Hay muchas razones para que Zapatero arriesgue lo mínimo, por mucho que le aprieten la oposición y el dinero. Sin embargo, Zapatero se equivocaría si, con su optimismo, que ha pasado rápidamente de mágico a letal, creyera que el peligro de quiebra del clima de tranquilidad social está superado. Para no confundirse es suficiente que mire a Europa, donde las huelgas y las movilizaciones están creciendo a ritmo muy sostenido. Y de la misma forma que, como casi siempre, España entró algo más tarde que el resto de Europa en la crisis y saldrá también algo más tarde, no debería sorprender que los ecos de lo que ahora se mueve en Europa lleguen aquí tarde o temprano.

Entre los fantasmas monclovitas parece que está instalado el que recuerda a los habitantes del lugar que cada presidente tiene su huelga general. De momento, esta posibilidad parece disipada. En España, las huelgas generales requieren unas condiciones psicológicas peculiares: no basta con que el Gobierno se haya degradado, es necesario que exista en la calle cierto rencor contra el que gobierna. Lo hubo en las huelgas contra Felipe González, que culminaron la enorme frustración de la izquierda por el referéndum de la OTAN. Y lo hubo en las huelgas contra José María Aznar, cuando, en la segunda legislatura, dejó suelto al personaje autoritario y arrogante que llevaba dentro. Con Zapatero todavía no estamos en este punto. Pero puede llegar. Los ciclos de Zapatero han sido cortos. El momento epifánico se agotó con la retirada de las tropas de Irak, el apogeo nunca llegó muy alto, porque pronto cundió el desengaño por su afición a prometer y dar menos, aunque se sitúa en su reelección. Después, empieza un largo periodo crepuscular. Tan largo que, si la oposición no lo aprovecha, quizás el presidente pueda soñar en empalmar, contra toda lógica de los ciclos, con un nuevo amanecer.

Sin embargo, no deja de ser sorprendente que no salga de las generaciones jóvenes alguna forma de respuesta a su precaria situación. Nunca han estado tan preparados, nunca la búsqueda de empleo ha provocado tanta frustración. De momento, la inmensa mayoría busca y calla. ¿Tenemos que imputarlo al miedo de la crisis? ¿Debemos atribuirlo a la fragmentación individualista de la sociedad? ¿O se puede pensar que el paso de la libido a la pulsión, del goce a la repetición, que nos ha marcado el consumo, ha sido una perversa escuela que prepara para la frustración permanente?

Tengo la sensación de que tarde o temprano los jóvenes harán oír su voz. Que se quedaran callados, sería un fracaso de nuestra generación como padres. Una sociedad que no es capaz de generar su propia negatividad -como decía Levi Strauss- está condenada a la muerte, a la indiferencia, diría yo, para desdramatizar. Y nadie mejor que los jóvenes para dar los aguijones necesarios para que una sociedad no se detenga.

Evidentemente, no es en los sindicatos donde estos jóvenes se pueden sentir representados. No era ayer su día para salir a la calle. Y los sindicatos deberían reflexionar sobre ello. En momentos de crisis, se hacen quizás más evidentes las limitaciones sindicales. Su especialidad es defender los derechos de los trabajadores con empleo y mejorar sus condiciones laborales.

Pero a su lado hay dos colectivos con los que los sindicatos no saben muy bien qué hacer: los parados y los jóvenes en busca de primer empleo. Y éstos son los principales perdedores de la crisis. Es decir, los que deberían tener mayores urgencias para hacer oír su voz.

Podemos pensar que no se ha sabido explicar suficientemente bien la transición y que ésta es la razón de que preguntas que deberían estar cerradas sigan abiertas. A todas las generaciones les gusta haber firmado una obra maestra de la historia de un país. Es legítimo considerar la transición como tal. Cualquier cambio de fondo en la estructura política de un país se funda siempre sobre un complicado regateo entre la memoria y el olvido. Pero una democracia consolidada no tiene que tener ningún temor a las preguntas. Puede que las nuevas generaciones no sepan que fue precisamente el partido comunista el primero en lanzar la consigna reconciliación nacional; puede que para las nuevas generaciones sea difícil entender el papel que jugó la Guerra Civil en la transición como una especie de super-ego colectivo; y puede que nunca se sepa la verdad de las relaciones de fuerzas del momento de la transición: es decir, si se optimizaron todas las posibilidades del momento o si se hicieron excesivas concesiones.

Pero, en cualquier caso, hay sombras sobre la calidad de la democracia española. Y, en parte, vienen de un mismo defecto de construcción: haber querido convertir una amnistía -probablemente necesaria- en una amnesia. En un punto final. Por eso hay quien piensa que España va con retraso en cuanto a la asunción de su pasado respecto de otros países, por ejemplo, los del Cono Sur latinoamericano, en los que las grandes carnicerías fueron más recientes, las heridas estaban más abiertas y los riesgos de involución eran mucho más altos, y, sin embargo, han conseguido, en parte, condenar a sus verdugos y afrontar la cruel realidad de su pasado reciente.

En España, dicen, la Ley de Amnistía lo impide. Aceptémoslo, aunque puede ser objeto de una controversia jurídica como la que separa a Garzón de sus juzgadores. Pero la prohibición de acciones penales no significa borrar la historia ni blanquear orígenes y genealogías. Es verdad que al Rey lo puso Franco. Es y será así, por más que él se haya podido ganar la legitimidad democrática. Y no es irrelevante. Como es verdad que la derecha española tiene sus raíces en el franquismo, y que el sector más conservador de la sociedad española, que nunca ha renegado del franquismo, le vota. Lo cual probablemente es una buena noticia, porque nos ha ahorrado, hasta el momento, un partido de extrema derecha. Pero es así y no es insignificante. Y es verdad que llevamos un enorme retraso en el reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Treinta años después no tiene que ser un problema mayor reconocer estas cosas. Y, sin embargo, muchas autoridades, del nivel nacional al local, se oponen. Ni se deslegitima al rey ni se deslegitima al Partido Popular, que ha recibido un montón de veces la ratificación de las urnas, ni se pretende un revisionismo de la transición. Simplemente, la desmitifica, que es lo mínimo que se puede esperar que cada generación haga con sus padres. Y en cualquier caso dignifica y normaliza la democracia.

Por eso es extravagante la extraña alianza coyuntural entre la extrema derecha y el bellochismo contra el juez Garzón. Sin entrar en el debate jurídico, en términos políticos, que el juez Garzón pueda caer por haber osado investigar los crímenes del franquismo no es la mejor imagen que España pueda lanzar al mundo. La sospecha de que la sombra del franquismo todavía gravita sobre la democracia española ganaría adeptos.

Pero, ¿está Zapatero en condiciones de recuperar las voluntades perdidas? Algún día, Zapatero se dará cuenta del inmenso error que cometió al tardar tanto tiempo en reconocer la realidad y la profundidad de la crisis. Si la hubiese asumido desde el inicio, si hubiese tomado alguna decisión drástica e impopular al principio, como uno de sus ministros sugería, para que la gente entendiera que el Ejecutivo era consciente de la gravedad de la situación y obraba en consecuencia, el presidente no habría entrado en barrena. Lo más importante de la semana pasada, la semana de los giros y contragiros del Gobierno y de la cascada de malas noticias sobre España, ha sido el impacto psicológico negativo sobre la población. La ciudadanía creía que estaba empezando la salida de la crisis y, de pronto, ha tenido la sensación de estar en el peor momento. Y se ha caído en la cuenta de que en los próximos meses muchos parados perderán el subsidio de desempleo y muchas empresas ya no podrán resistir más las restricciones de crédito. El presidente afronta una crisis de confianza muy difícil de recuperar. Además, al tiempo que relanza su estrategia de confrontación izquierda-derecha, tendrá que seguir, de algún modo, rindiendo pleitesía a los mercados porque España necesita dinero y alguien lo tiene que vender. De modo que lo más probable es que el presidente siga dando bandazos. Es decir, desorientando al personal.

Juega en cambio a favor del presidente el irresponsable comportamiento de Mariano Rajoy. Puede que efectivamente la crisis estrangule a España y el poder caiga en las manos del PP. Y las estrategias ganadoras acaban siendo aplaudidas porque la política no sabe de criterios morales sino de resultados. Pero con una situación económica y social tan delicada, la actitud de Mariano Rajoy de no proponer ninguna de las recetas que dice poseer y de ni siquiera opinar sobre los temas que están en debate por puro ventajismo, por no tener que decir que está a favor de variar el cómputo de las pensiones y de alargar la edad de jubilación, es sencillamente inmoral. Que España se hunda para que me salve yo. Y después dirán que no se mueven por intereses personales.

Una de las muchas causas de desafección política es que la ciudadanía no entiende que en situaciones de emergencia los dirigentes políticos no sean capaces de pactar y de compartir la hoja de ruta. Tanto el PSOE, resucitando la lógica de la confrontación, como el PP instalado en el “cuanto peor, mejor” desoyen este mensaje. Es cierto que la confrontación es la esencia de la política, lo que, finalmente, moviliza al personal. Pero, en tiempos de zozobra, acierta CiU proponiendo un pacto de Estado contra la crisis: es lo que la ciudadanía quiere oír.

Sin embargo, el éxito puede tener un coste electoral serio para Esquerra Republicana. Por dos razones: porque la pérdida del monopolio del independentismo es condición sine qua non del éxito de la propuesta. Y porque Esquerra fracasó en su segunda opción estratégica: reemplazar a CiU en el papel de primera fuerza del nacionalismo ideológico catalán. CiU ha pasado su travesía del desierto con una resistencia admirable. Y aunque personalmente creo que al final la caída de Esquerra no será tan grande como algunos vaticinan, hay datos para pensar que CiU puede capitalizar las contradicciones de Esquerra. Precisamente porque la independencia ha dejado de ser quimérica, el sector nacionalista del electorado de Esquerra Republicana reniega del tripartito para buscar el abrazo con el nacionalismo conservador. Quizá se les escape que, como decía mi maestro Manuel Ibáñez Escofet, si alguien hará la independencia de Cataluña serán los catalanes con z. La derecha, aun siendo nacionalista, es siempre muy renuente a todo lo que represente un cambio del statu quo. Y la independencia lo es.

No ha tenido el PSC el éxito estratégico de Esquerra. Eso sí, ha acumulado poder, mucho poder. Se supone que el objetivo de los socialistas era consolidar una mayoría estable de izquierdas, en la que el PSC se hiciera paulatinamente más fuerte, por los dividendos derivados del cargo de presidente de la Generalitat y por la seriedad de su gestión, y los otros dos partidos tuvieran cada vez un papel más secundario. Una estrategia que se complementaba con el objetivo de conseguir una reforma federal del Estado, a partir del Estatuto. Que la estrategia ha fallado lo demuestra que el propio PSC evita plantear una tercera edición del tripartito. En cuanto al federalismo, no encuentra interlocutores dispuestos en España y es desbordado por el soberanismo en Cataluña. La opción de campaña de los socialistas parece limitarse ahora a la imagen de un partido centrado, de gobierno, sin atributos ideológicos precisos, que hace de la discreción y de la administración de los silencios, viva prolongación de su presidente, la principal virtud. Pese a presidir la suprema institución catalana, el PSC no ha conseguido penetrar en los caladeros del voto nacionalista. El PSC, en general, y Montilla, en particular, sufren la inmutabilidad de los clichés: sus gestos de defensa del Estatuto y de la “dignidad de Cataluña”, que tanto molestan en Madrid, parecen impostados para el votante nacionalista, que permanece insensible a sus señales. Su oportunidad de crecer está en que el electorado más reticente al catalanismo tampoco se crea las proclamas catalanistas del presidente y, en un momento de ruido soberanista, algunos abstencionistas tradicionales en las autonómicas salgan de la madriguera para evitar riesgos mayores.

La situación de Iniciativa también es paradójica. Su electorado probablemente es el que está más satisfecho con el tripartito. En cambio, su presencia en el Gobierno espanta a muchos votantes potenciales, especialmente, del PSC. Su opción ha sido siempre el gobierno catalanista de izquierdas. Si éste no sale, volverá a la oposición porque no tiene ninguna alianza alternativa posible. Pero un partido bastante ideologizado y con una base electoral modesta, pero fiel, debería adaptarse fácilmente a pasar al otro lado de la barrera. Aunque, cuando se ha probado el poder, dejarlo siempre duele.

La paradoja del tripartito se escribe así: debía consolidar una mayoría de izquierdas, que en estos momentos parece en precario, hasta tal punto que el propio PSC se desmarca de ella, y en cambio ha sacado al independentismo de la marginalidad. Esquerra ha ganado la apuesta estratégica y, sin embargo, puede perder la del poder.

Ahora, la mayoría de gobierno de Vic abre fuego contra el eslabón más débil: el inmigrante ilegal. Dado que Vic es el Ayuntamiento de Cataluña con mayor representación de la plataforma xenófoba que lidera Josep Anglada, la correlación es inevitable. La presencia de Anglada ha forzado a los ediles de la mayoría a cruzar la línea roja. Mal precedente. Sobre todo a la vista de la débil reacción de las direcciones de los tres partidos catalanes implicados. Ninguno de ellos ha pedido explicaciones a sus ediles, ninguno de ellos les ha recordado los principios democráticos básicos. Ha sido el ministro Corbacho, nada sospechoso de buenismo, que es la etiqueta descalificadora que utilizan aquellos que se sienten incomodados por los que tienen un prejuicio favorable a los perdedores, el que les ha advertido de la impropiedad de su gesto.

Pero si pésima es la decisión, peores son los argumentos. El alcalde de Vic ha centrado su argumentación en la legalidad de lo hecho. Es una cómoda reacción que se repite cada vez que alguien toma una decisión discutible. La legalidad se utiliza como argumento definitivo para eludir el debate sobre la legitimidad o la oportunidad política de la iniciativa o sobre la significación moral de la misma. Se olvida deliberadamente que una cosa puede ser legal pero inaceptable desde criterios democráticos. La consagración del principio que dice que la moral es la ley es la mejor demostración del triunfo absoluto del interés privado sobre cualquier idea de interés general o de bien común.

Me da absolutamente igual que sea legal o no la decisión del Ayuntamiento de Vic. Me parece igual de repugnante. En una sociedad en que la igualdad se ha convertido en una quimera, al inmigrante ilegal -esta terrible figura que niega la condición humana a una parte de los que habitan entre nosotros- sólo le quedaba una forma de reconocimiento público, un primer esbozo de ciudadanía: figurar en el padrón. Era la única posibilidad de ser algo más que nadie: tener, por lo menos, el nombre reconocido en la lista de los habitantes de la ciudad. Primera y tibia promesa de una futura ciudadanía y puerta de acceso a la más elemental atención: la sanitaria.

Si precario es el argumento legal, más grave es otro argumento que ha sonado estos días: el económico. Negar el derecho a la asistencia básica a los ilegales como una forma de reducir gastos. Me he acordado de un taxista norteamericano que me justificó la pena de muerte por el dinero que se ahorraba al Estado al no tener que mantener al condenado.

Si la presencia de la ultraderecha en un municipio lleva a los representantes de estos tres partidos catalanes a tan penoso seguidismo, ¿qué ocurrirá en las próximas elecciones autonómicas en que Anglada ha anunciado su intención de aspirar a conseguir presencia parlamentaria? El mimetismo de la izquierda en materia de inmigración, fruto del miedo a tener una política propia que defienda por encima de toda la dignidad de las personas, es realmente preocupante. Ahí están las vallas de Ceuta y Melilla y las leyes de extranjería como permanentes testigos de acusación contra Zapatero y su Gobierno.

Hay, sin embargo, un atenuante para los ediles de Vic. Ahora que ya sabemos que los flujos migratorios siguen los impulsos del mercado y que el discurso de la avalancha es un recurso demagógico que no se sostiene, queda más claro que nunca que los problemas derivados de la inmigración, que son en buena parte de convivencia, sólo se pueden resolver desde la micropolítica, es decir desde el trato casi individualizado que sólo puede ofrecer la política local. Y ningún Gobierno ha dado a los municipios el soporte en dinero, autoridad y recursos que requiere afrontar esta tarea crucial. Si no se dota debidamente a los ayuntamientos, otros pueden perder los papeles como los ediles de Vic.

De uso poco común entre nosotros, en la Unión Soviética y sus áreas de influencia la expresión nacionalidades fue utilizada para designar minorías étnicas y culturales con el objetivo de desdibujar las numerosas naciones engullidas por el sistema soviético. Y ciertamente buena parte de los constituyentes pensaron que el Estado de las autonomías tendría un efecto disolvente sobre las pretensiones de Cataluña y el País Vasco. La transición transitaba todavía por caminos llenos de trampas y era difícil evaluar la realidad de las relaciones de fuerzas. Desde Cataluña y desde el País Vasco se reclamaba un reconocimiento a la tradición nacional de ambos países. Hubo consenso en que la palabra nación era inviable, porque era una ruptura excesiva con el pasado inmediato que podía generar consecuencias imprevisibles. Y se optó por las nacionalidades.

