Reggio’s

Con los sindicatos subiéndose por las paredes y denunciando el mayor recorte de derechos laborales de los últimos 30 años, el PSOE tramitaba a toda prisa en el Congreso una reforma laboral en la que pretendía implicar al PP y que terminó sacando adelante con la abstención de los nacionalistas. De ahí su ida y vuelta en lo que ha acabado por convertirse en el asunto central, que ya no es la generalización del contrato de fomento sino las causas objetivas de despido. ¿Se podrá despedir más barato sólo con acreditar pérdidas o preverlas en el futuro como todo el mundo ha interpretado? Pues no exactamente, a tenor de la literalidad de la nueva redacción que se ha dado al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho artículo establece actualmente que las empresas pueden efectuar despidos de bajo coste (20 días por año), cuando la mera reducción de la plantilla “contribuya a superar una situación económica negativa”. Como se ha explicado en infinidad de ocasiones, los empresarios venían renunciando a emprender esta vía porque era difícilmente aceptada por los jueces, en la medida que resultaba complicado demostrar que los despidos podían cambiar la marcha de la sociedad.

En el Decreto que llegó al Congreso el Gobierno ponía el mango de la sartén en la mano de los empresarios, al definir como causa del despido objetivo la existencia de “una situación económica negativa”. Bajo este paraguas cabía cualquier cosa, aunque resultaba evidente que ningún juez se negaría a aceptar los despidos objetivos en el caso de que la empresa alegará encontrarse en pérdidas, la situación negativa por excelencia.

Aún así, se quiso ir mucho más allá para embarcar al PP en la reforma y conseguir su apoyo. Con la primera enmienda transaccional de los socialistas Zapatero no hubiera podido pisar Rodiezmo en una década. Decía así: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda un una situación económica negativa, tal como la existencia de pérdidas, la disminución relevante de los beneficios o la falta persistente de liquidez”. El campo de maniobra para los jueces era prácticamente inexistente, por lo que hubieran tenido que limitarse a sancionar sin más las peticiones empresariales.

La negativa del PP a sumarse al proyecto con el argumento de que la reforma no podía basarse en los despidos sino en la creación de empleo provocó la marcha atrás del PSOE en uno de los mayores coitus interruptus que se recuerdan en el Parlamento. Y para conseguir la abstención del PNV, situado en este caso a la izquierda de los socialistas, se vio obligado a aceptar una nueva redacción en la que efectivamente se citan como causas del despido objetivo la existencia de “pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos”, pero supeditadas a “que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad para mantener el volumen de empleo”.

Media un abismo con la posición anterior, ya que vuelven a ser los jueces los encargados de dictaminar hasta qué punto está en peligro la supervivencia de la empresa por la marcha negativa del negocio a la hora de considerar la objetividad de los despidos. En resumidas cuentas, no bastará sin más con alegar pérdidas o con esgrimir un bajo nivel de pedidos para el ejercicio siguiente.

Tal y como están las cosas, y salvo que en el Senado vuelva a retocarse sustancialmente, la reforma es un quiero y no puedo que no deja a nadie contento ni sirve para lo que era otro de sus grandes objetivos: reducir la temporalidad. Si bien se establece una duración máxima para los contratos de obra y servicio y para los eventuales –de hasta tres años en los primeros y de seis meses en los segundos- y se elevan gradualmente las indemnizaciones de los contratos temporales hasta los 12 días a partir de 2014, el abanico sigue siendo lo bastante amplio como para facilitar que los empresarios eviten la incorporación de fijos a sus plantillas.

Ésta debía de haber sido la principal contrapartida a los sindicatos, ya que en lo demás el sesgo de la reforma hacia los postulados de la patronal es evidente: se alivian los costes empresariales en caso de despido con la subvención de ocho días por parte del Fogasa; se deja en manos de la empresa la introducción de medidas de flexibilidad en lo tocante a turnos, puestos y horarios, aunque la discrepancia pueda judicializarse; se facultan despidos en caso de absentismo, aunque la causa esté justificada; y hasta se hace recaer la carga de la prueba en el trabajador en el supuesto de despidos fraudulentos.

Las centrales, que a estas altura deben de preguntarse si se han quedado cortos con la huelga general del 29 de septiembre, obtienen como único rédito la posibilidad de participar en la negociación colectiva en aquellas empresas en las que no exista representación legal de los trabajadores. Quedan pendientes, además, espadas de Damocles como la modificación del sistema de prestaciones para implicar más a los trabajadores en la búsqueda de empleo, un tema que ya fue motivo de una huelga general con el Gobierno de Aznar, y el establecimiento de nuevas bases para la negociación colectiva, asunto que debe ser acordado por los interlocutores sociales un plazo máximo de seis mes o será el Parlamento el que lo haga.

De la percepción que una ciudadanía de vacaciones haga de la reforma dependerá el éxito o el fracaso del paro general de septiembre. El verano es muy mala época para las huelgas generales pero, por lo visto, es un período fértil para las reformas laborales. Al PSOE le han bastado dos días para aprobar la suya en el Congreso.

A la pregunta de si una declaración unilateral de independencia como la de Kosovo viola el derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas no ha tenido más remedio que responder que no, y ello porque no existe, que se conozca, ningún manual de instrucciones para acceder a la soberanía plena. Básicamente, un territorio puede convertirse en independiente de dos maneras: por las buenas, como  hicieron checos y eslovacos, o por las malas, como ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones. El éxito de cualquier declaración de independencia no reside en su legalidad sino en el reconocimiento internacional.

Al Gobierno y al PP, que en esta ocasión están completamente de acuerdo, Kosovo les parece un peligroso precedente por si a Euskadi o a Cataluña les da por lo mismo. De ahí que España se haya negado a reconocer su independencia y que haya litigado ante la Corte para imponer su criterio de que las secesiones son ilegales, salvo que se trate de colonias, argumento que ha sido tumbado por K.O. técnico en un fallo que, por lo demás, no tiene carácter vinculante. No cabe esperar, por tanto, que se modifique la posición española para sumarse a la que mantiene la mayoría de la UE.

