Reggio’s

El golpe militar ha estado (y está) en el centro del debate político en Turquía del último medio siglo: por el peligro de que se produzca, porque se produce o porque se intenta superar. Como señalaba en 1983 C. H. Dodd en La crisis de la democracia turca, desde 1961 “la política ha estado bajo escrutinio militar”. Y precisaba que aquellos golpes (1960, 1971, 1980), no condujeron a regímenes autoritarios o totalitarios, sino a “dictaduras romanas” que restablecían “alguna forma modificada de sistema liberal y democrático”.

¿Son los golpes turcos diferentes? Este es precisamente el título de un análisis de USAK, influyente think tank con base en Ankara. Su conclusión es que la idea de que los militares sólo intervienen para proteger la democracia es un mito, ya que existe un “continuo, permanente e institucionalizado proceso golpista, un orden golpista”. El estudio refleja que los militares aprovechan sus intervenciones para imponer leyes y constituciones que garantizan su tutela sobre el Estado y consolidan y amplían privilegios económicos y de casta. Los generales no abandonan o comparten el poder, sólo dejan espacio a los civiles para que crean que mandan.

Como señala el análisis de USAK, “ningún golpe, en Turquía o en el mundo, puede ser democrático”. No lo fue el del 27 de mayo de 1960 que, con la excusa de evitar una dictadura civil, derribó al Gobierno legítimo de Adnan Menderes, ejecutado con dos de sus ministros. Tampoco el del 12 de marzo de 1971, que expulsó a un desbordado e impotente Suleimán Demirel. Y menos aún el del 12 de septiembre de 1980, acogido con alivio por una población harta de la inestabilidad política y terrorismos de todo signo que se cobraban 20 vidas diarias. Al horror siguió una represión feroz que convirtió a Turquía en socio maldito del Consejo de Europa (que le suspendió de militancia) y aliado incómodo en la OTAN. En los tres casos, se restableció cierta forma de democracia.

La Constitución que impusieron los generales de 1980 sigue vigente, e hizo posible el golpe de nuevo cuño que derribó en 1997 al primer gobierno islamista de Turquía, el de Necmettin Erbakan, y los intentos de hacer otro tanto (en 2007 y 2008) con el segundo, el del actual primer ministro Recep Tayyip Erdogan, líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). El pretexto fue la amenaza al laicismo que, con el nacionalismo, configuran el Estado turco moderno, del que las Fuerzas Armadas se proclaman garantes.

Las amenazas islamista y kurda a este modelo, reales o no, están en el origen del último ruido de sables. En el caso de la red Ergenekon, se ha interrogado o detenido a más de cien personas (incluidos oficiales en activo y generales retirados) por conspirar para cometer actos terroristas que provoquen el caos y justifiquen el derrocamiento de Erdogan. En cuanto al plan Mazo, destapado en enero por un pequeño periódico independiente, es tan sólo, según el Ejército, un “ejercicio de simulación”, pero con este escenario escalofriante: atentado contra dos mezquitas en Estambul, derribo de un avión turco en el Egeo para culpar a Grecia, guerra con el viejo vecino-enemigo-aliado, caos, desgobierno e intervención militar salvadora. Ayer mismo, se produjo en relación con este caso una redada en cuatro ciudades, con la detención, entre otros, de un ex jefe de la Marina y otro de la Fuerza Aérea.

Erdogan es un líder moderado, pragmático y prudente, al que no interesa provocar a los militares, europeísta convencido, aliado fiel de Occidente, y partidario de conciliar democracia, capitalismo e islam. No hay indicios de que tenga una agenda oculta para implantar una república teocrática, pero dirige un partido islamista y quiere dejar esa impronta. Algunos militares se mesan los cabellos al ver cómo su esposa y la del presidente utilizan el velo, pero los votantes, satisfechos con un Gobierno eficaz y honesto, van a lo práctico y otorgan amplias mayorías al AKP.

Erdogan no tiene los escaños necesarios para enmendar la Constitución, dificultar la ilegalización de partidos (como la reciente de la principal formación kurda) y someter a los militares a la justicia civil, pero sí para convocar un referéndum. De esa posibilidad, de las disputas entre partidos para consensuar un texto y, como no, de golpe, es de lo que más se habla en Turquía.

Pese al rumor de sables, no parecen darse las condiciones para otro golpe. A los militares turcos no les gusta intervenir sin tener claro que contarán con respaldo popular, algo muy improbable con la estabilidad política actual. Sólo ese caos que buscaban los conspiradores de Ergenekon o que estudiaban como hipótesis de trabajo los redactores del plan Mazo podría darles pie para salvar la república que Atatürk fundó para llevar a Turquía hacia la modernidad, que él identificaba con Occidente. El general Ilker Basbug, jefe del Estado Mayor, tan laico y nacionalista como el que más, sabe que un aspirante a la UE necesita una democracia homologable con la de sus futuros socios y, por tanto, sin tutela castrense. Es ese un factor que Sarkozy y Merkel deberían considerar antes de seguir dando con la puerta en las narices a un país en el que crece la amargura de los pretendientes desairados.

