Reggio’s

La Tercera de ABC

Si por alguna razón, verídica o inventada, nos viéramos en la necesidad de condensar en pocas palabras la no poco complicada situación política actual de nuestro país, y sin pretensión alguna de comparación con ilustres precedentes (Ortega, Azaña) el lector me permitiera el recurso de tres palabras con similares letras iniciales, definiría así el panorama. Estaríamos ante una sociedad desilusionada. La gran carga de elementos positivos y hasta ilusionantes que, en gran parte, estuvieron presentes en casi todos los ciudadanos (no todos, claro está: los temores no estuvieron ausentes del todo aunque no se suela confesar) en los años de la transición por la forma de consenso pacífico y renuncia a los dogmatismos de unos y otros y el gran acuerdo de no hurgar en pasadas responsabilidades, bajo la regia llamada a todos para mirar al futuro en una general empresa, esa gran carga creemos que ha desaparecido. O que «la han hecho desaparecer». En su lugar, la manipulación de «lo anterior» convertido en arma para la lucha política, el no asumir bondades y maldades, los cambios inútiles de todo y hasta las cainitas revanchas de siempre. Lógicamente estos grandes olvidos han ocasionado una alta cuota de desilusión: «No es esto, no es esto», que muy posiblemente volvería a exclamar Ortega al conocer lo de la Memoria Histórica o la gran preocupación por el «enorme problema de los crucifijos».

En segundo lugar, una sociedad desunida. No caigo en lo de rota o no rota. Pero sí digo, por muy poco popular que resulte, que la fórmula utilizada para solventar la necesaria descentralización y el necesario reconocimiento de la pluralidad de formas de ser concurrentes en la Península Ibérica (esa fórmula absurdamente conocida como Estado de las Autonomías (?) ha constituido un penoso fracaso. El asunto comienza en la misma redacción constitucional. Se premiaba el llamado «hecho diferencial» que era precisamente lo que dividía y no lo que unía, se generalizaba el factor autonómico hasta extremos cercanos a lo ridículo y, sobre todo, se dejaba abierto el proceso de delegación de competencias propias del estado en las llamadas Comunidades Autónomas. Precisamente en esto último es donde hay que situar el penoso «chalaneo» que, fundamentalmente por razones electorales, hemos presenciado en estos últimos años. Las Comunidades han amenazado con esto o aquello y el Estado ha ido cediendo incomprensiblemente. Con ello es el mismo Estado central el que se ha debilitado, en momentos en que para «pesar» algo en la Unión Europea está primando justamente lo contrario y en el panorama nacional lo que ha vuelto a aparecer es el particularismo que, en expresión de Ortega, conducía a lo invertebrado. Lo que importan son los intereses de cada una de las partes, en muchas ocasiones basados en lo «peculiar» que fácilmente se inventa, y no lo que la totalidad del país requiere. Y, curiosamente, en los momentos de crisis que padecemos, nadie se ha atrevido hasta ahora a entrar a fondo allí donde en realidad habría que entrar: multiplicación de parlamentos, diputados, gobiernos regionales, legiones de Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Comités Consultivos, Defensores regionales, coches oficiales, escoltas en abundancia, derroches en actos oficiales y así hasta casi el infinito. ¿Realmente puede nuestro país mantener económicamente este gran tinglado?

Y, en tercer lugar, una sociedad desorientada. Aquí es donde, en realidad, queríamos llegar con el título que encabeza estos párrafos. Y por qué la causa de esta orientación. Es decir, cuál es la razón de esta ausencia de creíbles soluciones. Si uno presta atención a lo que es posible oír en la calle, tiene que echarse a temblar: «es que todos son iguales», y «los otros harán los mismo» y lo más hiriente, «y si yo pudiera también lo haría».

