Reggio’s

Poca gente en la calle, discursos moderados de los líderes sindicales. De momento, el primer aviso no es para que el Gobierno se asuste. Los sindicatos lo único que han hecho es reafirmar las líneas rojas que el Gobierno no puede cruzar. Pero saben que la derecha se las saltaría sin pudor. Y confían en que Zapatero, después del ataque de miedo que le provocaron los mercados, sepa estar con quienes están dispuestos a ayudarle en el control de la calle. Los sindicatos saben que si Zapatero pierde la carta de la paz social está amortizado. Ni la presencia de Nicolás Redondo en la calle, el hombre que agrietó el poder de Felipe González más que nadie; ni la mítica significación de las pensiones, la penúltima bandera que les queda a los sindicatos, principal motor de las huelgas generales en este país, son señales suficientes para que cunda el pánico. Redondo, que gastó sus últimas energías en acabar con su gran rival, hoy es sólo un cromo de la historia de la democracia. Y los recortes de pensiones están sólo en fase previa, queda mucho por discutir.

Hay muchas razones para que Zapatero arriesgue lo mínimo, por mucho que le aprieten la oposición y el dinero. Sin embargo, Zapatero se equivocaría si, con su optimismo, que ha pasado rápidamente de mágico a letal, creyera que el peligro de quiebra del clima de tranquilidad social está superado. Para no confundirse es suficiente que mire a Europa, donde las huelgas y las movilizaciones están creciendo a ritmo muy sostenido. Y de la misma forma que, como casi siempre, España entró algo más tarde que el resto de Europa en la crisis y saldrá también algo más tarde, no debería sorprender que los ecos de lo que ahora se mueve en Europa lleguen aquí tarde o temprano.

Entre los fantasmas monclovitas parece que está instalado el que recuerda a los habitantes del lugar que cada presidente tiene su huelga general. De momento, esta posibilidad parece disipada. En España, las huelgas generales requieren unas condiciones psicológicas peculiares: no basta con que el Gobierno se haya degradado, es necesario que exista en la calle cierto rencor contra el que gobierna. Lo hubo en las huelgas contra Felipe González, que culminaron la enorme frustración de la izquierda por el referéndum de la OTAN. Y lo hubo en las huelgas contra José María Aznar, cuando, en la segunda legislatura, dejó suelto al personaje autoritario y arrogante que llevaba dentro. Con Zapatero todavía no estamos en este punto. Pero puede llegar. Los ciclos de Zapatero han sido cortos. El momento epifánico se agotó con la retirada de las tropas de Irak, el apogeo nunca llegó muy alto, porque pronto cundió el desengaño por su afición a prometer y dar menos, aunque se sitúa en su reelección. Después, empieza un largo periodo crepuscular. Tan largo que, si la oposición no lo aprovecha, quizás el presidente pueda soñar en empalmar, contra toda lógica de los ciclos, con un nuevo amanecer.

Sin embargo, no deja de ser sorprendente que no salga de las generaciones jóvenes alguna forma de respuesta a su precaria situación. Nunca han estado tan preparados, nunca la búsqueda de empleo ha provocado tanta frustración. De momento, la inmensa mayoría busca y calla. ¿Tenemos que imputarlo al miedo de la crisis? ¿Debemos atribuirlo a la fragmentación individualista de la sociedad? ¿O se puede pensar que el paso de la libido a la pulsión, del goce a la repetición, que nos ha marcado el consumo, ha sido una perversa escuela que prepara para la frustración permanente?

Tengo la sensación de que tarde o temprano los jóvenes harán oír su voz. Que se quedaran callados, sería un fracaso de nuestra generación como padres. Una sociedad que no es capaz de generar su propia negatividad -como decía Levi Strauss- está condenada a la muerte, a la indiferencia, diría yo, para desdramatizar. Y nadie mejor que los jóvenes para dar los aguijones necesarios para que una sociedad no se detenga.

Evidentemente, no es en los sindicatos donde estos jóvenes se pueden sentir representados. No era ayer su día para salir a la calle. Y los sindicatos deberían reflexionar sobre ello. En momentos de crisis, se hacen quizás más evidentes las limitaciones sindicales. Su especialidad es defender los derechos de los trabajadores con empleo y mejorar sus condiciones laborales.

Pero a su lado hay dos colectivos con los que los sindicatos no saben muy bien qué hacer: los parados y los jóvenes en busca de primer empleo. Y éstos son los principales perdedores de la crisis. Es decir, los que deberían tener mayores urgencias para hacer oír su voz.

Hace dos años se hizo en Barcelona una exposición sobre la transición. Al final del recorrido, el visitante podía plantear sus preguntas ante una cámara para que fueran contestadas más tarde en un debate público con protagonistas de la transición. Las dos preguntas más repetidas, con mucha diferencia, eran, con ligeras variantes, éstas: “¿Cómo es posible dar por buena una transición en la que los franquistas no pagaron por sus crímenes?”, “¿puede darse por terminada la transición mientras siga la monarquía?”. Son dos preguntas que las generaciones de la transición podemos pensar que tienen una respuesta fácil: los crímenes del franquismo fueron absueltos por un pacto de reconciliación nacional, concretado en una Ley de Amnistía; el Rey se ganó su legitimidad democrática al ejercer de buen traidor, que contribuyó eficazmente al desmontaje del antiguo régimen y a la construcción del nuevo. Pero lo que puede parecer evidente a los que vivimos las dificultades, las dudas, los miedos y las amenazas de la transición puede no serlo tanto para las nuevas generaciones y para las gentes que ven el proceso democrático español desde otros países.

Podemos pensar que no se ha sabido explicar suficientemente bien la transición y que ésta es la razón de que preguntas que deberían estar cerradas sigan abiertas. A todas las generaciones les gusta haber firmado una obra maestra de la historia de un país. Es legítimo considerar la transición como tal. Cualquier cambio de fondo en la estructura política de un país se funda siempre sobre un complicado regateo entre la memoria y el olvido. Pero una democracia consolidada no tiene que tener ningún temor a las preguntas. Puede que las nuevas generaciones no sepan que fue precisamente el partido comunista el primero en lanzar la consigna reconciliación nacional; puede que para las nuevas generaciones sea difícil entender el papel que jugó la Guerra Civil en la transición como una especie de super-ego colectivo; y puede que nunca se sepa la verdad de las relaciones de fuerzas del momento de la transición: es decir, si se optimizaron todas las posibilidades del momento o si se hicieron excesivas concesiones.

