Reggio’s

El presidente y los miembros del Gobierno utilizan con frecuencia un lenguaje gelatinoso en el que términos como “prudencia” o “responsabilidad” son pretextos verbales para imponer una opacidad en la que ejercen como ningún otro Ejecutivo occidental un radical despotismo. No se trata, por supuesto, del despotismo ilustrado de algunas monarquías del siglo XVIII, sino de un despotismo a secas, aquel que se define como un abuso de superioridad remitiendo a la idea de que se gobierna sin sujeción a ley alguna. Y si ya incurren con frecuencia en este comportamiento, tanto Zapatero como algunos de sus ministros han ofrecido este mes de agosto -embozados en el estío vacacional- todo un recital de despotismo.

Quizás el más irritante de todos los que han perpetrado haya sido el de avenirse -no sabemos en qué medida- al chantaje de Al Qaeda del Magreb Islámico para rescatar a los dos cooperantes catalanes que tan irresponsablemente emprendieron una “caravana solidaria” que le ha salido cara al erario público y ha mostrado la debilidad despótica e impune de un Gobierno que -con turbiedad absoluta- negocia con terroristas. El folklore político en torno a la costosa liberación de los dos cooperantes cuyas cualificaciones como tales son desconocida más allá de su militancia -se supone que progresista- en la ONG catalana Acció Solidaria ha sido impúdico. El presidente del Gobierno -creyendo protagonizar un éxito cuando en realidad representaba lo contrario- anunció la liberación; un avión de las Fuerzas Armadas trasladó a los dos cooperantes desde Burkina-Fassó; fueron recibidos en el aeropuerto del Prat por el presidente Montilla y otras autoridades, mientras el secuestrador -que fue el que devolvió a los secuestrados- aparecía en unas inenarrables imágenes de televisión cerrando el negocio que acaba de hacer con la fragilidad despótica del Gobierno de Zapatero.

Ni la excarcelación de un terrorista, ni el pago de determinadas cantidades han sido extremos desmentidos por el Gobierno

Por el momento, no hay explicación gubernamental del modo y de las contrapartidas por la liberación de los cooperantes pero ni la excarcelación de un terrorista ni el pago de determinadas cantidades, han sido extremos desmentidos por el Gobierno que ampara su silencio en “la prudencia” y la “responsabilidad”. Al parecer, ni las instituciones representativas ni la opinión pública tienen derecho a conocer el modo de proceder del Gobierno en un caso tan sensible. Por el contrario, ambas instancias deberían -y es lo propio del despotismo- asumir que el Gobierno es titular de un poder sin límites para disponer, no sólo de las arcas públicas, sino también del ejercicio de la soberanía nacional.

Melilla y el Checkpoint Charlie marroquí

Tampoco tenemos derecho a saber -y ahí la oposición con excepción del PP y de UPyD ha hecho el caldo gordo al despotismo gubernamental- qué ha ocurrido de verdad en la crisis con Marruecos, cuya existencia se niega. El Gobierno hizo intervenir al Rey para que aplacase a Mohamed VI, cuyo Gabinete emitió hasta cinco notas incendiarias contras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla y desplazó a Rabat a Pérez Rubalcaba para que -por enésima vez- se nos hiciese creer que el bloqueo de la ciudad española de Melilla había sido un episodio sin importancia.

La realidad es otra. Mohamed VI pretende tanto Ceuta como Melilla y desearía que en el futuro el paso fronterizo de Beni-Enzar se visitase como el Checkpoint Charlie de Berlín. La ciudad resiste cada vez con más dificultades. La determinación de la comunidad cristiana y hebrea -reducida pero muy activa- es constante, pero la islamización de la urbe progresa de manera geométrica. En las calles de Melilla se oye más el árabe que el español, nuestros compatriotas están adquiriendo viviendas en Málaga, donde envían a sus familias, y se ha instalado un estado de inquietud y provisionalidad en la población que el Ejecutivo niega de manera sistemática pero que se comprueba con una breve estancia en la ciudad.

Los hechos cantan: el rey alauita no ha enviado todavía a su embajador a Madrid y los acuerdos entre Rubalcaba y su homólogo marroquí son más antiguos -e incumplidos- que el hilo negro. Rabat aprieta y afloja hasta que decida que ha llegado su momento y lleve a efecto -como Hassan II con el Sáhara- la “unificación nacional” que proclama anualmente en el Discurso del Trono, es decir, la anexión de Ceuta y Melilla a Marruecos, ambas ciudades españolas -no plazas de soberanía-, lo que provocaría una crisis de consecuencias impredecibles. Con los marroquíes -vinculados a los intereses de Francia en la región y viceversa-, la historia es una aleccionadora maestra. La política de apaciguamiento de Zapatero, no sólo es contraproducente, sino impropia y, además, despótica, porque no se somete al control del Congreso. Debemos ser “prudentes” y “responsables” porque de lo contrario “calentaríamos” a los vecinos marroquís. De nuevo la gelatina verbal del despotismo.

Burla al Constitucional

De forma asimismo déspota, el presidente del Gobierno ha decidido poner en marcha –sin debate en las Cortes- el “rescate” del Estatuto catalán sorteando en lo posible la sentencia del Tribunal Constitucional que, aunque intérprete de la Constitución, parece que puede ser burlado con recursos normativos que quizás no violen la letra de su sentencia pero sí, desde luego, su espíritu. Poder sin límites, sin rendición de cuentas, interlocución mano a mano con Montilla -para prometer autogobierno en vísperas electorales- y con Griñán para, sin más criterio que el del propio presidente, asegurarle que Andalucía -tambaleante la mayoría socialista- se llevará la parte de león de los 700 millones de euros recuperados -en hábil triquiñuela de Blanco- del tijeretazo de más de 6.000 previstos por el Ministerio de Fomento. También en este caso “prudencia” y “responsabilidad” es lo que nos pide, como un mantra desquiciante, la vicepresidenta primera del Gobierno.

El despotismo lo puede ejercer el presidente, y así lo practica en su propio partido, como se ha podido comprobar a propósito de los candidatos socialistas a la Comunidad de Madrid y a la alcaldía de la capital. Si sus compañeros se lo consienten, allá ellos. Puede -también como un acreditado déspota- linchar políticamente al secretario general del PSM, Tomás Gómez (¿por qué se prestado Pérez Rubalcaba a darle la puntilla al de Parla aduciendo que su activo será haber dicho “no” al presidente del Gobierno?). Pero lo que no puede es alzarse con una abusiva expansión de los poderes ejecutivos aprovechando un agosto tórrido que ha exprimido para perpetrar algunas fechorías muy graves en política interna e internacional. La simulación -“prudencia”, “responsabilidad”- se le daba bastante bien a Zapatero. Pero en este agosto se le ha ido la mano y se han hecho visibles las mañas déspotas de este político de regate corto que, paso a paso, está degradando la calidad democrática española.

En Octubre, desenlace, el día 3, de las primarias en el PSM para la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid; es todavía probable que el 24 de ese mismo mes se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña. Y será en Octubre cuando Zapatero tendrá que abordar a fondo una negociación con el PNV que le salve la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno depende de los nacionalistas vascos porque CiU ha adelantado ya su voto negativo y los grupos de la izquierda en el Congreso también.

El PSOE deberá agarrarse a los nacionalistas vascos como a un clavo ardiendo y lograr que avalen las cuentas para 2011 a cambio, eso sí, de fuertes contrapartidas que los dirigentes peneuvistas ya han verbalizado: quieren más autogobierno (transferencias pendientes, pocas pero importantes) y garantías de que en el ámbito municipal y foral –Ayuntamientos y Diputaciones— los socialistas vascos respetarán la lista más votada. En otras palabras, los nacionalistas vascos pretenden en esta negociación neutralizar los efectos expansivos del pacto que con el PP sostiene a López como lendakari y a su Gobierno socialista en Euskadi.

Antes de entrar en otras consideraciones bueno será subrayar que Patxi López y su equipo, que suscribieron con el PP el importante documento “Bases para el cambio democrático al servicio de la  sociedad vasca” tras las elecciones de marzo de 2009, no están logrando que la alternativa que ellos representan permee la sociedad vasca. Uno tras otro, el euskobarómetro que dirige el siempre objetivo y académico Francisco Llera Ramos, arroja un resultado similar: una mayoría de ciudadanos vascos no entiende el sentido del Gobierno socialista y su acuerdo  con el PP. Y la mayoría sigue estimando como más deseable un acuerdo entre socialistas y nacionalistas. La densidad del nacionalismo es, como se puede observar, de enorme grosor e impermeabilidad.

