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¡Elecciones ahora!, de Josep Miró i Ardèvol en La Vanguardia
Tan mal están las cosas, tan deficiente es la acción del Gobierno como para que sea necesario que el Rey intervenga? La respuesta la dejo en sus manos, pero lo cierto es que la Monarquía ejerce un papel que sólo reserva para los momentos trágicos.
¿Tan mal lo hace Zapatero? ¿Acaso una sola persona puede ser el responsable de nuestros males económicos? La única no, pero es máximo responsable con certeza: ganó las elecciones negando la crisis.
Ningún gobernante europeo, incluido el Felipe González de la peor época, ha alcanzado un nivel de desconfianza tan elevado como Zapatero; del orden del 70%. Cifras equivalentes habría que buscarlas en tierras lejanas, como Ucrania, o personajes peligrosamente pintorescos como la presidenta de Argentina. Cuando en Europa un primer ministro presenta registros parecidos significa que el conflicto ya ha estallado, porque de sus propias filas le empujan fuera. Pero nada de eso sucede en el PSOE. Inasequible al desaliento, como una disciplinada compañía prusiana, aquel partido vive instalado en la incapacidad ante la crisis. Es una paradoja, los autores de la nueva ordenanza militar que desfibra al Ejercito, convirtiéndolo en un híbrido entre ONG y funcionariado, adoptan para sí una disciplina que la hubiera querido Licurgo para su Retra espartana.
Todavía hoy el Gobierno canta sin freno el acierto de lo que ha hecho y la solidez de las pensiones. Y siendo así, ¿cómo es posible un gran pacto de Estado? ¿Es viable rectificar sin reconocer errores? Y si los reconoce, el cambio sería tan radical que la propia iniciativa quedaría desprestigiada. El problema de fondo es que Zapatero ha perdido su liderazgo moral. Y eso no se resuelve con un pacto.
La única forma que tiene de recuperar la credibilidad perdida, la fuerza para liderar la salida de esta postración, es convocando unas elecciones, y ganarlas. Es un camino difícil pero el único si se desea servir al país. Naturalmente puede perderlas, pero incluso en este caso, él, y sobre todo el PSOE, quedarían mejor situados a medio plazo. Unas elecciones forzarían también al PP a explicar su propuesta económica completa, más allá de los lugares comunes. Créame, lo peor es continuar perdiendo el tiempo sacrificando la vida y tranquilidad de muchas personas. Elecciones ahora para que el pueblo hable.
La inmigración como problema, de Josep Miró i Ardèvol en La Vanguardia
La emigración es un problema. Negarlo como hace Zapatero tendrá las mismas consecuencias que haber negado la crisis económica: nos conducirá a una situación crítica de difícil salida. El problema surge del choque entre dos tipos de principios y derechos. Por un lado están los principios inherentes al hecho de ser persona: el poder emigrar del propio país, y ser tratado en cualquier lugar del mundo de acuerdo con aquella condición, con independencia de la posesión de la ciudadanía. Pero a su vez la sociedad receptora es portadora de otro tipo de derechos personales y colectivos que deben ser respetados.
La respuesta a un conflicto que nace de principios enfrentados es siempre idéntica. Debe buscarse la armonización entre ambos para atenuar el choque. Esto exige asumir con realismo y con capacidad integradora las mutuas incompatibilidades.
El Gobierno ha optado por todo lo contrario. En lugar de armonizar ha construido dos polaridades legales que contraponen los derechos de unos y otros, concretándolo jurídicamente de manera reduccionista y caótica. Ha añadido a este desastre conceptual y técnico la crónica incapacidad del Estado para hacer cumplir sus propias leyes. Usa el padrón para un fin espurio; para validar los derechos como personas de los inmigrantes, el acceso a la sanidad, la escuela y la demostración del arraigo. Lo que fue concebido en 1997, gobernando el PP, con estrictos fines estadísticos cuando la inmigración era una anécdota, el Gobierno lo ha convertido en portador de los derechos personales de los inmigrantes. Al otro lado, la ley de Extranjería, convertida en instrumento de defensa de los derechos de la sociedad receptora. Resultado: una brutal e inhumana paradoja. El ilegal puede residir legalmente, pero tiene prohibido trabajar, y teóricamente salir de casa, pues si lo hace puede ser detenido en plena calle y expulsado.
