Reggio’s

Es una auténtica paradoja: un Gobierno socialista pilota una política que va a convertir TVE en algo marginal en beneficio de un previsible duopolio –formado por las concentraciones entre Antena 3 y La Sexta, y Telecinco y Cuatro-, sólo tres años después de haber elaborado una ley  (la de 5 de junio de 2006) que, por primera vez, permitía a TVE un alto grado de independencia respecto del Gobierno y que era el resultado del dictamen emitido por un comité de “sabios” con cuyos criterios generales se inspiró la normativa del Ejecutivo.

¿Recuerdan a Fernando Savater, Victoria Camps, Emilio Lledó, Fernando González Urbaneja y Enrique Bustamante que se estrujaron las meninges para ofrecer un esquema de TV pública a Rodríguez Zapatero? Se creó un nuevo modelo y cuando TVE se encontraba en el mejor momento de credibilidad y de programación general –la más digna de todas con esa excepción clamorosa del procaz John Cobra—, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, por iniciativa propia o vicaria, y tras opacas reuniones con UTECA, derribó la ley de 2006 y la sustituyó por otra de 28 de agosto de 2009 en la que TVE dejaba desde enero de 2010 de financiarse de forma mixta, es decir, a través de transferencias presupuestarias y publicidad.

Desde el 1 de enero TVE recibe fondos del presupuesto y otros procedentes de las operadoras telefónicas (0,9% de sus ingresos brutos de explotación), de las TV privadas en abierto (3%) y de las TV privadas de pago (el 1,5%), además de otras fuentes menores. Pero en el bienio 2010-2011 TVE tiene un techo de ingresos de 1.500 millones de euros que se incrementará sólo un 1% en el bienio siguiente. Y a partir de 2014, los la facturación aumentará según el IPC.

Pero TVE ha liberado para el mercado la muy respetable cantidad de 560 millones de euros que irán a parar, como bien contaba en EC Daniel Toledo el pasado jueves, a Telecinco-Cuatro (116 millones) y a Antena 3- La Sexta (68), es decir, el 65% de la publicidad que captaba TVE financiará a las privadas, un 20% a otros medios y un 15% se diluirá o se perderá. Este sistema de financiación está sometido al análisis de legalidad europea en la UE.

La Unión de Bancos Suizos (UBS) en España ha elaborado este informe que apunta también a un incremento de las tarifas publicitarias por las privadas (entre un 10 y un 20%) y al aumento de su valor en Bolsa. Por si fuera poco, la elaboración de muchos espacios de la programación de TVE se contrata con productoras vinculadas a las televisiones privadas. Precisamente por eso, los trabajadores de la Entidad fueron a la huelga el pasado miércoles.

Las privadas quieren más

Pero ahí no paran las cosas: la ley de agosto de 2009 impone a TVE tales obligaciones de servicio público y tal corsé financiero que su liderazgo actual en audiencia va a ser fugaz. Sencillamente porque no habrá dinero para sostener una programación comercial de calidad que el presidente de UTECA ya ha advertido debe suprimirse en TVE para –a lo que se ve—dedicarse en exclusiva a retransmitir los plenos parlamentarios y a emitir películas descatalogadas, para así no sólo zampar más tarta publicitaria sino impedir que TVE tenga la remota posibilidad de competir en audiencia como viene haciéndolo con notabilísimo éxito.

El Gobierno socialista se ha arrepentido de su medida más sensata  de cuantas se habían tomada sobre la TV pública y ha pasado a reducir sus posibilidades financieras de forma drástica, y cebar con los ingresos publicitarios  de TVE los ya abundantes de las privadas que, a punto de concentrarse, conformaran un duopolio, y una de las dos empresas será de capital extranjero: Mediaset,  propiedad de Silvio Berlusconi.

Con la aprobación del PP, el Gobierno sustituyó al Presidente de la Corporación, Luis Fernández, que obviamente dimitió, nombrando a Alberto Oliart, un político de la Transición y sin otras expectativas que gestionar disciplinadamente las escaseces progresivas de TVE. Ente que también en la primera legislatura socialista y bajo la dirección general de Carmen Cafarell, presentó, y fue aprobado, un abultado y muy generoso ERE que se consideró como la solución a todos los males de la emisora del Estado. ¿Qué ocurrirá ahora con el departamento comercial de  TVE? ¿Venderá Oliart, como dice necesitar, los derechos del motociclismo? ¿Fusionará La 2 con Cultural.2?

En definitiva: ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que veamos languidecer irremisiblemente la TV pública en España dejando todo el campo libre a la ya probada deontología y responsabilidad social de las programaciones de algunas privadas en la mente de todos? ¿Repara el Gobierno que al debilitar hasta estos extremos la TV pública y no poner mano sobre las autonómicas –que campan por sus respetos— pierde el Estado otro elemento de cohesión de los que no está sobrado? ¿Cómo compatibiliza el Ejecutivo su socialismo militante con recebar las cuentas de entidades privadas en detrimento de lo que es todavía “un servicio público”? Y en todo caso, ¿por qué tantas limitaciones a la programación de la TV pública? ¿Para, además de ingresos adicionales, trasvasar audiencia a las privadas y completar así el negocio de estas empresas con tan educativas y edificantes programaciones comerciales? ¿Está optando el Gobierno, sin decirlo, por el modelo de audiencia de la TV pública estadounidense (casi inexistente) en vez de hacerlo por la continental europea (potente y con distintas fórmulas de financiación)?

Un fraude político

Lo que ha ocurrido –y lo que va ocurrir con  TVE— es un fraude político, no sólo para el electorado socialista, sino para la sociedad española en su conjunto, a la que se priva de un instrumento de culturización, información, programación digna y patrimonio intangible común. Este Gobierno habrá de explicar con pelos y señales por qué en 2006 elaboró un modelo que, además funcionó, y en 2009 lo destruyó en pleno mes de agosto por decreto ley. Es imposible no sospechar segundas y terceras intenciones en la operación que dirigió Teresa Fernández de la Vega al margen y con desprecio de los máximos responsables de TVE que han migrado a compañías privadas porque eran, y lo son, buenos profesionales.

Si esta operación abrupta y sobrevenida termina en la previsible irrelevancia de  TVE, la responsabilidad por entero será –otra más— del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Mientras, Feijoo, Camps, Aguirre, Griñán, Montilla, López y Valcárcel siguen con TV autonómicas convertidas la mayoría –todas quizá y de modo inevitable- en terminales gubernamentales y con caño libre de financiación. El Estado como tal queda desapoderado de un instrumento decisivo de nacionalización democrática, mientras que las comunidades autónomas continúan fortaleciéndose, conformándose así un modelo de distribución de poder por completo desequilibrado. Al tiempo, RNE pierde delegaciones territoriales y la agencia EFE (con presencia en decenas de países y que promociona la lengua española) atraviesa por enormes dificultades incardinada en la SEPI.

Conclusión: el denostado –pero a lo que se ve también inteligente— Silvio Berlusconi, la supuesta antítesis de Zapatero, con una previsible cuota de mercado publicitario televisivo para su Telecinco (absorbida Cuatro) del 45%, será en este país todo un poder fáctico y ya sin los muy precarios equilibrios que suponía la presencia de Vocento en el accionariado de la cadena que dirige con mano de hierro Paolo Vasile.

No parecía coherente que el PSOE destruyera –otra cosa era racionalizar— el sistema de medios públicos de comunicación. Hasta eso ha conseguido y no precisamente por ahorro o por convicción, sino por motivos más prosaicos: granjearse apoyos para continuar en el poder. Este socialismo dispone de una capacidad de incoherencia destructiva sobrecogedora. Y el presidente del Gobierno italiano y dueño de Mediaset le ha tomado la medida a Rodríguez Zapatero con la rapidez del rayo. Francia, Reino Unido, la propia Italia, Alemania… por supuesto, tienen fuertes y eficientes televisiones públicas. Y total libertad de expresión. Allí parece que gobierna gente más seria.

Tan cierto es que Leire Pajín, secretaria general de organización, no controla el PSOE como que en el partido no hay unanimidad sobre la gestión de Zapatero e, incluso, sobre su continuidad, por más que el Presidente celebre reuniones a la búlgara con los grupos parlamentarios socialistas. Pero es igualmente cierto que si alguien en el PSOE y en el Gobierno ha aplicado silicona política a sus muchas fisuras, ese ha sido, es en la actualidad, José Blanco, vicesecretario general y ministro de Fomento.

Muchos le reprochan que no tenga carrera universitaria, pero nadie le niega capacidad dialéctica y aguante para fajarse con el adversario. Muchos también le afean su locuacidad hiriente pero, una vez llegado al Departamento gubernamental con más volumen inversor, Blanco se ha ido a Valencia, del brazo de Francisco Camps, para comprometerse con la llegada a plazo fijo del AVE a la capital del Turia. Y lo mismo ha hecho en Bilbao, al lado del lendakari López, desafiando a la banda terrorista ETA. Y no ha tenido inconveniente en hacer buenas migas con Esperanza Aguirre (considera a  Blanco  “un descubrimiento”) en Madrid con el compromiso de impulsar las cercanías ferroviarias y estudiar la cogestión de Barajas.

Blanco, además, y no es poco después de la muy criticada etapa de Magdalena Álvarez, se ha enfrentado a los temporales de enero y febrero evitando el colapso de los ferrocarriles, los aeropuertos y las carreteras. Y a los controladores aéreos les ha aplicado una terapia por Real Decreto que les disuadirá de amargar a miles de ciudadanos las vacaciones de Semana Santa, evocando así la determinación de aquel Reagan que militarizó de un plumazo a estos técnicos cualificados en cuyas manos está el buen funcionamiento del transporte por avión.

