Reggio’s

En menos de un mes, se han dado, por orden de aparición, los siguientes acontecimientos: sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, manifestación soberanista en Barcelona, triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol, y voto de prohibición de los toros en el Parlamento catalán. Evidentemente, hay en la secuencia un factor casualidad. Pero un genio maligno dispuesto a encender las pasiones identitarias no lo habría programado mejor.

En realidad, la prohibición tiene una muy escasa importancia práctica, en la medida en que en Cataluña solo queda en activo la Monumental de Barcelona. Cerrará una sola plaza de toros que, hasta que José Tomás le inyectó algunas tardes vibrantes, llevaba tiempo languideciendo. Sin embargo, es grande la relevancia simbólica del gesto. No en vano 300 periodistas, 130 de ellos extranjeros, se habían acreditado en el Parlamento catalán. Con lo cual, hay por lo menos tres espacios de significación del acontecimiento: el internacional, el español y el catalán.

El Parlamento catalán ha sido el primero en decir no a un espectáculo que difícilmente encaja en la sensibilidad animalista cada vez más extendida en el primer mundo. Y esto es lo que llama principalmente la atención de la prensa extranjera. Cataluña es pionera, y habrá que ver los ecos de este voto en el sur de Francia, penúltima reserva espiritual de la tauromaquia.

En un momento de desencuentros político y cultural entre Cataluña y España, adquiere especial significación lo que el debate tiene de confrontación identitaria. Y la prensa española se centra sobre todo en este aspecto. Sin duda, el factor de afirmación diferencial de la cultura catalana respecto a la española ha contado en buena parte de los que han votado sí a la prohibición. De ahí a ver en ello un pérfido ejercicio de limpieza cultural va un trecho muy largo. Si de limpiarse se tratara, el espacio estaba ya muy aseado: solo queda una plaza en funcionamiento. Es decir, los toros habrían desaparecido de Cataluña sin necesidad de empujarlos. Y, sin embargo, en el propio espacio catalán el debate ha sido más complejo. Sin minimizar la corriente identitaria, se ha consolidado una cultura de creciente respeto a los animales que cree que montar un espectáculo sobre el maltrato a una bestia, por brava que sea, excede las fronteras de lo civilizado. Las intervenciones de dos personajes del mundo de la ciencia y de la filosofía nada sospechosos de veleidades identitarias catalanistas, Jorge Wagensberg y Jesús Mosterín, tuvieron un peso grande en la decantación del debate catalán. Que la tauromaquia es un fenómeno cultural es indudable, pero esto no la redime: la cultura no es garantía contra la crueldad.

En la medida en que vivimos en sociedades en las que todo lo que hay que prohibir está prohibido, y además hay muchas cosas prohibidas que no deberían estarlo, siempre resultan más atractivas las leyes que permiten hacer cosas que hasta ahora se negaban, sin obligar a nadie, que las que simplemente prohíben una conducta. La protección de los animales me parece una dignísima causa, aunque, como todas, abierta a la demagogia (y, a veces, al cinismo). En la medida en que los toros son un espectáculo en vías de extinción, preferiría que, como el boxeo, acabara muriendo por inanición, sin necesidad de decretar la siempre antipática sentencia de muerte.

Pero el debate sobre los toros, con las airadas reacciones de la prensa españolista -que vive la decisión del Parlamento catalán con acentos de cruzada-, pone una vez más de manifiesto la dificultad del diálogo digno de este nombre en la confrontación política. Una vez más, se excluye el protocolo que hace posible el diálogo de verdad: yo defiendo con toda convicción mis ideas, pero estoy dispuesto a asumir las tuyas si me convences, y viceversa.

En el diálogo político, la segunda parte de este enunciado no se contempla: es más, está prohibida. Porque la ideología es un territorio más cercano a la creencia que a la razón crítica, y porque para conseguir la servidumbre voluntaria lo que importan son las certezas, que casi nunca tienen que ver con la verdad. CiU y PSC hicieron una rara excepción: dieron libertad a sus parlamentarios. Lo que debería ser lo normal -que cada cual decida y piense por sí mismo- solo se concede cuando se trata del aborto y de los toros. Turbias corren las aguas por el inconsciente político. Los demás días del año, en el debate político prevalece la exigencia de lealtad sobre la verdad y la libertad. O sea, no es debate, es confrontación.

En un artículo reciente en Le Monde, el filósofo francés Marcel Gauchet daba una triple significación a la historia de política y dinero en torno a la propietaria de L’Oréal: como reactivación del contencioso entre el pueblo y las élites, como expresión de la factura política de la crisis y como confirmación de la desilusión de la opinión pública con las promesas de Sarkozy.

El asunto L’Oréal, que implica al ministro Woerth y su esposa, en principio no debería tener mayor importancia que las muchas historias de promiscuidad del sarkozismo con un sector del poder económico francés: un ejemplo más de las amistades peligrosas entre gobernantes fascinados por la riqueza y gente poderosa que vive siempre en las fronteras de la legalidad. Pero en la sociedad mediática se da un fenómeno que podríamos denominar como momentos de condensación. Hechos que producen un impacto superior al que sería imaginable porque provocan en la ciudadanía el recuerdo de acontecimientos parecidos que habían pasado medio inadvertidos. Al concentrar la memoria acumulada en el nuevo caso se produce un inesperado efecto de irritación retrospectiva. En España hemos visto muchos casos parecidos. La reacción de la opinión contra la gestión que Aznar hizo del 11-M, por ejemplo, no habría sido la misma si en aquel momento a los ciudadanos no les hubiera venido a la cabeza toda una cadena de despropósitos anteriores: del Prestige a la guerra de Irak, pasando por la boda de su hija.

La existencia de este mecanismo de condensación hace que sea difícil de entender la pasividad del PP -y del PP valenciano, en particular- ante los hechos de corrupción. Todo lo que se sospechaba sobre Fabra, cuya ejemplaridad había glosado Rajoy, está pasando al ámbito de las certezas, con imputaciones firmes contra el presidente de la Diputación de Castellón. Instituciones como la propia Generalitat valenciana o la Diputación de Alicante tienen en cargos de máxima responsabilidad a personas bajo sospecha judicial. Y el PP no toma decisiones. Sus dirigentes están convencidos de que la opinión pública ni les castiga ni les castigará. Desde luego, habría que hablar de este desdén de los electores con la corrupción, que no se sabe muy bien si es fatalismo, cinismo o, en algunos casos, complicidad. Pero ¿no se le ha ocurrido al PP que un día, sin saber muy bien por qué, esta cadena de casos puede hacer efecto condensación en la cabeza de los ciudadanos y provocar un rebote inesperado?