Lo ocurrido en los últimos 50 años hace dudar de que los militares se autoexcluyan del poder real y demuestren que defienden la democracia y nada tienen que ver con sus conmilitones golpistas de otras latitudes. Mucho dependerá de la habilidad de Erdogan para desarrollar un programa realista, que recorte pasito a pasito el poder a los uniformados, pero sin enfurecerles con una agenda islámica demasiado ambiciosa. Porque el golpismo podrá parecer adormecido, pero sigue al acecho.

Luis Matías López es periodista.

A veces, para ver de cerca hay que mirar lejos. La situación política y las elecciones en el Reino Unido, que se celebrarán probablemente el 6 de mayo, ofrecen analogías con la situación en España que merece la pena considerar.

En ambos países, hay gobiernos socialdemócratas y oposiciones conservadoras, y se dan más similitudes entre los primeros que entre las segundas. Al contrario que el PP de Mariano Rajoy, los conservadores de David Cameron no recurren al sistemático acoso y derribo, con el exabrupto y la descalificación como armas principales, para segar la hierba bajo los pies de Gordon Brown. Tienen tajo de sobra con las heridas de la recesión (que comienza a remitir), las rebeliones internas del laborismo y la incapacidad del líder de estos para levantar al partido del diván del psiquiatra.

Los sondeos prevén un relevo de Gobierno en Londres. Brown no goza de la limpieza de sangre que da ganarse el cargo en las urnas y su partido lleva más de 12 años en el poder. Parece llegada la hora de la alternancia, mecanismo de saneamiento clave en democracia. La situación es diferente en España aunque, según las últimas encuestas, Zapatero también lo tiene crudo. La crisis no le da tregua, pero a su favor juegan varios factores: que lleva menos de seis años en el poder, que tiene más de dos por delante para recuperar terreno, que su liderazgo en el PSOE es firme y que la alternativa del PP asusta a media España.

En el Reino Unido, las diferencias entre los dos grandes partidos ya no son lo que eran. Los tories han abjurado de las recetas más duras del thatcherismo y se apuntan a un difuso “conservadurismo compasivo”. En el otro bando, con el nuevo laborismo, Blair renegó de la tradición izquierdista del partido. Sin embargo, ante el varapalo que se vaticina, Brown intenta recuperar señas de identidad, si no para ganar sí al menos para evitar una derrota humillante. De ahí promesas como acabar por ley con la pobreza infantil en 2020 o reducir un 50% el déficit para 2014. Tiene razón Timothy Garton Ash: una cata de vinos a ciegas sobre políticas económicas, sociales y de seguridad de ambos partidos mostraría que el 80% de las mismas es intercambiable.

¿Ocurre lo mismo en España? A simple vista, no. Rajoy hace sonar las trompetas del Apocalipsis y promete revocar el entramado legislativo socialista que, según él, lleva el país al caos. El pasado muestra, sin embargo, que una vez en el poder el PP saca el pragmatismo del armario, pacta con los nacionalistas si lo necesita, no revoca avances sociales y no revoluciona la economía. Pese a la crispación actual, un relevo en La Moncloa no tendría por qué ser un tsunami.

Otra similitud es el progresivo desapego popular hacia la política, manchada por una corrupción que en España afecta a casi todos los partidos, aunque su paradigma es el caso Gürtel, que se ceba en el PP. En el Reino Unido no hay metástasis, pero asquea la obscenidad que supone que muchos diputados abusaran de sus privilegios para llenarse el bolsillo.

Allá, y acá, hay un debate sobre el sistema electoral, aunque menos marcado en España, donde sólo lo promueve abiertamente el principal perjudicado, Izquierda Unida. Es una fórmula proporcional corregida que deja las listas en manos de las direcciones de los partidos, que suelen ver la discrepancia con malos ojos. Diputados y senadores tienen una relación más estrecha con las direcciones de los partidos que con los ciudadanos que les eligieron. Otra consecuencia es la dificultad de conseguir mayorías absolutas y la necesidad de formar Gobiernos minoritarios, lo que lleva a una cultura del pacto que tiene muchos detractores, pero también defensores convencidos de que ayuda a fortalecer la democracia y el consenso.

En el Reino Unido se elige un diputado en cada distrito: el que queda primero, gana. Eso permite Gobiernos sólidos, una relación sana y fluida entre diputados y ciudadanos y que el Ejecutivo tenga que negociar sus iniciativas con el grupo parlamentario. Sin embargo, el sistema, que facilita mayorías absolutas, provoca graves distorsiones.

He aquí un ejemplo, el de los comicios de 2005: con el 35,3% de los sufragios, los laboristas obtuvieron el 55,2% de escaños. En el extremo contrario, los socialdemócratas lograron el 22,1% de votos y sólo el 9,6% de diputados. Además, el trazado de los distritos favorece a los laboristas, lo que puede provocar otra anomalía: que los tories tengan más votos, pero menos parlamentarios. En teoría, es posible incluso la aberración de que un partido monopolice los Comunes si, en cada distrito, queda en primer lugar, aunque sea por tan solo un voto.