Es indudable que ha mejorado el clima social y político –y la tensión ética, desde luego— contra el terrorismo y sus secuaces; que las víctimas están recibiendo el reconocimiento y la calidez que jamás obtuvieron de los Gobiernos nacionalistas; es también cierto que la Ertzaintza desempeña con un mayor grado de eficacia y convicción su función de policía antiterrorista, como ha demostrado con  la detención del presunto asesino de Joseba Pagaza. Las banderas nacionales están en los centros públicos y el mensaje institucional es constitucionalista. Pero hasta ahí ha llegado el cambio.

El gobierno municipal y foral sigue en manos del PNV

Porque los resortes del poder en el País Vasco, tanto o más que en el Gobierno y en el Parlamento, se encuentran en las Diputaciones, Juntas Generales y Ayuntamientos. Y en ese ámbito local y provincial nada ha cambiado; por el contrario, se ha instalado una enorme reactividad contra el nuevo Ejecutivo vasco que, aunque está peleando por reequilibrar el contenido de los medios públicos de comunicación (la radio y la televisión vasca), no ha entrado, de verdad a cambiar el sistema regimental instalado en el País Vasco a lo largo de casi tres décadas.

El gran error del PSE –y del PSOE por lo tanto— fue no desalojar a los nacionalistas de la Diputación de Álava (recuérdese que las Diputaciones Forales son las Haciendas en cada uno de los territorios) apoyando al PP, que hubiese vuelto a hacerse con una institución que los conservadores dirigieron con Ramón Rabanera al frente durante un fructífero período de tiempo. Gran error también del PP al no haber exigido esa contrapartida, si bien un error matizado por la generosidad estadista de los populares vascos de Antonio Basagoiti que auparon a López y le sostienen intentando que se produzca un vuelco que no llega en la comunidad autónoma vasca.

La micropolítica en Euskadi sigue liderándola el PNV, que gestiona desde la recaudación de impuestos hasta la construcción de la última infraestructura en el más recóndito lugar de la comunidad, pasando por la exigencia de una estricta ortodoxia y fidelidad de un funcionariado que sirve al partido con más fruición que a las Administraciones Públicas (recuerden los casos de espionaje en la consejería de Industria). El sistema de valores sociales, los códigos de pertenencia a la endogamia nacionalista, la transmisión a través en las ikastolas mediante la enseñanza del euskera de los llamados “criterios nacionales vascos” (geografía, historia, cultura, identidad, pertenencia etcétera) siguen en manos, no sólo del nacionalismo, sino también del abertzalismo más radical. Ese andamiaje ideológico-militante no se ha desmontado.

Y López –nada sobrado de ideas y sólo instalado en una necesaria pero insuficiente política de gestos— no logra liderar el cambio político y social.  Los nacionalistas –desde cuyas troneras mediáticas se escupe munición a diestro y a siniestro— lo saben y conocen también que si logran comprometer a los socialistas para que las listas más votadas en los comicios de mayo  de 2011 sean respetadas para Diputaciones y Ayuntamientos habrán conjurado el peligro –este sí que sustancial— de que un gran acuerdo en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa entre el PSE y el PP provoque el auténtico vuelco sociopolítico que comenzó, sólo comenzó, en marzo del año pasado. Porque sin el poder municipal y foral, en el País Vasco no hay instrumentos de transformación útiles y eficaces.

El día en que Zapatero llame a Patxi López a Moncloa

Y esa es la contrapartida que Urkullu –presidente del PNV— ya ha proclamado que va a solicitar al presidente del Gobierno para entregarle sus votos y sacar adelante los Presupuestos Generales de 2011. Y Zapatero va a dar lo que los nacionalistas le reclaman porque antes de sostener el pulso en el País Vasco –que es lo que el Estado demanda— le interesa mantener la legislatura. De tal manera que al entregar al PNV su compromiso –que los nacionalistas exigirán por escrito— de que las listas más votadas sean las que gobiernen en Ayuntamiento y Diputaciones, Zapatero se estará cargando la letra –y sobre todo el espíritu— del acuerdo entre el PSE y el PP.

Llamará a la Moncloa a Patxi López, le explicará la situación, le reconocerá que él le avaló para el cambio en el País Vasco –como a Gómez en Madrid— pero que no puede mantener la palabra dada y le requiere para que se avenga a su dictado. ¿Se comportará López como Gómez y se rebelará ante los designios del presidente? Lo ignoro, pero el lendakari sabe muy bien que sin el apoyo del PP –y Basagoiti no aceptaría el adulterio político que pretende imponerle Zapatero— su presidencia se sostiene en el vacío. Es más: él debería ser consciente de que su futuro y el del PSE depende de que el entendimiento con el PP se extienda como una red a todo el sistema institucional vasco.

En definitiva: el PNV se ha quedado sólo como única pareja del Gobierno en el baile presupuestario. Desde marzo de 2009 no ha tenido la ocasión de resarcirse de la humillación de perder el poder gubernamental en Vitoria; esta es la ocasión –máxima debilidad del Ejecutivo, máxima fortaleza del PNV— para, por vía indirecta, revertir el nuevo sistema de la macropolítica en Euskadi.

Zapatero va a perpetrar otro desastre político al que Mariano Rajoy y Basagoiti deben responder sin ambages. El PP ya ha demostrado en Euskadi su altura de miras y su desprendimiento político. Pero el acuerdo que pretende el PNV con Zapatero y que firmará con Urkullu, resulta inaceptable porque devolvería la política vasca al pacto previo que el constitucionalismo vasco suscribió en la primavera del año pasado. Que nadie se llame a engaño: esto es lo que se está cociendo en este largo y cálido verano entre la Moncloa, León y Quintos de Mora. Luego, en 2013, el PNV tendrá muy fácil regresar, victorioso, a Ajuria Enea.

EL ÁGORA

Es difícil manejar peor que Zapatero la crisis en el PSM. La ejecutiva madrileña del PSOE, que en su momento avaló con el 95% de los votos la candidatura de su secretario general, Tomás Gómez, para la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido sonora e innecesariamente abofeteada por el presidente del Gobierno al presionar de manera directa a su máximo dirigente para que renunciase a la batalla por Madrid cediendo la responsabilidad a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

El presidente se ha comportado como un sátrapa; o peor aún: con una concepción caciquil del partido y de su propio poder.

Aunque sea público y notorio que Jiménez sería una candidata con más posibilidades que Gómez, ¿cómo es que el mismo Zapatero se implica en el acoso y derribo del secretario general del PSM?, ¿es que nadie le había informado de que recibiría una respuesta rotunda de Gómez?, ¿acaso no reparó en la lesión a su autoridad y su imagen si, como estaba cantado, el líder madrileño se mantenía en sus trece, a lo que, además, tenía derecho?

Eso es José Luis Rodríguez Zapatero en estado puro: una auténtica máquina de crear problemas. Es el mismo que promete respaldar el Estatut que le remitiría el Parlament a las Cortes y luego el compromiso se evapora; es el mismo que anuncia un futuro inmediato sin terrorismo y al día siguiente los etarras vuelan el aparcamiento de la T4 y asesinan a dos ciudadanos; es el mismo que niega la crisis porque es sólo “una desaceleración” yha de reconocerla con medidas drásticas poco después, y es el mismísimo que rechaza tomar medidas para rebajar el déficit público y a los siete días recorta el sueldo a los funcionarios y congela las pensiones. Una manera improvisada, banal, casi frívola, de hacer política, de gestionar los asuntos públicos. ¿Imprudencia?, ¿desinformación?, ¿vanidad? Algo le ocurre al presidente del Gobierno cuando incurre una y otra vez en contradicciones, incoherencias y banalidades.