Pero, en cualquier caso, hay sombras sobre la calidad de la democracia española. Y, en parte, vienen de un mismo defecto de construcción: haber querido convertir una amnistía -probablemente necesaria- en una amnesia. En un punto final. Por eso hay quien piensa que España va con retraso en cuanto a la asunción de su pasado respecto de otros países, por ejemplo, los del Cono Sur latinoamericano, en los que las grandes carnicerías fueron más recientes, las heridas estaban más abiertas y los riesgos de involución eran mucho más altos, y, sin embargo, han conseguido, en parte, condenar a sus verdugos y afrontar la cruel realidad de su pasado reciente.

En España, dicen, la Ley de Amnistía lo impide. Aceptémoslo, aunque puede ser objeto de una controversia jurídica como la que separa a Garzón de sus juzgadores. Pero la prohibición de acciones penales no significa borrar la historia ni blanquear orígenes y genealogías. Es verdad que al Rey lo puso Franco. Es y será así, por más que él se haya podido ganar la legitimidad democrática. Y no es irrelevante. Como es verdad que la derecha española tiene sus raíces en el franquismo, y que el sector más conservador de la sociedad española, que nunca ha renegado del franquismo, le vota. Lo cual probablemente es una buena noticia, porque nos ha ahorrado, hasta el momento, un partido de extrema derecha. Pero es así y no es insignificante. Y es verdad que llevamos un enorme retraso en el reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Treinta años después no tiene que ser un problema mayor reconocer estas cosas. Y, sin embargo, muchas autoridades, del nivel nacional al local, se oponen. Ni se deslegitima al rey ni se deslegitima al Partido Popular, que ha recibido un montón de veces la ratificación de las urnas, ni se pretende un revisionismo de la transición. Simplemente, la desmitifica, que es lo mínimo que se puede esperar que cada generación haga con sus padres. Y en cualquier caso dignifica y normaliza la democracia.

Por eso es extravagante la extraña alianza coyuntural entre la extrema derecha y el bellochismo contra el juez Garzón. Sin entrar en el debate jurídico, en términos políticos, que el juez Garzón pueda caer por haber osado investigar los crímenes del franquismo no es la mejor imagen que España pueda lanzar al mundo. La sospecha de que la sombra del franquismo todavía gravita sobre la democracia española ganaría adeptos.

Nada mejor para recuperar la moral de la tropa que señalar al enemigo. El PSOE, en apuros, vuelve a la concepción de la política como lucha entre el amigo y el enemigo que teorizó Carl Schmitt. Mientras Elena Salgado rendía pleitesía a los mercados y a sus portavoces, José Blanco afinaba el contraataque. Zapatero había insinuado la existencia de una conspiración antiespañola, originada en terminales mediáticas a las que algún maligno compatriota de la derecha tendría acceso. Blanco dejaba de lado los ensueños conspiratorios, que sólo sirven para confirmar la debilidad y la inseguridad del que los sufre, para plantear un conflicto de calado: los mercados financieros contra los Gobiernos partidarios de regularlos. Zapatero ya no estaría solo porque esta doctrina le alinea con Obama. El pueblo de izquierdas ya tiene un malvado enemigo al que culpar de las desventuras del Gobierno socialista. Por fin, alguien señala con el dedo a este ente sin rostro preciso al que llaman mercados financieros, que nos hundió en la crisis y ahora pretende sacarnos de ella con una verdadera contrareforma social. Planteado el conflicto en estos términos, ya sólo queda difundir una imagen del PP como partido insensible a los intereses del país, que calla en vez de defenderlo de los ataques exteriores. Para completar la estrategia, Zapatero, otro tumbo más de los muchos que ha dado últimamente, anuncia más ayudas para los parados y garantiza a los suyos que “nunca perjudicará a los más débiles”. Los maliciosos dirán que entre los mercados y los sindicatos Zapatero ha vuelto a escoger a los sindicatos. El hecho es que a la hora de la verdad, cuando se ve con el agua al cuello el PSOE vuelve a las posiciones clásicas: izquierda reformista frente a una derecha de contrareforma.

Pero, ¿está Zapatero en condiciones de recuperar las voluntades perdidas? Algún día, Zapatero se dará cuenta del inmenso error que cometió al tardar tanto tiempo en reconocer la realidad y la profundidad de la crisis. Si la hubiese asumido desde el inicio, si hubiese tomado alguna decisión drástica e impopular al principio, como uno de sus ministros sugería, para que la gente entendiera que el Ejecutivo era consciente de la gravedad de la situación y obraba en consecuencia, el presidente no habría entrado en barrena. Lo más importante de la semana pasada, la semana de los giros y contragiros del Gobierno y de la cascada de malas noticias sobre España, ha sido el impacto psicológico negativo sobre la población. La ciudadanía creía que estaba empezando la salida de la crisis y, de pronto, ha tenido la sensación de estar en el peor momento. Y se ha caído en la cuenta de que en los próximos meses muchos parados perderán el subsidio de desempleo y muchas empresas ya no podrán resistir más las restricciones de crédito. El presidente afronta una crisis de confianza muy difícil de recuperar. Además, al tiempo que relanza su estrategia de confrontación izquierda-derecha, tendrá que seguir, de algún modo, rindiendo pleitesía a los mercados porque España necesita dinero y alguien lo tiene que vender. De modo que lo más probable es que el presidente siga dando bandazos. Es decir, desorientando al personal.

Juega en cambio a favor del presidente el irresponsable comportamiento de Mariano Rajoy. Puede que efectivamente la crisis estrangule a España y el poder caiga en las manos del PP. Y las estrategias ganadoras acaban siendo aplaudidas porque la política no sabe de criterios morales sino de resultados. Pero con una situación económica y social tan delicada, la actitud de Mariano Rajoy de no proponer ninguna de las recetas que dice poseer y de ni siquiera opinar sobre los temas que están en debate por puro ventajismo, por no tener que decir que está a favor de variar el cómputo de las pensiones y de alargar la edad de jubilación, es sencillamente inmoral. Que España se hunda para que me salve yo. Y después dirán que no se mueven por intereses personales.

Una de las muchas causas de desafección política es que la ciudadanía no entiende que en situaciones de emergencia los dirigentes políticos no sean capaces de pactar y de compartir la hoja de ruta. Tanto el PSOE, resucitando la lógica de la confrontación, como el PP instalado en el “cuanto peor, mejor” desoyen este mensaje. Es cierto que la confrontación es la esencia de la política, lo que, finalmente, moviliza al personal. Pero, en tiempos de zozobra, acierta CiU proponiendo un pacto de Estado contra la crisis: es lo que la ciudadanía quiere oír.