La cuestión es ahora sustancial, ya que no se descarta un hung parliament, con mayoría simple de los tories. Eso dejaría la llave del Gobierno en manos de los liberal-demócratas de Nicholas Clegg, los más perjudicados por el actual sistema, como le ocurre a Izquierda Unida en España. Por eso llevan décadas reclamando un sistema proporcional con listas abiertas.

La necesidad de la reforma ya se planteó en 2006 en el informe de un grupo de expertos, y la rescató hace poco un comité parlamentario. Brown sólo promete un referéndum sobre el voto alternativo, que mantendría los distritos uninominales, pero permitiría establecer preferencias sobre todos los candidatos y haría posible la elección de uno de ellos con mayoría absoluta. Un lío que sería largo de explicar. Y un parche que no toca el problema de fondo (la falta de proporcionalidad), que ni laboristas ni conservadores quieren resolver, pero que resurgirá si Clegg es clave para formar Gobierno. Él afirma que su partido no está en venta, pero en política todo depende del precio.

España no es el Reino Unido, pero ambos países deberían mirarse en el espejo del otro: los británicos, en busca de más proporcionalidad; los españoles, en busca de mayor cercanía entre políticos y ciudadanos.

Luis Matías López es periodista.

Brasil, bajo la batuta de Luiz Inácio Lula da Silva, va camino de convertirse en un actor internacional de primera fila. Ya juega un papel vital en el proceso de integración latinoamericana, habla de igual a igual con Barack Obama, media en el contencioso nuclear con Irán, lo intenta en el conflicto palestino-israelí, marca pautas para evitar el fracaso de la conferencia sobre el cambio climático y se ha convertido en socio comercial privilegiado de China.

El papel exterior de Brasil es una emanación del pragmático ejercicio del poder de Lula, que se sustenta en una pujanza económica reforzada por el hallazgo de fabulosos yacimientos petrolíferos. Hace siete años, cuando este veterano sindicalista llegó al poder, nadie se atrevía aún a soñar –pese a que Fernando Henrique Cardoso ya había desbrozado el camino– que Brasil se convertiría en una potencia que imprime carácter en el G-20 y aspira a ser la quinta economía mundial y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La guinda al pastel llegó con la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

Cuando se inventó el concepto de BRIC (Brasil, Rusia, India y China), grupo informal de grandes países emergentes, parecía que sobraba la sigla B. Hoy, sin embargo, es la única que ofrece, al mismo tiempo, democracia consolidada, estabilidad política, crecimiento sostenido (ha sido la última gran economía en sufrir la recesión y la primera en superarla), impresionantes recursos naturales, buenas relaciones con los vecinos, ausencia de conflictos étnicos, religiosos o lingüísticos y notable seguridad jurídica para las inversiones extranjeras.

Este retrato optimista tiene una cara negativa, viejos problemas que minan la salud del sistema. El apagón que dejó sin electricidad a uno de cada tres brasileños puso de manifiesto uno muy grave, la insuficiencia de las infraestructuras, que ambiciosos proyectos como un tren de alta velocidad y nuevos anillos viarios en Río pretenden paliar. Un botón de muestra: el 17% de los habitantes no tiene agua corriente.

Hay más perfiles del lado oscuro. Persiste la inseguridad ciudadana, con una delincuencia ligada a la droga y la miseria que se desborda en favelas sin ley a las que no se atreve a entrar la Policía, y que ilustran películas como Tropa de élite. La impunidad criminal corre pareja a la impotencia, la brutalidad y la corrupción policial. Es una corrupción que infecta (si no emana) a la clase política, sin excluir al Partido de los Trabajadores (PT) del propio Lula, que no da abasto para soltar lastre.

El catálogo de problemas incluye la pujanza de la economía sumergida, la destrucción acelerada del medio ambiente (sobre todo en la Amazonía), el alarmante déficit educativo y una lacerante desigualdad: el 10% más rico tiene rentas 40 veces superiores a las del 10% más pobre. El reflejo más dramático son las bolsas de miseria y hambre.

Hay unos 40 millones de pobres en Brasil. La buena noticia es que la situación ha mejorado: hace 15 años eran el doble. Desde que Lula llegó en enero de 2003 a la Presidencia, la desnutrición y la mortalidad infantil han disminuido espectacularmente. La brecha social se ha estrechado. La Bolsa Familia, el principal programa de asistencia, beneficia a más de 12 millones de familias. Ya no suena a utopía la promesa de que el hambre estará erradicada en 2015. De forma paralela, la clase media, sin la que es casi imposible sustentar un progreso sostenido, se amplía hasta más de la mitad de la población.

