Reggio’s

Ha sido recientemente noticia que el Producto Interior Bruto (PIB) de China ha sobrepasado al de Japón, arrebatándole de ese modo el título de segunda potencia económica mundial. Regirse exclusivamente por el crecimiento del PIB para medir la prosperidad económica de un país es cometer un craso error. Se suele dar por supuesto que el crecimiento siempre es bueno y que, además, repercutirá en mayor o menor medida en todos los ciudadanos.

La crisis que en estos momentos está atravesando España es un buen ejemplo de lo contrario. Aproximadamente durante 12 años, nuestro país ha presentado altas tasas de crecimiento, de manera que se hablaba del milagro español; pues bien, ese milagro está deviniendo en catástrofe. En primer lugar, esas tasas de crecimiento se lograron con un fuerte incremento de la población, con lo que la renta media, aún cuando creció, no lo hizo al mismo ritmo que el PIB; a lo que hay que añadir que la distribución de la renta evolucionó a favor del excedente empresarial y en contra de los salarios, de tal forma que estos apenas han mantenido el poder adquisitivo. Pero es que, además, el crecimiento de estos años se ha conseguido a base de generar enormes desequilibrios que se están pagando muy caros desde 2007.

Aquel crecimiento, al que se dedicaban entusiastas parabienes, ha ocasionado graves daños a la mayoría de la población, ya que no se beneficiaron de él en su momento y les está generando considerables perjuicios en la actualidad.
China puede haberse convertido en la segunda potencia económica mundial; pero cuando ponemos en relación su PIB con la población, nos encontramos con que la renta per cápita es diez veces inferior a la de Japón, que ocupa el puesto 103 en la clasificación internacional entre Angola y El Salvador y, lo que es peor, que será uno de los países en los que la que desigualdad sea mayor y las condiciones laborales y sociales más penosas. Todo ello con un régimen comunista que mantiene en lo político una dictadura de hierro. Por otra parte, su crecimiento, basado en aumentar las exportaciones mediante un tipo de cambio irreal, unas condiciones laborales infrahumanas y en limitar las importaciones y el consumo, no puede perdurar indefinidamente. ¿Cuál es el motivo de que se hable de China con tanta admiración? ¿No será que es el modelo económico al que quieren que converjamos?

Es sabido que la realpolitik asume el principio de que el fin justifica los medios. La máxima es en extremo discutible y, de hecho, ha sido condenada por casi todas las morales, ya que bajo su influjo se ha cometido toda clase de desmanes. Aun desde una posición cínica y aceptando este principio, es difícil encontrar una finalidad que pudiera justificar los medios empleados en la guerra de Irak. Las secuelas hablan por sí solas. Más de 100.000 iraquíes y 4.700 soldados de la coalición, muertos; cerca de 800.000 millones de dólares gastados; un país destruido en lo material y desarticulado en lo social, y no hace falta relatar, por haber aflorado continuamente a la prensa, las atrocidades cometidas.

Pero, con todo, lo más terrible de esta contienda es su inutilidad y la carencia de cualquier finalidad. Ni Sadam tenía armas de destrucción masiva ni se ha combatido el terrorismo ni se ha instaurado la democracia. Lejos de contribuir a la seguridad mundial, este conflicto ha exacerbado el sentimiento antioccidental de los árabes y su conciencia de ser tratados injustamente. Lejos de instaurar la democracia –la democracia nunca se instaura con cañones–, las tropas americanas en su retirada dejan un país sin instituciones, étnica y religiosamente dividido y al borde de la guerra civil.

Deberíamos preguntarnos, no obstante, si el caso de Irak es tan insólito, o es simplemente el extremo de un conjunto mucho más amplio, todos con características parecidas. ¿Acaso en Afganistán no se están produciendo las mismas atrocidades y el resultado no va a ser similar? El aspecto formal, al que se agarra por ejemplo Zapatero, de que la ocupación se ha realizado bajo los auspicios de la ONU no cambia sustancialmente el problema. Mientras el Consejo de Seguridad  continúe monopolizado por cinco países con derecho a veto, este organismo no tendrá ninguna legitimidad. En realidad, la única diferencia estriba en que si bien países como Francia o Rusia se opusieron a la invasión de Irak, en Afganistán, impresionados por la masacre de las torres gemelas, dieron su aquiescencia. Por otra parte, es difícil recurrir a la ONU cuando Israel incumple todas sus resoluciones.

Si analizamos los conflictos en los que ha mediado eso que se ha dado en llamar la comunidad internacional, descubriremos que la gran mayoría de las intervenciones han resultado un fracaso, dejando los países respectivos en peores condiciones que al inicio de la operación. Y es que una ocupación extranjera difícilmente puede solucionar los problemas internos ni cambiar una sociedad, por muy buenas intenciones que se tengan; tanto más cuanto que a menudo éstas siempre llevan adheridos motivos menos confesables. ¿Con qué criterio se seleccionan las intervenciones? ¿Por qué se decide actuar ante determinadas supuestas injusticias y se permiten otras más flagrantes? Mientras los países occidentales contemplen con total pasividad el genocidio que Israel está practicando con los palestinos, será difícil que puedan justificar actuaciones en otras partes del mundo.