Marcel Gauchet dice que “a la gente le choca que los individuos en el poder se comporten como individuos privados. El gran fallo de Sarkozy es que no tiene sentido institucional”. Por la representación que les hemos otorgado y por la responsabilidad que hemos puesto en sus manos, los ciudadanos operamos a veces con una doble moral: exigimos a los políticos lo que toleramos a los ciudadanos de a pie. Y realmente, comportamientos como los de Camps o Fabra no son un dechado de sentido institucional. Todo esto cuenta en un momento en que la crisis está generando una creciente irritación de la ciudadanía frente a las élites, tamizada por el miedo al paro y a la inseguridad económica. Gauchet dice que la crisis ha dejado en evidencia la banalización liberal propuesta por Sarkozy: dejad que la gente bien situada gane dinero sin remilgos y los demás se beneficiarán también. ¿No es en esta idea en la que se apoya una política de austeridad como la que se ha impuesto a España, que carga particularmente sobre las clases medias y bajas?

Pero quizá la principal lección que se desprende del caso l’Oréal es la pérdida de confianza en las promesas de Sarkozy. La promesa es un componente esencial de la estrategia del político que basa su fuerza en su capacidad mediática. No hay proyectos políticos, hay promesas que impactan fuertemente en la opinión hasta que otra promesa las manda al baúl de los recuerdos antes de que la ciudadanía tome conciencia de que no se ha cumplido lo prometido.

Pregunté en cierta ocasión a un amigo filósofo francés que conoce bien a su presidente por qué Sarkozy y Zapatero se entienden tan bien. Porque son igual de superficiales, me dijo. No es una crítica a las dos personas. Es una crítica a un prototipo de político, propio de la comunicación política actual, dictada por la inmediatez, que en vez de proyectar el país hacia una expectativa de futuro, se apoya en la promesa, garantizada por la confianza en su palabra. El problema es que a la tercera frustración la gente les retira la confianza. Y la política pierde credibilidad e interés.

“Madrid nunca pacta, a lo sumo concede treguas”. Lo dice una personalidad catalana que por razón de su cargo frecuenta las instituciones españolas. Es exactamente lo que acaba de ocurrir ahora. Ante la crisis del Estatuto, Montilla protesta y Zapatero le concede una tregua. Alto el fuego: vamos a estudiar si encontramos vías legales para recuperar lo que la sentencia se llevó. Se crearán unas comisiones de trabajo, se abrirán diversas expectativas, pasarán los días, las promesas no acabarán de concretarse nunca, volverá a crecer el malhumor en Cataluña. Subirá la tensión. Se hará un apaño, una nueva promesa, otra tregua, un nuevo enfado y así sucesivamente.

La misma noche de la sentencia, el presidente Montilla se hizo portavoz de la irritación catalana. Rápidamente, el PSOE ofreció una tregua y el presidente la aceptó. La recuperación de la armonía entre socialistas ha sido más fácil que encontrar un mínimo denominador común en Cataluña con los demás partidos del Gobierno y con CiU. Montilla centra su estrategia en la defensa del Estatuto. Pero este Estatuto ya no existe: se lo cargó el Constitucional. Apostar por recuperarlo por otras vías es una estrategia perdedora: a lo sumo, conseguirá algunas compensaciones, pero siempre muy lejos de lo que era el texto aprobado en referéndum. Es una estrategia que sólo sirve para marear la perdiz y evitar el tan temido choque parlamentario con el PSOE.

Si Montilla quiere ofrecer a los electores una alternativa al independentismo y al soberanismo, tiene una opción: exigir la reformulación de un pacto bilateral entre Cataluña y España, a la vista de que el Constitucional ha extinguido el que salió de la transición. Cataluña y España tienen un problema. Por responsabilidad, unos y otros deben sentarse y buscar un pacto posible. Si es esta la perspectiva, y no la simple defensa de un Estatut que ya no existe, sí que puede adquirir sentido un proyecto político unitario en Cataluña. A soberanistas e independentistas les puede interesar unir fuerzas para tratar de arrancar de España un pacto de Estado que tendría la bilateralidad como premio. Y, eventualmente, para certificar que Madrid no pacta y que no hay otra salida que montárselo por cuenta propia.

Para que la estrategia del pacto con España sea todavía posible es necesario sumar fuerzas ante los dos partidos de Madrid y usarlas con todas las consecuencias. De lo contrario, ni llegarán a sentarse en la mesa. El PSC da la sensación de no ser consciente de la fuerza de intimidación que realmente tiene. Un tira y afloja para pasar de un Estatuto descafeinado a un estatus semidescafeinado no me parece un proyecto político suficiente para movilizar a la ciudadanía. Suena a antiguo. En cambio, un nuevo pacto con España sí lo es. Aunque sólo sea para probar su imposibilidad. Al fin y al cabo, el soberanismo de CiU -con su apuesta por el concierto- propone algo parecido, aunque con otro nombre para que desde el independentismo no le saquen tarjeta roja.

El PSC es un partido muy importante para el equilibrio político de Cataluña. Su contribución ha sido decisiva para la cohesión de Cataluña, es decir, para evitar que se rompiera en dos comunidades. El PSC puede entrar en una fase complicada después de las elecciones autonómicas, especialmente si desde Madrid se ideara una operación reconquista. Sería difícil evitar su fractura. Las opciones políticas que el presidente Montilla tome de aquí a las elecciones marcarán sensiblemente el futuro de este partido. Y, desde luego, la rápida aceptación de la tregua ofrecida por Zapatero no estoy seguro de que sea el mejor camino. En cambio, la ambición de forzar un nuevo pacto bilateral con España le afirmaría como referencia esencial de los que no están, de momento, por la labor de romper con España ya, pero que entienden que Cataluña debe hacerse respetar. Y permitiría a los socialistas ofrecer lo que ahora les falta: una hoja de ruta para la próxima legislatura.

La historia del PSC y del PSOE es un ni contigo, ni sin ti, en el que el PSOE siempre sale ganando. Hay un día en la vida en que hay que tomar la decisión de irse de casa. Es el fin de la adolescencia y la entrada en la vida adulta. Ello no tiene por qué significar la ruptura con la familia, ni el abandono de la solidaridad entre hermanos. Simplemente significa emanciparse. Curiosa la familia socialista en que el PSOE siempre se considera con derecho a exigir lealtad al PSC, pero nunca siente la obligación recíproca.

En democracia, cuando una gesta deportiva adquiere una dimensión política más allá del carácter festivo y tumultuoso del acontecimiento, acostumbra a ser síntoma de alguna inseguridad o algún malestar de fondo. Tenemos un ejemplo recurrente cerca: Cataluña ha sublimado, a menudo a través del Barça, su condición de nación no perfeccionada (es decir, sin Estado propio). Y, sin ir mucho más lejos, nuestros vecinos franceses, cuando su selección ganó el Mundial la proclamaron emblema de la Francia de la diversidad. Poco después estallaron los barrios periféricos de las principales ciudades del país y se abrió un insólito debate intelectual. La nación por excelencia se preguntaba: ¿qué es ser francés?

El contexto inmediato del debate del estado de la nación viene determinado por este momento de ilusión que se ha construido, a través de la selección española, como un espejismo en medio del desierto de la crisis. A través del debate la cruda realidad volverá introducirse en las portadas de los medios de comunicación después de unos días de cacofonía patriotera.