En estos siete años el país ha ganado en riqueza, prosperidad y cohesión social. Nadie lo pone en duda ni niega el mérito a Lula, cuyo grado de aceptación ronda un estratosférico 80%. De presentarse a la reelección, ganaría de calle, pero no lo hará. Al contrario que Hugo Chávez en Venezuela y tal vez Álvaro Uribe en Colombia, no quiere perpetuarse en el poder y no optará a un tercer mandato. Dentro de poco más de un año se irá. La decisión de retirarse ennoblece su figura, pero dejará huérfanos de Lula a los brasileños.

La gran pregunta es si el sucesor continuará su obra. Brasil no es Rusia y ni siquiera está claro que Lula logre imponer en las urnas a Dilma Rousseff, ministra de la Casa Civil (entre jefa de gabinete y primera ministra), hija de un inmigrante búlgaro y antigua guerrillera contra la dictadura, torturada durante su detención. Se la considera la sombra política de Lula, y ya le salen rivales, incluso en el PT. Como si no tuviera suficiente con la tremenda amenaza de José Serra, gobernador de São Paulo, adversario derrotado por Lula en 2002 y candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Rousseff, que también debe luchar contra un cáncer, marcha por detrás de Serra en las encuestas, pero no por ello deja de ser favorita. La batalla es a un año vista y Lula se empleará a fondo en su favor. Ya le ha ganado el apoyo del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mayor del país.

El milagro Lula debe mucho a su predecesor, Cardoso, que le dejó la casa en perfecto orden de revista tras haberse hecho cargo en 1995 de un país que caminaba hacia el caos, con una inflación que rondaba el 80% y una acreditada fama de moroso en el Fondo Monetario Internacional, del que hoy es acreedor. Lula siguió con pragmatismo por el camino del saneamiento económico y no sólo atendió a las grandes cifras, sino que imprimió un giro social a su gestión que impidió que la factura la pagasen los más pobres. El balance se agiganta a la vista de lo ocurrido en México y en Argentina, antaño aspirantes al liderazgo continental.

No será fácil administrar esta herencia. Lulas no hay más que uno.

Luis Matías López es periodista.

El domingo pasó su examen de reválida la gran coalición de socialdemócratas (SPD) y democristianos (CDU/CSU), encabezada por Angela Merkel. Todos los análisis daban por seguro que esta hija de un pastor protestante procedente de la antigua Alemania Oriental seguiría como canciller. La única duda era si renovaría el compromiso de los últimos cuatro años con el SPD de Frank-Walker Steinmeier –caracterizado por una reducción al centro que difuminó los perfiles ideológicos– o si sería posible el natural giro a la derecha con los liberales (FDP) de Guido Westerwelle. Pese a perder un puñado de votos, Merkel, con su liderazgo de baja intensidad, ha salido fortalecida como escala única para medir el poder, con la elegante vitola de estadista moderada capaz de entenderse tanto con los liberales del FDP (los grandes triunfadores, que llegarán al Gobierno con un aumento del 50% de sufragios), como con los socialdemócratas del SPD (humillados con su peor resultado: pierden un tercio de su apoyo popular) e, incluso, si hubiera hecho falta, con los verdes (satisfechos de su 10,7%: suben más del 20%). La frontera de la tolerancia se fijaba en la cooperación con La Izquierda, el partido de Oskar Lafontaine y Gregor Gysi formado por disidentes del SPD y poscomunistas de la extinta RDA. Nadie parecía dispuesto a pactar con ellos, aunque no ha habido ocasión de comprobarlo, ya que la coalición de izquierdas ha resultado matemáticamente imposible.

La Izquierda canta victoria (sumó 3,2 puntos, hasta el 11,9%), pero sus 76 escaños en el Bundestag, con los 68 verdes y los 146 socialdemócratas, suman tan sólo 290, muy por detrás de los 385 de democristianos (239) y liberales (146). Ha quedado meridianamente claro que los alemanes apuestan por la derecha para salir del túnel de la crisis. Allá ellos.

¿Cuál podría ser la lectura española? Ni el SPD es el PSOE, ni la CDU/CSU es el PP, pero las diferencias reales no son tantas. Quítense la parafernalia política: retórica, violencia verbal, juego sucio, el todo vale. Olvídense insultos y agravios acumulados durante años. Elimínense unos cuantos revanchistas, nostálgicos del franquismo, dogmáticos y otros responsables de convertir la escena política en un riña de taberna. Déjense al desnudo ideologías e intereses, despojados de radicalismos trasnochados. ¿Qué queda? Los esqueletos de un partido socialdemócrata moderado que renunció al marxismo (siguiendo, por cierto, la estela alemana) y de otro conservador no muy alejado de sus parientes europeos, como la propia CDU/CSU. O sea, una fuerza de centro-izquierda y otra de centro-derecha. Ambas han demostrado (ahí está el ejemplo del País Vasco) que sus ataduras doctrinales no son tan rígidas como vocean y que, a la hora de la verdad, su vara de medir es el pragmatismo. Sin embargo, incapaces por sí solas de gobernar, hacen equilibrios en el alambre y pagan precios desmesurados para encontrar aliados coyunturales sin plantearse jamás la opción más obvia: una gran coalición a la alemana. No está nada claro que la fórmula sea aplicable y conveniente para un sistema y un mapa político como el español, pero sorprende que esté ausente del debate. Por eso parece oportuno ver cómo ha funcionado en Alemania desde 2005.