Kosovo es un caso singular que no debería despertar aquí ningún fantasma. Podría afirmarse que si hoy es independiente es gracias a los bombardeos de la OTAN sobre Serbia para exigir su autonomía, después de que los serbios y también los guerrilleros kosovares cometieran terribles crímenes de guerra. Es un Estado fundado sobre bases étnicas, lo cual no dice nada en su favor, y arrastra el grave problema de Mitrovica, ciudad en la que la mayoría albanesa es minoritaria, a la que habrá de dar una solución política sino se quieren repetir nuevas experiencias sangrientas.

Dicho esto, y aún reconociendo que el derecho de autodeterminación se ideó para los pueblos sometidos al yugo colonial, nadie puede obligar a una comunidad a formar parte de otra en contra de su voluntad. Si llegara el día en que vascos y catalanes, de manera pacífica y con una mayoría relevante, optaran por el divorcio de España, no quedaría otra que concederlo, por mucho que la Constitución autorice a mandar los tanques al Ampurdán. La democracia también consiste en convencer. No hay que tenerla miedo.

Hace cuatro años, cuando España se rompía, se materializó “la iniciativa política más respaldada de la historia de la democracia desde 1978”, tal y como la definió entonces Mariano Rajoy. Su partido desplegó por las calles de todas España mesas petitorias, evitando, eso sí, colocar al frente de las mismas a señoras con abrigos de visón para que aquello no pareciera el Domund, en las que recogió firmas en las que se pedía un referéndum sobre el Estatut de Cataluña con la siguiente pregunta: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”.

Según el PP, un total de 4.028.396 españoles secundaron esta llamada de auxilio en defensa de la indisoluble unidad de la patria y con sus firmas, embaladas en cajas azul celeste, Rajoy presentó en el Congreso una iniciativa popular que no recabó un solo voto distinto a los de su grupo. Una hora duró el trámite aquel 16 de mayo. Tras incendiar el país de anticatalanismo, el del PP se olvidó rápidamente del asunto. Mientras, para custodiar las cajas, el Congreso tuvo que alquilar un almacén que pagan todos los españoles, tanto los que creen conveniente que España siga siendo una única nación como los que no. Allí siguen.

Con esos antecedentes, se esperaba con expectación la reacción del líder de la oposición al fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, propiciado por el recurso del PP. Por mucha indignación aparente que la sentencia haya causado en los partidos catalanistas, lo cierto es que viene a avalar el núcleo fundamental del texto, aunque desmonte en cierta medida la pretensión de construir un Estado dentro del Estado, que es a lo que podía conducir la existencia de órganos como el Consejo de Garantías Constitucionales o el Consejo de Justicia, émulos del propio Constitucional y del CGPJ. La existencia del Consejo de Justicia no debía preocupar mucho al PP, ya que apoyó en Andalucía con sus votos una réplica del mismo.

El fallo no toca la regulación sobre la lengua y, mantiene incluso la definición de nación contenida en el Preámbulo, que ni siquiera era tal porque se limitaba a dejar constancia del pronunciamiento del Parlament, con la apostilla de que carece de eficacia jurídica. A falta de conocer la interpretación que el Constitucional hace de 27 de sus artículos, el grueso se mantiene en pie. Pues bien, el hombre que entendía el Estatut como “una estrategia bien urdida para, utilizando los sentimientos más atávicos de los ciudadanos como cobertura, establecer un sistema intervensionista y de control sobre la sociedad catalana que haga depender todo del poder político” dice ahora que “hay que mirar el futuro con ánimo de concordia”. Las vueltas que da la vida.

La esquizofrenia de Rajoy tiene explicación, claro, como la tiene la fingida pataleta de Montilla ante un fallo ciertamente benévolo. No es extraño que, como se ha contado en este diario, la durísima reacción del president estuviera escrita antes de conocer el pronunciamiento del Tribunal, aunque a Alfonso Guerra y al resto de los mortales les pareciera una contradicción reconocer que se había respetado el 95% del Estatut mientras se anunciaba al mismo tiempo poco menos que el fin del mundo.

Sacando los pies del tiesto, Montilla trataba de no ceder a CiU la bandera de la defensa del Estatut en vísperas de las elecciones catalanas y, de paso, hacer más difícil que los nacionalistas catalanes se apoyen en el PP para llegar a la Generalitat. ¿Cómo podría Artur Mas, ante tan terrible recorte del autogobierno, acceder al Gobierno de Cataluña de la mano de quien lo había propiciado recurriendo su inconstitucionalidad? Así es como hay que interpretar también la afirmación del de Iznájar de que jamás pactaría con el PP, lo que daría luego pie al rifirrafe con Cospedal a cuenta de si era fascista él o su actitud.

Las claves de esta estrategia las sugería privadamente esta semana un ministro de Zapatero, para quien la actitud de Montilla respondía a esa ley de los gases, según la cual, dejar un espacio vacío o disponible es hacer oposiciones a que llegue otro y lo ocupe. Este mismo ministro se refería así a la otra gran esquizofrenia, la de los lamentos de Montilla y la desbordante alegría del Ejecutivo central: “Yo no digo que haya sido así, porque no lo sé, pero lo lógico en estos casos es que las reacciones estén pactadas. Yo mismo lo hubiera planeado de esa forma”.

Volviendo a Rajoy, su certificación de que España ya no se rompe y la moderación que sobre la sentencia ha impuesto al resto del PP, incluido a Aznar, es la demostración de que ya ha empezado a tomar clases de catalán para hablarlo en la intimidad. Su actitud responde al cumplimiento estricto de las exigencias que CiU, expresadas así por uno de sus principales dirigentes: “El PP no tendría que pedirnos nada a cambio de su apoyo y entender que lo hace como una inversión de futuro”.  Obviamente la inversión de futuro sería el respaldo de los nacionalistas catalanes a una hipotética investidura de Rajoy como presidente en el caso de que gane las próximas elecciones generales y precise de su concurso.