El fracaso de la ocupación de Irak, reconocido hoy de forma casi unánime, podría hacer reflexionar acerca de si no sería mejor retornar al principio de no intervención. Sin duda, el panorama internacional no ofrece muchos datos para el optimismo: dictaduras, violación de derechos humanos, guerras, pueblos oprimiendo o masacrando a otros pueblos; pero hay que dudar seriamente de que las intervenciones u ocupaciones extranjeras arreglen algo; bien al contrario, puede ser que empeoren la situación y, desde luego, hay que rechazar su legitimidad en tanto no exista un orden internacional que pueda tenerse por tal en lugar de la imposición de cinco naciones, por importantes que sean.

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Nota biográfica

El domingo 15 de agosto este diario publicó un extenso reportaje acerca del caos en el que se ha convertido nuestro sistema fiscal. Citaba, en primer lugar, un informe de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto algo que todos sospechábamos: que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades es muy inferior (el 10%) al tipo nominal, situado ahora tras diversas rebajas en el 30%.

El dato, además de escandaloso, es bien expresivo de la hipocresía de ciertos discursos formulados principalmente desde el sector empresarial que, basándose exclusivamente en el tipo nominal, afirman que en España el gravamen sobre sociedades es de los más altos de Europa. Lo cual no sólo es falso sino que se convierte en un sarcasmo si atendemos al tipo efectivo, es decir, al porcentaje que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios, ya que el cúmulo de deducciones y desgravaciones termina por vaciar de contenido el impuesto.

Especial mención merece el tratamiento fiscal dado a las empresas españolas para que hagan de nuevo las américas y obtengan pingües beneficios en el exterior, a menudo esquilmando a esos países y sin ningún beneficio para la sociedad española. Todo lo contrario, puesto que financian sus aventuras exteriores a cargo del erario público, que les permite desgravar sus intereses.

El mencionado reportaje citaba también otro informe, este de la Comisión Europea, censurando las reformas fiscales acometidas en España desde 1997 –yo diría que incluso desde antes– y origen en buena medida del elevado déficit que mantenemos en la actualidad. Bien es verdad que es una pena que la Comisión, en lugar de aplaudir, no hubiese hecho esas advertencias cuando los gobiernos del PP, tras arrasar con sucesivas reformas el sistema fiscal, no se cansaban de vocear esa patochada de que bajando los impuestos se recauda más –por cierto, que lo siguen diciendo–. O cuando el PSOE postmoderno afirmaba aquello de que bajar los impuestos es de izquierdas, al tiempo que continuaba la obra del PP reduciendo el tipo del Impuesto sobre Sociedades, permitiendo que las rentas de capital permaneciesen fuera de la tarifa general del IRPF, propiciando el fraude en las SICAV, disminuyendo el tipo marginal del IRPF o eliminando el Impuesto sobre el Patrimonio. El ministro de Fomento ha declarado que se pagan pocos impuestos en España. No generalicemos. Son algunos los que no los pagan.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

En ese panorama lleno de nubarrones que conforma la economía internacional aparecen como rayos de luz las cifras relativamente buenas que provienen de China y de Alemania.

La noticia se ha recibido como algo muy positivo y así sería si no fuera porque en ambos casos son las exportaciones las que causan la bonanza. En las condiciones actuales, hay algo de suma cero en el sistema. El crecimiento de estos países obedece, por tanto, a un incremento de su competitividad, lo que les ha permitido robar parte del pastel a los demás. Las exportaciones chinas han crecido en julio un 38 por ciento y su balanza de pagos superó todos los récords, a lo que colaboró el hecho de que Pekín restringiese las importaciones; la economía china se encuentra en buena medida intervenida. Las exportaciones alemanas, a su vez, han crecido en junio un 30 por ciento.

Ese aumento de la competitividad de los dos países y de algunos otros se basa en primer lugar en una estructura falseada de tipos de cambios. El yuan se encuentra infravalorado frente al dólar, el yen y otra serie de divisas. La moneda alemana debería apreciarse, por ejemplo, frente al dólar; y la divisa española, por poner un ejemplo, devaluarse frente al dólar, el yuan y la moneda alemana. Pero he aquí, y ahí radica la esquizofrenia, que Alemania y España, y otros países de sobra conocidos, tienen la misma moneda, lo que distorsiona todos los intercambios y cierra cualquier salida.

En segundo lugar, son sabidas las condiciones sociales, laborales y fiscales en las que China basa su competitividad, pero lo que quizá se conoce menos son los ajustes laborales, sociales y fiscales realizados inicialmente por Schröder y más tarde por Merkel en Alemania. Tales ajustes, si bien a corto plazo hacen ganar competitividad al país que los aplica, a medio y a largo plazo tendrán como único efecto el de empobrecer a la mayoría de los ciudadanos, y obligar a los demás países a que empobrezcan a los suyos para recuperar la competitividad perdida y neutralizar así las ventajas del primer país.

Las estrategias de ganar competitividad empobreciendo al vecino, con carácter general están condenadas al fracaso. De un lado, porque es de suponer que los otros países reaccionen de la misma forma y, de otro, porque si el crecimiento lo basamos exclusivamente en las exportaciones y empobrecemos a quienes compran nuestros artículos, antes o después dejarán de comprarlos.