Blanco, vicepresidente de facto

Seguramente, si a Blanco le dejasen, sabría cómo encaminar a los sindicatos por la vía de la contención porque el vicesecretario general del PSOE conoce muy bien –después de un largo aprendizaje en la política-verité–  que las centrales de Toxo y Méndez son maquinarias burocráticas incapaces de subsistir sólo con las cuotas de sus afiliados y que se resumirían a la mínima expresión sin las subvenciones del Estado y sin la gestión de abundantes fondos para destinos varios que salen de las arcas públicas. En otras palabras: a Blanco no le montarían un dos de mayo por la reforma de las pensiones, mientras a Corbacho se le suben a las barbas a las primeras de cambio.

Todo esto lo ha ido descubriendo el Presidente del Gobierno poco a poco, hasta que ha decidido, sin crisis gubernamental (la presidencia europea no lo permite formalmente), elevar a José Blanco a una vicepresidencia de facto para que negocie con tirios y troyanos asistido de dos ministros técnicos –Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, y Miguel Sebastián, titular de Industria— y tome el timón de un Gobierno que se le ha ido de las manos desde hace meses a la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega. Y en el que sobran los titulares de Innovación (que debe integrarse en Industria), de Igualdad (que debe integrarse en Trabajo y Asuntos Sociales), del Medio Rural y Marino y Medio Ambiente (que debe integrarse en Fomento), de Vivienda (que debe incorporarse también a Fomento), de Cultura ( que debe acumularse a  Educación) y de Administraciones Públicas (ahora en manos del vicepresidente tercero, Chaves, que debería desaparecer y pasar sus competencias al ministerio de Presidencia).

El Congreso ya  ha instado al Ejecutivo a que el número de sus ministros no pase de catorce y el de vicepresidentes de dos. Ahora, Zapatero ha reducido su equipo a un tripartito dirigido por Blanco, flanqueado por Salgado y Sebastián y asistido por otros ministros de probada capacidad técnica como Francisco Caamaño en Justicia, un ministro que a la chita callando está ganando posiciones, y Pérez Rubalcaba en Interior (al que el caso Faisán trae por la calle de la amargura).

Zapatero pasa de su equipo gubernamental

Rodríguez Zapatero estudió derecho administrativo pero lo ha debido olvidar. Pasa de la colegialidad del Consejo de Ministros, pasa de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, pasa de las facultades de coordinación que los decretos de estructura orgánica respectivos atribuyen a las vicepresidentas, pasa de las competencias del ministro de Trabajo y toma la real decisión de encomendar a José Blanco la gestión inmediata de la situación socio-política.

Se trata, en consecuencia, de una aplicación de la eutanasia política compasiva a su Gabinete reconduciéndolo a una troika, a un tripartito, bajo la autoridad del ministro de Fomento que es vicesecretario general del PSOE y que reúne en su persona una doble autoridad: la del Ejecutivo y la del partido.

En mi modesta opinión, este movimiento de Rodríguez Zapatero –tan despectivo hacia algunos de sus colaboradores ministeriales, muchos de los cuales se quedan colgados de la brocha— ha sido lo más sustancial del debate del miércoles en el Congreso de los Diputados en el que Rajoy estuvo lejos de confundirse al reclamar a los propios socialistas que expropiasen al Presidente de la Moncloa.

Los focos se proyectan —¿estará acertando Rajoy?— sobre José Blanco que aparece ya, con Salgado y Sebastián de asistentes, en el escenario de la crisis. Sigamos atentos la representación de este inédito tripartito, jibarización institucional –como tantas otras— con las que Rodríguez Zapatero ha mutilado el sistema jurídico y político español. La decisión es arbitraria y si resulta, además, ineficaz, no sólo habrá quemado a Blanco, sino que habrá consumido la esencia de su propia magistratura constitucional.

Adolfo Suárez González ganó las elecciones democráticas el 3 de marzo de 1979. Pero el 29 de enero de 1981, entendiendo que él formaba parte del problema de España –colapsada económica y políticamente—, presentó su dimisión irrevocable y propuso como candidato a la jefatura del Gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo. El PSOE, con Felipe González a la cabeza, habían lanzado una feroz campaña contra el abulense al que hacían responsable de todos los males del país, que eran muchos: crisis política en el desarrollo de la Constitución recién aprobada; crisis económica –alto paro e inflación— y descontrol policial frente a una ofensiva terrorista de ETA que en 1980 se había cobrado la vida de 98 ciudadanos. Después vino el intento frustrado de golpe de Estado –el 23-F— y el cambio que preconizaban los socialistas que se instalaron en el poder desde 1982 a 1996.

Ha pasado mucho tiempo, pero lo mismo que José María Aznar marcó un precedente en la permanencia en el poder –sólo dos legislaturas-, Adolfo Suárez marcó otro: cuando se materializan en la figura y la gestión del presidente del Gobierno los males del país, y así es valorado dentro y fuera de España, le fallan los apoyos internos –a Suárez le falló UCD— y las encuestas le gritan que carece de la confianza de los ciudadanos, hay que manejar, y en su caso, ejecutar, la hipótesis de una patriótica dimisión.

La situación ha llegado a tal punto que el Rey está haciendo uso de sus facultades constitucionales (artículo 56 de la Constitución) “arbitrando y moderando” el funcionamiento normal de las instituciones. Si Don Juan Carlos ha debido implicarse en conciliar posturas, parece muy claro que se trata de la asistencia a un Gobierno cuyo presidente carece de la solvencia precisa para aunar posiciones y conseguir los pactos que requiere el país, un argumento adicional –la intervención del Jefe del Estado— que abona la tesis de la fragilidad gubernamental y que obliga al sistema a forzar todos los mecanismos, incluso el extraordinario de la Corona. ¿Hace falta que los hechos resulten más explícitos? ¿No es todo un mensaje nítido que el Rey se entreviste directamente los secretarios generales de los dos grandes sindicatos nacionales?

Parte del problema, no de la solución

José Luis Rodríguez Zapatero se mueve ahora entre la limitación en el poder que acuñó Aznar y la dimisión de Suárez. De seguir el ejemplo del popular, no repetiría candidatura; de seguir el del primer presidente de la democracia, barajaría la posibilidad de dimitir, dejando que su partido siguiese gobernando hasta el fin de la actual legislatura, librando a España de la mala imagen que proyecta en los mercados internacionales y, de forma mayoritaria, en la ciudadanía según delatan todas las encuestas publicadas por variopintos medios de comunicación.

Pegar “volantazos” para “recuperar crédito” (El País 7 de febrero de 2010), o que “Europa” recibe “de uñas a Zapatero” (La Vanguardia de 10 enero de 2010), o que “la prensa foránea pasa de la crítica a la mofa en la presidencia española” (Expansión de 14 de enero de 2010) o que “España asusta a Europa” (La Vanguardia de 6 de febrero de 2010), son titulares que, viniendo desde distintos observatorios mediáticos, conforman un cuadro de situación en el que el presidente del Gobierno es todo menos inocente. Si a eso se añade que su giro –no sabemos si convencido- en política económica –reforma de las pensiones, reforma laboral, recorte de gasto—, sea o no correcta, resulta contradictorio con su discurso anterior y desconcierta a su militancia, parece llegado el momento de plantearse si el Presiente, como Suárez en su momento, forma parte del problema y no de la solución.

La cuestión va de intangibles: para llevar adelante las reformas que España necesita, recetadas, además, por todas las instancias internacionales, son precisas condiciones ambientales y sociales tales como las de credibilidad en el Gobierno, confianza en sus capacidades y liderazgo. Sin embargo, Rodríguez Zapatero no cosecha ahora ninguna de esas virtudes cualitativas imprescindibles para abordar con éxito el futuro inmediato.

Según la media del índice de confianza extraído de las encuestas publicadas en los últimos quince días, Zapatero no concita la del 75% de los consultados y hasta un 77% tiene la viva sospecha de que improvisa, de que toma medidas sobre la marcha. Incluso dentro de su propio Gobierno –los casos de Chaves y de Blanco están ahí— le han contradicho en aspectos esenciales de la reforma de pensiones (sobre el cómputo para su cobro); socialistas periféricos como Barreda le han pedido un cambio de Gobierno, y el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, ha subrayado el “clima de desconfianza” existente, mientras otros militantes como Manuel de la Rocha rechazan medidas gubernamentales como lo hacen otros muchos que no pudieron intervenir en la reunión del pasado miércoles del Presidente con los congresistas, senadores y europarlamentarios del PSOE.

Vuelta a las andadas

La “conspiración” del mercado contra España –una excusa de mal pagador de la que se ha ido retractando poco a poco el Ejecutivo por temor más al ridículo internacional que a la endeblez de la coartada para explicar la inconsistencia de la política económica— ha marcado el cenit del desconcierto del Gobierno que, después de una semana de alivio –frágil e ínfimo repunte de de la Bolsa y merma de la prima de riesgo de nuestra deuda-, ha vuelto a las andadas: ahora resulta que España va a “salvar” a Grecia; se da una vuelta de tuerca más al gasto público prorrogando la ayuda de 420 euros a los parados sin subsidio, y se presenta un cosmético proyecto de reforma laboral que el catedrático Juan Antonio Sagardoy –de autoridad indiscutible—entiende que “no es una reforma ni en la forma ni en el fondo. Es una recomendación que tiene interés por su contenido, pero poco más (…) la tarea es mucho más titánica y, sin duda, más dolorosa” (ABC 11 de febrero de 2010)

De la desastrosa comparecencia de Davos hasta hoy, no ha cambiado nada. Sólo una leve mejoría en el interés de colocación de la deuda y un pronunciamiento editorial más benigno de The Financial Times a cuyo directorio cumplimentó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, mientras su secretario de Estado, se esforzaba en la City londinense en convencer a los analistas, que han decido ofrecer unos días de tranquilidad, rotos el jueves con tres demoledores artículos en The Economist. Por su parte, las agencias de rating Moody´s y Fitch mantienen para España la triple A, como si semejantes entidades, después de su absoluto desprestigio, tuvieran ya capacidad de prescripción –positiva o negativa— acerca de la solvencia de nuestra economía.