Como se ve, a estas alturas el Estatut interesa tan poco a sus principales protagonistas como al conjunto de los ciudadanos, a los que Mas pedía que participaran masivamente en el manifestación del 10 de julio aunque no estuviera entre sus preocupaciones. Han sido cuatro años de deterioro de la convivencia y de desprestigio de las instituciones. Todo para llegar a este punto en el que hay verdadera prisa por pasar página. Nos lo podíamos haber ahorrado, sinceramente.

Otra cosa no tendrá, pero entre las virtudes de Zapatero ha despuntado su capacidad para la supervivencia. Tildado en otro tiempo de radical inflexible, el devenir más inmediato le ha descubierto tan cimbreante como un junco mecido por el viento. Su nueva filosofía quedó resumida en la frase que pronunció esta semana desde la tribuna del Congreso: “He cambiado de opinión, sí, pero lo he hecho por las circunstancias, no por las convicciones”. Es una nueva forma de pragmatismo, en el que las ideas permanecen aunque no sean el factor determinante. En resumen, se trata de hacer lo necesario para no caer, sabiendo que sin el huracán de fuerza 5 soplando en la coronilla, el movimiento sería completamente distinto o no existiría.

Maleable por imperiosa necesidad, nuestro Crusoe de la crisis tiende al olvido cuando la tempestad amaina. Es como esos niños traviesos que duermen sin sueños y al día siguiente no recuerdan por qué fueron castigados y apartan de su mente el propósito de enmienda. Lo imprescindible se torna accesorio. Esto es lo que ha ocurrido con el cambio de Gobierno que todo el mundo daba por hecho, incluido él mismo, y que con el sol enmarcado en algo parecido al arco iris ha dejado de ser prioritario.

Robinson reunía a sus tres Viernes en Moncloa para explicarles la penúltima de sus decisiones, que implicaba que ninguno de ellos, vicepresidentes por su gracia, tendría que hacer la mudanza y abandonar la isla. La anterior, justamente la contraria, ya estaba siendo manejada como hipótesis cierta por el PP. Uno de sus dirigentes, muy próximo a Rajoy, revelaba privadamente este martes que habían tenido conocimiento de los trabajos de Rubalcaba en esta dirección: “Ha estado llamando a algunas personas para pedirles opinión sobre el Gobierno y ver cuál era su disponibilidad para formar parte del mismo”.

Las quinielas habían contemplado todas las posibilidades, desde la entrada en el Ejecutivo de viejas glorias del partido, como Javier Solana o Joaquín Almunia, a la incorporación al mismo de la propia Leire Pajín, cuyas relaciones con José Blanco son manifiestamente mejorables. Precisamente, un presidente autonómico socialista, refiriéndose a quién debía ocupar la cartera de Economía en la nueva etapa, citaba al propio Blanco, ya que, en su opinión, este ministerio exige ser ocupado por un político con formación económica o sin ella, que para eso ya existen los asesores. Como se ve, las especulaciones sobre este asunto constituyen un terreno abonado a los más variados disparates.

Conocida ya la aparente intención de Zapatero de no remodelar el Gabinete, una fuente de Moncloa ofrecía argumentos para apoyar este criterio ante una caña de cerveza. “Zapatero no podía llegar al debate del Estado de la Nación (previsto para los días 14 y 15 de julio) con un nuevo Gobierno, porque eso es tanto como reconocer que todo se ha hecho mal”, explicaba. Por lo visto, reconocer la realidad sigue siendo un pecado.

Desde el PP han empezado a contemplar desde otra perspectiva al náufrago de Moncloa. Parten de que las encuestas han certificado que su capacidad para generar confianza es irrecuperable pero se han hecho a la idea de que superará la prueba de los Presupuestos y no se verá obligado a convocar elecciones inmediatamente. “Apuesto porque agota la legislatura o porque no serán antes de noviembre de 2011”, afirmaba el dirigente popular antes citado. La nueva estrategia opositora parece confirmarlo. Han pasado del no, al no sé y, de ahí, al sí pero. Como apuntaba Rajoy este viernes, ahora están por los pactos de Estado, como el que ya han empezado a negociar sobre el modelo energético. ¿Renunciará el cimbreante Zapatero a su fe antinuclear? Como siga el viento pueden contar con ello.

Junio ha sido un mes clave en la historia del presidente. Tras contemplarse al borde del precipicio, la aprobación del fondo de rescate europeo le llevó al tijeretazo, luego examinado con lupa por parte de Europa, y de ahí a la reforma laboral, en medio de nuevas tensiones sobre la deuda soberana española. Superados en gran medida estos hitos, le queda por coronar la reestructuración financiera y entrar a lo largo de julio en la harina de las pensiones. Manchados de blanco, los que puedan se jubilarán a los 67.  Lástima de convicciones y de circunstancias.

La reforma laboral, endurecida en su trámite parlamentario, puede transformarse en ley antes de agosto, lo que convierte la huelga general de finales de septiembre en un enojoso trámite. “Vamos a intentar retrasarlo todo lo que podamos que no será mucho”, me reconocía Gaspar de Llamazares en los pasillos del Congreso. Sólo la izquierda votó en contra del decreto, aunque Esquerra lo hiciera muy a su pesar. “Nos lo tomamos en serio y fuimos al Ministerio con nuestras propuestas. Las acogieron bien pero no prometieron nada. No tenemos suerte. Da igual que vayamos de responsables o de frikis”, se lamentaba Joan Tardà, diputado de ERC.

En medio de la vorágine y a la búsqueda de un barco aunque fuera pirata, el náufrago ha tenido tiempo para confesarse a Pedro J. Ramírez, quien se ha visto obligado a dar explicaciones dentro de la caverna acerca de esas charlas de café, una “interlocución crítica” mantenida desde “la cordialidad y el aprecio personal”, algo parecido a lo que le llevó al balcón de Carabaña con Aznar y Rato. La gran aportación de las mismas ha sido la revelación de que los líderes europeos se referían al acoso de los mercados como Pearl Harbor. Una victoria más del periodismo de investigación.