Treinta años más tarde, el Estatuto catalán recupera el término nación. Para definir Cataluña y para identificar su bandera, su fiesta y su himno. Y el Constitucional vuelve al debate del 78. Ciertamente se puede hacer una interpretación literal de la Constitución: habla de nacionalidad y, si así lo hace, es por algo. Por tanto, la palabra nación referida a Cataluña no cabe. Pero, tres décadas más tarde, con la democracia perfectamente asentada, después de constatar que el Estado autonómico no ha producido la disolución de voluntades nacionales que algunos esperaban, sino más bien todo lo contrario, ¿hay que seguir manteniendo las ficciones del momento constitucional? ¿No sería ya hora de abandonar los eufemismos? ¿No es capaz el Constitucional de dar un paso hacia la claridad en las relaciones entre los distintos territorios de España, reconociendo que efectivamente se escribió nacionalidades para evitar la palabra naciones, pero que ahora, ya somos mayorcitos democráticamente como para afrontar los problemas de otra manera?

A juzgar por lo que dicen los periódicos, los miembros del Constitucional quieren dejar constancia explícita de que nación sólo hay una que es España, única fuente de soberanía. El argumento es que una nación de naciones es una contradicción en los términos, un imposible constitucional. A veces, la inflexibilidad doctrinal puede conducir a efectos no deseados. Parto de la convicción de que una sociedad democrática como la española no se opondría a la independencia de Cataluña, por más que la Constitución niegue esta posibilidad, si los catalanes la pidieran por una amplia mayoría. Pero tengo la impresión que no es deseo mayoritario en España que esto ocurra. ¿Por qué entonces no buscar un pacto -como piden todavía amplios sectores de la sociedad catalana- que permita una relación satisfactoria por las dos partes, antes de que el proceso hacia la independencia sea irreversible? Es simplemente lo que pedía el famoso editorial conjunto de 12 periódicos catalanes que ahora el presidente Montilla toma como bandera en su defensa del Estatuto. Aceptar que España es un Estado plurinacional podría ser el punto de partida para un acuerdo de cierto alcance. Y demostrar la viabilidad de una nación de naciones, podría ser al mismo tiempo una experiencia interesante para contribuir a la consolidación de Europa como entidad supranacional. Al fin y al cabo, si Cataluña como nación adquiriera reconocimiento político dentro de una España plurinacional, bastaría que Europa se consolide en la buena dirección para que, un día, el pacto español fuera sustituido por pacto europeo. Y la independencia habría llegado sin trauma ni agravio alguno.

El problema no es jurídico, el problema es político: de poder y de sentimientos. El proceso aquí descrito es demasiado racional, demasiado poco atractivo, para los que no pueden prescindir del choque de nacionalismos, que es lo que les legitima. Y que, además, sirve para enmascarar el fondo de la cuestión: el reparto de poder. La nación de naciones es inviable si las dos partes no la quieren. Y en primerísimo lugar, el nacionalismo español (sea en versión PSOE o en versión PP) que dispone del gobierno del Estado, que es el más fuerte y el que tiene más poder que ceder.

A los líderes de los países más avanzados cada día les resulta más difícil empatizar con la ciudadanía. No porque sean peores que los de antes, sino porque la sociedad ha cambiado a un ritmo acelerado y las instituciones políticas son las mismas desde el siglo XIX. La dinámica de la nueva sociedad cada vez reclama decisiones más rápidas, las instituciones siguen sometidas a lentísimos procedimientos que hacen que, a menudo, las respuestas lleguen cuando ya es tarde. Este año habrá elecciones. Los ciudadanos podremos tomar la actitud resignada de escoger entre los productos en oferta en el mercado electoral, que esta vez puede convertirse en un verdadero mercadillo, sin entusiasmo especial, como corresponde a una sociedad de un cierto grado de desarrollo educativo. Pero también podríamos hacer otra cosa: dar mayor intensidad a la demanda.

Que los entusiasmos del inicio de la transición derivaran en desencanto formaba parte del guión. La realidad democrática cotidiana, afortunadamente, nunca está a la altura de los sueños de los que salen de una dictadura, porque como todo el mundo sabe no hay mayor catástrofe política que la pretensión idealista de imponer los sueños a la realidad. Pero lo que quizá ya no era necesario era que la frustración -o dicho de otro modo, la cristalización de las relaciones de fuerzas después de la catarsis- derivara hacia un sistema más bien amorfo, de demanda débil, con escasa incidencia ciudadana en la conformación de la oferta política. Y, de hecho, fueron Felipe González y Jordi Pujol, hoy objetos de tanta melancolía, los que tuvieron el mérito de consolidar la normalidad, pero también el demérito de que se les fuera la mano bajando la temperatura hasta llevarla muy por debajo de la zona templada, hacia una democracia gélida. En Cataluña, con la alternancia, el proceso de reforma estatutaria creó cierto deshielo. Las frustraciones por un proceso mal iniciado y peor conducido han marcado la segunda legislatura del tripartito con dos catalizadores políticos importantes: la agudización de las contradicciones entre Cataluña y España y la consolidación de la independencia como proyecto político real. Dicho de otro modo, ha habido, por fin, una activación real de la demanda. La presión política desde abajo hacia arriba se está haciendo oír en mayor manera que durante los años en que el orden natural imperaba en Cataluña y los roles estaban perfectamente asignados.

De modo que, ante las próximas elecciones, antes de que los actores monopolicen el espacio público con sus ofertas, sería bueno que se dejara sentir la voz de la ciudadanía, aprovechando que los medios de la sociedad de la información tienen capacidad para sustituir la debilidad de las instituciones intermedias (o intermediarias) y la falta de permeabilidad de los partidos políticos. La ciudadanía debería incidir en la agenda de la campaña. Y forzar a los partidos a abandonar el territorio de los eufemismos y de las ambigüedades atrápalo todo. Los que estén por la independencia tienen que explicar cómo se llega a ella. Los que quieran seguir en España, tienen que decir cómo y de qué manera. Los que afirman que hay que plantear un cambio de las relaciones con España tienen que decir en qué términos. Los que prometan bajar impuestos -casi todos-, explicar cómo salvarán los déficits de la crisis, y no actuar con la impunidad de saber que van a desdecirse ya en el poder. Y los que tengan la honestidad de anunciar que los subirán -si los hay- que digan qué servicios darán a cambio. Y así sucesivamente. La primera fuerza de la demanda es la capacidad de obligar a la clarificación de la oferta.

La altísima tasa de paro y la precariedad de muchísimos empleos hacen que millones de españoles vivan al borde del precipicio. No sólo para ellos, sino para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y de empatía con el entorno ésta es la cuestión fundamental que el país tiene que afrontar. Pero hay, sin embargo, otros datos en la encuesta que creo merecen atención, porque ayudan a explicar por qué la crisis está pasando sin grandes niveles de conflictividad. Que la inmigración o la inseguridad ciudadana generen moderada preocupación en un tiempo de tantas dificultades sociales quiere decir que España es un país mucho más asentado de lo que normalmente tendemos a creer. Los mecanismos de estabilización social funcionan razonablemente -la educación y la sanidad sólo son destacadas como problema por un 6,2% y un 4,8%- de modo que la sociedad ha demostrado tener una capacidad de encaje sorprendente. La inmigración ha sufrido el paro más que nadie, se han frenado los flujos, pero muchos ciudadanos permanecen aquí volviendo a entrar en el mercado de trabajo o buscando el modo de conseguirlo. Que la crisis económica no haya agudizado las tensiones dice mucho de la capacidad mutua de reconocimiento, pero da a entender que las políticas sociales han jugado un papel positivo, e incluso permite constatar -aunque no debería ser noticia- que, desde la oposición se han evitado actitudes xenófobas y racistas del pasado. Igualmente, que, en tiempos difíciles como estos, a pesar de las tentaciones demagógicas de algunos, no se haya desencadenado la típica espiral del miedo y la inseguridad confirma lo que todos sabemos: que España es hoy uno de los países más seguros del mundo y que los mecanismos de protección social han funcionado, a pesar de que tantas familias y personas estén en situación límite.

En el imaginario de todos, están fenómenos como los quinquis de los ochenta. Las crisis anteriores habían dado formas más o menos singulares de conflictividad alta. ¿Por qué la calma de ahora? ¿Debemos atribuirlo al buen funcionamiento de los mecanismos del Estado de bienestar, a pesar de sus enemigos obsesivos, y, por tanto, a que la capacidad de resistencia del país se acerca al nivel máximo europeo? ¿O debemos pensar más bien en términos de individualismo, resignación, indiferencia, o miedo? De todo debe haber en la configuración de esta aparente paz social. Incluso una buena dosis de cinismo, porque la encuesta confirma la insensibilidad de los españoles a los casos de corrupción. La prensa lleva un año colocando todos los días escándalos sobre la mesa, y los españoles responden con una mezcla de fatalismo y escepticismo. Es lo que ocurre cuando el dinero es el valor ideológico dominante. En cualquier caso, una crisis sin apenas conflictividad social es un capital que el Gobierno tiene, aunque hasta el momento no le haya sacado rendimiento.

Y así llegamos a la preocupación que genera en la ciudadanía “la clase política”. No sé muy bien por qué el CIS distingue entre “la clase política, los partidos” -13,6% de preocupación- y “el Gobierno, los políticos y los partidos”, 4,7%. Corresponde a los políticos una cierta función de chivo expiatorio colectivo. En parte, por eso se les paga. Pero tengo la sensación de que nos quedaríamos cortos si pensáramos que los ciudadanos cuando descalifican a la clase política se refieren estrictamente a los dirigentes políticos. Primero: no es en tanto en cuanto individuos, sino como casta de intereses que son vistos como problema. Y de ahí el tópico que dice que todos son iguales. Segundo: esta casta que la gente ve como lejana y peligrosa es el sistema político-económico-mediático, o, si se prefiere, las élites dirigentes, que en esta crisis han dado demasiadas muestras de complicidades obscenas. El desconcierto generalizado de los medios de comunicación, donde la información y los intereses, a menudo bien cambiantes, van solapados. Y el ventajismo con el que el poder financiero causante de la crisis ha conseguido su propia redención a costa del erario público, han hecho que creciera en la gente la sensación de dos mundos (las clases dirigentes y la sociedad) cada vez más alejados. Es la consecuencia de una crisis resuelta con la socialización de las pérdidas de los que nos llevaron hasta aquí. Al precio de un alto paro. Evidentemente, la principal preocupación de la ciudadanía.

En el orden burocrático establecido, el ejercicio de la libertad es visto como una amenaza para el buen gobierno. Nadie se acuerda ya de que la democracia es deliberación, y el Parlamento, un espacio colaborativo para estudiar problemas y buscar soluciones conjuntamente. Y para ello el criterio y la conciencia de cada cual deberían ser imprescindibles e intransferibles. Oyendo a Richard Sennett en Barcelona, me daba cuenta cómo los Parlamentos se han ido convirtiendo en sistemas cerrados, en que la toma de decisiones se reduce a la ratificación de lo ya previsto y decidido, que actúan con evidente retraso respecto de los sistemas abiertos de la cultura de la red, donde la suma de voces no es vista como un problema, sino como un enorme potencial. Unos Parlamentos marcados por el voto de obediencia -sólo muy excepcionalmente levantado por la autoridad competente- tienden inevitablemente a alejarse de una realidad social dinámica y a encerrarse en una cultura de casta.

Aunque la exención del voto de obediencia es cada vez más rara -el Partido Popular, por ejemplo, la ha suprimido-, es curioso que en las últimas semanas algunos partidos la hayan concedido en dos casos: la votación de la ley del aborto en el Parlamento español y la votación de la admisión de la iniciativa popular para la prohibición de los toros en el Parlamento catalán. No hay que ser psicoanalista para ver el peso de lo atávico en estas dos excepciones: la sangre, la vida, la muerte, la tradición. La conciencia católica y la conciencia patriótica han operado en este caso como inhibidores del sistema de control parlamentario en aquellos partidos que todavía admiten la capacidad de dudar. No ha sido el caso del PP, que nunca tiene dudas: no al aborto, sí a los toros. La identidad religiosa y la identidad patriótica no admiten fisuras en la derecha. Todavía hoy me viene a la mente la imagen siniestra de la derecha celebrando, como si de una fiesta se tratara, el voto sin fisuras de su grupo parlamentario a favor de la guerra de Irak. Pero esta tímida brecha, abierta con el aborto y los toros, en la rigidez de los partidos debería ser aprovechada. Soy escéptico. El PSC parece que ya se ha arrepentido de la libertad dada en la prohibición de los toros: ante las próximas elecciones necesita hacer emerger, entre independentistas y nacionalistas, su identidad como principal partido que sigue defendiendo la pertenencia de Cataluña a España. Los escrúpulos de conciencia se desvanecen rápido ante la llamada de las urnas.

Pero si con el aborto y con los toros se ha hecho alguna concesión a la libertad de los diputados, ¿no es posible aspirar a que esta fina brecha en el espacio cerrado se convierta en anchas ventanas que permitan que el aire de la sociedad traiga vida a las endogámicas estructuras parlamentarias? Si los poderes políticos se ablandan en la disciplina ante un pecado mayúsculo o ante una tradición emblemática, ¿por qué no podrían hacerlo en otros muchos casos tan importantes como puedan ser éstos? Por dos razones: porque el poder es lo primero, y el poder ve cualquier desviación como una amenaza, y porque los propios diputados demediados aceptan su mutilación sin rechistar. Temen los costes del ejercicio de la libertad. Y que las burocracias de los partidos sigan afinando en la selección de personal sumiso y entregado. ¿Miedo o realidad? Si algunos se atrevieran a desafiar la obediencia, ¿realmente lo pagarían o acabarían teniendo premio? Dos ejemplos: Rato y Mayor Oreja demostraron perfil propio en la sucesión de Aznar; ganó Rajoy, que “estaba por ahí”. Aznar tenía el partido en un puño y no había espacio para significarse. Zapatero, después de una década de diputado sumiso, desafío al aparato y ganó a Bono, el candidato oficial, pero en aquel momento el PSOE era un guirigay y ni siquiera se soñaba en volver al poder. Es un problema cultural. La política tiene que adaptarse a la cultura abierta de la sociedad de la información; de lo contrario, cada vez llegará más tarde y cada vez se le verá más lejos, que es lo que perciben los ciudadanos de modo creciente.

Me permito sugerir tres consideraciones: primera, el independentismo ha dejado de ser en Cataluña una opción marginal y forma parte de las opciones que se plantean a sus ciudadanos, al mismo nivel que las otras tres. Es decir, el Estatut como etapa de tránsito hacia el soberanismo (CiU), el Estatut como expresión de la voluntad de seguir en España (PSC) o el fundamentalismo constitucional (PP). Segunda, la izquierda abertzale tiene motivos para aprender de Cataluña. Sin violencia, por vías estrictamente democráticas, el independentismo está mejor posicionado en Cataluña que en el País Vasco. Tercera, ni las bravuconadas de Aznar ni las frivolidades de Zapatero; lo que explica el crecimiento del independentismo en Cataluña es el cambio generacional. Las nuevas generaciones no tienen los prejuicios de las del franquismo y la transición. Han aprendido a entender Cataluña como sujeto político y no como un apéndice o una parte, y para muchos de ellos la independencia es algo natural. Los Madí, Homs, Puig, Pujol, Vives, que forman el entorno de Artur Mas en CiU, dicen sin ambages que la independencia (o soberanismo, el eufemismo que se usa para no inquietar a una parte del electorado) es el objetivo de su generación.

De este retrato se deduce un problema político real en el encaje del Estado de las Autonomías, que estará ahí sea cual sea la decisión del Constitucional. Los dirigentes políticos no pueden seguir eludiendo sus responsabilidades transfiriendo a los jueces la resolución de problemas de su competencia, como ha hecho el PP, en este caso. Probablemente hay un camino: el de las soberanías compartidas, en un marco federal asentado sobre relaciones de tipo bilateral. Este marco hoy es España pero algún día puede ser perfectamente Europa. Y la independencia habrá llegado y nadie sabrá cómo ha sido.

