Reggio’s

EL REVÉS DE LA TRAMA

Las revelaciones de este periódico sobre la participación de José Manuel Gómez Benítez en la negociación con ETA y su reacción para justificar su faena pero no para desmentir el contacto son dos pruebas más de los tratos que Rodríguez Zapatero autorizó con los terroristas.

La mayor cautela que se ha tenido con la citada noticia es aducir que las llamadas actas de la banda terrorista no merecen todo el crédito como para aceptar sin más que Gómez Benítez se ofreció a mediar para que quedaran en nada los procesos judiciales contra Jarrai y PCTV.

Bien, admitamos procesalmente esta reserva hasta nuevas revelaciones. Lo que no se puede negar a estas alturas es que la negociación entre el Gobierno de Zapatero y los etarras existió. Lo cual quiere decir que Rodríguez Zapatero, con el respaldo de sus ministros, mintió reiteradamente a la sociedad española en asunto tan crucial.

De la negociación conocemos las fechas, los lugares y los interlocutores. Conocemos también argumentos de cada parte, alguno tan inadmisible y descabellado como el que los terroristas atribuyen a Gómez Benítez, quien prometió, según ellos, mediar en los tribunales, hasta en el Supremo, para que no se conectara con ETA a esas dos organizaciones etarras. O sea, lo que ofreció a los terroristas, según ellos, fue lograr una monumental prevaricación en su beneficio. Pero insisto en que debemos dejar esto de momento a la espera de las confirmaciones y evidencias que acabarán llegando, para reparar en la gravedad de las falsedades que de forma masiva ofreció Zapatero a los españoles.

La sociedad española ha demostrado en varias ocasiones no ser especialmente sensible a la mentira de los políticos. Una parte de la sociedad no quería enterarse de la existencia de los GAL y sus asesinatos, ni le inquietaba que el Gobierno de Felipe González esparciera mentiras sobre el caso. Otras sociedades han exigido a sus gobernantes respeto escrupuloso a la verdad. La caída de Richard Nixon se debió más a sus mentiras reiteradas a la nación que a los delitos y faltas cometidos por sus fontaneros de mayor o menor rango.

Pero aquí Zapatero ha mentido descaradamente y está por ver aún que se le reproche en serio. Claro que las reacciones sociales requieren tiempo. Hay mucha gente que aún recuerda aquella frase lapidaria de Pérez Rubalcaba en la víspera electoral de 2004 bajo el impacto traumático del atentado del 11-M: «Necesitamos un Gobierno que no nos mienta». Fue una frase violenta y destructiva, perfecta para anular al adversario con independencia de que mintiera o se esforzara por transmitir verdades bajo la convulsión originada por las agitaciones posteriores al atentado. Su efecto dura aún en muchas memorias. Sin embargo, es una frase que podría ser lanzada hoy contra el actual Gobierno con toda razón. Porque Zapatero mintió con aquel mal llamado proceso de paz, como mintió después con la crisis, como miente cuando asegura que ya salimos hacia la prosperidad. Si la sociedad española tuviera un sentido ético lógico y a la vez práctico de la vida pública, no dejaría de Zapatero, electoralmente hablando, ni las raspas. Si los políticos no son capaces de respetar un mínimo código ético, han de ser los ciudadanos quienes les pasen la factura. No perdamos la esperanza en esa regeneración. ¿Ensueño? No, necesidad.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

Si el Gobierno hubiera querido alcanzar un pacto de Estado para luchar contra la crisis económica, habría convocado previamente al Partido Popular y habría acordado las bases para una negociación, después de que Zapatero hubiera hablado con Rajoy clara, lealmente, de lo que conviene hacer. Un pacto de Estado requiere el acuerdo de los dos grandes partidos que suman casi el 84 % de los votos de los españoles, los únicos partidos que pueden gobernar España, los que gobiernan casi todas las autonomías. Los demás partidos, que ayer enviaron a la reunión presidida por Salgado, Sebastián y Blanco a 11 de sus políticos, tienen en un pacto de Estado una presencia bienvenida, aunque no son imprescindibles. Pero es que el Gobierno no quiere un pacto de Estado.

Si el Ejecutivo hubiera querido alcanzar un pacto de Estado, habría preparado un orden del día serio y adecuado al objetivo y no un «índice de temas» generalizado e incompleto propio de una reunión de observadores. Habría hecho referencia en el papel al objetivo -el pacto- y no se habría quedado en la generalidad de un «diálogo político» sobre asuntos que van (textualmente) desde el estudio del «impulso a la colaboración público-privada» al de la «promoción turística en el exterior», y que ignoran la reforma del mercado laboral.