Las noticias que provienen de China y de Alemania, lejos de ser positivas, resultan alarmantes. Indican que los desequilibrios que han conducido a la crisis permanecen y que no se ha hecho absolutamente nada para solucionarlos. Parece impensable que la situación de una China prestando a EE. UU para que compre sus artículos pueda prolongarse indefinidamente, y tampoco es muy creíble que pueda perdurar una Alemania acumulando superávits en su balanza de pagos a costa de que otra serie de países de la Unión Monetaria, por ejemplo España, acumulen déficits.

Si a China no se le paran los pies y se le obliga a apreciar el yuan y a funcionar con reglas claras de mercado, y si Alemania no comprende -o se le obliga a ello- que la Unión Monetaria sólo se puede mantener -si es que puede- en condiciones radicalmente distintas y con una política económica alemana totalmente diferente, estaremos abocados, en el caso de que salgamos de esta crisis, a otra seguramente de una intensidad mayor en un plazo muy breve.

La situación de la economía española es realmente dramática y se está haciendo patente cómo acarreaba su propia crisis, fruto de una atolondrada entrada en la Unión Monetaria y de las políticas económicas suicidas aplicadas durante doce años, que sólo fueron posibles por la pertenencia al euro. La salida es harto complicada.

Nota biográfica

Parecía ser una tesis comúnmente aceptada que uno de los logros de la humanidad radica en la evolución positiva que poco a poco se ha venido produciendo, al menos en algunos países, en los derechos de los trabajadores. Cabría suponer que tal tendencia continuaría en paralelo con el incremento de la riqueza y el crecimiento económico. Pero he aquí que no. De hecho, hace ya 30 años que el proceso se ha invertido.

Concretamente en España, desde que en 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, las organizaciones empresariales y fuerzas afines no han dejado de reclamar modificaciones en el mercado laboral. Todas, ciertamente, en la misma línea. Reforma tras reforma (paradójicamente todas aprobadas bajo un Gobierno socialista), con los argumentos más peregrinos, se han ido precarizando las condiciones laborales y reduciendo los derechos de los trabajadores. Siempre se parte de un hecho real, la enorme tasa de paro. En los años ochenta, con el objetivo, según se decía, de crear empleo, se fue propiciando todo tipo de contratos precarios hasta conseguir que España se situase a la cabeza de Europa en tasa de temporalidad y, ahora, los mismos que promovieron y votaron aquellas reformas argumentan que la temporalidad es muy alta, que el mercado es dual y que, para luchar contra el paro, es preciso abaratar el despido.

En todos los casos se parte de un mismo error, olvidar que no es en el mercado de trabajo donde se determina la cantidad de empleo, sino que son otras variables económicas, principalmente la demanda, las que lo fijan. Ningún empresario va a contratar a un solo trabajador si sus expectativas son pesimistas. En lo que sí intervienen sustancialmente las condiciones laborales es en la distribución de la renta, en cómo se reparte el coste en tiempos de crisis y en la velocidad con que este se transfiere a los trabajadores.

La reforma que en estos momentos se está discutiendo en las Cortes permite que a la menor dificultad económica, incluso la mera previsión de futuras pérdidas reales o imaginarias, las empresas puedan recurrir al despido y, además, de forma casi gratuita. Importa poco que en anteriores etapas se hayan obtenido fabulosas ganancias. Tradicionalmente se justificaba el beneficio de los empresarios por el riesgo que asumían. En la actualidad, se busca que el riesgo recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

Todo el mundo ha considerado lógico el anuncio de que este verano Rodríguez Zapatero no estará en Rodezno en la fiesta del SOMA-UGT. No están los tiempos para bromas. Las medidas que está tomando y las que parece que va a adoptar el Gobierno no son precisamente para confraternizar con los sindicatos.

Pero con ocasión de tal anuncio se va extendiendo en la sociedad una idea que tiene mucho de falacia. Se afirma que en los años anteriores el presidente del Ejecutivo empleaba este acto para anunciar sus medidas de política social, dando por supuesto que a lo largo de sus seis años de gobierno ha instrumentado una política que puede recibir tal calificativo.

Es cierto que durante este periodo se han aprobado determinadas medidas que podrían tenerse por sociales, pero con características muy diferentes. Una, la de la elevación del salario mínimo interprofesional, ha sido lógica y adecuada, teniendo en cuenta que hacía más de veinte años que no se actualizaba. De todos modos, su actualización ha quedado a mitad de camino. Otra, la subida de las pensiones mínimas, totalmente insuficiente, y un poco tramposa porque casi, casi, son salvas sin munición, dado que afecta a un número limitado de ellas y con un coste pequeño. ¿Por qué sólo las mínimas? En realidad, en el sistema público de pensiones hasta las más altas son mínimas. La ley de dependencia es casi una declaración de intenciones, sin apenas financiación. Por último, otras, como el cheque-bebé o la desgravación de los 400 euros tienen un carácter netamente electoral, y una naturaleza muy dudosa ya que se aplican por igual a ricos y a pobres.