Mientras tanto, los sindicatos –más subvencionados que nunca– y una patronal con una debilidad en la cúpula que la somete a sospecha, ofician de interlocutores en unos proyectos de reforma que se dilatan en el tiempo y que, de momento, han desembocado en un escuálido acuerdo salarial con cláusula de desenganche para la empresas que no puedan asumirlo.

Ni elecciones anticipadas, ni moción de censura

España tiene salida porque, entre otras cosas, tiene empresas fuerzas y diversificadas; la crisis puede superarse; no es inevitable caer en el pozo de los cinco millones de parados ni superar el 12% del déficit. Pero para que todo esto no suceda, hace falta un presidente del Gobierno creíble, sólido, con capacidad de interlocución y dominio de la situación asistido por un equipo que no se confunda cuando redacta los planes de estabilidad que envía a Bruselas y que aquí y ahora no diga una cosa, y allí y después diga otra.

No podemos permitirnos unas elecciones anticipadas y no hay aritmética para una moción de censura que sólo puede ser constructiva. Así que, si esta semana se ha abierto un claro en la borrasca (para los más realistas se trata de un espejismo) y Rodríguez Zapatero no acierta a aprovecharlo –y me temo que volverá a errar—, la salida que el propio PSOE tendría que propiciar, como lo hacen los partidos serios (ahí están los británicos y alemanes para demostrarlo), no sería otra que la de propiciar la patriótica dimisión del Presidente del Gobierno –como la de Suárez-, la formación de un Gobierno amplio del Partido Socialista que articulase pactos transversales con la oposición sobre reformas estructurales para alcanzar marzo de 2012 en unas condiciones presentables.

En nuestra democracia, no tan joven, ya hemos visto a un presidente dimitir (1981) y a otro autolimitarse en sus posibles mandatos (2002). O sea que la hipótesis que se plantea no sólo es verosímil, sino que llegará, sospecho, a ser la más conveniente. Claro que Rodríguez Zapatero es el legítimo y democrático presidente del Gobierno de España y hará lo que en su soberanía personal le venga en gana. De la misma manera, y como hizo el PSOE con Adolfo Suárez, al que fustigó hasta el insulto personal en el Congreso, la oposición y los medios de comunicación –por lo bajo, buena parte de sus votantes y militantes— tienen el derecho a percibirle, y proclamarlo, más como un problema que como una solución.

Y lo será mucho más cuando el Tribunal Constitucional nos haga el favor de cumplir con su obligación –para eso pagamos a sus magistrados— y dicte sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Porque en ese momento se palpará el meollo de la cuestión: la reforma de un Estado que ha devenido en insostenible debido, en buena medida, a estos años de su desgobierno.

Hace apenas unas semanas se publicó el último ensayo del hispanista francés Joseph Pérez bajo el sugestivo título de La leyenda negra. Se trata de un texto ilustrativo que atribuye la imagen inquisitorial, fanática e ignorante de España en el siglo XVI y siguientes, a un instrumento de descrédito para contener la expansión de la dinastía de los Austrias; la leyenda negra representó también una sostenida hostilidad de los países del norte –protestantes y anglosajones, que se consideraban superiores- a los del sur -latinos y católicos-; e interpretó en su momento, siempre según este historiador francés, un cierto “complejo de inferioridad y de frustración que los españoles acabaron interiorizando” por la persistencia de la denigración norteña. España -cabeza del Imperio con Carlos V- era fuerte y, por lo tanto, también odiada. Entonces se inventó -en eso consiste la leyenda negra- la agitación y propaganda contra la dinastía austríaca que derivó luego hacia la nación en su conjunto. Y la leyenda negra, con mutaciones diferentes, ha seguido dando mucho juego.

La imagen de España siempre ha estado lastrada por tópicos inverecundos, fomentados por intereses contrapuestos a los que les hemos dado muchos motivos en determinadas fases históricas como la actual. Lograron superarse con la Transición democrática y, especialmente, durante una buena parte de los años de gobierno de Felipe González y en, prácticamente, las dos legislaturas de José María Aznar. Ahora la percepción mediática de España está de nuevo deteriorada a manos de medios anglosajones -británicos y norteamericanos- que condimentan sus ataques con verdades y con exageraciones y recelos en dosis que podrían calcularse en porcentajes muy similares.

Errónea política exterior y económica socialista

Las verdades tienen que ver con la torpeza extraordinaria de la política exterior del Gobierno socialista y su mala gestión de la recesión económica. Rodríguez Zapatero infligió un golpe mortal a las relaciones con EEUU, Gran Bretaña y Canadá -además de otros países como Holanda- cuando retiró en 2004, sin trámites ni consultas, de manera fulminante, las tropas españolas desplazadas a Iraq en misión que nunca fue de combate, sino de apoyo logístico y humanitario. Luego, el presidente, transido de un populismo impropio, se amigó en exceso con  los regímenes indigenistas y autoritarios de América Latina -¿cuántas veces ha venido a España el caudillo Chávez?- descuidando la restauración de nuestras relaciones con el mundo anglosajón.

Tampoco las ha mejorado con Alemania, regida por una canciller -Angela Merkel- a la que el presidente Rodríguez Zapatero, consideró una “fracasada”. Nuestro jefe de Gobierno apoyó imprudentemente –con una visibilidad indebida- a los socialistas franceses de Royal, que recibieron una enorme somanta electoral de la derecha de Sarkozy en la presidenciales galas y, por fin, Moratinos es un diplomático simpático y campechano, pero conocido en todas las cancillerías occidentales por su gran especialidad: Palestina y el conflicto de Oriente Medio en el que sus inclinaciones han estado más con Arafat y sus sucesores que con Israel que, como es sabido, cuenta en Estados Unidos y otros países europeos con un lobby de extraordinaria potencia.

En las determinadas posiciones internacionales, nuestro país ha recordado mucho a los Estados llamados hace años “no alineados” y, en particular, por nuestra privilegiada relación con la dictadura en Cuba que la UE no comparte en absoluto; tampoco hemos sabido explicar nuestra posición en los Balcanes después de que el Gobierno se haya negado a reconocer la independencia de Kósovo, admitida, en cambio, por la mayoría de la comunidad internacional. Finalmente, no estamos siendo un ejemplo en nuestro rol de país-frontera con el norte de África, desde donde parte grandes flujos de inmigración al continente. Añadamos a este sumatorio la bisoñez de incursiones internacionales del Presidente como la reciente de Davos en la que habló -con fallo inoportuno de la traducción simultánea- entre el primer ministro griego y el letón, es decir, flanqueado por compañeros de panel nada económicamente sugestivos. Allí cuajó el viraje abrupto del Ejecutivo y el pasado jueves “negro”.

Desde el punto de vista político, es, pues, verdad, que la acción exterior española ha irritado a los países anglosajones cuyos medios de referencia hablan de los PIGS (acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y España) con desprecio y malestar. Hace unos años, el milagro español estaba en las crónicas de todos los corresponsales extranjeros en Madrid cuyo número, por cierto, ha disminuido. No trate de buscarse, pues, alguna suerte de conspiración para soslayar el reproche merecido a una política exterior y económica que nos ha llevado por malos derroteros. El primer mes de presidencia rotatoria de España ha sido, lamentablemente, un desastre. Hasta en las cumbres iberoamericanas el liderazgo de España es frágil como se demostró en la última celebrada en Lisboa. Y de nuestra prevalencia mediterránea, nada de nada: los franceses ya nos la han arrebatado.

Éxito internacional de las empresas españolas

Pero hay una parte de esos ataques mediáticos anglosajones y americanos que responden a intereses en absoluto razonables. España es, digámoslo sin ambages, una potencia empresarial en muchos de sus mercados. Sólo por citar tres ejemplos: el Banco Santander está ya arraigado en Gran Bretaña  sin ninguno de los problemas de solvencia que han tenido allí otras entidades financieras; Iberdrola opera en Escocia y en Estados Unidos, y es líder mundial en energías renovables, mientras que Telefónica es una de las cuatro grandes operadoras del mundo. No podemos olvidar a gestores de infraestructuras como Ferrovial –aeropuertos británicos-, a constructoras y tecnológicas como Acciona, Gamesa, Abengoa… que en conjunto han ido copando mercados difíciles, muy competitivos y en los que antes deambulaban mercantiles autóctonas o de terceros países pero, en todo caso, mucho menos eficientes y flexibles que nuestras compañías financieras, energéticas, telefónicas y constructoras.

La gran empresa española –de ahí que sus resultados se sostengan en plena crisis como se ha comprobado con el Banco Santander que los ha presentado  magníficos  pero descontados en la Bolsa por el llamado “riesgo-España- ha sabido diversificarse en una internacionalización que no se ha limitado a América Latina sino que ha ido por derecho al continente europeo. Y  a este fenómeno inédito hay que atribuir invectivas, críticas reiteradas, descalificaciones de carácter global, inspiradas en una cierta frustración de corte nacionalista. Es verdad que los anglosajones saben reconocer mejor que los latinos los méritos y celebran los éxitos, pero no tanto como para desaprovechar que el Pisuerga de Rodríguez Zapatero pasa por el Valladolid de España. O sea, y resumiendo, nuestra regresión en imagen mediática se debe, en buena parte, a una mala gestión de alianzas y entendimientos políticos internacionales y a la impericia en la gestión económica del Gobierno, pero también a la gran talla  y proyección que han alcanzado un grupo numeroso y potente de compañías españolas que suscita recelo y envidia. O sea, que The Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist, son medios de referencia pero que no escapan a determinados prejuicios, apriorismos e inercias recelosas que siempre han arañado la imagen de España. Pongamos, pues, las cosas en su sitio.