Hay que pensar que ha sido un órdago y no un farol, porque de lo contrario podría salirnos el tiro por la culata. Con el país cuestionado por rumores acerca de su solvencia entre enormes presiones sobre la deuda pública, y con la banca nacional asfixiada por el cierre del crédito internacional, Zapatero llegó este jueves a Bruselas dispuesto a enseñarlo todo, a lo Full Monty, y obligó a toda la UE a acompañarle en un desnudo integral del sistema financiero que hará las delicias de tanto especulador voyeur que hay por el mundo. Algunas de nuestras entidades son feas y tienen mal tipo, pero lo que hay en el resto de Europa no son top models precisamente. El streeptease está previsto para mediados de julio y se verá entonces quién necesita realmente cirugía estética.

La cumbre de despedida de la mustia presidencia española de la UE permitió a Zapatero apuntarse varios tantos. Además del ya citado deshabillé bancario, consiguió el respaldo a su reforma laboral, lo que no ha tardado en tener efectos políticos internos. Bastó que la canciller alemana Angela Merkel pronunciara las palabras mágicas -“hemos apoyado todas las medidas y considerado que son muy importantes, incluidas las que han sido tomadas en el mercado de trabajo”- para que el nuevo Partido de los Trabajadores, antes PP, avanzara su abstención en la tramitación como proyecto de ley del decreto aprobado el miércoles. Y finalmente, gracias al impulso franco-alemán, se acordó por unanimidad defender en el G-20 una tasa a la banca, eso sí, sin precisar cuándo ni cuánto. Atribúyasele el mérito en su alicuota parte.

Volviendo a la banca, había sido el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el primero en anunciar que se harían públicos los llamados “test de estrés” de las entidades, unas pruebas de solvencia en situaciones extremas en las que se estiman los deterioros y se establecen las necesidades de capital a las que hubiera lugar. Es la estrategia del entre, compare y se encuentra alguien mejor a quien prestar, hágalo. No quedaba otro remedio, porque desde el mes de abril se había constatado que el mercado interbancario había vuelto la espalda a las entidades españoles, incluyendo a los dos grandes bancos, que han sido los que han presionado para que se den a conocer el resultado de estos exámenes.

Y aquí las vergüenzas son considerables, por mucho que llevemos años presumiendo de manera insensata de la fortaleza de nuestro sistema financiero

Sólo por la incertidumbre de no poder atender a futuras obligaciones de pago cabe interpretar la guerra por el pasivo desatada por el Santander con remuneraciones del 4% para depósitos de más de 25.000 euros, por mucho que Don Emilio niegue tensiones de liquidez y lo explique como una simple operación para captar clientes. “Yo no digo que el Santander no tenga liquidez -explicaba privadamente esta semana el primer ejecutivo de una importante caja de ahorros-. Pero sí que tenía importantes vencimientos a corto plazo y ha tomado precauciones por si no podía renovar la financiación”.

Por lo que se ha sabido, el Santander es el primero de la clase y el BBVA se encuentra también entre los mejores de Europa, pero ni las cajas de ahorro, en plena reestructuración, ni la banca mediana están para tirar cohetes. Botín, como decía ayer, está “muy contento” y le ha gustado “muchísimo” ser el primero en solvencia, pero hay entidades que han empezado a sentir un sudor frío por la espalda al saber que han de mostrar sus arrugas. Lo que se consigue, al menos es que sea toda la banca europea la que enseñe unas vergüenzas que, a tenor de las estimaciones del FMI, pueden representar unos 350.000 millones de euros en pérdidas latentes no reconocidas.

Y aquí las vergüenzas son considerables, por mucho que llevemos años presumiendo de manera insensata de la fortaleza de nuestro sistema financiero. Las cajas, por ejemplo, tienen más ladrillo en sus balances que las 10 mayores inmobiliarias del país juntas. Con el estallido de la burbuja, lo prudente hubiera sido rebajar los precios de manera fulminante, pero eso es casi como mentar a la bicha, porque sacar estos activos al mercado por debajo de su valor contable implica minusvalías en la cuenta de resultados y no hay banco o caja que se atreva a dar el paso en solitario. Así que todo el mundo espera a que se cumplen los plazos dados por el Banco de España, que ha obligado a provisionarlos al 100% antes de dos años, confiando no ya en una recuperación milagrosa del mercado sino en el consuelo del mal de muchos.

Por otra parte, la reestructuración de las cajas que está a punto de concluir ha resultado un ejercicio tan alocado que ya se da por seguro en el sector que a no tardar mucho será necesaria una segunda fase. “Tenemos claro que habrá una segunda vuelta dentro de seis meses o de dos años a más tardar. Entre tanto podemos tener recaídas y algún que otro susto”, confesaba el directivo antes citado. Lo cual, sólo puede significar que el acceso al crédito seguirá siendo un quebradero de cabeza para empresas y familias durante un largo período.

Se ha echado en falta una hoja de ruta clara por parte del Banco de España, que sólo al final dio un golpe en la mesa en la intervención de Cajasur, por la que ahora pujan las dos grandes cajas andaluzas, Unicaja y Cajasol. Esta última entidad, con una situación envidiable en el sector, es la muestra de la anarquía y de las presiones que han presidido el proceso de concentraciones. Intentó liderar una fusión con las dos cajas extremeñas, pero se vio obligada a buscar un cuarto socio por imperativo de la Junta de Extremadura para que su irrupción no pareciera una colonización. Se recurrió a Caja Guadalajara pero, entre tanto, los gestores extremeños dinamitaron la operación. Más tarde lo intentó con Caja Rioja, Insular y Laietana y cuando la unión estaba a punto de concretarse apareció Rato el de Hamelín tocando la flauta. Finalmente, fue Cajasol la que rechazó sumarse al conglomerado liderado por Caja Madrid. Soltera y sin compromiso, la Junta de Griñán confía en que construya con Unicaja la gran caja andaluza.

El Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) cerró el día 15 la ventanilla para la presentación de proyectos de nuevas alianzas. Se estima que habrá repartido 11.000 millones de euros en préstamos al 7,75%. Está por ver que la fórmula sea eficaz. En Irlanda, cuyos males eran muy similares a los nuestros -una especulación salvaje que casi triplicó por tres el número de casas vacías en seis años y un endeudamiento familiar que es del 180% del PIB-, se ha optado por crear un agencia nacional de gestión de activos, a las que los bancos transfieren su basura inmobiliaria con descuentos que han llegado hasta el 60% de su valor en libros. A esta primera fase le sigue otra de recapitalización privada -y pública si fuera necesario- con la obligación de que cada una de las entidades beneficiarias aseguren una cantidad de préstamos a las pequeñas y medianas empresas de 3.000 millones de euros al año, que es justamente lo que aquí se echa en falta.

Aunque se presenta al revés, lo cierto es que las dudas sobre la solvencia de la banca española es la que están provocando la desconfianza en nuestra deuda pública. Irónicamente, lo que tenemos que pagar de más por las nuevas emisiones acaba en gran medida en la hucha de los bancos nacionales, que han pasado de acumular títulos por importe de 80.000 millones en 2007 a los cerca de 150.000 millones actuales. Dado que la deuda pública sirve como aval para obtener liquidez en el BCE, el negocio es suculento y, por el momento, seguro: se consigue dinero al 1% y se compran letras y bonos que reportan el triple de interés.

El análisis de cómo se ha combatido en estos dos últimos años una crisis originada en las cloacas del sistema financiero es revelador. Se iba a acabar con los paraísos fiscales, se impondrían tasas a las transacciones financieras y un impuesto a los bancos, a cuyos directivos se les limitaría el salario, y hasta las agencias de calificación se enterarían de lo que vale un peine. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Recortar el sueldo a los funcionarios, congelar las pensiones, eliminar subsidios al desempleo, atrasar la edad de jubilación y, en general, preparar la demolición controlada del Estado del Bienestar.

Entre tanto, la urgente e inaplazable reestructuración bancaria sigue su curso y, como se ha dicho, puede que se cierre en falso. Esta semana se ha conseguido en Bruselas que toda Europa levante la falda a sus bancos para que enseñen las piernas. Si algunos las tienen mucho más feas que los nuestros habremos ganado una prórroga. Menos es nada.

A diferencia de lo que ocurre con Aznar y Rajoy, que si no es con motivo de algún aniversario del estadista es por alguno de los saraos de FAES, González y Zapatero no se dejan ver en público, y hace tiempo que perdieron la costumbre de hacerlo en privado. Antes de que les uniera este jueves Pablo Iglesias en la conmemoración del centenario de su presencia en las Cortes, sólo se recuerda un antecedente, hace exactamente ocho años, en la presentación de un libro del periodista Gonzalo López Alba. Zapatero era entonces líder de la oposición y se estaba fumigando a la vieja guardia socialista. González vino a decirle que, dos años después de su elección como secretario general del PSOE, estaba por ver que su proyecto tuviera contenido. Y que relevar por criterios biológicos, mayormente a sus amigos, sólo podía ser el argumento de quien no tenía ideas. Tal fue el alboroto, que Trinidad Jiménez llamó al ex presidente: “Felipe, te has pasado”.

Se hace difícil entender cómo en esos ocho años no ha habido otra excusa para reunirles bajo los focos, por lo que cabe deducir que ambos han evitado la coincidencia. El acto del jueves ha de interpretarse por tanto como una necesidad, como la demostración de que el partido afronta unido sus horas más bajas. No ha sido una buena idea porque la gente tiende a comparar, y tras escuchar a uno y a otro y observar de cerca la estatura política de ambos, ha quedado meridianamente claro, si es que no lo estaba ya, que González es un gigante y Zapatero un enano. Para los dirigentes socialistas allí reunidos, esa comparación sólo podía provocar añoranza.

Utilizando las palabras de González, es verdad que “estamos mal”, que las dificultades “no son desdeñables” y que tenemos “cifras jodidas”. Pero también lo es que “las de Gran Bretaña son comparables a peor”, que, pese a la crisis, “tenemos un PIB un poquito por encima de Italia” y que “otros países están peor y no se autoflagelan”. El principal problema que tenemos no es la crisis sino el liderazgo, un activo que ha huido del Gobierno como alma que lleva el diablo y que, en vez de refugiarse en la oposición, ha pasado de largo como un taxi en un día de lluvia.

De tanto tirar piedras contra nuestro tejado, un vaso de agua nos provoca goteras. Este mismo viernes, nuestros viejos incondicionales del Financial Times, en su edición alemana, anunciaban que la Unión Europea se preparaba para la quiebra de España sin citar fuente alguna, un bulo rápidamente desmentido por Bruselas y el Gobierno, pero muy dañino en un momento de presión sobre la prima de riesgo de la deuda pública. ¿Que qué hizo el PP? Guardar silencio y frotarse las manos.

Algunas actitudes de este partido han sido imperdonables. Observen si no este popurrí de declaraciones. 1 de febrero: Aznar afirma que “la credibilidad de la economía española ha quedado pulverizada”; 8 de febrero: según Montoro, “a España se le ha cortado el grifo del gasto (…) porque no nos dan crédito en el resto del mundo”; 9 de febrero: Rajoy echa gasolina diciendo que “los problemas de España son más graves para Europa que los de Grecia” y llega Sáenz de Santamaría con la cerilla: “España presenta el peor cuadro económico de los países desarrollados”; 5 de mayo: Rajoy vuelve a la carga: “No podemos seguir así. Estamos en una situación crítica”. Una cosa es desgastar al Gobierno y otra pegarnos un tiro en el pie

El Gobierno es el principal responsable de la situación actual, pero el PP tampoco puede eludir la suya, especialmente cuando el giro de Zapatero ha sido copernicano, y su recién estrenado catálogo de medidas “duras y difíciles”, desde el decretazo con el que se labró la enemistad de funcionarios, pensionistas y dependientes, hasta la reforma laboral que llevará al Parlamento y provocará una huelga general parecen extraídas de los manuales de la calle Génova.