En cualquier caso, en lo que conviene insistir es que una política verdaderamente social es algo muy distinto. En primer lugar, es totalmente inseparable de la política económica. Resulta difícil aceptar que se haya instrumentado una política social coherente cuando a lo largo de los años de abundancia los salarios apenas han mantenido el poder adquisitivo.

En segundo lugar, la política social precisa de actuaciones tanto desde el lado de los gastos como desde el de los ingresos. Una política fiscal marcadamente progresiva es imprescindible, dado que su capacidad redistributiva es tanta o mayor que la de los gastos y, además, porque será imposible la financiación de estos, si no se cuenta con un sistema tributario con elevada capacidad recaudatoria.

Los gobiernos de Zapatero no se han caracterizado precisamente por haber practicado una política fiscal progresiva. Comenzando por el fraude fiscal, mal endémico de nuestro país, apenas se le ha prestado atención desde el Ejecutivo. No han modificado la reaccionaria Ley General Tributaria que aprobó el Partido Popular, incluso han sido protagonistas de una de las actuaciones más bochornosas cometidas por un gobierno frente a la Administración tributaria. Cuando ésta levantó acta de inspección por el fraude de ley cometido por un número importante de las grandes fortunas de este país al constituir de manera fraudulenta Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV), el Ejecutivo quitó la competencia a la Inspección de Hacienda para concedérsela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entidad que, desde luego, no ha emprendido ni emprenderá ninguna actuación. Además, dio carácter retroactivo a la medida, de manera que las actas levantadas se anularon. Por último, cómo no ver en la parsimonia con que se ha abordado la persecución de las cuentas de Suiza un signo claro de cuáles son las intenciones del Gobierno en esta materia.

Las reformas fiscales emprendidas durante el mandato de Zapatero han sido todas regresivas. Disminución del tipo del Impuesto sobre Sociedades; reforma del IRPF, reduciendo el numero de tramos y el tipo marginal y, lo que es aún más grave, consolidando la escandalosa medida adoptada por el PP, separando  las rentas del capital de las de otra clase y aplicándoles un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional. Y, por último, la eliminación del Impuesto de Patrimonio.

Cuando se hacen números es fácil constatar la política social que de verdad se podría haber realizado con los recursos empleados en rebajar los impuestos a las clases altas y medias altas, así como con los ingresos adicionales que se podrían haber obtenido si se hubiera acometido en serio la lucha contra el fraude fiscal y se hubiesen aplicado determinas medidas que corrigiesen las reformas que el PP llevó a cabo en su momento. Sin demasiado margen de error, se podría señalar que las reformas fiscales emprendidas por Zapatero han podido representar para un consejero de alguno de los grandes bancos del país un beneficio anual superior a los 10.000 euros, sin duda bastante parecido al incremento de la pensión mínima.

Pero, con todo, lo que muestra realmente la política social de Zapatero es el hecho de que cuando se ha decidido a realizar una política restrictiva con una reducción brutal del déficit su mirada se ha dirigido no a los impuestos directos, sino a la subida del IVA que pagan por igual todos los ciudadanos, a los sueldos de los funcionarios y a las pensiones, y a un empeoramiento de los servicios públicos mediante recortes en las plantillas de la Administración y de las inversiones.

Dicen que el PP no tiene proyecto ni alternativa en materia económica. ¿Cómo los va a tener si el trabajo sucio ya se lo está haciendo el PSOE?

Nota biográfica

Frente al optimismo del Gobierno español, según el cual todos los días estamos saliendo de la crisis, se sitúa la opinión de los analistas internacionales –especialmente los de EEUU– que no ven las cosas tan claras y no descartan la posibilidad de que una segunda depresión aceche en lontananza. El mismo Ben Bernanke, gobernador de la Reserva Federal, advirtió hace unos días del riesgo que existe de que se interrumpa la recuperación de la economía, tanto de la americana como de la global. Llegó a calificar como “inusualmente inciertas” las perspectivas, y es que son múltiples las señales que indican que, por mucho que se quiera, la tempestad no ha pasado.

Tales conjeturas no tienen por qué extrañarnos; en realidad, lo sorprendente sería lo contrario. Si en los inicios de la crisis los mandatarios internacionales parecían haber entendido la gravedad de la situación y todos los países se apresuraron a tomar medidas, estas, pasando el tiempo, han quedado reducidas al salvamento de los bancos con dinero público, porque hasta los parcos planes de estímulo fiscal que se adoptaron en el primer año se han desinflado en todas las latitudes, e incluso en alguna región, como Europa, se han transformado, bajo un brote de esquizofrenia, en ajustes durísimos. Da la impresión de que lo único que importaba era salvar las entidades financieras y que, una vez conseguido este objetivo, se retorna a las andadas con las prácticas más duras del neoliberalismo económico. Todo apunta a que se están cometiendo los mismos errores que en los años treinta.

Pero es que, además, se ha extendido un velo de silencio sobre los tímidos intentos que se habían realizado para identificar las verdaderas causas de la crisis: la globalización económica y financiera y, en Europa, la Unión Monetaria. Mientras persista la libre circulación de capitales y continúen los brutales desequilibrios en las cuentas exteriores de los países, mientras permanezca la Unión Monetaria con las actuales reglas y no se creen los adecuados mecanismos de compensación, será difícil que el fantasma de la depresión se aleje por completo. Los mismos planes de estímulo pueden resultar ineficaces. ¿Quién impedirá que los acometidos en EEUU, lejos de reactivar la economía americana, generen un mayor superávit de la balanza de pagos de China y un incremento de la deuda estadounidense?

