Reggio’s

Ante las presiones de las fuerzas económicas y mediáticas, el Gobierno español ha situado como objetivo número uno de su política económica el control del déficit público, centrando su estrategia en la reducción del gasto, estrategia que choca frontalmente con los planes de estímulo a la actividad adoptados el pasado año. No deja de resultar llamativo, sin embargo, que nadie se fije en la evolución de los ingresos, cuando es la baja recaudación, en mayor medida que el incremento del gasto, la que se encuentra en el origen del enorme desequilibrio alcanzado por las finanzas públicas.

Los impuestos forman parte de lo que se denomina estabilizadores automáticos y, por lo tanto, el ingreso desciende según se reduce la actividad. Es por eso por lo que la mejor forma de luchar contra el déficit público consiste en reactivar la economía y será difícil que este desaparezca mientras permanezca la crisis.

No obstante, la recaudación en el ejercicio 2009 se ha reducido en una cuantía muy superior a la que cabría esperar. El consumo ha disminuido alrededor del 5,5%, mientras que los ingresos por IVA –que deberían haberse minorado en un porcentaje similar o, como mucho, en algún punto más si se diese una elasticidad superior a la unidad– lo han hecho casi en un 40%, tasa difícil de explicar.

La recaudación neta en 2009 no ha llegado siquiera a la tercera parte de la prevista y en los dos últimos años el descenso ha sido cercano al 50%. No hay reducción del consumo que pueda justificarlo.

La única razón posible se encuentra en un incremento generalizado del fraude, fraude tanto más censurable cuanto que significa una apropiación indebida por parte de las empresas del gravamen que previamente han cobrado a los consumidores. Parece ser que las empresas con dificultades, debidas generalmente a restricciones financieras, intentan solucionar sus problemas de tesorería, o mantener sus beneficios, dejando de pagar los impuestos, lo que, por lo visto, no es demasiado difícil dado el progresivo deterioro que en términos de objetivo político se ha producido en la lucha contra el fraude y la laxitud introducida por las últimas reformas de la Ley General Tributaria.

Algo similar ocurre, aunque quizás no de forma tan escandalosa, con los impuestos directos: el enorme descenso en su recaudación sólo en una pequeña parte puede ser explicado por la reducción de la renta nacional.

Tales hechos deberían ser motivo de reflexión para el Gobierno. En primer lugar, para reconsiderar la subida del tipo del IVA; tendría que preguntarse si los mayores recursos que se conseguirán a costa de los consumidores van a ir al Tesoro Público o a engrosar las arcas de los empresarios. En segundo lugar, para ser consciente de que la presión por reducir el gasto público es una trampa trazada por aquellos que están en contra de los bienes y servicios públicos, pero que no sirve para equilibrar las finanzas públicas. Si quieren conseguir este objetivo, deberían centrar su atención en los ingresos y en la reforma del sistema financiero, ya que este último está ahogando la recuperación de la economía.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

Resulta comprensible que Rodríguez Zapatero y otros jefes de Gobierno arremetan contra los mercados financieros. Que denuncien la enorme injusticia que significa que los estados hayan tenido que endeudarse fuertemente para arreglar el desaguisado originado por entidades financieras, grandes inversores y agencias de calificación, y que ahora sean estos mismos –agrupados en lo que eufemísticamente se llama “mercados”– los que acosen a los gobiernos y les obliguen a instrumentar políticas de ajuste que van a terminar pagando, como siempre, las clases populares y los trabajadores.

Resulta comprensible pero de una gran ingenuidad, porque, ¿dónde está escrito que la equidad y la ética sean los parámetros por los que se rija el poder económico? Aprobada la libre circulación de capitales y una vez que el poder político ha abdicado de su capacidad normativa, ¿cabe esperar otro comportamiento de los mercados financieros? Como en la fábula del escorpión y la rana, atribuida a Esopo, “está en su naturaleza”, hunden el aguijón en aquel que les ha ayudado e imponen las políticas de ajuste. Pero quizás, también como en la fábula, sus actuaciones pueden volverse en su contra. Instrumentar una política restrictiva cuando la recuperación no está consolidada va a generar un alargamiento de la crisis en el que todos saldremos perdiendo, aunque es verdad que sobre todo los trabajadores.

