Reggio’s

El presente contra el futuro. Éste es el debate político entre los dos principales partidos españoles. El presidente Zapatero, desgastado por una crisis frente a la que en ningún momento ha encontrado el tono de la respuesta, busca ahora que el país se proyecte ya hacia el futuro. El líder de la oposición, convencido de que la crisis es el único atajo del que dispone para llegar el poder, necesita recrearse en el negro panorama presente. Y así, mientras Zapatero nos invita a hacer de la crisis virtud, trazando una ruta de salida que conduzca a un cambio de modelo económico, Rajoy insiste en que esta inmensa bolsa de parados que tiene España -y no decrece- es lo único importante y lo demás son “bagatelas, tablas y colorines”.

En esta confrontación, cada uno tiende a comportarse como una caricatura de sí mismo. A Zapatero le pierde la grandilocuencia de sus promesas; la ingenuidad adanista de presentar como nuevo lo que está dicho, redicho y, a veces, incluso hecho; la fantasía infantil de que un modelo económico se puede cambiar por decreto ley. La propuesta de un modelo sostenible “económicamente, medioambientalmente y socialmente”, recuerda en el espíritu y en la forma el otro gran gadget ideológico del presidente: la alianza de civilizaciones. En ambos casos, da la sensación de que se ha tejido el vestido antes de saber qué cuerpo tenía que llevarlo puesto. Y, de momento, a la vista de todos está que sobra tela para tan flaco maniquí. Es más, las iniciativas concretas, que las hay, y algunas positivas, desde una reforma laboral sin abaratar el despido -aunque para la derecha sea una contradicción en los términos- hasta el compromiso de atacar a fondo el fraude fiscal -si no lo veo, no lo creo- o la mejora de los mecanismos reguladores y la simplificación de los procesos administrativos, quedan un poco perdidas en medio de una ornamentación con más deseos que concreciones.

También Rajoy, en su respuesta, se enseña tal como es. El presidente del PP siempre ha sido refractario a los proyectos políticos, siempre siente pereza cuando le hablan de pensar más allá del próximo año, siempre ha desconfiado de los ejercicios de reflexión teórica y de prospección política. Rajoy está convencido de que el presente es lo único importante porque puede darle la victoria por calcinación política del adversario. Y, por tanto, para él sólo hay un tema: el paro. Es decir, la reiteración de un retrato lo más oscuro posible de la situación de España.

Evidentemente, en la coyuntura actual la realidad juega a favor de Rajoy. Zapatero corre el riesgo de que su operación futuro aumente la desconfianza acumulada porque la gente la entienda como una huida hacia delante, sin haber sentado antes las bases para resolver los problemas previos. Pero del mismo modo que la negritud del presente es la fuerza de Rajoy, si empieza a despejar y España entra en una lenta pero constante vía de recuperación, el día a día se puede convertir en su ruina. Apostarlo todo a que las cosas van mal -además del riesgo de que la ciudadanía lo entienda como una deslealtad al país- tiene el problema de que uno se queda sin argumento si las cosas empiezan a ir bien.

La estrategia de Rajoy está clara: sólo importa lo que tiene que ver con la crisis, sobre lo demás, pasar lo más desapercibidos posible. Pero entonces Rajoy choca con su pasado. Es difícil hacerse invisible en el conflicto del Estatuto catalán cuando se ha sido el autor del recurso que ha metido al Tribunal Constitucional en la pelea, un recurso además claramente discriminatorio porque censura del Estatuto catalán lo que el PP valida en otros estatutos. Rajoy no puede evitar que alguno, al que quizás no le ha llegado la consigna, reviva el peor momento del PP, al tachar de ignominiosa la retirada de las tropas de Irak. Como tampoco puede evitar que los suyos sigan del brazo de los curas en los debates sobre moral y costumbres que nos ocupan. Con lo cual, queda claro que el PP es el de siempre y que la crisis no es suficiente para disimularlo. A Rajoy le lastra el pasado, Zapatero busca la salvación en el futuro. El presente no cesa de reclamar atención. Rajoy actúa como amplificador de esta demanda. Y de ahí saca sus dividendos electorales. Pero, ¿uno y otro, no se dan cuenta de que la ciudadanía les pide algo más?

Ahora, a toda prisa, en tres meses, los partidos catalanes quieren consensuar lo que no han sido capaces de pactar en 30 años: una nueva ley electoral. Por si acaso, algunos, más precavidos, han apuntado ya que el acuerdo podría limitarse a regular las campañas electorales y el papel de los partidos, dejando pendiente, una vez más, la espinosa cuestión del sistema de votación y el reparto de escaños. Sería un verdadero escarnio. Al mismo tiempo, todos los partidos se han puesto a formular propuestas contra la corrupción: el PSC anunció un contrato compromiso a firmar por sus electos locales, el PP dice tener 50 medidas a punto y así sucesivamente. Nada nuevo; desgraciadamente, la política se mueve demasiado a golpe de acontecimiento. Y a ello se debe buena parte de su ineficiencia. La irrupción mediática de algunos escándalos sonados ha provocado una peculiar competencia entre partidos: quién promete lavar más blanco. Pero el problema no está en el detergente sino en las personas y en una cultura ambiente que ha establecido el dinero como medida de todas las cosas. Un pequeño detalle que merece ser subrayado: en los dos últimos casos de corrupción que han resonado en la opinión pública catalana -Millet y Pretoria- apenas aparece la financiación de partidos. Lo que se imputa a los acusados es haberse llevado el dinero directamente a su bolsillo.

Tanta gesticulación regeneracionista se fundamenta en la necesidad de devolver la confianza a la ciudadanía. Los partidos están tan acostumbrados a asumir el papel de chivos expiatorios de la colectividad que, a menudo, cargan sobre sus espaldas culpas que no son sólo suyas. Ciertamente, hay desconfianza en la sociedad. Hay descontento con los políticos, pero no sólo con los políticos, sino con las élites en general: con el poder político, pero también con el económico, con el mediático y con el judicial. Y la crisis la ha agudizado considerablemente. La ciudadanía ha visto como el dinero público se orientaba a resolver los problemas de quienes habían provocado la crisis -en especial el poder financiero-, sin que ello provocara el relevo de los responsables de estas instituciones y sin que este dinero sirva para que las entidades financieras echen una mano con el crédito a empresas y ciudadanos en dificultades. La ciudadanía constata que el poder económico se ha globalizado y que el poder político sigue siendo local y nacional, sin capacidad para poner límites a los excesos del dinero. Y la ciudadanía mira cada vez con más escepticismo y desconfianza la promiscuidad entre poder político, poder económico y poder mediático, que se están comportando como una casta cada vez más distanciada de la sociedad. La suma de todas estas cosas es la que genera la desconfianza y el malestar. Y lo que más duele de los comportamientos de los dirigentes políticos es que, en vez de gobernar, sean comparsas de este juego.