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

Dadas las horas bajas por las que pasa el Gobierno, y en especial su presidente, el aparato de Ferraz se esfuerza por encontrar aniversarios que proporcionen la excusa para organizar actos y campañas de propaganda. Esta vez han sido los diez años que Zapatero lleva como secretario general del partido socialista.

A propósito de tal conmemoración, los medios de comunicación, sobre todo los afines, han emitido múltiples horas de programas y han emborronado un sinfín de páginas. El tiempo diluye, hasta borrarlos totalmente, los acontecimientos tal como se han desarrollado y la admiración que siempre despierta el poder se encarga de rellenar los vacíos creados con los colorines más diversos. Por eso, mucho de lo que se está diciendo y escribiendo estos días obedece más a la construcción mítica que a la realidad.

Al igual que antiguamente en el carnet de identidad de las mayorías de las mujeres se leía “Profesión: sus labores”, en el de Zapatero, y en el de casi todos los componentes del grupo que se confabularon con él para emprender una aventura que parecía descabellada de cara al 35 Congreso Federal del PSOE, podría haberse escrito profesión: sus políticas, (con minúscula) ya que apenas habían ejercido ninguna otra actividad. Al haber ingresado muy pronto en las juventudes socialistas, casi todo su tiempo lo emplearon en aprender las técnicas y artimañas de los partidos políticos. En ese PSOE ya despolitizado (con mayúscula) de Felipe González y en el que regía la norma de “quien se mueve no sale en la foto”, supieron asimilar la ciencia del camaleón.

El único mérito de Zapatero para ser elegido en el 35 Congreso secretario general, fue su ambición, su voluntarismo –la creencia de querer es poder, que le acompañará siempre–, la destreza para moverse en el mundo siempre azaroso de los partidos y, sobre todo, el hecho de ser un desconocido, es decir, el no tener enemigos. Su posición de Tancredo durante todos los años que estuvo en el Parlamento le proporcionó, en una formación política entonces dividida en facciones, un plus frente a los otros candidatos.

Como ocurre a menudo, la votación fue más en contra que a favor. Zapatero no ganó las elecciones, las perdieron Bono y las suspicacias que despertaba. El triunfo de Zapatero se debió tan sólo al miedo de muchos miembros del partido socialista a que Bono ocupase la Secretaría General y a los pocos escrúpulos que Zapatero tuvo en aliarse con los grupos más oportunistas (como el de los “balbases” que después darían la espantada en la Comunidad de Madrid) o en prometer lo que llegado el momento no podría cumplir. Buen cuidado tuvo Maragall en recordar en la negociación del Estatuto este apoyo del PSC.

Los cuatro años de oposición estuvieron totalmente vacíos de contenido; marcados por la frivolidad y la moralina propia de las proposiciones generalistas. Fue incapaz de acuñar un discurso alternativo al del PP en materia de política económica como no fuese alguna genialidad como la del tipo único en el IRPF, que produjo risa hasta en los que mantenían en esta materia las posturas más reaccionarias, porque ellos mismos no se habían atrevido a llegar tan lejos.

A lo largo de esos cuatro años, los ganadores del 35 Congreso mostraron de manera evidente su bisoñez y desconocimiento de la actividad pública y de la Administración pero, sin embargo, dieron pruebas fehacientes de que dominaban bastante bien los entresijos de las formaciones políticas e incluso del juego electoral, es decir, de aquellos factores que pueden proporcionar sin demasiado esfuerzo votos. Así utilizaron el enorme error del PP de implicarse sin medida en la guerra de Irak o arrimarse al sindicato “hermano” para rentabilizar su oposición a la reforma laboral.

Zapatero hubiese sido un paréntesis corto en la historia del PSOE si un acontecimiento brutal no hubiera irrumpido en la vida española, los atentados del 11-M. Nadie, absolutamente nadie, daba por ganador al PSOE en los días anteriores a las elecciones del 2004. No lo arrojaban las encuestas. Tampoco los miembros del partido socialista. Pocos días antes de los comicios, tuve ocasión de comer con algunas personas que habían ocupado cargos de relevancia en la época de Felipe González. Estaban desesperados porque veían que, tras ocho años de marginación, se les escapaba de nuevo el triunfo y con toda probabilidad iban a continuar de vacaciones. Puedo asegurar que sus críticas y juicios despectivos ante la nueva dirección sobrepasaban con mucho a los míos. Casi tuve que defender a Zapatero. Algo parecido pronosticaban los medios de comunicación. Recuérdese el panorama que diseñaban y la opinión que dejaban traslucir los guiñoles de Canal Plus, quizás los mejores analistas políticos de entonces.