El origen del problema quizá también hay que buscarlo en el mismo texto constitucional. Desde el principio se sentaron dos afirmaciones o supuestos: íbamos a una democracia representativa y, en la misma, los principales sujetos de la representación y de la participación eran los partidos. Llegaba el momento de «desquitarse». Por ello, a la hegemónica regulación del art. 6º y de todos aquellos supuestos de nombramientos por el Parlamento, los partidos, con el apoyo de la vigente Ley Electoral, se han convertido en los únicos protagonistas de la vida política. Y ello a través de los más variados caminos: distribución por cuotas según votos en el hemiciclo, sumisión total en el seno de los grupos parlamentarios, fuerte disciplina de voto, listas cerradas y bloqueadas, etc. Los partidos han roto el natural ámbito que la misma democracia posee y, a veces con la sumisa tolerancia de los sindicatos, y han implantado su reinado. Es decir, hemos entrado en la situación de partitocracia, con toda la gravedad que esto comporta. La buena y objetiva cabeza del prof. Alejandro Nieto ha llegado a afinar todavía más las definición: estamos en «una oligarquía económico-política». A la vez e igualmente desde los momentos de la elaboración constitucional, se ahogan sin piedad los posibles supuestos de participación directa de los ciudadanos. Se quería una democracia de partidos y casi únicamente de partidos. Y ello no solamente en la cicatera regulación del referéndum: se llega hasta la imposibilidad de que sean los ciudadanos quienes puedan instar una posible reforma de la Constitución.

¿Entonces? Pues, a mi entender, lo que en el título hemos anunciado. Cerrados todos los posibles cauces (y creemos que este problema no se solventa con una reforma constitucional del tipo que fuere) lo que queda es la voz y la actitud de los ciudadanos. Resulta urgente reforzar la vigencia de una auténtica cultura cívica, sedimento de todo régimen político que aspire a la continuidad. Es preciso salir, a la vez, de la panmediocridad que sufrimos. Si la sociedad es mediocridad consentida, mediocre será todo cuanto de ella salga: políticos, educación, Universidad, arte o pensamiento. Y como las vías establecidas han quedado cerradas para ello, según hemos resumido, los ciudadanos, a la postre oficialmente propietarios de una hurtada soberanía, tienen y pueden llevar a cabo la labor de despertar dormidas conciencias. De fomentar el espíritu crítico. De denunciar el gran engaño de lo «políticamente correcto». Y si esto es lo que cada uno puede hacer en su ámbito y en el de sus posibilidades, resulta mucho más efectiva para este despertar de la alienada o egoísta sociedad, la proliferación de grupos expresamente dedicados a este menester.

En estos últimos años, nuestro país ha conocido ese pluralismo asociativo que el gran Tocqueville señalara como característica de la democracia en América. Pero ocurre que, en su casi totalidad, estos grupos y asociaciones se están limitando a la reivindicación de sus propios intereses. Y no es eso. Hay que ir más allá, como en otras ocasiones ha ocurrido en nuestra historia política. Recuérdese la lucha contra el francés allá en la guerra de la independencia. O los Manifiestos civiles y militares en 1869. O el papel divulgador en favor de la república que hicieron en unión unos valiosos intelectuales, aunque algunos quedaran frustrados por lo que después vino. No importa. Lo que ahora aparece en nuestro panorama es la idea de los Foros, los Clubes, de las Fundaciones. Pensando y pregonando que «esto» no puede seguir así. Y que si sus voces de denuncia no obtienen eco «en las alturas», sencillamente estaremos perdiendo o malogrando una nueva oportunidad histórica.

Manuel Ramírez. Catedrático de Derecho Político.

La Tercera de ABC

No. No se trata de confusión de quien escribe, ni errata de quien imprime. Me refiero, en efecto, al gran personaje de buena parte del acontecer político de nuestro siglo XIX. Don Antonio Cánovas del Castillo, presente de una forma u otra y siempre con su simpático ceceo, en los acontecimientos de la segunda mitad decimonónica y hasta que el anarquista Angiolillo le asesinara en el Balneario de Santa Águeda. Máximo representante del liberalismo doctrinario, Cánovas había sido, como es conocido, tanto el principal protagonista de la restauración monárquica tras el desastre cantonalista de la primera República, cuanto el inspirador de la Constitución de 1876 pensada y redactada para que a su amparo pudieran gobernar las dos corrientes de nuestro liberalismo histórico. Cánovas y Sagasta convivieron años y años precisamente porque el texto constitucional remitía a posteriores leyes el giro que se podía dar a los temas de discrepancia. Buena lección para el futuro.