Es cierto que hay situaciones ante las que es difícil entender que los gobernantes pongan el interés de partido por encima del interés general. Y es cierto también que cuesta ver en el escenario proyectos capaces de ilusionar y de movilizar a la ciudadanía. La democracia, en manos de un oligopolio partidista, tiene unos tiempos lentos, difíciles de justificar, que la hacen poco eficiente. Pero ¿puede distinguirse por su eficiencia un sistema económico que ha llevado a la crisis que la ciudadanía está sufriendo en estos momentos?

La desconfianza tiene otros destinatarios, además de los políticos. Sin embargo, éstos están tan acostumbrados a pagar por todos que están haciendo de parapeto a quienes son tan culpables (o más) que ellos del malestar de la ciudadanía. Ni los políticos ni los ciudadanos ganamos nada con este rol de encubridores voluntarios de otros que los partidos parecen haber asumido. Me gustaría ver a los políticos irritados cuando de un caso de corrupción se deduce alegremente la presunción de culpabilidad de todos ellos. Está bien que los políticos hagan propósito de enmienda, pero no hace falta que asuman más responsabilidades que las que les corresponden estrictamente, porque así se alimenta el discurso de doble moral, tan exigente con el comportamiento los políticos y tan laxo con el de los ciudadanos en el mundo económico. Gobernar -empezando por marcar los límites al dinero- es el mejor antídoto contra la desconfianza. Salvo que nuestros gobernantes entiendan que su función se ha reducido ya estrictamente al papel de chivo expiatorio de la sociedad. Es decir, salvo que hayamos llegado al grado cero de la política.

Día a día, los hechos parecen dar la razón a Giorgio Agamben cuando dice que la política “se ha convertido en la esfera de los puros medios, de la gestualidad absoluta e integral de los hombres”. La puntual comparecencia del presidente Zapatero para dar cuenta del fin del secuestro del Alakrana testifica el alivio que sintió un Gobierno que ha maniobrado demasiadas veces contra sí mismo en este lamentable episodio. Pero, sobre todo, lleva consigo aparejada la idea de que la imagen del final feliz absuelve los pecados de los gestores de la crisis. Para completar el ejercicio gestual, Zapatero dedicó las palabras más elogiosas al reconocimiento del trabajo hecho por el ministro Moratinos durante el secuestro. Era el mismo día en que le postulaba como candidato al Ministerio de Asuntos Exteriores europeo. Como si la gestión del secuestro del Alakrana mereciera premio.

Quedan muchas cosas por aclarar y por explicar. Quizás la principal es si la Armada pudo hacer algo más para detener a los 63 piratas que se repartieron el botín a bordo. Pero el poder de lo gestual es tan grande que la oposición -prudentemente callada durante este episodio- deberá medir muy bien el uso político del secuestro que haga a partir de ahora. Las imágenes del reencuentro con los familiares que el próximo fin de semana inundarán el universo mediático jugarán gestualmente a favor de la idea de pasar página.

El PP pensó que el Alakrana podría ser el Prestige del PSOE: el momento del desencanto definitivo de la ciudadanía. Pero intentar ahora poner al Gobierno en apuros por algo que ha acabado relativamente bien, no es fácil. Otra vez la política de la gestualidad: Rajoy lanza su ataque apuntando a tres nombres: De la Vega, Chacón, Caamaño. Tres cabezas que cortar. Pura imagen.

Por lo demás, otra vez chocamos con la gran brecha de la mundialización: los problemas globales se resuelven como si fueran problemas nacionales. La piratería es un negocio bien repartido, que tiene un montón de beneficiarios, desde los propios bucaneros y los seudogobiernos somalíes hasta la organización de Al Qaeda en la zona. No hay una respuesta conjunta de los países afectados. Cada cual va a lo suyo: paga, arma a sus barcos y pasa página, hasta el próximo secuestro.

En medio del ejercicio de comunicación de la buena noticia, Zapatero soltó una frase, que es posible que quede entre los efectos especiales del espectáculo, pero que merecería mayor consideración: “Mi primera obligación -dijo- es salvar la vida de mis compatriotas”. Repárese en el detalle: dice compatriotas, no ciudadanos, para dar mayor calor y complicidad a la expresión. No hace falta leer a Hobbes para entender que es función primordial del Estado garantizar la vida de sus ciudadanos, y que precisamente por eso la humanidad ha ido aceptando las renuncias que comporta vivir bajo esta tutela. Por eso, resulta siempre inquietante la tendencia, muy inscrita en la cultura política, de poner en primer plano, siempre que hay vidas humanas amenazadas por un chantaje, la razón de Estado -no ceder a las exigencias de los chantajistas- como principio absoluto, en nombre de la necesidad de proteger al país de males futuros. Estas apelaciones a la suprema razón de Estado, argumento con el que el gobernante se autoriza a suspender cualquier juicio moral, siempre me han parecido una hipócrita cobertura de la incompetencia de los gobernantes. No deja de ser curioso que la misma razón de Estado se utilice como coartada para dejar una víctima a su suerte o para justificar la tortura.

No son las víctimas las que tienen que pagar que el Estado no haya sido capaz de protegerlas. Tampoco son las víctimas, y por extensión sus familiares, las que tienen que determinar las estrategias políticas, porque su situación emocional no es la más adecuada para un juicio objetivo. Pero para tomar las decisiones correctas, el buen gobernante debe ser capaz de hacer un elemental ejercicio de empatía: ponerse mentalmente en el lugar de las víctimas, sin que ello signifique renunciar a la distancia que exige la responsabilidad de la toma de decisiones. El buen gobernante ha de intentar encontrar el punto justo para salvar a las víctimas con la mínima erosión del Estado. Liberar a las víctimas puede, a veces, tener costes muy altos y consecuencias muy graves, pero lo que es seguro es que la muerte de las víctimas nunca será un triunfo del Estado. Por más que se diga lo contrario desde las querencias autoritarias de cierto integrismo de Estado.

El mal es el abuso de poder. Y el abuso de poder está en actos tan dispares como maltratar a la mujer, tiranizar a los empleados, estafar a los demás o usar un cargo público en beneficio propio. La democracia es un invento frágil que tiene entre sus principales funciones combatir el abuso de poder en el ámbito de lo público. Por eso contempla la posibilidad de cambiar los gobiernos de forma incruenta por sufragio universal, la separación de poderes en busca de contrapesos para controlar mejor a los gobernantes y, sobre todo, la libertad de expresión para garantizar que nada ni nadie quede fuera de la crítica. La corrupción política es un hecho tan viejo como el poder político. Hay regímenes que son corruptos en sí mismos: como cualquier forma de dictadura en que el abuso de poder es la norma. En la democracia, la corrupción está expuesta a diversos mecanismos de control: las leyes, la justicia, la opinión pública. La corrupción es más visible.