Los políticos, siempre dispuestos a demostrar que la capacidad de hacer el ridículo de los humanos es infinita, se han montado a la ola futbolera, enzarzándose en discusiones grotescas como, por ejemplo, si Rajoy es o no es equiparable a Del Bosque. Los políticos se han agarrado de la selección en busca de empatía con la ciudadanía, y se han puesto ellos mismos la soga al cuello alentando una comparación entre virtud futbolística e incompetencia política que no tiene pies ni cabeza.

Pero este despliegue de metáforas futbolísticas sobre la realidad social es sintomático de lo que en el fondo se querría hacer olvidar: que el debate del estado de la nación de este año se realiza en el contexto de cuatro crisis: crisis económica, crisis de futuro, crisis ideológica de la izquierda, crisis del Estado autonómico. Con todo esto apechugará Zapatero toda la legislatura, con poca o nula disposición por parte de los demás de echarle una mano. Para ello, La Roja le servirá de poco, a lo sumo, para descalificar el catastrofismo del PP, mientras dure la resaca.

Evidentemente, la crisis económica acaparaba la atención política. Y los tumbos dados por Zapatero desde que empezó son y serán tema de preferencia de la oposición. Pero por raros mecanismos de la psicopatología colectiva, desde el momento en que Zapatero ha apretado las tuercas con el ajuste se diría que la ciudadanía ha empezado a hacer de la crisis una normalidad.

Esta sensación de normalización, o, si se prefiere, paulatina adaptación a la crisis -que se equivocaría el Gobierno si la considera como aceptación ciega de sus políticas y la oposición si siguiera aumentando los decibelios de sus discursos- es, al mismo tiempo, la expresión de una segunda crisis: la crisis de futuro. La sensación de falta de horizonte. Hemos vivido unos años frenéticos montados en una especie de presente continuo que, en la quimera de la abundancia, no necesitaba ni de pasado ni de futuro. De pronto, el tiempo se ha parado. Abrir la ventana al futuro, demostrar que hay algo fuera de esta habitación sin vistas, es el proyecto político que la ciudadanía agradecería y que no se ve por ninguna parte.

Esta crisis de futuro tiene mucho que ver con la pérdida de la hegemonía ideológica por parte de la izquierda europea. La socialdemocracia no ha tenido respuesta propia a la crisis. Zapatero intentó marcar con sello de izquierdas su política hasta que este ente de sinrazón llamado los mercados le obligó a la rendición. El futuro se hace para muchos más inquietante en la medida en que los que nos metieron en la crisis -el poder financiero- pretenden pilotar la salida de la misma, acabando con cualquier pretensión reguladora desde la política.

A estas tres crisis se suma la del Estado. La sentencia del Tribunal Constitucional ha impuesto el cierre del Estado autonómico, confirmando la crisis política que se venía gestando desde que el Partido Popular inició el proceso de rechazo al Estatuto. La manifestación de Barcelona la corroboró al día siguiente: cualquiera que haya seguido la vida política catalana desde la manifestación del 77 hasta la del sábado, constatará un cambio de escala.

La opción autonómica se da por perdida: federalismo o soberanismo, esta es la cuestión. Zapatero abrió la ventana de la España plural, después se asustó presionado por el PP y se instaló en su creencia de que hay una armonía natural de las cosas que acaba resolviendo los problemas.

De momento, ninguna de las cuatro crisis parece que vaya a solucionarse por sí sola.

La manifestación de reafirmación catalanista y contra la sentencia del Estatuto reunió a un número ingente de ciudadanos en el centro de Barcelona, con ganas de decir de forma tranquila que Cataluña existe como nación política. Con este exitoso acontecimiento terminó la fase de los rituales. Y empieza la hora de la verdad política. La indignación serena que los ciudadanos expresaron en la calle es un sentimiento que surge cuando la gente se siente atropellada y que está en el origen de los grandes cambios sociales. La tarea del día después es darle traducción política. Si la sentencia del Constitucional marca el cierre del Estado autonómico, como es opinión extendida en Cataluña, ¿cómo traducir la respuesta ciudadana en políticas adecuadas para la nueva etapa que esta manifestación abre? Esta es la tarea que tienen por delante los partidos políticos y que debe guiar su comportamiento en la inminente campaña electoral catalana. Si los partidos, por una vez, fueran capaces de hacer una campaña electoral más política que propagandística, de las urnas podrían salir las alianzas adecuadas para poner en marcha la agenda compartida que la situación requiere.

Hay quien piensa que habría sido mejor que la sentencia no llegara en vigilias electorales. No estoy de acuerdo. Es precisamente la gran oportunidad de cambiar las inercias. De constituir mayorías o alianzas mayoritarias fuertes capaces de tomar la iniciativa. A Cataluña le ha llegado la hora de afrontar el futuro por sí misma.

Se han oído voces en Cataluña y fuera de Cataluña que dicen que las manifestaciones son gestos inútiles, expresiones de impotencia. No es verdad. La manifestación del 11 de septiembre del 77 está en la mente de todos todavía y sin ella la Transición probablemente habría sido distinta. Las movilizaciones contra la guerra de Irak cambiaron el curso de la política española. Y la manifestación de este 10 de julio puede tener un papel determinante en el futuro inmediato de Cataluña. No vale la demagogia de que el lunes la vida volverá a la rutina de siempre y los catalanes se irán de vacaciones como cada año. Naturalmente, nadie ha llamado a la insurrección. Se trata simplemente de comprometer a los partidos políticos a encontrar la hoja de ruta adecuada para que, con decisión, y sin rodeos innecesarios, Cataluña pueda alcanzar el autogobierno que se le niega. Lo que requiere mucha política, mucho pacto entre los partidos catalanes para la acumulación de fuerzas, mucha confrontación ideológica, en el sentido más noble de la palabra, hasta la configuración de las mayorías necesarias para emprender cambios de envergadura.

Se nota en algunos medios de comunicación conservadores cierto desdén, en el sentido de que una vez agotado el tiempo del ruido todo volverá a su cauce y se demostrará una vez más que los catalanes ladran mucho pero muerden poco. Corresponde a los partidos catalanes demostrar que las cosas han cambiado, pero corresponde también a las élites locales, especialmente a las económicas, siempre tan lampedusianas, no frustrar las expectativas generadas. No vale manifestarse de tarde y decir en las cenas de la noche que ahora lo que hay que hacer es evitar que esta dinámica de cambio vaya demasiado lejos. Había más de un rostro y más de una institución en la calle que respondían a este perfil.

En el intento de minimizar la manifestación de ayer, que parece ser la consigna de la derecha, algunos medios de comunicación han empezado utilizar La Roja como arma para el ataque. Espero que a la vista de la masiva manifestación de ayer no pierdan el tiempo contabilizando los ciudadanos que mañana salgan a celebrar el Mundial, si España lo consigue. Deben sentirse muy inseguros en la defensa de la nación española cuando tienen que convertir al fútbol en bandera para la reconstrucción nacional. Realmente, están ya en el último recurso.