Cuando Carod Rovira sacó al independentismo del armario, en la campaña electoral que culminaría con la elección de Maragall como presidente, pocos se imaginaban que siete años y dos legislaturas de tripartito después la independencia se habría consolidado plenamente como opción política y como objetivo asumido por una parte significativa de la población. Es quizá la principal paradoja que ofrece el balance del tripartito. Dado que la independencia es su bandera, Esquerra es la única formación del tripartito que ha cosechado un éxito estratégico. Su proyecto ha invadido el escenario político. La independencia ha dejado de estar en el terreno de lo utópico para incorporarse a la lista de las opciones realmente posibles. Y ha obligado a los demás partidos, y en especial a CiU, a hacer ejercicios de reubicación política en función de la consolidación del independentismo.

Sin embargo, el éxito puede tener un coste electoral serio para Esquerra Republicana. Por dos razones: porque la pérdida del monopolio del independentismo es condición sine qua non del éxito de la propuesta. Y porque Esquerra fracasó en su segunda opción estratégica: reemplazar a CiU en el papel de primera fuerza del nacionalismo ideológico catalán. CiU ha pasado su travesía del desierto con una resistencia admirable. Y aunque personalmente creo que al final la caída de Esquerra no será tan grande como algunos vaticinan, hay datos para pensar que CiU puede capitalizar las contradicciones de Esquerra. Precisamente porque la independencia ha dejado de ser quimérica, el sector nacionalista del electorado de Esquerra Republicana reniega del tripartito para buscar el abrazo con el nacionalismo conservador. Quizá se les escape que, como decía mi maestro Manuel Ibáñez Escofet, si alguien hará la independencia de Cataluña serán los catalanes con z. La derecha, aun siendo nacionalista, es siempre muy renuente a todo lo que represente un cambio del statu quo. Y la independencia lo es.

No ha tenido el PSC el éxito estratégico de Esquerra. Eso sí, ha acumulado poder, mucho poder. Se supone que el objetivo de los socialistas era consolidar una mayoría estable de izquierdas, en la que el PSC se hiciera paulatinamente más fuerte, por los dividendos derivados del cargo de presidente de la Generalitat y por la seriedad de su gestión, y los otros dos partidos tuvieran cada vez un papel más secundario. Una estrategia que se complementaba con el objetivo de conseguir una reforma federal del Estado, a partir del Estatuto. Que la estrategia ha fallado lo demuestra que el propio PSC evita plantear una tercera edición del tripartito. En cuanto al federalismo, no encuentra interlocutores dispuestos en España y es desbordado por el soberanismo en Cataluña. La opción de campaña de los socialistas parece limitarse ahora a la imagen de un partido centrado, de gobierno, sin atributos ideológicos precisos, que hace de la discreción y de la administración de los silencios, viva prolongación de su presidente, la principal virtud. Pese a presidir la suprema institución catalana, el PSC no ha conseguido penetrar en los caladeros del voto nacionalista. El PSC, en general, y Montilla, en particular, sufren la inmutabilidad de los clichés: sus gestos de defensa del Estatuto y de la “dignidad de Cataluña”, que tanto molestan en Madrid, parecen impostados para el votante nacionalista, que permanece insensible a sus señales. Su oportunidad de crecer está en que el electorado más reticente al catalanismo tampoco se crea las proclamas catalanistas del presidente y, en un momento de ruido soberanista, algunos abstencionistas tradicionales en las autonómicas salgan de la madriguera para evitar riesgos mayores.

La situación de Iniciativa también es paradójica. Su electorado probablemente es el que está más satisfecho con el tripartito. En cambio, su presencia en el Gobierno espanta a muchos votantes potenciales, especialmente, del PSC. Su opción ha sido siempre el gobierno catalanista de izquierdas. Si éste no sale, volverá a la oposición porque no tiene ninguna alianza alternativa posible. Pero un partido bastante ideologizado y con una base electoral modesta, pero fiel, debería adaptarse fácilmente a pasar al otro lado de la barrera. Aunque, cuando se ha probado el poder, dejarlo siempre duele.

La paradoja del tripartito se escribe así: debía consolidar una mayoría de izquierdas, que en estos momentos parece en precario, hasta tal punto que el propio PSC se desmarca de ella, y en cambio ha sacado al independentismo de la marginalidad. Esquerra ha ganado la apuesta estratégica y, sin embargo, puede perder la del poder.

En el Ayuntamiento de Vic, los tres principales partidos catalanes -CiU, PSC y ERC- que forman la mayoría de gobierno municipal, han decidido suprimir el único reconocimiento institucional que les queda a los inmigrantes ilegales o sin papeles: el derecho a empadronarse. Uno de los pocos aspectos positivos de la crisis actual ha sido la escasa conflictividad. Esta calma social, que habrá que estudiar detenidamente porque tiene aspectos positivos pero también negativos (la capacidad de la ciudadanía de encajarlo todo), parece más meritoria en un país que ha vivido una escalada sin precedentes de la inmigración extranjera. El tópico decía que un cambio de ciclo en el empleo provocaría un estallido de conflictos vinculados a la inmigración. No ha sido así. Los voceros de la xenofobia han sido personajes relativamente marginales.

Ahora, la mayoría de gobierno de Vic abre fuego contra el eslabón más débil: el inmigrante ilegal. Dado que Vic es el Ayuntamiento de Cataluña con mayor representación de la plataforma xenófoba que lidera Josep Anglada, la correlación es inevitable. La presencia de Anglada ha forzado a los ediles de la mayoría a cruzar la línea roja. Mal precedente. Sobre todo a la vista de la débil reacción de las direcciones de los tres partidos catalanes implicados. Ninguno de ellos ha pedido explicaciones a sus ediles, ninguno de ellos les ha recordado los principios democráticos básicos. Ha sido el ministro Corbacho, nada sospechoso de buenismo, que es la etiqueta descalificadora que utilizan aquellos que se sienten incomodados por los que tienen un prejuicio favorable a los perdedores, el que les ha advertido de la impropiedad de su gesto.

Pero si pésima es la decisión, peores son los argumentos. El alcalde de Vic ha centrado su argumentación en la legalidad de lo hecho. Es una cómoda reacción que se repite cada vez que alguien toma una decisión discutible. La legalidad se utiliza como argumento definitivo para eludir el debate sobre la legitimidad o la oportunidad política de la iniciativa o sobre la significación moral de la misma. Se olvida deliberadamente que una cosa puede ser legal pero inaceptable desde criterios democráticos. La consagración del principio que dice que la moral es la ley es la mejor demostración del triunfo absoluto del interés privado sobre cualquier idea de interés general o de bien común.