Los momentos de crisis económica y de desgaste de los proyectos políticos son propicios para que los escándalos de corrupción lleguen a las portadas de los medios. La ciudadanía, sensibilizada por los padecimientos de una crisis que provocó la irresponsabilidad de una parte del poder económico, se irrita más fácilmente ante la utilización de cargos públicos para beneficios privados. Un escándalo de corrupción, para tener impacto, necesita que coincidan tres factores: denuncia apoyada por la prensa, actuación judicial y disposición de la ciudadanía a sospechar de los acusados. En los momentos de euforia, porque un gran proyecto político se pone en marcha o porque la economía va a un ritmo que tapa todas las miserias, los casos de corrupción quedan más a beneficio de inventario.

La derecha, con menos escrúpulos formales con la cuestión del dinero, procura restar importancia a los casos, tratándolos como accidentes de recorrido a los que todos estamos expuestos. Es lo que intenta hacer CiU, buscando un perfil que le permita que el vendaval de la corrupción no le desvíe de la corriente de cambio en que se siente instalada. Lo del PP en España es mucho más siniestro: el PP tiene siempre una sola preocupación: salvar a los suyos. Y ahora lanza una batalla contra el sistema judicial de escuchas en un intento de conseguir la nulidad de los juicios que le afectan. Esta manera del PP de luchar contra la corrupción también es corrupción, porque se sustenta en la búsqueda de la impunidad. La izquierda, por su parte, es más pacata, organiza grandes misas y lanza grandes promesas de no volver a pecar, aunque después todo siga igual, quizá porque siempre le ha costado más asumir la maldad natural de los humanos.

La corrupción política es cosa de dos: el que paga y el que cobra, el corruptor y el corrupto. La ciudadanía tiende a mirar hacia el corrupto, por esta injusta doble moral que reina según la cual lo privado es objeto de un escrutinio moral mucho más laxo que lo político. Es ideología dominante que el dinero es la medida de todas las cosas y que todo vale para conseguirlo. En una sociedad en que se ha instalado la idea de que el impuesto de sucesiones, el único realmente redistributivo, es un expolio, ¿vamos a escandalizarnos ahora porque algunos practiquen el ventajismo en el cargo público? La hipocresía va por barrios. Y miente el que prometa resolver definitivamente el problema de la corrupción.

Pero la responsabilidad de los partidos es grande. Una de sus principales tareas es la selección de personal adecuado para las responsabilidades de gobierno. Y en esta función hoy no son eficientes. El poder burocrático de los partidos -con el control de las listas como arma para la servidumbre, como Rajoy acaba de recordar- hace una criba que prima siempre la obediencia sobre la capacidad, el oportunismo sobre el talento. Esto es también una forma de corrupción y los resultados están a la vista: ausencia de proyectos políticos y apoteosis de la sospecha. Sin grandes disculpas y sin alharacas, los partidos pueden demostrar con los hechos que son capaces de enmendarse. A estas alturas, ya sólo con hechos concretos convencerán a la población. En Cataluña, tienen el año próximo una oportunidad de demostrar que su voluntad de hacer mejor las cosas es real. ¿Cómo? Pactando entre ellos una campaña electoral de bajo coste y alto contendido político. Sería el mejor remedio contra la desafección.

En un país en que tradicionalmente la distancia entre lo que se dice en público y lo que se dice en privado es abismal, conviene de vez en cuando hacerse eco de algunos siseos persistentes antes de que se vayan apagando sin emerger a la superficie. Se repite estos días -en privado, por supuesto- que resulta difícil de entender, o de explicar, que La Caixa haya puesto en manos de la francesa Suez nada menos que Aguas de Barcelona. En un país que va corto de multinacionales, una de las pocas que existen la utiliza La Caixa para hacer un trueque con sus socios franceses, conforme, dicen, a una estrategia de concentración de la inversión el sector financiero y en los seguros. Aguas no es una empresa cualquiera. Es la que suministra el más básico de los recursos, el agua, a la ciudad, que además se dotó de un edificio emblemático, diseñado por Jean Nouvel, que es ya sello inconfundible del skyline barcelonés. Se trata, por tanto, de una de las pocas joyas que el poder económico catalán podía lucir. Dicen que la operación no ha hecho ninguna gracia al Gobierno catalán. Pero ya es sabido que en Cataluña el Gobierno propone y La Caixa dispone.

Todo el mundo conoce el peso de La Caixa en un país sin tradición de poder financiero y sin ricos de dimensión planetaria, es decir, en las primeras páginas de la lista de Forbes. Las instituciones la han tratado siempre con temor reverencial, porque ningún gobernante puede excluir que algún día tenga que acudir a La Caixa para resolver algún problema de liquidez para pagar la nómina o para dar un empujón a algún proyecto necesitado de financiación. No en vano La Caixa es la principal máquina de creación de empresas que tiene el país. Los propios partidos políticos saben que La Caixa les puede sacar de más de un apuro en esta asignatura tan complicada que es la financiación de unas campañas electorales en las que, movidos por la ansiedad de la conquista del poder, no reparan en gastos. Hay incluso quien ha dicho que La Caixa es demasiado grande para un país tan pequeño. Con lo escasos que vamos de tamaño en el ámbito económico, no nos pongamos trágicos.

Y sin embargo, sorprende que una institución de la peculiar naturaleza jurídica de las cajas, tan mimada por el país, no tenga sensibilidad para entender que Aguas de Barcelona es demasiado importante para ponerla alegremente en manos extranjeras. Se nos dirá que el negocio es el negocio y que las entidades que empiezan a razonar en términos patrióticos siempre acaban mal. Y se nos dirá también que en la economía global poco importa la nacionalidad de los propietarios de las empresas.

Pero no podemos olvidar que cuando el Gobierno del PP cortó de raíz la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola y cuando se frustró, ya gobernando los socialistas, la OPA sobre Endesa, hubo cierto consenso en Cataluña -al que La Caixa no era ajena- en lamentar que desde Madrid se prefiriera que una multinacional española estuviera en manos extranjeras antes que en manos catalanas. Y se repitió muchas veces entonces que en la economía global lo importante es dónde están los que tienen la última palabra. Pero, en fin, todos sabemos que en el juego de los intereses los argumentos son de perímetro variable: se acomodan con suma facilidad a la razón práctica de cada momento.