El Gobierno español y el PP, ahora en el papel de manso cordero olvidadizo de haber provocado esta fractura institucional, esperan que, con el retorno de CiU al poder o con una coalición CiU-PSC, las cosas vuelvan a su sitio natural. El problema es que lo que antes resultaba natural ahora ya no lo es. Porque Cataluña ha cambiado mucho y la presencia masiva de las nuevas generaciones en la manifestación lo testifica. Y porque cuando a uno se le cierran las puertas no le queda más salida que buscar su propio camino. Esto es lo que expresaban los catalanes en la calle. Algunos dirán que se habría podido llegar a esta conclusión mucho antes. Pero para que un país se mueva sin desgarros internos ni fracturas dolorosas es necesario que una amplia mayoría de la sociedad tome conciencia de la necesidad de cambio. Los manifestantes dieron testimonio de esta mayoría.

“La sentencia del Estatuto es el fin de la descentralización”. Lo dijo Zapatero. El Estado autonómico queda cerrado. Los límites de lo posible han sido perfectamente definidos. Primera conclusión: no hay sitio para el federalismo. El PSC que se queda sin bandera. Después, el presidente saltarín ha querido matizar sus palabras. E incluso ha hablado de la posibilidad de completar parte de los recortes estatutarios por otras vías legales. Para ello, los socialistas han inventado el argumento de que el Constitucional avala el 95% del Estatuto y solo recorta el 5%. No sé de dónde sacan esta proporción que no se corresponde ni con el número de artículos modificados ni con la doctrina que emana de la sentencia. El problema no es de porcentajes. El problema es que el auto del Constitucional va en una sola dirección: la niveladora. Elimina sistemáticamente las frases que atribuían mayor poder a Cataluña, ya sea en el terreno económico, judicial o directamente político. Es la lógica del Estado de las autonomías: “muy descentralizado económicamente pero muy poco políticamente” (la frase es de Zapatero).

Se cierra un ciclo de 30 años. Estamos en la Cataluña postautonómica. Tanto en Madrid como en Cataluña hay mucha gente que piensa que la solución es el retorno de CiU al poder. Algunos -como el profesor José Luis Álvarez- anuncian ya las bodas de Artur Mas y de Mariano Rajoy. Parte del PSOE y del PP coinciden en una esperanza: una vez que el nacionalismo conservador vuelva a estar al mando, bajará el soufflé reivindicativo y el orden volverá a reinar. Yo prefiero creer el mensaje de Artur Mas: “A los catalanes nos toca hacer nuestra propia transición hacia el derecho a decidir”. Y espero que explique su plan de ruta durante la campaña y que lo cumpla si llega al poder.

Paradójicamente, los siete años de gobierno tripartito han contribuido más a la creación de un espacio político catalán (del proceso de construcción nacional, si se prefiere decirlo así) que los 20 anteriores. La incorporación al Gobierno de nuevas fuerzas políticas e incluso de nuevos sectores sociales ha permitido redondear una nación catalana sin exclusiones. Se acabaron los tiempos en que el país estaba dividido entre nacionalistas (los buenos) y no nacionalistas y españolistas (los malos). Al desplazar la política hacia el eje derecha/izquierda como en cualquier país, la pertenencia ha dejado de ser motivo de confrontación. Y sería deseable que no volviéramos atrás. Para ello es decisiva la evolución del PSC. La insólita declaración de la ministra Carmen Chacón dando por bueno un auto que el propio presidente de la Generalitat ha rechazado es un indicio del conflicto que puede darse en el seno del PSC en cuanto empiece a perder cuotas de poder. En cualquier caso, este partido debe decidir si su prioridad es gobernar Cataluña o España y obrar en consecuencia. Porque una cosa es contribuir a que la derecha no gane en España -muchos catalanes se lo agradecen regularmente con su voto- y otra muy distinta subordinar los intereses de Cataluña a este objetivo. El paripé que organizaron Montilla y Chacón el pasado domingo puede entenderse desde la necesidad que los grandes partidos tienen de dar satisfacción a sectores sociales diversos. Pero no es un buen augurio sobre la capacidad de resistencia prometida por el presidente Montilla.

Se habla mucho de unidad. La unidad no se consigue poniendo trabas al vecino, aunque este sea el presidente de la Generalitat que pide desfilar en la manifestación que él mismo anunció detrás de la “senyera“. La unidad debe partir de un plan para la Cataluña de los próximos años. Y este plan tiene que ser debatido y compartido. Los partidos catalanes tienen que llegar a la campaña electoral con los deberes hechos: con el temario común de una solidaridad catalana claramente definido. Y con el compromiso de utilizar todos sus recursos -empezando por los parlamentarios en Madrid- para conseguir los objetivos comunes. El que no quiera participar que explique abiertamente su relato alternativo, si lo tiene.

Desde luego, no hay que dejarse llevar por fogonazos emocionales que sólo generan frustraciones. Pero tampoco cabe optar por la acomodación: volver al oasis de los ochenta y noventa, como si nada hubiera ocurrido. Sencillamente, hay que hacer política. El recurso cínico de envolverse con la bandera para legitimar el inmovilismo ya no sirve. Hay dos caminos: o sumar fuerzas para forzar el pacto con España, que parece imposible, o buscar el camino de Europa directamente, sin rodeos. Para que la ciudadanía pueda escoger, es exigible que los partidos no se escondan en sus ambigüedades.

Un dirigente socialista catalán me decía que es una sentencia pensada para dar satisfacción al PSOE y al PP. Es un modo de expresar la extrañeza que ha generado la repentina aceleración de la decisión judicial. En tres horas se ha encontrado la salida del laberinto que no había sido posible entrever en cuatro años. ¿Hubo pacto político previo entre los grandes partidos?

Pero además de política en su origen y en su gestación, lo es por sus consecuencias. La sentencia tiene un manifiesto carácter nivelador: tanto en el terreno de lo simbólico (nación, fiestas, himnos y compañía) como en el de lo práctico. En este sentido, restringe los artículos del Estatut que daban mayor autogobierno a Cataluña en materia de política económica y tributaria o en la organización del poder judicial, limita la relación bilateral y atiende a un criterio sistemático de reforzamiento de las normas de base del Estado. Con lo cual, genera efectos políticos inmediatos que se expresan en dos actitudes básicas. Dar por completado el Estado autonómico, que es lo que explica el triunfalismo del PSOE y la discreción del PP, entendiendo que esta sentencia dibuja el punto máximo de elasticidad de la Constitución. O dar por agotado el Estado de las autonomías, que es la interpretación que hacen las fuerzas políticas catalanas, incluido el presidente Montilla -con la excepción del PP y un sector importante del PSC que sigue creyendo que su prioridad es gobernar en España y no en Cataluña-.