La solidez de la alianza y la lealtad de cada socio hacia el otro han impedido que la recesión alcanzase mayor virulencia e, incluso, han permitido que Alemania empezase a salir del túnel antes que otros países. El precio ha sido el crecimiento desmesurado del trabajo precario, mal pagado y subsidiado, así como una tasa de desempleo tolerable (en torno al 8%), que pone los dientes largos a este lado de los Pirineos, pero contenida sólo coyunturalmente con una sangría de las arcas públicas. Nadie duda de que el paro seguirá creciendo al menos hasta 2011. No es de extrañar el castigo al SPD y que este haya perdido el monopolio de la justicia social a favor de La Izquierda: para mantener la unidad de acción del Gobierno, ha permitido el incremento de la pobreza y la desigualdad, el aumento aún no en vigor de la edad de jubilación hasta los 67 años (forzado por el alarmante envejecimiento de la población), el deterioro de la educación y la sanidad, y la profundización de una reforma del mercado laboral lesiva para los trabajadores, que inició, por cierto, un socialdemócrata, Gerhard Schroeder. Aun así, la gran coalición ha frenado una deriva derechista que la alianza cristianodemócrata-liberal recuperará probablemente ahora, con bajada de impuestos, moratoria sobre el cierre de las centrales nucleares, y reducción del papel del Estado como protector de parados y salvador de empresas en crisis. Siempre, eso sí, dentro de los límites de un pacto de Estado no oficial que pasa por el respeto a la economía social de mercado. Con un resultado récord, el FDP sale de una larga travesía del desierto (11 años) y regresa al poder con un perfil más derechista que cuando se convirtió en socio de referencia de los socialdemócratas. Ojalá que Westerwelle no haga añorar a otro gran líder liberal y magnífico ministro de Exteriores: Hans Dietrich Genscher.

La gran coalición alemana ha demostrado que el socio segundón tiene todas las papeletas para pagar la factura y salir escaldado. El SPD ha salido de la experiencia con la conciencia tranquila, pero fulminado políticamente. Tendrá que remover sus cimientos y no hacer ascos a ningún posible aliado (incluso el renegado Lafontaine) si quiere volver a tener la más mínima probabilidad de recuperar la cancillería. Ya antes de lo ocurrido el domingo en Alemania, y más ahora, ¿se imaginan que el PP o el PSOE se planteen siquiera el escenario teórico de una gran coalición, si el precio a pagar es que el líder del partido rival viva en La Moncloa? Yo tampoco.

Luis Matías López, es Periodista.

La llegada al poder de Barack Obama creó demasiadas expectativas, como si fuese un mago capaz de implantar una era de paz y justicia en el mundo. Tal vez fuese esperar demasiado pero, cuando menos, hay que exigirle que ejerza un liderazgo que no permita la repetición de los abusos de poder y las violaciones de los derechos humanos de su predecesor George Bush.

El último ocupante de la Casa Blanca que se puso la sotana de misionero fue Jimmy Carter y ha quedado para la historia, tal vez injustamente, como un gobernante débil y nefasto. Obama no quiere dejar un legado similar, y hará cuanto esté en su mano para que su Presidencia no marque el inicio del declive del imperio norteamericano, que se viene anunciando desde hace años. Sin embargo, pasaron sus primeros 100 días de mandato, pasaron los 200, y ya debería empezar a rendir cuentas. No sólo por lo ocurrido desde el 20 de enero, sino también durante los ocho años anteriores, en los que George Bush, su vicepresidente, Dick Cheney, y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, dirigieron la guerra global contra el terrorismo de forma tan sutil como los hermanos Earp y Doc Holiday en el caótico tiroteo del O. K. Corral de Tombstone.

Obama prometió cerrar la cárcel alegal de Guantánamo, respetar las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra y poner fin a las torturas y las escuchas ilegales. Sin embargo, dio a entender que no lanzaría una caza de brujas para purgar los servicios de inteligencia, singularmente la CIA, de los elementos indeseables que aplicaron el todo vale en los interrogatorios a los sospechosos. El hecho de que, desde el 11 de septiembre de 2001, no se haya producido ningún otro gran atentado islamista en territorio de Estados Unidos fue considerado como la mejor prueba del éxito de esa línea de
actuación.

Con Obama, ese pensamiento simplista ya no es válido. El pasado lunes, el fiscal general, Eric Holder, nombraba un fiscal especial para que investigue una docena de casos de tortura de prisioneros islamistas, en uno de ellos con resultado de muerte. Era la consecuencia lógica del informe remitido al Departamento de Justicia por su propio comité ético, que documenta desde amenazas de ejecutar a un detenido con una taladradora o violar a la madre de otro hasta matar a un sospechoso bajo custodia de la CIA en la prisión iraquí de Abu Ghraib. Eran métodos perfeccionados de interrogatorio o emanaciones de una especie de manual de tortura redactado por expertos de Justicia. Si esto ocurría en centros de detención norteamericanos, aterra pensar en lo que debió de pasar (¿seguirá ocurriendo?) en cárceles secretas ubicadas en países aliados sin garantías jurídicas.