Lo cierto es que en su día nos escandalizamos porque el Gobierno español impedía que Cataluña tuviera la última palabra en una multinacional de la energía y ahora La Caixa, sin presión externa alguna, pone una multinacional catalana en manos de una empresa extranjera. Sin duda se nos inundará de argumentos para convencernos de la bondad estratégica de esta operación y todos ellos estarán bien fundados. Pero a una entidad que tiene sus raíces en las organizaciones ciudadanas, que no está sometida a la presión de los accionistas y del dividendo, y que goza de tanto favor social, cabría suponerle un gran celo en atender, sin perjuicio de sus intereses particulares, las razones de interés general. Ante el silencio de la servidumbre, que quede, por lo menos, alguna modesta discrepancia, aunque sea a beneficio de inventario. Con la electricidad en manos italianas y con el agua en manos francesas, ¿a qué puerta tendremos que ir a protestar los catalanes cuando los servicios tengan deficiencias?

Una de las principales funciones de la oposición es estar preparada y legitimada a los ojos de la opinión pública para asegurar el relevo cuando el Gobierno desfallezca. El PSOE se lo puso extremadamente fácil a la oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. La opción del Gobierno de meter la tijera en educación e investigación ha arruinado el discurso del cambio de modelo de desarrollo con que Rodríguez Zapatero ha intentado disimular sus errores en la gestión de la crisis económica.

La decisión de subir los impuestos antes de tiempo, es decir, antes de recuperar el hilo del crecimiento y, además, sin atreverse a tocar los privilegios fiscales de determinadas rentas del capital, daba argumentos para la crítica a todos los bandos del hemiciclo. Por si todo esto no era suficiente, Zapatero justificó el pacto con el Partido Nacionalista Vasco que le garantiza la supervivencia parlamentaria con el argumento de que “esto es política”. Ni el más posmoderno de los ideólogos osaría confundir política con el mercadeo de votos. Y, sin embargo, Mariano Rajoy no aprovechó el regalo: se limitó a hacer un ruidoso discurso destinado estrictamente a complacer a los suyos, los que le piden en la calle que sea más macho.

El Gobierno español y el valenciano están viviendo una peculiar situación -ya conocida en el Estado autonómico- en que el desgaste de los Gobiernos pilla a las oposiciones correspondientes enfrascadas en problemas internos que limitan su capacidad para capitalizar las dificultades de los que tienen el poder. La realidad es que el Partido Popular, inmerso en la trama corrupta y en las soterradas pero constantes conspiraciones internas, ve pasar su oportunidad sin fuerzas para dar el salto hacia una victoria segura. La carrera que provocó el pasado viernes el anuncio de José María Aznar de que participaría en la manifestación contra el aborto fue de película de los hermanos Marx. A la media hora, Esperanza Aguirre ya había anunciado también su presencia, sólida contribución a la imagen de liberal que vende la presidenta de la Comunidad de Madrid. E inmediatamente, Mariano Rajoy, como si la aparición del fantasma de su padrino le hubiese provocado un ataque de pánico, ordenó a Dolores de Cospedal que se personara también en la calle. Desde luego, la política obliga a sonoros papelones: ¿qué hacía una mujer como la Cospedal en una manifestación como aquélla?

Y, sin embargo, la manifestación es muy significativa del estado del Partido Popular. Dejemos aparte los ejercicios de cinismo del partido de la derecha, siempre al lado de los obispos, pero intentando que no se note demasiado. La movida del pasado sábado confirma lo que ya sabíamos por movilizaciones anteriores y por el éxito de determinados predicadores: en España hay un sector social difícil de calibrar en números, pero que debe aportar en torno a un tercio de los votos del Partido Popular, que se inscribe en los postulados ideológicos de una cúpula episcopal más cerca del integrismo que del conservadurismo y que cuenta con fuerzas de choque -organizaciones como el Opus Dei o Legionarios- con capacidad de mover a la gente.

Pero, además, ratifica otra idea que es probablemente la que hace temblar a Rajoy: que Aznar es el único dirigente que ha dotado de un proyecto a la derecha española después de la muerte de Franco. Y que él fue capaz de hacer compatible, al modo de los neoconservadores americanos, un capitalismo de casino con un discurso ideológico de sacristía y de odio al llamado progresismo. Una parte importante de la derecha sigue considerándolo el verdadero líder. Por lo demás, aunque los obispos, por orden vaticana, en Roma saben muy bien que es mejor el poder que la coherencia, parecen haber abandonado el intento de crear un partido católico, la conspiración no cesa, y las presiones sobre Rajoy continúan.

Evidentemente, el caso Gürtel es el caldo de cultivo en que las turbulencias internas del PP afloran y dificultan a Rajoy centrar sus esfuerzos en la erosión de un Gobierno desorientado. Pero algo parecido ocurre en Valencia, donde con un Gobierno asediado por la trama corrupta y un partido dividido en dos, la oposición ni está ni se le espera. Tal es la impotencia de los socialistas valencianos que, en vez de hacer un poco de política para que la gente les reconozca como alternativa, no se les ocurre otra cosa que querellarse contra Camps. La judicialización de la batalla política es casi siempre el recurso del débil. Del que no se siente capaz de ganar la batalla en el terreno que le corresponde: el político.

La multiplicación de los casos de corrupción, que se extienden como verdaderas plagas, como está ocurriendo estos días en la geografía del PP; la cuestión eternamente pendiente de la financiación; la sensación de que el nivel del personal seleccionado para los altos cargos ha bajado sensiblemente en los últimos años; los lamentables espectáculos que combinan la celebración de las unanimidades con las descarnadas peleas y deslealtades entre compañeros; la bochornosa exhibición de la servidumbre voluntaria, con un verdadero pánico a cualquier forma de crítica o discrepancia interna; y la sensación generalizada de estar ante una casta con intereses corporativos, alejada de la realidad cotidiana, han generado un descontento creciente de la ciudadanía respecto de los partidos políticos. ¿Tienen remedio? ¿O habrá que pensar en otras formas organizativas?

La Constitución dice que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación política”. ¿Cumplen estos requisitos? Sólo a medias. Las dinámicas de los partidos tienden más a frenar que a estimular la participación política. En realidad, operan mucho más como agencia de colocación de una profesión llamada política que como canal de discusión y de acción política abierto a la ciudadanía. Expresan el pluralismo político, pero la condición de cártel con la que actúan, más que estimularlo, lo restringe.

La formación y expresión de la voluntad popular se han deteriorado, con un sistema de democracia mediática que favorece el monólogo del gobernante, con las encuestas de opinión como casi única señal que viene de abajo. El complejo mediático-político, una promiscua trama de intereses, ha conseguido que no sea ningún disparate la distinción entre opinión publicada -la que emana de este complejo- y opinión pública.

Si las tareas principales de los partidos son asegurar la participación política y la representación de la ciudadanía, seleccionar el personal para los puestos de responsabilidad política, y formular y liderar propuestas de gobierno que atienden al interés general, hay que decir que en todas ellas las deficiencias son grandes.

