Reggio’s

Se ignora si el hermano de Pasqual Maragall, Ernest, es un hombre muy sincero o un kamikaze; de entrada hay que reconocerle una excelente puntería para pegar tiros en el pie al gobierno del que es conseller de Educación. El hermanísimo se ha soltado la melena y ha pronosticado que el Tripartito tiene los días contados porque Cataluña está “fatigada” y no aceptará “nuevos experimentos ni artefactos inestables”. Lo normal hubiese sido que Montilla le mandara a Delfos a perfeccionar sus dotes de adivinación, pero el president, que es prudente, sobre todo si no lo lleva escrito, se ha limitado a tirarle de las orejas como a un niño travieso.

Más que un profeta, Ernest Maragall está al corriente de las encuestas que manejan los socialistas sobre las elecciones de otoño, en las que se vaticina que el PSC puede dejar la Generalitat pese a aumentar su representación en el Parlament. Según estos sondeos, Ciutadans desaparecería del mapa y engordaría al PP, CiU ganaría algún escaño y el PSC avanzaría, posiblemente a costa de Esquerra, a la que se augura un fuerte retroceso. Se descarta que el partido de Rosa Díez asome la cabeza, a diferencia de lo que ocurriría en Madrid, donde los cálculos de Ferraz estiman que podría obtener no menos de seis diputados y hacer perder a Esperanza Aguirre la mayoría absoluta. Por Laporta no se preguntaba.

Con ese panorama, entre los socialistas existe el convencimiento de que sólo seguirán en el poder si el tripartito suma los votos suficientes, algo que en estos momentos nadie da por seguro; en caso contrario, sería CiU la que gobernaría en solitario con el apoyo externo del PP. Se descarta de esta forma tanto el pacto con los populares al estilo del País Vasco como la sociovergencia con CiU.

En Cataluña se juega al ajedrez y cada movimiento se escruta al microscopio. Para los socialistas, por ejemplo, las recientes apelaciones de CiU al pacto de Estado contra la crisis han de contemplarse en clave electoral: los convergentes tratarían de volver a la centralidad, lo que demostraría que sus expectativas de crecimiento desde el radicalismo nacionalista son limitadas. Por su parte, el PSC ha de marcar distancias del Tripartito, aun sabiendo que es su única posibilidad. En medio de la partida ha llegado el hermano de Pasqual y ha dado una patada al tablero. Lo de su tacto es de familia.

Se ha hecho esperar pero, finalmente, el debate sobre la inmigración ha irrumpido en plena crisis a cuenta de la decisión del Ayuntamiento de Vic de exigir a los foráneos los mismos requisitos para el empadronamiento en el municipio que para la entrada en el país. Se trata de una forma elegante de dar a los extranjeros indocumentados con la puerta en las narices, ya que la inclusión en el censo es clave no sólo para conseguir ulteriormente el permiso de residencia o de trabajo sino también para acceder a la sanidad, la educación y otros servicios sociales. En Vic hay muchos inmigrantes –un cuarto de la población es extranjera- y un partido de ultraderecha que amenaza con mandar a la oposición a la coalición gobernante de CiU, PSC y Esquerra. Para evitarlo, el insólito tripartito se ha aprestado a copiar sus métodos para enseñar al tal Anglada, que así se llama su rival, que de xenofobia saben lo suficiente como para no admitir lecciones.

Como es bien conocido, este país no es racista ni xenófobo y se conmueve mucho con las hambrunas de Etiopía y con las desgracias de esos negros de Haití a los que se les ha caído la chabola encima, sencillamente, se les ha tragado la tierra. De hecho, hasta nos parece bien que alguno haya venido a cuidarnos a la abuela por un sueldo módico, que no estamos para dispendios, siempre y cuando cotice a la Seguridad Social, no nos colapse las Urgencias y no se quede para su hijo las becas comedor del nuestro, que habrá nacido aquí pero por su cara bien podría haberlo hecho en Quito. Los de fuera nos caen bien si son pocos y no nos ponen la radio a lo que da con la última de Carlos Vives.

Es cierto que hemos asistido a un vertiginoso crecimiento de la inmigración, hasta el punto de que la tasa de crecimiento de la población desde el año 2000 es la más alta de nuestra historia, superior incluso al período de posguerra y al baby boom. De los 923.000 extranjeros al inicio de la década hemos pasado a los 5,2 millones recogidos en el censo de de 2008, lo que representa un 11,3% de la población total. La avalancha ha pillado a muchos desprevenidos, incapaces de asimilar que los bárbaros nos han invadido sin que la Legión haya movilizado a su cabra para impedirlo.

No somos xenófobos pero sí muy olvidadizos, y por eso se nos tiene que recordar casi a diario que la inmigración ha tenido efectos muy positivos, hasta el punto de que se le atribuye un tercio del crecimiento de los últimos diez años de bonanza. Pero no sólo eso. Los inmigrantes permitieron elevar la tasa de actividad de las mujeres, que se lanzaron al mercado laboral al poder delegar la realización de las tareas domésticas y el cuidado de niños y ancianos, y, en contra de la percepción general, se convirtieron en contribuyentes netos al Estado del Bienestar, ya que sus aportaciones fueron mayores que los recursos que consumieron.

Aún así, la crisis y la enorme tasa de paro ha avivado la percepción entre los españoles de que la inmigración es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el país, y ello a pesar de que sigue sin producirse competencia entre nativos y foráneos por los puestos de trabajo disponibles. Lo sostiene un estudio de Adecco y el IESE, que viene a confirmar que la recesión se ha cebado con los extranjeros, que han ocupado uno de cada siete empleos creados pero han perdido uno de cada cinco de los destruidos.

Será la crisis, finalmente, la que congelará de forma drástica la llegada de inmigrantes. Según la Proyección de la Población de España a corto plazo, 2009-2019, el flujo  migratorio se reducirá en los próximos años, y pasará del máximo histórico de 958.000 inmigrantes, registrado en el 2007, a los 345.000 del 2012. Como la cifra de quienes emigran o retornan a sus países de origen se mantendrá en cifras superiores siempre a los 310.000 personas, el resultado es que el saldo migratorio para el periodo 2009-2018 se situará por debajo de los 80.000 emigrantes netos de media al año. Y ello sin contar con las restricciones impuestas por la nueva legislación sobre extranjería.