El discurso de los mercados es falaz y sectario porque, de existir un problema de solvencia, habría que buscar su origen en el endeudamiento exterior, que es tanto privado como público. Desde luego, en España, en mucha mayor medida privado que público. Endeudamiento generado por el comportamiento desastroso de las entidades financieras. Por ello resulta irritante que el gobernador del Banco de España se preocupe de las pensiones, del gasto público o del mercado laboral y no de reformar el sistema financiero. Son los desequilibrios en las balanzas de pagos –originados por la entronización del liberalismo absoluto en los mercados financieros y en los de bienes y servicios– los que se encuentran como causa última de la crisis. En el plano internacional, entre EEUU y China y demás países asiáticos; en la Unión Monetaria Europea, entre Alemania y la mayoría de los otros países miembros.

En las reglas del sistema creado en Bretton Woods, la obligación de instrumentar medidas correctoras se imponía a los países con fuertes déficits en su balanza de pagos (fuese cual fuese el déficit público). Con toda lógica, Keynes propuso que la corrección se exigiese no sólo a los países deudores, sino también a los acreedores. La propuesta no prosperó, ya que fueron las tesis de EEUU, país entonces superavitario, las que prevalecieron, pero en los momentos actuales se debería retomar la propuesta dada su racionalidad. La culpa de los desequilibrios no es exclusivamente de EEUU, sino también de China y de los demás países asiáticos por la política cambiaria que aplican. La culpa no sólo es de Grecia, Portugal, Irlanda, España o Italia, sino también de Alemania, por su política económica excesivamente restrictiva.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

Los últimos días hemos sido testigos de cómo los mercados apostaron en contra del euro. Podríamos preguntarnos el porqué. Aparentemente, carece de lógica. Por una parte, la crisis ha tenido su origen y causa en EEUU; por otra, la balanza de pagos de la Eurozona en su conjunto está prácticamente equilibrada, y el saldo neto de activos y pasivos frente al exterior es positivo. Nada que ver con la situación de EEUU, que presenta un enorme déficit, tanto público como exterior. Y, por último, el tipo de interés fijado por el BCE es superior al establecido por la Reserva Federal. ¿Por qué entonces los mercados prefieren el dólar al euro? La respuesta es muy simple. Detrás del dólar y respondiendo de esta divisa se encuentra un Estado, EEUU, lo que no ocurre con el euro. El problema no radica en la situación económica de Grecia, o en la de Portugal, Irlanda o España, sino en la forma y en los supuestos sobre los que se ha constituido la Unión Monetaria.

Se ha querido ver en las críticas al euro los intereses de ingleses y norteamericanos empeñados en garantizar la supremacía del dólar. Es posible que tales intereses existan, pero ello por sí solo no puede invalidar lo que de acertado pueda haber en tales críticas. Antes de su constitución, el proyecto despertaba serias dudas a todo aquel que hiciese un análisis desapasionado. Se carecía de antecedentes al respecto y los casos que presentaban algún parecido –dolarización en Argentina o el Sistema Monetario Europeo– se habían saldado con un absoluto fracaso, demostrando que sin una cierta unión política resulta imposible mantener dos monedas ligadas indefinidamente.

Se ha pensado erróneamente que por el simple hecho de que todos los países miembros estuviesen sometidos a la misma política monetaria se conseguiría una convergencia en las tasas de inflación. Una vez más, la tozuda realidad se ha impuesto indicando lo contrario, con lo que unos países han perdido competitividad frente a otros, ya que la UE carece de los mecanismos compensatorios que cualquier Estado posee para reequilibrar la situación desigual de sus regiones.

El comportamiento en esta crisis de Grecia, Irlanda o España no ha sido muy distinto del de otros países, empezando por EEUU. La única diferencia radica en el corsé que ahoga a los primeros, que, además de no poder devaluar ni aplicar su propia política monetaria, tampoco pueden recibir ayudas de las instituciones de Europa (lo prohíbe el Tratado) ni del BCE. En EEUU parte del déficit y de las ayudas públicas han sido financiados por la liquidez emitida por la Reserva Federal. En Europa, no. Se ha dado la paradoja de que el BCE financiaba a los bancos y estos eran los que adquirían la deuda pública.

Ante la situación creada, el presidente de la Comisión ha hablado de un gobierno económico europeo. Ciertamente es necesario, pero no hay gobierno posible si no cuenta con presupuesto y recursos propios. Sólo el que paga manda. Sin hacienda pública europea y sin mecanismos compensatorios, nunca habrá unión política, y sin unión política, difícilmente se podrá mantener la Unión Monetaria.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

Desde hace más de 20 años, periódicamente se alzan voces pronosticando la quiebra de la Seguridad Social, y otras tantas veces llega la fecha en que se había anunciado el cataclismo sin que este se produzca. Tal discurso parte de una premisa errónea: la de considerar la Seguridad Social como algo distinto al Estado. Es esa concepción liberal, promovida por las entidades financieras y las organizaciones empresariales, y transmitida por algunos expertos y políticos, la que se coló de rondón en el Pacto de Toledo. La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como algo sustancial, de forma que se considera la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y complica cualquier mejora en las prestaciones.