No es éste el único signo de crisis política. El bipartidismo imperfecto PSOE-PP está mostrando sus limitaciones, con riesgo de dejar a un número cada vez mayor de ciudadanos sin opción política con la que sentirse mínimamente cómodos. La ausencia de proyecto político por ambas partes resta a la democracia la dimensión de deliberación colectiva y confrontación de ideas y propuestas que la hace fuerte. La limitada autoestima de ambos contendientes se manifiesta en la falta de voluntad de pactos de interés general. El horizonte es estrictamente táctico: el PSOE, empeñado en acorralar al PP en el rincón de la extrema derecha, ahora presentándole “como un partido desleal que se lava las manos contra el paro”. El PP con su táctica de humor negro: dejar que la economía se desangre y se lleve a Zapatero por delante.

Esta incapacidad de poner el interés general en primer plano es una forma de crisis política. Especialmente cuando cunde una profunda sensación de injusticia. La percepción de que los gobiernos han optado por salvar a las grandes corporaciones financieras y se han desentendido de la suerte de los demás. La convicción, alimentada por la pasividad ante la corrupción, de que hay un entramado político-económico, una especie de Estado corporativo, autosuficiente, cada vez más alejado de la ciudadanía. Un dirigente político catalán decía sobre Laporta que no hay que confundirse, que en política las cosas no se arreglan fichando a un Ronaldinho o a un Guardiola. Es una buena descripción del populismo. Que es la primera amenaza que aparece siempre que un régimen da síntomas de agotamiento y no es capaz de renovarse a fondo.

En abril de 2007, en vísperas de la primera vuelta de las elecciones que ganó, Nicolas Sarkozy declaró a Le Figaro: “He hecho mío el análisis de Gramsci: el poder se gana por las ideas. Es la primera vez que un hombre de la derecha asume esta batalla”. Fiel a este criterio, Nicolas Sarkozy ha asumido el papel de ariete de la hegemonía ideológica conservadora y ha entrado directamente en el debate sobre la identidad nacional, con un artículo en Le Monde: “Respetar a los que llegan, respetar a los que acogen”.

El espíritu del artículo podría sintetizarse en esta frase: “La identidad nacional es el antídoto al tribalismo y al comunitarismo”. Pero la celada es demasiado obvia: la identidad nacional es la expresión de un comunitarismo. ¿Cómo un comunitarismo puede ser el antídoto al comunitarismo? Si, para defenderse del comunitarismo, hay que preguntarse qué es ser francés y actuar en consecuencia, lo que hace Sarkozy es poner en marcha un mecanismo de exclusión: todo el que no se sienta incluido en la descripción del ser francés está, por lo menos, en precario. El discurso de Sarkozy le señala como un comunitarista peligroso, dado que la identidad nacional es el antídoto contra el comunitarismo. Es decir, Sarkozy repite el eterno círculo vicioso de los discursos nacionalistas. Una formulación sin eufemismos de su sentencia diría: “El comunitarismo francés es el antídoto al tribalismo y a los demás comunitarismos”. Eterno retorno de las mismas pesadillas.

Pero, siendo éste el núcleo duro del discurso de Sarkozy, hay más. Y sobre todo hay este imperialismo ideológico del presidente que pretende colonizar todas las ideologías, raptando las señales de cada una que puedan ser más atractivas para la ciudadanía. Así, regala los oídos de los electores de la extrema derecha, apelando a ser sensibles a la voz del pueblo, en casos como el del referéndum suizo de los minaretes, porque el peligro del populismo no está en escuchar a los ciudadanos sino en ignorarlos. Y regala los oídos de muchos electores de la izquierda que optaron por el no en el referéndum europeo, al decir que Francia dio una lección y aquel voto permitió plantearse decididamente “que no pudiendo cambiar los pueblos, era necesario cambiar Europa”. Superando sus divisiones, “Francia”, dice Sarkozy, “pudo asumir el liderazgo para cambiar Europa”. Y regala los oídos de los sectores laicos al advertir a los creyentes “que deben practicar su culto con humilde discreción”.

Pero, por encima de todo, lo que da la clave principal del artículo de Sarkozy es la utilización del referéndum suizo de los minaretes como pretexto y como eje de su relato. El presidente se pone en evidencia. Su decisión de relanzar un gran debate sobre la identidad nacional francesa sólo tiene un motivo: los seis millones de musulmanes que viven en Francia. Es decir, que el antídoto es contra el comunitarismo islámico. Lo cual me parece un error, por lo menos por dos razones: primero, porque una vez más remite el debate identitario a lo religioso. Como si la religión fuera el factor determinante de la identidad de las naciones; como si Grecia o Roma no hubieran pintado nada en la construcción del espíritu de los europeos y sólo fuera relevante “el profundo trazo” que ha dejado la civilización cristiana. Segunda, porque los problemas de convivencia cultural se resuelven por la vía de la pluralidad y no de la simplificación. Si Sarkozy lee a Voltaire, recordará el mensaje de las Cartas filosóficas: una sola religión es la intolerancia, dos es la guerra, muchas es la libertad. Lo mismo puede decirse de cualquier otra forma de discurso identitario. En Francia, la inmigración es suficientemente plural como para que el presidente extendiera su supuesta voluntad integradora más allá de las diferencias entre cristianos y musulmanes.

La solución no es la identidad nacional francesa, la solución es la República. Y aquí Sarkozy comete la peor de sus falacias: confundir República e identidad nacional. Dar por supuesto que son la misma cosa. La República es de todos los que la habitan y Sarkozy sigue con la discriminación entre nacionales y extranjeros, incluso cuando éstos -la mitad de los musulmanes- tienen la nacionalidad francesa. Pero Sarkozy es un político. Y como tal, como explicó Harry Frankfurt, su horizonte es el poder, no la verdad.

Después de tanto tiempo hablando de desafección, después de que el caso Millet y el caso Pretoria hayan dado la puntilla a la ya maltrecha confianza de la gente en la política, una sentencia afrentosa para el autogobierno podría introducir al país en una dinámica -la del soberanismo y la independencia- para la que los dos grandes partidos entienden que no ha llegado el momento. Porque la ciudadanía no lo quiere todavía -un referéndum de autodeterminación sería derrotado en Cataluña, decía Artur Mas- o porque no están por la labor, como es el caso de Unió y del PSC, que siguen creyendo que el encaje de Cataluña en España todavía es posible. Con lo cual la Cataluña moderada ha hecho sonar la corneta. La unidad en la respuesta ante una sentencia negativa es la mejor manera para preparar unas elecciones en las que todo cambie para que no cambie nada.

Las razonables intenciones de la centralidad catalana chocan, sin embargo, con la intransigencia de algunos sectores españoles, en este caso especialmente de los medios de comunicación de Madrid, que no quieren enterarse de que lo que se está intentando desde Cataluña es evitar males mayores. Los dos principales partidos, el PSOE y el PP, han templado gaitas. El PSOE, porque está en el origen de este follón y teme salir seriamente lastimado, atrapado entre la frustración de parte de sus electores catalanes y la sensación de favoritismo hacia Cataluña entre algunos de sus electores españoles. El PP, porque Rajoy ha puesto buena parte de sus esperanzas de llegar a La Moncloa en un futuro pacto catalán con CiU y querría hacer olvidar que fue él quien organizó el lío recurriendo el Estatuto en un momento en que su estrategia para derrotar a Zapatero era la contraria: agitar los sentimientos anticatalanes, hasta el punto de organizar una recogida de firmas para un referéndum contra el Estatuto. Rajoy ganaría credibilidad en Cataluña con un gesto tan sencillo como retirar el recurso, pero para él esto es demasiado.

Todo ello no ha impedido que algunas personalidades vinculadas a los dos partidos y, sobre todo, la prensa conservadora se soltaran el pelo: deslealtad, traición al espíritu constitucional, actitud delictiva, provocación, estancamiento de la sociedad catalana, presión intolerable al TC, han sido las cosas más amables que se han publicado.

Se ha dicho que la definición de Cataluña como nación en el prólogo del Estatuto es irrelevante porque carece de efectos jurídicos. Precisamente por eso creo que es muy relevante: expresa el espíritu de la confrontación liderada por la prensa conservadora madrileña. No basta con negar una norma o una competencia, se trata de negar a los catalanes el derecho a pensar que su país es una nación, es decir, va directamente contra la libertad de expresión, contra la manera que cada uno tiene de nombrar determinadas cosas. Diga lo que diga la sentencia, Cataluña seguirá siendo para la mayoría de los catalanes una nación, el 11 de septiembre será la fiesta nacional de Cataluña, Els segadors será el himno nacional y la senyera la bandera nacional. ¿Qué se gana negando la realidad? ¿Qué derecho cree tener el nacionalismo español sobre Cataluña para impedir a sus ciudadanos que se autodefinan como quieran? Creo que ha llegado ya el momento de plantear las cosas sin rodeos: Cataluña quiere más poder y España no quiere dárselo. Quizá afrontar el problema directamente, sin eufemismos, facilitaría el entendimiento. El editorial sociovergente es el último intento de mantener los eufemismos con vida. Y en Madrid ni se lo agradecen.

En esta confrontación, cada uno tiende a comportarse como una caricatura de sí mismo. A Zapatero le pierde la grandilocuencia de sus promesas; la ingenuidad adanista de presentar como nuevo lo que está dicho, redicho y, a veces, incluso hecho; la fantasía infantil de que un modelo económico se puede cambiar por decreto ley. La propuesta de un modelo sostenible “económicamente, medioambientalmente y socialmente”, recuerda en el espíritu y en la forma el otro gran gadget ideológico del presidente: la alianza de civilizaciones. En ambos casos, da la sensación de que se ha tejido el vestido antes de saber qué cuerpo tenía que llevarlo puesto. Y, de momento, a la vista de todos está que sobra tela para tan flaco maniquí. Es más, las iniciativas concretas, que las hay, y algunas positivas, desde una reforma laboral sin abaratar el despido -aunque para la derecha sea una contradicción en los términos- hasta el compromiso de atacar a fondo el fraude fiscal -si no lo veo, no lo creo- o la mejora de los mecanismos reguladores y la simplificación de los procesos administrativos, quedan un poco perdidas en medio de una ornamentación con más deseos que concreciones.

También Rajoy, en su respuesta, se enseña tal como es. El presidente del PP siempre ha sido refractario a los proyectos políticos, siempre siente pereza cuando le hablan de pensar más allá del próximo año, siempre ha desconfiado de los ejercicios de reflexión teórica y de prospección política. Rajoy está convencido de que el presente es lo único importante porque puede darle la victoria por calcinación política del adversario. Y, por tanto, para él sólo hay un tema: el paro. Es decir, la reiteración de un retrato lo más oscuro posible de la situación de España.

Evidentemente, en la coyuntura actual la realidad juega a favor de Rajoy. Zapatero corre el riesgo de que su operación futuro aumente la desconfianza acumulada porque la gente la entienda como una huida hacia delante, sin haber sentado antes las bases para resolver los problemas previos. Pero del mismo modo que la negritud del presente es la fuerza de Rajoy, si empieza a despejar y España entra en una lenta pero constante vía de recuperación, el día a día se puede convertir en su ruina. Apostarlo todo a que las cosas van mal -además del riesgo de que la ciudadanía lo entienda como una deslealtad al país- tiene el problema de que uno se queda sin argumento si las cosas empiezan a ir bien.

La estrategia de Rajoy está clara: sólo importa lo que tiene que ver con la crisis, sobre lo demás, pasar lo más desapercibidos posible. Pero entonces Rajoy choca con su pasado. Es difícil hacerse invisible en el conflicto del Estatuto catalán cuando se ha sido el autor del recurso que ha metido al Tribunal Constitucional en la pelea, un recurso además claramente discriminatorio porque censura del Estatuto catalán lo que el PP valida en otros estatutos. Rajoy no puede evitar que alguno, al que quizás no le ha llegado la consigna, reviva el peor momento del PP, al tachar de ignominiosa la retirada de las tropas de Irak. Como tampoco puede evitar que los suyos sigan del brazo de los curas en los debates sobre moral y costumbres que nos ocupan. Con lo cual, queda claro que el PP es el de siempre y que la crisis no es suficiente para disimularlo. A Rajoy le lastra el pasado, Zapatero busca la salvación en el futuro. El presente no cesa de reclamar atención. Rajoy actúa como amplificador de esta demanda. Y de ahí saca sus dividendos electorales. Pero, ¿uno y otro, no se dan cuenta de que la ciudadanía les pide algo más?

Tanta gesticulación regeneracionista se fundamenta en la necesidad de devolver la confianza a la ciudadanía. Los partidos están tan acostumbrados a asumir el papel de chivos expiatorios de la colectividad que, a menudo, cargan sobre sus espaldas culpas que no son sólo suyas. Ciertamente, hay desconfianza en la sociedad. Hay descontento con los políticos, pero no sólo con los políticos, sino con las élites en general: con el poder político, pero también con el económico, con el mediático y con el judicial. Y la crisis la ha agudizado considerablemente. La ciudadanía ha visto como el dinero público se orientaba a resolver los problemas de quienes habían provocado la crisis -en especial el poder financiero-, sin que ello provocara el relevo de los responsables de estas instituciones y sin que este dinero sirva para que las entidades financieras echen una mano con el crédito a empresas y ciudadanos en dificultades. La ciudadanía constata que el poder económico se ha globalizado y que el poder político sigue siendo local y nacional, sin capacidad para poner límites a los excesos del dinero. Y la ciudadanía mira cada vez con más escepticismo y desconfianza la promiscuidad entre poder político, poder económico y poder mediático, que se están comportando como una casta cada vez más distanciada de la sociedad. La suma de todas estas cosas es la que genera la desconfianza y el malestar. Y lo que más duele de los comportamientos de los dirigentes políticos es que, en vez de gobernar, sean comparsas de este juego.

Es cierto que hay situaciones ante las que es difícil entender que los gobernantes pongan el interés de partido por encima del interés general. Y es cierto también que cuesta ver en el escenario proyectos capaces de ilusionar y de movilizar a la ciudadanía. La democracia, en manos de un oligopolio partidista, tiene unos tiempos lentos, difíciles de justificar, que la hacen poco eficiente. Pero ¿puede distinguirse por su eficiencia un sistema económico que ha llevado a la crisis que la ciudadanía está sufriendo en estos momentos?

La desconfianza tiene otros destinatarios, además de los políticos. Sin embargo, éstos están tan acostumbrados a pagar por todos que están haciendo de parapeto a quienes son tan culpables (o más) que ellos del malestar de la ciudadanía. Ni los políticos ni los ciudadanos ganamos nada con este rol de encubridores voluntarios de otros que los partidos parecen haber asumido. Me gustaría ver a los políticos irritados cuando de un caso de corrupción se deduce alegremente la presunción de culpabilidad de todos ellos. Está bien que los políticos hagan propósito de enmienda, pero no hace falta que asuman más responsabilidades que las que les corresponden estrictamente, porque así se alimenta el discurso de doble moral, tan exigente con el comportamiento los políticos y tan laxo con el de los ciudadanos en el mundo económico. Gobernar -empezando por marcar los límites al dinero- es el mejor antídoto contra la desconfianza. Salvo que nuestros gobernantes entiendan que su función se ha reducido ya estrictamente al papel de chivo expiatorio de la sociedad. Es decir, salvo que hayamos llegado al grado cero de la política.

Quedan muchas cosas por aclarar y por explicar. Quizás la principal es si la Armada pudo hacer algo más para detener a los 63 piratas que se repartieron el botín a bordo. Pero el poder de lo gestual es tan grande que la oposición -prudentemente callada durante este episodio- deberá medir muy bien el uso político del secuestro que haga a partir de ahora. Las imágenes del reencuentro con los familiares que el próximo fin de semana inundarán el universo mediático jugarán gestualmente a favor de la idea de pasar página.

El PP pensó que el Alakrana podría ser el Prestige del PSOE: el momento del desencanto definitivo de la ciudadanía. Pero intentar ahora poner al Gobierno en apuros por algo que ha acabado relativamente bien, no es fácil. Otra vez la política de la gestualidad: Rajoy lanza su ataque apuntando a tres nombres: De la Vega, Chacón, Caamaño. Tres cabezas que cortar. Pura imagen.

Por lo demás, otra vez chocamos con la gran brecha de la mundialización: los problemas globales se resuelven como si fueran problemas nacionales. La piratería es un negocio bien repartido, que tiene un montón de beneficiarios, desde los propios bucaneros y los seudogobiernos somalíes hasta la organización de Al Qaeda en la zona. No hay una respuesta conjunta de los países afectados. Cada cual va a lo suyo: paga, arma a sus barcos y pasa página, hasta el próximo secuestro.