La receta de Europa

Aquí no somos xenófobos pero ya hemos vivido como el asesinato de una joven a manos de un desequilibrado lanzaba a cientos de vecinos de El Ejido en febrero de 2000 a emprenderla a pedradas y golpes de bate contra cualquier inmigrante que encontraron a su paso. O como la riña entre dos chicas en Alcorcón degeneraba en graves enfrentamientos hace casi tres años. A diferencia nuestra, Europa lleva recibiendo a inmigrantes desde hace 80 años y sucesos como los anteriores son algo más que habituales.

En Francia, la receta fue la asimilación, un proceso que debía conducir a que los inmigrantes acabaran sintiendo el orgullo de ser ciudadanos de la República, pero no se tuvo en cuenta que la pobreza y la marginación despiertan de su sueño a cualquiera. Cuando a finales de 2005 París empezó a arder por los cuatro costados por las revueltas de los banlieus, alguien debía haber repasado la composición de la Asamblea Nacional: ni un solo diputado de origen magrebí o de piel oscura; y un solo musulmán: el representante de Mayotte, en el Índico. De aquellas llamas quedan hoy las brasas: el debate que se vive ahora en torno a la identidad nacional es la manera que Sarkozy ha encontrado para atraerse a los sectores más reaccionarios, aun a costa de alentar el odio al extranjero y criminalizar a los inmigrantes.

Alemania se limitó a aceptar la diferencia, lo que dio lugar a la formación de enormes guetos; Reino Unido hizo bandera de la multiculturalidad, un modelo que demostró su fracaso tras los atentados del 7-J en Londres, cuando se comprobó que los autores eran hijos de inmigrantes aparentemente integrados. El resultado de estos experimentos fracasados fue el impulso de partidos de ultraderecha, desde el Frente Nacional de Le Pen, al Partido Liberal Austriaco de Haider, pasando por el Partido Nacional de Reino Unido, la lista Pym Fortuyn en Holanda, el Partido Popular Danés o el Vlaams Belang, en Bélgica.

En España las coincidencias ya son alarmantes. La primera es la concentración de la población extranjera extracomunitaria, fundamentalmente en Madrid, Barcelona y la costa mediterránea. En una docena de provincias el peso de los recién llegados es muy superior a la media nacional e, incluso, lo duplica. La concentración es mucho mayor en algunos municipios y, dentro de ellos, en determinados barrios. Por poner sólo dos ejemplos, con datos de 2007, en el Raval barcelonés era del 47% y en San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid, del 37,3%. En Vic, como se ha dicho, el 24% de la población es inmigrante.

Tenemos, por tanto, todos los ingredientes para el avance de la ultraderecha: una presencia alta de inmigrantes, una amplia mayoría que juzga su número excesivo, un deterioro de los servicios públicos a consecuencia de más demandantes, un aumento de la delincuencia relacionada con extranjeros y un gravísimo problema de desempleo. A falta de un líder reconocible, la xenofobia es ahora mismo el nexo que une a los grupúsculos y pequeños partidos que componen la extrema derecha española, desde Democracia Nacional a las distintas Falange, España 2000 o pequeñas organizaciones neonazis como los Hammerskin, Volksfront y Blood and Honour, cuyos miembros protagonizan la mayoría de los ataques racistas en España. Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a 15 miembros de Hammerskin a penas de hasta dos años y medio de prisión y ordenó la disolución del grupo al ser su finalidad “incitar a la violencia y al odio contra personas de diferente raza, nacionalidad o ideología” dentro de un plan más ambicioso de subvertir el orden constitucional para instaurar el nacional socialismo en España.

Los inmigrantes no constituyen una realidad que se pueda ocultar bajo la alfombra ni mercantilizarse: no son una simple fuerza laboral de la que uno se deshace cuando las circunstancias económicas  no son favorables. En resumidas cuentas, existen, seguirán existiendo y sólo una integración adecuada habrá de vacunarnos contra estallidos sociales semejantes a los que se han producido en Europa. La integración requiere recursos que eviten que la población local responsabilice a los extranjeros de copar los servicios públicos. Precisa inversiones en educación que mejoren el rendimiento escolar de los inmigrantes. Y exige establecer criterios para su participación electoral, de manera que dejen de ser invisibles para los partidos. ¿Se habrían atrevido en Vic a plantear estas limitaciones al empadronamiento si pudiera votar la cuarta parte de la población que es extranjera? Para que la inmigración no sea un problema hay que actuar como si lo fuera y tener claras las soluciones.

Ya fuera por los dictados de la geopolítica, que obliga a la buena vecindad si uno quiere mantener limpio el patio trasero, por afear la conducta de Aznar, que el único viento que bebía por ese país era el duro de Levante, o porque a Felipe González le gusta bajarse al moro y Mohamed VI le trata como a un pachá, las relaciones con Marruecos experimentaron un giro copernicano desde el retorno del PSOE al poder en 2004. Para que no cupieran dudas, Moratinos advirtió en abril de ese mismo año en una entrevista a Le Figaro de cuáles eran las intenciones del nuevo Gobierno: “Es lamentable que se haya dejado crecer una crisis permanente con Marruecos. Nuestra prioridad va a ser establecer una relación privilegiada. Más que nunca, es necesario que haya una complicidad entre España y Marruecos, entre Francia, España y Marruecos y entre Francia, España, Marruecos y el Magreb”. ¿Y los saharauis? Tendrían que conformarse con que algunos de sus niños nos visitaran en verano para que pudieran contar en los campos de refugiados los misterios del aire acondicionado.

Hasta que esa testaruda de Aminatu Haidar vino a recordar a Zapatero que una cosa son los intereses nacionales y otra muy distinta la idea que de la justicia y la dignidad tiene la opinión pública, todo se había desarrollado según lo previsto. Había habido tensiones, como el viaje del Rey a Ceuta y Melilla o las avalanchas de inmigrantes en las sirgas tridimensionales de la frontera, pero la mano izquierda y la billetera habían sido suficientes para aliviarlas. Con Argelia, Túnez o Mauritania se guardaban las formas, pero la decisión de dar preferencia Marruecos no podía ocultarse. Ni una causa perdida como se entendía que era la del Sáhara Occidental ni algo tan etéreo como las violaciones constantes de los derechos humanos debían poner en riesgo los beneficios de una colaboración provechosa en el control del integrismo, la inmigración o el tráfico de drogas. No íbamos a poner peros a los gendarmes marroquíes, a los que además les vendíamos la porra y el resto de abalorios.

