anticipó al decirnos que hoy no está la razón política en el mismo lugar donde se halla el poder. Es preciso que exista una afluencia de inteligencia e intuición desde círculos no oficiales. Debemos animarnos a intentarlo porque es razonable. Una vez más Rosalía nos llama. La cito en su lengua, que todos podemos entender. Dende aquí vexo un camiño que non sei a donde vai;polo mismo que no sei, quixiera o poder andar.

José Antonio Martín Pallín. Magistrado. Comisionado de la Comision Internacional de Juristas.

Hace unos meses, el Gobierno encargó a un grupo de expertos la redacción de un borrador de modificación de las condiciones por las que se regula la interrupción voluntaria del embarazo.

Su trabajo se ha plasmado en el anteproyecto de Ley de la Salud Sexual y Reproductiva, que incluye medidas educativas y sanitarias y se inclina por un sistema de plazos combinado con una serie de indicaciones cuando concurren graves anomalías en el feto o excepcionales riesgos para la salud de la madre.

Es la ley que algunos pedimos en 1985 y que rige en nuestra Europa de forma generalizada, sin confrontaciones ni anatemas.

Pero mientras se gestaba el borrador, un grupo numeroso de cualificados científicos, de convicciones antiabortistas, hizo público el llamado Manifiesto de Madrid “en defensa de la vida humana en su etapa inicial”, sosteniendo que la reforma obedece a “intereses económicos e ideológicos”.

Veamos, si admitimos que el pluralismo es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico constitucional, quizá podamos acercar posturas. En todo caso, no es posible alinearnos con los escasísimos países que prohíben el aborto de manera absoluta.

1. Primera aproximación meramente lingüística. ¿Estaríamos de acuerdo en que lo actualmente regulado y lo que se propone por el anteproyecto de ley del Gobierno nada tiene que ver con el aborto libre?

2. Segunda aproximación: comienzo de la vida. Los firmantes del Manifiesto de Madrid en defensa de la vida humana sostienen que “existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación”.

Reconocerán que el zigoto no sirve para la reproducción asistida. Según parece, la comunidad científica podría compartir que el embrión, compuesto por múltiples células, es el paso siguiente al zigoto en el proceso de desarrollo. Es evidente que no forma parte de ningún órgano de la madre, aunque dependa de ésta, según reconoce el Manifiesto de Madrid. El único matiz discrepante sería la fijación de las semanas que permiten, sin condicionamientos, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Estaríamos dispuestos a debatirlo?

3. El aborto como acto de crueldad. El Manifiesto admite el término interrupción voluntaria del embarazo (acercamiento terminológico), pero añade significativamente que, además, es un acto “simple y cruel de interrupción de una vida humana”. Esta afirmación resulta contradictoria con otros pasajes en los que se califica la decisión como traumática y de consecuencias insoportables y perpetuas.

Las personas crueles no tienen conciencia del drama y dolor que causan a los demás. Los torturadores tienen un alto concepto de sí mismos, y todos podemos coincidir en que se trata de seres inequívocamente crueles.

4. Respecto del consentimiento, el Manifiesto viene a sostener que el aborto es algo inducido y nunca voluntario, al deslizar la expresión “la mujer a quien se proponga abortar”. ¿Y la que lo decide libre y espontáneamente? ¿Quieren decir con ello los firmantes del Manifiesto que el aborto es una decisión que se inculca a las mujeres? ¿No conciben esos firmantes la posibilidad de la libertad de elección?

5. En casos de minoría de edad podría plantearse la posibilidad de un consentimiento informado, racional y maduro. Dicen que privar a las mujeres de 16 y 17 años de la presencia, consejo y apoyo de sus padres para tomar la decisión de seguir el embarazo o abortar es una irresponsabilidad y una forma clara de violencia contra la mujer. Pensemos en padres que, por sentido decimonónico de la honra, consideran un deshonor el parto de la hija y la aconsejan u obligan a abortar. ¿Estaríamos dispuestos a rescatar su autonomía de decisión y permitirle que sea ella la que haga frente a la violencia que supone la postura de estos padres?