Aunque los ciudadanos consultados por las dos últimas encuestas del CIS releguen el terrorismo a lugares secundarios en las preocupaciones generales, lo cierto es que la banda terrorista ETA asesinó en 2009 a cuatro personas por distintos procedimientos criminales: coche-bomba (dos guardias civiles); bomba lapa (un inspector de policía) y tiro en la sien (un empresario). Además, siguió extorsionando y destruyendo –las viviendas de la Guardia Civil en Burgos, atentado que pudo costar muchas vidas— y maquinando para urdir otros crímenes. El saldo de las cuatro vidas cobradas por el terrorismo etarra es escandaloso en la Europa de 2009. Somos el único país occidental con esta lacra que, por desgracia, está aún lejos de diluirse de modo definitivo

El aviso público de Pérez Rubalcaba, en el sentido de que ETA podría perpetrar un secuestro o un asesinato (o varios), se inscribe, efectivamente, en una correcta política antiterrorista. Como ha escrito Florencio Domínguez, experto periodista en este tema, redactor jefe de la agencia Vasco Press, “este tipo de alertas se han empleado unas veces tratando de provocar movimientos de los terroristas y otras, justamente para lo contrario, buscando que no se movieran. En todos los casos, los responsables antiterroristas contaban con sus informaciones que les permitió desarrollar operaciones que se movían en el campo de la guerra psicológica”.

Y es que lo que está ocurriendo en el seno de ETA y de su entorno abertzale, preludia que los llamados duros de la organización reduzcan las contradicciones y cierren el debate mediante la comisión de un atentado o de un secuestro con un formato alternativo: el de Ortega Lara –largo y con mucha infraestructura delictiva-, el de Miguel Ángel Blanco -corto y sometido a la inminencia del asesinato-. Es verdad que la colaboración francesa se ha incrementado de manera sustancial (el Tribunal Correccional de París condenó el jueves a Josu Ternera y a su hijo  en rebeldía por pertenencia a asociación de malhechores), y es toda una novedad que la Consejería de Interior del Gobierno vasco esté en manos de un hombre decidido y sin complejos como el socialista Rodolfo Ares que ha puesto a la Policía Autónoma a trabajar en la lucha antiterrorista. Pero aun así y todo, los etarras disponen de capacidad  -aunque menos que antes— para provocar una tragedia.

Un debate falso

Desde que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 10 de noviembre de 2009 convalidase la ilegalización de Batasuna, dejando a los cómplices de ETA sin instancia de recurso alguno, los agentes etarras en la legalidad están tratando de volver a las instituciones en las elecciones municipales y forales de 2011 para, en primer lugar, vivir del presupuesto y nutrir las arcas de sus herriko tabernas (locales de la izquierda proetarra), y en segundo, para disponer de un altavoz para sus tesis de apoyo a la banda criminal, revestidas de reclamación soberanista o independentista.

Para obtener la vuelta a la legalidad y depredarla, los abertzales han puesto en marcha, por enésima vez, un debate absoluta y totalmente falso: la discusión de un documento en el que de forma implícita –lejanamente implícita— se renunciaría a la violencia. El documento de debate se denomina Interpretación de la fase política y la estrategia y se ha discutido en más de dos centenares de pueblos y localidades por más de seis mil militantes. El documento en cuestión es, de nuevo una trampa. No hay una apuesta decidida, clara, terminante e irreversible de reclamar a ETA el abandono del terrorismo, sino circunloquios y eufemismos, que ya han sido contestados por la propia banda con otro documento –denominado Mugarri—en el que ponen los puntos sobre las íes.

La cúpula de la organización criminal ha lanzado mensajes claros: ha expulsado del colectivo de presos a cinco criminales que están penando sus delitos, después de haber excluido de su ámbito a otros, todo ellos con cierta relevancia. Pero los presos que, naturalmente quieren salir, desean soluciones pacíficas para beneficiarse de eventuales medidas de gracia, prevista en el llamado Pacto de Ajuria Enea de 1988 y que suscribieron todas las fuerzas políticas. ETA los disciplina a través de sus abogados de cabecera, presionando a sus entornos familiares y haciéndoles el vacío social. En último caso, si salen, los liquida como hizo con María Dolores González Cataraín, Yoyes, a la que asesinó el 10 septiembre de 1986 en Ordizia.

La llamada izquierda abertzale dispone de un potencial en el País Vasco de entre 100.000 y 150.000 votos que se disputan los proetarras y los nacionalistas del PNV y de EA. Y, naturalmente, la propia ETA, porque de ese magma extrae la organización a sus delincuentes, apoyo logístico, recursos para la kale borroka y capacidad de movilización como la del sábado pasado contra la “dispersión” de los presos. Otegui, en la cárcel ahora y, a tenor de los casos que tiene pendientes, en ella seguirá por mucho tiempo, parece ser el líder de ese abertzalismo quizás algo más reblandecido al que le gustaría una vida más cómoda, agarrada a la ubre de los presupuestos públicos.

ETA sabe cómo tratar estos decaimientos de sus hooligans, conoce muy bien los mecanismos precisos para aglutinar a sus manadas y conoce los recursos que hay que utilizar para disuadir a los disidentes. Y sabe muy bien que nada emite un mensaje más nítido sobre quién tiene el mando que una exhibición de fuerza en forma de atentado criminal, a poder ser en un escenario social y político de máxima repercusión como podría ser este primer semestre durante el que se celebran en España varias cumbre y encuentros europeos con motivo de la presidencia española de la UE.

Pistolas encima de la mesa

La experiencia es la madre de todas las ciencias, y entre ellas, de la ciencia histórica. Ésta señala que la banda terrorista ETA deja hilo a la cometa –es decir, permite hasta un cierto límite una especie de debate-, pero si la discusión rebasa determinados controles de ortodoxia –y es lo que ahora está sucediendo— pone las pistolas, las bombas o los secuestros encima de la mesa y reina el silencio y la unanimidad entre sus huestes. Y eso es lo que hará a no tardar porque no sólo ha de dar una respuesta a sus bases, sino al Gobierno central y al vasco.

De fondo, además, se produce otro enfrentamiento menos visible pero encarnizado, que ETA tiene muy en cuenta: el de las distintas familias nacionalistas que pugnan por llevarse los restos de serie del abertzalismo, descapitalización que tampoco consentirán los terroristas. Por eso, el regreso de ETA –su criminal reaparición— es desgraciadamente irremediable.

Y que nadie se engañe: no hay debate que liquide a la banda. A los terroristas sólo cabe derrotarles, detenerles, juzgarles, no darles tregua alguna y lograr su extinción sin diálogos y sin  atajos. Demostrando así que el Estado se impone sin resquicio de cesión alguna. ETA ha tenido tres oportunidades (1989, 1998 y 2006) para acabar su macabra trayectoria de forma dialogada. Las tres las ha despreciado. Por lo tanto, la única solución es la eliminación de la última banda terrorista en Europa. Lo cual, por cierto, sería mucho más fácil si el PNV y EA colaborasen más para lograrla.

Desde ayer, José Luis Rodríguez Zapatero es el presidente de turno de la UE, aunque su protagonismo se verá mermado de forma casi radical por el presidente permanente, el belga Herman Van Rompuy, al que, además, el jefe del Gobierno español ha dado todas las facilidades para que asuma la máxima relevancia a lo largo de este semestre. La verdad sea dicha: España no es un ejemplo de europeísmo y Rodríguez Zapatero hace bien en camuflarse.

Y no lo es, en dos ámbitos: por un parte, en el político, porque el Gobierno despliega unas medidas económicas alejadas de las más estandarizadas en la Unión; por otra, en el social, porque los españoles, oficialmente tan pro europeos, en realidad desarrollamos una larvada eurofobia que se manifiesta en pasar olímpicamente de la UE, olvidando las ventajas que comporta.

Según las encuestas del CIS, no sólo ha caído en picado el interés informativo sobre la UE (el 58%), sino que ha crecido también la desinformación casi total de los ciudadanos sobre la Unión (el 68%). Asimismo, se ha deteriorado la confianza en las bondades europeas que lo son sólo para el 54% de los consultados por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

El Gobierno de Zapatero se estrenó con el referéndum -el 20 de febrero de 2005- de la llamada “Constitución europea” que cosechó la mayor abstención de la historia democrática española (el 57% del censó no acudió a votar) y luego ha estado en la punta de lanza -siempre verbalmente- de cualquiera de las iniciativas europeístas. Lo cual, al parecer, es compatible con la tasa más alta de parados por falta de reformas laborales (se anuncia una para este mismo mes, así como de las pensiones); con un déficit del 10% que quiebra el pacto de estabilidad sin visos de recuperarlo en muchos años; con casi cuatrocientos expedientes en la Comisaría de la Competencia por supuestas ayudas ilegales del Estado en diversos sectores productivos; con el recelo de la UE a instrumentos económicos tan importantes como el FROB (para recuperar el sector de las Cajas de Ahorro) o el Plan E, que la Unión  somete a estrecha vigilancia, y con la mala, fraudulenta o nula transposición de directivas -como la de servicios- que empantanan nuestra economía en la falta de competitividad y  productividad.

Transporte, comercio y profesiones

Hemos vistos a los taxistas colapsar Madrid en protesta por la tímida liberalización del transporte de pasajeros y estamos contemplando el pandemonio de leyes autonómicas que se burlan de la directiva de la UE que liberaliza la apertura de las grandes superficies. Cada autonomía -en especial la catalana, la balear y la gallega- están dictando normas supuestamente  proteccionistas del pequeño comercio, evitando el criterio liberalizador instruido por la UE. Todavía es casi un misterio cuándo y cómo se liberalizarán las profesiones en España: abogados, procuradores, médicos… sometidos a colegiación obligatoria para el ejercicio de su función. El Congreso ha aprobado las llamadas leyes “paraguas” y “ómnibus”, pero de las 7.000 normas que se ven afectadas por la directiva de servicios de la UE y que deben ser modificadas, sólo el 15% es competencia del Estado. El otro 85% queda en manos de los parlamentos autonómicos, cuyo clientelismo ha quedado suficientemente acreditado.