Me da absolutamente igual que sea legal o no la decisión del Ayuntamiento de Vic. Me parece igual de repugnante. En una sociedad en que la igualdad se ha convertido en una quimera, al inmigrante ilegal -esta terrible figura que niega la condición humana a una parte de los que habitan entre nosotros- sólo le quedaba una forma de reconocimiento público, un primer esbozo de ciudadanía: figurar en el padrón. Era la única posibilidad de ser algo más que nadie: tener, por lo menos, el nombre reconocido en la lista de los habitantes de la ciudad. Primera y tibia promesa de una futura ciudadanía y puerta de acceso a la más elemental atención: la sanitaria.

Si precario es el argumento legal, más grave es otro argumento que ha sonado estos días: el económico. Negar el derecho a la asistencia básica a los ilegales como una forma de reducir gastos. Me he acordado de un taxista norteamericano que me justificó la pena de muerte por el dinero que se ahorraba al Estado al no tener que mantener al condenado.

Si la presencia de la ultraderecha en un municipio lleva a los representantes de estos tres partidos catalanes a tan penoso seguidismo, ¿qué ocurrirá en las próximas elecciones autonómicas en que Anglada ha anunciado su intención de aspirar a conseguir presencia parlamentaria? El mimetismo de la izquierda en materia de inmigración, fruto del miedo a tener una política propia que defienda por encima de toda la dignidad de las personas, es realmente preocupante. Ahí están las vallas de Ceuta y Melilla y las leyes de extranjería como permanentes testigos de acusación contra Zapatero y su Gobierno.

Hay, sin embargo, un atenuante para los ediles de Vic. Ahora que ya sabemos que los flujos migratorios siguen los impulsos del mercado y que el discurso de la avalancha es un recurso demagógico que no se sostiene, queda más claro que nunca que los problemas derivados de la inmigración, que son en buena parte de convivencia, sólo se pueden resolver desde la micropolítica, es decir desde el trato casi individualizado que sólo puede ofrecer la política local. Y ningún Gobierno ha dado a los municipios el soporte en dinero, autoridad y recursos que requiere afrontar esta tarea crucial. Si no se dota debidamente a los ayuntamientos, otros pueden perder los papeles como los ediles de Vic.

Ciertamente, las palabras no son inocentes. No fue porque sí que los constituyentes introdujeron el término “nacionalidades” en el texto constitucional. Fue el eufemismo de consenso que se pactó para evitar el término nación. Ciertamente, el nombre de las cosas es muy importante. Precisamente la falta de un nombre para todo aquello que no era ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Galicia, que no podía ser España, porque hubiera equivalido a reconocer que estas tres naciones no formaban parte de ella, obligó a trazar un mapa autonómico que el tiempo ha consolidado, pero que inicialmente era bastante artificial.

De uso poco común entre nosotros, en la Unión Soviética y sus áreas de influencia la expresión nacionalidades fue utilizada para designar minorías étnicas y culturales con el objetivo de desdibujar las numerosas naciones engullidas por el sistema soviético. Y ciertamente buena parte de los constituyentes pensaron que el Estado de las autonomías tendría un efecto disolvente sobre las pretensiones de Cataluña y el País Vasco. La transición transitaba todavía por caminos llenos de trampas y era difícil evaluar la realidad de las relaciones de fuerzas. Desde Cataluña y desde el País Vasco se reclamaba un reconocimiento a la tradición nacional de ambos países. Hubo consenso en que la palabra nación era inviable, porque era una ruptura excesiva con el pasado inmediato que podía generar consecuencias imprevisibles. Y se optó por las nacionalidades.

Treinta años más tarde, el Estatuto catalán recupera el término nación. Para definir Cataluña y para identificar su bandera, su fiesta y su himno. Y el Constitucional vuelve al debate del 78. Ciertamente se puede hacer una interpretación literal de la Constitución: habla de nacionalidad y, si así lo hace, es por algo. Por tanto, la palabra nación referida a Cataluña no cabe. Pero, tres décadas más tarde, con la democracia perfectamente asentada, después de constatar que el Estado autonómico no ha producido la disolución de voluntades nacionales que algunos esperaban, sino más bien todo lo contrario, ¿hay que seguir manteniendo las ficciones del momento constitucional? ¿No sería ya hora de abandonar los eufemismos? ¿No es capaz el Constitucional de dar un paso hacia la claridad en las relaciones entre los distintos territorios de España, reconociendo que efectivamente se escribió nacionalidades para evitar la palabra naciones, pero que ahora, ya somos mayorcitos democráticamente como para afrontar los problemas de otra manera?

A juzgar por lo que dicen los periódicos, los miembros del Constitucional quieren dejar constancia explícita de que nación sólo hay una que es España, única fuente de soberanía. El argumento es que una nación de naciones es una contradicción en los términos, un imposible constitucional. A veces, la inflexibilidad doctrinal puede conducir a efectos no deseados. Parto de la convicción de que una sociedad democrática como la española no se opondría a la independencia de Cataluña, por más que la Constitución niegue esta posibilidad, si los catalanes la pidieran por una amplia mayoría. Pero tengo la impresión que no es deseo mayoritario en España que esto ocurra. ¿Por qué entonces no buscar un pacto -como piden todavía amplios sectores de la sociedad catalana- que permita una relación satisfactoria por las dos partes, antes de que el proceso hacia la independencia sea irreversible? Es simplemente lo que pedía el famoso editorial conjunto de 12 periódicos catalanes que ahora el presidente Montilla toma como bandera en su defensa del Estatuto. Aceptar que España es un Estado plurinacional podría ser el punto de partida para un acuerdo de cierto alcance. Y demostrar la viabilidad de una nación de naciones, podría ser al mismo tiempo una experiencia interesante para contribuir a la consolidación de Europa como entidad supranacional. Al fin y al cabo, si Cataluña como nación adquiriera reconocimiento político dentro de una España plurinacional, bastaría que Europa se consolide en la buena dirección para que, un día, el pacto español fuera sustituido por pacto europeo. Y la independencia habría llegado sin trauma ni agravio alguno.