Tal «índice de temas» daría para un larguísimo aunque incompleto seminario sobre la actividad económica, pero es inadecuado para una negociación que ha de alumbrar medidas urgentes de combate contra una agobiante crisis. Y el Gobierno, con la vista puesta noblemente en el pacto, habría enviado el orden del día con antelación suficiente para que los interlocutores lo estudiaran, no en el último momento, sin tiempo de entrar en materia. Pero es que el Gobierno no quiere un pacto de Estado.

¿Qué busca entonces el Gobierno cuando dice que quiere alcanzar un pacto de Estado contra la crisis económica? Busca lo que ha sido y es su principal objetivo, en el que ha invertido e invierte la mayor parte de sus energías: realzar su imagen y dañar la de su competidor, el PP. Al planteamiento de la reunión de ayer sólo se puede responder, desde la sensatez, con críticas y con reproches, como hizo el portavoz económico popular, Cristóbal Montoro, pero esa reacción será presentada por el Gobierno y sus numerosas terminales mediáticas como una deslealtad del principal partido de la oposición, que será acusado a renglón seguido de torpedear la respuesta más adecuada, más sincera, por supuesto -¿alguien lo duda?-, a la crisis. El Gobierno no quiere un pacto de Estado, sino el deterioro de su alternativa, para lo que no ha dudado estos días en llegar a culpar de la crisis a José María Aznar, ¡que hace seis años que dejó de gobernar! Al Ejecutivo de Zapatero le interesa la reunión montada no porque vaya a encontrar ahí la solución anticrisis que es incapaz de articular por sí mismo, sino porque puede procurar el desgaste de su antagonista. Por eso, la de ayer no es una operación estrictamente económica contra la crisis, sino una calculada operación política aunque repetida: ya la hemos visto otras veces. Ha de tener cuidado el PP en los pasos que da porque (y perdón por la autocita) España precisa de una clara alternativa de Gobierno, más necesaria cuando a la gravedad de la crisis económica se une la gravedad de una preocupante crisis política provocada por un Gobierno que se ha quedado sin ideas y es incapaz de responder a los problemas más elementales.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

Zapatero no quiere un pacto, quiere una tapadera. Si hubiera querido un pacto para luchar contra la crisis, habría llamado a Rajoy y se lo habría propuesto sin esperar a la escena parlamentaria que ha montado esta semana. Incluso sin llamada previa, si lo hubiera querido lo habría planteado en el Congreso sobre contenidos concretos: «Mire usted, debatamos un acuerdo sobre un nuevo contrato laboral, la utilidad de subir o bajar impuestos, sobre cómo ahorrar gasto, qué hacer con las pensiones… Aunque los sindicatos se subleven». Pero no lo ha planteado así porque odia ceder ante el Partido Popular su dogmatismo con la crisis, que pasa en menos de 24 meses de negar su existencia a calificarla como la más grave de los últimos 80 años, ahí es nada. Lo que quiere es que el Partido Popular le cubra las espaldas y las vergüenzas.

En el Congreso no se vio el martes al Zapatero de otras veces. Aunque se creció al final, allí acudió un político noqueado por un problema que le ahoga. La crisis le ha superado y, en vez de aplicar medidas valientes, enérgicas e impopulares -jugársela al fin y al cabo, que es lo que se espera de un jefe de Gobierno-, busca refugiarse entre las faldas de la oposición. El debate político está tan pervertido que se exige a la oposición los remedios que hay que requerir al Gobierno.

- Es que no conocemos las medidas de la oposición.

- Usted perdone, pero lo que necesitamos conocer es las medidas del Gobierno.

(Aparte de que todo el que ha querido enterarse sabe lo que haría Rajoy si gobernara).

Ahora, el partido de Rajoy debe acudir a la llamada de la comisión para el pacto (último invento zapateril que posiblemente acabará como los artificios de Napoleón: es a él a quien se le atribuye la confidencia «cuando quiero que un problema no se resuelva, creo una comisión»), debe acudir por si suena la flauta y aparece por allí un partido gubernamental con intención sincera de alcanzar un pacto en bien del país.

Pero que el PP se tiente la ropa. La actual legislatura está acabada aunque falten aún dos años para que termine (si esto fuera baloncesto, diríamos que estamos en los minutos finales de la basura, minutos que van a parecer una eternidad) y el objetivo de Zapatero es obtener oxígeno mediante el enredo de los demás en su naufragio. Si Zapatero empezó su inesperado mandato hace seis años promoviendo un pacto para la exclusión social y política del PP -un pacto escrito que debería avergonzar a sus firmantes y del que el PP logró recuperarse contra muchos pronósticos-, ahora trata de arruinar sus expectativas de futuro implicándole en su fracaso político frente a la crisis.