La Ley de Autonomía del Paciente de 2002, aprobada con Gobierno del Partido Popular, concede total capacidad a las menores de 16 y 17 años para decidir si se someten a un acto médico infinitamente más arriesgado vitalmente que una interrupción voluntaria del embarazo. El legislador no explicó la ilógica decisión de excluir entonces la posibilidad de abortar de la autonomía de la voluntad. No tuvo en cuenta que la Convención de Derechos del Niño, ley española, nos recuerda constantemente la obligación de respetar el interés superior del niño asegurando su atención sanitaria para preservar su salud física y mental.

También la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece que los menores gozarán de los derechos que les conceden la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, y especialmente la Convención de Derechos del Niño, y de los demás derechos que le conceda el ordenamiento jurídico sin discriminación alguna por razón de sexo.

Algunos encuentran insuperable que un menor no pueda comprar alcohol y tabaco y por el contrario pueda abortar. Confunden los términos de la prohibición. La ley no puede impedir que los menores beban o fumen, y de hecho lo hacen; lo que sí puede prohibir y sancionar es que se les venda esta clase de sustancias.

6. Sostienen que el aborto es un drama con dos víctimas. Podríamos estar de acuerdo sobre la existencia de un drama, pero sólo con un actor, la mujer.

Vivimos constantemente ante dilemas y opciones. Unas son las normales de la vida y otras encierran también un trauma y pueden tener consecuencias irreversibles. Por ejemplo, decidir una separación o divorcio puede resultar en un grave conflicto.

Una parte del Manifiesto parece abrir una puerta a la interrupción voluntaria del embarazo por indicaciones éticas. Afirman que el embarazo procede de una relación compartida y voluntaria. Ello da paso a la posibilidad de admitir el aborto en los casos de embarazos no deseados y los que son producto de una violación.

7. Los firmantes mantienen una postura tutelar de la mujer considerándola sin capacidad ni autonomía. Sostienen que “es preciso que las mujeres que decidan abortar conozcan las secuelas psicológicas de tal acto”. Si se refieren a las mujeres de 16 y 17 años, el anteproyecto de ley se preocupa de que su consentimiento sea suficientemente informado.

La mujer conoce perfectamente el alcance de su decisión, y nadie, salvo la ley, le puede sustituir en la encrucijada o administrar sus sentimientos.

Dejemos que cada persona sienta e interiorice sus culpas y obsesiones recurrentes. Freud podría aclararnos a qué se deben las pesadillas de esta o de otra índole. Llaman la atención sobre alteraciones de conducta y pérdida de autoestima. Algunas mujeres pueden pensar que cometieron una estupidez quedándose embarazadas y con ello no aumenta su autoestima. No conduce a nada adentrarnos por vericuetos enigmáticos e inseguros.

8. Objeción de conciencia. La objeción de conciencia del personal sanitario abre un debate necesario e impuesto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El dilema entre coadyuvar a un crimen, según los antiabortistas, o ayudar a una persona a solucionar un problema vital con un acto médico debería ser suficientemente explicado y razonado por los objetores.

9. Por último, ¿podríamos aceptar todos que las mujeres nacen libres y con iguales derechos que los hombres?

El Tribunal Constitucional ya ha dicho que el nasciturus (el feto) es un valor o bien constitucional. Ahora bien, esta condición no puede prevalecer sobre la decisión de la madre. La voluntad de la madre pertenece al campo de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico constitucional.

Los eclesiásticos están en su derecho al amenazar con los males del infierno, y los legos antiabortistas pueden utilizar el tremendismo de la trituradora de fetos como argumento de impacto visual si no tienen capacidad para debatir la cuestión en el terreno de la lógica, la ética y la inteligencia. Sólo la intolerancia es inconstitucional.

José Antonio Martín Pallín, magistrado, es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

Se ha cumplido el primer aniversario de la Ley de la Memoria Histórica, publicada casi 30 años después de la instauración de la democracia. Un manto de silencio ha caído sobre la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 que abrió diligencias penales para judicializar y esclarecer los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez Garzón plantea una cuestión clave: “Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia española por lo que, hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad”.