¿Dónde están los problemas? En la propia lógica organizativa: se ha dicho que los partidos son la única herencia del leninismo que ha sobrevivido a la caída del muro de Berlín. Lo cierto es que la democracia interna es muy débil y los partidos se han convertido en máquinas de ocultación de las malas noticias, a mayor gloria del jefe. Al mismo tiempo, los sistemas de escalafón son muy rígidos, con efectos perversos como que muchos militantes llegan hasta la cima de la carrera política sin otra experiencia profesional que la vida de partido.

En las élites políticas hay una obsesión por la gobernabilidad, que se expresa en el gusto por el bipartidismo: un club privado de dos socios, los únicos que pueden alcanzar el Gobierno de España, en el que es casi imposible conseguir el derecho de admisión. Los dos gozan de tantos privilegios -económicos, mediáticos, técnicos- que sólo una debacle cainita podría apartarles de esta privilegiada posición. La misma obsesión por la gobernabilidad está en el origen de las listas cerradas, que es una vuelta de tuerca más en el control de la servidumbre.

Naturalmente, en la financiación encontramos una fuente de corrupción insaciable. Siempre se habla de la necesidad de una reforma a fondo, pero nadie la emprende. Hombres ilustres de la política han visto cómo brillantes carreras acababan salpicadas por la corrupción y, sin embargo, sigue sin hacerse nada. ¿Tan grande es el negocio? ¿Tantas son las ventajas de la opacidad que merecen tan alto precio? Si encima se extiende la peligrosa doctrina, desarrollada por la derecha, de que el voto blanquea la corrupción, la sensación de impunidad es insuperable.

Cada uno de estos problemas se podría afrontar con medidas concretas que, sin ser una gran revolución, mejorarían sensiblemente las cosas: legalización de las corrientes internas que darían más calidad a la representación, cambios en la ley electoral que desburocratizaran la política, transparencia en la financiación, obligatoriedad de unos años de experiencia profesional fuera de la política para poder gobernar, etcétera. Pero para el cártel político resulta más cómodo gobernar una sociedad que crece en indiferencia que favorecer la crítica, la participación y la dignidad de la política.

Las elecciones alemanas han confirmado el desmoronamiento del socialismo europeo. En Alemania, como en Francia, como en Italia, como en Reino Unido -donde Brown vive patéticamente los minutos basura del mandato- la izquierda de raíz socialdemócrata ha perdido la hegemonía en la lucha ideológica y, en su desconcierto, ha sido incapaz de capitalizar una de las mayores crisis del capitalismo. En España, los socialistas gozan todavía del valor añadido del poder que les permite disimular sus carencias, pero dudo de que si estuvieran en la oposición tuvieran discurso que oponer a la nueva corrección política, que ha hecho del dinero la medida de todas las cosas. Y deben estar agradecidos al sector más reaccionario de la derecha española, con la Iglesia al frente, que lastra al PP y da vidilla al Gobierno al rechazar unas propuestas en materia de derechos civiles que cualquier derecha europea hubiese asumido.

La anemia generalizada que ataca a las izquierdas tiene mucho que ver con la incapacidad para mantener en primer plano la cuestión de la igualdad (o su reformulación por la vía del reconocimiento), razón de ser de la izquierda; de conectar con los nuevos sujetos del cambio, que son muy distintos y mucho más dispersos que en el pasado; y de generar alternativas realmente posibles aprovechando las diversas posibilidades de conjugación del capitalismo. Y aquí es donde la izquierda se ha puesto en evidencia: ha sido incapaz de dar el más pequeño empujoncito para que se saliera de la crisis con un modelo distinto del que se entró.

En la política española abundan los ejemplos de la sumisión ideológica de la izquierda. Desde el Gobierno socialista, por ejemplo, se ha justificado el peso del gasto social en los nuevos presupuestos porque contribuye a evitar el conflicto. Me parece una preocupación muy loable. Pero la izquierda debería tener una razón mucho más importante para defender la protección social: que es de justicia, simple y llanamente. ¿Por qué se busca un argumento de derechas para justificar una decisión de izquierdas? Lo mismo ocurre a menudo con la inmigración. Se justifica su presencia entre nosotros porque contribuyen al progreso económico del país. Me parece muy bien, pero además de trabajadores son personas que tienen derechos, por ejemplo, el de buscarse la vida cómo y dónde quieran.

Tal es el peso de la hegemonía ideológica conservadora que todo el espectro político ha criticado la multimillonaria pensión con que ha sido premiado el número dos del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, con el mismo argumento: es inadmisible en tiempo de crisis. O sea que, sin crisis, barra libre. Moraleja: también para la izquierda lo escandaloso no es la cosa en sí, sino la inoportunidad. Lo cual no dejaba de ser previsible dado que buena parte de la política del Gobierno socialista está fundada en la imagen y en las apariencias. Hasta tal punto que Zapatero no ha tenido ningún empacho en reiterar y enfatizar que la subida de impuestos recaería sobre las rentas más altas, cuando, a la vista de los números presentados por la ministra Salgado, ella misma ha tenido que reconocer que pagarían, como siempre, las clases medias y los asalariados. Harry Frankfurt tiene razón: los políticos no mienten, sólo que la verdad no forma parte de su horizonte mental.

Pero en los presupuestos del Estado recién presentados hay algo mucho más sangrante: la renuncia absoluta a cualquier idea de alternativa. Después de tanto tiempo anunciando una legislación para una nueva economía que nunca acababa de precisarse, llegan los presupuestos y se pone en evidencia que no se concretaba porque no se tenía nada que concretar. Cultura, educación e investigación están entre las partidas que más caen en el presupuesto que el Gobierno ha preparado. Queda claro que los socialistas españoles tampoco consideran la cultura como un bien de primera necesidad. Pero más grave es que olviden que, si la palabra igualdad significa todavía alguna cosa, la cultura y la educación son una de las pocas vías mínimamente efectivas para reducir las enormes desigualdades sociales. ¿Cómo puede hablarse de alternativa, de salida reformista de la crisis, si se castiga la educación y la investigación?

Si Obama, como escribe Garry Wills, es un “gigante atrapado” entre las imponentes estructuras del poder americano, no debe sorprendernos que Zapatero esté enredado en la telaraña del poder económico hispano. A veces, la quimera del éxito bloquea la voluntad de luchar por el cambio.

“Convertir el dinero”, para decirlo en palabras de Amin Maalouf, “en el criterio para cualquier respetabilidad, en el fundamento de cualquier poder, de cualquier jerarquía, hace trizas, a la postre, el tejido social”. Creo que esta reflexión del último libro de Maalouf viene muy oportuna para el caso Millet. Si acudo a una cita de un escritor libanés es para sacar de entrada el debate de las neurósis idiosincrásicas que tantas energías consumen en Cataluña. Porque el cultivo en el que ha crecido el virus Millet puede tener sus claves locales, pero en lo esencial no es muy distinto de esta conversión del dinero en valor dominante que está produciendo efectos devastadores en los lugares más dispersos. El discurso identitario es a veces tan obsesivo que incluso en la criminalidad se busca la diferencia, lo que conduce a veces a autoflagelaciones ridículas. Puede que sea cierto que el caso Millet simboliza el final del poder de unas familias que tenían una concepción bastante patrimonial del país, pero tengo la sensación de que estas familias hace ya mucho tiempo que están amortizadas.