Eso es lo que significa la finta de Zapatero disfrazada de llamada para un pacto. No estoy diciendo que no sea útil un pacto sincero; estoy diciendo que el pacto planteado no es un pacto sino una trampa, mediante la que se quiere transmitir la ficción de que se lucha contra la crisis económica cuando, en realidad, se trata de maquillar la crisis política que atenaza a Zapatero. Actuando con inteligencia y con astucia, el PP ayuda a este país, que necesita que al menos quede una alternativa creíble al fiasco de un jefe de Gobierno que ha agotado ya hasta las ocurrencias.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

Tenemos gran confianza en los pactos políticos, pero algunos son imposibles. Ha habido pactos muy útiles, como el antiterrorista, acordado por Aznar y Zapatero, que sirvió de mucho hasta que éste llegó a La Moncloa y lo desactivó para negociar con ETA.

Pero hay pactos que morirán en el intento; así, el pacto sobre educación, del que ahora se habla tanto. No es que no sería beneficioso, sino que en la actual realidad de España, con dos partidos mayoritarios que defienden concepciones alejadas -si no opuestas- es irrealizable. Dicho esto, me gustaría equivocarme porque nuestra crisis educativa es una desgracia con penosas consecuencias de futuro.

El estado catastrófico de la enseñanza en España, que nos sitúa a la cola de Europa, comenzó con la ley que aprobó la mayoría de Felipe González en 1990, la Logse de infeliz memoria, a consecuencia de la cual descendió la exigencia en las aulas y empezaron a perderse valores esenciales como el del esfuerzo.

Las leyes redactadas después no enmendaron el error. Una de ellas, la de Calidad de la Educación de 2002, por imposibilidad, pues el primer Gobierno Zapatero, nada más estrenarse, impidió que se aplicara y luego la reemplazó por otra que retrocedía hasta el principio. Esta guerra de educación convierte el pacto que se desea en una quimera inalcanzable.

La única posibilidad de cambiar el sistema y recuperar los valores del mérito, la responsabilidad y el esfuerzo es que gane las elecciones el PP con mayoría suficiente y elabore una ley con base en sus propuestas para el pacto que ha presentado esta semana. Y que lo haga al principio de la legislatura, para evitar que otro Gobierno cometa la arbitrariedad de suspenderla. Tras 20 años del sistema fracasado de la izquierda, es lógico e higiénico que la alternativa tenga su oportunidad. Y digo que la solución es la ley del PP porque su documento contiene ideas suficientes para construir un sistema que cuide al buen estudiante, que exija al mal alumno, que eduque en valores, que transmita conocimiento, que eluda los provincianismos, que respete la lengua común de todos los españoles, que no use a los niños y a los jóvenes como conejillos para acciones políticas de adoctrinamiento.

En las propuestas del PP observo dos fallos. El primero es la mutación de su rechazo a Educación para la Ciudadanía en una aceptación matizada. No basta con ajustar el contenido de EpC a los valores constitucionales porque, aparte de que estos valores tienen que ilustrar toda la actividad de la enseñanza, conservar la asignatura es salvaguardar un vehículo para adoctrinar en ulteriores ocasiones.

El segundo es el olvido de la asignatura de Religión, que es materia esencial para muchos padres y que se halla maltratada mediante su no evaluación, entre otras cosas. Todo lo demás de sus propuestas cambiaría para bien la maltrecha educación en España. Pero son medidas muy alejadas del concepto socialista de la enseñanza. No desconfío del ministro Ángel Gabilondo, que es persona sensata y respetable. Si pienso que el pacto es imposible es porque no veo al Gobierno Zapatero dando marcha atrás, a pesar de las razones tan poderosas que exigen su rectificación. Pero insisto: nada me gustaría más que equivocarme.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

La decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles es refrendada por una amplia mayoría. Las consultas que se hicieron ayer en internet registraban porcentajes de apoyo entre el 75% y el 85%. Aplíquese el margen de error o de pillería a sondeos sin selección pertinente de los encuestados y, aunque haya que restar muchas opiniones, aún quedará una mayoría significativa que dice no querer a los extranjeros que se encuentran en España en situación de ilegalidad. Sin duda la crisis influye en este sentimiento. Se sabe que la economía sumergida, que es muy relevante (hasta en un 20% la cifra el ministro Corbacho), es el refugio lógico de muchos sin papeles, y cuando escasean los puestos de trabajo empieza a cundir el desasosiego.

Pero lo que ha puesto de relieve esta inesperada determinación de Vic han sido varias hipocresías. La primera es la de los legisladores, que con una mano escenifican el acogimiento a todo inmigrante que llame a la puerta, mientras que con la otra le empujan fuera. Veamos un ejemplo: de un lado, la Ley de Bases de Régimen Local obliga a todos los extranjeros a empadronarse (art. 16) y, de otro, la Ley de Extranjería manda expulsar al extranjero que se halle «irregularmente en territorio español» o trabaje en España sin «permiso de trabajo o autorización administrativa previa» (art. 57 en relación con el 53), o sea, cuando no disponga de papeles. De modo que las leyes prevén al mismo tiempo la inscripción y la expulsión de una misma persona. Como, por otra parte, el empadronamiento da derecho a programas de protección social (educación, asistencia sanitaria…) y es una prueba para regularizar la estancia, tal empadronamiento actúa como vía de legalización de inmigrantes que, según la ley, tendrían que ser expulsados. No es extraño que muchos vean que Vic tiene parte de razón.