Con buen criterio en este caso, el Gobierno entendió que un Marruecos próspero sólo podía favorecernos. Un especialista en el Magreb como el economista Iñigo Moré tenía el asunto bien estudiado: “Si tu vecino es pobre no puedes enriquecerte comerciando con él (…) El fracaso de un vecino pobre se refleja en la vida cotidiana del país rico por muchas vías: un comercio escaso, migraciones masivas o conflcitos bélicos”, afirmaba en un reportaje de El Periódico de octubre de 2004. El PIB español, que en 1970 cuadruplicaba al marroquí, en 2008 lo multiplicaba casi por 19. Algo tan simple como que Marruecos y Argelia abrieran sus fronteras al comercio recíproco, generaría riqueza suficiente en ambos países para aumentar considerablemente sus importaciones a España y elevar en varias décimas la nuestra.

Responsabilidad como ex potencia colonial

Nada que objetar, por tanto, a la estrategia de favorecer el crecimiento de Marruecos y a facilitar su estatuto avanzado con la UE, por mucho que los productores de tomate hayan montado en cólera. Pero la buena vecindad y el trato comercial privilegiado no tendrían que haber derivado en el abandono de la posición tradicional española respecto al asunto del Sáhara. La responsabilidad como ex potencia colonial aconsejaba, al menos, mantener una postura coincidente con las resoluciones de Naciones Unidas, y no utilizar el contencioso como un apéndice de las relaciones bilaterales, de forma que un día se defiende la autodeterminación y al siguiente se acepta que el Sahara sea la provincia marroquí del sur, en función de si estamos de uñas con Mohamed o a partir un piñón.

La dejación de responsabilidades que supuso el vergonzante abandono de la colonia fue la causa de un conflicto armado de varios años y de la tragedia de todo un pueblo que, en su éxodo hacia los campos de refugiados, conservó como recuerdo el DNI que acreditaba su pasada condición de ciudadanos españoles. A partir de ese momento, Rabat se ocupó de abortar cualquier posibilidad de solución al conflicto, desde el Plan de Arreglo al Plan Baker II, con la connivencia ocasional de Naciones Unidas, uno de cuyos secretarios generales, Javier Pérez de Cuéllar, llegó a ser recompensado con un cargo en ONA, el conglomerado de empresas más importante de Marruecos.

A los saharauis les ampara la legalidad establecida por la propia carta de la ONU, que consagra la autodeterminación para los casos de descolonización, como es el del Sáhara Occidental. Argumentar como hace Marruecos que la renuncia de su soberanía sobre la zona desestabilizaría el regimen con consecuencias imprevisibles desde el punto de vista de la seguridad no deja de ser una excusa de mal pagador. Las perspectivas de futuro tampoco son halagüeñas. Imaginar un Marruecos democrático, un Sáhara independiente y un Magreb unido por lazos económicos y políticos similares a los de la Unión Europea no deja de ser un brindis al abrasador sol del desierto.

Un conflicto olvidado

La huelga de hambre de Aminatu Haidar ha servido para recuperar la memoria sobre un conflicto olvidado y para demostrar que los pretendidos avances en democracia y modernidad del reino alauita son poco más que eslóganes propagandísticos. Si algo ha conseguido la dureza del regimen con la activista ha sido aumentar su descrédito y volver a colocar la cuestión del Sahara en la agenda internacional.

Para que su propuesta de amplia autonomía para la región bajo soberanía marroquí fuera creíble debería de ir acompañada de gestos que demostrasen inequívocamente su voluntad de entendimiento. Torturar y encarcelar a quienes defienden la independencia del Sahara o portan su bandera e impedir el regreso de los refugiados no dice mucho a favor de esas buenas intenciones. ¿Qué mensaje transmite quien, tras mantener cuatro rondas de conversaciones en Austria con el Polisario, detiene a ocho de sus militantes que habían visitado Argel y los campos de Tinduf y les acusa de colaboración con el enemigo?

Haidar ya está en El Aaiún. Pocas horas antes de que Marruecos aceptara su regreso, Moratinos reconocía haber sido informado de su expulsión, por lo que sólo cabe interpretar que, ya sea por omisión o por acción, es cómplice de la arbitrariedad. Del inicial desprecio a la actitud de la saharaui, sólo la presión de la opinión pública permitió al Gobierno ser consciente del embrollo en el que se había metido. Intentó todo, desde ofrecer a Haidar el estatus de refugiado o la nacionalidad hasta colarla en Marruecos por la puerta de servicio. Finalmente, a regañadientes, pidió la ayuda de Francia y Estados Unidos, cuya mediación ha sido imprescindible para resolver el caso.

Tenemos un vecino que no nos considera interlocutor suficiente, pese a que le doramos la píldora y le colmamos de atenciones. No es casualidad que bajo la presidencia española de la UE vaya a celebrarse la primera cumbre UE-Marruecos. Sin embargo, nada parece bastante. En lo único que podemos confiar es en la permanente desconfianza de Mohamed VI y de su reino. Y con esa certeza deberíamos mirar al otro lado del Estrecho.

Se desconoce cómo nos libramos del desgarro porque las advertencias eran clarísimas y los signos en el cielo definitivos. Con el Estatut España estaba condenada a romperse o, por lo menos, a hacerse un siete a la altura del Ebro de esos de tirar el pantalón. Durante tres años aguzamos el oído para escuchar el ruido atronador de la fractura, el inconfundible sonido de la falla que separaría Lérida de Fraga y Amposta de Vinaroz, pero el desgarro no fue tal y no hubo que llamar a Florentino para que construyera los puentes y los pasos fronterizos. Justo ahora que creíamos conjurado el peligro se escuchan otras voces que alertan de la gigantesca grieta que se abrirá entre Cataluña y el resto del país si el Tribunal Constitucional se atreve a enmendar una sola coma del Estatut. El abismo está a la vista. Esto nos pasa por confiarnos.