En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra sólo es concebible dentro de la quiebra del Estado, y el Estado no puede quebrar; todo lo más, acercarse a la suspensión de pagos, pero tan sólo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen más riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la actual crisis bursátil.

Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que el dogmatismo liberal nos introduzca en una coyuntura parecida a la de Argentina. Desde hace 30 años, la economía de nuestro país ha venido creciendo, abstrayendo de movimientos cíclicos, a una tasa media anual superior al 2,5% mientras que la población en todo el periodo sólo se ha incrementado en un 25%, con lo que la renta per cápita a precios constantes ha aumentado cerca del 100%. Somos casi el doble de ricos que en los últimos años del franquismo. Y no hay razón para pensar que, al margen de oscilaciones cíclicas, la evolución en los próximos 30 años no sea similar. La pregunta no es cuántos van a producir, como pretenden los agoreros de las proyecciones demográficas, sino cuánto se va a producir y si la respuesta es que lo producido en el año 2040 va a ser el doble que en la actualidad, ¿por qué razón las pensiones habrían de estar en peligro?

Previsiblemente, el problema que se plantea de cara al futuro no va ser el de la falta de recursos sino el de su distribución, entre activos y pasivos, entre rentas del trabajo y del capital y entre bienes públicos y privados. Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que hay que satisfacer y, por ende, en los bienes que se deben producir. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen, consecuentemente, la dotación de nuevos servicios.

Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes que hay que producir a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.

Que es perfectamente factible lo indica el hecho de que sea España, en estos momentos, el país de la UE (de los 15) que dedica menor parte de su renta a pagar las pensiones (8,8%). Por el contrario, Alemania, Holanda, Francia, Austria e Italia gastan todos ellos en pensiones más del 12% del PIB. Existe por tanto margen suficiente para incrementar el gasto en pensiones. El reducido importe a que ascienden las prestaciones sociales en nuestro país tiene su contrapartida en los siete puntos de diferencia con la media europea (de los 15) que presenta la presión fiscal en España.

La verdadera amenaza para el sistema público de pensiones se encuentra en una concepción neoliberal de la economía que ha criminalizado los impuestos, de manera que ninguna formación política se atreve a proponer una política fiscal más agresiva. Las continuas rebajas fiscales como es lógico perfectamente dirigidas a beneficiar especialmente a las rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes de ingresos altos están vaciando de contenido el sistema tributario, minorando su progresividad y limitándolo a la imposición indirecta y a gravámenes sobre las rentas de trabajo, al tiempo que reducen su futuro potencial recaudatorio. El colmo de la esquizofrenia, pero una esquizofrenia muy rentable para algunos consiste en proponer hace unos meses la bajada de varios puntos de las cotizaciones y afirmar ahora que se precisa una reforma para que el sistema sea viable.

Juan Francisco Martín Seco es economista.

Fue precisamente en Davos, hace más de una década, cuando Tietmeyer, entonces gobernador del poderoso Bundesbank, decretó el fin de la soberanía popular. “Los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”, dijo. Era el grito de guerra de un nuevo capitalismo triunfante que, fundamentado en la libre circulación de capitales, se postulaba sin límites ni barreras y que exigía que todo se rindiese a la lógica del mercado.

Se ha visto a dónde nos ha conducido tal sistema: al borde del abismo. El año pasado, en febrero, las fuerzas económicas y sus satélites acudieron también a Davos, aunque en esta ocasión fueron humildemente, recubiertos todos ellos con el sayal de penitente y dispuestos a implorar al sector público que los protegiese del caos. Pero ha bastado un año, sólo un año, para que vuelvan a las andadas y, una vez salvados, sin importarles un ápice los cadáveres que dejan atrás, han regresado desafiantes a la ciudad de los Alpes dispuestos a plantar cara a los gobiernos, a imponerlos sus condiciones y a impedir cualquier regulación.

Como manifestación de su poder, han sentado en el banquillo de los acusados a tres países, no del Tercer Mundo sino de la Unión Europea –España, Grecia y Lituania–, escogiendo como fiscal al presidente del Banco Central Europeo y como jueces, a las agencias de calificación, las mismas que contribuyeron a la crisis dando la máxima valoración al papel basura que infectó la economía internacional. Y lo peor es que, al menos en el caso España, su estrategia ha tenido éxito, porque el Gobierno –tras caer inocentemente en la trampa de comparecer en tal foro– se ha apresurado a dar un giro a la derecha y a asumir las tesis de las fuerzas más conservadoras.