El problema no es jurídico, el problema es político: de poder y de sentimientos. El proceso aquí descrito es demasiado racional, demasiado poco atractivo, para los que no pueden prescindir del choque de nacionalismos, que es lo que les legitima. Y que, además, sirve para enmascarar el fondo de la cuestión: el reparto de poder. La nación de naciones es inviable si las dos partes no la quieren. Y en primerísimo lugar, el nacionalismo español (sea en versión PSOE o en versión PP) que dispone del gobierno del Estado, que es el más fuerte y el que tiene más poder que ceder.

El discurso de fin de año del presidente Montilla bien puede considerarse el toque de corneta que marca el inicio de la campaña electoral. La mención de Montilla a las elecciones -acentos partidistas incluidos- debe servir de recordatorio y advertencia a los ciudadanos. Recordatorio de su responsabilidad, pero advertencia de que entramos en un año en que cualquier gesto, detalle o palabra será interpretada por el complejo político-mediático en términos electorales, es decir, se les supondrá un plus de interés partidario, todavía mayor del que acostumbra a tener lo que hacen y dicen. Que los ciudadanos hagan acopio de escepticismo y paciencia en un año en que todos irán a por ellos sin miramiento alguno, porque en la campaña electoral se cumple más que en cualquier momento el principio de Harry Frankfurt de que la verdad no es referente del discurso político.

A los líderes de los países más avanzados cada día les resulta más difícil empatizar con la ciudadanía. No porque sean peores que los de antes, sino porque la sociedad ha cambiado a un ritmo acelerado y las instituciones políticas son las mismas desde el siglo XIX. La dinámica de la nueva sociedad cada vez reclama decisiones más rápidas, las instituciones siguen sometidas a lentísimos procedimientos que hacen que, a menudo, las respuestas lleguen cuando ya es tarde. Este año habrá elecciones. Los ciudadanos podremos tomar la actitud resignada de escoger entre los productos en oferta en el mercado electoral, que esta vez puede convertirse en un verdadero mercadillo, sin entusiasmo especial, como corresponde a una sociedad de un cierto grado de desarrollo educativo. Pero también podríamos hacer otra cosa: dar mayor intensidad a la demanda.

Que los entusiasmos del inicio de la transición derivaran en desencanto formaba parte del guión. La realidad democrática cotidiana, afortunadamente, nunca está a la altura de los sueños de los que salen de una dictadura, porque como todo el mundo sabe no hay mayor catástrofe política que la pretensión idealista de imponer los sueños a la realidad. Pero lo que quizá ya no era necesario era que la frustración -o dicho de otro modo, la cristalización de las relaciones de fuerzas después de la catarsis- derivara hacia un sistema más bien amorfo, de demanda débil, con escasa incidencia ciudadana en la conformación de la oferta política. Y, de hecho, fueron Felipe González y Jordi Pujol, hoy objetos de tanta melancolía, los que tuvieron el mérito de consolidar la normalidad, pero también el demérito de que se les fuera la mano bajando la temperatura hasta llevarla muy por debajo de la zona templada, hacia una democracia gélida. En Cataluña, con la alternancia, el proceso de reforma estatutaria creó cierto deshielo. Las frustraciones por un proceso mal iniciado y peor conducido han marcado la segunda legislatura del tripartito con dos catalizadores políticos importantes: la agudización de las contradicciones entre Cataluña y España y la consolidación de la independencia como proyecto político real. Dicho de otro modo, ha habido, por fin, una activación real de la demanda. La presión política desde abajo hacia arriba se está haciendo oír en mayor manera que durante los años en que el orden natural imperaba en Cataluña y los roles estaban perfectamente asignados.

De modo que, ante las próximas elecciones, antes de que los actores monopolicen el espacio público con sus ofertas, sería bueno que se dejara sentir la voz de la ciudadanía, aprovechando que los medios de la sociedad de la información tienen capacidad para sustituir la debilidad de las instituciones intermedias (o intermediarias) y la falta de permeabilidad de los partidos políticos. La ciudadanía debería incidir en la agenda de la campaña. Y forzar a los partidos a abandonar el territorio de los eufemismos y de las ambigüedades atrápalo todo. Los que estén por la independencia tienen que explicar cómo se llega a ella. Los que quieran seguir en España, tienen que decir cómo y de qué manera. Los que afirman que hay que plantear un cambio de las relaciones con España tienen que decir en qué términos. Los que prometan bajar impuestos -casi todos-, explicar cómo salvarán los déficits de la crisis, y no actuar con la impunidad de saber que van a desdecirse ya en el poder. Y los que tengan la honestidad de anunciar que los subirán -si los hay- que digan qué servicios darán a cambio. Y así sucesivamente. La primera fuerza de la demanda es la capacidad de obligar a la clarificación de la oferta.

De la última encuesta del CIS, los medios de comunicación han destacado dos datos: la enorme preocupación por el paro -para el 79% es la principal- y la persistencia de la clase política como tercer problema -aunque obviamente a mucha distancia del primero, 13,6%.

La altísima tasa de paro y la precariedad de muchísimos empleos hacen que millones de españoles vivan al borde del precipicio. No sólo para ellos, sino para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y de empatía con el entorno ésta es la cuestión fundamental que el país tiene que afrontar. Pero hay, sin embargo, otros datos en la encuesta que creo merecen atención, porque ayudan a explicar por qué la crisis está pasando sin grandes niveles de conflictividad. Que la inmigración o la inseguridad ciudadana generen moderada preocupación en un tiempo de tantas dificultades sociales quiere decir que España es un país mucho más asentado de lo que normalmente tendemos a creer. Los mecanismos de estabilización social funcionan razonablemente -la educación y la sanidad sólo son destacadas como problema por un 6,2% y un 4,8%- de modo que la sociedad ha demostrado tener una capacidad de encaje sorprendente. La inmigración ha sufrido el paro más que nadie, se han frenado los flujos, pero muchos ciudadanos permanecen aquí volviendo a entrar en el mercado de trabajo o buscando el modo de conseguirlo. Que la crisis económica no haya agudizado las tensiones dice mucho de la capacidad mutua de reconocimiento, pero da a entender que las políticas sociales han jugado un papel positivo, e incluso permite constatar -aunque no debería ser noticia- que, desde la oposición se han evitado actitudes xenófobas y racistas del pasado. Igualmente, que, en tiempos difíciles como estos, a pesar de las tentaciones demagógicas de algunos, no se haya desencadenado la típica espiral del miedo y la inseguridad confirma lo que todos sabemos: que España es hoy uno de los países más seguros del mundo y que los mecanismos de protección social han funcionado, a pesar de que tantas familias y personas estén en situación límite.