Zapatero ya se ha enajenado la adhesión del PSC y del aparato del PSOE en Madrid. Terminará salvando los muebles, pero los dirigentes y cuadros del partido están seriamente preocupados con la torpeza presidencial, con la enorme facilidad del inquilino de la Moncloa de crear problemas por inhabilidad para diagnosticar y afrontar problemas y por la fragilidad de sus compromisos. Porque Tomás Gómez – que no creo que tenga chance ante Trinidad Jiménez— fue una apuesta del propio Zapatero, que lo desplazó de la alcaldía de Parla – obtuvo en las locales el 75% de los votos de su municipio, el alcalde más votado de España— para ordenar un caótico PSM y enfrentarse a Esperanza Aguirre o al candidato popular que sea en mayo del 2011. Como en tantos otros episodios, Zapatero – de memoria siempre selectiva-se ha olvidado de sus compromisos y, lo que es peor, ha añadido a la amnesia la humillación a un compañero de partido que merecía, aun cuando no fuese el candidato, un respeto que el traído y llevado talante del presidente no le ha prestado.

Marruecos

Moratinos despertó altas expectativas en las relaciones de España con Marruecos. Ha decepcionado: desde Rabat se suceden las notas gubernamentales hostiles al inventado “racismo” de la fuerzas y cuerpos de seguridad en Ceuta y Melilla y, al mismo tiempo, se envía a Madrid al más reactivo de los embajadores. Un saharaui leal a Mohamed VI.

Cuba

Ni el Gobierno español ni su ministro de Exteriores han podido rentabilizar políticamente el extrañamiento a España de los disidentes cubanos. Peor aún: han arreciado las críticas por considerar este nuevo exilio un engaño del Ejecutivo cubano. La UE no cambiará, como Moratinos quiere, la “posición común” hacia la isla. Y mucho menos con Fidel en el púlpito y de verde oliva.

Estados Unidos

En términos políticos -no económicos; ni turísticos— la visita de Michelle Obama a España ha sido, en el mejor de los casos, inocua y, en el peor, una oportunidad perdida. El Gobierno se enteró a última hora; las críticas a “la opulencia” de la visita han sido extensas en EE.UU., y la cita con los Reyes en Marivent, puro compromiso. Un periplo excéntrico y políticamente inútil. ¿No se pudo aprovechar mejor?

Los socialistas están dando por supuesto un escenario electoral en Madrid que está todavía por determinar. En la calle Génova, sede del PP, no se ha tomado aún la decisión de que Esperanza Aguirre repita de candidata a la presidencia de la Comunidad ni de que Gallardón vuelva a optar por la alcaldía de la capital. Se baraja una combinación alternativa: Aguirre se presentaría al Ayuntamiento madrileño -en la ciudad la lideresa concentra un apoyo inalcanzable para Jaime Lissavetzky, tanto como el del propio Gallardón- y el actual alcalde de Madrid se reservaría para acompañar a Rajoy en las listas a las generales. Un hombre como Pío Garcia Escudero, presidente que fue del PP de Madrid y ahora magnífico portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, encabezaría la lista para la Comunidad Autónoma.

Este baile de candidatos populares tiene -según reflexiones de dirigentes del PP- una enorme lógica. Alberto Ruiz-Gallardón, como declaró a ABC el pasado domingo, hizo gala de asumir plenamente sus compromisos: “Cuando perdí y cuando gané, me quedé. Ninguno de mis rivales lo hizo.” En otras palabras: no encajaría que Gallardón saliese alcalde de Madrid en mayo de 2011 y abandonase el Ayuntamiento en marzo de 2012. Ese tipo de fintas no le van al alcalde que, además, no deja de elogiar las condiciones de Ana Botella como posible alcaldesa de la capital, hipótesis poco probable…en Madrid, pero muy plausible en Pozuelo de Alarcón.

Cambio de aires

Por lo que a Aguirre se refiere, la posibilidad de que pase a la alcaldía y deje la Comunidad Autónoma dispone de toda la lógica. Su desgaste político se ha producido fuera de la capital no sólo por el caso Gürtel, que ha dejado muy tocada la organización popular en Madrid -que ella preside-, sino también por una labor de crítica constante de los alcaldes del PSOE encabezados por el de Getafe, Pedro Crespo, y por los sindicatos, en particular en las áreas de enseñanza y sanidad.

El complicado entorno de Aguirre -que le hizo perder el control de Caja Madrid en manos ahora de un Rodrigo Rato por completo autónomo- aconseja a la presidenta, entre otras razones, cambiar de aires. En la capital, Esperanza Aguirre es mucho menos vulnerable que en la Comunidad y, eventualmente, la alcaldía es compatible con un escaño en el Congreso de los Diputados (no así la presidencia autonómica).

Pio García Escudero -que se ha desvelado como un portavoz parlamentario brillante y tesonero- es, posiblemente, el dirigente del PP que mejor conoce el partido en la Comunidad. Durante su presidencia en el PP madrileño el partido funcionó como un reloj de precisión, la militancia se sintió escuchada y atendida y el comportamiento del ahora portavoz popular en el Senado fue siempre discreto y particularmente eficaz. Es un político conocido en la capital y en los pueblos y libre de cualquier salpicadura de las corrupciones de López Viejo y los alcaldes populares implicados en la trama.

Si esta hipótesis -en absoluto inverosímil sino probable- fuese la que al final se impusiese, Trinidad Jiménez -que ganará las primarias porque sólo podría perderlas Zapatero y los socialistas madrileños lo saben- no se las vería con Aguirre, sino con un candidato refrescado y sin flancos débiles. Y Lissavetzky no se enfrentaría a Gallardón sino a una lideresa que se llevaría de calle los distritos más importantes de Madrid. Con el permiso de UPyD, que calcula poder obtener en Madrid hasta una decena de escaños.

En Madrid, en el PSOE y en el PP, queda mucha tela que cortar.

A lo largo del mes de agosto Tomás Gómez, secretario general del PSM y autoproclamado candidato socialista a las autonómicas de Madrid, tendrá tiempo vacacional suficiente para saborear la calidez democrática del “talante” de Zapatero. No bien arrancado el mes, en León, el presidente del Gobierno mostró su estrategia para las elecciones autonómicas de Madrid mientras Mariano Rajoy dejaba que en Valencia Francisco Camps hiciese de su capa un sayo, dando por sentado que con Gürtel o sin él será el candidato a la Generalitat, al tiempo que en Asturias la pelea entre partidarios y detractores de Francisco Álvarez Cascos para la presidencia de la Junta del Principado crece de manera virulenta sin que la Ejecutiva popular haya dicho esta boca es mía.

El de la Moncloa no se anda con chiquitas ni deja para mañana lo que puede acometer hoy. Dicho y hecho: ha plantado al frente de la lista por Madrid a Trinidad Jiménez, actual ministra de Sanidad, antes secretaria de Estado de Exteriores y, antes aún, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Pero sobre todo: una militante que conformó la llamada ‘Nueva Vía’ que hace diez años llevó a Zapatero a la secretaria general del PSOE. La ha impuesto, además, en un mensaje inequívoco cuando en el PSM la guardia estaba baja y nadie, absolutamente nadie, esperaba un movimiento político de esta naturaleza.

Como sucediera hace cuatro años con la candidatura de Miguel Sebastián frente a Ruiz Gallardón, el presidente apuesta por una compañera fiel -“buenísima su gestión” dijo-, bien relacionada con los medios de comunicación (tiene eso que se llama “buena prensa”), de carácter agradable y que sabe adornar sus aspectos más radicales -ahí está la ley del aborto que, aunque se ha gestado en el Ministerio de Igualdad, se implementa desde Sanidad- con un verbo sin aristas ni hostilidades. Ante la riqueza de matices, influencias y relaciones de Trini, Tomás Gómez no tiene nada que hacer.

De nuevo los socialistas madrileños deberán acatar la orden -¿qué otra cosa es?- del presidente y hacerle el pasillo a Jiménez y a Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, a quien Zapatero quiere enfrentar con Ruiz-Gallardón. Sin  perjuicio de las acrisoladas virtudes del responsable del deporte español, directamente dependiente del Presidente del Gobierno, no podrá negarse que Zapatero es oportunista: propone para la alcaldía de la capital de España al político competente en la única materia en la que España puede jactarse de acumular éxitos.