Pues bien: don Antonio, el curtido político en tantos avatares, visita al radiante prometedor llegado a la Casa Blanca. No me atrevo a calificar al presidente Obama como «liberal», dado el diferente sentido que esta denominación tiene en Estados Unidos. Por ello lo dejo en «atrevido prometedor». Y, en realidad, hay que aclarar que no poseemos datos muy exactos sobre esta visita. Como a la sazón no existía lo de la nefasta Memoria Histórica, nadie había investigado sobre los respectivos pasados, aunque ambos tenían guerras civiles en sus historias. Tampoco sabemos nada sobre el medio, oficial o privado, que usara Cánovas para tan largo trayecto. Desde luego, se descarta que hubiera coincidencia con un acto de partido. Con el caciquismo como práctica, le sobraban los catálogos de promesas a incumplir ante los ya previamente convencidos. Y, en fin, también caben dudas sobre las auténticas razones de la visita. Se dice que el propósito de don Antonio era intentar que Obama, con preferencia, viniera a España para «respaldar democráticamente» la Monarquía del repuesto Alfonso XII. Versión que casa mal con la muy débil creencia del visitante en la democracia, a la que, en algunas de sus afirmaciones, había calificado nada menos que como «cuna del socialismo».

De lo que sí hay constancia es de las primeras dificultades que nuestro Cánovas tuvo hasta llegar a Obama. Antes de que eso ocurriera tuvo que explicar en la antesala que España no estaba en Latinoamérica. Allí lo que se entendía es lo de «latino». ¿Pero Europa? De igual forma, que no representaba a ninguno de «los Estados» de esa España. No. Todavía era un único Estado y una única Nación. Todavía. Lo de la única Nación se entendió mucho mejor pese a tratarse de un Estado federal. Y es que allí Carod-Rovira ni estaba, ni se le esperaba. Aunque hizo falta traductor, lo esencial de la conversación pudo desarrollarse con fluidez. Lo que ocurre, empero, es que, a pesar de lo antes apuntado, posteriores fuentes contenidas, al parecer, en el epistolario particular de Cánovas, apuntan a otra finalidad de la cita. Obama andaba algo confuso por algunos retrocesos que había tenido que efectuar en puntos que había incluido en sus discursos y programas. Concretamente la marcha atrás en el tema de los juicios militares y en su rápida solución para el triste espectáculo de Guantánamo, le estaban afectando, amén de la pronta pérdida de algunos apoyos iniciales. Para el hasta entonces flamante presidente, esto resultaba tanto más incomprensible cuanto que no se habían dado fuertes choques entre los partidos.

A don Antonio, la preocupación por el incumplimiento del programa electoral, le trajo de inmediato a la memoria, en salto vertiginoso, la solución que al tema daría un «viejo profesor» creador de un efímero «socialismo popular». «Pero, por favor, zeñor Obama, zi los programas están hechos precizamente para ezo: para luego no cumplirlos». Obama creyó ver en aquella respuesta un cierto grado de cinismo y hasta un tanto de engaño al electorado. Pero optó por guardar silencio ante un personaje con tan larga experiencia.

Algo más le costó asumir lo de los partidos. Y de nuevo vino la respuesta, en la que ya don Antonio, por indicación del traductor, hizo el gran esfuerzo de aparcar el ceceo. «Es que, mi querido presidente, sus partidos nada tienen que ver con los nuestros. Lo que ustedes tienen, por fortuna, son meras máquinas de simplificación electoral. Como en casi todo el mundo anglosajón. Sin embargo, en España los partidos se consideran todavía herederos de las escisiones ideológicas nacidas en la Revolución Francesa. Y por eso cada vez que pueden ponen todo patas arriba». Esto último no lo entendió bien Obama «¿qué es eso de patas arriba?», preguntó. «Pues que se cambia todo o casi todo: la versión de nuestra historia, sobre todo de la más reciente, las festividades a celebrar, los funcionarios de los Ministerios y hasta… el nombre de las calles». Aquí el presidente esbozó una ligera sonrisa: ¡Nuestras calles no tienen nombres, sino números!