La intensidad del terremoto se presupone de tal calibre que hasta la prensa catalana nos lo ha advertido al unísono, en un editorial conjunto en el que explica que lo que está en juego en la sentencia del Estatut no es la inconstitucionalidad de algunos artículos sino el avance hacia la España plural o su bloqueo. Así, para demostrar que el espíritu del 77 sigue vivo y no cercenar de raíz la complejidad española, el Tribunal tendría que dar el visto bueno a la definición de Cataluña como nación, con sus símbolos nacionales, su poder judicial propio y su capacidad para relacionarse con el Estado en un plano de igualdad. Y si no lo hace y daña la dignidad de unos catalanes que pagan impuestos, son solidarios con los pobres extremeños y, además, usan una lengua que no envidia en hablantes a varios idiomas oficiales de Europa, es porque es un órgano ilegítimo y con varios magistrados irreductibles y bastante carcas. Hasta Montilla, quien, por supuesto, ni ha sido el impulsor del artículo ni conocía su contenido, se ha emocionado de lo bien escrito que estaba.

Uno, que ve con simpatía la pluralidad, que acepta que Cataluña llevaba años castigada financieramente, que no cree que el mapa se haga jirones porque se mencione en un preámbulo el término nación, que siente respeto por el catalán, por el castellano y hasta por el swahili, y que también paga impuestos y es solidario, empieza a estar cansado de este victimismo provinciano, según el cual todo el mundo es anticatalán por principio, y conforma una humanidad anticatalana, reconocible porque odia al Barça y no se sabe de memoria la letra del Els Segadors, a la que se puede culpar de cualquier fracaso.

Es verdad que el Constitucional es un órgano deslegitimado –no ilegítimo-, pero no porque cuatro magistrados ejerzan un mandato prorrogado, una vacante por fallecimiento esté sin cubrir o uno de ellos esté recusado, sino porque los partidos políticos, incluido CiU, que ahora se rasga las vestiduras cuando siempre que ha podido ha colocado su peón en el Tribunal, lo han convertido en uno más de sus apéndices. Lo que inquieta a este catalanismo transversal no es la politización sino justamente lo contrario, es decir que el bloque que se suponía progresista y mayoritario se haya roto dando ventaja a sus teóricos oponentes. Y esa es la razón de que se ponga el grito en el cielo en estos momentos y no hace tres años, cuando concurrían las mismas circunstancias que en la actualidad.

Es de suponer que ni los partidos catalanes, ni sus periódicos, ni la sociedad catalana en su conjunto se han enterado ahora de que la última palabra sobre el Estatut la tenía el Constitucional porque se trataba de una regla del juego conocida. Lo deseable habría sido que, para este tipo de casos, en los que se exige la convalidación en referéndum, se hubiera mantenido el recurso previo de constitucionalidad, aunque ya de nada sirva lamentarse. La soberanía, como ha apuntado Alfonso Guerra, no es divisible. No existe la soberanía del pueblo catalán, la del andaluz o la del vasco sino la del conjunto del pueblo español o, al menos, eso es lo que la Constitución proclama.

En esa Constitución, que muchos han sacralizado hasta la caricatura, está el germen de los males que nos aquejan. Si se quería la descentralización, se debería haber caminado hacia un modelo federal como el de Estados Unidos, en el que, por cierto, quienes lo conforman no tienen derecho a la secesión sin el consentimiento del resto de los estados. En cambio, se optó por un híbrido en el que las competencias viajan del centro a la periferia sin que sepamos exactamente cuándo se concluyen los traspasos o qué hay que traspasar, lo que alienta a la vez la voracidad y el desánimo.

Con Cataluña nada parece suficiente. Si se culmina un Estatuto de diseño, avanzadísimo en sus competencias, hay quien advierte, por si acaso, de que se trata de un paso previo a la independencia, una aspiración que no se plantea porque es más rentable como objetivo que como exigencia; si se pone en marcha una nueva financiación claramente beneficiosa no falta quien reclama un concierto económico como el vasco; si se lleva el AVE a Barcelona, se destaca que la unión con Francia sigue empantanada o que se ha humillado a Cataluña porque la infraestructura llegó con retraso y se hundieron las vías. Esta insatisfacción permanente, en ocasiones justificada, es la que alienta el anticatalanismo, que, siendo real, es más una reacción que un instinto.

Un hipotético recorte del Estatut provocará tensiones, aunque no muy distintas a las ya conocidas. La clase política, ofendidísima, será la que más sufra porque, tras arroparse en la afrenta y en el pretendido ataque a la dignidad colectiva, tendrá que explicar en qué se cambia la vida de los ciudadanos por definir la senyera como un símbolo de Cataluña en vez de como un “símbolo nacional”, si es que, finalmente, ésta es una de las dramáticas alteraciones respecto al texto aprobado. Habrá ruido, rechinar de dientes e, incluso, un adelanto electoral, en el que puede darse la paradoja de que la suma de Convergencia y el PP permita una mayoría distinta a la actual. La diferencia respecto a etapas anteriores es que Artur Mas no habrá ido al notario. Y hasta es posible que entonces nos riamos todos.

Las complicaciones en la resolución del secuestro del Alakrana, tras el desembarco de tres de sus tripulantes para ser entregados a las familias de los dos piratas encarcelados en Madrid, han vuelto a poner de manifiesto que su traslado a España por orden de Garzón fue un colosal error que podía haberse evitado con la entrega de los apresados a Kenia, país que mantiene un convenio con la Unión Europea para este tipo de casos. No es casualidad que el nuestro sea el único país que ha llevado ante sus tribunales a piratas somalíes. El segundo error fue de cálculo: quienes pensaban que los asaltantes del atunero cogerían el rescate y se olvidarían de sus compañeros estaban equivocados.

La actuación de Garzón merecería un capítulo aparte, aunque de nada serviría lamentarse. Partimos de acciones irreversibles. Tenemos, por un lado, a dos piratas adultos entre rejas, que no pueden ser excarcelados ni canjeados sin hacer fosfatina el Estado de Derecho; y, por el otro, a unos bucaneros que exigen para liberar al barco y a su tripulación no sólo dinero sino también la devolución de sus compinches. En medio del callejón sin salida se encuentra el Gobierno, cuya principal obligación es preservar la vida de los marineros del Alakrana y no ponerla en riesgo de manera innecesaria.