El Gobierno presenta un plan para realizar fuertes recortes del gasto en un presupuesto que apenas lleva un mes en vigor. Poco importa que la economía española se encuentre aún lejos de salir de la crisis y que estas medidas contradigan los planes de estímulo y obstaculicen la recuperación. De nada vale que el stock de deuda pública sea de los más bajos de la Unión Europea y que nuestras dificultades provengan del endeudamiento privado y no del público. No cuenta que nuestro déficit se haya originado fundamentalmente por la contracción de la recaudación, causada en parte por la baja actividad y en parte por una política fiscal que durante estos últimos 12 años ha desarmado los tributos progresivos. Qué más da que la congelación de la oferta pública de empleo lo único que consiga sea incrementar el enorme paro existente. Es igual, los mercados han hablado y hay que obedecer.

El Gobierno ha asumido la tesis de la derecha de que el sistema público de pensiones es inviable y hay que reducir, por tanto, las prestaciones. Resulta lo mismo que las proyecciones demográficas sean todas cuestionables. De nada vale afirmar que en ninguna parte esté dicho que sean únicamente los trabajadores los que tengan que sostener con sus cotizaciones las pensiones, como si los otros impuestos no contasen, principalmente los que se giran sobre las sociedades y las rentas de capital. Es igual, los mercados se han manifestado y hay que inclinarse ante ellos.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

Hace unos días, un pequeño país llamado Islandia saltó de nuevo a la actualidad europea. Su presidente se había negado a refrendar el acuerdo suscrito por su Gobierno con el Reino Unido y Holanda y decidió someterlo a referéndum. Según el compromiso aprobado, Islandia tiene que abonar a ambos países 4.000 millones de euros a 15 años y al 5,5% de interés, lo que repercute aproximadamente con unos 12.000 euros en cada uno de los contribuyentes. El motivo radica en la quiebra de Icesave, banco online filial de Landsbanki –uno de los tres grandes bancos islandeses–, que se había dedicado a operar en Europa, especialmente en Gran Bretaña y Holanda. Los gobiernos de estos países tuvieron que indemnizar a los depositantes y ahora exigen a la isla del norte el pago de la deuda.En los diez últimos años, Islandia fue el paradigma del laissez faire y llevó los principios del neoliberalismo económico al extremo: desregulación, libre circulación de capitales, privatizaciones, carencia de supervisión y control. La banca islandesa se embarcó en una descomunal expansión exterior comprando toda clase de activos financieros. Los tres grandes bancos, Glitnir, Landsbanki y Kaupthing, se declararon en quiebra; entre los tres habían acumulado una deuda de 60.000 millones de euros. Tuvieron que ser nacionalizados. El resultado ha sido terrorífico para la economía de ese país. Para percatarse de la gravedad del problema hay que considerar que Islandia es un país muy pequeño, con 300.000 habitantes y un PIB anual de 14.000 millones de euros. Es decir, que la deuda de su sistema financiero supera en cuatro veces su PIB anual.

Islandia se ha convertido en la manifestación más gráfica de las contradicciones y desatinos que componen eso que llamamos globalización. Entre las incoherencias, no es menor la de defender que los bancos y las empresas son internacionales, pero considerarlos nacionales tan pronto comienza la crisis; e incoherencia es también la desproporción que se da en algunos países pequeños entre las dimensiones del Estado y sus entidades financieras, de un gran tamaño y de las que difícilmente van a poder responder. Existe un hecho que, aunque evidente, se nos había olvidado: que el negocio bancario precisa del respaldo y de la credibilidad del Estado para subsistir. Hay estados, sin embargo, a los que, como a Islandia, les resulta difícil, por su tamaño, conceder tal garantía sin verse ellos mismos en graves dificultades.