En medio del ejercicio de comunicación de la buena noticia, Zapatero soltó una frase, que es posible que quede entre los efectos especiales del espectáculo, pero que merecería mayor consideración: “Mi primera obligación -dijo- es salvar la vida de mis compatriotas”. Repárese en el detalle: dice compatriotas, no ciudadanos, para dar mayor calor y complicidad a la expresión. No hace falta leer a Hobbes para entender que es función primordial del Estado garantizar la vida de sus ciudadanos, y que precisamente por eso la humanidad ha ido aceptando las renuncias que comporta vivir bajo esta tutela. Por eso, resulta siempre inquietante la tendencia, muy inscrita en la cultura política, de poner en primer plano, siempre que hay vidas humanas amenazadas por un chantaje, la razón de Estado -no ceder a las exigencias de los chantajistas- como principio absoluto, en nombre de la necesidad de proteger al país de males futuros. Estas apelaciones a la suprema razón de Estado, argumento con el que el gobernante se autoriza a suspender cualquier juicio moral, siempre me han parecido una hipócrita cobertura de la incompetencia de los gobernantes. No deja de ser curioso que la misma razón de Estado se utilice como coartada para dejar una víctima a su suerte o para justificar la tortura.

No son las víctimas las que tienen que pagar que el Estado no haya sido capaz de protegerlas. Tampoco son las víctimas, y por extensión sus familiares, las que tienen que determinar las estrategias políticas, porque su situación emocional no es la más adecuada para un juicio objetivo. Pero para tomar las decisiones correctas, el buen gobernante debe ser capaz de hacer un elemental ejercicio de empatía: ponerse mentalmente en el lugar de las víctimas, sin que ello signifique renunciar a la distancia que exige la responsabilidad de la toma de decisiones. El buen gobernante ha de intentar encontrar el punto justo para salvar a las víctimas con la mínima erosión del Estado. Liberar a las víctimas puede, a veces, tener costes muy altos y consecuencias muy graves, pero lo que es seguro es que la muerte de las víctimas nunca será un triunfo del Estado. Por más que se diga lo contrario desde las querencias autoritarias de cierto integrismo de Estado.

Los momentos de crisis económica y de desgaste de los proyectos políticos son propicios para que los escándalos de corrupción lleguen a las portadas de los medios. La ciudadanía, sensibilizada por los padecimientos de una crisis que provocó la irresponsabilidad de una parte del poder económico, se irrita más fácilmente ante la utilización de cargos públicos para beneficios privados. Un escándalo de corrupción, para tener impacto, necesita que coincidan tres factores: denuncia apoyada por la prensa, actuación judicial y disposición de la ciudadanía a sospechar de los acusados. En los momentos de euforia, porque un gran proyecto político se pone en marcha o porque la economía va a un ritmo que tapa todas las miserias, los casos de corrupción quedan más a beneficio de inventario.

La derecha, con menos escrúpulos formales con la cuestión del dinero, procura restar importancia a los casos, tratándolos como accidentes de recorrido a los que todos estamos expuestos. Es lo que intenta hacer CiU, buscando un perfil que le permita que el vendaval de la corrupción no le desvíe de la corriente de cambio en que se siente instalada. Lo del PP en España es mucho más siniestro: el PP tiene siempre una sola preocupación: salvar a los suyos. Y ahora lanza una batalla contra el sistema judicial de escuchas en un intento de conseguir la nulidad de los juicios que le afectan. Esta manera del PP de luchar contra la corrupción también es corrupción, porque se sustenta en la búsqueda de la impunidad. La izquierda, por su parte, es más pacata, organiza grandes misas y lanza grandes promesas de no volver a pecar, aunque después todo siga igual, quizá porque siempre le ha costado más asumir la maldad natural de los humanos.

La corrupción política es cosa de dos: el que paga y el que cobra, el corruptor y el corrupto. La ciudadanía tiende a mirar hacia el corrupto, por esta injusta doble moral que reina según la cual lo privado es objeto de un escrutinio moral mucho más laxo que lo político. Es ideología dominante que el dinero es la medida de todas las cosas y que todo vale para conseguirlo. En una sociedad en que se ha instalado la idea de que el impuesto de sucesiones, el único realmente redistributivo, es un expolio, ¿vamos a escandalizarnos ahora porque algunos practiquen el ventajismo en el cargo público? La hipocresía va por barrios. Y miente el que prometa resolver definitivamente el problema de la corrupción.

Pero la responsabilidad de los partidos es grande. Una de sus principales tareas es la selección de personal adecuado para las responsabilidades de gobierno. Y en esta función hoy no son eficientes. El poder burocrático de los partidos -con el control de las listas como arma para la servidumbre, como Rajoy acaba de recordar- hace una criba que prima siempre la obediencia sobre la capacidad, el oportunismo sobre el talento. Esto es también una forma de corrupción y los resultados están a la vista: ausencia de proyectos políticos y apoteosis de la sospecha. Sin grandes disculpas y sin alharacas, los partidos pueden demostrar con los hechos que son capaces de enmendarse. A estas alturas, ya sólo con hechos concretos convencerán a la población. En Cataluña, tienen el año próximo una oportunidad de demostrar que su voluntad de hacer mejor las cosas es real. ¿Cómo? Pactando entre ellos una campaña electoral de bajo coste y alto contendido político. Sería el mejor remedio contra la desafección.

Todo el mundo conoce el peso de La Caixa en un país sin tradición de poder financiero y sin ricos de dimensión planetaria, es decir, en las primeras páginas de la lista de Forbes. Las instituciones la han tratado siempre con temor reverencial, porque ningún gobernante puede excluir que algún día tenga que acudir a La Caixa para resolver algún problema de liquidez para pagar la nómina o para dar un empujón a algún proyecto necesitado de financiación. No en vano La Caixa es la principal máquina de creación de empresas que tiene el país. Los propios partidos políticos saben que La Caixa les puede sacar de más de un apuro en esta asignatura tan complicada que es la financiación de unas campañas electorales en las que, movidos por la ansiedad de la conquista del poder, no reparan en gastos. Hay incluso quien ha dicho que La Caixa es demasiado grande para un país tan pequeño. Con lo escasos que vamos de tamaño en el ámbito económico, no nos pongamos trágicos.

Y sin embargo, sorprende que una institución de la peculiar naturaleza jurídica de las cajas, tan mimada por el país, no tenga sensibilidad para entender que Aguas de Barcelona es demasiado importante para ponerla alegremente en manos extranjeras. Se nos dirá que el negocio es el negocio y que las entidades que empiezan a razonar en términos patrióticos siempre acaban mal. Y se nos dirá también que en la economía global poco importa la nacionalidad de los propietarios de las empresas.

Pero no podemos olvidar que cuando el Gobierno del PP cortó de raíz la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola y cuando se frustró, ya gobernando los socialistas, la OPA sobre Endesa, hubo cierto consenso en Cataluña -al que La Caixa no era ajena- en lamentar que desde Madrid se prefiriera que una multinacional española estuviera en manos extranjeras antes que en manos catalanas. Y se repitió muchas veces entonces que en la economía global lo importante es dónde están los que tienen la última palabra. Pero, en fin, todos sabemos que en el juego de los intereses los argumentos son de perímetro variable: se acomodan con suma facilidad a la razón práctica de cada momento.

Lo cierto es que en su día nos escandalizamos porque el Gobierno español impedía que Cataluña tuviera la última palabra en una multinacional de la energía y ahora La Caixa, sin presión externa alguna, pone una multinacional catalana en manos de una empresa extranjera. Sin duda se nos inundará de argumentos para convencernos de la bondad estratégica de esta operación y todos ellos estarán bien fundados. Pero a una entidad que tiene sus raíces en las organizaciones ciudadanas, que no está sometida a la presión de los accionistas y del dividendo, y que goza de tanto favor social, cabría suponerle un gran celo en atender, sin perjuicio de sus intereses particulares, las razones de interés general. Ante el silencio de la servidumbre, que quede, por lo menos, alguna modesta discrepancia, aunque sea a beneficio de inventario. Con la electricidad en manos italianas y con el agua en manos francesas, ¿a qué puerta tendremos que ir a protestar los catalanes cuando los servicios tengan deficiencias?

La decisión de subir los impuestos antes de tiempo, es decir, antes de recuperar el hilo del crecimiento y, además, sin atreverse a tocar los privilegios fiscales de determinadas rentas del capital, daba argumentos para la crítica a todos los bandos del hemiciclo. Por si todo esto no era suficiente, Zapatero justificó el pacto con el Partido Nacionalista Vasco que le garantiza la supervivencia parlamentaria con el argumento de que “esto es política”. Ni el más posmoderno de los ideólogos osaría confundir política con el mercadeo de votos. Y, sin embargo, Mariano Rajoy no aprovechó el regalo: se limitó a hacer un ruidoso discurso destinado estrictamente a complacer a los suyos, los que le piden en la calle que sea más macho.

El Gobierno español y el valenciano están viviendo una peculiar situación -ya conocida en el Estado autonómico- en que el desgaste de los Gobiernos pilla a las oposiciones correspondientes enfrascadas en problemas internos que limitan su capacidad para capitalizar las dificultades de los que tienen el poder. La realidad es que el Partido Popular, inmerso en la trama corrupta y en las soterradas pero constantes conspiraciones internas, ve pasar su oportunidad sin fuerzas para dar el salto hacia una victoria segura. La carrera que provocó el pasado viernes el anuncio de José María Aznar de que participaría en la manifestación contra el aborto fue de película de los hermanos Marx. A la media hora, Esperanza Aguirre ya había anunciado también su presencia, sólida contribución a la imagen de liberal que vende la presidenta de la Comunidad de Madrid. E inmediatamente, Mariano Rajoy, como si la aparición del fantasma de su padrino le hubiese provocado un ataque de pánico, ordenó a Dolores de Cospedal que se personara también en la calle. Desde luego, la política obliga a sonoros papelones: ¿qué hacía una mujer como la Cospedal en una manifestación como aquélla?

Y, sin embargo, la manifestación es muy significativa del estado del Partido Popular. Dejemos aparte los ejercicios de cinismo del partido de la derecha, siempre al lado de los obispos, pero intentando que no se note demasiado. La movida del pasado sábado confirma lo que ya sabíamos por movilizaciones anteriores y por el éxito de determinados predicadores: en España hay un sector social difícil de calibrar en números, pero que debe aportar en torno a un tercio de los votos del Partido Popular, que se inscribe en los postulados ideológicos de una cúpula episcopal más cerca del integrismo que del conservadurismo y que cuenta con fuerzas de choque -organizaciones como el Opus Dei o Legionarios- con capacidad de mover a la gente.

Pero, además, ratifica otra idea que es probablemente la que hace temblar a Rajoy: que Aznar es el único dirigente que ha dotado de un proyecto a la derecha española después de la muerte de Franco. Y que él fue capaz de hacer compatible, al modo de los neoconservadores americanos, un capitalismo de casino con un discurso ideológico de sacristía y de odio al llamado progresismo. Una parte importante de la derecha sigue considerándolo el verdadero líder. Por lo demás, aunque los obispos, por orden vaticana, en Roma saben muy bien que es mejor el poder que la coherencia, parecen haber abandonado el intento de crear un partido católico, la conspiración no cesa, y las presiones sobre Rajoy continúan.

Evidentemente, el caso Gürtel es el caldo de cultivo en que las turbulencias internas del PP afloran y dificultan a Rajoy centrar sus esfuerzos en la erosión de un Gobierno desorientado. Pero algo parecido ocurre en Valencia, donde con un Gobierno asediado por la trama corrupta y un partido dividido en dos, la oposición ni está ni se le espera. Tal es la impotencia de los socialistas valencianos que, en vez de hacer un poco de política para que la gente les reconozca como alternativa, no se les ocurre otra cosa que querellarse contra Camps. La judicialización de la batalla política es casi siempre el recurso del débil. Del que no se siente capaz de ganar la batalla en el terreno que le corresponde: el político.

La Constitución dice que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación política”. ¿Cumplen estos requisitos? Sólo a medias. Las dinámicas de los partidos tienden más a frenar que a estimular la participación política. En realidad, operan mucho más como agencia de colocación de una profesión llamada política que como canal de discusión y de acción política abierto a la ciudadanía. Expresan el pluralismo político, pero la condición de cártel con la que actúan, más que estimularlo, lo restringe.

La formación y expresión de la voluntad popular se han deteriorado, con un sistema de democracia mediática que favorece el monólogo del gobernante, con las encuestas de opinión como casi única señal que viene de abajo. El complejo mediático-político, una promiscua trama de intereses, ha conseguido que no sea ningún disparate la distinción entre opinión publicada -la que emana de este complejo- y opinión pública.

Si las tareas principales de los partidos son asegurar la participación política y la representación de la ciudadanía, seleccionar el personal para los puestos de responsabilidad política, y formular y liderar propuestas de gobierno que atienden al interés general, hay que decir que en todas ellas las deficiencias son grandes.

¿Dónde están los problemas? En la propia lógica organizativa: se ha dicho que los partidos son la única herencia del leninismo que ha sobrevivido a la caída del muro de Berlín. Lo cierto es que la democracia interna es muy débil y los partidos se han convertido en máquinas de ocultación de las malas noticias, a mayor gloria del jefe. Al mismo tiempo, los sistemas de escalafón son muy rígidos, con efectos perversos como que muchos militantes llegan hasta la cima de la carrera política sin otra experiencia profesional que la vida de partido.

En las élites políticas hay una obsesión por la gobernabilidad, que se expresa en el gusto por el bipartidismo: un club privado de dos socios, los únicos que pueden alcanzar el Gobierno de España, en el que es casi imposible conseguir el derecho de admisión. Los dos gozan de tantos privilegios -económicos, mediáticos, técnicos- que sólo una debacle cainita podría apartarles de esta privilegiada posición. La misma obsesión por la gobernabilidad está en el origen de las listas cerradas, que es una vuelta de tuerca más en el control de la servidumbre.

Naturalmente, en la financiación encontramos una fuente de corrupción insaciable. Siempre se habla de la necesidad de una reforma a fondo, pero nadie la emprende. Hombres ilustres de la política han visto cómo brillantes carreras acababan salpicadas por la corrupción y, sin embargo, sigue sin hacerse nada. ¿Tan grande es el negocio? ¿Tantas son las ventajas de la opacidad que merecen tan alto precio? Si encima se extiende la peligrosa doctrina, desarrollada por la derecha, de que el voto blanquea la corrupción, la sensación de impunidad es insuperable.

Cada uno de estos problemas se podría afrontar con medidas concretas que, sin ser una gran revolución, mejorarían sensiblemente las cosas: legalización de las corrientes internas que darían más calidad a la representación, cambios en la ley electoral que desburocratizaran la política, transparencia en la financiación, obligatoriedad de unos años de experiencia profesional fuera de la política para poder gobernar, etcétera. Pero para el cártel político resulta más cómodo gobernar una sociedad que crece en indiferencia que favorecer la crítica, la participación y la dignidad de la política.

La anemia generalizada que ataca a las izquierdas tiene mucho que ver con la incapacidad para mantener en primer plano la cuestión de la igualdad (o su reformulación por la vía del reconocimiento), razón de ser de la izquierda; de conectar con los nuevos sujetos del cambio, que son muy distintos y mucho más dispersos que en el pasado; y de generar alternativas realmente posibles aprovechando las diversas posibilidades de conjugación del capitalismo. Y aquí es donde la izquierda se ha puesto en evidencia: ha sido incapaz de dar el más pequeño empujoncito para que se saliera de la crisis con un modelo distinto del que se entró.

En la política española abundan los ejemplos de la sumisión ideológica de la izquierda. Desde el Gobierno socialista, por ejemplo, se ha justificado el peso del gasto social en los nuevos presupuestos porque contribuye a evitar el conflicto. Me parece una preocupación muy loable. Pero la izquierda debería tener una razón mucho más importante para defender la protección social: que es de justicia, simple y llanamente. ¿Por qué se busca un argumento de derechas para justificar una decisión de izquierdas? Lo mismo ocurre a menudo con la inmigración. Se justifica su presencia entre nosotros porque contribuyen al progreso económico del país. Me parece muy bien, pero además de trabajadores son personas que tienen derechos, por ejemplo, el de buscarse la vida cómo y dónde quieran.

Tal es el peso de la hegemonía ideológica conservadora que todo el espectro político ha criticado la multimillonaria pensión con que ha sido premiado el número dos del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, con el mismo argumento: es inadmisible en tiempo de crisis. O sea que, sin crisis, barra libre. Moraleja: también para la izquierda lo escandaloso no es la cosa en sí, sino la inoportunidad. Lo cual no dejaba de ser previsible dado que buena parte de la política del Gobierno socialista está fundada en la imagen y en las apariencias. Hasta tal punto que Zapatero no ha tenido ningún empacho en reiterar y enfatizar que la subida de impuestos recaería sobre las rentas más altas, cuando, a la vista de los números presentados por la ministra Salgado, ella misma ha tenido que reconocer que pagarían, como siempre, las clases medias y los asalariados. Harry Frankfurt tiene razón: los políticos no mienten, sólo que la verdad no forma parte de su horizonte mental.