Si introducimos en la coctelera la política económica del Gobierno, las resistencias a las transposiciones de las directivas de liberalización, la burla de las normas que impiden la irrupción del Estado en sectores económicos, la falta de disposición de las clases profesionales a entender la competencia conforme a pautas del siglo XXI y el desapego ciudadano a lo que es y representa la Unión Europea, se llegará a la conclusión de que, mientras protestamos acerca de nuestro sincero europeísmo, somos uno de los países que más profesa la eurofobia. Y no añado a este fardo la errática política exterior española que poco tiene que ver con la de Francia, Alemania, Italia o Reino Unido.

Corrientes antieuropeas

Ramón Jáuregui, el eurodiputado jefe de los socialistas españoles en Bruselas ha escrito sobre las Corrientes antieuropeas. Consistirían en la resistencia nacionalista a ceder “soberanía y aceptar regulaciones europeas en múltiples materias”, también en intereses financieros no compatibles con regulaciones necesarias, en la disputa sobre la política en los Balcanes, en los criterios enfrentados sobre el agua y la energía y, por fin, en “una corriente euroescéptica, o peor, eurófoba,” que habría anidado en casi cien de los setecientos cincuenta  eurodiputados, que militarían “en las peligrosas ideas del ultranacionalismo”. A todo lo cual Jáuregui añade “el euroescepticismo latente de los no votantes (más del 50% en la mayoría de los países de Europa el pasado 7 de Junio)”, es decir, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

Todo lo que dice nuestro Jáuregui, es de aplicación a España. Con una diferencia: aquí nadie se reconoce ni euroescéptico ni, mucho menos, eurófobo. Pero una cosa son las palabras y otra  los hechos y éstos delatan a España como uno de los Estados más descolgados del espíritu y la letra de la Unión Europea. Aquí no hace falta un partido anti europeo porque basta con la práctica generalizada de desentendimiento de los criterios marcados por la UE. Suponer que quienes son responsables de esta increencia europeísta -el Gobierno socialista, en definitiva- van a liderar su recuperación este semestre es, de nuevo, un engaño transmitido a la sociedad española conforme al manual antropológicamente optimista y buenista de nuestro Presidente del Gobierno.

Hay que decirlo con claridad: España tiene en la UE un grave problema de reputación europeísta -en buena parte por la fragmentación autonómica- después de que con el primer Gobierno de Aznar el país hiciese ejemplarmente el esfuerzo de integración en la moneda común con un escrupuloso cumplimiento del Pacto de Estabilidad.

Todo aquello es historia y ahora sólo quedan palabras. Por eso, es mejor que la presidencia de turno española de la UE pase con discreción y sin alharacas y con un serio esfuerzo para volver a reencontrarnos con una Europa sin la que esta recesión económica sería más dramática de lo que ya es, y el horizonte menos nublado de lo podría aparecer de no contar con el asidero de Bruselas, que si incómodo -porque exige flexibilidades a nuestra rigidez socio-económica- es esencial para nuestro futuro.

Hace sólo unos meses un alto dirigente del PP me confesó que la peor hipótesis para su partido en las próximas elecciones generales sería que el PSOE sustituyese a Rodríguez Zapatero por un candidato/a de refresco. En aquel momento no me pareció verosímil que esa hipótesis pudiera darse. Sin embargo, lo es. El diario Público -en la órbita de la izquierda- abría su edición del pasado domingo con una información según la cual, el presidente aplazaba hasta 2011 el debate sobre su presentación de nuevo en las elecciones generales. Sin embargo, lo más llamativo fue el artículo publicado en el diario El País el viernes anterior, 18 de diciembre, firmado por el  sociólogo José Luis Álvarez bajo el título ¿Y si Zapatero no vuelve a presentarse?

Para el articulista la carencia de liderazgo tanto de Rajoy como de Zapatero será “irremediable” en las próximas elecciones legislativas de 2012, planteando la cuestión de si “Zapatero debe renunciar a presentarse la tercera vez, adelantando su sucesión para que emerja un nuevo cabeza de lista socialista.”  Álvarez da por perdidas las elecciones para el PSOE si se presenta Zapatero, suponiendo (véanse las encuestas de este fin de semana pasado de El Periódico de Catalunya y ABC, en el desplome socialista) que “es lo que más le conviene a Rajoy”. Escribe que “una derrota de Zapatero puede abocar al PSOE a una travesía del desierto similar a la de sus correligionarios franceses, italianos y alemanes.” Incluso, aunque el sucesor de Zapatero perdiera ante Rajoy, el sociólogo cree que sería buena la sustitución del actual presidente ya que “nadie podría exigirle que ganara a la primera.” Y llega a afirmar que “el principal reto de Zapatero es ya su sucesión”.

El entorno intelectual del PSOE, y de la izquierda en general, parece haber detectado el agotamiento de la figura política de Zapatero porque “ya no tiene nada sustancialmente nuevo y distintivo que ofrecer” (José Luis Álvarez); que la única solución para que el PP no se haga con el poder es apostar por una figura más creíble y solvente. Al margen de que este análisis -y el ruido de fondo que lo acompaña- delate con seguridad que los socialistas son conscientes de que el Presidente del Gobierno ha agotado su crédito, es cierto que se percibe un punto de inflexión generalizado a partir del cual se ha invertido el estado general de la opinión pública: este Gobierno no está en condiciones de sacar de la crisis a España, su política económica es heterodoxa respecto de los países de la UE, la política exterior de Zapatero nos aísla y el Presidente se ha metido en todos los charcos que dividen y crispan a la sociedad española: desde la ley del aborto, hasta un anteproyecto de ley de Economía Sostenible, que ha cosechado un fracaso general, pasando por un dislocamiento del Estado de las autonomías. La alternativa, guste poco o mucho, se impone al menos como remedio a una gobernanza ya sin rumbo.

La última intervención de Zapatero en la cumbre de Copenhague -que ha sido un total fiasco y en la que España ha carecido del más mínimo relieve- rozó el ridículo por su cursilería: “el planeta es del viento” dijo el Presidente creyendo que pronunciaba una gran frase. Pocas horas antes, Zapatero con su ministra Espinosa, se mostraba “antropológicamente optimista” sobre los resultados de un encuentro internacional que hasta el más lego sabía que estaba abocado al fracaso. La anécdota, si así cabe considerarla, remite a un Presidente que ha perdido el sentido de la realidad y que, como comienza a barruntarse, es ya un perdedor. Y como el entorno intelectual del PSOE -que ya le abandonó hace unos meses- se da cuenta de que la continuidad de su liderazgo lleva al socialismo a la oposición de modo indefectible, plantea desde ahora el debate de su sucesión anticipada.

Es difícil cambiar de caballo en plena carrera, pero como dice José Luis Álvarez en el artículo que vengo glosando “El PP no necesita detallar un programa contra la crisis económica, especialmente cuando la izquierda gobernante ha sido incapaz de proponer una lectura convincente de sus causas y, sobre todo, de proponer y comunicar políticas para encontrarle una salida”. Más claro, agua: el debate sobre la sucesión de Zapatero está  abierto desde sus propias filas.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no puede demorarse. Si lo hiciera, las presiones sobre el alto tribunal podrían resultar ya irresistibles. En el TC se ha generalizado la opinión de que las consultas independentistas del pasado fin de semana en 167 municipios de Cataluña no sólo eran una afirmación soberanista, sino también una forma de presión al Tribunal. Ofrecer más margen de tiempo para que se organicen otras medidas que pretendan condicionar a los magistrados, se considera en el TC una auténtica temeridad.

Por eso, todas las miradas están puestas en Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, designado magistrado del TC a propuesta del Gobierno en junio de 2004. Aragón, considerado un progresista, es también un riguroso jurista. Está alineado con los magistrados críticos con  aspectos esenciales del Estatuto catalán, aunque entre ellos median matices de alguna importancia. El único magistrado que puede liderar la sentencia –y no favorable al Estatuto— es Manuel Aragón porque ni la presidenta del TC, María Emilia Casas, ni la ponente de la resolución, Elisa Pérez Vera, disponen de autoridad moral sobre el resto de magistrados. Aragón la tiene. Porque añade, a su magisterio en derecho constitucional, una ideología más cercana a las tesis de un socialismo moderado –más bien, socialdemócrata— que fueron las que aconsejaron al Gobierno a proponerle para el TC.

Manuel Aragón expresó en una Tercera del diario ABC del 17 de diciembre de 2003 (ver PDF) –es decir, hace poco más de seis años— cuál era su criterio sobre los elementos fundamentales que se discuten en el Estatuto catalán, si bien lo hizo en referencia al plan de Ibarretxe, en el que se proponía una reforma del Estatuto vasco que articularía una “comunidad libre asociada” de Euskadi con el resto de España. Aragón escribió en ABC que el tal plan no suponía una reforma estatutaria sino “el ejercicio de un poder constituyente propio, en abierta oposición a los artículos 1 y 2 de la Constitución que atribuyen el poder constituyente sólo al pueblo español y que proclama la indisoluble unidad de la nación española (…)”.

Pero Manuel Aragón iba más lejos: “Y que no se diga que con la impugnación se sustrae a la representación popular, esto es, al Parlamento Vasco, la discusión de un asunto, que se invade el campo de lo político, que es por esencia el campo del debate parlamentario. Esta perspectiva no la comparto. Claro que no puede sustraerse nada al debate parlamentario, pero siempre que se cumplan las reglas exigidas por el ordenamiento.”