No hay que ser muy avispado para reconocer que el caso sólo tenía dos posibles soluciones: la primera, consistía en prolongar las negociaciones el tiempo necesario para convencer a los secuestradores de que olvidasen a sus colegas de armas, a los que siempre podrían enviar tabaco a galeras con la calderilla del botín; la segunda era tomar el buque al asalto al menor signo de que la vida de los tripulantes estuviera en peligro. Para conjurar esta segunda opción, los somalíes, que son piratas pero no imbéciles, han tomado rehenes entre los rehenes, lo que complica aún más el asunto y pone en evidencia la vigilancia que la fragata Canarias ejercía sobre el pesquero.

Si antes era difícil asegurar la integridad de los marineros, ahora resulta imposible porque el paradero de varios de ellos es un misterio. Es de suponer que el Ejecutivo no habrá descuidado sus obligaciones y que, a lo largo del mes largo de secuestro, se habrá trabajado en un plan de rescate con fuerzas especiales del Ejército o de la Policía. ¿Estamos preparados para elegir entre dos males?

Pedro J. Ramírez es de familia bien y hace las cosas a lo grande. A su hija Cósima la vistió de largo hace dos años en el Bal des Debutants del Hotel Crillon de París, con un traje de Lacroix y del brazo de un chico riquísimo de Eaton llamado Donnelly. Para  celebrar el 20 aniversario de su periódico, él mismo se vistió de largo y se fue a apagar las velas de la tarta del brazo de Zapatero, que igual te soluciona el conflicto de Oriente Medio o te refunda el capitalismo que te anima una soirée con discurso y todo. Dicen que la fiesta ha sido el acontecimiento del año. Varios miles de personas en el Palacio de los Deportes, todos ellos gente muy principal, canapés a tutiplén y mucha haute couture, el PP al completo con Rajoy a la cabeza, altas magistraturas del Estado, vicepresidentas, ministros, jueces, empresarios… Teleramírez, o sea Veo, retransmitiendo en directo y conectando hasta con el espacio interestelar. El acabose con música de Pitingo.

Si el poder de un individuo se mide por el número de coches oficiales que acuden a celebrar sus onomásticas, el de Ramírez es enorme, mucho más que el que se supone a un simple periodista. El jueves era un tipo feliz, derretido de gusto mientras el presidente del Gobierno citaba el alegato del Supremo de Estados Unidos a favor de la libertad expresión en el caso de The New York Times contra Sullivan, y se imaginaba a sí mismo como su paladín indomable, como el Ben Bradlee de la piel de toro, capaz de encontrar cada día un Watergate o de fabricarlo a su capricho si fuese menester.

Director de periódico durante tres décadas, los invitados al magno acontecimiento tenían ante sí a un residuo vivo -y para muchos tóxico- de la Transición española. Presidentes de Gobierno y de banco, líderes de la patronal y de los sindicatos, grandes editores, artistas… todos se han rendido al inexorable paso del tiempo; el de Logroño permanece incólume. De aquellos años del pantalón de campana, sólo Teddy Bautista le sobrevive, y eso porque el de la SGAE tiene un pacto con el diablo a cambio de no cobrarle derechos. “No deseo el poder, ni la riqueza ni el agasajo social”, afirmaba este modesto intérprete de la realidad en una de sus varias hagiografías, de la que, en su modestia, él mismo era coautor.

De Ramírez se ha escrito bastante, casi siempre a su dictado. Sus semblanzas le describen como uno de los grandes del oficio, paradigma del periodismo de investigación, incansable buscador de la verdad, desvelador de corrupciones, regenerador de la vida pública y otros tantos talentos. Su figura ha sido bañada de forma tan intensa en luz blanca que la aparición de Pedro J. Ramírez al desnudo (Editorial Foca), el retrato que de él hace en casi 700 páginas José Díaz Herrera, ha sido un eclipse solar completo, como si a Caravaggio le hubieran ofrecido terminar un oleo de Soroya, de esos de señora con vestido vaporoso al viento, sombrilla y mar azul de fondo.

A Díaz Herrera se le puede haber ido la mano con el pincel en algunas partes pero tiene un mérito inicial: considerar a Ramírez no un periodista sino un oligarca, y a partir de ahí resaltar sus contradicciones y sus miserias. Habrá a quien no le interese saber que el riojano secuestraba las Barbie de su hija, y le pedía rescate después de enviarle orejas de la muñeca o mechones de pelo, pero no tendrá más remedio que reconocer que sus ideas sobre los juegos infantiles podrían haber dado pie a una  nueva corriente pedagógica, con raíces en el Sade más libertino.

Y no dejará de sorprenderse ante la orweliana reescritura de su propia historia. “No se contrasta con la hemeroteca”, argumentaba en la propia fiesta de aniversario el eximio Jiménez Losantos para destacar los males del periodismo actual. Díaz Herrera lo hace profusamente. “No hay derechos humanos a la hora de cazar al tigre. Al tigre se le busca, se le acecha, se le acosa, se le coge y, si hace falta, se le mata. Podrán caer cincuenta etarras en combate y las manos de España continuarán limpias de sangre humana (…) A los policías que disparen contra ellos se les recibirá como valientes”, destacaba el editorial de Diario 16 dirigido por Ramírez el 23 de marzo de 1981. “La lucha contra ETA debe practicarse como una campaña de desratización, aplicando una serie de técnicas tan viejas como la historia misma del mundo. O acabamos con la plaga o la plaga acabará con aquello en cuanto creemos”, insistía editorialmente el 15 de abril de ese mismo año.  El hombre que lleva siempre colgada de su pechera la medalla de haber combatido los GAL fue uno de los que con más fuerza instigó la guerra sucia.

Ramírez es un péndulo. El baluarte de la unidad de España, vigía infatigable de los supuestos intentos del Gobierno de Zapatero por romperla, escribía esto en 1996 en las páginas de El Mundo del País Vasco: “No somos un periódico independentista, pero defendemos el inalienable derecho de autodeterminación de los pueblos y nada tendríamos que oponer si limpia y democráticamente el País Vasco optara un día por la separación del resto de España”. El gran detractor de las negociaciones del Gobierno con ETA añadía más adelante lo siguiente: “Yo mismo firmé no hace mucho un artículo titulado ‘Un noruego para ETA’, proponiendo una vía de negociación tan secreta y remota como la que Israel y la OLP desarrollaron en Oslo”. Vivir para ver.