La sentencia llega a la política catalana en vigilias electorales. Son una excelente oportunidad para que cada partido defina sus estrategias ante esta nueva fase, que podemos denominar posautonómica o pospujolista (en la medida en que evidencia el agotamiento del posibilismo del que el presidente Pujol hizo un estilo). CiU, a la que viene de perillas la sentencia para pedir un Gobierno fuerte en su intento de alcanzar la mayoría absoluta, ya ha colocado el referéndum sobre el concierto económico como enseña de esta nueva etapa soberanista. El presidente Montilla ha situado en la defensa de los pactos entre Cataluña y España, surgidos durante la Transición, y el Estatut, como última formulación de los mismos, como estrategia para recuperar el espíritu que el TC ha liquidado. Iniciativa per Catalunya pide un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre el Estatut corregido, que inevitablemente se convertiría en un ensayo de autodeterminación. Y Esquerra Republicana insiste en la independencia, convencida de que el argumento gana enteros ante el bloqueo del Estado autonómico y la imposibilidad del sueño federal. El PP, por supuesto, intentará la cuadratura del círculo: aparecer como defensores del nuevo Estatuto, tratando de hacer olvidar que presentaron un recurso para cargárselo de arriba abajo, que incluso el Constitucional ha considerado excesivo.

Estas son las consecuencias políticas, de una sentencia inevitablemente política. Tan política que pone de manifiesto una de las grandes lacras de la sociedad española: el corporativismo. Es enternecedor que las tijeras del alto tribunal hayan sido especialmente contundentes en los artículos referidos al poder judicial. Nadie quiere ceder un milímetro de poder.

Vienen ahora los días de las protestas y de los actos de ritual: pleno del Parlamento catalán, declaración oficial, apariencia de unidad (inevitablemente precaria en vigilias electorales) y manifestación convocada por la sociedad civil. Servirán para medir los estados de ánimo, pero inmediatamente se impondrá la realidad de la política cotidiana, es decir, de los distintos intereses partidarios. CiU, instalada en las ambigüedades del soberanismo, tiene prisa para recuperar el poder y acumular capital político, frente al PSOE como frente al PP, cara a futuras mayorías parlamentarias. El Gobierno de izquierdas busca reencontrar un momento de unidad que no está claro que alcance más allá de la manifestación de la semana que viene.

Con todo, la pregunta política es: ¿serán capaces los principales partidos catalanes -y especialmente CiU y PSC- de pactar un mínimo compartido para tratar de recuperar juntos -es decir, con unidad parlamentaria también en Madrid- lo perdido? ¿Federalismo o independencia? Esta es la cuestión. Y el federalismo sale tocado de este envite. Lo han declarado imposible.

El Gobierno se ha puesto a gobernar, como pedía Felipe González. La pena es que no lo hiciera antes cuando Zapatero se jactaba de lo gustoso que es gobernar cuando sobra el dinero. Era entonces un buen momento para emprender reformas de calado, que obedecieran a un proyecto y tuvieran sentido propio. Cierto es que los Gobiernos, por lo general, solo actúan bajo presión. Es lo que distingue a un buen Gobierno de un Gobierno mediocre, a un Gobierno que tiene un plan de acción de un Gobierno que va sorteando obstáculos con más o menos fortuna.

No hay duda de que España necesita una reforma laboral. Pero tampoco hay duda de que esta reforma no puede girar solo en torno al coste del despido. En un país en que hay más de cuatro millones de parados es difícil de vender la especie de que despedir es caro y complicado. Una reforma laboral no debería tener como objeto facilitar el despido sino crear las condiciones para que se tengan que hacer los mínimos despidos posibles. Y una reforma así es imposible cuando desde fuera se le están exigiendo al Gobierno plazos y resultados en una dirección muy determinada. Una representación del llamado grupo de los cien economistas ya advirtió a Zapatero de que si no endurecía el documento respecto al borrador que se dio a los agentes sociales, los mercados no se darían por satisfechos. ¿Cuál es la función del gobernante, velar por el interés general de los ciudadanos o cumplir los designios de los mercados?

Es probable que desde la ortodoxia económica se sustente que interés general y voluntad de los mercados es la misma cosa. Pero me parece difícil de defender cuando estos días se están conociendo datos de instituciones financieras europeas -es decir, de países no solo amigos, sino socios- lanzados a especular contra España.

En cualquier caso, la realidad es concreta: el Gobierno hace una reforma laboral bajo la presión de los mercados. Ciertamente si esta es la razón para hacerla, el veredicto de los mercados se convierte en decisivo. De modo que la reforma lleva denominación de origen. Y los mercados siempre quieren más. Es su carácter. O si se prefiere la lógica del sistema.

Zapatero se la juega en tres frentes. El frente de los mercados -y del Gobierno de Europa, que empezó queriendo plantar cara a la especulación y cada día está un poco más a su servicio-. O los mercados aceptan la reforma o siguen tirando contra la economía española o las dos cosas a la vez, que también es posible en este juego de espejos deformantes.

En el frente social, los sindicatos, conscientes de que no podían salir bien librados de una negociación tan marcada, buscan la legitimación que la mesa del pacto no les ha dado. Y apelan al símbolo máximo de su lucha: las mitificadas huelgas generales. Los sindicatos han sabido administrarlas con cuidado, de modo que sus convocatorias se han convertido en hitos de la democracia. Y buena parte de su fuerza viene del hecho de que se les reconoce que son los únicos que tienen capacidad para parar este país. En momento de zozobra, vuelven a este recurso. Pero lo hacen con inseguridad y se nota. Una huelga general con tres meses de antelación es más una consigna que una huelga. Del mismo modo que la huelga les ha dado históricamente la capacidad de intimidación que les legitima, el fracaso de la huelga les dañaría seriamente, en un momento en que hay muchos trabajadores que piensan que no todos son iguales a los ojos de los sindicatos. Y que los menos iguales son los parados. No creo que el frente sindical sea un riesgo alto para Zapatero.

El tercer frente es el político. El decreto se tramitará parlamentariamente. Una derrota dejaría a Zapatero en un callejón sin otra salida que la dimisión o la convocatoria de elecciones. El PP lleva tiempo pidiendo la reforma laboral. El PP siempre ha aceptado que hay que cumplir los designios de los mercados, porque el mundo es así. Sería difícil de explicar que votara en contra, pero también lo era en el caso del ajuste y lo hizo. Entonces quedó claro que para Rajoy solo hay una estrategia, tumbar a Zapatero ya. CiU lo evitó. ¿Lo evitará esta vez si el PP opta por matar la legislatura, por encima de cualquier otra consideración? Zapatero corre innegables riesgos, ganados a pulso por no haber tenido la osadía de hacer reformas cuando el dinero abundaba y la presión era escasa.