Pero en el equipo de gobierno del municipio barcelonés participa el Partido de los Socialistas de Cataluña, cuyos cuatro concejales forman mayoría con los ocho de CiU y los dos de ERC. Su respaldo a esta medida no tendría más importancia si no fuera porque su partido hermano en el resto de España, el PSOE, patrocina lo contrario, de modo que también aquí tenemos dos manos del mismo cuerpo actuando en direcciones divergentes. Por supuesto, la reprobación del Gobierno ha sido delicadamente suave en la forma, cuando tantas veces hemos escuchado tantos excesos verbales contra quienes desde ámbitos de la derecha se han atrevido a poner en duda el acierto de la política de inmigración. Lo menos que les llamaban era xenófobos desde la comodidad acrítica de lo políticamente correcto, y eso les llamaría otra vez y con repique de tambores la izquierda intolerante si decidieran lo que en Vic. Hipocresías y fingimientos no por conocidos menos patéticos.

No conviene dar por resuelto el problema del encaje de la inmigración. La mayoría de los inmigrantes recibe un trato amable, el trato que toda persona se merece. Pero no conviene ignorar las contradicciones de nuestra legislación, ni lo que hay en el fondo del caso de Vic ni la capacidad de emulación del género humano y, en especial, del espécimen político. No sea que empiece a cundir el ejemplo y surja de pronto un germen de conflicto.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

La perorata anticonstitucional de José Montilla es similar en el fondo a la de Joan Laporta. Se diferencian en la forma. El cordobés presidente de la Generalitat planea «una respuesta política» a la posible sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut. El barcelonés independentista, que se apoya incluso en los colores del Barça que preside, sostiene que el Constitucional no puede «corregir ni una sola coma de lo que ha aprobado en referendo el pueblo de Cataluña», y además descalifica a la alta institución con esta imprecación: «¿Qué concepto de democracia tienen?». Ambos políticos arriman el agua a su molino; aquél, posiblemente impelido por la brusca caída de su popularidad y de las expectativas electorales de su Partido Socialista de Cataluña; éste, estimulado por su proyectado desembarco en la política profesional para promover la independencia de su nación y constituirla en Estado.

Ambos tienen derecho a ser anticonstitucionales en un sentido: en el de discutir la Constitución y, como consecuencia de ello, promover su reforma por el método legal establecido. Para ello, gozan incluso de la protección de la propia ley, que ampara a todos los ciudadanos, comprendidos por supuesto los críticos. Pero no tienen derecho a ser inconstitucionales en otro sentido: en el de quebrantar el orden legal. Mucho menos el presidente de la Generalitat, que es un cargo de la Administración española, un gestor en una parcela del Estado español que está obligado por principio a cumplir y a hacer cumplir la ley.

El orden legal establecido se viola con la rebelión contra las decisiones del Tribunal Constitucional, que ha de velar por el respeto a la propia Constitución y cuyas sentencias son de obligado cumplimiento. Este segundo sentido de ser anticonstitucional es una manera de ponerse al margen de la democracia, que se basa en la primacía de la ley.

El argumento usado por Laporta -y por muchos otros que quieren encerrar su Estatut bajo siete llaves- según el cual un tribunal no puede echar abajo lo aprobado en referéndum es inservible. Un referéndum como el celebrado en Cataluña, previsto por la ley para aprobar un Estatuto o su reforma, no puede ser un atajo para implantar algo contrario a la Constitución, o sea, para culminar una reforma constitucional, que de esa manera sería encubierta e ilegal. Más bien hay que hablar de irresponsabilidad en el establecimiento del calendario para el Estatut, que fue sometido a referéndum sin esperar el dictamen del Constitucional.

Hace unos años existía el recurso previo de inconstitucionalidad, que paralizaba la entrada en vigor de una ley recurrida al ser admitido por el tribunal. Pero ese recurso fue suprimido en la etapa de Felipe González y el sistema se vio privado de una cláusula de garantía que en el caso del Estatut habría mostrado su prudencia y su eficacia.