Fueron los atentados de 11-M y la nefasta respuesta del PP los que dieron el triunfo a Zapatero. Entiéndaseme bien, estoy totalmente alejado de defender esa estúpida teoría conspiratoria en que algunos medios de comunicación se empecinaron y que no se sostiene. Simplemente mantengo algo que me parece evidente, que hay sucesos que, al margen de la voluntad de los protagonistas de la vida política, inciden sustancialmente en ella, y uno de esos acontecimientos fueron los atentados terroristas.

Zapatero alcanzó el poder y comenzó una nueva etapa, etapa de la que habría mucho que decir, de sus errores en el diseño territorial del Estado, de cómo continuó durante cuatro años aplicando la errónea política económica del PP hasta que la crisis le sacó del ensueño o de cómo la alardeada política social es una quimera, pero todo ello tendrá que ser objeto de otro artículo.

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Nota biográfica

Lo peor de los rituales parlamentarios es que todo el mundo sabe de antemano qué van a decir los protagonistas. Cada uno llega dispuesto a interpretar su papel y, con más o menos gracia, nos recita el guión al que nos tiene acostumbrados. De ahí que cuando el interviniente se arriesga a decir algo de su propia cosecha –en el argot teatral, morcillas- sea lo mejor de la función. Entonces es incluso posible que, burlando la censura, salga al exterior el inconsciente y se hagan afirmaciones que reflejan lo que realmente se piensa pero que de ninguna manera se querría haber dicho.

En el último debate sobre el estado de la nación aparecieron dos de estos actos fallidos. –Por cierto, se debería haber llamado debate sobre el estado de Cataluña y del País Vasco, a juzgar por la atención dedicada a ambas Comunidades parece que todo se inicia y se termina en ellas–. Decía que en el último debate aparecieron dos de estos actos fallidos. Quizás, lo único esclarecedor de las sesiones. Se produjeron en la intervención del portavoz del PNV y en la réplica que le proporcionó Zapatero.

El señor Erkoreka centró su primera intervención en el apoyo que el PNV había prestado al Gobierno, apoyo que, según afirmó con reiteración, fue desinteresado y basado exclusivamente en la responsabilidad política y en la predisposición constante mostrada por su partido de asegurar la gobernabilidad. En ese manejo del botafumeiro hacia su propia formación política, calificándola de seria y responsable llegó incluso a recriminar a otros partidos, que se jactan de amar a España, de no actuar de la misma manera desinteresada y altruista.

Pero, inmediatamente después se produjo el acto fallido, porque sin solución de continuidad comenzó a reprochar al Gobierno los múltiples incumplimientos de las promesas realizadas a cambio del apoyo recibido, dejando bien a las claras los verdaderos motivos de la prestada ayuda parlamentaria, motivos crematísticos y dirigidos a que el País Vasco obtenga beneficios frente a otras Comunidades como Castilla y León o la Rioja. Nada que ver, por tanto, con el altruismo y el sentido de Estado.

Es más, parece que se está gestando ya la próxima factura a pasar por los apoyos futuros. No es de extrañar que desde Andalucía se haya visto con suma suspicacia la entrega de caja Sur a Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) en poder del Gobierno vasco y se sospeche que constituye un anticipo del precio total a pagar próximamente. Sea o no sea así, de lo que no cabe duda es de que, tal como afirmaba en el artículo de la pasada semana, la reforma que se está efectuando en las cajas de ahorros va a terminar en la privatización de la mayoría de ellas e incrementará los desequilibrios regionales, ya que serán las Autonomías ricas las que podrán mantener sus Cajas, incluso expandirlas, con el poder económico que ello comporta.

En la réplica, Rodríguez Zapatero también tuvo su propio acto fallido. En el calor de la controversia y ante la acusación de que había tardado en reaccionar, alardeó de que él se había atrevido a realizar una reforma laboral, lo que otros -en clara alusión al PP- no habían hecho. Los votantes de izquierdas deberían tomar buena nota de la afirmación porque quizás fue ésa una de las pocas verdades que el presidente del Gobierno profirió en el debate. Los partidos socialistas en el poder se atreven a aplicar medidas antisociales que la derecha no osaría llevar a cabo. En España, las reformas laborales las ha acometido el PSOE. Varias, en tiempos de Felipe González. El PP intentó la suya, pero hubo de dar marcha atrás ante la presión sindical, y del propio partido socialista. Schröder y los verdes acometieron en Alemania el Plan 2000, un ambicioso proyecto de recortes sociales que allanó el camino a la señora Merkel.

El acto fallido de Zapatero tiene mucho de verdad. Es muy posible que Rajoy no se hubiese atrevido a abaratar el despido, a congelar las pensiones y a reducir nada menos que un 5% los salarios a los funcionarios. Quizás hubiera hecho otras cosas, pero no éstas. Y es que la derecha sabe que cuando acomete medidas antisociales se enfrenta con una enorme oposición, oposición que se debilita si es un partido de la teórica izquierda el que las emprende. La derecha no puede criticarlas demasiado y en la izquierda siempre hay voces que intentan justificar las medidas y desactivar la crítica con el latiguillo de que si vienen los otros es peor.

Habría que empezar a pensar si para hacer una política económica de derechas, que es la que hacen los unos y los otros, no sería mejor la derecha; al menos, las cosas estarían claras, no habría confusión, ni malos entendidos. Cada uno en su sitio y desaparecerían las coartadas y pretextos para no movilizarse. ¿Qué hubiesen dicho muchos miembros del partido socialista si hubiese sido el PP el que hubiera instrumentado estas medidas?