Será difícil que ninguno de los dos desbanque a Esperanza Aguirre y a Alberto Ruiz-Gallardón (si aquélla y éste son los candidatos a la Comunidad y el Ayuntamiento, lo cual no está aún escrito en la tablas de la ley), pero sería relativamente factible que incrementen posiciones y, en todo caso,  mantengan las actuales del PSOE. Si cualquiera de esas dos hipótesis se cruza con la de que UPyD disponga de un resultado aceptable en la Comunidad, las cosas se le pueden complicar al PP, que debería alcanzar el umbral de septiembre con las ideas muy claras y el discurso preelectoral bien ahormado porque Zapatero se le ha adelantado mucho más de lo previsto.

La práctica nominación de Jiménez y de Lissavetzky conlleva justo lo que el presidente ha venido negando: una crisis de Gobierno a muy corto plazo, escenario en el que emerge la segunda dama en  el ajedrez de Zapatero: Carmen Chacón, actual ministra de Defensa. Se cruzan apuestas: para algunos, la catalana sería nueva vicepresidenta del Gobierno en sustitución de Fernández de la Vega para liderar la recomposición de las relaciones entre el PSE y el PSOE e impulsar el llamado “rescate” del Estatuto de autonomía catalán limado por el Tribunal Constitucional. Para otros, el destino de Carmen Chacón -más aún ante la defección de figuras en el PSC- estaría en Barcelona, en las listas de las elecciones catalanas de octubre o noviembre con la intención de jubilar a Montilla y encaramarse en la primera secretaria del partido. La primera opción encaja más con las previsiones de la actual titular de Defensa; la segunda implicaría un sacrificio personal que en el entorno de la ministra califican de “muy duro”.

Acercamiento al PNV

Pero sea cual fuere el movimiento, lo cierto es que se producirá porque Cataluña -donde el PSC-PSOE saca al PP una ventaja de 17 diputados- es con Andalucía y Madrid las comunidades en las que se ventila la victoria o la derrota en las generales. El artículo que firmó Carmen Chacón con Felipe González en El País la semana pasada (Apuntes sobre Catalunya y España) situaba a la responsable de Defensa en la melé catalana, ese “lío entre socialistas”, como lo denominó Aznar, en el que hay que renovar el pacto de colaboración y unidad entre el PSC y el PSOE y volver a maquillar el catalanismo de Zapatero. ¿Quién mejor que Carmen Chacón para intentarlo?

El presidente del Gobierno tiene puestas sus esperanzas en lo que uno de sus colaboradores ha calificado “las niñas de sus ojos”, Jiménez y Chacón, para asaltar Madrid -difícil- y recobrar Cataluña -improbable-, mientras en Andalucía José Blanco medita cómo descabalgar a José Antonio Griñán y poner en la línea de salida a  Mar Moreno, la tercera dama del ajedrez zapaterista. Con el nuevo Gobierno que estas operaciones exigen, habrá una aproximación al PNV para aprobar los Presupuestos “cueste lo que cueste” y “como sea” (lo que desestabilizará a Patxi López) y un renovado discurso de máxima hostilidad al PP, cuyos más altos dirigentes se entregan al sesteo agosteño acunados por los seis puntos de diferencia en intención de voto a su favor que el CIS dio a conocer el pasado miércoles en pleno estiaje de los ciudadanos a los que la crisis acibara las vacaciones.

Gracias todo ello -¿verdad Tomás Gómez?- al “talante” de José Luis Rodríguez Zapatero que con sus cincuenta años recién cumplidos -el pasado día 4- ya se ha hecho mayor. Y se le nota. Bambi ha dejado de serlo.

EL ÁGORA

Las consecuencias -muchas  de ellas indeseables y en todo caso conflictivas-de la prohibición de las corridas de toros en Catalunya y la imparable defección de los puntales del Gobierno tripartito de la Generalitat están marcando un final convulso de la legislatura catalana. Se han quebrado dos elementos vertebrales en Catalunya: por una parte, su propia concepción plural; por otra, el equilibrio y sostenibilidad de una relación bien engarzada entre el PSC y el PSOE.

La prohibición de la llamada fiesta nacional en Catalunya -más allá de la legitimidad de la decisión y de las razones de los animalistas- ha sido entendida con carácter mayoritario en el resto de España como un rechazo a un signo de identidad común que busca singularizar Catalunya y, desde otra perspectiva, como un síntoma de crispación, malestar y revancha de una parte de la clase dirigente catalana.

En todo caso, a la medida parlamentaria le ha faltado el carácter transversal que connota el catalanismo como el gran paraguas que acoge las distintas sensibilidades e intensidades de la identidad catalana. Porque son muchos miles de catalanes – ahí está la votación parlamentaria-los que no participan de este acuerdo de la Cámara autonómica.

Con esta prohibición, además, el Parlament ha mostrado un innecesario rostro intervencionista, aplicando a la tauromaquia el reduccionismo de entenderla sólo como la lidia, obviando el gran ámbito cultural y socioeconómico que conlleva. Y por fin: determinadas tradiciones que han entrado en una fase de atonía y desinterés hay que dejarlas que se extingan motu proprio. Eso ibaa ocurrir en Catalunya con la tauromaquia, que poco a poco ha ido transformándose – y reduciéndose-de modo natural. ¿Qué necesidad tenía el Parlament de enfrentar a los catalanes entre sí y con los ciudadanos de otras comunidades? En este asunto, a poco que se medite reposadamente, se ha cometido un serio error, porque el disenso está en Catalunya y fuera de ella, sin perjuicio de que la causa de la protección a los animales resulte atendible, pero modulando las decisiones y ponderándolas con las circunstancias y actuales. Por otra parte, las defecciones de Saura, primero, y de Castells, después, con otras que se podrían producir en las próximas semanas, remiten a una imagen de derribo del tripartito y a una crisis sin precedentes entre el PSC y el PSOE, cuya relación federada podría adoptar la fórmula autónoma en el Congreso de los Diputados que ya tuvo en los inicios de la transición. Estas circunstancias en el Ejecutivo catalán y la formidable polémica en torno a la prohibición de las corridas de toros han emergido por un mal manejo de los tiempos por parte del president Montilla. Hace ya algunas semanas que debió disolver la Cámara y convocar elecciones. Dejar que corriera la agenda para afrontarla desde la debilidad y la polémica se ha revelado como la peor opción estratégica de todas las posibles. Y ha deteriorado la vida política catalana y su proyección sobre el conjunto de España. Demasiada agitación.

Pifia eléctrica

Ahora el pacto energético entre el PP y el Gobierno no es tal. Cristóbal Montoro se ha desdicho después de haber logrado, según él, parar el incremento de la tarifa eléctrica en julio, con grave quebranto para las empresas del sector. Como se veía venir, Sebastián ha ganado tiempo y las eléctricas se han sentido maltratadas por el PP. Populismo.

Candidatos madrileños

Con o sin primarias, Trinidad Jiménez será la candidata del PSOE a la Comunidad y Jaime Lissavetzky a la alcaldía de la capital. Es otra apuesta de Zapatero como en el 2006 fue Sebastián.

Entonces fracasó ante Ruiz-Gallardón. Los socialistas madrileños van a acatar dócilmente la decisión presidencial, pero si vuelve a fallar, le pasarán factura, porque en el PSM hay cabreo e impotencia con la Moncloa.

Controladores

Huelga sin precedentes. En plena crisis. En los días centrales de afluencia turística. El paro de los controladores aéreos es un fracaso colectivo. De estos profesionales que toman a los viajeros por rehenes; de Fomento por no haberlo evitado, y de la sociedad por no saber -con una exigencia cívica permanente- hacer valer también los derechos de la ciudadanía. En definitiva: una irresponsabilidad.

Si es cierto -que lo es-  que “España tiene un problema” con Cataluña como escribió el padre de la Constitución, Miquel Roca, tras conocerse el fallo del TC sobre el Estatuto de 2006, también lo es que Cataluña, de puertas adentro, tiene otro no menor que consiste en el cuarteamiento del llamado catalanismo político y social. Una clase dirigente muy por debajo de los requerimientos del momento histórico que vive la Comunidad, está llevando la convivencia catalana a un enfrentamiento como nunca antes había sucedido. La proyección de una Cataluña homogénea y cohesionada ha saltado por los aires y el oasis catalán, tan publicitado, se ha convertido en un espacio político y social inusualmente convulso.