El fatalismo con el que el presidente Zapatero ha asumido el giro copernicano de su política favorece la sensación de que vivimos en un momento marxista: cualquiera que estuviera en el lugar del presidente haría la misma política. Como escribe Sheri Berman: “Contra el determinismo marxista y el laissez-faire liberal, la socialdemocracia desarrollaba una política ideológica basada en la idea de que la gente, trabajando juntos, podía hacer del mundo un sitio mejor”. Esta idea, que dio a Europa sus mejores momentos, suponía la primacía de la política sobre la economía, entendiendo que a través de la democracia representativa el interés general podía prevalecer sobre el interés privado. Es exactamente lo contrario de lo que estamos viviendo estos días. La crisis ha reforzado el discurso determinista de los mercados. No hay alternativa. El problema no es que los dirigentes sean más o menos lerdos, sino que no tienen posibilidad de elección: la economía manda. Si la ideología es el sistema de velos que atempera nuestra relación con la realidad, un juego de creencias para dar sentido a lo que, en crudo, podría ser insoportable, esta es la ideología que gobierna una sociedad que se dice desideologizada y, sin embargo, es más ideológica que nunca.

Como ocurría con el marxismo, la ideología dominante busca la autoridad de la ciencia para ahogar las discrepancias. Los economistas instalados en la doctrina mayoritaria (cien y algunos más entre nosotros) son los ideólogos del momento: su pretensión es que hay una ciencia de la economía que conoce las leyes de esta y marca las vías únicas por las que se debe encauzar la acción política: puro determinismo. Como el viejo materialismo histórico, solo que donde decía ley de la historia, dice ley de los mercados. Cuántas veces hemos oído desde que empezó la crisis que está muy claro lo que hay que hacer, sólo se necesita voluntad política para hacerlo. De nada sirven, por lo visto, los fracasos en la predicción de la crisis, ni los desastres provocados por unos comportamientos sobre los que nunca avisaron. En la doctrina dominante, la economía, como la naturaleza, sigue su curso. Los ciudadanos solo tenemos que adaptarnos. Los intelectuales orgánicos insisten: España se hunde.

De pronto, toda Europa se ha puesto a obedecer las consignas de la ortodoxia. Con un frenesí extraordinario, quienes frenaban la toma de decisiones hace cuatro días están ahora recortando sus gastos sin reparar en las consecuencias. Los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, aplauden. Nadie les ha elegido, pero son los que, para algunos, merecen respeto porque son independientes de la política, que no de la ideología, por supuesto. Y los países se van comprimiendo. Paul Krugman, uno de los raros discrepantes de la corriente principal, se permite ironizar sobre “el masoquismo” de unos europeos empeñados en castigarse con planes de austeridad sin fin. Los mercados (y los economistas que ponen la doctrina) piden más: reforma laboral, reforma de pensiones. Los mercados quieren sangre. No se dan por satisfechos hasta oír algún crujido.

El socialdemócrata Zapatero se ha puesto al frente de la procesión, porque, como todo el mundo le dice, no podía hacer otra cosa. Llevamos ya casi un mes desde su glorioso giro copernicano y todavía no ha dado una sola explicación a la ciudadanía. Todavía no ha dicho hacia dónde pretende llevar al país con estas medidas. Probablemente porque no lo sabe: actúa al dictado. Pero si la cosa se tuerce definitivamente no serán los que ahora le están marcando el camino los que le van a echar una mano.

Hace ya tiempo que se impuso la ideología de los libros de autoayuda: “la búsqueda del interés propio es sinónimo de salud emocional”. Solo que este principio se aplica a la economía privada, pero se niega a los países. Cuando la economía prevalece sobre la política, la socialdemocracia es la primera víctima. Pero no la última: ¿es compatible el determinismo de los mercados con la autonomía y la libertad que caracterizan a la democracia?

Los gobernantes se juegan mucho más que sus puestos. Hay un desafío abierto de los mercados -del poder financiero- contra la política, para consolidar la sumisión de los gobiernos. Y si se pierde esta batalla, adiós Europa, adiós democracia. Pero nuestros gobernantes viven en su nube, disciplinadamente atentos a las señales de los mercados. No se aprecia indicio alguno de que estén dispuestos a dar una batalla en la que Europa se juega su supervivencia como modelo de referencia. Por eso Zapatero no se atreve explicarse. No sabe cómo decirlo.

La rutina de la violencia ha acabado lastrando a un pueblo irónico, sofisticado y creativo. La obsesión de que todo el mundo es su enemigo bloquea la capacidad de raciocinio de Israel y le lleva a cometer estupideces

Más allá de consideraciones morales, el asalto del Ejército israelí a la flotilla de la libertad desconcierta por lo absurdo. ¿Qué pensaba ganar el Gobierno de Israel con una acción tan manifiestamente desproporcionada, que solo puede acarrearle efectos negativos: aislamiento internacional, ruptura con un interlocutor tan útil como Turquía, mayor radicalización palestina, problemas con Estados Unidos? En un conflicto que, para muchos, solo admite adhesiones incondicionales, la pregunta es retórica. La respuesta es conocida de antemano: esta acción es una prueba más de la maldad absoluta del Gobierno judío (campo propalestino) o esta acción forma parte de la obligación del Gobierno judío de protegerse de las agresiones permanentes (campo projudío). Ninguna de las dos respuestas aporta nada a la comprensión de la realidad: simplemente, blinda a cada uno de los campos frente a los argumentos del otro.

No es fácil encontrar una explicación a una acción incomprensible políticamente. Buscando explicaciones racionales a veces cuesta entender el papel que la estupidez juega en las decisiones humanas. Hay que contar, por tanto, con el carácter embrutecedor de la violencia (Eva Illouz). La rutina de la violencia ha acabado lastrando a un pueblo tan irónico, sofisticado, creativo, como el pueblo judío. La obsesión de que los enemigos están en todas partes bloquea la capacidad de raciocinio. Sobre esta cerrazón se construye el razonamiento, denunciado por Amos Oz, que guía una y otra vez la acción del Gobierno israelí: “Lo que no puede hacerse por la fuerza, puede hacerse utilizando una fuerza mayor”.

Se construye así una atmósfera “de presunción y de narcisismo” (André Glucksmann), que hace posible la paradoja que Enric González describía en este periódico: “Los israelíes se sienten fuertes y se ven débiles”. La derecha y la izquierda israelíes se creen capaces de resolver definitivamente el problema por sí mismas. No tienen en cuenta ni las contradicciones entre los palestinos y entre el mundo árabe, ni las diferencias entre las potencias internacionales. Y, al mismo tiempo, se sienten acorralados por un mundo que no les comprende. Un narcisismo que hace simetría con el de amplios sectores de la opinión pública internacional que piensan que con buenas intenciones se puede resolver todo.

A esta incapacidad de interactuar con la complejidad del conflicto responden tanto los esfuerzos de los gobernantes israelíes de reducir ideológicamente el conflicto a una lucha contra el terrorismo islamista (Hamás, Hezbolá), como la capacidad de hacer abstracción del uso táctico del terrorismo por parte de los palestinos. Es evidente que haber encerrado a más de un millón de personas en una franja insalubre y miserable da mucha asimetría al dibujo. Y que la desproporción entre la capacidad bélica de Israel y la de los palestinos es tan abrumadora que es imposible pensar que el conflicto se da en una mínima igualdad de condiciones.