Y añadía: “Lo que ha ocurrido es que a través de una simulada reforma del Estatuto de Autonomía, que realmente no es una reforma  estatutaria sino el ejercicio de un poder constituyente propio del que se carece, se pretende reformar la Constitución fuera de los cauces previstos para ello. El fraude no puede ser mayor.”

A lo largo de este artículo Manuel Aragón reivindicaba, sin exención alguna, el papel del Tribunal Constitucional para contrastar la constitucionalidad de todas las leyes, incluidos los Estatutos y, como se deduce literalmente de los párrafos que he transcrito creía en la unicidad de la nación española y en que la soberanía reside en el pueblo español  en su conjunto. Sobre todos estos aspectos está montado el debate en torno a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.

De tal manera que el sexto hombre del TC –que sobre diez magistrados daría la mayoría a los que estiman que el texto estatutario vulnera la Constitución— se ha manifestado hace mucho tiempo sobre los puntos cruciales que están en discusión. Sólo un giro copernicano en sus criterios –altamente improbable dada su solidez jurídica—invertiría la actual correlación de fuerzas en el TC.

La imposible “nación de naciones”

Hace diez años –como publicó el pasado 29 de noviembre el diario El País-, Manuel Aragón también se pronunció sobre estas cuestiones en un trabajo titulado “El modelo territorial del Estado en España y sus problemas actuales”, en el que descartaba que el concepto de “nación de naciones” encajase en la Constitución. Entendía entonces, y en 2003, que el español es un Estado unitario y autonómico.

También se refería en ese trabajo al concepto cultural de nación que para él se correspondería con el de nacionalidad. Aragón consideraba entonces que introducir el término nación, reservada sólo a España, en un texto legal implicaba un germen “de disolución” del “texto constitucional” e incluso “del propio Estado”.

Está claro que entre la Tercera de ABC de 17 de diciembre de 2003 y del trabajo reseñado, escrito hace una década, Manuel Aragón, el hombre decisivo entre los diez magistrados del Tribunal Constitucional, ha dictado por anticipado su criterio sentenciador. Y no se ve razón alguna para que ese criterio sea cambiado.  Es, pues, el sexto hombre. Porque un empate a cinco –los magistrados, insisto, son diez— lo quebraría (aunque no quiere hacerlo) el voto de calidad de la presidenta María Emilia Casas que recordaría el triste episodio de Manuel García Pelayo, primer presidente del alto tribunal, que lo utilizó para salva al Gobierno de González en el asunto Rumasa.

Las cosas, pues, en términos jurídicos están bastante claras. Hace falta que la política, y el civismo, ambos, respeten las reglas de juego, según las cuales, el Estatuto de Cataluña, lamentablemente para todos, padece de graves infracciones constitucionales. Y si lo que se quiere es cambiar la Constitución, dígase alto y claro que en este país nadie se asusta ya de ninguna propuesta que, además, sería legítima y, en algunos aspectos, también – lo ha dicho el Consejo de Estado— necesaria.

Las concentraciones sindicales que se celebran hoy contra los empresarios –aunque se camuflen de manera diferente— son un despropósito cuando España se encuentra sumida en la recesión, con cuatro millones de parados y un déficit público que llegará al 10%. Y las consultas independentistas en 161 municipios de los 946 catalanes, a las que están convocados hasta 700.000 ciudadanos (ya se produjeron el jueves votaciones en Vic y en San Cugat del Vallés), es una auténtica frivolidad. El sistema económico y el modelo de Estado, en el alero. Pero estos acontecimientos que componen un fin de semana para los anales de la historia de los despropósitos, son la consecuencia de errores anteriores y encadenados.

Comenzaron cuando se negó la crisis –era sólo una desaceleración— y se disparó después el gasto público para contenerla, y cuando el presidente del Gobierno y el PSOE se comprometieron a una reforma del Estatuto de Cataluña que excedió los límites constitucionales. La coyuntura negativa se ha ido transformando en una estructura política y económica ineficiente. Ahí está el fracaso del anteproyecto de ley de Economía Sostenible y la negativa perspectiva para el rating español que ha lanzado S&P, respaldado por el Banco Central Europeo e instancias bancarias españolas.

Los problemas que afligen a nuestra política exterior –secuestro de cooperantes españoles por Al Qaeda del Magreb Islámico— y el terrible caso de Aminetu Haidar-, ponen la guinda a una gobernanza que no llegará a este paso al 2012, y que de alcanzar esa fecha habrá dejado al país en una condiciones ínfimas tanto económicas como sociales y políticas.

La disidencia de los socialistas catalanes

Pero, insisto, la legislatura no llegará a su conclusión si, como parece, el Tribunal Constitucional dicta sentencia contra aspectos importantes del Estatuto de Cataluña, después de que la presidenta Casas haya dado pistas sobre las limitaciones constitucionales de obligada observancia y la decisión de que sea la actual composición de TC y no otra renovada la que dicte la resolución. Los socialistas están tratando por todos los medios de crear un clima de confianza acerca del carácter meramente simbólico de determinadas previsiones estatutarias, lanzando a los medios a personas de acreditada solvencia como José Álvarez Junco (“El TC puede perfectamente aceptar la definición de Cataluña como nación recogida en el estatuto. De ella no se derivan necesariamente consecuencias soberanistas”) autor de Mater Dolorosa, una de las historias más polémicas sobre el alumbramiento de España como nación. La Iglesia catalana también ha echado su cuarto a espadas y el cardenal Sistach ha pedido “respeto a la identidad nacional catalana”.

Pero semejantes argumentos persuasivos no están impactando en los magistrados del TC. Habrá sentencia en los próximos meses y será convulsiva para los nacionalistas catalanes, pero también para el PSC que, muy estratégicamente, ha comenzado una “refundación de su ideario” del que saldrá el programa marco del socialismo catalán para la década 2010-2020. Y aquí está el meollo de la cuestión: una sentencia que deje al aire al tripartito podría quebrar –y así lo aseguran miembros del PSC— el apoyo de los diputados socialistas catalanes en el Congreso (nada menos que 27) al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Bastaría que se produjese esa fisura interna –hay que recordar que el PSC ya formó grupo parlamentario propio— para que el Presidente del Gobierno se vea compelido a convocar elecciones anticipadas.

Rodríguez Zapatero está al borde de su resistencia política, y una sentencia del TC sobre el Estatuto que le haga hostil a las fuerzas políticas catalanes le remataría tras el gancho en el hígado que le ha propinado el rechazo generalizado a su anteproyecto de Economía Sostenible. Las encuestas le son desfavorables al PSOE (las del diario Publico, de La Razón e incluso la de la revista socialista Temas, que le otorga al PP una ventaja de más de cinco puntos, todas ellas publicadas estos últimos días) y tenderán a serlo aún más si el deterioro político y social continúa y en el PP se van reduciendo las contradicciones internas y limándose fallos (la inasistencia de los presidentes autonómicos populares a la celebración del aniversario de la Constitución no tiene excusa), al tiempo que se va conformando una discurso programático ambicioso en las reformas y valiente en las decisiones a tomar.

Pero, con éstos o aquellos matices, esta legislatura boquea casi asfixiada y la salva, como era de suponer, el compromiso europeo de la presidencia española de la UE, muy disminuida tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que ha permitido la elección de un presidente permanente del Consejo y de la Alta Representante de la Unión para la política exterior. Ni en ese aspecto ha tenido suerte Rodríguez Zapatero, porque su figura entre el 1 de enero y el 30 de junio en la UE será secundaria y a las cumbres no asistirán ya ni los ministros de Asuntos Exteriores. Por eso, y por unos cuantos años de mal gobierno, la legislatura no da más de sí, y  sólo cabe dejar que transcurra hasta que un acontecimiento provoque su defunción. A cuyo borde ya estamos, en situación  comatosa y desesperanzada, como  reconocen hasta los más acreditados hooligans del zapaterismo.

Philip Meyer escribió en su libro The Vanishing Newspaper que el primer trimestre de 2043 será el momento del fallecimiento del último periódico en Estados Unidos. Pero, al paso que vamos, puede que la fecha del deceso se anticipe. ¿Por qué pueden morir los periódicos? No sólo –ni acaso principalmente—por la crisis económica o las mutaciones tecnológicas, sino también porque su función social, se extinga. Como acaba de escribir Arcadi Espada (El fin de los periódicos, Editorial Duomo) un diario “se parece a cualquiera de esos tipos que aparecen apuñalados en un callejón y nada más empezar a investigar el asesinato la policía se da cuenta de lo difícil que sería encontrar alguien que no hubiese querido matarle.”

He pensado en esa frase tan afortunada del periodista catalán al intentar valorar el enorme daño que los medios en general, y algunos muy en particular, han causado a Diego Pastrana, ese joven de Parla que vive en Canarias al que una concatenación de errores le arrastró a las primeras páginas de varios diarios con la terrible acusación de haber asesinado, y antes abusado, de la hija de su compañera, de tres años de edad. La demostración inmediata de su inocencia total –más aún, de su benemérito comportamiento trasladando a la criatura herida de una caída para que fuese atendida en el hospital— ha avergonzado a parte de la profesión periodística, esa que aún no ha desarrollado una epidermis paquidérmica. Muchos ciudadanos de buena fe se sintieron agredidos con la urgente acusación al muchacho –sin respetar ni uno solo de sus derechos constitucionales— y la inmensa mayoría, cuando se conoció de su inocencia, habrían reclamado un acto de contrición en toda regla y de todas las instancias implicadas en el linchamiento.