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña -asunto tratado hasta la saciedad en su significación cultural y político- incorpora connotaciones hostiles hacia la simbología de la llamada “fiesta nacional” (dígase lo que se diga, la medida de interdicción conlleva un ánimo político e ideológico indudable, por más que no excluya otro tipo de motivaciones no estrictamente políticas), pero supone también, y de manera grave, una profunda escisión en la sociedad catalana como lo demuestra el hecho de que el Parlamento autonómico se quebrase en dos facciones: contra la tauromaquia, 69 votos, a favor, 58 y 9 abstenciones. Estos guarismos parlamentarios demuestran que los diputados catalanes –de diferente extracción socio-cultural y económica, incluidos tanto en el PSC como en la propia CiU- no son ya capaces de integrar mayorías rotundas en temas de carácter transversal, que era lo que distinguía al catalanismo.

La viva –incluso virulenta- polémica que ha seguido a la prohibición de las corridas de toros, afición ciertamente declinante allí, remite a un enfrentamiento subterráneo pero progresivamente visible en el que emergen catalanes con percepciones muy diferentes, alejadas algunas de la corrección política que tanto unifica el tono general de los pronunciamientos públicos en el Principado. Puede haber muchas razones para prohibir los toros, pero las hay más –y más contundentes- para prohibir el boxeo, si, como está ocurriendo con la clase política en España, se sucumbe al intervencionismo prohibicionista que atenta contra el principio de mínima intromisión de los poderes públicos en las actividades -sean cuales fueren- de los ciudadanos, en lo individual y en lo colectivo.

La tauromaquia, que con variantes, ha tenido históricamente  una gran tradición en Cataluña aunque en progresivo abandono en las últimas décadas, no consiste sólo en la lidia sino en un universo de manifestaciones culturales, históricas y sentimentales que la acompañan. Hay una prosa taurina; una poesía de inspiración tauromáquica; una  pintura imperecedera vinculada a una estética torista y torerista; un género periodístico específico protagonizado por grandes plumas y una economía en torno a la fiesta de los toros que no sólo propicia riqueza, trabajo y bienestar, sino que actúa también en la vertiente conservacionista de las especies y en la ecológica de las dehesas. En definitiva, la tauromaquia es espectáculo, es cultura, es tradición y es industria. Sea uno taurino o no lo sea -como es mi caso- simplificar como se ha hecho en Cataluña la fiesta taurina a una cuestión animalista, es un reduccionismo que no podía por menos enfrentar ácidamente a los catalanes entre sí y a una buena parte de sus elites culturales.

Pero la ruptura interna de la clase política catalana y con la ciudadanía no es cosa de ahora. Se vio ya cuando el Estatuto de 2006 fue refrendado por poco más de un tercio del censo electoral de Cataluña, contó con la negativa del PP y de ERC y sedujo lo justo a los nacionalistas de CiU. Luego, la desunión de las fuerzas políticas catalanistas en la defensa del texto autonómico –demostradamente inconstitucional en aspectos de gran importancia cualitativa- se acreditó con su incapacidad para sacar adelante una resolución conjunta en el debate sobre el estado de la Nación –ni siquiera la pactada por el PSOE y el PSE-, tras el magro logro de una declaración de mínimos en el Parlamento catalán que se limitaba a reiterarse en el preámbulo del Estatuto al que el TC, en lo referente al carácter nacional de Cataluña, ha privado de eficacia jurídico-interpretativa. La manifestación del 10-J, mal gestionada por los partidos, fue la expresión más extrema -fuese cual fuese el número de manifestantes- de la incapacidad de respuesta institucional y madura a un problema institucional de enorme envergadura. La Generalitat abdicó en la calle una respuesta que -por su trascendencia- debió tener una altura política y jurídica de la que, obviamente, careció. A tono, es cierto también, con la rasante del presidente del Gobierno y de su Gabinete.

El laberinto de desconcierto y enfrentamiento en el que se ha introducido la política catalana llega hasta el punto de la máxima discrepancia en el desarrollo estatutario. El Parlamento catalán -con el voto en contra de CiU y PP- ha aprobado la muy importante Ley de Veguerías que pretende una forma de sustitución de las provincias, al modo de tradición catalana.  El texto, no sólo colisiona con la sentencia del TC, sino también con el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, organismo consultivo autonómico de ámbito estrictamente catalán. Hay territorios catalanes -no es cuestión de entrar en detalles- en radical desacuerdo con la distribución comarcal que delimita esa norma que, con otras, está en el alero de la inconstitucionalidad.

¿Qué decir de la cohesión del tripartito? La mezcolanza de un PSC con una ERC independentista y el izquierdismo radical de ICV ha sido una fórmula más que para gobernar, para evitar que CiU lo hiciera, y como en todo Ejecutivo reactivo, en su seno se ha dado -y se siguen dando- todo tipo de incoherencias, desajustes y diferencias sustanciales de criterio. Esta extraña alianza entre organizaciones tan disímiles ha tensionado -y no sabemos hasta donde- la relación federada del PSC con el PSOE cuyo secretario general, Rodríguez Zapatero, purga ahora sus muchas responsabilidades en una política gubernamental hacia Cataluña errática y frívola.

Por fin -aunque el listado de graves problemas catalanes, puramente internos podría continuar- Cataluña es el escenario de episodios presuntos y probadamente claros de corrupción que afectan a su clase dirigente: los casos Millet y el llamado Pretoria, sin olvidar otros menores que afectan al Ayuntamiento de Barcelona, no son temas pequeños en el rebrote de la corrupción política por el que atraviesa nuestra democracia. Cataluña no se libra, en consecuencia, de aquellas lacras que sus dirigentes fustigan con tanta energía verbal desde los púlpitos de las instituciones centrales, mientras lo hacen tan quedamente desde las locales.

Es cierto lo que decía Miquel Roca: España tiene un problema con Cataluña porque no hemos resuelto definitivamente -¿será resoluble alguna vez?- su inserción en el conjunto nacional; pero Miquel Roca debería convenir –y como es un observador perspicaz lo hará- que Cataluña tiene un problema en el tratamiento de su propia cohesión interna, en el manejo de su pluralidad y en la ruptura –con extremosidades decisoras y políticas divisivas- de ese catalanismo que habiendo tenido siempre significaciones distintas, ahora ha quebrado hacia dentro y hacia fuera provocando una sensación de desconcierto y de enfrentamiento en la Comunidad como no se recuerda en décadas. Y  ese guirigay cuyos ecos llegan a Madrid es de la íntegra responsabilidad de sus dirigentes. La prohibición de los toros no es más que el síntoma de una deriva de un catalanismo otrora amplio, liberal y cohesivo  con vocación de proyectarse en España como elogió (“hay que catalanizar España”) el eximio Miguel de Unamuno. ¿Escribiría hoy lo mismo?

El Presidente del Gobierno tiene que pasar una ITV política similar a los stress test de las entidades financieras. Hasta el momento ha demostrado que en situaciones adversas sabe sobrevivir. Lo acreditó en el último debate sobre el estado de la Nación: en la más absoluta de las soledades parlamentarias no se da por aludido. Mientras, ha conseguido sacar adelante el techo de gasto para los Presupuestos Generales y las reformas para ajustar el déficit, la laboral y la de las Cajas. Ahora se prepara para afrontar la de las pensiones -que hábilmente ha diferido a la recepción de las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo-, que plantea problemas de viabilidad, y está encarando ya los dos episodios que pueden llevarle irremediablemente a segar la vida de esta legislatura u ofrecerle un balón de oxígeno: las elecciones catalanas y los Presupuestos Generales de 2011.

Parece bastante claro que la opción del PSC-PSOE para las autonómicas catalanas es la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Su artículo, a pachas con Felipe González, publicado el pasado lunes en El País (“Apuntes sobre Cataluña”) lanzando un mensaje muy medido a la opinión pública catalana, permite aventurar que la ministra tirará de la lista socialista por Barcelona, lo que lleva a pensar en una remodelación del Gobierno en uno o dos meses.