Probablemente uno de los obstáculos a la resolución de este conflicto es la enorme presión sobre los actores por el hecho de que la cuestión palestino-israelí sea considerada algo así como el conflicto de los conflictos. Pero hay cosas que van más allá de las voluntades políticas: Jerusalén lleva una enorme carga de historia encima, como capital universal de las religiones del Libro, donde se lucha patéticamente por el metro cuadrado de espacio sagrado.

En un entorno tan cargado, nada hay peor que la negación de la realidad. El terrorismo es una táctica bélica. A una organización se la puede llamar terrorista cuando esta forma de violencia es su manera exclusiva de estar en el mundo. No es el caso de Hamás. Utiliza el terrorismo, pero como ha escrito Amos Oz, “no es solo una organización terrorista. Es una idea desesperada y fanática que surgió de la desolación y la frustración de muchos palestinos”. Y es una organización que da a los palestinos lo que otros les niegan: una mínima asistencia y protección. Al convertir a Hamás en el enemigo total, Israel no hace sino favorecer la derrota de la Autoridad Palestina y alargar sine die la resolución del problema. A nadie favorece tanto como a Hamás la imposibilidad de la paz.

No estoy seguro de que el destino ideal del pueblo judío fuera tener un Estado propio en Israel. Su condición de nación sin territorio, de nación sin patria o si se prefiere, nación cuya patria es el texto (Georges Steiner), tiene probablemente mucho que ver con la fuerza creativa que los judíos han esparcido por el mundo. Y era, por lo menos desde mi punto de vista, una singularidad muy atractiva. Tenía evidentemente sus riesgos. Que como la historia ha demostrado podían ser terribles: la persecución, la diáspora, el genocidio. La compleja relación ideológica del Estado de Israel con la Shoah es bastante indicativa: “Nunca más iremos a la muerte como corderos”. Expresa una voluntad de superación muy estimable, pero también una relación equívoca con las víctimas y una coartada para sentirse portador de un derecho ilimitado a la autodefensa.

La emigración masiva de judíos de la antigua URSS hacia Israel ha introducido factores de desequilibrio en la sociedad, radicalizándola hacia la derecha. La convivencia cotidiana con la violencia y con el discurso de los amigos y los enemigos, también. Los judíos askenazis laicos han perdido peso a favor de los ortodoxos ultrarreligiosos. Hay soldados conjurados a no cumplir órdenes de desalojo de un asentamiento en territorio palestino. De modo que la carga religiosa es cada vez más fuerte en los dos polos del conflicto. Y se conoce que las políticas de lo sagrado conducen a la imposibilidad del compromiso.

Desde Israel se quiere competir con los palestinos en ganar la condición de víctima ante la opinión pública mundial. Es una batalla perdida. La asimetría es demasiado grande. Las condiciones de humillación permanente a que se somete a los palestinos en Cisjordania y el confinamiento de más de un millón de personas en Gaza siempre pesará más a los ojos del mundo que los atentados terroristas de Hamás o las bravuconadas de los líderes islamistas. Israel vive con la sensación de estar rodeada de enemigos.

Después de un siglo tan sangriento como el pasado, el respeto y consideración a las víctimas ha ganado terreno en la opinión pública mundial. Pero, al mismo tiempo, se reconoce que la posición de víctima no es la más adecuada para diseñar una política. Y esto vale por los palestinos, encerrados a menudo en un victimismo de la impotencia, y para los judíos, que han hecho de su victimización la coartada para utilizar la fuerza a su antojo.

El filósofo Avishai Margalit acaba de publicar un ensayo que empieza así: “Este libro es la búsqueda justa de la paz, más que la búsqueda de una paz justa. La paz puede ser justificada sin ser justa”. Abogado de las políticas negativas, Margalit es de los que piensan que es más importante buscar acuerdos para defenderse del mal, que pensar en la construcción de imposibles ciudades ideales. Pero estas apuestas pacificadoras por una sociedad decente, en la que las instituciones no humillen a los ciudadanos, requieren el compromiso firme para aceptar soluciones no completamente justas, en aras de evitar un mal mayor.

La búsqueda del mal menor se ha cifrado en la división en dos Estados. Solo cuando las dos partes acepten este mal menor, por encima de las fantasías redentoras de cada una de ellas, y se comprometan seriamente a ir hasta el final, se podrá vislumbrar un cambio en Palestina. Y hay razones para pedir que Israel dé pasos decisivos, a condición que la otra parte afronte sus desacuerdos internos. El problema es que la cuestión judeo-palestina está cada vez más teñida de lo religioso y las políticas de lo sagrado viven del enfrentamiento, del bien contra el mal. ¿Qué resquicios de entendimiento puede haber entre quienes se consideran dueños de un territorio por decisión divina, y quienes responden con el terrorismo suicida negando cualquier posibilidad de reconocimiento mutuo? En ambos lados, en vez de avanzar hacia la emancipación de la religión, se ha retrocedido hacia las políticas de Dios, hasta convertirse en políticas del nihilismo: la redención por la destrucción del otro o del otro y de yo mismo a la vez (en este extraño rito de abrazo mortal al otro que es el suicido terrorista descrito por Jacqueline Rose). El síndrome de Jerusalén parece condenar a israelíes y palestinos a la locura de la paz imposible. Y el resto del mundo contempla el espectáculo, grita consignas y deja que la tragedia continúe.

El principal error del plan de ajuste de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido la congelación de las pensiones. Un ahorro de 1.500 millones -que bien podía conseguirse por otras vías- no justifica la pésima señal dada a la ciudadanía. El Gobierno va acumulando días sin decidir cómo se concreta el aumento de la fiscalidad de los que más tienen -cuando a la vista están figuras escandalosas como la Sicav- y, en cambio, no ha vacilado en apretar las clavijas a los pensionistas. Es un error por triple motivo: porque es una decisión manifiestamente injusta; porque dilapida el capital acumulado por el PSOE como garante de los derechos sociales de los ciudadanos; y porque ha dado a la oposición la coartada que necesitaba para negarse a votar el ajuste.

Se dirá que es obsceno ver al PP actuando como defensor de las clases populares si se repasan sus políticas en la materia. Pero ese es un problema del PP. El problema del PSOE es que con esta desafortunada decisión ha abierto la espita de la fuga de votos. En 1974, Giscard d’Estaing ganó la presidencia de la república francesa a François Mitterrand en un debate televisivo famoso porque negó a la izquierda “el monopolio del corazón”. Zapatero ha renunciado voluntariamente al monopolio, es un decir, de la protección social: un valioso regalo para la derecha.