Pero en los presupuestos del Estado recién presentados hay algo mucho más sangrante: la renuncia absoluta a cualquier idea de alternativa. Después de tanto tiempo anunciando una legislación para una nueva economía que nunca acababa de precisarse, llegan los presupuestos y se pone en evidencia que no se concretaba porque no se tenía nada que concretar. Cultura, educación e investigación están entre las partidas que más caen en el presupuesto que el Gobierno ha preparado. Queda claro que los socialistas españoles tampoco consideran la cultura como un bien de primera necesidad. Pero más grave es que olviden que, si la palabra igualdad significa todavía alguna cosa, la cultura y la educación son una de las pocas vías mínimamente efectivas para reducir las enormes desigualdades sociales. ¿Cómo puede hablarse de alternativa, de salida reformista de la crisis, si se castiga la educación y la investigación?

Si Obama, como escribe Garry Wills, es un “gigante atrapado” entre las imponentes estructuras del poder americano, no debe sorprendernos que Zapatero esté enredado en la telaraña del poder económico hispano. A veces, la quimera del éxito bloquea la voluntad de luchar por el cambio.

El caso Millet es uno de tantos ejemplos del abuso de poder (que es para mí la definición del mal). Personajes que colocados en posiciones de dominio e influencia actúan como Millet los hay en todas partes, sin distinción de clase, ideología o creencia. Naturalmente, son más frecuentes en las clases altas porque tocan más poder que los demás, por tanto tienen más oportunidades. Pero los recién llegados al poder y al dinero no son forzosamente mejores que los de toda la vida. En fin, basta mirar estos días a la Comunidad Valenciana para saber de las consecuencias del ejercicio del poder desde la impunidad.

Porque el elemento común en estos casos es creerse impune. Y es aquí donde es posible que el caldo ideológico de las élites catalanas haya podido intervenir. Siempre que se decreta un bien absoluto y prioritario -en este caso hacer patria- hay gente dispuesta a sacar beneficio de ello. Con estos materiales y con su sistema de relaciones personales construyó Millet el parapeto detrás del cual sentía que todo le estaba permitido.

El poder simbólico del Palau de la Música hace que el caso Millet sea visto como algo más que una estafa. Es una profanación de un icono del país, de la música y de la cultura. Los fallos en los sistemas de control social y político han venido a reforzar la desconfianza en las instituciones: llueve sobre mojado. Algún distinguido periodista de Madrid, José Antonio Zarzalejos, por ejemplo, ha aprovechado para convertir este caso en la prueba del carácter anacrónico y alejado de la realidad del nacionalismo catalán. Nunca he ocultado mi nulo apego a los nacionalismos de cualquier especie, pero no creo que tengan la exclusiva de la impunidad. Y desde luego, el nacionalismo español no parece ni más moderno ni menos propenso a servir de tapadera de negocios que el catalán. Aunque sólo fuera por el tamaño.

Y sin embargo, creo que seguir por la línea de la sociología de lo patriótico no sólo es equivocado, sino también el mejor camino para que este caso nunca se esclarezca del todo. Con suma facilidad se pasa del caldo de cultivo a la responsabilidad colectiva, que es la mejor garantía de que nadie sea responsable. Está muy bien decir que la sociedad debe ser más exigente y más atenta, y que un proyecto de sociedad más abierta, menos endogámica, tendría más defensas contra este tipo de acciones. Pero se empieza flagelándose colectivamente y se acaba acotando las responsabilidades al mínimo número de personas para no provocar el desánimo nacional y el desprestigio del país.

Cualquier hecho delictivo tiene responsables con nombres y apellidos. La responsabilidad penal colectiva no existe. Las responsabilidades son individuales. Hay elementos para pensar que se trataba de una trama familiar -la familia que roba unida permanece unida- y que todo quedó en casa. Pero ante la envergadura de la estafa y ante la negligencia de las instituciones es inevitable la sospecha. Por eso hay que confiar en que la investigación tire de todos los hilos del caso y busque hasta el último rincón, aunque éste pueda llevar al omnipresente cáncer de la financiación de partidos o a gente con presunción de intocable. Si la coartada patriótica no puede aceptarse como explicación de lo que ocurrió, tampoco podemos permitir que sirva para ocultar potenciales terminales de esta espectacular estafa. De lo contrario, será el tejido social entero el que saldrá dañado.

La experiencia de los 30 años de democracia demuestra que las reformas sólo pueden hacerse por mayoría absoluta o por consenso. El Gobierno no tiene mayoría suficiente, sólo cabe, por tanto, la hipótesis del consenso. A algunos empresarios a los que les cuesta reprimirse la incomodidad que les genera que no gobiernen los suyos, les han entrado las prisas y han pedido elecciones anticipadas antes de tiempo. Lamentable ejercicio de ansiedad, porque ni hay presión social que las demande ni ninguna garantía de que unas elecciones anticipadas se saldasen con una mayoría absoluta.

Había tantas dudas de que la Transición triunfara que se ha tendido a mitificar lo que ocurrió en aquellos años de ruido de sables, tensiones políticas, peleas encarnizadas de familia (UCD), y mucha incertidumbre. Uno de los mitos que se arrastran de entonces es el consenso. Cada vez que se tuercen las cosas se pide a los principales partidos que aparquen sus intereses particulares y busquen acuerdos de interés general. Ningún consenso se ha sustentado nunca en la virtud. Tampoco los de la Transición, que dieron lugar a los Pactos de la Moncloa. En aquellos tiempos el consenso funcionó por una simple razón de supervivencia. Los partidos sabían que se jugaban la vida y, antes de perecer en el intento democrático, pactaron.

La supervivencia mutua es siempre el motor de los consensos. En la coyuntura actual, el consenso es improbable porque las partes contratantes principales -el PSOE y el PP- piensan que les daría más costes que beneficios. Se podría pensar que un Gobierno en dificultades encontraría en el consenso una forma de neutralizar a la oposición y de garantizarse tranquilidad entre las turbulencias de la crisis. Pero, si esto fuera así, razón suficiente para que el PP no tenga el menor interés en pactar. La estrategia de Rajoy está clara desde hace tiempo: dejar que la crisis derrita el Gobierno a fuego lento y esperar que llegue la hora de las elecciones. De modo que cada cual va a su aire: el Gobierno acentuando su perfil de izquierdas, buscando la complicidad de su electorado tradicional, fiel al principio de que al que consigue el pleno de los suyos el voto del centro le acaba cayendo por añadidura. El PP sigue peleándose consigo mismo. Por un lado, Rajoy impone prudencia para evitar que una coalición negativa le derrote como en las últimas elecciones, aunque tenga que hacer concesiones a la ruidosa fanfarria que siempre acompaña a la derecha española. Por otro lado, incapaz de afrontar sus propios problemas internos, siempre susceptibles de estallar en el momento menos pensado, culpa al Gobierno de sus desdichas, y se columpia en las teorías conspirativas que tanto gustan a la claque. De modo que lejos de un pacto contra la crisis, la política sigue los vaivenes de la opinión publicada. Cuando ésta interpreta que el desgaste del Gobierno aumenta, el PP se tranquiliza. Y viceversa.

Precisamente porque el discurrir de la crisis parece favorecerle, Rajoy se permite ahora ofrecer un pacto al Gobierno: un pacto por Europa. Rajoy sabe que, durante los seis meses en que España tendrá la presidencia europea, estará obligado a bajar el perfil de oposición para no ser acusado de traición a la imagen y al prestigio de la patria. Y sabe también que Zapatero cuenta con estos seis meses para iniciar su recuperación, después de un trimestre, el que ahora empieza, del que todo indica que puede salir muy tocado. Rajoy opta por subirse al carro europeo, sabiendo que Zapatero no puede decir que no porque le conviene una presidencia europea tranquila con imagen interna y externa de unidad. Con lo cual este pacto sí que es posible que encuentre el consenso necesario. Los dos piensan que saldrían perjudicados si se quedaran fuera. Pero es un pacto para guardar las apariencias, con fecha de caducidad y sin que signifique ningún cambio de fondo. Las reformas de las que tanto se habla quedarán pendientes una vez más, por falta de consenso. Es decir, de convicción de las dos partes de que les beneficia hacerlas.

Situémonos en 1977. Se han celebrado las primeras elecciones democráticas en España, con el régimen de Franco de cuerpo presente. Por si alguien no lo sabía, durante aquellas elecciones todavía estaba vigente la prohibición a las emisoras privadas de dar otra información que la suministrada por los boletines de Radio Nacional de España. Inicialmente pensadas para consolidar un régimen posfranquista al gusto de Suárez, el resultado de las elecciones, con un peso importante del Partido Socialista, de la izquierda y de los nacionalismos periféricos, hizo que se impusiera lo obvio: que aquellas Cortes tenían que ser constituyentes.

En aquel clima de precariedad institucional, con la vieja legalidad todavía vigente y con permanente ruido de sables en los cuarteles, se empezó a pactar la Constitución. Fue, por supuesto, un pacto entre los partidos parlamentarios, pero fue también, de alguna forma, un pacto con las nacionalidades históricas. Sin la reivindicación nacional de Cataluña y de Euskadi nadie habría oído hablar nunca del Estado de las autonomías. Fue para encontrar acomodo a éstas que se montó todo el edificio. Puede discutirse si la evaluación de las fuerzas de cada uno fue acertada o si se utilizó con habilidad la amenaza golpista para rebajar las exigencias periféricas. Pero hubo negociación sobre los términos en que Cataluña, el País Vasco y Galicia tenían que articularse con el Estado. Y la expresión de raíces estalinianas “nacionalidades” fue un eufemismo que se utilizó para evitar la palabra nación, pero sabiendo todas las partes que a ella se refería.

Este mismo año se produjo la negociación entre el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que terminó con el retorno del líder republicano y la restauración de la institución catalana, antes de que el proceso constituyente se completara, es decir, de que la Constitución y el Estatut establecieran el lugar de Cataluña en el Estado. Fue el único gesto de ruptura democrática que se produjo en la transición, la única señal de entronque con la vieja legalidad republicana. Después de la Constitución se aprobó el primer Estatut, en cierto modo culminación del proceso constituyente.

Hubo pues, de diversas maneras y en diversas fases, negociación política entre Catalunya y España. Y fue un elemento determinante de los pactos de la transición. No tuvo, obviamente, la forma jurídica de la negociación entre naciones, como tampoco se plasmó en un tratado entre dos países, sino en una Constitución que es española. Todos sabemos dónde estábamos y de dónde se venía. Pero es legítimo entender que se selló un pacto que contenía en sí mismo la posibilidad de que con el tiempo las partes lo renovaran.

El paulatino ingreso en lo que debía ser la normalidad institucional -sacudida por la fiebre golpista de principios de los ochenta- fue consolidando el mito del carácter intocable de la Constitución. En los primeros tiempos, toda prudencia era poca. Se oían todavía los últimos resuellos del franquismo y el fracaso de los pocos intentos democráticos habidos en España justificaba esta prevención. Pero a medida que el mito del consenso se desvanecía y la confrontación democrática adquiría niveles de normalidad, la mitificación de la Constitución creció, probablemente porque todo el mundo sospechaba que era imposible cerrar los acuerdos básicos que un cambio de este tipo exigiría. Con la llegada al poder del PP se alcanzó una nueva fase: el fundamentalismo constitucional, resultado de la conversión del presidente Aznar, que, en los setenta, se había mostrado públicamente contrario a la Constitución.

Han pasado 30 años y han desaparecido casi todos los riesgos de desestabilización de la democracia y, sin embargo, la Constitución sigue siendo intocable, de modo que la democracia española está bloqueada por la incapacidad de hacer evolucionar el marco fundacional, como ocurre en cualquier país democrático de calidad. Como ha explicado en la revista Claves Pedro Cruz Villalón, que fue presidente del Constitucional, el TC sufre los efectos colaterales “de la asombrosa inactividad del poder de reforma constitucional, que se ha convertido incluso en uno de los rasgos singulares del sistema constitucional”, y que le obliga a una brega con asuntos políticos candentes que no corresponderían a los jueces sino a los políticos, al poder legislativo.

Y es así que el TC se encuentra ahora teniendo que aceptar o rechazar un pacto elaborado -con triple sistema de seguridad- entre el Parlamento catalán que propuso, las Cortes españolas que dispusieron y la ciudadanía de Cataluña que validó. Puede que no sea técnicamente un pacto entre dos naciones. Pero es el resultado de la negociación, por quienes tienen competencia para hacerlo, entre unas demandas de Cataluña y unas exigencias de España. Un Estatuto tirando a gris, que es inevitablemente el color de todo texto legal que ha sufrido un largo manoseo negociador, pero que ha sido aceptado por las dos partes y ratificado en referéndum por la ciudadanía catalana. ¿Es misión de un Constitucional rectificar un acuerdo de este tipo? Incluso un acérrimo defensor del control judicial de la constitucionalidad, como es John Rawls, reconoce que en estos casos “la cuestión debe ser considerada por los propios ciudadanos democráticos”.

Naturalmente, la negación de cualquier forma de pacto político entre Cataluña y España puede convenir tanto a los unionistas como a los independentistas. Porque, ciertamente, si no hay pacto no hay nada que discutir. Lo que en boca del unionista significa que la legalidad se impone, la palabra del Constitucional es definitiva… y aquí no pasa nada. Y si pasa algo, que actúen las autoridades. Y, en boca del independentista, reduce el problema a dos opciones: sumisión o rebelión. Naturalmente, los primeros piensan que las bajas pulsaciones políticas de las masas de la sociedad de la indiferencia son la mejor garantía de que el Constitucional se pronunciará y no pasará nada: todo seguirá como siempre. Los segundos, confían, en cambio, que la ciudadanía catalana suelte su espíritu de rebeldía si cunde la sensación de que el pacto se rompe y se deja a Cataluña sin salida.

De modo que no es extraño que los partidos que buscan la centralidad política en Cataluña reclamen el respeto por el pacto político, por una u otra vía. Y duden de la buena voluntad de la mayoría parlamentaria española que aprobó el Estatuto, cuando ninguno de sus dirigentes -empezando por el presidente del Gobierno- ha mostrado entusiasmo alguno en su defensa. Con lo cual es lícito sospechar que contaban con el trabajo de poda complementaria del Constitucional. Es decir, se alcanzó un pacto político sacrificando buena parte de la propuesta inicial que vino de Cataluña, en aras al entendimiento, y la otra parte, el Gobierno socialista y su grupo parlamentario, da señales de manifiesta deslealtad.

Dicho de otro modo, sobre la base de la idea de pacto puede que haya cierto camino por recorrer. Si la hipótesis de un pacto evolutivo es imposible probablemente entremos en una dimensión desconocida, hasta que el marco europeo pueda dar la solución que España no ha querido o no ha podido encontrar.

Algunos juristas y algunos medios de comunicación tienden a confundir la legalidad con la realidad, como si lo que la ley no autoriza no existiera, por lo menos hasta que la ley cambie. La ley regula la realidad, pero no la sustituye. Por mucho que diga la Constitución, no hay ley que pueda negar que una amplia mayoría del Parlamento catalán considere que Cataluña es una nación. En la inserción de Cataluña en España hay un problema. Dejarlo todo a lo que decida el Constitucional es una forma de negarlo. Y confiar en el triunfo de la desidia es un error, porque siempre hay un momento en que la acumulación de agravios hace masa crítica.

En los primeros tiempos de la democracia, el pasado reciente operaba como un superego que frenaba las iniciativas arriesgadas. Ahora, cuando hay muchas menos razones para el miedo, si el pacto político del Estatut se frustra y no se encauza por otras vías, el independentismo se consolidará en Cataluña y el riesgo de polarización será alto. Y probablemente el PSOE en España y el PSC en Cataluña sean los que se lleven la peor parte.