El mínimo respeto debido a las normas de la democracia debería llevar a Montilla, Laporta y compañía a acatar de antemano lo que diga el Constitucional, que puede ser discutido, por supuesto, pero ha de ser obedecido. Lo contrario es una insurrección en actitud antidemocrática que a quienes deja mal es, sobre todo, a sus protagonistas. La reproducción de estas conjuras es, en todo caso, otro motivo para que el tribunal decida ya de una vez. A ver si este año…

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

Hay quien cree que ser de izquierdas es apoyar todo lo que dice y hace Zapatero. Posiblemente sea ya el no va más de la inanidad, pero en la actual situación de vaciamiento de ideas cualquier cosa podemos llegar a ver. Las izquierdas y las derechas nunca han estado más revueltas y diluidas que ahora, pero estos años en España se ha pretendido construir el supuesto prestigio de la izquierda y el supuesto descrédito de la derecha. Cuando en el mundo civilizado ya nadie, salvo los demagogos, tira a la cabeza del contrario una u otra etiqueta, aquí se reconstruyen para el enfrentamiento. Declararse de la izquierda o de la derecha es una manera de «ser imbécil» pues ambas son «formas de la hemiplejía moral», escribió Ortega en 1937, pero algunos están dispuestos a darle toda la razón 72 años después.

El izquierdista de hoy se autojustifica dando su apoyo a la injusta Ley del Aborto de Aído/Zapatero, un extravío que convierte en derecho la decisión de quitar el derecho a la vida de otro por un simple acto de voluntad; o suscribiendo el proyecto de cambiar el sistema productivo por ley, lo cual es un imposible y una tontería; o aplaudiendo los pronósticos insolventes que cada dos por tres formula el presidente del Gobierno sobre la salida de la crisis económica que él mismo negó. Estos tres asuntos han ocupado gran parte del espacio político en este año que se acaba y ninguno de los tres nos va a ayudar a ser más felices ni más justos, pero a muchos autoproclamados izquierdistas les tranquiliza, aunque el número de parados haya batido un récord catastrófico, aunque el Estado se haya empobrecido fatalmente, aunque sólo tengamos en el horizonte promesas y no medidas en las que confiar.

En la llamada izquierda se actúa de manera más coordinada y coincidente que en la llamada derecha, en la que surgen más discrepancias. Es lo que pasa en los dos grandes partidos que responden a estas calificaciones aún en uso: en el PSOE impera la disciplina, hasta el punto de que han votado sí al aborto confesados cristianos a costa de arrinconar sus convicciones; en el PP hemos visto discrepancias públicas de altísima tensión. Por ello, esa izquierda abunda en salidas en tromba contra el discrepante.

Estos días asistimos a los ataques dirigidos al juez Francisco Serrano por impugnar la Ley contra la Violencia de Género, cuya aplicación ha provocado, según él, injusticias en muchos hombres. No se le han discutido sus datos ni sus razones; simplemente se le ha injuriado para que no insista. Es un resultado del vaciamiento intelectual que padecemos: etiquetas y no argumentos.

Desde la Transición hemos sufrido un sensible retroceso en calidad de vida democrática, no sólo porque impere la demagogia, que es «una forma de degeneración intelectual», como también decía Ortega, sino sobre todo porque la dialéctica política se ha visto reducida tantas veces a la imprecación, a la descalificación y al fulanismo. Cuántos hay que se fijan en quién dice las cosas para ponerse maquinalmente a favor o en contra. Falta la idea, falla el concepto, flaquea el conocimiento. Cumplida la Transición bajo la dirección de UCD, se vio que España necesitaba una pasada por la izquierda para consolidar el cambio. Aquello se produjo con los 13 años de gobiernos de Felipe González. Hoy la necesidad es otra: una pasada por la sensatez. Es urgente pero me parece que aún está lejos, que 2010 no va a ofrecer a nuestra patria esa oportunidad.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

Circula estos días el rumor de que Zapatero baraja si presentarse o no a las próximas elecciones. El rumor dice que, como puede darse un batacazo, tratará de pasar a la posteridad como el candidato que ganó dos elecciones sin derrota alguna. Mmm… permítanme que desconfíe. No veo a Zapatero tirando la toalla. Más bien, veo que el rumor es muy interesado. Dicen que ha sido obra de sus adversarios, pero lo más probable es que haya salido del instinto de sus agentes de imagen. ¿Con qué objetivo? Entre otros, el de provocar una reacción de apoyo al líder cuando está en las horas más bajas de su mandato.