El alcalde de Vic ha tenido el valor y el acierto de mostrar las raíces del problema, avalado por la trayectoria de una ciudad que ha destacado en el buen trato a la inmigración. Las causas del conflicto son evidentes y la necesidad de elaborar un nuevo marco legal también. Su misión es armonizar los dos tipos de derechos contrapuestos, y cuestión decisiva dados los vicios de España, disponer de los medios necesarios para su cumplimiento.
La reforma de la universidad, de Josep Miró i Ardèvol en La Vanguardia
El debate sobre el estado de nuestra universidad nos atañe a todos, puesto que en él nos jugamos la prosperidad, y ejemplifica bien la ley del eterno retorno.
En el siglo XIII, el emperador Federico II de Sicilia fundó en Nápoles la primera universidad secular no sujeta a la Iglesia, sino al emperador. Tal secularización podía parecer un signo de progreso desde nuestra perspectiva, ¿pero lo fue? La universidad imperial, a diferencia de su coetánea de París, no tenía como misión incorporar a su actividad las concepciones del bien común y la ley natural, es decir las condiciones que hacen posible que cada persona alcance su propio bien y el desarrollo y aplicación de la recta razón. No, Nápoles debía servir a su señor. Su finalidad era “formar notarios y jueces para el servicio real o para algún servicio inferior”. Esta nueva universidad secular era una institución eminentemente práctica y, por consiguiente, restringía la vivacidad intelectual, el debate universitario propio de la época, que podía llegar a ser incluso violento. Los estudiantes eran vistos como medios, al servicio de los fines del imperio, en lugar de sujetos que indagaban sobre la verdad, el bien y la razón.
Aquella dualidad de fines también se da con la aplicación del plan de Bolonia. ¿Concebimos la universidad como el lugar y el tiempo donde profesores y alumnos pueden indagar sobre aquellas cuestiones, o sólo como una escuela superior de formación profesional? Determinadas nuevas titulaciones universitarias responden exactamente a este último propósito, pero la cuestión es si este mismo vestido sirve para acoger conocimientos que atienden a los fundamentos, como derecho o medicina, por citar sólo dos. ¿Se podrá disponer de personas con una sólida formación básica, tal como están concebidos los grados (la anterior licenciatura) y los másters? Por esta vía, tendremos sobre todo superespecialistas. En algunos campos esto estará bien, en otros no.
Un experto en ciencias de la salud, un abogado, un economista que desconozca a Aristóteles, y Aquino, que nunca haya leído La Divina Comedia, será un peligro en potencia. Con título y fiel servidor del emperador, probablemente también. La universidad concebida para servir a los múltiples emperadores de nuestro tiempo. Ese es el riesgo y el posible error.
Debacle en la Seguridad Social, de Josep Miró i Ardèvol en La Vanguardia
El Ministerio de Trabajo anunció en octubre del año pasado que los ingresos de la Seguridad Social (SS) cubrían el gasto de las pensiones hasta el 2023, y el Fondo de Reserva garantizaba el equilibrio hasta el 2029. Este pronunciamiento mejoraba la anterior previsión oficial de julio del 2005.
En este contexto parecería razonable que Zapatero insistiera en que todo anda bien si no fuera porque aquel informe del 2008 no consideró los efectos de la crisis. De ahí que la realidad poco tenga que ver con aquellos datos. Desde el Instituto del Capital Social de la Universidad Abat Oliba, seguimos con preocupación la evolución de la SS. Escribí de ello en estas páginas el 30 de abril del 2007, y lo desarrollé en un libro, El retorn a la responsabilitat; en castellano: El fin del bienestar.