Crisis de credibilidad

Los que durante muchos años hemos escrito en periódicos consideramos el ejercicio de la profesión en los diarios de manera aristocrática respecto de otros medios. Pero episodios como los de Diego  Pastrana, desmienten de forma alarmante las ventajas de los rotativos sobre otros soportes informativos, audiovisuales y digitales. Sometidos a la presión de vender noticias –y a espectacularizarlas para lograr más lectores— los periódicos se han ido dejando en el camino sus fortalezas, que eran –y debieran seguir siendo— el esfuerzo por la veracidad, el rigor, la defensa de los valores cívicos, la proscripción del sensacionalismo, la capacidad de referencia y la fiabilidad. En definitiva: la credibilidad. Ignacio Ramonet, uno de los teóricos más reputados en estos asuntos, director de Le Monde Diplomatique, escribió en septiembre de 2005 que la crisis de los periódicos “tiene también causas internas que obedecen principalmente a la pérdida de credibilidad”.

El paroxismo de este decaimiento deontológico de los periódicos se produjo con el ya conocido como caso Jason Blair, (2003), un brillante reportero que, en realidad no era más que un plagiario: publicaba magníficos reportajes (inventados) y agudos análisis (copiados) en las venerables páginas de The New York Times. El gran periódico estadounidense encargó una investigación interna que encomendó a uno de los subdirectores del rotativo, Allan M. Siegal, que, después de varios meses, llegó a conclusiones escalofriantes. Había fallado todo, pero, en especial los factores de carácter moral, aquellos que hacen renunciar a un buen titular porque no está contrastado; evitar una fotografía porque invade zafiamente la intimidad o la imagen de un ciudadano en plenitud de sus derechos; la omisión de la responsabilidad de control por los responsables de la redacción y de la línea editorial del periódico y la frivolidad en entablar una carrera alocada con medios –radio, TV, Internet— que disponen de otras potencialidades diferentes a las de la prensa.

Los “perros guardianes de la democracia”

Los periódicos están, sí, en crisis. Porque se ha producido una hecatombe publicitaria; porque las nuevas generaciones prefieren soportes digitales; porque se ha impuesto el llamado periodismo ciudadano y porque sus modelos de negocio se han quedado obsoletos. Pero el descenso de las ventas de diarios responde también a causas no materiales sino racionales: los lectores quieren estar  seguros –y no lo están– de que el rotativo por el que pagan un determinado precio hace un constante esfuerzo de veracidad y adquiere cotidianamente un serio compromiso con los valores de carácter político y social que le singularizan como una opción editorial entre varias. La verdad –o, más exactamente, la veracidad y el rigor— no siempre son rentables a corto plazo, pero lo son en el medio y, sin duda, en el largo.

Recuerden: El matrimonio McCann no asesinó a su hija en el Algarve portugués como llegó a publicarse. Dolores Vázquez no mató a Rocío Wanninkhof. Y, siendo casos diferentes pero conectados por la conversión de sospecha en insidia, Diego Pastrana no abusó ni asesinó a una criatura de tres años. Los periodistas debemos tener fresca la memoria de nuestros errores porque a estas alturas de la historia nuestra función no consiste sólo en elaborar y difundir noticias, sino en convertirnos en garantes de la veracidad de lo que se publica, en barómetros intelectuales de la trascendencia de los acontecimientos que se suceden a un ritmo endiablado y en intérpretes de la realidad líquida que nos arroya.

Si arrojamos la toalla y nos rendimos; si nos precipitamos por el acantilado del morbo, el sensacionalismo y la escabrosidad ¿para qué servimos? ¿En qué consiste el valor añadido que aporta nuestro trabajo? ¿Qué buenas razones existen para que la Constitución nos reconozca –especialmente a nosotros, los periodistas y en servicio a la sociedad— el secreto profesional y la clausula de conciencia? ¿Cómo vamos a cumplir la misión de ser los “perros guardianes de la democracia”? En definitiva, si no cumplen los periódicos la misión cívica a la que están convocados en una sociedad de libertades y derechos ¿qué buena razón tienen para superar la crisis y sobrevivir?

De no haberse modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (2/1979 de 31 de octubre) para acabar con el llamado recurso previo de inconstitucionalidad, quizás ahora esta instancia de garantías no estuviera atravesando por una crisis de credibilidad que amenaza con ser definitiva. En 1985 se decidió suprimir la posibilidad de impugnar y paralizar las leyes antes de su entrada en vigor. Todos –incluyendo quien esto escribe—juzgamos la modificación como adecuada porque las normas del Parlamento quedaban demasiado expuestas al filibusterismo de la oposición de turno. Ahora reparamos en que quizás aquella reforma no fue acertada: el Estatuto de Cataluña ha causado estado sin estar contrastada su constitucionalidad, lo que propicia una situación fáctica, de hechos consumados.

Es en este contexto de dar por supuesto que el Estatuto resultaba intocable -desconociendo la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ignorancia acrecentada por su culpable dilación- en el que se explica el inédito editorial de doce diarios catalanes que enajenan su singularidad para coincidir en una idéntica consideración de lo que es el sistema de garantías constitucionales, ejerciendo, bien que sutilmente y con un lenguaje sólo relativamente medido, una enorme presión sobre el TC. Ese editorial conjunto es un  error de estrategia porque, si los magistrados avalan el texto sometido a su enjuiciamiento, siempre podrá aducirse que lo hicieron bajo una gran presión mediática que anunciaba graves males para la convivencia nacional; y si, por el contrario, resisten esa presión y dictan una sentencia desfavorable al Estatuto, habrán sido esos diarios –y no los legítimos representantes de la sociedad catalana—los que se corresponsabilicen de eventuales, y ahora muy verosímiles, comportamientos inasumibles desde una punto de vista de la legalidad constitucional.

En todo caso, quedará la duda de si esa iniciativa editorial conjunta –que se permite denominar al TC como “cuarta Cámara”— representa una manera de manipulación colectiva. Porque es evidente que el editorial de los doce periódicos catalanes, pone al Estado en situación de emergencia tanto por lo que  texto dice como por lo que sugiere. Y, al ser respondido por los de otras comunidades (especialmente, editados en Madrid), de forma lógica y previsible, ha abierto, de nuevo, un indeseable distanciamiento emocional y efectivo entre la ciudadanía española.

Sea cual sea la sentencia que dicte el TC –y parece que sería desfavorable a aspectos cruciales del estatuto catalán-, la dilación en dictar la resolución (tres años) ha permitido, por una parte, que se filtren las maniobras del Gobierno y sus presiones sobre el Alto Tribunal, y por otra, que determinada izquierda jurídica y el nacionalismo catalán desposea al futuro fallo de cualquier valor esgrimiendo argumentaciones endebles (falta de competencia sobre leyes orgánicas refrendadas, por ejemplo, tesis que compran los periódicos catalanes) y, en fin, que haya quedado de manifiesto que la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, tanto por su propia opinión como por conveniencias del Ejecutivo de Zapatero y del tripartito catalán, haya abdicado del cumplimiento de sus obligaciones.

Los incumplimientos de la Presidenta

Corresponde a la presidenta del TC, nombrada de entre los doce magistrados que lo forman, la representación del mismo y la convocatoria y presidencia de sus Salas y la adopción de “las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal (…)”, entre otras misiones que señala explícitamente el artículo 15 de su ley reguladora. Por lo tanto, la magistrada Casas debía haber cambiado a la ponente –Elisa Pérez Vera—cuyas tesis favorables al Estatuto no están prosperando; someter a votación una nueva ponencia elaborada con los criterios mayoritarios y, especialmente, denunciar cualquier tipo de presión. Todo menos lo que ha hecho: sostener públicamente que es preciso un cambio en la Constitución porque ya no responde a la realidad social y política española.

Eso ya lo sabemos, pero su obligación consiste en que el TC se comporte con diligencia y autenticidad, como “el intérprete supremo de la Constitución” siendo “independiente de los demás órganos constitucionales” (artículo 1º de la ley orgánica del TC). No lo ha hecho. Entre otras cosas porque se ha empeñado, sin conseguirlo, en conformar una mayoría “progresista” que avale en lo fundamental el Estatuto y, alternativamente, otra “centrista” que procure una sentencia interpretativa con un grado de ambigüedad suficiente para que de este asunto no salga calcinado el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el tripartito catalán. María Emilia Casas, además, no quiere hacer uso –le da pavor—de su voto de calidad en caso de muy improbable empate. En último término es ella –y desde el mayor respeto y consideración escribo estas líneas—a la que corresponde asumir la grave responsabilidad del desapoderamiento social y político que sufre el Tribunal Constitucional.

No es cierto que haya ley que escape a la jurisdicción del TC (“conocerá del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley” dice el artículo 2.1.a de su ley orgánica, sin establecer excepción alguna); tampoco es cierto que una ley refrendada no pueda ser sometida a contraste de legalidad constitucional; el concepto que se aduce para eximir al Estatuto catalán del enjuiciamiento del TC (formaría parte del llamado “bloque de constitucionalidad”) no existe más que a nivel de debate jurídico, pero no es una categoría normativa y, por fin, esgrimir, como se ha hecho, que faltan dos magistrados de los doce (uno, fallecido; otro, recusado) y que esa circunstancia impide la plenitud decisora del TC, es igualmente un elucubración interesada.

Recuerdo de la insurrección de 1934

De lo que se sabe con suficiente certeza, el Estatuto catalán no pasaría, en el criterio de seis de los diez magistrados, determinados controles: Cataluña no puede definirse como nación (esta categoría está reservada para España en la Constitución); en consecuencia no podría disponer de “símbolos nacionales” y tampoco el deber de conocer el idioma catalán se mantendría en pie, ya que semejante obligación sólo la puede imponer la Constitución y no lo hizo en 1978.

A partir de ahí, como en cascada, podrían caer muchos artículos del larguísimo texto catalán y, en consecuencia, provocarse una situación política inmanejable que arruinaría –más aún—al Ejecutivo nacional y sublevaría a las fuerzas políticas catalanas socialistas y nacionalistas. Un enorme problema, que, con el tiempo de disputas, presiones, especulaciones, filtraciones…se ha ido materializando por la vía de dejar al TC hecho unos zorros ante la opinión pública y publicada, recorriéndose así un trecho más en el desmantelamiento del Estado constitucional –unitario y autonómico—que se pactó en 1978. Regreso al principio: véase el editorial conjunto de los periódicos catalanes para subrayar la certeza de este diagnóstico tan pesimista.