El caso Millet es uno de tantos ejemplos del abuso de poder (que es para mí la definición del mal). Personajes que colocados en posiciones de dominio e influencia actúan como Millet los hay en todas partes, sin distinción de clase, ideología o creencia. Naturalmente, son más frecuentes en las clases altas porque tocan más poder que los demás, por tanto tienen más oportunidades. Pero los recién llegados al poder y al dinero no son forzosamente mejores que los de toda la vida. En fin, basta mirar estos días a la Comunidad Valenciana para saber de las consecuencias del ejercicio del poder desde la impunidad.

Porque el elemento común en estos casos es creerse impune. Y es aquí donde es posible que el caldo ideológico de las élites catalanas haya podido intervenir. Siempre que se decreta un bien absoluto y prioritario -en este caso hacer patria- hay gente dispuesta a sacar beneficio de ello. Con estos materiales y con su sistema de relaciones personales construyó Millet el parapeto detrás del cual sentía que todo le estaba permitido.

El poder simbólico del Palau de la Música hace que el caso Millet sea visto como algo más que una estafa. Es una profanación de un icono del país, de la música y de la cultura. Los fallos en los sistemas de control social y político han venido a reforzar la desconfianza en las instituciones: llueve sobre mojado. Algún distinguido periodista de Madrid, José Antonio Zarzalejos, por ejemplo, ha aprovechado para convertir este caso en la prueba del carácter anacrónico y alejado de la realidad del nacionalismo catalán. Nunca he ocultado mi nulo apego a los nacionalismos de cualquier especie, pero no creo que tengan la exclusiva de la impunidad. Y desde luego, el nacionalismo español no parece ni más moderno ni menos propenso a servir de tapadera de negocios que el catalán. Aunque sólo fuera por el tamaño.

Y sin embargo, creo que seguir por la línea de la sociología de lo patriótico no sólo es equivocado, sino también el mejor camino para que este caso nunca se esclarezca del todo. Con suma facilidad se pasa del caldo de cultivo a la responsabilidad colectiva, que es la mejor garantía de que nadie sea responsable. Está muy bien decir que la sociedad debe ser más exigente y más atenta, y que un proyecto de sociedad más abierta, menos endogámica, tendría más defensas contra este tipo de acciones. Pero se empieza flagelándose colectivamente y se acaba acotando las responsabilidades al mínimo número de personas para no provocar el desánimo nacional y el desprestigio del país.

Cualquier hecho delictivo tiene responsables con nombres y apellidos. La responsabilidad penal colectiva no existe. Las responsabilidades son individuales. Hay elementos para pensar que se trataba de una trama familiar -la familia que roba unida permanece unida- y que todo quedó en casa. Pero ante la envergadura de la estafa y ante la negligencia de las instituciones es inevitable la sospecha. Por eso hay que confiar en que la investigación tire de todos los hilos del caso y busque hasta el último rincón, aunque éste pueda llevar al omnipresente cáncer de la financiación de partidos o a gente con presunción de intocable. Si la coartada patriótica no puede aceptarse como explicación de lo que ocurrió, tampoco podemos permitir que sirva para ocultar potenciales terminales de esta espectacular estafa. De lo contrario, será el tejido social entero el que saldrá dañado.

Hace tiempo que desde sectores tanto económicos como periodísticos y universitarios se pide al Gobierno que emprenda las reformas que la economía española necesita. Por lo general se habla de reformas en cuatro ámbitos: infraestructuras, educación, relaciones laborales y energía. A la hora de concretar las propuestas abundan las ambigüedades, quizás porque la derecha teme descubrir sus intenciones ante el electorado (por ejemplo, en el siempre delicado tema de la reforma laboral) y la izquierda hace tiempo que no tiene propuestas de reforma que proponer (¿alguien sabe de qué va el proyecto de economía sostenible del Gobierno?).

La experiencia de los 30 años de democracia demuestra que las reformas sólo pueden hacerse por mayoría absoluta o por consenso. El Gobierno no tiene mayoría suficiente, sólo cabe, por tanto, la hipótesis del consenso. A algunos empresarios a los que les cuesta reprimirse la incomodidad que les genera que no gobiernen los suyos, les han entrado las prisas y han pedido elecciones anticipadas antes de tiempo. Lamentable ejercicio de ansiedad, porque ni hay presión social que las demande ni ninguna garantía de que unas elecciones anticipadas se saldasen con una mayoría absoluta.

Había tantas dudas de que la Transición triunfara que se ha tendido a mitificar lo que ocurrió en aquellos años de ruido de sables, tensiones políticas, peleas encarnizadas de familia (UCD), y mucha incertidumbre. Uno de los mitos que se arrastran de entonces es el consenso. Cada vez que se tuercen las cosas se pide a los principales partidos que aparquen sus intereses particulares y busquen acuerdos de interés general. Ningún consenso se ha sustentado nunca en la virtud. Tampoco los de la Transición, que dieron lugar a los Pactos de la Moncloa. En aquellos tiempos el consenso funcionó por una simple razón de supervivencia. Los partidos sabían que se jugaban la vida y, antes de perecer en el intento democrático, pactaron.

La supervivencia mutua es siempre el motor de los consensos. En la coyuntura actual, el consenso es improbable porque las partes contratantes principales -el PSOE y el PP- piensan que les daría más costes que beneficios. Se podría pensar que un Gobierno en dificultades encontraría en el consenso una forma de neutralizar a la oposición y de garantizarse tranquilidad entre las turbulencias de la crisis. Pero, si esto fuera así, razón suficiente para que el PP no tenga el menor interés en pactar. La estrategia de Rajoy está clara desde hace tiempo: dejar que la crisis derrita el Gobierno a fuego lento y esperar que llegue la hora de las elecciones. De modo que cada cual va a su aire: el Gobierno acentuando su perfil de izquierdas, buscando la complicidad de su electorado tradicional, fiel al principio de que al que consigue el pleno de los suyos el voto del centro le acaba cayendo por añadidura. El PP sigue peleándose consigo mismo. Por un lado, Rajoy impone prudencia para evitar que una coalición negativa le derrote como en las últimas elecciones, aunque tenga que hacer concesiones a la ruidosa fanfarria que siempre acompaña a la derecha española. Por otro lado, incapaz de afrontar sus propios problemas internos, siempre susceptibles de estallar en el momento menos pensado, culpa al Gobierno de sus desdichas, y se columpia en las teorías conspirativas que tanto gustan a la claque. De modo que lejos de un pacto contra la crisis, la política sigue los vaivenes de la opinión publicada. Cuando ésta interpreta que el desgaste del Gobierno aumenta, el PP se tranquiliza. Y viceversa.