La mejora anunciada por el Ministerio desapareció el mismo 2008, tragada por la destrucción de empleo. Tanto, que el 31 de marzo del 2009 los afiliados eran 17,9 millones, dos millones menos que en julio del 2007. La consecuencia es que este mismo año la SS puede tener un déficit muy pequeño, o un ligero superávit. Lo más significativo no será su cuantía, sino la señal de que la máquina se ha parado y empieza la cuenta atrás: el Fondo de Reserva ya no registrará más ingresos. ¡Esto sucederá más de una década antes de lo previsto! En nuestra hipótesis el déficit podría situarse en el 2010 en 7.000 millones, incluso superarlos, comiéndose buena parte del Fondo de Reserva. Esto y la evolución posterior haría que la SS agotara sus recursos el 2014, una generación antes de la fecha oficial. El resultado depende de la destrucción de empleo y de un mecanismo retardado: los parados pagan la cuota – lo hace el Estado-a la SS mientras les dura la prestación; cuando parte de los cuatro millones de desocupados la agoten, la SS registrará bajas aunque no se destruya empleo. Para complicarlo más, el coste de las jubilaciones será mayor de lo previsto.
Conclusiones: (1) El déficit de la SS comenzará ahora mismo. Previsiblemente en el 2010. (2) El Fondo de Reserva desaparecerá entre el 2014 y el 2018. El resultado será un desastre social histórico. Somos el único país de Europa que no ha hecho las reformas necesarias de la mano de un gobierno irresponsable, y una oposición y unos sindicatos autistas. Y quien quiera más detalles que me escriba.
Favores públicos, beneficios privados, de Josep Miro i Ardevol en El Mundo
PRISMA
Los malos tiempos exigen una condición imprescindible: la convicción de que los esfuerzos y las recompensas se distribuyan de una manera equitativa, de que no existan aprovechados que viven a cuerpo de rey porque son gratos al poder a expensas de la mayoría.
Una incógnita que nadie me ha sabido despejar es ésta. ¿Cómo es posible que un grupo mediático como el del diario Público y la cadena de televisión La Sexta, deficitaria en tiempos de expansión económica, pueda aguantar impasible el ademán cuando los medios de comunicación bien asentados sufren caídas de publicidad de más del 20%? Dos respuestas concretas están en la voz del pueblo. Una se llama Entrecanales, la dinastía de importantes empresarios, conocida por su proximidad al poder socialista. La otra es Caja Cataluña, presidida por el vicepresidente del Gobierno con Felipe González, Narcís Serra, la única caja catalana bajo control político de la Diputación de Barcelona.
En este contexto sabemos con certeza lo siguiente: Entrecanales consiguió 500 millones de euros de un préstamo del ICO, algo al alcance de muy pocos, para comprar el 20% de las acciones de Endesa a 32 euros. Ahora las ha vendido a los italianos de ENEL, una empresa participada por el propio gobierno de aquel país, a 42 euros. El resultado ha significado una fortuna. En dos años la inversión le ha representado una plusvalía de 1.700 millones de euros. Los accionistas minoritarios no han podido acudir a la oferta de compra, algo deseable porque la cotización actual de ENDESA está en los 25 euros. Es un negocio posible pero insólito éste de Entrecanales, sólo comprensible si se goza de los buenos augurios del poder. De Caixa Cataluña sabemos de sus malos resultados.El 2008 ha ganado un 60% menos, la morosidad le afecta en un 5,3%, y su equipo directivo, con el presidente Serra a la cabeza, eso sí, se han aumentado sus retribuciones en un 41%, según este periódico.
De todo esto surge una necesidad evidente. El grupo de Roures ha de dar cuenta de quienes son sus inversores, o en su defecto Entrecanales y Caixa Catalunya han de explicar si existe o no relación financiera. Esta necesidad nace de una evidencia: la sensación creciente de que se producen operaciones empresariales que en realidad no son nada más que contrapartidas de los costes que han ocasionado otras operaciones dirigidas a apoyar al Gobierno Zapatero, fabricando artificialmente un grupo mediático. Esta sospecha daña gravemente la confianza y la credibilidad en el sistema político y económico, y debe ser despejada.
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