En el imaginario de todos, están fenómenos como los quinquis de los ochenta. Las crisis anteriores habían dado formas más o menos singulares de conflictividad alta. ¿Por qué la calma de ahora? ¿Debemos atribuirlo al buen funcionamiento de los mecanismos del Estado de bienestar, a pesar de sus enemigos obsesivos, y, por tanto, a que la capacidad de resistencia del país se acerca al nivel máximo europeo? ¿O debemos pensar más bien en términos de individualismo, resignación, indiferencia, o miedo? De todo debe haber en la configuración de esta aparente paz social. Incluso una buena dosis de cinismo, porque la encuesta confirma la insensibilidad de los españoles a los casos de corrupción. La prensa lleva un año colocando todos los días escándalos sobre la mesa, y los españoles responden con una mezcla de fatalismo y escepticismo. Es lo que ocurre cuando el dinero es el valor ideológico dominante. En cualquier caso, una crisis sin apenas conflictividad social es un capital que el Gobierno tiene, aunque hasta el momento no le haya sacado rendimiento.

Y así llegamos a la preocupación que genera en la ciudadanía “la clase política”. No sé muy bien por qué el CIS distingue entre “la clase política, los partidos” -13,6% de preocupación- y “el Gobierno, los políticos y los partidos”, 4,7%. Corresponde a los políticos una cierta función de chivo expiatorio colectivo. En parte, por eso se les paga. Pero tengo la sensación de que nos quedaríamos cortos si pensáramos que los ciudadanos cuando descalifican a la clase política se refieren estrictamente a los dirigentes políticos. Primero: no es en tanto en cuanto individuos, sino como casta de intereses que son vistos como problema. Y de ahí el tópico que dice que todos son iguales. Segundo: esta casta que la gente ve como lejana y peligrosa es el sistema político-económico-mediático, o, si se prefiere, las élites dirigentes, que en esta crisis han dado demasiadas muestras de complicidades obscenas. El desconcierto generalizado de los medios de comunicación, donde la información y los intereses, a menudo bien cambiantes, van solapados. Y el ventajismo con el que el poder financiero causante de la crisis ha conseguido su propia redención a costa del erario público, han hecho que creciera en la gente la sensación de dos mundos (las clases dirigentes y la sociedad) cada vez más alejados. Es la consecuencia de una crisis resuelta con la socialización de las pérdidas de los que nos llevaron hasta aquí. Al precio de un alto paro. Evidentemente, la principal preocupación de la ciudadanía.

Ocurre muy excepcionalmente; por tanto, es noticia. De cuando en cuando, leemos que los partidos han dado libertad de voto a sus diputados. Es decir, los parlamentarios son un colectivo con la libertad limitada. El diputado deposita su conciencia en los armarios del grupo parlamentario y sólo de vez en cuando se le permite recuperarla para entrar en el hemiciclo con ella. El parlamentario tiene su criterio secuestrado por el partido político y es algo que está perfectamente asumido.

En el orden burocrático establecido, el ejercicio de la libertad es visto como una amenaza para el buen gobierno. Nadie se acuerda ya de que la democracia es deliberación, y el Parlamento, un espacio colaborativo para estudiar problemas y buscar soluciones conjuntamente. Y para ello el criterio y la conciencia de cada cual deberían ser imprescindibles e intransferibles. Oyendo a Richard Sennett en Barcelona, me daba cuenta cómo los Parlamentos se han ido convirtiendo en sistemas cerrados, en que la toma de decisiones se reduce a la ratificación de lo ya previsto y decidido, que actúan con evidente retraso respecto de los sistemas abiertos de la cultura de la red, donde la suma de voces no es vista como un problema, sino como un enorme potencial. Unos Parlamentos marcados por el voto de obediencia -sólo muy excepcionalmente levantado por la autoridad competente- tienden inevitablemente a alejarse de una realidad social dinámica y a encerrarse en una cultura de casta.

Aunque la exención del voto de obediencia es cada vez más rara -el Partido Popular, por ejemplo, la ha suprimido-, es curioso que en las últimas semanas algunos partidos la hayan concedido en dos casos: la votación de la ley del aborto en el Parlamento español y la votación de la admisión de la iniciativa popular para la prohibición de los toros en el Parlamento catalán. No hay que ser psicoanalista para ver el peso de lo atávico en estas dos excepciones: la sangre, la vida, la muerte, la tradición. La conciencia católica y la conciencia patriótica han operado en este caso como inhibidores del sistema de control parlamentario en aquellos partidos que todavía admiten la capacidad de dudar. No ha sido el caso del PP, que nunca tiene dudas: no al aborto, sí a los toros. La identidad religiosa y la identidad patriótica no admiten fisuras en la derecha. Todavía hoy me viene a la mente la imagen siniestra de la derecha celebrando, como si de una fiesta se tratara, el voto sin fisuras de su grupo parlamentario a favor de la guerra de Irak. Pero esta tímida brecha, abierta con el aborto y los toros, en la rigidez de los partidos debería ser aprovechada. Soy escéptico. El PSC parece que ya se ha arrepentido de la libertad dada en la prohibición de los toros: ante las próximas elecciones necesita hacer emerger, entre independentistas y nacionalistas, su identidad como principal partido que sigue defendiendo la pertenencia de Cataluña a España. Los escrúpulos de conciencia se desvanecen rápido ante la llamada de las urnas.

Pero si con el aborto y con los toros se ha hecho alguna concesión a la libertad de los diputados, ¿no es posible aspirar a que esta fina brecha en el espacio cerrado se convierta en anchas ventanas que permitan que el aire de la sociedad traiga vida a las endogámicas estructuras parlamentarias? Si los poderes políticos se ablandan en la disciplina ante un pecado mayúsculo o ante una tradición emblemática, ¿por qué no podrían hacerlo en otros muchos casos tan importantes como puedan ser éstos? Por dos razones: porque el poder es lo primero, y el poder ve cualquier desviación como una amenaza, y porque los propios diputados demediados aceptan su mutilación sin rechistar. Temen los costes del ejercicio de la libertad. Y que las burocracias de los partidos sigan afinando en la selección de personal sumiso y entregado. ¿Miedo o realidad? Si algunos se atrevieran a desafiar la obediencia, ¿realmente lo pagarían o acabarían teniendo premio? Dos ejemplos: Rato y Mayor Oreja demostraron perfil propio en la sucesión de Aznar; ganó Rajoy, que “estaba por ahí”. Aznar tenía el partido en un puño y no había espacio para significarse. Zapatero, después de una década de diputado sumiso, desafío al aparato y ganó a Bono, el candidato oficial, pero en aquel momento el PSOE era un guirigay y ni siquiera se soñaba en volver al poder. Es un problema cultural. La política tiene que adaptarse a la cultura abierta de la sociedad de la información; de lo contrario, cada vez llegará más tarde y cada vez se le verá más lejos, que es lo que perciben los ciudadanos de modo creciente.