Chacón es la única líder del PSC que no se ha empantanado con el debate sobre el Estatuto y ha logrado mantenerse a una cierta distancia del “lío de socialistas” (Aznar dixit) en que se ha convertido la tramitación, aprobación e impugnación de la norma autonómica. Las claves del artículo al alimón con Felipe González están encapsuladas pero muy al alcance del entendimiento de los más catalanistas de los socialistas del PSC y, en concreto, de los maragallistas, que habrán encontrado en las expresión “Nación de naciones” -así entienden los firmante a España- evocaciones del impulsor del Estatuto, Pasqual Maragall, firme partidario de esta expresión política de “las Españas” pergeñado por el historiador y ensayista socialista Anselmo Carretero.

“Cueste lo que cueste”

Si, pese a todo, las perspectivas no son alentadoras en las elecciones catalanas -el tripartito se desplomará según las encuestas- la negociación de los Presupuestos tampoco será un camino de rosas. CiU no los votará; la izquierda de IU, ICV, ERC tampoco, y ¿el PNV? Es posible, pero no seguro, y en todo caso a cambio de contrapartidas que pueden resultar tan exorbitantes que dejen en ridículo a Patxi López en Vitoria y tocado del ala el entendimiento entre el PSE y el PP vasco. Los nacionalistas vascos se están haciendo de rogar, quieren mantener como sea su poder local  y asegurarse su papel de administradores de la autonomía vasca aun desde la oposición. ¿Está Zapatero dispuesto a darles todo eso? Es posible. Si lo hace, sacará los Presupuestos con daños colaterales muy graves en Euskadi; si no lo hace, habrá que prorrogar los actuales presupuestos y adelantar las elecciones.

Vamos a observar al Presidente en la coyuntura más adversa de cuantas parecen posibles. Será en otoño con la economía sin despegar, con una derrota electoral en Cataluña y con una negociación de los Presupuestos dramática. Test de estrés para Zapatero y su Gobierno que pronto no será el actual sino otro. Y lo peor que es que relativizando como acostumbra, virado como suele, contradiciéndose como es habitual, hasta es posible que pase la prueba de resistencia después de que ya esté descontada su ausencia septembrina en Rodiezmo, testimonio de su alejamiento de los sindicatos.

Si hasta el rabo todo es toro, hasta el último minuto no hay que dar por vencido a un Zapatero que hará “cueste lo que cueste” y lo que “le cueste” por continuar en el poder. Mensaje preocupante para Mariano Rajoy y el PP por muchas que sean las encuestas a su favor. La opinión pública española es volátil y, en muchas ocasiones, imprevisible.

La “geometría variable” en el Parlamento le ha permitido a Zapatero mantenerse como un equilibrista sobre el alambre. Siempre ha encontrado el Presidente un árbol en el que ahorcarse políticamente. Ora la izquierda, ora los nacionalistas, ora el grupo mixto con algún complemento. La cuestión es que este errático deambular de pactos y acuerdos no sólo desquicia la acción de Gobierno -siempre condicionada por peticiones o exigencias exorbitantes- sino que también mina la moral y la seguridad del propio PSOE. La sesión de ayer fue de las que hacen historia aunque sea con minúsculas: el Ejecutivo recibió el bofetón político más sonoro y unánime de toda la oposición en dos cuestiones estratégicas: la declaración sobre el Estatuto catalán y sobre la congelación de las pensiones. El equilibrista se cayó del alambre.

Costalada

El giro copernicano de Zapatero ha provocado que pierda el apoyo de la izquierda (IU, ERC, ICV) y de las centrales sindicales muchos de cuyos afiliados lo son también del PSOE. Desde esa perspectiva, la inasistencia del Presidente del Gobierno al acto en Rodiezmo, al que no ha faltado en los últimos nueve años, supone una ruptura no menor de la que padeció el PSOE y UGT con González. Las visiones encontradas entre el Gobierno y Montilla y buena parte del PSC -partido federado con el PSOE- sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña fragilizan también la cohesión interna del socialismo español, más aún después del fracaso parlamentario de ayer. Y la aproximación del Gobierno al PNV -por estricta necesidad aritmética como igualmente ayer pudo observarse- alerta a Patxi López, lehendakari con apoyo del PP, y molesta de manera ostensible a los conservadores tanto en Bilbao como en Madrid.

Quiere esto decir que sobre la crisis económica y política, Zapatero tiene encima de la mesa otra en forma de complicado puzle dentro de su propio partido, nervioso, tenso y estresado. El Presidente es una auténtica maquina de generar crisis. De momento, está casando las piezas de manera precaria. Lo que está provocando enormes malestares e irritaciones. El presidente tiene que ser muy benigno con CiU que es el oponente del PSC en Cataluña y extraordinariamente sensible a las demandas del PNV que es el partido que en el País Vasco trata de descabalgar a López. Por si fuera poco, no puede permitirse el lujo de enfrentarse más a los sindicatos, a los que tanto él como el resto del Gobierno tratan verbalmente con una delicadeza exquisita.

La sesión parlamentaria de ayer -colofón de una debate sobre el estado de la Nación sólo subrayable por su mediocridad de contenidos y de expresiones—adelanta un diagnóstico muy preocupante para el Gobierno: deberá pagar muy caro el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado; no es seguro en absoluto que saque adelante algunas reformas –por ejemplo, la de las pensiones—y tendrá que hacer ímprobos esfuerzos para que no se le desmanden los barones autonómicos que como Griñan –enfurecido por la justa adjudicación a la BBK de los restos de Caja Sur-, o Fernández Vara, necesitan un discurso de izquierda y “españolista” para enfrentarse a sus electorados.

Se cruzan apuestas: después de la jornada de ayer el Presidente hará coincidir las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2011 con las generales. Sería lo lógico tal y como están discurriendo los acontecimientos.

¿Quién dijo que el presidente del Gobierno no extraería de su chistera un conejo político? Zapatero es muy previsible y por eso, en su mejor tradición arteramente moralizante, se pronunció sin ambages por la supresión de los llamados anuncios de contactos o relax en los periódicos y revistas, que son esos que  ponen a disposición de clientes anónimos la carne maltrecha y explotada de meretrices y chaperos. O sea, que la AEDE -que agrupa a todos los editores de periódicos españoles- debe hacer cuentas: la supresión de estos reclamos -unas veces discretos y otras procaces- implicará una merma de ingresos para los grandes grupos mediáticos por importe de cuarenta millones de euros.

Si a eso se suma la caída de los clasificados inmobiliarios y el derrumbe de los anuncios financieros, antes preceptivos, podría concluirse que la gran novedad del debate sobre el estado de la Nación ha sido el hachazo a las cuentas renqueantes de los periódicos. Bibiana Aído ha demostrado que tiene ascendiente sobre su jefe y que diarios como La Razón y Público -únicos que no insertan esta publicidad- han tenido sentido de la anticipación y, no hay que negarlo, muy buen criterio deontológico.

Pero, esto al margen, ¿ha dicho algo Rodríguez Zapatero que no viniera diciendo desde hace meses e incluso años? En absoluto. En el debate del miércoles y jueves pasados, el presidente ha consumado la cabriola más arriesgada y desprejuiciada de la historia política reciente de España: justificar, alentar y profundizar en decisiones económicas y sociales de las que había abjurado hacía bien poco tiempo. El fervor del converso que Zapatero exhibió en la defensa de lo que quieren “los mercados” registró los mismos decibelios de convencimiento que su discurso anterior y antitético al actual, con la aportación extraordinaria de que la ley del aborto -una mala ley desde el punto de vista técnico y ético- está hecha para “evitar los embarazos no deseados” y “por consiguiente” hay que suprimir también los anuncios de relax.

Sin anuncios de prostitución… y sin reformas estructurales

Aunque la “sorpresa” del debate haya sido tan menor como la referida a la aversión presidencial por los anuncios de prostitución -que muchos podemos compartir, aunque es más grave éticamente una ley de plazos para abortar libérrimamente durante las primeras 14 semanas de embarazo-, haberla la ha habido.