Precisamente porque el discurrir de la crisis parece favorecerle, Rajoy se permite ahora ofrecer un pacto al Gobierno: un pacto por Europa. Rajoy sabe que, durante los seis meses en que España tendrá la presidencia europea, estará obligado a bajar el perfil de oposición para no ser acusado de traición a la imagen y al prestigio de la patria. Y sabe también que Zapatero cuenta con estos seis meses para iniciar su recuperación, después de un trimestre, el que ahora empieza, del que todo indica que puede salir muy tocado. Rajoy opta por subirse al carro europeo, sabiendo que Zapatero no puede decir que no porque le conviene una presidencia europea tranquila con imagen interna y externa de unidad. Con lo cual este pacto sí que es posible que encuentre el consenso necesario. Los dos piensan que saldrían perjudicados si se quedaran fuera. Pero es un pacto para guardar las apariencias, con fecha de caducidad y sin que signifique ningún cambio de fondo. Las reformas de las que tanto se habla quedarán pendientes una vez más, por falta de consenso. Es decir, de convicción de las dos partes de que les beneficia hacerlas.

La letra del fundamentalismo constitucional reemplaza el espíritu de los pactos políticos de la transición. El TC puede anular un Estatuto aprobado por el Parlamento catalán, las Cortes españolas y los votantes de Cataluña

Situémonos en 1977. Se han celebrado las primeras elecciones democráticas en España, con el régimen de Franco de cuerpo presente. Por si alguien no lo sabía, durante aquellas elecciones todavía estaba vigente la prohibición a las emisoras privadas de dar otra información que la suministrada por los boletines de Radio Nacional de España. Inicialmente pensadas para consolidar un régimen posfranquista al gusto de Suárez, el resultado de las elecciones, con un peso importante del Partido Socialista, de la izquierda y de los nacionalismos periféricos, hizo que se impusiera lo obvio: que aquellas Cortes tenían que ser constituyentes.

En aquel clima de precariedad institucional, con la vieja legalidad todavía vigente y con permanente ruido de sables en los cuarteles, se empezó a pactar la Constitución. Fue, por supuesto, un pacto entre los partidos parlamentarios, pero fue también, de alguna forma, un pacto con las nacionalidades históricas. Sin la reivindicación nacional de Cataluña y de Euskadi nadie habría oído hablar nunca del Estado de las autonomías. Fue para encontrar acomodo a éstas que se montó todo el edificio. Puede discutirse si la evaluación de las fuerzas de cada uno fue acertada o si se utilizó con habilidad la amenaza golpista para rebajar las exigencias periféricas. Pero hubo negociación sobre los términos en que Cataluña, el País Vasco y Galicia tenían que articularse con el Estado. Y la expresión de raíces estalinianas “nacionalidades” fue un eufemismo que se utilizó para evitar la palabra nación, pero sabiendo todas las partes que a ella se refería.

Este mismo año se produjo la negociación entre el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que terminó con el retorno del líder republicano y la restauración de la institución catalana, antes de que el proceso constituyente se completara, es decir, de que la Constitución y el Estatut establecieran el lugar de Cataluña en el Estado. Fue el único gesto de ruptura democrática que se produjo en la transición, la única señal de entronque con la vieja legalidad republicana. Después de la Constitución se aprobó el primer Estatut, en cierto modo culminación del proceso constituyente.

Hubo pues, de diversas maneras y en diversas fases, negociación política entre Catalunya y España. Y fue un elemento determinante de los pactos de la transición. No tuvo, obviamente, la forma jurídica de la negociación entre naciones, como tampoco se plasmó en un tratado entre dos países, sino en una Constitución que es española. Todos sabemos dónde estábamos y de dónde se venía. Pero es legítimo entender que se selló un pacto que contenía en sí mismo la posibilidad de que con el tiempo las partes lo renovaran.

El paulatino ingreso en lo que debía ser la normalidad institucional -sacudida por la fiebre golpista de principios de los ochenta- fue consolidando el mito del carácter intocable de la Constitución. En los primeros tiempos, toda prudencia era poca. Se oían todavía los últimos resuellos del franquismo y el fracaso de los pocos intentos democráticos habidos en España justificaba esta prevención. Pero a medida que el mito del consenso se desvanecía y la confrontación democrática adquiría niveles de normalidad, la mitificación de la Constitución creció, probablemente porque todo el mundo sospechaba que era imposible cerrar los acuerdos básicos que un cambio de este tipo exigiría. Con la llegada al poder del PP se alcanzó una nueva fase: el fundamentalismo constitucional, resultado de la conversión del presidente Aznar, que, en los setenta, se había mostrado públicamente contrario a la Constitución.

Han pasado 30 años y han desaparecido casi todos los riesgos de desestabilización de la democracia y, sin embargo, la Constitución sigue siendo intocable, de modo que la democracia española está bloqueada por la incapacidad de hacer evolucionar el marco fundacional, como ocurre en cualquier país democrático de calidad. Como ha explicado en la revista Claves Pedro Cruz Villalón, que fue presidente del Constitucional, el TC sufre los efectos colaterales “de la asombrosa inactividad del poder de reforma constitucional, que se ha convertido incluso en uno de los rasgos singulares del sistema constitucional”, y que le obliga a una brega con asuntos políticos candentes que no corresponderían a los jueces sino a los políticos, al poder legislativo.

Y es así que el TC se encuentra ahora teniendo que aceptar o rechazar un pacto elaborado -con triple sistema de seguridad- entre el Parlamento catalán que propuso, las Cortes españolas que dispusieron y la ciudadanía de Cataluña que validó. Puede que no sea técnicamente un pacto entre dos naciones. Pero es el resultado de la negociación, por quienes tienen competencia para hacerlo, entre unas demandas de Cataluña y unas exigencias de España. Un Estatuto tirando a gris, que es inevitablemente el color de todo texto legal que ha sufrido un largo manoseo negociador, pero que ha sido aceptado por las dos partes y ratificado en referéndum por la ciudadanía catalana. ¿Es misión de un Constitucional rectificar un acuerdo de este tipo? Incluso un acérrimo defensor del control judicial de la constitucionalidad, como es John Rawls, reconoce que en estos casos “la cuestión debe ser considerada por los propios ciudadanos democráticos”.

Naturalmente, la negación de cualquier forma de pacto político entre Cataluña y España puede convenir tanto a los unionistas como a los independentistas. Porque, ciertamente, si no hay pacto no hay nada que discutir. Lo que en boca del unionista significa que la legalidad se impone, la palabra del Constitucional es definitiva… y aquí no pasa nada. Y si pasa algo, que actúen las autoridades. Y, en boca del independentista, reduce el problema a dos opciones: sumisión o rebelión. Naturalmente, los primeros piensan que las bajas pulsaciones políticas de las masas de la sociedad de la indiferencia son la mejor garantía de que el Constitucional se pronunciará y no pasará nada: todo seguirá como siempre. Los segundos, confían, en cambio, que la ciudadanía catalana suelte su espíritu de rebeldía si cunde la sensación de que el pacto se rompe y se deja a Cataluña sin salida.