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Nota biográfica

Vengo afirmando que el origen más remoto de esta crisis no se encuentra en EEUU, tal como se ha dicho, sino en China y en todos los países –incluyendo Alemania – que practican una política cambiaria similar. China viene instrumentando una política fuertemente proteccionista, no sólo porque sus condiciones sociales y laborales pueden constituir un claro ejemplo de dumping o porque utilice mecanismos de control tanto de importaciones como de exportaciones, sino por su estrategia de mantener infravalorada su moneda. Está dispuesta a comprar todos los dólares y euros que sean necesarios con tal de que este tipo de cambio se mantenga, lo que implica abaratar las mercancías chinas y encarecer las de los terceros países; incrementa sus exportaciones y reduce sus importaciones, originando año tras año un importante superávit en su balanza de pagos, que se corresponde con importantes déficits en otros países, en especial EEUU, pero también, por ejemplo, en España.

Que nadie piense que tal política beneficia a los ciudadanos chinos, ya que, para mantenerla, el excedente no se puede gastar en el país, sino que debe invertirse en el exterior a unos tipos muy reducidos, generando las burbujas que en parte han sido causa de la crisis.

En Europa, ocurre algo similar con Alemania. Su política deflacionista y de austeridad ha generado un importante superávit en su balanza de pagos, que se traduce en déficit en otros muchos países. En situación normal, el desequilibrio desaparecería con la apreciación respecto a las otras divisas de la moneda germánica, pero ello no es posible en el presente, al estar todos integrados en la Unión Monetaria. Tampoco los trabajadores alemanes se benefician de la situación. Un buen amigo, que fue en otros tiempos agregado laboral de la embajada alemana en España, me escribía hace algunos días horrorizado del deterioro del Estado del bienestar y de la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores en su país. En el futuro, Alemania y China se igualarán sí, pero por abajo.

¿Por qué se le permite a China una política cambiaria proteccionista? ¿Por qué se consiente que la Unión Monetaria Europea se base en los actuales parámetros? Tales políticas perjudican a los trabajadores tanto de los países deficitarios como de los excedentarios, pero benefician a otros muchos, a todos los que realmente mandan tanto en política como en economía.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

El Gobierno acaba de aprobar un decreto ley que certifica la defunción de las Cajas de Ahorros. Se inicia un proceso similar al de Italia. El desenlace no puede ser diferente. En este último país las cajas ya han desaparecido. El contenido del decreto ley no ha supuesto ninguna sorpresa. Dado que el Gobierno se ha adentrado por el camino de una política netamente de derechas, no cabía esperar nada distinto. Era previsible que se inclinase hacia las privatizaciones. En sentido estricto, sin embargo, no se puede hablar de privatizaciones, puesto que jamás han estado nacionalizadas, nunca han sido públicas.

Una de las actuaciones más decepcionantes del PSOE cuando llegó por primera vez al gobierno en el año 82, fue el tratamiento dado a las Cajas de Ahorros, renunciando a crear con ellas una banca pública potente y dejándolas, por el contrario, en manos de Comunidades Autónomas, corporaciones locales, sindicatos e impositores, con lo que las hizo presas fáciles del caciquismo local y las privó de los mecanismos de control de las entidades públicas. Esa ambigüedad en su naturaleza y esa inconsistencia en su funcionamiento las ha hecho enormemente vulnerables a la crisis actual. Conviene recordar, no obstante, que las cajas soportaron la crisis bancaria de los ochenta mucho mejor que los bancos y que fueron éstos los que precisaron ser salvados por el Estado y absorbieron cerca de dos billones de pesetas de las de entonces de recursos públicos.

No es lícito, por tanto, sacar conclusiones interesadas acerca de que su carácter público las ha conducido a las dificultades que bastantes de ellas padecen en la actualidad. La causa hay que buscarla más bien en su dispersión y en el control que sobre ellas se ha concedido a las Autonomías. Por otra parte, está por ver lo que ocurre con los bancos, en gran medida también enfermos, aunque muchos de ellos están logrando sortear la crisis a base de mantener en el balance créditos no demasiado solventes y de hacer recaer el coste sobre los clientes por la vía de restringir el crédito y elevar su precio.

Es posible que en el sistema económico actual la figura de las cajas -situadas en tierra de nadie- se encuentre obsoleta; es posible también que bastantes de ellas precisen de capitalización, pero la inyección de capital puede ser tanto pública como privada. De hecho, la financiación ya está siendo pública, a través del FROB. Lo inaceptable es que el sector privado se apropie de lo rentable, mientras que el sector público termina asumiendo como siempre las pérdidas.

La capitalización de las Cajas de Ahorros se puede realizar perfectamente desde el Estado creando una consistente banca pública. Aunque esto parezca hoy una herejía, lo cierto es que si algo ha demostrado esta crisis es el papel relevante que el sistema financiero juega en cualquier país y cómo toda la economía está dependiendo de él. Quiérase o no, se ha convertido en el servicio público más importante. Esta crisis ha puesto de manifiesto el peligro que representa dejar una parte tan esencial de la economía en manos privadas. Y ha demostrado algo más, que a la hora de la verdad es el Estado el que tiene que sufragar la orgía financiera.