No sabemos cómo quedarán las reformas estructurales -incluso si serán tales-, ni cuáles las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, ni por qué el Banco Central Europeo ha prestado a las entidades financieras españolas nada menos que el 25% del importe neto de sus créditos (más de 126.000 millones de euros), ni cuándo llegará al Congreso el informe de la Comisión del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones, ni por qué razones el proyecto de ley de Economía Sostenible acumula prórrogas -hasta doce- para presentar enmiendas cuando se anunciaba rauda y decisiva para nuestra recuperación, ni qué grado de porosidad a las enmiendas de los grupos tendrá la reforma del mercado de trabajo (si, por supuesto, el Presidente irá a Rodiezmo), ni, en fin, si el jefe del Ejecutivo cree que con lo que se ha hecho y se prevé hacer de aquí a fin de año, están ejecutados los deberes.

El rumoreo financiero -muchas cajas de ahorro se encuentran en situación calamitosa- es que España es candidata inminente a un rescate más o menos discreto, pero rescate, mediante la utilización del fondo extraordinario de 750.000 millones de euros habilitado como recurso de emergencia por la Unión Europea. De todo eso, nada dijo el presidente del Gobierno, aunque aseguró que nos seguirá distinguiendo con su genio gobernante le “cueste” lo que le “cueste”. Lo que no calculó es lo que nos costará a los ciudadanos.

Pero -y aquí viene la segunda parte- Mariano Rajoy, con buen verbo, estiloso en la ironía y templado en el tono, no hizo otra cosa que corresponder con su reiteración a la reiteración del presidente. Ya sabemos de los giros de Zapatero, de sus contradicciones e incoherencias, de su banalidad, es decir, lo conocemos hasta el hartazgo -incluidas sus habilidades para persistir en el mando del país-. Por eso, ¿no podía el presidente del PP haber alcanzado en su discurso un nivel superior de compromiso en las medidas alternativas a las del Gobierno socialista?, ¿no podía el líder de los populares mostrar más resolución, una vez denunciada la indigencia política de Zapatero, demostrarnos que hay motivos sólidos, programáticos, ideas y propuestas para votar al PP con unos miligramos de entusiasmo y no sólo por indigestión de socialismo ramplón? En definitiva ¿no cree Rajoy que ya es hora de abandonar la arriesgada táctica de intentar ganar en  las urnas por agotamiento en vez de por estimulación y proactividad política? Pues parece que no.

Arriola-Rasputín, como coartada

Contrastada esta crítica con las voces profundas y anónimas que habitan en la sede popular de la calle Génova de Madrid, la respuesta resulta indefectible: Pedro Arriola es el culpable; es el sociólogo el que marca las pautas, los énfasis, las clarificaciones, las ausencias y las presencias del líder. “¿Por qué crees que está Arriola con Rajoy habiendo estado con Aznar?”, me espeta un alto cargo del PP. “Porque tiene capacidad de persuasión”, responde sin esperar a mi contestación. Y yo, sencillamente, no me lo creo. Entre el Arriola-Rasputín que muchos proclaman, me quedo con la versión de que el sociólogo se ha convertido en una coartada para explicar las insuficiencias del discurso de Mariano Rajoy. Pedro Arriola es un tipo inteligente, buen profesional, discreto (representante personal de Aznar en la única conversación que se produjo con la banda terrorista ETA en 1998) y que no aspira a desempeñar el papel de valido del presidente del PP.

Como titulaba este periódico el pasado jueves, Zapatero salió “tocado” pero no “hundido” del debate sobre el estado de la Nación. Y así fue porque Rajoy se quedó -por enésima vez- corto. Verbalizó con empatía lo que sobre Zapatero piensa una buena parte de la opinión pública, pero se abstuvo de asumir los compromisos que esa misma opinión pública requiere para visualizar el desbloqueo de la situación política y económico-social de España. La estocada que doblará al Presidente del Gobierno no es reiterarle lo ya sabido -su incapacidad- sino contrastarle con un diseño creíble y verosímil de una gestión alternativa. Y eso no lo ha hecho Rajoy ni el pasado miércoles ni antes. Y este debate era “su” debate, tras el cual debería haber quedado claro que, pese a todas las maniobras de resucitación, Zapatero era, como dijo en su momento Duran Lleida, “un cadáver político”.

Rajoy no lo consiguió sencillamente porque no se atrevió. Si su táctica estaba o no inspirada por Pedro Arriola -que en el PP sirve para un roto y para un descosido, y, en todo caso, como saco de muchos palos- es lo de menos porque la responsabilidad era suya y sólo suya. Y si Zapatero cree que con la ridiculez de su oposición a los anuncios de relax va a camuflar su extenuación política, remedando las mejores épocas de su “buenismo”, va dado.

Conclusión: que este debate sobre el estado de la Nación resultaba en todo prescindible por previsible. Incluso sabíamos que Zapatero podía dar un titular llamativo para el debate en “La Noria” -los anuncios de relax- y que las culpas del gatillazo de Rajoy irían prestas al debe del sociólogo Pedro Arriola. Y mientras tanto, insisto, el sistema financiero español acapara el 25% de los fondos prestados por el BCE. ¿Estamos bordeando el precipicio? La orquesta del Titanic sigue sonando.

La lección más explícita y menos alambicada de cuantas puedan extraerse del éxito de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica es, sin duda, que la sociedad española tiene necesidad y capacidad para ilusionarse con proyectos comunes que apelen al esfuerzo, la excelencia, las trayectorias meritorias por su profesionalidad y constancia. Todo eso representa la Roja -un eufemismo que sin embargo no elude la denominación nacional de la selección-y lo hace tanto en tirios como en troyanos. Por una especie de taumaturgia, cuando el combinado nacional compite -plagado de jugadores del Barça, ciertamente-, se produce una expectativa de éxito que lleva a que las diferencias se difuminen y emerjan los sentimientos más unitarios.

Algunos creen que el fútbol favorece expresiones nacionalistas, pero semejante interpretación del fenómeno social que estamos viviendo con la selección de fútbol resulta insuficiente. La cuestión es que a la sociedad le movilizan más las aspiraciones que disponen de cierta épica y capacidad de representación colectiva que los discursos políticos de parte. Los ciudadanos, además, perciben que el crédito de la sociedad española no está ya, ni sólo ni principalmente, en el ámbito de lo político o de lo estrictamente económico, sino, especialmente, en aquellas gestas que remiten a valores permanentes -individuales y colectivos- que sirven de referencia común.

La Selección, campeona de Europa, es probablemente, la destilación deportiva profesional de la última década del siglo pasado, los años noventa, que arrancó con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla en 1992 y culminó en el 2000 con la integración de nuestro país en la euro zona, mediando entre esos acontecimientos la crisis de 1993-1996 que logró superarse con más que razonable éxito. Esos diez años sentaron las bases de una sociedad diferente, intercambiable con las europeas, competitiva y con unos adolecentes y jóvenes cuya memoria no alcanzaba las convulsiones de la transición ni, mucho menos, las del franquismo.

Los jugadores de la Roja, un espléndido Rafael Nadal, Pau Gasol, Alberto Contador o Fernando Alonso, se cuajaban en esos años y es ahora cuando vuelcan toda su valía y capacidad rescatando a España desde el éxito deportivo profesional del deterioro de su imagen, que está siendo galopante desde mediados de la década actual. Pero el seguimiento enfervorizado de estos grandes deportistas -no hay medio que se resista a su magnetismo, ni instancia política que los cuestione- se alcanza porque hay unas condiciones endógenas en la colectividad española que son de solidaridad, de unidad y de proximidad. En otras palabras: la fragmentación política, no se corresponde con la social, de ahí que en los barómetros de CIS -el último, el de esta misma semana- la tercera preocupación de los consultados -inmediatamente por detrás del paro y la situación económica- sea “la clase política”. Ese dato demoscópico, que comienza a reiterarse, es el que delata el divorcio, cada vez más explícito, entre los ciudadanos y sus dirigentes.

Rehabilitación de la marca España

La posible victoria de España mañana en Sudáfrica sería un acontecimiento histórico con consecuencias en la psicología colectiva -extraordinaria mejora del estado de ánimo común- y, según los expertos, en la propia economía. La dinamización de la publicidad y el marketing durante este Mundial y la apuesta de las empresas patrocinadoras por el éxito de la selección están siendo también indicativas de una necesidad de desquite sobre el ensombrecido horizonte español transido de conflictos y enfrentamientos y sin grandes proyectos. El hecho de que nuestros deportistas profesionales, además, no reproduzcan, sino que superen, los comportamientos públicos en España -gente respetuosa, esforzada, discreta y que hace gala de humildad y constante agradecimiento-, les cataloga como referencias de actitudes deseables y compartibles. Estas virtudes se encuentran todos los días en el impecable discurso de Rafa Nadal, Iker Casillas, David Villa, Fernando Torres, Pau Gasol…pero también en un hombre cuajado, veterano y sensato como Vicente del Bosque, seleccionador nacional, que ofrece a diario un recital de señorío y buen  hacer. Se puede vencer y convencer desde el respeto y el buen sentido en las palabras y en las decisiones.