La situación actual de Islandia es dramática. Se calcula que cada contribuyente se va a tener que hacer cargo de una deuda de 60.000 euros. Ante la gravedad de la crisis, el Parlamento ha pedido el ingreso en la Unión Europea. El mundo empresarial contempla con avidez la posibilidad de pertenecer a la Unión Monetaria. Su actual ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson, que en el pasado, desde la oposición, calificaba de espejismo la anterior etapa, no está tan seguro de que el euro sea una buena idea. Se pregunta cuál sería la situación del país si en estos momentos no hubiesen podido devaluar y practicar una política de control de cambios.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

Hay quien pretende arrimar el ascua a su sardina, aprovechar la crisis en su beneficio. La CEOE, alguna que otra institución y también bastantes creadores de opinión, utilizando la excusa del volumen ingente de paro que está generando la crisis, reclaman insistentemente el abaratamiento del despido. El Banco de España, por su parte y en la misma línea, saca a colación la inviabilidad del sistema público de pensiones y su necesidad de reforma, reforma que, como siempre, se orienta a reducir la prestación media. Últimamente ha surgido otro tema muy querido por las fuerzas económicas, el de las privatizaciones. Valiéndose del hecho de que como consecuencia de la crisis todos los países están incurriendo en cuantiosos déficits públicos, se alude a las privatizaciones como medio para paliar el desequilibrio presupuestario.

Lo cierto es que en España queda poco por privatizar. Primero el PSOE y más tarde el PP han reducido al mínimo el sector público empresarial, haciendo que todas las grandes empresas públicas pasen a manos privadas. Independientemente de ello, es erróneo afirmar que las privatizaciones puedan ser un medio para reducir el déficit público. Constituyen una venta de activos financieros y, como tales, no afectan a la cuantía del déficit, sólo a su financiación. Lo único que reducen es el volumen de deuda pública que es necesario emitir. Es más, a menudo el resultado es un incremento de los déficits sucesivos. Esto es lo que ha ocurrido con la venta de las grandes empresas públicas. El Tesoro ha dejado de recibir los cuantiosos beneficios que generaban, muy superiores a lo que hubiesen sido los gastos financieros de la deuda pública que se ha dejado de emitir.

Al vender empresas públicas tampoco se incrementa la solvencia de un país. Ésta no sólo depende de lo que se debe, sino también de los activos que se poseen. Las privatizaciones reducen, sí, el endeudamiento público, pero también el patrimonio del Estado, esto es, la posesión de importantes compañías, muchas de las cuales, como se ha podido comprobar, muy codiciadas por el dinero privado. Por otra parte, conviene tener en cuenta que los recursos que se orientan a la compra de las sociedades estatales muy rentables y sin apenas riesgo no se dirigen a ninguna otra inversión en la que el riesgo tenga que ser mayor. ¿No radicará aquí, en parte, la incapacidad de nuestra clase empresarial para invertir en sectores tecnológicos de futuro, refugiándose en los mercados cautivos de los servicios y en el sector de la construcción?

Además, no parece que lo que en estos momentos se necesite precisamente sea una política contractiva de austeridad y de reducción del déficit público. A pesar del generalizado voluntarismo de anunciar el final de la crisis, la crisis está lejos de terminar. Es desde luego prematuro y puede resultar enormemente contraproducente retirar los planes de estímulo económico. Nunca se repetirá bastante que en los momentos actuales la mejor forma de reducir el déficit a medio plazo es incrementarlo a corto para que la actividad económica se recupere, única manera de lograr el equilibrio presupuestario.

La profecía de Leire Pajín se ha cumplido y el acontecimiento planetario ha tenido lugar. Desde el día 1 de enero Zapatero preside la Unión Europea. Bien es verdad que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa va a oscurecer un poco tan portentoso evento, ya que Zapatero deberá compartir funciones con el presidente del Consejo de la Unión.

Pero eso no amilana al presidente del Gobierno español que, fiel a su trayectoria de proponerse metas titánicas, se ha fijado para este semestre sacar a Europa de la crisis. Nada más y nada menos. No a España, no, a Europa. Sin dudarlo un momento, se ha puesto a la tarea y ha convocado a la Moncloa a algunos de los culpables de los muchos males que hoy sufre Europa. Son socialistas, pero han sido cómplices de la configuración de una Unión Europea neoliberal.

En la Moncloa estaba Delors, a quien se considera padre de la actual unión monetaria, y que ahora dice arrepentirse de que se realizase sin ir acompañada de una unión económica. Pero ahí radica precisamente el problema y la causa de casi todos los males: que se aceptase la constitución de una unión monetaria sin los elementos compensadores necesarios (fiscales, sociales, laborales e incluso financieros) de una unión económica auténtica. En contra de lo afirmado por los reunidos en la Moncloa, lo que las cumbres de París y Bruselas dejaron patente es que los países europeos se mostraron incapaces de dar una respuesta conjunta a la crisis.

La única política en común es la monetaria, e incluso esta con muchas limitaciones. Los bancos europeos no pueden recurrir al BCE de la misma forma que los bancos americanos se dirigen a la Reserva Federal. En Europa han tenido que ser los estados los que saliesen en auxilio de sus entidades financieras. Ni siquiera a la hora de garantizar los depósitos bancarios la respuesta pudo ser común y cada país actuó como pudo y quiso, violentando una vez más el sacrosanto principio de la competencia.