La crisis económica ha venido esta vez acompañada de unas señales de crisis política que hacen pensar que estamos ante un final de etapa del régimen democrático español. La tensa espera de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut y los referendos por la independencia ponen sobre la mesa las insuficiencias del Estado autonómico. De Cataluña llegan señales de efervescencia que merecen alguna reflexión más que el silencio de los que pretenden minimizarlas o el griterío de los que optan por la lucha cuerpo a cuerpo entre nacionalismos.

Me permito sugerir tres consideraciones: primera, el independentismo ha dejado de ser en Cataluña una opción marginal y forma parte de las opciones que se plantean a sus ciudadanos, al mismo nivel que las otras tres. Es decir, el Estatut como etapa de tránsito hacia el soberanismo (CiU), el Estatut como expresión de la voluntad de seguir en España (PSC) o el fundamentalismo constitucional (PP). Segunda, la izquierda abertzale tiene motivos para aprender de Cataluña. Sin violencia, por vías estrictamente democráticas, el independentismo está mejor posicionado en Cataluña que en el País Vasco. Tercera, ni las bravuconadas de Aznar ni las frivolidades de Zapatero; lo que explica el crecimiento del independentismo en Cataluña es el cambio generacional. Las nuevas generaciones no tienen los prejuicios de las del franquismo y la transición. Han aprendido a entender Cataluña como sujeto político y no como un apéndice o una parte, y para muchos de ellos la independencia es algo natural. Los Madí, Homs, Puig, Pujol, Vives, que forman el entorno de Artur Mas en CiU, dicen sin ambages que la independencia (o soberanismo, el eufemismo que se usa para no inquietar a una parte del electorado) es el objetivo de su generación.

De este retrato se deduce un problema político real en el encaje del Estado de las Autonomías, que estará ahí sea cual sea la decisión del Constitucional. Los dirigentes políticos no pueden seguir eludiendo sus responsabilidades transfiriendo a los jueces la resolución de problemas de su competencia, como ha hecho el PP, en este caso. Probablemente hay un camino: el de las soberanías compartidas, en un marco federal asentado sobre relaciones de tipo bilateral. Este marco hoy es España pero algún día puede ser perfectamente Europa. Y la independencia habrá llegado y nadie sabrá cómo ha sido.

No es éste el único signo de crisis política. El bipartidismo imperfecto PSOE-PP está mostrando sus limitaciones, con riesgo de dejar a un número cada vez mayor de ciudadanos sin opción política con la que sentirse mínimamente cómodos. La ausencia de proyecto político por ambas partes resta a la democracia la dimensión de deliberación colectiva y confrontación de ideas y propuestas que la hace fuerte. La limitada autoestima de ambos contendientes se manifiesta en la falta de voluntad de pactos de interés general. El horizonte es estrictamente táctico: el PSOE, empeñado en acorralar al PP en el rincón de la extrema derecha, ahora presentándole “como un partido desleal que se lava las manos contra el paro”. El PP con su táctica de humor negro: dejar que la economía se desangre y se lleve a Zapatero por delante.

Esta incapacidad de poner el interés general en primer plano es una forma de crisis política. Especialmente cuando cunde una profunda sensación de injusticia. La percepción de que los gobiernos han optado por salvar a las grandes corporaciones financieras y se han desentendido de la suerte de los demás. La convicción, alimentada por la pasividad ante la corrupción, de que hay un entramado político-económico, una especie de Estado corporativo, autosuficiente, cada vez más alejado de la ciudadanía. Un dirigente político catalán decía sobre Laporta que no hay que confundirse, que en política las cosas no se arreglan fichando a un Ronaldinho o a un Guardiola. Es una buena descripción del populismo. Que es la primera amenaza que aparece siempre que un régimen da síntomas de agotamiento y no es capaz de renovarse a fondo.

¿En qué consiste ser francés? Ésta era la cuestión que debía presidir el debate sobre la identidad nacional que el presidente Sarkozy ordenó a los franceses. La Francia eterna a la búsqueda de la identidad pérdida, como si fuera una precaria nación sin Estado.

En abril de 2007, en vísperas de la primera vuelta de las elecciones que ganó, Nicolas Sarkozy declaró a Le Figaro: “He hecho mío el análisis de Gramsci: el poder se gana por las ideas. Es la primera vez que un hombre de la derecha asume esta batalla”. Fiel a este criterio, Nicolas Sarkozy ha asumido el papel de ariete de la hegemonía ideológica conservadora y ha entrado directamente en el debate sobre la identidad nacional, con un artículo en Le Monde: “Respetar a los que llegan, respetar a los que acogen”.

El espíritu del artículo podría sintetizarse en esta frase: “La identidad nacional es el antídoto al tribalismo y al comunitarismo”. Pero la celada es demasiado obvia: la identidad nacional es la expresión de un comunitarismo. ¿Cómo un comunitarismo puede ser el antídoto al comunitarismo? Si, para defenderse del comunitarismo, hay que preguntarse qué es ser francés y actuar en consecuencia, lo que hace Sarkozy es poner en marcha un mecanismo de exclusión: todo el que no se sienta incluido en la descripción del ser francés está, por lo menos, en precario. El discurso de Sarkozy le señala como un comunitarista peligroso, dado que la identidad nacional es el antídoto contra el comunitarismo. Es decir, Sarkozy repite el eterno círculo vicioso de los discursos nacionalistas. Una formulación sin eufemismos de su sentencia diría: “El comunitarismo francés es el antídoto al tribalismo y a los demás comunitarismos”. Eterno retorno de las mismas pesadillas.

Pero, siendo éste el núcleo duro del discurso de Sarkozy, hay más. Y sobre todo hay este imperialismo ideológico del presidente que pretende colonizar todas las ideologías, raptando las señales de cada una que puedan ser más atractivas para la ciudadanía. Así, regala los oídos de los electores de la extrema derecha, apelando a ser sensibles a la voz del pueblo, en casos como el del referéndum suizo de los minaretes, porque el peligro del populismo no está en escuchar a los ciudadanos sino en ignorarlos. Y regala los oídos de muchos electores de la izquierda que optaron por el no en el referéndum europeo, al decir que Francia dio una lección y aquel voto permitió plantearse decididamente “que no pudiendo cambiar los pueblos, era necesario cambiar Europa”. Superando sus divisiones, “Francia”, dice Sarkozy, “pudo asumir el liderazgo para cambiar Europa”. Y regala los oídos de los sectores laicos al advertir a los creyentes “que deben practicar su culto con humilde discreción”.