Es importante que la selección y sus éxitos hayan favorecido la publicidad, las ventas de muchos productos deportivos, alentado fórmulas de captación de ahorro en Bancos y Cajas, la creatividad en los patrocinios, la estimulación de un periodismo deportivo profesionalmente dubitativo y el incremento en el seguimiento de los medios de comunicación. Y hasta que mueva al alza -como proclaman improbablemente algunas agencias- el PIB español. Pero lo sustancial es que los jugadores de la Roja -y con ellos otros de disciplinas distintas como el tenis, el ciclismo, las motos, la Fórmula 1, el baloncesto- han sido los grandes instrumentos para la rehabilitación de la marca España logrando una revancha colectiva –en el sentido de restauración de una pérdida de imagen y consideración- sobre la mediocridad y la fatua altanería de la vida pública española.

Por fin, los fuertes lazos de solidaridad y pertenencia que se consolidan con estos acontecimientos sirven de aglutinante y demuestran que querer convivir y hacerlo en torno a grandes ilusiones es posible y estimulante. Especialmente cuando el éxito lo traen de la mano representantes de una nueva generación de españoles -vascos, catalanes, madrileños, manchegos, canarios, extremeños- que ha superado las inercias cainitas que nos han desgarrado. Sólo por eso -y es mucho-, ocurra lo que ocurra en la final de mañana, la selección española ha hecho un enorme favor al país como con tanta frecuencia se lo hacen con sus victorias internacionales deportistas españoles de otras versiones competitivas.

La selección española abrirá los periódicos de medio mundo y obtendrá mañana una audiencia de cientos de millones de espectadores. Será, insisto, la revancha de la otra España y, en cierto modo, esa que representa un diagnóstico de la higiene social de la ciudadanía española. En definitiva: un gran hito deportivo que absorbe demasiados y reiterados fracasos en otros ámbitos y los compensa, elevando el rating español en todas las agencias de calificación que son las opiniones públicas internacionales. El lunes, los problemas socio-económicos y políticos seguirán ahí, pero gane o pierda España ante Holanda, algo habrá cambiado.

Joan Herrera es un diputado de ICV que se refirió a la selección española de futbol como la selección “Hispano-Barça”. Puede tomarse la anécdota como tal o como categoría de un desafecto tan profundo que elude la denominación de España para referirse a su combinado en el Mundial de Sudáfrica. En Barcelona se ha escrito que nuestro equipo nacional no deja de ser “una marca blanca” del Barça. Nótese que cuando la hostilidad se desata se hurga en el tejido emocional del adversario con recursos más bien banales aunque no dejen de tener su micra de crueldad sentimental.

Estos episodios, reactivos a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, acreditan que el estudio de la profesora Helena Béjar titulado La dejación de España. Nacionalismo, desencanto y pertenencia (Editorial Katz, publicado en 2008) estaba enteramente acertado. Aconsejo su lectura aunque resulte desoladora porque viene a acreditar que en nuestro país se ha practicado en los últimos años, y en particular en los del Gobierno de Zapatero, una política de desnacionalización que se ha activado con el impulso del antifranquismo para que determinada izquierda siguiese vinculando la dictadura al llamado nacionalismo español.

El impulso al Estatuto catalán de 2006 –desautorizado en aspectos sustanciales por el Tribunal Constitucional— descoyuntó el ya de por sí frágil Estado de las Autonomías y propició una segunda ola de Estatutos que, como ayer subrayó José María Aznar, han llevado a España al “limite del Estado constitucionalmente fallido”. Pero la política de Zapatero en relación con Cataluña –alentada por afán de poder— se ha enmarcado en un plan de destrucción sistemática de la urdimbre socio-política que se había ido elaborando durante la Transición.

En ese contexto han de insertarse las temeridades presidenciales que han sido cuatro de muy grueso –yo diría que histórico— calibre: el “proceso de paz” con la banda terrorista ETA; la reactivación de la llamada “memoria histórica”, naturalmente selectiva; el engaño sobre la entidad y afectación de la crisis económica y, por fin, el desmantelamiento del Estado autonómico y, como corolario, el empellón de desprestigio del Tribunal Constitucional.

En todas estas políticas destructivas ha mediado la mentira como coartada. Mintió Zapatero en la negociación con ETA (léase el interesante libro de Fernando Jáuregui y Manuel Menéndez sobre el particular recién editado por Península), ha mentido en su supuesto propósito de hacer justicia a las víctimas del franquismo porque lo que ha buscado es la subversión de las bases de la Transición que incluyó una amnistía política universal; es obvio que mintió cuando negaba persistentemente la crisis económica motejándola de mera “desaceleración”, ha ido mintiendo en la implementación de las medidas que le ha exigido la UE y el FMI y ha mentido al catalanismo político haciéndole creer que podía saltarse a la torera la Constitución.

Y por fin: miente también ahora cuando dice que el Estatuto catalán es “básicamente constitucional” y afirma una cosa y su contraria: de un lado que se ha acabado la descentralización y de otro –y al mismo tiempo— que tratará de completar por vía legislativa las competencias y facultades que el Constitucional ha negado a Cataluña en el Estatuto. Zapatero es un hombre, pues, muy peligroso porque carece del sentido de su propio tiempo político y social lo que le ha llevado a descatalogar a España de los usos y prácticas públicas respecto de los países de nuestro entorno cultural y geográfico.

Fracaso de las elites españolas

“La dejación de España” –según expresión de Helena Béjar en su magnífico estudio— tiene que ver con el rotundo fracaso de las elites españolas que han desnacionalizado el país con su enorme pobreza intelectual y su bajo rasero intelectual. Las naciones, para estar cohesionadas, deben compartir grandes proyectos, establecer marcos integradores de convivencia, aceptar reglas de compromiso, respetar la tradición e innovar con respeto por el pasado y disponer de una clase dirigente que en vez de constituirse en una de las preocupaciones sociales –como ocurre en España— sea un activo común. Ahora –y vuelvo a la crónica del pasado sábado— los “analfabetos políticos” son los que mal gobiernan España, con incompetencia e improvisación, con desprecio a sus instituciones y a sus valores históricos y actuales.

La labor destructiva contra el acervo común ha llegado hasta esa instancia transversal, compartida y referencial que es la selección española de futbol que, desde una agresividad estéril, se denomina como la selección “Hispano-Barça” o como la “marca blanca” del equipo blaugrana. Muchos españoles, entre los que me cuento, desean siempre la victoria del Barça cuando juega con equipos en competiciones internacionales; muchos también, se sienten orgullosos de futbolistas –catalanes o no— que juegan en la selección nacional mostrando su categoría profesional y personal. Y el común  de los ciudadanos desea –deseamos— que termine ya esta terrible “dejación de España” que practica una izquierda desesperadamente hueca de ideas, criterios y proyectos. Al frente de la que está situado –por los votos de una sociedad a la que se le van retirando de manera sistemática todos sus elementos críticos— un hombre que como José Luis Rodríguez Zapatero no deja de ser una anomalía de nuestra historia, un personaje accidental pero dañino que no estaba llamado a desempeñar –ni siquiera él mismo se ha creído su propia magistratura— una responsabilidad que le ha rebasado en todo aquello que ha tratado de emprender.

Ha logrado –y ya es difícil—que hasta la selección que hoy juega los cuartos de final contra Paraguay en el mundial de Sudáfrica, haya sido introducida en la pelea apestosa de los políticos. Iker Casillas, el capitán del equipo, declaraba ayer a La Razón que “tenemos detrás un país que lo está pasando mal y que disfruta con la selección. Démosle más”. Es evidente que cuando un futbolista exhibe más sensibilidad que los políticos y más empatía con la sociedad española que sus dirigentes, algo grave nos está pasando.