En el colmo de la exasperación con que los nacionalistas están acogiendo esta situación desfavorable al estatuto y en el colmo también de la irresponsabilidad con la que el TC está siendo amedrentado, un magistrado próximo a CiU se habría permitido el lujo de recordar a sus compañeros los sucesos de 1934 cuando la instancia de garantías constitucionales de la II República rechazó la ley de la Generalidad catalana sobre Contratos de Cultivo. Sabido es que en ese año se proclamó por Lluís Companys “el Estado catalán” desde el palacio de San Jaime, infligiendo al régimen republicano un herida de tal gravedad que ya no pudo recuperarse.

El antecedente de Rumasa

El 23 de febrero de 1983, siendo ministro de Hacienda y Economía Miguel Boyer, el Gobierno socialista, mediante Decreto-ley, expropió Rumasa a José María Ruiz Mateos. El grupo de Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que rechazado por el voto del entonces presidente del TC, Manuel García Pelayo, resultó todo un escándalo. Nombrado en 1980 presidente del Alto Tribunal, el insigne jurista que pasó buena parte de su vida en el exilio, recibió las más fieras críticas a una decisión –la suya—que contravenía sus propias tesis académicas. Harto y desencantado, dimitió de su cargo en 1986, cuando le faltaban tres de mandato, y regresó a Caracas, donde murió en 1995. Manuel García Pelayo, con su voto de calidad, salvó al joven Gobierno de Felipe González de una crisis de consecuencias entonces incalculables, pero se suicido política y profesionalmente.

De aquella crisis, mal que bien, el TC salió adelante aunque tocado del ala. De estas segunda crisis, será difícil que, sea cual sea el fallo su fallo sobre el Estatuto catalán, salga sin daños ya irreversibles. Median entre ambas situaciones un cuarto de siglo, pero la memoria del Gobierno y de la Presidenta y magistrados del TC flaquea. Por eso, en España, la historia suele repetirse. Esperemos que las reacciones que se están fraguando  en Barcelona en previsión de una sentencia contraria al Estatuto –“cumbre de partidos”; consultas populares sobre la independencia catalana el 13 de diciembre en diversas localidades; plante ante la legalidad constitucional— no nos retrotraigan a la época infeliz de Lluís Companys.

Sí, efectivamente, me refiero a un nuevo y tuneado 1934, pero representado con los modos y maneras de 2009. ¿O es que hay duda de la crisis del Estado español erigido en la Constitución de 1978 no está directamente relacionada con la sempiterna “cuestión nacional”? El gran problema de los españoles ha sido, desde el siglo XIX, encontrar la fórmula para saber cómo vivimos juntos y en armonía. Me apunto a Ortega: él cinceló en 1932 el concepto de la “conllevancia”. Tenía razón: la clave consiste en conllevarnos sensatamente. Seguimos sin conseguirlo. Y semejante incapacidad puede pasarnos una muy cara factura.

No se recuerda que Alfredo Pérez Rubalcaba haya perdido jamás la compostura. Ni siquiera en el trienio negro (1993-96) del último Gobierno de González cuando caían chuzos de punta y él era ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes; tampoco cuando, de 2000 a 2004 desempeñó la función de portavoz del grupo socialista en el Congreso; menos aún cuando, ya ministro de Interior con Rodríguez Zapatero, tuvo que digerir el mal llamado “proceso de paz” con la banda terrorista ETA. Un hombre que ha descargado de forma siempre medida y letal palabras como cuchillos contra sus adversarios, que domina el escenario mediático con gran soltura y que es un “último mohicano” del socialismo verité, no está a la altura de su propia trayectoria cuando se enzarza públicamente en una acalorada discusión con el diputado popular Carlos Floriano, le advierte de que “escucha” todo lo que dice y “ve” todo lo que hace, le adjetiva de paranoico y se refiere a la secretaria general del PP como “loca”.

Para que Rubalcaba cometiese este enorme error tenía que estar muy nervioso. Y al ministro de Interior le procura más inquietud la ineficiencia e incompetencia de los suyos que las capacidades dialécticas y políticas de los adversarios con las que está acostumbrado  a confrontar con un férreo autocontrol. Así que, si Rubalcaba está nervioso –y parece que lo está— es que el resto del Gobierno padece histeria. Porque el desasosiego del responsable de Interior se convierte en todo un síntoma: hasta él, el valor más seguro y acreditado del Gabinete, yerra y mete la pata hasta el corvejón cuando maneja, además, el cuestionado sistema de escuchas SITEL  que, por más sentencias del Tribunal Supremo que lo avalen, requiere una Ley Orgánica para su funcionamiento con garantías que el Gobierno socialista debería prestar haciendo buena su política de “extensión de los derechos y libertades”.

Errores como misiles

Y es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es un buque a la deriva en cuya línea de flotación vienen impactando misiles en forma de errores políticos del más grueso calibre. Y Rubalcaba es muy consciente de ello porque es un político que comparte gestión con becarios gubernamentales, lo que le irrita hasta la exasperación. Y los resultados cantan. No ha habido órdago que Zapatero no haya perdido.

Empezó con esa apuesta trágica del “proceso de paz” con la banda terrorista ETA que culminó con el doble asesinato en la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006; continuó con el respaldo a un Estatuto de Cataluña, ese mismo año,  que, además de romper el modelo de Estado, ha sumido al Tribunal Constitucional en un crisis de credibilidad difícilmente reversible; continuó con una testaruda negativa a admitir que entrabamos a principio del curso pasado en una recesión de gran calado que el Ejecutivo calificó de “desaceleración” hasta que la quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de  2008, le devolvió a la cruda realidad y ha seguido con un proyecto de ley del aborto que rechaza buena parte de su propio electorado, porque quiebra de forma arbitraria el marco normativo de la patria potestad y  de la familia.

Por si todos estos errores fueran pocos, en apenas tres años, el Gobierno ha pasado de  definir un modelo de RTV pública con una buena ley como la de 5 de junio de 2006, implementando un razonable sistema de financiación de TVE, a desmantelar su único acierto y situando como máximo responsable del ente a un ex ministro de UCD de ochenta y un años. Y como colofón, la gestión –entre chapucera y patética—del secuestro del Alakrana que si feliz por el regreso hoy a España de los conciudadanos retenidos, es amarga por la comprobación de que el Estado se encuentra en manos de un Gabinete sin la experiencia, la capacitación técnica y la sapiencia política necesarias para manejar un episodio tan crítico como el sucedido en las costas de Somalia.

No es extraño que Rubalcaba esté nervioso y se le hayan ido los gestos en aspavientos y las palabras en advertencias. Porque cualquier ciudadano sensato y con un cierto sentido crítico lo estaría ante una vicepresidenta -María Teresa Fernández de la Vega- que acumula poder y abronca en público a la presidenta del Tribunal Constitucional; negocia de espaldas al propio PSOE el modelo de la TV pública; apuesta por la continuidad de un director del CNI al que el Consejo de ministros tiene que destituir a las pocas semanas; viaja a Argentina en plena efervescencia del secuestro del atunero español secuestrado; se crispa en las respuestas en el Congreso de los Diputados atribuyendo a la oposición una abracadabrante alineación con los piratas (sic) y se alza en una suerte de gobernanta adusta de los ministros (y ministras), rebasada por los propios poderes que acumula y las insuficiencias de capacitación que arrastra y que su probada voluntad de trabajo no puede soslayar.

El Gobierno tiene las elecciones perdidas

El Gobierno perderá  las elecciones generales de 2012 (así se deduce al desentrañar técnicamente la última encuesta del CIS y según el resultado de las que dispone el propio PSOE) si es que llega a ellas este Gabinete, que es cosa que se puede poner muy en duda. Pero por el camino que lleva –de error en error-, no sólo las pierde de manera digna, sino por una extraordinaria goleada infligida por ese ejército de Pancho Villa que es el PP de Mariano Rajoy, el más sensato con diferencia de todos los líderes de la derecha española al día de hoy.

Y esta descripción, contrastada con fuentes directas del PSOE y aledaños del Gobierno, no es un plato de gusto para nadie, porque hasta que llegue la cita con las urnas, la capacidad de destrozo del Ejecutivo es grande. Ya sabíamos que estábamos a la cola de la Eurozona; desde el jueves, sabemos también que la OCDE nos remite a un lejano 2011 para comenzar a ver el final del túnel (eso sí, con el 20% de paro y el 10% de déficit), lo que no sabemos es cómo se va a gestionar esta coyuntura, más allá de alarmarnos ante el aplauso del ministro de Trabajo a las manifestaciones de los sindicatos contra el empresariado que se producirán el próximo día 12 de diciembre. Increíble.

El lunes, se celebra en Madrid la 21ª Mesa redonda Empresarial con el Gobierno de España (“Trazando el futuro rumbo de España”) que organiza la revista The Economist –no precisamente benigna con el Gobierno español—en la que intervendrán el Presidente Zapatero y la vicepresidenta Elena Salgado, además de reputados empresarios, encabezados por Cesar Alierta. Según muchos observadores cualificados, el inquilino de la Moncloa, cuya política exterior suscita reticencias muy fuertes en la UE, tiene la oportunidad de reposicionarse ligeramente en línea con los principales Gobiernos europeos –los organismos internacionales siguen lanzando mensajes de advertencia a la política económica del Gobierno y la OCDE le sugiere aplazar la subida de impuestos—o sentenciar definitivamente que es el representante de un populismo que está fuera de la historia y de la realidad española y continental. Y así nos va.