Lo que me hace recelar del rumor es la singularidad política de Zapatero, a quien hemos visto ocultar la crisis por egoísmo electoral cuando los desempleados ya formaban colas ante las oficinas del paro, y pronosticar cada lunes y cada martes el final de esa crisis en contra de los diagnósticos de los expertos más reputados. Zapatero ha demostrado ser capaz de todo para ganar unas elecciones y mantenerse en el poder, desde instalarse detrás de una pancarta y forzar la agitación contra el Gobierno tras el atentado más grave sufrido por España, hasta gobernar refugiado en falsedades (como aquellas mentiras sobre las negociaciones con ETA mientras las consumaba, por citar un episodio paradigmático). Zapatero no es el político que está listo a sacrificar su futuro, si es preciso, para que el país salga adelante. Por el contrario, se ha revelado alerta para realizar todo aquello que servía a sus intereses aunque el país no resultara privilegiado. El ejemplo más dramático de ésta su política ha sido el Estatut, fruto de una frívola promesa que consumará una ruptura de la legalidad del sistema si el Constitucional no lo remedia. Volcado hacia una izquierda radical a la que nunca aludió en sus programas ni en sus mítines, ha alumbrado políticas tan inútiles para lo que no sea restablecer la confrontación como la de la llamada memoria histórica, que ha provocado episodios tan chuscos como el de la búsqueda fallida de la tumba de Lorca en contra de los deseos de la familia, en un despilfarro de energías, dineros, sombras y despropósitos.

El rumor ha nacido al compás del desplome de su popularidad, que ése sí es un dato cierto. No sólo perdería hoy las elecciones por más diferencia de la que obtuvo en sus victorias, sino que su imagen va arruinándose y la confianza de los ciudadanos en su gestión cae bajo mínimos: según el CIS, el 60 % piensa que la situación política es mala y el 73 %, que es mala la económica. Pero hasta la convocatoria de las generales faltan dos años largos, en los que Zapatero espera que la crisis amaine y en los que nos sorprenderá con sus maniobras para apuntalarse en el poder, que es su elemental empeño. Tiene a su partido muy controlado, con una pequeña espita para las críticas suavísimas de los veteranos, que en nada se parecen a las ferocidades que Manuel Cobo dijo de Esperanza Aguirre y que la férrea disciplina socialista no soportaría. Y se disfrazará cuando lo vea necesario con la piel de cordero que le permita salvar su verdadero pellejo. No niego que esté en muy mal momento, pero no creo que piense en la retirada y sí que el rumor le ayuda en lo que más le importa. Sus autores, ya digo, saben de astucias para recuperar la estrella del jefe.

El rumor de su retirada puede provocar una reacción de apoyo cuando está en sus horas más bajas

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

Es asombrosa la deriva del PNV. Quienes creían que ya lo habían visto todo con el pacto que firmó este partido de la burguesía vasca con ETA, en 1998, tienen ahora otros motivos para la estupefacción con el apoyo que ha dado a la nueva Ley del Aborto del Gobierno de Zapatero. El radicalismo independentista y los engarces con el mundo etarra serían aplaudidos por el intransigente separatista Sabino Arana, su fundador, que advertía: «Nosotros odiamos a España con nuestra alma». (Ello, si prescindimos de la evolución españolista que experimentó poco antes de su muerte). Pero la defensa del aborto le devolvería a la tumba, pues su catolicismo también radical (casi todo era radical en él) le acompañó en toda su vida.

Sin duda, Arana desautorizaría a sus seguidores aunque sólo fuera por su fe religiosa, una vez que la jerarquía eclesiástica se ha pronunciado de modo indubitado contra la ley y ha proclamado que un católico no puede apoyarla. («De acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darla su voto». Declaración de 17/junio/2009). La militancia católica del fundador del PNV recorre toda su obra literaria y política, en la que no es difícil encontrar alegatos tan rotundos como éste: «Proclamo el catolicismo para mi Patria, porque su tradición, su carácter político y civil, es esencialmente católico. Si no lo fuera, lo proclamaría también; pero si mi pueblo se resistiera, renegaría de mi raza; sin Dios no queremos nada». No es exagerado deducir que Arana renegaría de los dirigentes de su partido tal día como hoy.

La incongruencia del PNV contra su historia y su doctrina llega precisamente en el peor momento, pues ha apoyado la ley después de que IU y ERC hubieran arrancado del Gobierno reformas que la radicalizan. No es ya sólo que la ley proclame el aborto como un derecho (lo cual es aberrante al establecer que el ejercicio de un derecho supone para otro el mal cierto de la negación de su derecho a la existencia, y es además inconstitucional pues nuestro TC tiene sentenciado que el nasciturus es merecedor de protección jurídica); no es que además autorice un aborto hasta las 14 semanas (¿han visto un feto de muchas menos semanas, con sus facciones humanas ya perceptibles?), sino que abre más la puerta al aborto hasta las 22 semanas, al conseguir IU y ERC eliminar uno de los dos informes médicos previsto en el anteproyecto, y se limita la objeción de conciencia a sólo una parte de los profesionales que han de intervenir en un aborto.