¿Y qué decir de la política fiscal? Bruselas propuso un plan anticrisis de 200.000 millones de euros –el 1,5% del PIB comunitario–, pero, a la hora de la verdad, cuando se examina el desglose, resulta que todo ha quedado a la iniciativa de los estados. De los 200.000 euros, 170.000 los han tenido que aportar e instrumentar los países miembros. Cada uno según se le ha ocurrido. La Unión Europea aporta sólo los 30.000 restantes, aunque tampoco esto es totalmente cierto, porque una parte ha sido un simple préstamo del Banco Europeo de Inversiones y la otra son meros adelantos de los fondos estructurales. Ninguna de estas dos partidas representa un incremento real del gasto comunitario.

No, en Europa no existe una política económica común y, lo que es más, tampoco hay ninguna posibilidad de que en el futuro pueda haberla, desde el mismo momento en que aspectos tan importantes como los fiscales, sociales y laborales, entre otros, están blindados y sólo pueden modificarse por unanimidad, lo que resulta imposible con 27 países tan heterogéneos.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

Da la impresión de que el Gobierno español tenía grandes expectativas para este semestre en el que a España le corresponde asumir la presidencia de turno de la Unión Europea. Moverse y figurar en la esfera internacional puede ser un buen instrumento para recuperar la imagen en el interior, bastante deteriorada tanto por la crisis económica como por asuntos tales como el Estatuto de Cataluña.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha venido a trastocar en buena medida estos planes. La existencia de una presidencia permanente del Consejo reduce en parte el contenido de la presidencia de turno. En realidad, este semestre, y es muy posible que incluso el siguiente, la Unión Europea estará enfangada en el acoplamiento competencial entre las nuevas y las antiguas instituciones, lo que dejará poco tiempo para otras tareas.

La ampliación a veintisiete países (y potencialmente a treinta) sitúa a la Unión Europea frente al reto de su funcionamiento. Al ser imposible la aprobación de la Constitución, el Tratado de Lisboa ha pretendido solucionar el problema cambiando los sistemas de votación y creando nuevas instituciones. Está por ver si lo ha conseguido, o si más bien se trata de parches que en el fondo nada solucionan. Los pronósticos no son optimistas, desde el mismo momento en que los temas más importantes han quedado blindados mediante la exigencia de unanimidad para su aprobación.

Resulta lógico que los Estados se muestren reticentes a ceder determinadas competencias cuando son ellos los que al final tienen que responder en los momentos de dificultad. Aquí radica el problema de la Unión Europea, en la carencia de una personalidad propia en el sentido más metafísico del término, un sustrato que la haga consistente, distinta e independiente de los propios Estados que la conforman. Eso en la realidad política sólo lo otorga la posesión de unas finanzas públicas. Se gozará de tanta más entidad cuanto más fuerte sea el presupuesto del que se disponga. El de la Unión Europea es ridículo, el 1,2% del PIB comunitario. Sin recursos propios, la Unión no puede ser otra cosa más que una sombra parásita y condicionada a los países miembros que la componen.

Europa, hoy por hoy, no es más que una reunión de naciones, con el agravante de que éstas tienen características muy distintas y, por tanto, en muchas ocasiones los intereses también son diferentes. La pretensión de una política económica común se mueve en el ámbito de la irrealidad cuando la Unión Europea no la puede llevar a cabo de forma directa por carecer de recursos e instrumentos y debe ser acometida por los distintos Estados. Tampoco parece muy real que la Unión Europea en cuanto tal pueda tener autoridad, según ha sugerido estos días Zapatero, para obligar a los Estados a cumplir con determinados requisitos cuando en casi todos los temas es insolvente y son los países miembros los que tienen que asumir los costes.

La crisis económica ha dejado bien a las claras las deficiencias que presenta la Unión Europea y su incapacidad para dar una respuesta unitaria. Es difícil mantener una disciplina común cuando son los Estados los que deben garantizar los depósitos bancarios, acudir en ayuda de las entidades financieras y recabar los recursos para instrumentar los planes de estímulo. Quien paga manda, y la Unión Europea no puede pagar porque no tiene presupuesto. Complicado lo tiene para disciplinar a los países miembros. Quizás lo consiga con los pequeños, pero desde luego no con los grandes.