El texto del informe ha tardado cinco años en elaborarse, y cabe preguntarse si habría tenido consecuencias si Obama no hubiese llegado a la Casa Blanca. Hace cuatro meses, se desclasificaron otros informes, estos de la CIA, que detallaban técnicas de interrogatorios como el submarino (inmersión en agua hasta el límite del ahogamiento) y la privación continuada del sueño. En la mayoría de los casos, las torturas no fueron obra de agentes incontrolados, sino resultado de la aplicación de órdenes ejecutivas secretas emanadas de lo más alto.

El fiscal especial, John Durham, es un jurista de prestigio que se ha ocupado de casos de corrupción política y crimen organizado, y que tiene ya en su currículo la investigación de la destrucción por la CIA, en 2005, de grabaciones de torturas. Puede que empapele a unos cuantos agentes, pero eso les convertiría tan sólo en cabezas de turco de un escándalo que exige la depuración de responsabilidades a nivel mucho más alto. No podrá llegar tan lejos, y Obama es el último que lo quiere. Cheney, ideólogo de esa política, se muestra desafiante hasta el vómito e incluso llega a pedir que se desclasifiquen más documentos que, según él, demostrarían que esos interrogatorios fueron decisivos para proteger a Estados Unidos de la amenaza de Al Qaeda.

La CIA no es esa banda de tipos listos que reflejan las películas de espías. El extraordinario libro de Tim Weiner Legado de cenizas (editorial Debate) ilustra, con un diluvio de datos, que la historia de la agencia es una sucesión de fracasos, desde no enterarse de que los rusos estaban a punto de fabricar la bomba atómica hasta demostrar que Sadam Husein disponía de armas de destrucción masiva. La agencia tiene dos misiones fundamentales: informar al presidente de lo que se está cociendo y desarrollar operaciones secretas en el extranjero. El 11-S fue la mejor prueba de que no cumplía la primera; que Bin Laden siga vivo y Al Qaeda activa, revelan que tampoco cumple la segunda.

Saltarse todas las reglas no puede ser nunca la fórmula contra el fracaso, y menos con esta Presidencia, que Obama ha calificado como la del “imperio de la ley y los derechos humanos”, convencido de que no debe haber incompatibilidad entre “nuestra seguridad y nuestros ideales”. El actual director de la CIA, Leon Panetta, lo ha dicho con todas las letras: “No se debe utilizar la tortura bajo ninguna circunstancia”.

Habrá que confiar en que Obama cumple lo que predica y que medidas como la creación de un nuevo equipo de élite de interrogadores, que aplicará el manual militar y acabará con el predominio de la CIA en este campo, no conducirán a nuevos excesos. Pero su falta de entusiasmo, que comparte Panetta, hacia la exigencia de responsabilidades por los abusos de la era de Bush, indica que quiere pasar página y consagrar la impunidad. Se pueden entender sus razones: no desmotivar más a unos agentes que se sienten chivos expiatorios de errores ajenos. Pero entenderlas no significa justificarlas.

Luis Matías López, es Periodista.

Salvo sorpresa mayúscula, el 30 de agosto acabará una era en Japón, la del monopolio del poder del Partido Liberal Democrático (PLD) que, salvo un corto periodo entre agosto de 1993 y enero de 1996, ha gobernado en solitario desde su fundación, en 1955. El primer ministro, el católico Taro Aso, incapaz de hacer frente a la crisis que socava el modelo social y económico, y forzado por una humillante derrota en los comicios locales de Tokio, escenificó la convocatoria electoral con aires de harakiri al pedir perdón por sus errores con gesto compungido y “desde el fondo del corazón”.

La derrota del PLD sería comparable a la que, en la orilla opuesta del océano Pacífico, expulsó del Gobierno en el año 2000 a otro partido institucional que se confundió con el Estado: el PRI mexicano. En ambos casos, no hay que buscar el motivo en la existencia de una alternativa clara, sino en la convicción de que nada puede ser peor que dejar las cosas como están. El principal grupo opositor, el Partido Demócrata de Japón (PDJ), es una amalgama de difusa identidad en la que se mezclan ex miembros del PLD, antiguos socialistas y conservadores, y cuyo poco carismático líder, Yukio Hatoyama, suda para convencer de que asume una “misión histórica” que supondrá una “revolución” en la vida política. En realidad, el principal activo que le convierte en claro favorito según todas las encuestas es que supone un actor nuevo en plena crisis de desconfianza hacia el PLD y su artrítico modelo de poder.