Es normal que en los malos momentos la izquierda se refugie en la bandera de lo social, de la misma manera que la derecha se protege con la bandera de la patria. Lo que ya no es tan normal es que Zapatero anuncie con la boca pequeña una subida de tasas, que se presume que va a afectar a las rentas más altas, como si tuviera que pedir perdón, hasta el punto de prometer simultáneamente un descenso del impuesto de sociedades. La crisis ha aumentado el gasto del Estado espectacularmente y alguien tiene que pagarlo. Ninguna vergüenza debería sentir Zapatero por pedir un pequeño esfuerzo a quienes consiguen respetables plusvalías con sus rentas. Es lo mínimo que se puede esperar de un gobernante de izquierdas para encarrilar los desequilibrios generados por una crisis que no provocaron precisamente los 3.629.000 parados que la sufren más que nadie. No podemos olvidar, sin embargo, que el presidente Zapatero nos iluminó hace ya muchos años con un pensamiento memorable: bajar impuestos es de izquierdas. Toda la vida pensando que los impuestos son instrumentos para conseguir determinados fines políticos (y que es por los resultados que hay que juzgarlos) y Zapatero nos descubre que son un fin político en sí mismo. Así se comprende mejor el compungido sentimiento que expresaba su rostro al anunciar una hipotética subida.

Sobre la melancólica foto de familia presidencial, destaca un hecho: por una vez, sus protagonistas no ríen, como si la crisis hubiese quebrado el rictus de obligado cumplimiento que los asesores de comunicación exigen a todo profesional del poder. Empieza una temporada con el espacio político e institucional hecho unos zorros. O sea que hasta el optimismo antropológico del presidente tambalea. El desconcierto que reina en el PSOE se ha confirmado en un verano en que la mayoría de goles que le han marcado han sido en propia puerta. El disparate del subsidio de 420 euros aplicado selectivamente a algunos parados, es para nota. ¿Qué sentido tiene convertir una renta de inserción -que por definición debe ser universal- en un subsidio selectivo, restringido, por capricho del poder, a aquellos que se les acaba el paro el 1 de agosto? De la absurdidad de la idea surgió el estropicio de la gestión. A las pocas horas de ser anunciada, la buena noticia ya se había convertido en un desastre para el Gobierno porque la mayoría de los que se interesaban por esta ayuda no formaban parte del grupo elegido. Después vinieron las rectificaciones, las contradicciones entre ministros, hasta que la aritmética parlamentaria ha impuesto su ley. Por el camino se ha esfumado otra genialidad: los 400 euros de la campaña electoral han pasado a mejor vida. La sensación de improvisación cunde y el Gobierno afronta un año muy difícil con la autoridad muy mermada.

Enfrente, el PP practica la ley del mínimo esfuerzo. Se limita a coleccionar los regalos del Gobierno. Y una subida de impuestos es realmente un juguete atractivo para la oposición. Sin embargo, de un partido que aspira gobernar se espera algo más que demagogia. El único proyecto del PP es repetir que no aceptará ningún aumento de los impuestos y que hay que reducir drásticamente el gasto público. Que explique cómo lo va a hacer sin comprometer la política social, que siempre ha sido, a ojos del electorado, el punto débil de la derecha. En vez de proponer políticas alternativas, los populares atacan al Gobierno acusándole de organizar una verdadera conspiración política, jurídica y mediática contra ellos. Después de unos meses en que hemos comido y cenado caso Gürtel todos los días, una cosa está clara: existe una trama corrupta que ha crecido y se ha enriquecido en torno al PP y las instituciones que gobierna. El PP en vez de identificar los responsables y expulsarlos de su territorio se dedica a generar confusión. ¿Cuál es la obligación de un dirigente y un partido que aspiran a gobernar: aclarar los delitos que se hayan podido producir en sus áreas de poder o hacer todo lo posible para que nunca se sepa que ocurrió?

Con este panorama, es difícil pedir que los ciudadanos confíen en los gobernantes en una temporada que anuncia más paro, más conflictividad y más tensión con Cataluña. Hay que preguntarse si los partidos políticos están en condiciones de hacer la principal tarea que se les ha adjudicado: la selección de personal político adecuado para las responsabilidades de Gobierno.

Puede que estas proclamas contribuyan a alimentar fidelidades y consolidar las ideas recibidas, pero la política requiere acción. Es decir, articulación de las ideas en propuestas y proyectos. El espíritu fatalista del que monta manifestaciones preventivas, convencido de antemano del fracaso no es la mejor manera de alimentarlos.

En el calendario del curso que empieza está escrita con mayúsculas la palabra crisis. Y, sin embargo, se diría que para la política catalana es más importante una hipotética sentencia, que ni siquiera sabemos si llegará a pronunciarse, porque en el estado de empate actual no es imposible que los señores magistrados dejen el bollo a sus sucesores. Y, por supuesto, la campaña electoral, que algunos dan por abierta, aunque falta más de un año para las elecciones. Evidentemente, forma parte del maratón de furia y ruido que nos amenaza la hipótesis de que la sentencia tumbe al tripartito y se monten unas elecciones anticipadas. Lo malo para Cataluña puede ser bueno para conseguir el gobierno; cálculo perfectamente razonable porque el primer objetivo de cualquier partido no es otro que tener el poder.

Ante este panorama, si el periodo electoral tiene que ser tan largo, es razonable pedir cierta claridad a las distintas posiciones. Y especialmente a los dos partidos principales. Convergència i Unió, desde que está en la oposición, ha ido abandonando el estilo pujolista, espontáneo, campechano y un punto descuidado, para travestirse de soberanista. Algunos dicen que es una cuestión generacional, que es la cultura de los nuevos mandos de Convergència que no vivieron las espesuras de la cultura de la transición. Todo partido nacionalista tiene como objetivo conseguir convertir en acto -Estado- la potencia -nación-. Sería, por tanto, lógico que Convergència-Unió siempre irá unos metros por detrás- sacara el independentismo del armario. Sólo hay que pedirle que nos explique el camino. Porque lo que no es de recibo es multiplicar las proclamas soberanistas por un lado y correr después a explicar a los empresarios y otras fuerzas vivas que su primera opción es intentar gobernar con el PSC, que su segunda opción es gobernar con el PP apoyándoles desde fuera y que ERC sólo sería su tercera opción. ¿En qué quedamos?

También el PSC tiene que perder el miedo a defender su idea de la articulación de Cataluña con España. No es ninguna rareza. Hay mucha gente, una amplia mayoría probablemente, que -por convicción unos, por pragmatismo otros- creen que Cataluña debe formar parte de España. Por miedo a presentarse como el partido catalanista de España, da pie a que se les estigmatice como el partido españolista de Cataluña. El PSC va a hacer de la lucha contra la crisis la prioridad estratégica de este curso. Es lo propio de quien gobierna. Pero sólo desde la claridad de su posición en la articulación federal de España, tendrá sentido su respuesta a un hipotético fallo del TC y su firmeza en la defensa de que el Estatuto es un pacto político entre Cataluña y España.

CiU y PSC se guían por la voluntad de atraparlo todo, de conseguir unas bases electorales de amplísimo espectro. El sistema de partidos catalán -más plural que el español- hace que las posiciones más cerradas ya estén defendidas por los otros partidos. CiU y PSC deberían aprender de Sarkozy -que, según propia confesión, lo leyó en Gramsci- que la hegemonía política se consigue a partir de la hegemonía ideológica. El pesimismo y el fatalismo se combaten presentando una apuesta que arrastre, no dando alpiste espiritual a la ciudadanía para disimular una práctica de grado cero de la política.

La ciudad “como lugar de una humanidad particular”. La expresión es del historiador Marc Bloch. El filósofo Claude Lefort la recoge en un ensayo sobre Europa como civilización urbana. El argumento podría explicarse así. Al final de la Edad Media, las ciudades se conforman en Europa como lugar de comercio y de libertad. Poco a poco, en torno al mercado, una clase social naciente, la burguesía, genera un orden legal nuevo que acabará minando el poder feudal; al mismo tiempo, los siervos que se emancipan de sus señores encuentran protección en un espacio cada vez más libre. La expresión que siglos más tarde formulará Max Weber, “el aire de la ciudad hace libre”, va tomando forma. “La libertad de la ciudad”, escribe Lefort, “significa la disolución de los vínculos de dependencia personal, pero también la posibilidad de cambiar la propia condición, a favor del trabajo, de la capacidad de iniciativa, de la educación o de la oportunidad”. Para Lefort esta comunidad urbana es específica de Europa y explica, en parte, el salto que ésta dará en el Renacimiento. Mientras la ciudad europea es lugar de comercio y libertad, la ciudad china es el territorio de la burocracia y del mandarinato. De ahí que Lefort sustente que la unión política de Europa, si algún día llega a ser completa, será el producto de una civilización secular de carácter profundamente urbano.

El proyecto europeo surgido del descenso a los infiernos que fue la II Guerra Mundial se construyó sobre el tabú de la guerra civil: que los europeos no volvamos a matarnos entre nosotros. Pero los países de Europa son viejos y arrastran demasiada memoria, demasiadas marcas inscritas en sus cuerpos por las armas de los vecinos. De modo que en ningún momento ha dejado de sentirse la tensión entre un singular proyecto de superación de desencuentros en un marco de soberanía compartida y la carga histórica de los Estados-nación, un invento de doscientos años de antigüedad que la propaganda ha tratado de hacer eterno. Y, sin embargo, se ha avanzado. Durante la guerra fría, Europa creció como un club selecto, protegido por el paraguas nuclear. Más tarde dos nuevas exigencias aparecieron por el camino: la globalización y el hundimiento de los regímenes de tipo soviético. Ya no era sólo el empuje político y moral del inicio del proceso, irrumpía la necesidad económica. La globalización, que es por encima de todo un cambio de escala de la economía, exigía tamaño: sólo una Europa unida puede tener voz en el mundo multipolar del siglo XXI. Al mismo tiempo, era un deber de la Europa democrática acoger a aquellos países que habían sufrido el secuestro del imperio comunista soviético. Europa, por fin, volvía a estar entera: Praga, incluida.

Estos dos nuevos factores han dado complejidad al proceso. Las dificultades no impidieron llegar a una insólita cesión de soberanía por parte de la mayoría de los Estados: la renuncia a la moneda propia a favor de una moneda única. Pero desde entonces ha ido creciendo la confusión. La ampliación no se ha digerido, la Administración Bush, con la irresponsable complicidad de algunos dirigentes europeos, utilizó los países del Este para abrir una fractura en el continente por la guerra de Irak, y la crisis ha venido a despertar las eternas querencias endogámicas del discurso de las patrias. En tiempo de dificultades, la tentación de escudarse en lo próximo, en los referentes tradicionales, es muy grande. Al fin y al cabo, la economía está globalizada pero la experiencia de los ciudadanos sigue siendo fundamentalmente nacional y local.

Pero la crisis cae sobre mojado. El rechazo de la Constitución Europea por parte de Francia y Holanda acabó con el tiempo de los eufemismos y de las medias palabras. Por fin, emergía a la superficie lo que se decía en voz baja: Europa tiene un serio déficit democrático. El orden de los tiempos ha sido acertado, los ritmos, no. Fue sensato empezar la casa por abajo: construyendo primero la unión económica, para entrar después en la unión política. Sin lo primero, lo segundo era prácticamente imposible. Pero la incorporación de la ciudadanía se hizo tarde y mal. Y ésta tuvo la sensación de ser invitada a ratificar algo que se había cocinado a sus espaldas. Lo pagó la Constitución, porque dos países con tradición política hicieron saltar la apuesta. Desde entonces, cunde una sensación de estancamiento y retroceso. Con una doble impresión: la mediocridad se ha adueñado de la Unión Europea por falta de líderes comprometidos. Y los Estados-nación se resisten e intentan tirar de las riendas del proceso en plena incertidumbre.

El Estado-nación no ha sido invento cualquiera. Ha sido el marco de la democracia en Europa. Pero ha perdido eficiencia y, al mismo tiempo, es un lastre para dotar a Europa de una mínima identidad común. Sin duda, la elección de presidente por sufragio universal directo sería un importante factor de integración política. Pero ¿el presidente de la República francesa o el Rey de España están dispuestos a aceptar una autoridad democrática por encima de ellos?

La cultura nacional es una cultura cerrada y unitaria. Se basa en la presunta homogeneidad de los ciudadanos que pueblan el Estado. Pero esta idea de comunidad está hoy completamente obsoleta, en sociedades que por su composición ya no pueden esconder su heterogeneidad. ¿Es la hora de volver a este “lugar de una humanidad particular” que es la ciudad europea? Las ciudades son identidades abiertas frente a las naciones que son identidades cerradas. ¿Pueden ser los nodos adecuados sobre los que tejer una red de identificación básica europea? “Las ciudades”, dice Baumann, “son espacios donde los extraños viven y conviven en estrecha proximidad”. La seducción de la ciudad viene de que la variedad es promesa de oportunidades.

La ciudad es el lugar en el que viven la mayoría de ciudadanos europeos. Y ciertamente se ha convertido, para utilizar la expresión de Baumann, “en un vertedero de problemas engendrados y gestados globalmente”. El fantasma de la incertidumbre generado por la globalización y por la ideología del miedo amenaza a la ciudad con la fractura. Hay ciudades en el mundo donde los distintos sectores sociales viven encerrados, separados por murallas y barreras, sin apenas contacto alguno. La urbanalización, para utilizar la expresión de Francesc Muñoz, la separación de urbs y civitas (François Choay) por la vía de la ocupación indiscriminada del territorio por la urbanidad dispersa, miles y miles de casas pareadas y sus jardines, amenaza la ciudad densa, territorio de anonimato y libertad. Pero Europa, a pesar de todo, ha conseguido mantener la intensidad de sus ciudades. Y ha tendido a asumir los conflictos y a convertirlos, en lo posible, en factores de oportunidad. Al fin y al cabo, lo que ha sostenido la peculiar forma de ser de las ciudades europeas ha sido el Estado del bienestar y éste será a escala europea o no será.

Es en las ciudades donde ocurren los cambios. Es en las ciudades donde todavía es posible que el espacio público ejerza de lugar de encuentro y contacto, indispensable para el reconocimiento mutuo, que es la base de cualquier forma de convivencia realmente posible. Y son las ciudades las que hacen de nodos de conexión. Europa pronto tendrá inscrita en su geografía una trama de trenes de alta velocidad con las grandes ciudades en sus vértices. La movilidad es un factor esencial para la construcción europea, que tiene en este terreno un retraso enorme respecto a Estados Unidos.

Pero la ciudad es sobre todo el lugar de una identidad abierta. El lugar en que es posible encontrar un denominador común entre los extraños que la componen. Que es una identidad mínima muy parecida a la que requiere la reconstrucción de la conciencia europea. Una identidad basada en el reconocimiento al otro y en la defensa de un modelo europeo que tiene todos los elementos de la cultura urbana: la soberanía compartida entre extraños; la solidaridad política; la diversidad y el conflicto como portadores de oportunidades y de cambio, y la negociación y el diálogo, como manera de relacionarse. Sin necesidad de inclinarse ante ningún dios menor, sea la patria o la religión de turno.

El tripartito ha sido ciertamente un devorador de personas y de proyectos. Primero cayó Carod, después de haber dado a ERC el relato ganador que desde la transición nunca había encontrado. Más tarde fue Maragall, al que se le escapó de las manos su propia apuesta estatutaria, en un episodio en que el fuego enemigo y el fuego amigo se confundieron más de una vez. Ahora, ha sido Saura, que intentó transformar la cultura de resistencia de su partido en cultura de gobierno, hasta quemarse en la consejería de Interior, donde unos le han visto como demasiado amigo de los policías y otros demasiado deudor de la política callejera. Una de las paradojas de esta aventura es que la alianza del PSC con un partido independentista y con un partido nacionalista de izquierdas ha provocado el silencio casi absoluto del sector del partido que tradicionalmente había enarbolado la bandera del catalanismo en su larga espera en la antesala del poder. Sólo el consejero Castells ha mantenido viva esta voz. ¿Cómo hay que interpretar este hecho? Unos entenderán que un sector más catalanista diferenciado carece de sentido en un partido que ha asumido el catalanismo como componente ideológica esencial, otros lo verán como una muestra del proceso de españolización de la política catalana. La fuerza política de un país parte de la capacidad de inclusión. Y en este sentido es indudable que el tripartito significa una consolidación de la nación catalana, en la medida que ésta deja de ser patrimonio político de una sola ideología.

De momento, el PSC está soldado por la fuerza que da el poder. Pero necesita un relato que integre todo lo que representa. El presidente Montilla ha dicho que el pacto de financiación es un paso hacia un federalismo todavía muy imperfecto. El PSC hace tiempo que exhibe la etiqueta federalista. Sería ya hora de desarrollarla y precisarla, para saber si hay una vía posible entre la conllevancia y la independencia.