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Entre las múltiples novedades que nos ha traído el 2010 se encuentra la ausencia de publicidad en TVE. Algunos la considerarán una buena noticia, pero lo cierto es que una vez más el sector privado parasita al sector público y que la medida se va a traducir o bien en una menor calidad de la televisión pública o bien en canalizar mayores recursos presupuestarios a esta finalidad y, por tanto, en una mayor carga para el contribuyente.

La decisión tomada por el Gobierno sólo tiene una razón de ser, beneficiar a las televisiones privadas, por ello resulta tan incomprensible cuando procede de un Ejecutivo que se denomina socialista. Es evidente que el negocio de la publicidad no da para todos. Pero ello se debió pensar antes, en el momento de otorgar las licencias o de planificar la televisión digital.

Y aquí tenemos otra de las novedades de este año, el apagón analógico. Sin duda está constituyendo un lucrativo negocio para las empresas del sector, pero también un considerable gasto para las familias. La propaganda oficial nos pinta el cambio con los colores más atrayentes. La nueva tecnología va a permitirnos acceder a un número mucho mayor de cadenas, sin embargo la realidad no es tan clara. Lo cierto es que se repiten, puesto que pertenecen al mismo grupo. Son clónicas. No aportan nada nuevo y se limitan a repetir la programación que el canal principal ha emitido la tarde anterior o los capítulos atrasados de las series. Hay canales que se configuran como supermercados, dedicándose exclusivamente a la venta de todo tipo de cachivaches. Es más, tras la época en que primaba la batalla por las concesiones ha llegado la etapa de las fusiones, puesto que los beneficios no resisten.

Sobra cantidad y falta calidad, por ello resulta enormemente peligroso que se penalice la televisión pública para favorecer a las privadas. En éstas ha imperado e impera la telebasura; y tampoco se puede hablar de pluralismo, puesto que son muy pocos los que las controlan y, por muchos canales que existan, la propiedad, según parece, va a estar cada vez más concentrada. Detrás de este número reducido de grupos mediáticos se encuentra permanentemente el poder económico, que, al margen de posibles discrepancias políticas, mantiene un discurso monolítico cuando se trata de defender los intereses del capital y de las empresas.

Vivimos en una sociedad dominada por la imagen y la televisión. A la mayoría de los ciudadanos la única cultura que les llega, si se le puede llamar cultura, es la que emite el receptor de televisión. La televisión conforma los valores, las opiniones, las creencias sociales. Configura en buena medida la estructura de la sociedad. Dejar todo ello en manos del mercado y de los intereses económicos constituye una grave irresponsabilidad.

Se arguye en contra de la televisión pública que está politizada y que defiende los intereses del Gobierno. Al menos en este caso sabemos quién está detrás y a quién podemos pedir cuentas. Este conocimiento nos ayuda a relativizar los mensajes. Por otra parte, una sociedad democrática debe poseer suficientes instrumentos para eludir este peligro y conseguir de la televisión pública una cierta objetividad. Pero es que, además, si de politización hablamos, las televisiones privadas rompen cualquier récord. El grado de sectarismo que practican sólo es comparable con el de las autonómicas que, por cierto, parece que no sean públicas. Aquí las Comunidades Autónomas son sólo Estado cuando les interesa; cuando no, campan a sus anchas.

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Obama quizás haya pensado que había sido un bonito regalo de Navidad. El Senado norteamericano ha dado luz verde a la reforma sanitaria. Bien es verdad que con notables recortes sobre el diseño original; pero mejor es eso que nada y Obama, además de soñador, es pragmático. A pesar de los pesares, el salto es gigantesco y en el camino ha tenido que librar múltiples obstáculos. La oposición del Partido Republicano ha sido frontal, el descontento dentro de los demócratas notorio, y –sobre todo– encarnizada la batalla presentada por el lobby de la industria farmacéutica, las compañías aseguradoras y el sector sanitario, que han promovido en la opinión pública una gigantesca campaña en contra de la reforma hasta el extremo de erosionar de forma significativa la popularidad del presidente.

Los datos son de sobra conocidos. Una de las lacras históricas de la política norteamericana estriba en carecer de un sistema sanitario universal. A pesar de ser uno de los países que más recursos dedica a esta finalidad (un 19% del PIB, el doble que la media de la OCDE), un 15% de la población (47 millones de norteamericanos) no disfruta de prestación sanitaria alguna y una parte importante del resto cuenta únicamente con una cobertura parcial e incompleta. Aunque el Estado aporta mediante los dos sistemas –Medicaid y Medicare– casi la mitad de los recursos, la gestión es en su totalidad privada. Y es precisamente en esta gestión privada donde puede radicar el problema.