La biografía escrita por Díaz Herrera pone de manifiesto la amoralidad del personaje, de la que algo saben todos y cada uno de los que han trabajado en sus inmediaciones. Nuestro particular Ciudadano Kane no ha dudado en convertir en asuntos de Estado su piscina o su trasero. Sus palabras de este jueves cuando aseguraba haber cumplido la promesa de hacer del periodismo “un fin en sí mismo y no un medio para conseguir otras cosas” hubieran debido a mover a la hilaridad de la concurrencia. Especialmente cuando concluyó la frase: “Y aquí nos tenéis picando piedra”.

El picapedrero, el mismo que un día dijo aquello de “si tuviese dinero sería el hombre más pobre del mundo porque no sabría qué hacer con él”, posee según las estimaciones del autor, una fortuna de entre 50 y 60 millones de euros, maneja varias SICAV, ha especulado con viviendas a través de sociedades patrimoniales, ha usado información privilegiada con las acciones de su propio diario, y utiliza su medio a mayor gloria del grupo de intereses que mantiene con su actual pareja, la diseñadora que puso de moda los vestidos con revisiones cada 10.000 kilómetros.

El retrato puede parecer tenebrista pero, al menos, sirve para centrar el papel y la trayectoria de quien, envuelto en la bandera de la libertad de expresión, ha pervertido el periodismo hasta convertirlo en caricatura. Ello no es óbice para desear desde aquí larga vida al medio que dirige y suerte a los profesionales que lo componen. “A este grupo de profesionales les queda para rato, pero todos tenemos nuestros límites”, decía Ramírez a sus invitados, sugiriendo su relevo. No caerá esa breva.

Tras un concienzudo análisis de su cara, un experto portugués en “artes faciales” ha concluido que el hecho de que Francisco Camps apriete mucho los dientes, sus arrugas en los ojos sean asimétricas y tenga muy caídos los párpados demuestra inequívocamente que “este señor no está tranquilo”. Lo cierto es que el mal de Camps, diagnosticado por este perito de la psicología llamado Freitas-Magalhäes, es mucho más común de lo que se piensa. Los hombres tranquilos escasean, aunque tengan la costumbre de estar siempre muy contentos, como el presidente valenciano. A la mayoría le pierde esa incertidumbre que se crea cuando las convicciones más interiorizadas se desmoronan. Nunca como ahora la vida fue una tómbola.

Y es que no te puedes fiar. Cuando no es una cosa es otra. Un día te acuestas pensando que Colón era genovés y al día siguiente una lingüista de Georgetown, que es donde iba Aznar a dar sus conferencias en espanglis, nos revela que el almirante hablaba catalán en la intimidad; te compadeces del golfo de Madoff, porque piensas que a sus 70 años en la cárcel lo más normal es que le pongan mirando a Wall Street, y te encuentras con que el abuelo le ha dado un mandoble a otro recluso por un quítame allá esos bonos basura; o sales a por leche confiado en la solvencia de nuestro admirable sistema financiero y te desayunas con un informe de Moody’s que asegura que la banca oculta pérdidas de 57.000 millones de euros, que al final tendremos que poner entre todos. ¿Quién puede estar así tranquilo?

De lo anterior, lo de la banca es, sin duda, lo más angustioso, y para calmarnos ha tenido que salir al paso su patronal y explicar que a Moody’s sólo hay que creerla cuando eleva el rating de solvencia del Santander y no cuando asegura que se falsean los balances. En resumen, y aunque nos cueste, debemos asumir impávidos que Colón se expresaba como Joan Laporta, a pesar de que lo lógico sería que hablara el genovés, un dialecto del ligur con similitudes con el francés y el occitano, y aceptar que Madoff es el Rocky Balboa de la tercera edad, pero no que nuestro sistema financiero sea una bomba de relojería. Hasta ahí podíamos llegar.

Desazón contagiosa

Volviendo a Camps y a sus descompensadas patas de gallo, su desazón debe de ser contagiosa porque al PP se le ve como un flan en pleno terremoto. A falta del diagnóstico de Freitas, cualquiera ha podido percatarte de que Rajoy, que no es que sea tranquilo sino que siempre parece estar durmiendo la siesta, tiene los tics descontrolados, como se pudo observar esta semana en su primera rueda de prensa en seis meses. Se confirma que para sobrevivir entre los populares hay que estar forjado en acero ya que uno jamás sabe con qué se puede encontrar. Sirva de muestra que a la secretaria general, Dolores de Cospedal, le preguntaron este viernes si estaba viviendo su peor momento en el partido y su respuesta fue que no. Sólo Dios sabe por lo que habrá pasado esta mujer.

Estar en el centro de una trama de corrupción y ver el trasiego de maletines, coches y relojes es para destemplar a cualquier. Y estar en el centro y no enterarse de nada, también.  Ese nerviosismo es el que provoca que Rajoy afirme que Costa ha dimitido, cuando la realidad es que ha tenido que echarle a bastonazos, o que reitere su confianza en Camps, a pesar de que lo que le gustaría, en realidad, es arrugarle el traje para ver si de una vez por todas deja de estar tan contento.

La intranquilidad es muy común entre los niños, sobre todo en aquellos que tienen muy desarrollado el sentimiento de pecado. Ante una travesura, su reacción suele ser la de culpar a otro para eludir la responsabilidad de haber roto el cristal del vecino, con lo que se mortifican por partida doble: por el balonazo y por su cobardía. En ese infantilismo vive refugiado el PP desde que dejó el poder en 2004. Así, si el PSOE le desalojó del Gobierno fue debido a una conjura universal y no porque se gestionará mal el 11-M. O si en el partido existe un grupo de facinerosos con gran capacidad para la apropiación indebida, no es que haya manzanas podridas; es que la Policía, los fiscales, los jueces y, por supuesto, Rubalcaba, conspiran para poner en entredicho la acrisolada honradez de los populares. El PP siempre es la dolorosa víctima de un complot.