Alguna lección parece haber aprendido, ya que del rechazo al recorte del déficit, con el que pretendían forzar una convocatoria anticipada de elecciones absolutamente inconveniente para los intereses nacionales, han pasado a ofrecerse a pactar la reforma laboral. En el disparate diario que vivimos, el PSOE actúa como el PP mientras los populares se presentan como el refugio de los progresistas y los trabajadores.

Nada ya es lo parece. Zapatero, por ejemplo, ha dejado de ser un optimista antropológico y ha empezado a comportarse como un político amortizado, decidido a inmolarse ante su propio electorado después de convencerse de que podía pasar a la historia como el presidente que condujo al país a la ruina. No es que esté deprimido; es que ha asumido el papel al que le ha conducido la fatalidad.

Sólo alguien empequeñecido y abrumado es capaz de dar a conocer con orgullo y sin rubor el SMS que González le envió al día siguiente de sacar adelante el decretazo en el Congreso, del que dijo que era su mensaje más cariñoso desde que se conocen. Decía así: “Hoy más que nunca tienes todo mi apoyo. Gobernar es esto: tomar decisiones difíciles y duras”. ¿A qué se ha dedicado entonces estos seis años que lleva en Moncloa? Y lo que es peor: ¿qué entiende este hombre por cariño?

La crisis nos desazona tanto como quienes pretenden sacarnos de ella. No terminamos de estar curados de espanto. Es ver a Zapatero y a Rajoy y hacernos la pregunta del millón: ¿de verdad que no hay alguien más ahí?

Los políticos han establecido dos grandes axiomas en relación con la crisis. Uno es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y que por eso ahora pagamos las consecuencias; el segundo es que ya nada volverá a ser como antes, como si cualquier tiempo pasado tuviera forzosamente que ser mejor. Es decir, somos culpables por querer vivir en un piso de 80 metros cuadrados y tendremos que resignarnos a perderlo si fuera necesario. Nada dicen de sus propias responsabilidades en un país que, si ha sido víctima de algo, es de su megalomanía y de su corrupción. ¿Por qué aquí se ha construido sin freno? Pues porque cada ladrillo enriquecía al concejal o al tesorero del partido. Esa es la explicación de nuestro modelo productivo.

Viene esto a cuento de la suspensión de pagos del aeropuerto de Ciudad Real, que para ser privado ya nos ha costado un dineral en ayudas públicas y lo seguirá haciendo en el futuro si se lo queda la Junta de Castilla-La Mancha. Tenemos 48 aeropuertos de los que sólo nueve ganan dinero. Hay pueblos que pueden elegir entre ochos de ellos en un radio de 150 kilómetros. ¿Es necesario salir volando de Logroño, Albacete, Burgos o Jaén? ¿Está justificado ampliar el de León, por mucho que el presidente quiera ser profeta en su tierra?

Como se quería batir el récord de kilómetros de alta velocidad y de autovías, no hay núcleo de 100 habitantes que no exija su salida de la autopista, ni alcalde que no proyectara un museo diseñado por Moneo o Foster, que por dinero no iba a ser. Se han levantado estaciones de AVE, como la de Yebes en Guadalajara, que utilizan no más de 20 personas, pero había que dar de comer caviar a los constructores. Los polideportivos de algunos municipios tienen más aforo que habitantes, e igual ocurre con sus plazas de toros, no vaya a ser que José Tomás haga una gracia y se queden pequeñas. Por las radiales de Madrid en hora punta podría disputarse un gran premio de Formula 1 y ha habido que prestar dinero a sus concesionarias para que no quiebren.

Insiste el PP en que se dilapida, cuando fue su ministro de Fomento el que diseñó la unión de todas las capitales por alta velocidad. Todos han disparado con pólvora del rey. ¿Han de pedir perdón los que querían una habitación más para que los niños no durmieran juntos?

La propaganda de Israel tiende a ser macabra. Antes de que los seis barcos con ayuda humanitaria para Gaza levara anclas, el Gobierno hebreo difundía imágenes de mercados de la franja atestados de dulces y pasteles, y hasta recomendaba a la prensa que iba a desplazarse a la zona para informar sobre los rigores del bloqueo el filete de ternera y la crema de espinacas de un restaurante palestino. Ayer, tras asaltar a sangre y fuego las embarcaciones y asesinar a 19 civiles armados con banderas blancas, el Ejército israelí explicaba que no había atacado a la flotilla sino que se había limitado a cumplir la orden de impedir su entrada en el enclave. ¿Y los muertos? Legítima defensa.

Según esa misma propaganda, todo aquel que denuncia los crímenes de este Estado y la constante desproporción con la que utiliza la fuerza odia a los judíos. Es antisemita, por ejemplo, afirmar que Israel ha hecho de Gaza una gigantesca cárcel para 1,5 millones de personas, que en un 80% sobreviven gracias a la ayuda internacional, y que si hay pasteles es porque su única industria floreciente es el contrabando que llega de los túneles excavados desde Egipto. Como lo es, mantener que el muro de 700 kilómetros que consagra el apartheid es una indignidad, o que la actitud de Tel Aviv es la que más empuja a los jóvenes palestinos a las mezquitas y a los campos de terroristas.

Somos antisemitas, en definitiva, quienes defendemos la existencia de Israel, pero creemos que la paz no puede construirse si no se acepta antes el regreso a las fronteras de 1967 y se pone fin a la insensata política de asentamientos en los territorios ocupados. O los que entendemos que la mejor forma de acabar con Hamás son los votos y nos las balas.