Todo induce a pensar que si el tripartito suma volverá a gobernar. Sin embargo, el tripartito comporta y comportará siempre malas vibraciones tanto para el PSC como para ERC, con culturas políticas demasiado diferentes. La estrategia de CiU es muy simple: CiU o tripartito, usted escoja, especulando con el miedo (que tiene mucho de miedo de clase) a ICV y a Esquerra. El PSC querría gobernar sin tripartito, porque sabe que el miedo limita su espacio de crecimiento, pero es consciente de que difícilmente podría conseguirlo. Sólo una minoría dentro del partido está por la mítica sociovergencia, que tanto gusta a los empresarios, siempre partidarios de simplificar la interlocución. Con los discursos de la equidistancia amortizados por falta de credibilidad, a poco más de un año de las elecciones, lo más razonable sería que el tripartito hiciera de su realidad virtud. Y en vez de desgastarse con ruidos innecesarios y falsas equidistancias sus miembros buscaran abiertamente su tercer mandato. Los ciudadanos tendrían las opciones claras: o un gobierno de CiU apoyado por el PP o la tercera edición del tripartito. Quizás está claridad ayudaría a superar el pesimismo.

¿Hasta qué punto es elástico el Estado autonómico? ¿Hasta dónde se puede llevar este juego que consiste en ir forzando sus hechuras, en vez de construir un traje nuevo? Las primeras reacciones dejan pocas dudas de que el juego continuará. El PP al presentarlo como caótico y excesivo, está anunciando su intención de poner el freno cuando llegue al poder. CiU, al considerarlo, a todas luces, insuficiente, está advirtiendo que al minuto de regresar al poder pedirá más. Aunque las audacias, a menudo, se tornan en prudencia, una vez alcanzado el objetivo deseado: gobernar. Y Esquerra Republicana ya ha recordado que el próximo paso es el concierto. Interesante mención indirecta a los invisibles de este debate: País Vasco y Navarra, que han conseguido realmente que en el juego de agravios comparativos nadie se acuerde de sus privilegios. Curioso fenómeno de amnesia colectiva, porque si alguien rompe cualquier idea de equidad entre autonomías son ellos. Forma parte de los tabúes de la democracia, entre otras cosas porque detrás del concierto había la ilusión de que callarían las armas y los que las empuñan no hicieron ni caso.

Diríase por tanto que este espectáculo permanente de ofensas y victimismos, de acusaciones de deslealtades y agravios, es condición necesaria para no afrontar la realidad de los límites del Estado de las autonomías. Se creyó, quizás ingenuamente, que Zapatero quería hacerlo cuando lanzó la España plural. Pero se descubrió pronto que no era una estrategia sino un eslogan. Y volvimos a lo de siempre: traiciones a las patrias, ofensas identitarias, y todo tipo de monsergas retóricas de acompañamiento a la lucha por el reparto del poder. Con lo cual el sentido del espectáculo es claro: mantener una ficción para no afrontar la realidad de un cambio de modelo. Es la herencia de una cláusula de estilo de la transición: la ambigüedad, que permite a todos especular a gusto con las interpretaciones de las reglas del juego. La ambigüedad era sostenible entre los padres fundadores de la nueva democracia española, porque sabían los implícitos que contenía y hasta dónde estaban dispuestos a llevarlos. Pero de aquellas complicidades apenas queda el recuerdo. La elasticidad del Estado está rozando sus límites.

¿Por qué se mantiene la ficción? Porque caso de mirar la realidad de frente nos encontraríamos ante tres opciones posibles: un cierre regresivo del Estado autonómico, que permitiera al Gobierno central recuperar competencias y tensar las riendas, que es adonde parecía querer conducirnos Aznar, y que pasaría por un acuerdo PP-PSOE; una aceptación leal de la realidad plurinacional de España, en clave federal, que es lo que pareció insinuar Zapatero, pero se arrugó enseguida; o, simple y llanamente, la separación, los procesos de independencia de las naciones periféricas. El miedo a cada una de estas tres opciones lleva a la perpetuación de la conllevancia. Hasta que el cuerpo aguante. Se dirá que cualquier forma de convivencia es en el fondo una ficción pactada. Es cierto, hasta que los tabúes sobre los que se sostiene empiecen a romperse. Y cuando esto ocurra todos lamentarán no haber tenido el coraje de anticipar los cambios.

El sociólogo Salvador Cardús cuenta que un amigo suyo le dijo que, para él, que Cataluña se separara de España sería como si le arrancaran un brazo. Aquí está el malentendido, decía Cardús: “Cataluña no es un brazo, no es un apéndice de nadie. Es un cuerpo entero”. Quizás si partiéramos de este reconocimiento mutuo sería más fácil entenderse y afrontar el futuro del Estado sin tabúes y sin deprimentes negociaciones inacabables. Al fin y al cabo, para abrazarse hay que ser dos.

Casi siempre que alguien apela al honor y a la dignidad patriótica es por una de estas dos razones: porque sabe que las relaciones de fuerza no le son favorables, o dicho de otro modo, que tiene pocas posibilidades de ganar el envite; o porque prepara alguna vileza de gran tamaño (por ejemplo, una guerra). Naturalmente, el caso de Gibraltar y el nacionalismo español entra de pleno en el primero de los tipos. Pero después de 300 años de presunta lucha sin éxito alguno, el griterío patriotero ya no confunde. Es la canción de la impotencia.

Con lo cual parece mucho más sensato hacer las cosas como se hacen en la Europa del siglo XXI: hablando, tratando de resolver los problemas concretos que afectan a los ciudadanos y dejando que la batalla de los grandes conceptos -soberanía, en este caso- madure con la propia evolución del entorno europeo. Porque muchos de los grandes melodramas históricos de los nacionalismos hispánicos pueden encontrar salida muy natural por poco que la Europa política se consolide.

En el caso de Gibraltar, el nacionalismo español está atrapado en sus propias contradicciones. Si el argumento de reivindicación de Gibraltar es el soberanismo geográfico -la unidad del territorio- y, como dicen algunos periódicos, la lucha contra el colonialismo, el argumento sirve para España, pero también sirve para Marruecos en el caso de Ceuta y Melilla. Y es realmente difícil, por más requiebros que se hagan con la historia, defender que lo que vale para Gibraltar no vale para Ceuta y Melilla. O sea que para defender este principio se tiene que estar dispuesto a decir una cosa o la contraria según se mire a un lado o a otro del Estrecho.

Si en vez de apelar a la soberanía territorial se apela a un argumento mucho más moderno como es el de la autodeterminación, es decir, que sean los ciudadanos que viven en un territorio los que decidan dónde quieran estar, aparecen entonces los fantasmas interiores del nacionalismo español.

Todos los indicios apuntan a que probablemente Gibraltar diría sí a Reino Unido, como ya ha hecho en circunstancias que, aunque puedan considerarse no homologables, no dejan de ser significativas. Y por el principio de que los ciudadanos, si han de escoger, tienen tendencia a inclinarse por el país más próspero, hay razones para imaginar que en Ceuta y Melilla la autodeterminación sería favorable a España. Pero este tema no quiere ni tocarse porque es el gran tabú del nacionalismo español. En el momento en que se oye la palabra autodeterminación ya nadie piensa ni en Gibraltar, ni en Ceuta, ni en Melilla. Aparecen Cataluña y el País Vasco vestidos de oníricos fantasmas. Y así se cometen estrepitosos ridículos como la negativa del Gobierno de Zapatero a reconocer a Kosovo.

Si el argumento de soberanía territorial obliga al doble lenguaje, porque lo que vale para Gibraltar no vale para Ceuta y Melilla, y si la palabra autodeterminación provoca el pánico, se comprende que el nacionalismo español tenga una sola manera de afrontar la cuestión de Gibraltar: el griterío patriótico, Gibraltar español. Trescientos años de lucha inútil les contemplan. Y así seguirá, con gran firmeza en los principios, por supuesto, por los siglos de los siglos.

Con lo cual, no es de extrañar que un Gobierno algo descreído en religión patria opte por el pragmatismo y el sentido común. Al fin y al cabo, tiene bastante margen, por lo menos hasta igualar los trescientos años de inutilidad, para que se le pueda criticar por los resultados.

¿Hasta qué punto es elástico el Estado autonómico? ¿Hasta dónde se puede llevar este juego que consiste en ir forzando sus hechuras, en vez de construir un traje nuevo? Las primeras reacciones dejan pocas dudas de que el juego continuará. El PP al presentarlo como caótico y excesivo, está anunciando su intención de poner el freno cuando llegue al poder. CiU, al considerarlo, a todas luces, insuficiente, está advirtiendo que al minuto de regresar al poder pedirá más. Aunque las audacias, a menudo, se tornan en prudencia, una vez alcanzado el objetivo deseado: gobernar. Y Esquerra Republicana ya ha recordado que el próximo paso es el concierto. Interesante mención indirecta a los invisibles de este debate: País Vasco y Navarra, que han conseguido realmente que en el juego de agravios comparativos nadie se acuerde de sus privilegios. Curioso fenómeno de amnesia colectiva, porque si alguien rompe cualquier idea de equidad entre autonomías son ellos. Forma parte de los tabúes de la democracia, entre otras cosas porque detrás del concierto había la ilusión de que callarían las armas y los que las empuñan no hicieron ni caso.

Diríase por tanto que este espectáculo permanente de ofensas y victimismos, de acusaciones de deslealtades y agravios, es condición necesaria para no afrontar la realidad de los límites del Estado de las autonomías. Se creyó, quizás ingenuamente, que Zapatero quería hacerlo cuando lanzó la España plural. Pero se descubrió pronto que no era una estrategia sino un eslogan. Y volvimos a lo de siempre: traiciones a las patrias, ofensas identitarias, y todo tipo de monsergas retóricas de acompañamiento a la lucha por el reparto del poder. Con lo cual el sentido del espectáculo es claro: mantener una ficción para no afrontar la realidad de un cambio de modelo. Es la herencia de una cláusula de estilo de la transición: la ambigüedad, que permite a todos especular a gusto con las interpretaciones de las reglas del juego. La ambigüedad era sostenible entre los padres fundadores de la nueva democracia española, porque sabían los implícitos que contenía y hasta dónde estaban dispuestos a llevarlos. Pero de aquellas complicidades apenas queda el recuerdo. La elasticidad del Estado está rozando sus límites.

¿Por qué se mantiene la ficción? Porque caso de mirar la realidad de frente nos encontraríamos ante tres opciones posibles: un cierre regresivo del Estado autonómico, que permitiera al Gobierno central recuperar competencias y tensar las riendas, que es adonde parecía querer conducirnos Aznar, y que pasaría por un acuerdo PP-PSOE; una aceptación leal de la realidad plurinacional de España, en clave federal, que es lo que pareció insinuar Zapatero, pero se arrugó enseguida; o, simple y llanamente, la separación, los procesos de independencia de las naciones periféricas. El miedo a cada una de estas tres opciones lleva a la perpetuación de la conllevancia. Hasta que el cuerpo aguante. Se dirá que cualquier forma de convivencia es en el fondo una ficción pactada. Es cierto, hasta que los tabúes sobre los que se sostiene empiecen a romperse. Y cuando esto ocurra todos lamentarán no haber tenido el coraje de anticipar los cambios.

El sociólogo Salvador Cardús cuenta que un amigo suyo le dijo que, para él, que Cataluña se separara de España sería como si le arrancaran un brazo. Aquí está el malentendido, decía Cardús: “Cataluña no es un brazo, no es un apéndice de nadie. Es un cuerpo entero”. Quizás si partiéramos de este reconocimiento mutuo sería más fácil entenderse y afrontar el futuro del Estado sin tabúes y sin deprimentes negociaciones inacabables. Al fin y al cabo, para abrazarse hay que ser dos.

Pero, más allá de los rituales, está la realidad de las cosas. A juzgar por lo que hemos oído hasta ahora, el Gobierno catalán ha conseguido una financiación que entra dentro del margen interpretativo de un Estatuto que hizo de la ambigüedad estilo, que coloca por primera vez a Cataluña por encima de la media de ingresos, aunque sin alcanzar la ordinalidad, y con unas cifras que se sitúan en la banda alta de las previsiones. La financiación mejora significativamente respecto de la situación actual. Todo ello, eso sí, con la cautela propia de la desconfianza generada por el modo de hacer de Zapatero. Si el resultado que se ha alcanzado ahora se hubiera conseguido hace un año, probablemente todo el mundo lo daría por bueno. Las dilaciones y desdenes han generado mucho desgaste. Y la reticencia de la ministra Salgado a hacer públicas las cifras deja inevitablemente un halo de duda sobre el acuerdo.

El pacto ha producido ya algunos efectos políticos. En primer lugar, la consolidación del tripartito, que ha conseguido mantener la unidad que no fue posible cuando la negociación del Estatuto. Ahora queda claro que el tripartito es la opción estratégica de los tres partidos que lo forman. El presidente Montilla ha pasado la prueba. Y Joan Puigcercós ha demostrado que, poco a poco, Esquerra Republicana va incorporando cultura de gobierno. Al mismo tiempo, Antoni Castells se consolida como una figura de referencia de la política catalana. A él, a su autoridad intelectual y a su compromiso ideológico, confió el presidente Montilla la negociación y la validación del acuerdo. Con el sí de Castells y el sí de Esquerra, las descalificaciones de los guardianes de la patria tendrán más dificultad para hacerse oír.

CiU ha optado por el aislamiento. En cierto modo sorprende en un partido que hizo del posibilismo su razón de ser: cada pequeño avance era una gran conquista cuando Pujol gobernaba. Sus estrategas electorales -que son muy competentes- habrán decidido que las próximas elecciones pasan por la disputa del voto soberanista a Esquerra Republicana. Sorprende, sin embargo, que un partido tan importante viva tan pendiente de un partido sensiblemente menor. CiU se ha dejado llevar por su propio estilo de gobierno: un pacto de financiación a medio plazo va contra la política del regateo cotidiano con Madrid que le dio siempre buenos resultados políticos. Lanzada ya a la estrategia para las autonómicas, el acuerdo le ha pillado por sorpresa. La reacción, más bien favorable al pacto, de la llamada sociedad civil, harta ya de tanta dilación, le obligará a modular su rechazo inicial. El retorno del PP al discurso del ventajismo catalán hará más complicada una alianza parlamentaria dentro de un año.

El acuerdo está en la lógica del Estado de las autonomías, donde se avanza, paso a paso, a golpe de riñón de Cataluña. Es hora de pedir que se aproveche la financiación para definir una estrategia de rearme interior que singularice a Cataluña en el mapa global (durante, un tiempo, jugar a fondo las cartas propias y vivir menos pendientes de España) y que los partidos nos expliquen, sin subterfugios, su idea de Cataluña y de la relación con España. Entramos en año electoral, sería una buena oportunidad para que todos reescribieran con claridad sus propuestas y sus relatos. De momento, una cosa está clara: dentro de un año los catalanes escogerán entre CiU (con apoyo externo, probablemente del PP) y el tripartito. Ambigüedades fuera.

Tentando a Patxi López con un pacto de legislatura, el PNV marca muchos puntos con una sola jugada. Recupera visibilidad, en un momento en que el buen hacer del lehendakari había hecho que el nuevo Gobierno vasco conquistara rápidamente la normalidad. Se carga de razones para la confianza, al demostrar que, por su cultura de partido de Gobierno, prefiere colaborar con la gobernabilidad del país, en vez de lanzarse a minar al PSOE con una oposición sin contemplaciones. Despierta las potenciales contradicciones entre PSOE y PP, que si el PNV sabe catalizarlas, pueden estallar en cualquier momento. Prefigura en el imaginario social una hipótesis de futura coalición PSOE-PNV que, como es sabido, es la preferida del electorado vasco. Emite señales claras tanto para Zapatero como para Rajoy, recordándole al presidente que el PNV sigue estando allí. Huye de cualquier confusión si ETA agudiza su campaña contra el nuevo Gobierno vasco. Demuestra que tiene capacidad para salir rápidamente del resentimiento, porque desplazado Ibarretxe se acabó la rabia. Busca hacerse necesario para que algunas de las reformas que el Gobierno vasco ha emprendido no se hagan irreversibles. Y, sobre todo, pone a Patxi López en la tesitura de tener que dar una respuesta a una oferta que “suena bien” pero que, como todo órdago político bien hecho, está cargada de veneno.

Dicho de otro modo, el PNV ha introducido un factor de complicación en la política vasca. Y lo ha hecho al revés de lo que nos tenía acostumbrados en los últimos años. En vez de inventar la enésima huida hacia delante, que sólo hubiera servido para añadir confusión y tensión, se ofrece para contribuir al buen gobierno del país.