Con todo, más grave que la decisión es el argumento que, según han informado los medios de comunicación, Rodríguez Zapatero utilizó ante sus compañeros de partido: solo un gesto de dureza de este calibre puede satisfacer a los mercados. Sabemos perfectamente que el presidente del Gobierno compuso el plan de ajuste bajo la presión de lo que algunos llaman el directorio europeo. Para mayor vergüenza, esta imposición ha llegado con Zapatero como presidente semestral de la Unión Europea: es decir, que el que formalmente manda en Europa ha sido obligado a hacer un plan de ajuste por quienes mandan de verdad. Sabemos perfectamente que él no hubiese querido hacer este cambio. Pero lo ha hecho. Y lo ha hecho sin siquiera darse un margen de autonomía a la hora de definir los términos concretos del recorte, y asumiendo como argumento de autoridad la amenaza de la voracidad de los mercados. A partir de aquí, la comedia nacional se dispara. El PSOE, asumiendo el ajuste que venía pidiendo desde hace tiempo la derecha; el PP colocándose cínicamente en el rol de defensor de los humildes. Y CiU representando el histriónico papel del nacionalista catalán que salva a la nación española de la irresponsabilidad de su derecha. Sería cómico si no fuera porque la situación es dramática para muchos ciudadanos.

El gran problema que subyace bajo este penoso episodio viene de lejos: es la derrota de la socialdemocracia europea. Al inicio de la crisis se abrió una duda: era una oportunidad para una reforma del capitalismo que corrigiera los excesos que condujeron a este desastre o, al contrario, una consolidación del capitalismo de casino, fruto del desmesurado poder de las instituciones y de los agentes financieros. Ahora ya está claro que la vía reformista va camino de una nueva derrota. La decisión de Zapatero de apretar a los pensionistas para satisfacer las bajas pasiones de los mercados confirma esta deriva. Es el triunfo de la idea de Hayek de que la justicia social sólo es un espejismo. Y de que no hay otra justicia que el crecimiento.

La política de Zapatero en contra de la cultura socialdemócrata se ha fundamentado sobre una concepción de la política y de la economía como espacios autónomos. Durante los años de bonanza económica, el esquema funcionó: las propuestas en materia de derechos civiles daban identidad ideológica a la izquierda, con la ayuda de una derecha tan reaccionaria como la española. La economía seguía su curso. Pero, cuando la atención se ha centrado en la economía, ha emergido la cruda realidad. No hay proyecto económico socialdemócrata hoy en día en Europa. La derecha ha ganado porque su posición ideológica es clara: la política es principalmente economía. Hasta el punto de que da por buena la sumisión del poder político al económico.

Si, con la crisis, el vértigo se instala en ciertos sectores de las clases medias, podemos encontrarnos con que la elección política en Europa quede limitada a liberales y conservadores o neofascistas, con el consiguiente riesgo para la democracia. Y con la izquierda lamiéndose sus heridas, incapaz de adaptarse a un mundo en que el sujeto político de cambio dejó de ser uno solo, tras aparecer una diversidad de movimientos emancipatorios que no ha sabido articular políticamente. Ahora están perdidos en el magma de la crisis.

En el verano de 2007, Zapatero dijo que la próxima legislatura -es decir, la actual- sería la de la reforma de la justicia. Después, las prioridades cambiaron. La crisis acaparó casi toda la atención política y la reforma de la justicia quedó una vez más aplazada, condenada a ser la eterna reforma pendiente de la democracia. Tres años más tarde resulta que dos tribunales de naturaleza distinta, el Supremo (última y máxima instancia de la jurisdicción) y el Constitucional, ajeno a la estructura judicial pero responsable de la interpretación de la Constitución y de las garantías jurídicas de los ciudadanos, están a punto de cargarse el pacto Constitucional y de organizar un conflicto político de envergadura. De modo que no solo queda claro que la reforma de la justicia es imprescindible y no debería seguir demorándose indefinidamente, sino que también hay razones para pensar que el Constitucional necesita algún reajuste.

Así lo han entendido los partidos que forman el Gobierno tripartito catalán y CiU que van a presentar una propuesta de reforma de calado del Constitucional que acabe con los magistrados interinos, que marque plazos que impidan dilaciones en la resolución de los recursos que tienen efectos políticos colaterales graves, y que limite -por la vía de una mayoría cualificada- la capacidad del alto tribunal de cargarse una ley aprobada por la ciudadanía en referéndum. El alto tribunal va ya por su sexto proyecto de sentencia, lo que denota una alarmante incapacidad para cumplir su cometido. Solo una dimisión colectiva, corolario de desacuerdos sin solución, enmendaría el papelón de los magistrados, por lo menos moralmente. Al PSOE se le plantea un problema político complicado en un momento en que está atrapado en todos los frentes: votar la propuesta catalana o ver cómo 25 de sus diputados -los catalanes- abandonan la disciplina y les dejan en manos del PP. Lo que confirmaría una sospecha extendida en Cataluña: que el PSOE no tiene interés alguno en evitar un recorte a un Estatuto que nunca ha asumido como suyo, cuando en realidad es más suyo que de los partidos catalanes, que habían votado otro muy distinto en el Parlamento catalán.

Lo cierto es que una sentencia dentro de los márgenes previsibles, por lo que sabemos de los distintos borradores conocidos, abriría una brecha en el pacto constitucional, que en cierto modo ya se está viendo en la opinión pública catalana. Una encuesta publicada ayer en La Vanguardia, eleva los partidarios de la independencia al 37% y certifica el carácter transversal que tiene la propuesta de separación: un 35% de los votantes socialistas apoyaría la independencia. Con lo cual una vez más vamos a la misma cuestión de siempre: ¿Es función del Constitucional corregir los pactos políticos? Un Estatut no es más que un pacto político para definir el lugar y el papel de una comunidad autónoma en el conjunto de España. Cierto que hay responsabilidad del PP, al no respetar un pacto del que se autoexcluyó y denunciarlo ante el Constitucional. Pero este ha aceptado entrar en un juego que es dudoso que le corresponda.

Del caso Garzón lo que más choca es que no haya habido en el Poder Judicial nadie con autoridad y sentido común para parar este desatino. Desde luego el papel del presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Dívar, confirma que a Zapatero, una vez más, el PP le coló un gol entre las piernas, con la colaboración inestimable de la vicepresidenta Fernández de la Vega, omnipresente en estos líos.

Por lo demás, hay que distinguir dos niveles, el de las rencillas y rencores corporativos, digno de un manual de psicopatología de las pequeñas diferencias, y el político. En este último el PP arrasa: con la persecución de Garzón, avisa a los demás jueces sobre cuál puede ser su destino si se atreven a meterse con la corrupción del partido y consigue el gran objetivo de blanquear el franquismo, imponiendo su doctrina de que el régimen franquista solo debe ser objeto de estudio de los historiadores.

Con lo cual, el espíritu de la Transición salta por los aires. En el debate político, la palabra transición ha adquirido tal grado de autonomía que parece que se olvida que carece de sentido si no viene acompañada de la palabra democrática. Y en una transición democrática, como acaba de decir el Tribunal de Estrasburgo, no se puede negar el carácter de determinados crímenes políticos.

Dos tribunales ponen el pacto constitucional en solfa. Es lo que faltaba en plena crisis económica. Algunos dirán que es una estrategia de cortinas de humo de Zapatero para salir del mal paso en que se encuentra. Tengo la sensación de que es peor: es la falta de autoridad y de sentido institucional en algunos puestos clave de la estructura del Estado, empezando por la presidencia del Gobierno.