La comunidad internacional ha reaccionado muy airada ante esta nueva masacre. Es la misma que protege con fragatas a los pesqueros del Índico, pero que consiente que unos piratas uniformados ataquen en aguas internacionales a barcos desarmados, cargados con sillas de ruedas, casas prefabricadas y cemento. No pasará nada. Israel seguirá con un bloqueo surrealista que impide que lleguen a Gaza desde frutos secos a bolígrafos. Hay terroristas que con un lápiz y un cuaderno son capaces de fabricar un misil de largo alcance. Se sospecha que McGyver es palestino.

El Gobierno ha querido ser justo y repartir los sacrificios de la crisis para que, además de los de siempre, también los ricos pasen por caja y se paguen unas rondas. El asunto no era tan sencillo como parecía, ya que, a tenor de las continuas evasivas para definir el concepto de riqueza, nos habíamos hecho a la idea de que los opulentos tenían el don de hacer la estatua, y esa inmovilidad esculpida en mármol de Carrara les permitía pasar desapercibidos. Ayer sin ir más lejos le preguntaron a Elena Salgado sobre el particular: “¿Puede explicar cuáles son las rentas altas?”, se le inquirió. “Evidentemente, no”, contestó. He ahí la prueba del desconcierto.

En las épocas de hambruna bastaba ver a un tipo que llenaba el traje para concluir que iba sobrado, pero desde que todo el mundo compra en el Carrefour y se atraca de pistachos, las cosas se habían complicado extraordinariamente. ¿Cuál debía ser el criterio para determinar si estamos frente al potentado que ha de rascarse el bolsillo o ante la clase media del adosado y el jardín con arizónicas que no deja de retratarse en Hacienda? La solución al enigma llegaba también ayer aunque sin excesivas precisiones: aquellos que, entre rentas y patrimonio, superen sustancialmente el millón de euros serán los sujetos del nuevo impuesto anticrisis. Los ricos, por tanto, son los millonarios, valga la obviedad.

Confesaba esta semana una destacada figura del PSOE que el cuerpo siempre le había pedido entrar a saco en las Sicav de las grandes fortunas hasta que se lo explicaron. ¿Que qué le explicaron? Pues que podía haber fuga de capitales, lo que venía a establecer la gran diferencia entre un capitalista y un funcionario: al segundo se le puede bajar el sueldo sin que se fugue. Finalmente, entre la hipotética amenaza de que los ricos tomen las de Villadiego y la evidencia de que quienes estaban huyendo del Gobierno, y a todo prisa, eran sus electores, Zapatero se ha decantado por palpar los bolsillos de los más adinerados y exigirles la calderilla. Menos es nada.

Tan alto se ha situado el listón que el campo de la clase media se ha ensanchado de manera exagerada. Ya sabemos lo que une a un mileurista y a un ejecutivo que se levanta medio millón al año: que no son ricos. Puede ser el principio de una gran amistad.

Desde luego es muy posible que Gordon Brown pierda las elecciones del próximo 6 de mayo y que, incluso, quede por debajo de los liberales de Nick Clegg, aunque no será desde luego por la manera despectiva con la que el premier trata a las viudas laboristas que le preguntan por la inmigración, por muy lamentable que haya sido su comportamiento con la buena de Gillian Duffy. Puede que el “pecador arrepentido” que es Brown tenga un problema de iracundia, algo que, en cualquier caso, es una nimiedad en comparación con el que padece el laborismo británico y, en general, la socialdemocracia europea.

Hace algo menos de una década había 13 gobiernos socialistas en Europa. Este mes quedaban cinco hasta que Hungría mandó al abismo al MSZP de otro Gordon, Bajnai. Se mantienen, por tanto, cuatro: los de España, Portugal, Grecia y Reino Unido. En mayo, según parece, tan sólo serán tres. ¿Es normal que en medio de una crisis económica como la actual, que sacudido los pilares mismos del capitalismo, la izquierda sea incapaz de construir una alternativa que merezca el apoyo de la ciudadanía? A la vista está.

¿Razones? Una y fundamental es que la izquierda europea no ha creído en su modelo ni cuando gobernaba, y ello explica que de su seno no haya salido ni una sola propuesta novedosa para combatir la crisis, ni mucho menos un discurso económico distinto al comúnmente aceptado. No es una crítica nueva. Algo muy similar a esto lo advertía el ex presidente portugués Antonio Guterres en el llamado Foro Mundial Progresista allá por el 2003: “Éramos ingenuos, estábamos en el gobierno pero no teníamos el poder debido al dominio intelectual neoliberal (…) En realidad nunca decidimos juntos los que debían hacer el FMI y el Banco Mundial y cómo se podían cambiar (…) Creíamos que, como estábamos en el Gobierno, no era necesario cambiar las normas y el sistema de gobernanza. Creíamos que éramos el sistema de gobernanza, pero no era así”.

Eso mismo ha conducido a un peligroso mimetismo entre izquierda y derecha. No basta con decir que algo es de izquierdas para que lo sea, como pensaba Zapatero cuando bajaba alegremente los impuestos. Es preciso establecer diferencias claras porque, a falta de opciones distintas, la gente suele decantarse por el original antes que por la copia.

Salvo en Cataluña, donde los políticos y la prensa se lo toman como algo personal, el Estatut ha dejado de ser noticia, o mejor dicho, ha dejado de ser una noticia dramática. Se trata de una actitud muy humana porque cuatro años es demasiado tiempo para cualquier cosa, incluso para esperar a que unos dignísimos señores tengan a bien ponerse de acuerdo para emitir un veredicto. El Estatut importaba mucho a los partidos y poco a los catalanes, que no se dieron de codazos para ir a votarlo y que, en líneas generales, conservan inalterable parte de una indiferencia que se ha instalado confortablemente en el resto del país.

En estos cuatro años los magistrados del Constitucional se han labrado un merecidísimo desprestigio, pero su demora ha abierto la puerta a un relativismo muy beneficioso. La interminable espera ha permitido comprobar que el león no era tan fiero como lo pintaban y que los augurios sobre la ruptura de España eran como las profecías sobre el fin del mundo, una tabarra persistente que deben de inventarse las editoriales para vender libros de Nostradamus.