Si algo ha dejado patente el sistema sanitario norteamericano es lo infundado de la supremacía del sector privado sobre el público a la hora de administrar determinados servicios. Someter la asistencia sanitaria a la lógica del mercado y del máximo beneficio puede, sin duda, llenar los bolsillos de algunos colectivos, pero resulta ineficaz en la asignación de los recursos para conseguir la primera finalidad: mantener la salud de la población. Fijándonos tan sólo en los últimos años, desde 2001, las primas de seguros han crecido un 78%, mientras que el incremento de los salarios se ha limitado al 19%. El coste de asegurar anualmente a una familia media en Estados Unidos puede situarse alrededor de 6.000 euros. Todo ello debería servir de aviso a países como España, con una sanidad pública bastante aceptable, para desechar tentaciones privatizadoras como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La nueva reforma pretende evitar una de las principales corruptelas que el sistema permitía y, así, impide que las compañías puedan rechazar a un paciente por condiciones médicas preexistentes, o bien que puedan subir las cuotas a aquellos asegurados que contraigan una enfermedad grave. Sin embargo, el cedazo del Senado no ha permitido la creación de un seguro público que compitiera con las aseguradoras privadas. La gestión seguirá siendo privada en su conjunto y resultará, por tanto, muy difícil que los precios se reduzcan y –con toda probabilidad– el coste de la reforma recaerá sobre los contribuyentes, lejos de financiarse mediante la reducción de márgenes de las empresas privadas y de los profesionales.

Las Navidades han venido acompañadas por la espantada de Air Comet. Se repite el fiasco de Air Madrid de hace unos años. La historia es bastante conocida. Suele manifestarse allí donde el pensamiento imperante logra nuevas liberalizaciones. Los beneficios son para los empresarios privados, y el sector público, los trabajadores y los consumidores tienen que asumir los costes. Existen sectores económicos esenciales para la sociedad en los que resulta utópico hablar de liberalización. La protección y el respaldo del Estado resultan imprescindibles.

Quizás uno de los problemas que arrastra la economía española es la de una clase empresarial incapaz de la innovación y de correr riesgos adentrándose en sectores realmente abiertos. Por eso nuestra balanza de pagos ha supuesto siempre un estrangulamiento para el crecimiento económico. La mayoría de los empresarios han preferido situarse en las aguas tranquilas de los mercados cautivos, apropiándose de suministros y servicios en los que el respaldo del sector público tuviese que estar presente. De ahí el éxito de las privatizaciones. Es en esa simbiosis público-privado donde algunos ganan siempre, sobre todo si mantienen buenas conexiones con el mundo político.

El señor Díaz Ferrán ha sido -al menos en los últimos años- un buen exponente de este colectivo. En los gobiernos de Aznar consiguió hacerse con su compañía aérea y que la SEPI le adjudicase Aerolíneas Argentinas, propiedad de Iberia, recibiendo 955 millones de euros que, según el Tribunal de Cuentas, no destinó a su finalidad: compra de aviones, amortización de deuda, ampliación de capital. En su contencioso con el Gobierno argentino reclamó la ayuda de papá Estado, y desde 1996 el sector público le financia, mediante la deuda que mantiene con la Seguridad Social, por un importe de 16 millones de euros. Su compañía de autobuses también ha precisado del apoyo del gobierno regional, bien es verdad que él ha sabido corresponder con sustanciosas aportaciones a las fundaciones del Partido Popular.

Ahora la aventura ha terminado. Los trabajadores se quedan en el paro y ni siquiera saben si van a poder cobrar lo que se les adeuda. Caja Madrid, de quien Díaz Ferrán era consejero, ¡oh, paradoja!, se verá en dificultades para poder recobrar su crédito y siete mil viajeros, la mayoría emigrantes, pierden sus billetes y ven trastocados todos sus planes en unas fechas especiales. Una vez más, el sector público, es decir, todos los contribuyentes, ha tenido que aportar recursos para paliar las situaciones más duras.

El ministro de Fomento ha hecho declaraciones defendiendo la actuación del Gobierno, pero sus propias palabras indican lo contrario, que no se tomaron a tiempo las medidas adecuadas y que se permitió a Díaz Ferrán, quizás por su condición de presidente de la patronal, ir demasiado lejos. Según el ministro, el 6 de noviembre se planteó revocar la licencia a la compañía pero se acordó “no hacerlo público para no perjudicar a nadie”. Se ha perjudicado a los consumidores que, de haberlo sabido, no hubieran adquirido los billetes y, colateralmente, a los contribuyentes.