Pero, por encima de todo, lo que da la clave principal del artículo de Sarkozy es la utilización del referéndum suizo de los minaretes como pretexto y como eje de su relato. El presidente se pone en evidencia. Su decisión de relanzar un gran debate sobre la identidad nacional francesa sólo tiene un motivo: los seis millones de musulmanes que viven en Francia. Es decir, que el antídoto es contra el comunitarismo islámico. Lo cual me parece un error, por lo menos por dos razones: primero, porque una vez más remite el debate identitario a lo religioso. Como si la religión fuera el factor determinante de la identidad de las naciones; como si Grecia o Roma no hubieran pintado nada en la construcción del espíritu de los europeos y sólo fuera relevante “el profundo trazo” que ha dejado la civilización cristiana. Segunda, porque los problemas de convivencia cultural se resuelven por la vía de la pluralidad y no de la simplificación. Si Sarkozy lee a Voltaire, recordará el mensaje de las Cartas filosóficas: una sola religión es la intolerancia, dos es la guerra, muchas es la libertad. Lo mismo puede decirse de cualquier otra forma de discurso identitario. En Francia, la inmigración es suficientemente plural como para que el presidente extendiera su supuesta voluntad integradora más allá de las diferencias entre cristianos y musulmanes.

La solución no es la identidad nacional francesa, la solución es la República. Y aquí Sarkozy comete la peor de sus falacias: confundir República e identidad nacional. Dar por supuesto que son la misma cosa. La República es de todos los que la habitan y Sarkozy sigue con la discriminación entre nacionales y extranjeros, incluso cuando éstos -la mitad de los musulmanes- tienen la nacionalidad francesa. Pero Sarkozy es un político. Y como tal, como explicó Harry Frankfurt, su horizonte es el poder, no la verdad.

El editorial de 12 periódicos catalanes que tanto ruido ha generado se puede considerar como el primer documento oficial de la sociovergencia. Ante los rumores insistentes sobre una inminente sentencia negativa contra el Estatuto, se llama a la movilización de la centralidad catalana con la intención de evitar que la respuesta sea liderada desde sectores radicales o, si se prefiere, desde el independentismo. Inmediatamente se suceden las adhesiones de las instituciones que representan el poder establecido en la sociedad catalana. ¿Significa esta primera expresión pública de la sociovergencia que ésta será la coalición que saldrá de las próximas elecciones? No forzosamente. Es más, con los datos que hoy arrojan los sondeos, no es ni siquiera probable. Pero sí hay un interés compartido entre CiU y el PSC: que las elecciones se disputen en el terreno central -el suyo- y que las trifulcas políticas no se traduzcan en un desbordamiento del espacio político catalán, con una multiplicación de candidaturas que -en caso de una baja participación- podría traducirse en un parlamento ingobernable.

Después de tanto tiempo hablando de desafección, después de que el caso Millet y el caso Pretoria hayan dado la puntilla a la ya maltrecha confianza de la gente en la política, una sentencia afrentosa para el autogobierno podría introducir al país en una dinámica -la del soberanismo y la independencia- para la que los dos grandes partidos entienden que no ha llegado el momento. Porque la ciudadanía no lo quiere todavía -un referéndum de autodeterminación sería derrotado en Cataluña, decía Artur Mas- o porque no están por la labor, como es el caso de Unió y del PSC, que siguen creyendo que el encaje de Cataluña en España todavía es posible. Con lo cual la Cataluña moderada ha hecho sonar la corneta. La unidad en la respuesta ante una sentencia negativa es la mejor manera para preparar unas elecciones en las que todo cambie para que no cambie nada.

Las razonables intenciones de la centralidad catalana chocan, sin embargo, con la intransigencia de algunos sectores españoles, en este caso especialmente de los medios de comunicación de Madrid, que no quieren enterarse de que lo que se está intentando desde Cataluña es evitar males mayores. Los dos principales partidos, el PSOE y el PP, han templado gaitas. El PSOE, porque está en el origen de este follón y teme salir seriamente lastimado, atrapado entre la frustración de parte de sus electores catalanes y la sensación de favoritismo hacia Cataluña entre algunos de sus electores españoles. El PP, porque Rajoy ha puesto buena parte de sus esperanzas de llegar a La Moncloa en un futuro pacto catalán con CiU y querría hacer olvidar que fue él quien organizó el lío recurriendo el Estatuto en un momento en que su estrategia para derrotar a Zapatero era la contraria: agitar los sentimientos anticatalanes, hasta el punto de organizar una recogida de firmas para un referéndum contra el Estatuto. Rajoy ganaría credibilidad en Cataluña con un gesto tan sencillo como retirar el recurso, pero para él esto es demasiado.

Todo ello no ha impedido que algunas personalidades vinculadas a los dos partidos y, sobre todo, la prensa conservadora se soltaran el pelo: deslealtad, traición al espíritu constitucional, actitud delictiva, provocación, estancamiento de la sociedad catalana, presión intolerable al TC, han sido las cosas más amables que se han publicado.

Se ha dicho que la definición de Cataluña como nación en el prólogo del Estatuto es irrelevante porque carece de efectos jurídicos. Precisamente por eso creo que es muy relevante: expresa el espíritu de la confrontación liderada por la prensa conservadora madrileña. No basta con negar una norma o una competencia, se trata de negar a los catalanes el derecho a pensar que su país es una nación, es decir, va directamente contra la libertad de expresión, contra la manera que cada uno tiene de nombrar determinadas cosas. Diga lo que diga la sentencia, Cataluña seguirá siendo para la mayoría de los catalanes una nación, el 11 de septiembre será la fiesta nacional de Cataluña, Els segadors será el himno nacional y la senyera la bandera nacional. ¿Qué se gana negando la realidad? ¿Qué derecho cree tener el nacionalismo español sobre Cataluña para impedir a sus ciudadanos que se autodefinan como quieran? Creo que ha llegado ya el momento de plantear las cosas sin rodeos: Cataluña quiere más poder y España no quiere dárselo. Quizá afrontar el problema directamente, sin eufemismos, facilitaría el entendimiento. El editorial sociovergente es el último intento de mantener los eufemismos con vida. Y en Madrid ni se lo agradecen.