El tiempo ha mermado igualmente el ímpetu de los abanderados del Estatut, que se han visto obligados a modificar sus estrategias, conscientes de que la movilización constante es un ejercicio agotador. Así, de la prometida respuesta contundente y unitaria de Cataluña a un supuesto fallo adverso, que se concretó a finales de 2009 en editoriales conjuntos y manifiestos de apoyos de la sociedad civil, se ha pasado a la exigencia de renovar el Tribunal, un consenso del que se ha descolgado CiU, que dice querer más para no llegar a nada, impecable táctica con la que trata de no cerrarse ninguna puerta tras las elecciones, especialmente la del PP. Este jueves en Barcelona se lo pregunté a Montilla, cuya fe es tan inquebrantable que ahora anda trabajándose a Rajoy para la causa:

-¿Renovamos el Constitucional, president?

-Es algo que no sólo depende de nosotros.

Dirán que la estrategia tampoco es nueva y llevan razón. A finales de marzo, PSOE y PP tumbaron en el Congreso una moción para que los miembros del Tribunal que hubieran consumido su mandato sólo pudieran permanecer en funciones un máximo de 90 días y no dos años como ahora. ¿Que por qué vuelve la burra al trigo? Pues porque, aun sin sentencia, lo conocido de la última ponencia ha revelado que, incluso en el supuesto más favorable, el texto sufrirá recortes y hay que demostrar que no se baja la guardia para poder concurrir a las elecciones como los guardianes de las esencias.

La sentencia no desencadenará suicidios colectivos en las Ramblas

Ocurre que, de la misma manera que estos cuatro años han demostrado que se puede seguir viajando a Cataluña sin que nadie te pida el pasaporte, es posible afirmar que las tachaduras o matizaciones que algún lustro de éstos pudiera hacer el Constitucional no desencadenarán suicidios colectivos en las Ramblas. En definitiva, que si determina que Cataluña no es una nación y se reinterpreta la referencia del Estatut a los símbolos nacionales, ello no restará poder a la Generalitat, ni recortará la financiación, ni afectará a la vida diaria de los catalanes o de sus instituciones. El ruido está asegurado pero, sea cual sea el desenlace, la víctima no será España o Cataluña sino el propio Tribunal Constitucional como institución.

Este tribunal se quiere poco a sí mismo aunque son los principales partidos políticos, los que dejaron de manifestarle aprecio alguno hace ya bastante tiempo. Un órgano concebido como árbitro e intérprete máximo de la Constitución no puede ser groseramente asaltado por el sectarismo ni convertirse en el escenario improvisado de la trifulca política. Que Montilla afirmara este viernes que los magistrados del Constitucional elegidos a propuesta del PP son “más obedientes” al partido que les propuso que los del PSOE es insultante, pero no por el sentido de sus palabras, sino por su realismo.

El sistema necesita de reguladores independientes del poder político para garantizar que su funcionamiento sea el adecuado. Lo contrario es hacernos trampas en el solitario. Algo grave nos ocurre para que fórmulas que funcionan en otras democracias y fomentan la independencia, como es establecer mandatos prolongados para sus miembros y hacer imposible su reelección, no consigan aquí los mismos efectos.

Existe tal enquistamiento que ni siquiera renovando a los magistrados del Tribunal que han concluido su mandato mejoraría la situación. ¿Qué constitucionalista de prestigio que pudiera optar al cargo no ha emitido ya en estos cuatro años su veredicto sobre el Estatut? ¿Cuánto tiempo tardaría alguna de las partes en litigio en recusarle por entenderle contaminado para dirimir la cuestión?

Estamos condenados, por tanto, a que sea éste Tribunal con su actual composición el que dicte sentencia aunque no sepamos cuándo. Y a que su legitimidad sea cuestionada desde el primer momento, y no sin razón. El Constitucional debía haber proporcionado soluciones y se ha convertido en el problema. Así de sencillo.

Si hay algo de positivo en las bufonadas con las que el Tribunal Constitucional está amenizando su interminable debate sobre el Estatut de Cataluña es el haber demostrado que cuando se pervierte el funcionamiento de los reguladores del Estado y se extiende hasta sus tuétanos el control que sobre ellos ejercen los partidos políticos el resultado no puede ser otro que el desprestigio de las instituciones, de los propios partidos y de la democracia misma. Cualquiera que a estas alturas sea su fallo sobre el Estatut, si es que éste llega algún día, estará viciado de origen.

No se trata de demonizar la política sino de reducirla a sus justos términos, amplísimos por otra parte. Lo que debería ser un organismo indiscutido, un intérprete de la Constitución fiable y solvente, no puede convertirse en el campo de batalla de los partidos o en una prolongación por otros medios de las trifulcas parlamentarias. Si a ello se le añade el ombliguismo de unos magistrados, cuya pasión por los focos les conduce a eternizarse en el centro del escenario, no cabe esperar otra cosa que un ripioso estrambote.

Más allá de las inconcebibles prórrogas de mandatos de varios de sus miembros, el Constitucional está muerto en su conjunto, y lo aconsejable sería darle, cuanto antes si fuera posible, un entierro digno. El problema es que no es posible, y ello por dos razones: la primera, porque al PP no le da la gana y al PSOE, tampoco; y la segunda, y fundamental, porque cuatro años después de que se levantara el telón de esta comedia, no queda constitucionalista de prestigio que no haya hecho su particular fallo sobre el Estatut. Es decir, que cualquiera de los sustitutos de los muertos vivientes del Constitucional estaría contaminado a priori, y sería recusable por cualquiera de las partes en litigio. Y vuelta a empezar.

Paradójicamente, la democracia no terminará de asentarse si antes no se establecen claramente los cauces de su regeneración. Precisamos de instituciones que interpreten las leyes con criterios técnicos, dirigidas por figuras independientes, que no es lo mismo que apolíticas. Y si los mandatos prolongados o la ineligibilidad no dan resultados, habrá que pensar otras fórmulas. Y si nada funciona, mejor suprimirlas. Nos ahorraríamos algún bochorno y un pico en sueldos.