La Audiencia Nacional (AN), al resolver el Recurso del Fiscal, declara extinguida la responsabilidad penal, por fallecimiento, de los líderes golpistas y admite, dialécticamente, la existencia de delitos de detención ilegal con desa-parición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad, cometidos por personas fallecidas antes del inicio de la causa.

De forma incongruente se declara incompetente para conocer de estos crímenes, inhibiéndose en favor de los juzgados de instrucción, convirtiendo los hechos en delitos comunes. Para evitar malentendidos añade que esta resolución no afecta al “legítimo derecho de las víctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos dignificarlos y honrar su memoria”. Al mismo tiempo, declara expresamente excluidas de la resolución las cuestiones relativas a la prescripción o a la aplicación de la Ley de Amnistía. Resulta llamativa la afirmación tajante de que el delito de rebelión nunca ha sido competencia de la AN cuando expresamente se la atribuye la Ley Orgánica 4/1988.

Los argumentos del voto particular, manteniendo que nos encontramos ante un delito contra la forma de gobierno, son abrumadores. El propio fiscal acepta esta hipótesis, pero a continuación hace una finta, señalando que, en todo caso, sería competencia del Tribunal Supremo (TS), dada la condición de jefe de Estado y ministros de los imputados. Debe saber el fiscal que la competencia del TS se extiende solamente a los delitos cometidos por los aforados en el ejercicio de sus cargos. No sabíamos que un general golpista es un alto cargo y que además actúa en el ejercicio de sus funciones.

Si la AN conoce de los crímenes de derecho internacional sujetos a jurisdicción universal cometidos fuera del territorio nacional, resulta absurdo que esta competencia se diluya entre los juzgados de instrucción españoles cuando delitos de esta naturaleza se cometan en España. Siempre se ha dicho que el derecho tiene horror al vacío pero mucho más a la irracionalidad. Si la jurisdicción es universal, el territorio español no puede quedar fuera del universo. Es una contradicción en los términos, insalvable y absurda.

La situación actual es paradójica, insostenible e incluso puede devenir en delictiva. La AN se ha desprendido de su competencia y algunos juzgados de instrucción tampoco quieren saber nada de la investigación de hechos que tienen una incuestionable apariencia delictiva. Hace tiempo, EL PAÍS publicó la fotografía de una fosa común repleta de cadáveres con las manos atadas a la espalda y orificios de bala. Evidentemente, nos encontramos ante una muerte violenta o sospechosa de criminalidad que obliga al juez de instrucción a personarse en el lugar de los hechos, describirlo, identificar los cadáveres e incluso preguntar a los testigos que pudieran dar alguna luz sobre el hecho criminal. Esto ha sucedido en Málaga y ningún juzgado ni la fiscalía han solicitado que se abran unas diligencias penales.

Si alguna autoridad judicial o el ministerio fiscal tratan de justificar su escandalosa pasividad refugiándose en el texto de la Ley de la Memoria Histórica demuestra una preocupante ignorancia, al confundir la apertura de fosas con la persecución de delitos. La ley advierte que sus previsiones son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales establecidos en las leyes y en los tratados internacionales sucritos por España.

Los historiadores futuros comprobarán asombrados que hubo una Causa General contra los vencidos y ni un solo procedimiento penal contra los que recibieron el apoyo de Hitler y Mussolini.

Tampoco me parece solución abrir una oficina para facilitar la apertura de fosas como si se tratase de agilizar una licencia administrativa o de autorizar una excavación arqueológica. El Senado, en reciente decisión, ha privatizado la tragedia histórica, negando subvenciones para buscar la verdad.

Ésta es la paradójica situación actual. Miles de cadáveres a la búsqueda de un juez que les ampare. Los muertos están en las cunetas y fosas por crímenes contra sus personas y toda la humanidad. Los muertos saben esperar y conocen la verdad. Es posible que algún juzgado se considere incompetente por estimar que los hechos que está investigando son verdaderos crímenes contra la humanidad y devuelva la causa a la Audiencia Nacional. Habríamos perdido innecesariamente un tiempo que se dilata demasiado para la mayoría de las víctimas.

José Antonio Martín Pallín, magistrado, es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.