¿Actor nuevo? No tanto. A sus 61 años, Hatoyama no es precisamente un jovencito (Aso tiene 68). Llegó al liderazgo por designación de Ichiro Ozawa, que dimitió por un escándalo de financiación ilegal del partido. No ha deshecho del todo la impresión de que es una marioneta cuyos hilos maneja su predecesor. No se ve libre de escándalos, como la revelación de que la empresa familiar utilizó prisioneros de guerra aliados como trabajadores forzados. Y, al igual que su gran rival, forma parte de la oligarquía y es heredero de una dinastía política que arranca de la ocupación norteamericana tras la
Segunda Guerra Mundial.

La pugna entre Aso y Hatoyama huele a drama shakespeariano. Ambos son nietos de los líderes de los dos partidos (el Liberal y el Democrático) que se disputaron el poder en los años cincuenta. El dominio de la escena política por el abuelo de Aso, Shigeru Yoshida, acabó abruptamente en 1954 al ser derrotado por Ichiro Hatoyama, abuelo del actual líder del PDJ. Un año después, ambos enterraron el hacha de guerra y fundaron el PLD, iniciando una era de estabilidad política y prosperidad económica sin precedentes, sentando las bases, teñidas de burocratismo y corrupción, del milagro japonés, de la construcción de la segunda economía mundial.

Ahora, 55 años más tarde, los dos nietos protagonizan un desafío similar (si el PLD no sacrifica a Aso), y no sería descabellado, aunque no parece lo más probable, que en función del veredicto de las urnas, llegara a producirse tras las elecciones una confluencia similar. ¿Por qué esta rebelión popular contra el PLD? Porque se le culpa de mostrar una impotencia paralizante ante la crisis mundial que se ceba con saña en Japón, socava sus conquistas sociales y económicas y está marcada por la caída de la actividad económica y el empleo. Se trata de un desastre que llega justo cuando el país empezaba a recuperarse de la hecatombe que comenzó en los noventa con el estallido de la burbuja inmobiliaria y desembocó en 1997 en una recesión que hoy no parece tan terrible a la vista de la que está cayendo.

Contemplada desde España, cuesta considerar trágica una tasa de paro del 5,2% (9% entre los jóvenes de hasta 24 años), pero lo es en el antiguo paraíso del pleno empleo, donde la gente tenía por costumbre jubilarse en la empresa en la empezaba a trabajar. El panorama es deprimente: despedidos manifestándose en el centro de Tokio, trabajadores de mediana edad aceptando puestos temporales con la mitad de su sueldo anterior, universitarios brillantes a los que las grandes empresas ya no intentan contratar como antes al final de sus estudios…Es el fin del milagro. El ingreso medio familiar ha descendido hasta poco más de 40.000 euros, el menor en 20 años. Se cierran fábricas a ritmo acelerado, dentro y fuera del país. Se contrae la producción. Una nación exportadora por excelencia sufre, como ninguna otra, la reducción de la demanda exterior, ligada a la competencia feroz de potencias emergentes de costes mucho más bajos, como India y China. La percepción de la mayoría de la población es que el elefante burocrático del PLD está reumático y anquilosado, falto de ideas, lastrado por esquemas agotados que no sirven para esta emergencia. Por eso miran al principal partido de la oposición y, con la desesperación de quien no tiene ya nada que perder, dicen: “Merecen una oportunidad. No podrán hacerlo peor”.

El PLD no da la batalla por perdida. Sus dirigentes tocan a rebato como los kamikazes gritaban banzai al estrellar sus aviones contra los navíos norteamericanos. Su esperanza está depositada en una resurrección de última hora, como la que dio el triunfo a Junichiro Koizumi en 2005, cuando las campanas también tocaban a duelo. Al contrario que entonces, más que en la promesa de remover los cimientos del partido, se pone el énfasis en la falta de experiencia y cohesión interna del PDJ, y se advierte de que sería suicida dejar en sus manos la economía del país. Más que en una victoria, el PLD aspira a un resultado digno que obligue a negociar a su rival. Si la derrota es rotunda, cabe esperar una oleada de deserciones que pondría en peligro la supervivencia del partido. Sería el acta de defunción formal de toda una era.

Luis Matías López es Periodista.

Rusia inquieta en Occidente. Mejor dicho, inquieta quien manda en Rusia, que no parece ser ese gris presidente, Dimitri Medvédev, que ha pasado recientemente por España, sino el ex agente del KGB que le cedió el sillón, probablemente para que se lo guarde: Vladímir Putin.

Al principio surgió la duda: ¿se atrevería Medvédev a hacer con Putin lo que este con Borís Yeltsin, es decir, agradecerle los servicios prestados y retirarle? Pues no. No quiere, o no puede. Putin pactó con él quedarse como primer ministro, con poder real más que delegado, sin que su teórico jefe opusiera resistencia. Aparentemente. Falta por ver si, en plena crisis económica singularmente aterradora en Rusia, Mevédev, que gana visibilidad dentro y fuera de Rusia, se atreve a reclamar el poder absoluto que parecía consustancial con la presidencia.