El PNV se ha conformado con un retoque que pretendía impedir a las menores de edad que consultaran con sus padres para abortar, que era el señuelo de Bibiana Aído para provocar indignaciones y desviar la mirada sobre la verdadera naturaleza de la ley: un coladero para el aborto a discreción. Ése es el objetivo para el que presta el PNV sus seis escaños, con los que el Gobierno ya suma la mayoría. Me gustaría oír las razones de fondo, serias, fundamentales, no meramente estratégicas de los dirigentes peneuvistas para justificar su deriva. Estoy seguro de que a Arana también le gustaría, pero me temo que no evitarían su frustración y su amargura. Nunca habría actuado como sus herederos.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

La alarma que ha asaltado a los usuarios y a los profesionales de internet está plenamente justificada. La Ley de Economía Sostenible, que no va a sostener nada según los especialistas y toda la oposición parlamentaria, amenaza con introducir la censura gubernamental por la puerta de atrás. Bonito negocio. En una secundaria disposición final del proyecto supuestamente dedicado a cambiar el curso de la economía en España, el Gobierno de Zapatero, de la mano de González-Sinde, abre el camino para ejecutar el más inaceptable atentado contra la comunicación: el cierre de un medio por decisión administrativa; o sea, política.

Dejemos establecida, antes de nada, una proposición básica: el creador intelectual decide quién puede y quién no usar su obra, y bajo qué condiciones. El autor decide el uso de su obra, que puede someter a precio, lo cual es lo normal, pues de ello dependen sus ingresos, o puede ceder gratuitamente a unos o a todos. Y le asiste el derecho a la protección legal, lo que quiere decir que quienes se aprovechan ilegítimamente de su obra deben responder por ello.

Pero de todas las posibles técnicas que pueden establecerse para perseguir el abuso fraudulento de la propiedad intelectual, eso que se llama comúnmente pirateo, hay una absolutamente inaceptable: el cierre por la Administración de un medio de comunicación o, concretamente, en el caso que ahora tiene soliviantada con razón a la Red, el cierre de una web. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución exige para ello la intervención garantista de un juez. Es lo que establece el artículo 20.5 al disponer que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial».

Este precepto supuso un avance considerable, al suprimir el secuestro gubernativo autorizado por la Ley de Prensa de 1966, en consonancia con la libertad de ejercicio de los derechos a la libre expresión, a la libre información, a la creación literaria… consagrados en el mismo artículo. Que ahora proyecte el Gobierno restablecer aquel recurso de la dictadura de Franco permite colegir no sólo sobre la desorientación en la que se halla, sino también sobre su capacidad para maltratar la norma y la práctica democráticas. Hay que proteger el derecho a la propiedad intelectual, sí, pero no a costa de atropellar políticamente otros derechos. O el cierre de un medio que no respeta la propiedad intelectual lo decide un juez (que a lo mejor no ordena esa medida, sino otras) o la injerencia administrativa es una censura, o sea, un remedio peor que la enfermedad. Decepciona que tal plan proceda de un Gobierno obligado por una Constitución democrática, aunque la sorpresa ya es menor desde el impulso dado por su presidente al Estatuto catalán y la presión que incluso él proyecta sobre el Constitucional. En la iniciativa del secuestro político, sólo le salva rectificar y dejar las cosas muy claras, manifiestamente constitucionales.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

España se encuentra ante una encrucijada que puede fortalecerla o abatirla. Si acierta a plantar cara a la reforma constitucional encubierta que entraña el Estatuto de Cataluña, saldrá fortalecida; si triunfa el cambio subrepticio del sistema construido felizmente en la Transición, entrará en una arriesgada etapa de crisis de identidad. El conflicto creado por el Estatut puede cobrarse una víctima política, Rodríguez Zapatero, y causar inquietud entre los partidos catalanes. Pero todo eso es superable: el presidente del Gobierno es pasajero y será relevado tarde o temprano; el equilibrio de partidos es transitorio y se halla en constante evolución… Lo trágico sería que se llevara por delante al Tribunal Constitucional (TC) y a la propia Constitución. Ese riesgo es el resultado de desaciertos y temeridades bien identificados.

El primer disparate lo cometió el PSC al ponerse al frente de la exigencia identitaria contenida en el Estatut. Este partido no es nacionalista, pero ha trabajado para construir el armazón soberanista del Estatut con el mismo entusiasmo, si no más, que su socio ERC y que los catalanistas de CiU. Su secretario general, el cordobés José Montilla, también presidente de la Generalitat, es el principal responsable de esta deriva, que ha erigido al PSC en la influencia más fuerte, por su vinculación de dominio con el PSOE (que necesita de sus votos), para la pretendida desconexión catalana.