La solución “a la carta” por la que se ha optado es la peor de las posibles y constituye un peaje de los nacionalismos. Desde el Gobierno, con tono didáctico, se explica que cada caja podrá optar por la solución que mejor le cuadre. Sin embargo, saben que es falso y que la decisión la tomarán las Comunidades Autónomas según sus posibilidades y de acuerdo con el margen de maniobra que les permita el Banco de España. En un proceso más o menos largo, la mayoría de las cajas se transformarán en bancos. Sólo las grandes podrán subsistir y, especialmente, si están en una comunidad con mayoría nacionalista, que no renunciará a tener su propia banca pública en forma de caja. Una vez más, se producirá la disparidad y el desequilibrio regional.

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Rara vez, tras unas elecciones, un partido se presenta ante la opinión pública como perdedor. Todos pretenden destacar algún aspecto del resultado que les favorezca para simular un triunfo, aunque sea parcial. Algo parecido ha sucedido con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña. La única diferencia es que aquí existen partidos nacionalistas (y algún otro, como el PSC, contagiado por la misma fiebre) que, presa de su victimismo, están siempre prestos a proclamarse perdedores.

El PSOE ha querido presentar la sentencia como una derrota del PP, pero si algo ha quedado claro en todo este proceso es que el Estatuto que se elaboró y se aprobó en su día es inconstitucional. A pesar de las enormes presiones políticas, de los chantajes y de las amenazas de los partidos catalanes, a los magistrados –incluso nombrados en su mayoría por el PSOE y sensibles por tanto a los intereses de este partido-, les ha sido imposible aceptar la constitucionalidad de algunos de los artículos.

A mi entender, el tema es grave y no vale tirar balones fuera, desviando la atención acerca de si el TC había o no dado la razón al PP y si este partido había recurrido tantos o cuantos artículos. Con independencia de quien fuera el recurrente –el Defensor del Pueblo también interpuso recurso-, del contenido de éste y de lo acertado o desacertado que se estuviese a la hora de elaborarlo, lo cierto es que el Parlamento catalán y el Gobierno de la nación han querido dar un golpe anticonstitucional y en parte lo han conseguido. Han pretendido modificar la Constitución por la puerta de atrás, sin cumplir los requisitos jurídicos que la propia Carta Magna estipula a tal fin.

La presidenta y los miembros del TC nombrados por el PSOE, aun cuando han intentado por todos los medios posibles sacar al Gobierno del atolladero en el que se había metido, no han tenido más remedio que declarar la inconstitucionalidad de 14 artículos e interpretar otros 27, que es la vía por la que se intenta maquillar su inconstitucionalidad.

Los magistrados han visto con claridad la inconstitucionalidad de aquellos artículos que hacían referencia a la justicia, sin embargo en lo que respecta a los temas económicos y financieros, quizás por falta de conocimiento, han creído que el problema se solucionaba a base de interpretarlos, lo que en la mayoría de los casos va a ser un contrasentido, porque la interpretación entra directamente en contradicción con la letra del articulado. Tal planteamiento es especialmente grave y dará lugar a un sinfín de conflictos, porque aun cuando la opinión pública se fije sobre todo en asuntos tales como la nacionalidad o la lengua, lo cierto es que son las materias económicas y lo que implican de privilegios y de desigualdad con el resto de los españoles las que atacan frontalmente la constitucionalidad del Estatuto. Son éstas sin duda las que imposibilitan la aplicación del Estado social que define la Constitución.

No sé si los nacionalistas tienen razón cuando afirman que este affaire del Estatuto está acentuando el despego de los catalanes por España, pero lo que es seguro es que está generando un sentimiento anticatalán en el resto de España, sentimiento que o no existía o era muy débil. ¿Quién es el culpable de uno y otro fenómeno? Desde luego, no el TC. Los mayores responsables son aquellos que por interés propio se embarcaron en un proceso anticonstitucional: el presidente del Gobierno prometiendo, en un rasgo de irresponsabilidad política para ganarse fácilmente al electorado catalán, aprobar en las Cortes lo que el Parlamento de Cataluña sancionase, y la gran mayoría de los políticos catalanes propugnando metas autonómicas que entraban en claro conflicto con la Constitución. Uno y otros lanzaron a la sociedad catalana a una suerte de enfrentamiento con el resto de los españoles que no podía ver con buenos ojos que se quisiera privilegiar a una parte del Estado frente a las demás. Siete años en los que, de forma gratuita, se han abierto muchas heridas, heridas que no va a ser fácil que cierren si el mismo presidente del Gobierno promete trasladar a leyes orgánicas aquellas partes del Estatuto que han sido rechazadas por el TC.

El presidente del Gobierno no sólo no ha solucionado un problema, sino que más bien lo ha creado, principalmente en la sociedad española, pero también dentro de lo que llaman familia socialista. El PSC, con su postura victimista, se queja y presiona cada vez más al PSOE y, aunque públicamente no lo digan, seguro que muchos sectores del PSOE deben de estar un poco hartos de la postura de sus compañeros del PSC.

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