Patxi López tendrá que hilar fino. Obviamente, el PP convertirá cualquier aproximación del PSE al PNV en una declaración de guerra y un motivo para retirar su apoyo al Gobierno. Para el PP no hay término medio: o se autojustifica como garante del españolismo del Gobierno de Patxi López o rompe los acuerdos y se lanza a una nueva campaña contra un PSOE entregado a los nacionalismos periféricos y tonto útil de la destrucción de España.

Patxi López, juega con la ventaja de la posición, pero necesita enfriar la propuesta y tratar de imponer un ritmo lento. En la paciencia puede estar el punto de encuentro entre socialistas y nacionalistas. El lehendakari no tiene ahora mismo ninguna razón para cambiar de alianza. Su Gobierno se ha consolidado. El País Vasco lo ha asumido con normalidad. Y es bueno que pueda gobernar con manos libres para deshacer las cronificaciones excesivas fruto de tantos años de Gobierno de un mismo partido. Pero se acercarán las elecciones españolas, se tensará la vida política y la calma entre populares y socialistas vascos será más difícil de mantener. Con la oferta del PNV, Patxi López frena las tentaciones ventajistas del PP, que tiene la supervivencia del Gobierno en sus votos. Y sabe que tiene una opción alternativa si la actual alianza flaquea. La pregunta es: ¿está dispuesto el PNV a esperar el tiempo que sea necesario para recomponer la situación o la maniobra busca una respuesta rápida y un cambio de alianzas en breve, para frenar el cambio de cultura que Patxi López ha puesto en marcha? De momento, la oferta del PNV equivale a una evaluación positiva del lehendakari. El PNV le ve fuerte y quiere un puesto en la partida, para no dejar tiempo a que cambien demasiadas cosas.

Ayer, precisamente, el presidente Zapatero había dado una buena respuesta al director del Banco Central Europeo. Uno de los tópicos ideológicos más grotescos de los tiempos que corren es el mito de la independencia de los directores de los bancos centrales. Serán quizás independientes de los intereses políticos, pero son muy dependientes de los intereses económicos. Se les podría llamar independientes orgánicos del capital. Siempre están dispuestos a dar lecciones a los gobernantes. Como si su legitimidad fuera superior a la legitimidad democrática, proclaman o anticipan aquello que los dirigentes empresariales dicen en voz baja. Nunca se equivocan. Ayer, Trichet instó al Gobierno, cómo no, a la reforma laboral. Y Zapatero le puso en su sitio: “Una cosa es opinar como experto, otra gobernar para la ciudadanía”.

Tiene razón el presidente. La pena es que no siempre actúe conforme a este criterio. Gobernar no es vacilar y entretener. Gobernar es dirigir y decidir. Dirigir quiere decir señalar una dirección, explicar el porqué de la ruta escogida a la ciudadanía, y conseguir la complicidad de ésta para recorrer el camino. Y si ésta no sigue, obrar en consecuencia democrática. Es así como se construyen las mayorías políticas: dando a un país objetivos y perspectivas que actúen como catalizador del impulso colectivo. Si todo vale, si un día se gira a la izquierda y el siguiente a la derecha, si al primer obstáculo se abandona el camino o se hace parada y fonda a la espera de momentos mejores, no hay dirección política, hay un movimiento circular que consigue que el país no se mueva de sitio, que pierda pulso por momentos y que cada cual se las arregle como pueda, con ventaja clara para los más fuertes.

Gobernar es además decidir. Con el camelo de la deliberación republicana se quiere justificar a veces lo que sólo es una elusión de responsabilidades. Está bien dar la voz a los actores y escucharles a todos. Pero la función del gobernante es tomar la decisión adecuada. Y en esto no puede ser suplantado por las partes, ni siquiera por el acuerdo entre las partes.

La falta de dirección y de decisión está teniendo costes muy altos para este Gobierno y para este país. Más todavía en la medida en que no hay recambio: la oposición se caracteriza por su incomparecencia. Los problemas se enquistan, con serio desgaste para el propio Gobierno, por no haber sabido conducirlos desde el momento inicial. Lo hemos visto en las medidas contra la crisis. Y ahí está el caso, que estos días ocupa buena parte del debate público, de la financiación autonómica y los flecos de las reformas estatutarias. El Gobierno ya ha conseguido con su irresponsable dejadez -que ha tenido la negociación paralizada casi un año- que el acuerdo de financiación, sea el que sea, provoque descontento generalizado. Y que al día siguiente de la nueva financiación estemos ya hablando de la próxima. Lo que hace un año podría haber sido considerado aceptable, a estas alturas, con tanto ejercicio de la confusión, sólo puede ser sospechoso. Donde unos verán un trato de favor hacia los catalanes, otros verán una injusticia con Cataluña y viceversa. Y después vendrá la sentencia del Estatuto, culminación de un proceso que Zapatero nunca lideró.

Se dirá que esto forma parte de la lógica estructural del Estado de las autonomías. Es cierto. Y cada día está más cerca el momento en que, para bien de todos, será conveniente hablar claro, dejar los eufemismos de lado, poner cada cual su programa de máximos sobre la mesa, y dejarse de dilaciones y falsos malentendidos. Pero, de momento, mientras vivamos en el régimen de conllevancia, lo que no tiene sentido es esperar que los problemas se resuelvan solos, sin dirección política. ¿Qué se hizo de la España plural? Lo ridículo es pretender contentar a todos inventando argumentos que alteran las elementales leyes del sentido común. Algunos lo llaman ya el teorema de Zapatero. Dice así: todas las comunidades autónomas quedarán por encima de la media. Será una revolución matemática, pero una confirmación de que no hay otra dirección política que ir vistiendo el muñeco, día a día.

La T-1 será una de las grandes infraestructuras de Cataluña. Pero, de momento, el aeropuerto seguirá siendo gestionado desde Madrid. No hay manera de concretar un modelo que garantice una participación decisiva de Cataluña en el desarrollo del aeropuerto. Se confirma, una vez más, que el Gobierno español está siempre más dispuesto a descentralizar el gasto que los ingresos y que el poder de decidir. Es el eterno desajuste del estado de las autonomías.

Gobernar es tomar decisiones. Cuando se dejan pasar los meses sin resolver los problemas, el retraso vicia la percepción de la solución, que en política es más importante que la solución misma. Zapatero se pierde entreteniendo los problemas. A veces, bloqueando los procesos por miedo a los efectos del acuerdo final, como ha hecho con la financiación autonómica. Otras veces dejándolo en manos de los actores sociales, para no tener que tomar él las decisiones controvertidas. Está bien que desde el Gobierno se estimule la deliberación y el diálogo. Pero con dos condiciones: que el diálogo sea real, es decir, que no sea una estrategia de demora. Y que el Gobierno no eluda la responsabilidad de proponer y de decidir que corresponde a su función.

En financiación autonómica, desde diciembre pasado hasta hace menos de una semana el Gobierno no había movido su posición ni un milímetro. Los plazos han ido decayendo, uno tras otro, hasta ahora que el Gobierno siente la presión de los votos perdidos. ¿Se puede aspirar a que en la opinión pública se configure una valoración objetiva de los resultados? Es extremadamente difícil, porque tanta dilación hace que el resultado esté ya amortizado. Que en Cataluña se dé por supuesto que quedará lejos de las aspiraciones catalanas, porque cuando se ponen tantas trabas todo se convierte en sospechoso.

Algo parecido ocurre con la sentencia del Constitucional. Ya es de por sí discutible -e indudablemente mal intencionado (y aquí la responsabilidad es del PP)- presentar un recurso contra una ley orgánica sometida a doble control parlamentario y aprobada en referéndum. Si además la decisión está en manos de un tribunal prescrito que ha hecho del ejercicio de autodesprestigiarse un oficio, la desconfianza es absoluta. Se da por seguro que la sentencia será interpretativa. Lo cual todavía complica más las cosas, porque habrá margen para leer una cosa y la contraria en cada párrafo de la sentencia.

Conclusión: mientras se festejan las nuevas infraestructuras, a un año de las elecciones autonómicas, la política catalana está en función de cómo valide la opinión pública dos hechos relevantes: un acuerdo de financiación y la sentencia del Estatuto. La validación dependerá de la capacidad de los partidos del Gobierno y de la oposición de imponer su interpretación. El tripartito, por supuesto, puede rechazar el acuerdo de financiación. Y provocar como consecuencia una crisis de ámbito español. O alcanzar un acuerdo y ser capaz de explicarlo. O descomponerse por el camino en interpretaciones opuestas: lo cual abriría la crisis catalana. Ante la falta de relatos en que inscribir las valoraciones de cada cual, todo dependerá de la credibilidad de los partidos e incluso de determinadas personas. Zapatero se ha puesto él mismo bajo sospecha. En el PSC unos tienen más credibilidad que otros, pero los socialistas cargan con el peso de la prueba de sus juicios, por sus excesivos equilibrismos en la relación con el PSOE. ICV y Esquerra Republicana mirarán el escenario de reojo e intentarán apuntarse hacia donde intuyan que se inclinará la balanza. Y CiU, que en otro tiempo aceptaba siempre el mal menor, dirá que no, pase lo que pase, porque la inacabable comedia de la financiación ha sentado las bases para que el rechazo sea creíble. Las dilaciones pesan: un acuerdo que hace un año habría sido aceptado, aunque fuera a regañadientes, hoy puede ser rechazado masivamente. Es el precio del desdén con que Zapatero ha actuado. La política es credibilidad. El que consiga ser creído tendrá mucha ventaja para ganar las elecciones del año próximo.

El caso de Nicolas Sarkozy, el hiperactivo presidente francés, es emblemático. No ha estado quieto un minuto desde que llegó al poder. Prometió mil reformas y no ha llevado ninguna a cabo: o se han estrellado por el camino, ante la resistencia de las denostadas estructuras sociales francesas, o ni siquiera ha osado pasar de las palabras a los hechos. Con lo cual Francia ha aguantado mejor, una vez más, la crisis que el resto. Y, Sarkozy, hundido en los índices de popularidad, ha ganado las elecciones europeas ante una izquierda invisible e inaudible.

Evidentemente, cada país tiene sus circunstancias particulares y los resultados son difíciles de extrapolar. Pero, ante un retroceso tan generalizado de la izquierda europea, hay razones para pensar que este eclipse general no es la simple suma de eclipses parciales. Ciertamente, como es propio de un momento de crisis, en muchos países el electorado se ha agarrado al que gobierna. Y casi con toda seguridad si el PSOE, aun descendiendo sensiblemente, ha conseguido el mejor resultado de la izquierda europea ha sido porque está en el poder. De estar fuera, probablemente hubiera formado parte de este magma de socialistas silenciosos sin atributos precisos que es hoy el mapa de la izquierda europea.

Pero más allá del imán del poder y de la capitalización por la derecha del Estado del bienestar, la impotencia de la izquierda ante la crisis tiene causas sólo imputables a los socialistas. La primera, y principal, haber practicado el seguidismo más absoluto respecto a las políticas de la derecha. La tercera vía de Tony Blair que simboliza por encima de todo este período de sumisión a la ideología conservadora, se va ahora por el desagüe, habiendo completado la destrucción del tejido industrial inglés que inició Margaret Thatcher, y dejando un clima de descomposición política que ha permitido el resurgimiento de un impropio nacionalismo británico.

De modo que en el momento en que el capitalismo vive uno de sus grandes desajustes, una crisis de adaptación, la izquierda no tiene nada diferente que ofrecer. Los ciudadanos la consideran, con razón, tan responsable de la crisis como a la derecha, porque donde gobernaron no hicieron nada para frenar los delirios de los años de la impunidad -¿qué hizo Zapatero contra la burbuja inmobiliaria o contra la explosión del crédito?- y no ven en ella ninguna alternativa real que garantice una salida mejor. No sólo en economía, durante estos años también en política la izquierda no ha hecho sino rivalizar con la derecha en su mismo terreno. El mimetismo en la construcción de liderazgos carismáticos ha sido evidente. Segolène Royal, por ejemplo, se hundió en una relación especular con Sarkozy. Y la derecha ha ganado en este terreno por mayor descaro. Tampoco la izquierda ha sabido responder a la privatización de lo público y la publicitación de lo privado que está amenazando una separación sagrada de la política democrática.

En algunos países los réditos de poder que el mimetismo de la derecha le ha dado han impedido ver la urgencia de la renovación. En otros, la falta de ideas ha dejado a la izquierda a merced de las querellas de familia. Llega la crisis y todo está por hacer. Sin embargo, nos jugamos que la salida de la crisis sea el cambio o la regresión. Porque cuando se habla de más Estado o de más mercado, en el fondo se está escamoteando una cuestión mucho más concreta: ¿se seguirán repartiendo los excedentes del capitalismo a capricho y beneficio de unos pocos, como en estos últimos años, o habrá una redistribución con mayor control social, más conforme a los intereses de todos?

La actuación de Rajoy en los problemas de corrupción del PP está informada por un sorprendente grado de parcialidad, impropio de quien se supone que es el presidente de todo el partido. Es extremadamente sospechoso que los imputados del PP por un mismo caso reciban trato diferenciado según sean de Madrid o de Valencia. Rajoy está hipotecando su suerte a la de Camps hasta tal punto que no es extraño que circulen todo tipo de especulaciones. Algún día tendrá que dar explicaciones por esta manifiesta discriminación. Pero siendo esto grave, no deja de ser un asunto interno del partido. Si los militantes del PP se sienten cómodos con la doble vara de medir de Rajoy es su problema. Pero buscar en las elecciones la solución a las cuitas judiciales de algunos de sus compañeros de partido es una desnaturalización de la democracia que sólo puede entenderse en clave populista.

Puestos a recordar, habrá que decirles a nuestros responsables políticos -y aquí la desmemoria de Rajoy es compartida por los demás partidos- que estamos ante unas elecciones europeas en un momento en que Europa se juega buena parte de su futuro. La crisis ha pillado a Europa en un pésimo momento, cuando la fractura de la guerra de Irak aún no ha sido cerrada y la ampliación no ha sido debidamente asumida. En un mundo en que la impotencia de la política, que sigue siendo nacional y local, frente a una economía plenamente globalizada, es fuente de graves disfunciones, Europa ha sido incapaz de actuar como una verdadera realidad política supranacional. Hasta tal punto que podría ser la gran perdedora de la crisis, con una seria disminución de su peso e influencia en el mundo. Sin embargo, a nuestros políticos este debate les tiene sin cuidado. El PP quiere aprovechar el voto de castigo al PSOE, para obtener un resultado que le permita pedir un día sí y otro también que Zapatero convoque elecciones anticipadas. Y, de paso, pretender que ha blanqueado a sus imputados. Y el PSOE, sabedor de que afronta unas elecciones ideales para la deserción de los suyos, frustrados por el estado de desconcierto permanente en que Zapatero les tiene sumidos, buscan un resultado ajustado que abra de nuevo la querella sucesoria en el PP, cada vez más a expensas de que el globo valenciano explote o no.

Cuando la crisis financiera ya ha derivado plenamente en crisis económica y se vislumbran los riesgos de una crisis social, es legítimo preguntarse qué pasará cuando la crisis llegue a la política. La estabilidad institucional que el país ha ido acreditando podría hacer pensar que los riesgos son limitados y que a lo sumo lo que puede producirse es la alternancia política. Pero la democracia no se mide sólo por la posibilidad del cambio de gobierno. Y se debilita cuando la vida política se deteriora sin que nadie haga nada para evitarlo.

Derecha e izquierda, quiérase o no, viven lastradas por el hundimiento de una hegemonía ideológica que, en cierto modo, compartieron. La derecha, porque era la suya. Mientras en todas partes se ingenian rectificaciones, la derecha española sigue empeñada en las recetas que han llevado al desastre. La izquierda, para reconquistar el poder, abandonó buena parte de su capital socialdemócrata y se adaptó al ritmo que marcaba el viento ideológico que venía del Oeste. Por eso, ahora, se ha quedado sin palabra. Carece de referencias para pensar el futuro y no sabe como reciclar el material político e ideológico que dejó tirado hace un cuarto de siglo.

¿Cuál puede ser la salida política de la crisis? Se me ocurren tres escenarios posibles: la renovación democrática, el populismo, el totalitarismo de la indiferencia o el neofascismo. Tal como se comportan políticamente nuestros dirigentes y nuestros ciudadanos todo induce a pensar que España se moverá entre el populismo y la indiferencia. Ni los zigzagueantes ejercicios políticos de Zapatero, cada vez más concentrado en el ejercicio personalista del poder, ni el populismo de Rajoy, decidido a sustituir la justicia por las urnas, son promesa de la renovación democrática deseable. En cuanto al neofascismo, Michela Marzano ha advertido sobre el camino que está tomando la política en Italia, con el Estado tomado por Berlusconi. Desgraciadamente, con modelos como éste, todo es empezar.