La conclusión es que la inquietud reina en el principal partido de la oposición. Camps, ya lo ha dicho el sabio luso, está intranquilo porque lo suyo es imperdonable y, por eso, aprieta mucho los dientes; Rajoy vive angustiado tras darse cuenta de que no hay alfombra que disimule la basura que le rodea; y Cospedal está en un sinvivir al enterarse de que a los secretarios generales del PP se les exige más responsabilidad que a los presidentes. El más tranquilo es Costa, al que llorar como un Boabdil con polo de Lacoste le ha aliviado bastante.

La prensa, ya lo decía ese gran cáustico llamado Ambrose Bierce, es una “poderosa máquina para exagerar las cosas, que con la ayuda del ‘nosotros’ y la tinta del impresor, convierte el chillido de un ratoncito en el rugido de un león editorialista, cuyas opiniones (supuestamente) la nación espera en vilo”. Por los rugidos lanzados desde El País hemos sabido estos días que el PSOE asiste con estupefacción y desconcierto a las improvisaciones con las que Zapatero afronta la crisis económica y que el pretendido talante del presidente es pura fachada tras la que esconde un autoritarismo que ahoga la crítica interna, por lo que a la disidencia sólo le queda el silencio o el abandono. Casualmente, el espectacular descubrimiento del diario ha coincidido con la convalidación parlamentaria de la TDT de pago, ese enojoso asunto que hará perder a Prisa unos cientos de millones de euros. ¿Escuchan al león cómo se acerca?

Las desafecciones que estaría sufriendo Zapatero habrían tenido como avanzadilla el abandono de sus escaños de tres de sus ex ministros -Molina, Sevilla y Pedro Solbes, éste último anunciado meses atrás-, a los que, presumiblemente, se unirán en la huida Bernat Soria, Mercedes Cabrera y Fernández Bermejo. A este pretendido frente crítico habría que sumar representantes de la vieja guardia, dirigentes nacionales y barones regionales, cuyos nombres el ex diario independiente de la mañana nos ahorra para evitar que la dirección del partido incremente su descontento con alguna represalia. Todo un detalle.

Si hay algo sorprendente en estas revelaciones periodísticas es que han tenido que pasar nueve años desde su ascenso a la secretaría general del PSOE para que el considerado diario de cabecera de los socialistas descubra que Zapatero es personalista, que no acepta consejos o que se ha rodeado paritariamente, no de dirigentes sino de admiradores, que le deben su carrera política y no discuten sus decisiones. Hace algo más de dos años le pregunté al hoy jubilado Jordi Sevilla por la primera Ejecutiva de Zapatero, en la que se suprimió la Permanente, un órgano más reducido que tenía como misión agilizar la toma de decisiones. Me dijo lo siguiente: “Él hablaba con quien quería, en el momento que quería y de lo que quería. Conmigo de esto y con aquel de lo otro, que es como él gestiona las cosas.

Bajo la apariencia de eliminar la Permanente para que todo fuera sea más democrático, en realidad incrementaba la capacidad de discrecionalidad  por  su parte (…)  Había mucha ingenuidad en aquella Ejecutiva. Sobre todo al principio, algunos creíamos que éramos un  equipo que íbamos a cambiar las cosas y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que ni éramos equipo, ni todos querían cambiar las cosas ni todos las queríamos cambiar en el mismo sentido”. En resumen, no es que el poder haya transformado a Zapatero; es que siempre ha sido así.

Sin discutir el malestar que puede reinar en el partido por la nefasta gestión de la subida de impuestos, lo cierto es que cuesta encontrar algún crítico con pedigrí, más allá del ‘bloguero’ Joaquín Leguina, que llevó fatal que el partido le desaconsejera presentarse a las primarias y optar a la alcaldía de Madrid en 2003 porque la designada era Trinidad Jiménez. Pocos, además, están en disposición de cuestionarle, ni siquiera esa vieja guardia, cuya experiencia algunos añoran, que está jubilada o vive feliz y resguardada en puestos bien remunerados. Más allá de alguna velada censura, Felipe González ha asumido su papel de jarrón chino y está muy ocupado con la presidencia del grupo de reflexión sobre el futuro de Europa, con el cargo de embajador plenipotenciario para la conmemoración del bicentenario de la independencia de las repúblicas iberoamericanas y dejándose querer como futuro presidente de la UE; Alfonso Guerra preside una comisión parlamentaria y una fundación del partido; Almunia es comisario europeo; Bono preside el Congreso; Chaves, el partido, y se jubilará como vicepresidente; y así.

De hecho, quienes más pueden quejarse de maltrato son aquellos que desembarcaron con él en el PSOE allá por el año 2000. A Zapatero le gustan las pruebas de fidelidad, dejar caer a sus colaboradores en la sima de su indiferencia para luego rescatar a los que se mantuvieron firmes y creyeron en él. Antes de hacerle ministro, lo hizo con Sevilla, que ya se cansó de tanta prueba; lo está haciendo con Caldera, que purga sus penas en la macrofundación de pensamiento que quedó en nada; y ha vuelto a hacerlo con su otrora ideólogo Torres Mora, al que acaban de dejar compuesto y sin presidencia de comisión parlamentaria, es decir, sin 1.500 euros de vellón al mes.

El poder de Zapatero en el PSOE es absoluto, pero ya lo era cuando tomó las riendas del partido, en parte porque la situación era tan terrible y las expectativas de llegar al Gobierno tan escasas que nadie quiso soplar por no constiparle. A diferencia de González, que pasó años sin pisar su despacho de Ferraz, Zapatero ejerce un control directo sobre la organización por Blanco interpuesto, y no hay suceso que se registre en una agrupación socialista, por muy remota que sea, del que no tenga conocimiento.

Y si no caben esperar noticias del ala histórica, menos aún de esa nueva hornada de socialistas, que le debe su fulgurante carrera. ¿Alguien se imagina a Leire Pajín o a Eduardo Madina pronunciando una palabra más alta que otra contra el líder? Zapatero ejerce sin contrapeso, hasta el punto de que no se vislumbra ni en el PSOE ni en el Gobierno -cuyos miembros salvo excepciones son, en la práctica, simples jefes de negociado-, alguien con capacidad e influencia para asumir un hipotético relevo. Es más, si los socialistas perdieran las próximas elecciones y Zapatero decidiera dimitir, volvería a ser Bono el mejor colocado para alcanzar el liderazgo.