La segunda barbaridad fue obra de Zapatero al prometer que aceptaría todo lo que el Parlament incluyera en el Estatut. El jefe del Gobierno no era quién para avalar la decisión de una autonomía (su poder legal no alcanza a tanto), pero contaba -y de ahí su brindis- con la mayoría de su partido en el Congreso, reforzada por los nacionalistas catalanes. Abierta la barra libre, al Parlament le faltó tiempo para declarar nación a Cataluña, parcelar la soberanía del pueblo español y establecer la bilateralidad de la Generalitat con el Estado, entre otras rupturas constitucionales. La promesa de Zapatero fue una de sus frecuentes frivolidades, pero ésta allanaba el camino al atentado constitucional. A Zapatero no le recordará la Historia por muchos motivos, pero seguro que su imagen estará ligada a este disparate, sobre todo si consuman su propósito quienes se vieron tan extravagantemente invitados a tantearlo.

La tercera imprudencia hay que atribuírsela al Tribunal presidido por María Emilia Casas, que en casi tres años y medio no ha sido capaz de salir en defensa de la Constitución, que es para lo que está. Anulado por un Gobierno de Felipe González el recurso previo, que suspendía la aplicación de la ley recurrida, el Estatut lleva en vigor tanto tiempo como los titubeos, lo cual facilita las presiones sobre el TC. Con su indecisión, se está labrando un desprestigio dramático, pierde autoridad a chorros y genera un grave pesimismo sobre el futuro del orden constitucional.

El PSC no va a rectificar y Zapatero está atrapado por el miedo. Sólo queda confiar en el TC, aunque su parálisis no invite a ello, pues la encrucijada es ciertamente fatal: o impone su autoridad en defensa de la Constitución o la aventura feliz que comenzó en 1978 estará condenada a un punto final próximo.

© Mundinteractivos, S.A.

EL REVÉS DE LA TRAMA

El ardor crispado que puso la vicepresidenta Fernández de la Vega en sus respuestas (es un decir) a la oposición desde su escaño revelaba que no las tenían todas consigo (porque incluso a ella no se le escapa que la gestión del secuestro del Alakrana ha sido un fiasco) y que pese a todo no aceptaba la imputación de ineficacia. Lo que quería la vicepresidenta era probablemente que nadie más hablara del asunto que le ha quitado el sueño (aunque no le ha impedido viajar a Argentina en plena crisis). Me apoyo en un prudente adverbio porque no tengo la constancia fehaciente de que su pretensión era el silencio, pero es innegable que el Gobierno ha actuado con oscuridad, ha pretendido impedir las miradas sobre su gestión y oculta todos los detalles que puede. Pero en ese empeño el Gobierno lleva todas las de perder y demuestra un ánimo desacorde con el principio democrático de la transparencia.

Lleva todas las de perder porque tarde o temprano conoceremos todo lo que ha pasado, estén ustedes seguros; descubriremos los detalles del pago del rescate, de dónde ha salido el dinero, cuánto ha sido en total (¿cuatro millones de dólares?), quién lo ha entregado, qué condiciones de los delincuentes aceptó el Gobierno, qué armas empleó contra ellos (si las empleó), por qué no los persiguió, a qué más se comprometió. Hay un detalle trascendental: ¿fueron objeto de negociación los dos piratas que se hallan en poder de la justicia en España? Asuntos más escondidos han sido revelados por la Prensa y sancionados por los jueces; torres más altas han caído.

El gesto y el exabrupto de la vicepresidenta, como también el nerviosismo del ministro de los nervios de acero (hasta ahora) Pérez Rubalcaba sobre otro asunto sofocante (el uso del peligroso artefacto Sitel que facilita la violación de intimidades), son precedentes de la aspiración política al silencio y la opacidad. Todo gobernante sufre la tentación del silencio de los otros para que se extienda la sombra sobre la gestión propia. Pero la Prensa no puede callar, sino que debe revolverse contra esa maquinación. La Prensa (todos los medios de comunicación) es un instrumento de autodefensa de los ciudadanos, a quienes facilita el disfrute del derecho humano a la información, que nuestra Constitución reconoce y protege. Todas las apelaciones de los gobernantes al silencio en cuestiones de interés general son contraproducentes y potencialmente lesivas del sistema. De la opacidad de la gestión de gobierno sólo pueden derivarse daños para la sociedad, privada de la información y de su eficacia para defender la salud del sistema. El derecho a saber que tienen todos los ciudadanos les faculta para exigir información. Esto no es un capricho de la Prensa ni de los periodistas, sino una institución del sistema de las libertades que el Gobierno no sólo debe aguantar sino proteger.

Tenemos derecho, pues, a saber lo que ha pasado en el turbio episodio del secuestro, cuál ha sido la gestión del Gobierno, cómo ha actuado el Ejército, qué compromisos se han adquirido. Y conoceremos así el alcance de la responsabilidad que han contraído todos los actores. Esto no es aliarse con los piratas, como espetó la vicepresidenta a la oposición por preguntarla, sino apostar por la limpieza y aspirar a la honradez de hoy y de mañana.

© Mundinteractivos, S.A.