¿Por qué despierta Putin esa animadversión fuera de Rusia? Por tantas cosas… Porque no se le entiende, porque desprecia la democracia y ha creado un virtual régimen de partido único, porque no perdona a quien le hace frente (Gusinski, Berezovski, Jodorkovski), por la facilidad con que son asesinados disidentes y periodistas opositores (Litvinenko, Politkóvskaya, Babúrova), porque ha liquidado la libertad de prensa, porque no respeta la vida ni de terroristas chechenos ni de rehenes inocentes (los del teatro Dubrovka o la escuela de Beslán), porque no ha modernizado Rusia ni con un diluvio de petro y gasodólares, porque florece la corrupción, porque usa la energía como arma política, porque se le ve como una amenaza en los antiguos países satélites de la URSS, porque tiene un pavoroso arsenal atómico, porque es el inspirador del plan de rearme del antiguo Ejército Rojo, porque este aún da zarpazos como el de agosto en Georgia. Y porque cuesta olvidar que, hace apenas unos minutos de historia, Rusia era, sobre todo para EEUU, el gran rival estratégico e ideológico.

Sin embargo, pese a un déficit democrático, hay que reconocer su legitimidad: goza como primer ministro del mismo apoyo masivo que como presidente, gracias en gran medida a su nacionalismo reivindicador de la perdida gloria imperial soviética. Los rusos tienen muy presente la pesadilla de la era de Yeltsin, con el país en la miseria, de rodillas ante el exterior y gobernado por un alcohólico imprevisible. Putin les devolvió el orgullo (y algo del bienestar) que desesperaban de poder recuperar.

¿Es posible tratar con Putin? Es imprescindible. Es un líder frío, duro e implacable, pero también un estadista hábil y pragmático, un tigre que no da un zarpazo sin antes pensar cómo justiciarlo. Aplastó Georgia y convirtió Osetia del Sur en un protectorado (ya lo era Abjazia), pero sólo tras un criminal error de cálculo del presidente Saakashvili, alentado por EEUU. Cortó el gas a Ucrania y a media Europa, pero sólo tras el juego sucio de los dirigentes de Kíev. Amenazó con instalar misiles Iskander en Kaliningrado, pero pisó el freno apenas Barack Obama repensó el despliegue del escudo antimisiles en Polonia y la República Checa. Anuncia un espectacular rearme y modernización militar, pero lo achaca a que “continúan los intentos de expansión de la OTAN junto a las fronteras de Rusia”.
En todas estas decisiones se siente latir el castigado corazón soviético de Putin, el anhelo por recuperar el control sobre parte del viejo imperio comunista: en Asia Central, el Cáucaso y Europa Central y Oriental. Con una línea roja: que Ucrania y Georgia no entren en la OTAN. El aliento residual de la guerra fría aleja ideas como la de Joschka Fischer, ex ministro alemán de Exteriores, partidario de convertir la Alianza en un sistema de seguridad europea que integre a Rusia, incluso como miembro de pleno derecho. O de que entre en la UE.

Entre tanto, habrá que ir avanzado en campos concretos, como en el tratado sobre fuerzas convencionales en Europa (CFE) o el de reducción de armas estratégicas (START), que caduca en diciembre. A los 20 años del derrumbe del Muro de Berlín, Moscú necesita más que nunca, pese a su último anuncio de rearme, una disminución drástica de los arsenales nucleares, muy caros de mantener y de tamaño absurdo tras la Guerra Fría. Por eso, cabe dudar de que el ambicioso plan de rearme llegue a concretarse, sobre todo, en plena recesión y con la caída vertiginosa de los ingresos petroleros.

Probablemente son más asequibles los avances en el terreno militar que en el de la energía, punta de lanza del resurgir nacionalista que encarna Putin, reconocido experto (asombra a los directivos de las multinacionales petroleras) en precios del crudo y del gas, acuerdos con países productores y consumidores y trazado de oleoductos y gasoductos.

Desde la Unión Europea, que patrocina el gasoducto Nabuco para conducir el gas del Caspio a Europa a través de Georgia y Turquía, se vio como una premonición alarmante la ocupación en agosto por las tropas rusas de una estación de bombeo georgiana, o que Putin se adelantase a la hora de firmar un contrato de suministro de gas con Turkmenistán. Tan caro (340 dólares por 1.000 metros cúbicos, fue antes del desplome de precios) que ayuda a entender por qué Rusia se puso tan intransigente con Ucrania, vital país de tránsito del que Putin quiere desligarse con dos conducciones que bordearán su territorio: el North Stream y el South Stream.

La desconfianza preside este gran juego, que evoca el que Rusia e Inglaterra libraron en el siglo XIX por el control de Asia Central. ¿Acabarán Obama y Putin-Medvédev con ella? ¿Cómo influirán la crisis global y el hundimiento del precio del crudo? ¿Veremos de nuevo una Rusia humillada como la de Yeltsin en los noventa, cuando el petróleo bajó a 10 dólares? Ojalá que no. Con Putin al frente, el oso ruso, herido, sería ahora mucho más peligroso.

Luis Matías López es Periodista