De modo que no es extraño que los partidos que buscan la centralidad política en Cataluña reclamen el respeto por el pacto político, por una u otra vía. Y duden de la buena voluntad de la mayoría parlamentaria española que aprobó el Estatuto, cuando ninguno de sus dirigentes -empezando por el presidente del Gobierno- ha mostrado entusiasmo alguno en su defensa. Con lo cual es lícito sospechar que contaban con el trabajo de poda complementaria del Constitucional. Es decir, se alcanzó un pacto político sacrificando buena parte de la propuesta inicial que vino de Cataluña, en aras al entendimiento, y la otra parte, el Gobierno socialista y su grupo parlamentario, da señales de manifiesta deslealtad.

Dicho de otro modo, sobre la base de la idea de pacto puede que haya cierto camino por recorrer. Si la hipótesis de un pacto evolutivo es imposible probablemente entremos en una dimensión desconocida, hasta que el marco europeo pueda dar la solución que España no ha querido o no ha podido encontrar.

Algunos juristas y algunos medios de comunicación tienden a confundir la legalidad con la realidad, como si lo que la ley no autoriza no existiera, por lo menos hasta que la ley cambie. La ley regula la realidad, pero no la sustituye. Por mucho que diga la Constitución, no hay ley que pueda negar que una amplia mayoría del Parlamento catalán considere que Cataluña es una nación. En la inserción de Cataluña en España hay un problema. Dejarlo todo a lo que decida el Constitucional es una forma de negarlo. Y confiar en el triunfo de la desidia es un error, porque siempre hay un momento en que la acumulación de agravios hace masa crítica.

En los primeros tiempos de la democracia, el pasado reciente operaba como un superego que frenaba las iniciativas arriesgadas. Ahora, cuando hay muchas menos razones para el miedo, si el pacto político del Estatut se frustra y no se encauza por otras vías, el independentismo se consolidará en Cataluña y el riesgo de polarización será alto. Y probablemente el PSOE en España y el PSC en Cataluña sean los que se lleven la peor parte.

Zapatero ha empezado el curso político anunciando que aumentará los impuestos a las rentas del capital y difundiendo una entrañable fotografía de una reunión con sus tres vicepresidentes, para pedirles más iniciativa y mayor presencia pública.

Es normal que en los malos momentos la izquierda se refugie en la bandera de lo social, de la misma manera que la derecha se protege con la bandera de la patria. Lo que ya no es tan normal es que Zapatero anuncie con la boca pequeña una subida de tasas, que se presume que va a afectar a las rentas más altas, como si tuviera que pedir perdón, hasta el punto de prometer simultáneamente un descenso del impuesto de sociedades. La crisis ha aumentado el gasto del Estado espectacularmente y alguien tiene que pagarlo. Ninguna vergüenza debería sentir Zapatero por pedir un pequeño esfuerzo a quienes consiguen respetables plusvalías con sus rentas. Es lo mínimo que se puede esperar de un gobernante de izquierdas para encarrilar los desequilibrios generados por una crisis que no provocaron precisamente los 3.629.000 parados que la sufren más que nadie. No podemos olvidar, sin embargo, que el presidente Zapatero nos iluminó hace ya muchos años con un pensamiento memorable: bajar impuestos es de izquierdas. Toda la vida pensando que los impuestos son instrumentos para conseguir determinados fines políticos (y que es por los resultados que hay que juzgarlos) y Zapatero nos descubre que son un fin político en sí mismo. Así se comprende mejor el compungido sentimiento que expresaba su rostro al anunciar una hipotética subida.

Sobre la melancólica foto de familia presidencial, destaca un hecho: por una vez, sus protagonistas no ríen, como si la crisis hubiese quebrado el rictus de obligado cumplimiento que los asesores de comunicación exigen a todo profesional del poder. Empieza una temporada con el espacio político e institucional hecho unos zorros. O sea que hasta el optimismo antropológico del presidente tambalea. El desconcierto que reina en el PSOE se ha confirmado en un verano en que la mayoría de goles que le han marcado han sido en propia puerta. El disparate del subsidio de 420 euros aplicado selectivamente a algunos parados, es para nota. ¿Qué sentido tiene convertir una renta de inserción -que por definición debe ser universal- en un subsidio selectivo, restringido, por capricho del poder, a aquellos que se les acaba el paro el 1 de agosto? De la absurdidad de la idea surgió el estropicio de la gestión. A las pocas horas de ser anunciada, la buena noticia ya se había convertido en un desastre para el Gobierno porque la mayoría de los que se interesaban por esta ayuda no formaban parte del grupo elegido. Después vinieron las rectificaciones, las contradicciones entre ministros, hasta que la aritmética parlamentaria ha impuesto su ley. Por el camino se ha esfumado otra genialidad: los 400 euros de la campaña electoral han pasado a mejor vida. La sensación de improvisación cunde y el Gobierno afronta un año muy difícil con la autoridad muy mermada.

Enfrente, el PP practica la ley del mínimo esfuerzo. Se limita a coleccionar los regalos del Gobierno. Y una subida de impuestos es realmente un juguete atractivo para la oposición. Sin embargo, de un partido que aspira gobernar se espera algo más que demagogia. El único proyecto del PP es repetir que no aceptará ningún aumento de los impuestos y que hay que reducir drásticamente el gasto público. Que explique cómo lo va a hacer sin comprometer la política social, que siempre ha sido, a ojos del electorado, el punto débil de la derecha. En vez de proponer políticas alternativas, los populares atacan al Gobierno acusándole de organizar una verdadera conspiración política, jurídica y mediática contra ellos. Después de unos meses en que hemos comido y cenado caso Gürtel todos los días, una cosa está clara: existe una trama corrupta que ha crecido y se ha enriquecido en torno al PP y las instituciones que gobierna. El PP en vez de identificar los responsables y expulsarlos de su territorio se dedica a generar confusión. ¿Cuál es la obligación de un dirigente y un partido que aspiran a gobernar: aclarar los delitos que se hayan podido producir en sus áreas de poder o hacer todo lo posible para que nunca se sepa que ocurrió?

Con este panorama, es difícil pedir que los ciudadanos confíen en los gobernantes en una temporada que anuncia más paro, más conflictividad y más tensión con Cataluña. Hay que preguntarse si los partidos políticos están en condiciones de hacer la principal tarea que se les ha adjudicado: la selección de personal político adecuado para las responsabilidades de Gobierno.