Así las cosas, el comité federal de este sábado volverá a ser la acostumbrada balsa de aceite para el presidente del Gobierno, mecida, si acaso, por algún representante de Izquierda Socialista, por eso de que en algún momento fue una corriente crítica. El poder es un excelente relajante para la tensiones y el mejor pegamento jamás inventado. No hay fisura posible, por mucho que los ratones se queden afónicos con tanto rugido.

Como si fuera algo normal que los olmos dieran peras, los más empeñados en que el Gobierno aproveche la crisis para reformar el mercado de trabajo, abaratar el despido, recortar las pensiones y cambiar las reglas de la negociación colectiva han redoblado su presión sobre los sindicatos, con el argumento de que no pueden permanecer impasibles ante una política económica que ha generado cuatro millones de parados. A las centrales se les exige que convoquen una huelga general contra Zapatero que, según ha prometido, ni facilitará los despidos, ni rebajará las pensiones ni adoptará reformas en el mercado de trabajo que no sean bendecidas por los sindicatos, además de compartir con ellos la estrategia de aumentar el gasto público para incentivar la economía. En definitiva, se pretende que UGT y CCOO den peras y, de paso, se peguen un tiro en el pie, so pena de excomunión por entreguistas, inoperantes, oficialistas y vividores.

En realidad, a los promotores de esta movilización les trae al pairo los motivos por los que pudiera convocarse, incluida la alopecia de Rubalcaba, siempre y cuando fuera una huelga general contra el Gobierno. Pero aun imaginando que parar el país durante 24 horas sirviera para salir de la crisis, la posibilidad de que se haga realidad es remota, salvo que Zapatero adoptara contra la recesión las liberales recetas de sus opositores.

Ello no significa que haya que descartar el escenario de la huelga, pero siempre como reacción ante actitudes beligerantes de una patronal que no quiere oír hablar de subidas de sueldo y que quizás se vea tentada a recomendar a la empresas que no hagan efectivos algunos compromisos salariales pactados en los convenios vigentes. La huelga, por tanto, sería contra la CEOE y no contra el Gobierno. No son peras, pero es lo que hay.Alternativamente, cabe suponer que la estrategia de reclamar lo absurdo a los sindicatos por parte de sectores vinculados mayoritariamente a la derecha mediática, trata de poner en cuestión su papel y desacreditarles como interlocutores, en un momento en el que están en juego algunas cuestiones esenciales para el conjunto de los trabajadores. Las cifras de un desempleo galopante sirven de abono a la especie de que las centrales son simples correas de transmisión del Gobierno o que su inacción obedece a su dependencia de las subvenciones oficiales. ¿A quién favorece la debilidad sindical en una negociación sobre nuevas formas de contratación o sobre el futuro de las pensiones?

Es verdad que los sindicatos no son perfectos, que la burocracia ha anquilosado muchas de sus estructuras, que no han sabido atraerse a los trabajadores precarios y a los más jóvenes, que entre sus afiliados están infrarrepresentados mujeres e inmigrantes y que, en cierta medida, han perdido su carácter de movimiento social. Pero eso no es óbice para reconocer que han contribuido decisivamente en el desarrollo social del país, que han combatido la pobreza y la explotación, y que siguen siendo los garantes de un Estado del Bienestar que ahora se quiere poner en cuestión.

También es cierto que algunas de las críticas que reciben son manifiestamente injustas. Se menciona por ejemplo la baja afiliación, que ronda el 16%, muy alejada de las tasas de sindicalización de los países nórdicos (alrededor del 80%) o de la media de la UE, en torno a un 25%. Y se oculta que la negociación colectiva tiene efectos generales, de manera que no hay que ser afiliado para beneficiarse de la subida salarial negociada por un sindicato. O que la baja militancia dice poco de su representatividad porque cerca de un 70% de los trabajadores eligen a sus delegados sindicales.

Este modelo es el que ha determinado un sistema de financiación poco transparente, que se nutre de los Presupuestos Generales del Estado y que ha generado algún que otro escándalo por el desvío de los fondos previstos para la formación continua, actividad en la que comparten responsabilidades con las organizaciones empresariales. Es imprescindible una ley que establezca la financiación en función de las actividades realizadas y no por el número de delegados, y que lo haga de manera diáfana, aunque, por lo visto, no.

Los retos del sindicalismo en este nuevo siglo son enormes. Se hace indispensable una modernización de sus organizaciones, que siguen confiando a la capacidad autodidacta de sus propios representantes la gestión de conflictos cada vez más complejos, cuando no ya los empresarios, que cuentan con consultoras y bufetes a su servicio, sino los propios Gobiernos utilizan laboratorios de ideas para buscar alternativas o encontrar soluciones a los problemas que enfrentan.

Es necesario también imaginar nuevas formas de presión, porque la ciudadanía esta harta de soportar movilizaciones que le son ajenas, especialmente si afectan a sectores como el transporte, la educación o la sanidad. Hay quien ha planteado con bastante criterio aprovechar la necesidad de imagen que tienen hoy las empresas o buscar la complicidad de los consumidores, fórmulas que, por otra parte, han explotado con relativo éxito las ONG en sus pugnas con las multinacionales.

Los sindicatos han de ser cada vez más globales, sin olvidar que su poder radica en los centros de trabajo. No es una tarea fácil en un país con una red empresarial tan atomizada, con casi un 20% de empresas de menos de seis trabajadores. Es aquí donde han de desarrollar su función los liberados sindicales, en vez de copar el 5% de la plantilla de RTVE.

Su acción es imprescindible para enfrentarse a directivas como la del comisario Bolkestein, que pretendía con la libre prestación de servicios trasnacionales que empresas y trabajadores se rigieran por las condiciones de su país de origen, o para impedir que la jornada laboral pueda fijarse en un pacto individual en el contrato. Son útiles, incluso, a las propias empresas, que difícilmente podrían encauzar sin su ayuda algunos conflictos laborales a los que se enfrentan. No dan peras pero ofrecen algo de seguridad. A algunos, les basta.