Pero Cánovas no estaba dispuesto a perder. «Lo que ustedes tienen, señor presidente, es una democracia de grupos de presión, que son los que poseen la última palabra. Por eso usted está condicionado. Nunca hará frente al Pentágono. Ni suprimirá la libre venta de armas. Ni nacionalizará la banca. Ni impondrá nada que siente mal a Israel. Y lo peor es que esos grupos no tendrán al final responsabilidad política. No se sabe qué es peor. En mi país todo el mundo conoce a los caciques a quienes nuestros escasos intelectuales tanto desprecian. Pero ya me dirá usted cómo sin ellos se podrían hacer elecciones con tal alto número de analfabetos. Fíjese, yo no era muy partidario del sufragio universal, continua cantinela de mi compadre político Sagasta. Hasta que encontré los resultados electorales que da gusto verlos».

Al llegar a esta confesión, el joven Obama ya no sabía a qué atenerse. ¿Disolver los partidos? ¿Pedirle prestado a Cánovas o incluso comprarle al ministro Robledo? No parecían soluciones fáciles. Y por ello, medio vencido, acabó suplicando a su interlocutor: «Entonces, mi buen colega Cánovas, deme un consejo para seguir tranquilo en la Casa Blanca. ¿Qué política debo seguir?».

Era la pregunta que don Antonio esperaba desde el principio y que llevaba bien preparada, dada la imposibilidad histórica de que Obama hubiera leído la buena obra de Díez del Corral sobre el liberalismo doctrinario. Por ello sacó del bolsillo de su chaleco un gran puro acomodó su oronda figura al mullido sillón. Y sentó cátedra. O su cátedra, claro. Con extremada lentitud explicó: «Zeñor Obama, decir política es decir ciencia de lo mudable, de lo relativo, de lo contingente. Por eso, sus conclusiones prácticas estarán siempre sometidas al siglo, al pueblo y al momento en que sea posible aplicar, sin convulsiones sociales, aquella parte de lo ideal que las circunstancias hagan posible». Y remachó: «La política debe ser siempre arte de lo posible, sometiendo los principios, por hermosos que fueren, a las aplicaciones normalmente también fruto de compromisos o acuerdos previos».

Para sus adentros y mientras se despedían, Cánovas se sintió como una especie de «Cristóbal Colón político». Y, por su parte, Obama barruntó que su visitante debería merecer mejor opinión en el futuro. ¿O en el pasado? Claro está que no conocía bien a los españoles de España y no de Latinoamérica.

Manuel Ramírez. Catedrático de Derecho Político.

La Tercera de ABC

Bueno, la verdad es que uno no sabe a ciencia cierta si el punto al que se ha llegado en este tema es para bien o para mal. Depende de quién lo aborde y de los intereses que en el mismo tenga. Ya el maestro Marañón escribió en su día esta sabia advertencia: «Aunque la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones». En efecto, así ha caminado la valoración histórica que, por lo demás y entre nosotros, ha añadido a esa trinchera el vicioso menester de la manipulación. Sagaces observaciones sobre esto último nos dejó no hace mucho un hombre que no quiso ser sabio y a quien siempre tendré por maestro: Francisco Murillo. Ocurre que ahora, sin duda por influencia de eso llamado «financiación autonómica», se está poniendo de relieve lo defectuoso del tema autonómico. Observará el lector que repito la palabra «tema». Sencillamente porque todas las demás denominaciones al uso me parecen incorrectas. No se puede hablar de «Estado de las autonomías» porque, acto seguido se aclara (¡también se olvida!) que «las autonomías» también son Estado. Si se es autónomo de algo es, precisamente, porque ese algo quiere diferenciarse de otro algo. Mis brazos nunca pueden ser autónomos de mi cuerpo: actúan de una forma u otra precisamente porque otra parte, instalada en mi cabeza, así lo determina. Cuando los autores de nuestra actual Constitución hablan de «nacionalidades» creo que dan al término un significado distinto al que antes tenía. Y lo peor es que, queda claro que nadie sabía en qué consistía ese otro significado. De aquí su posterior desuso y la nefasta conversión en «naciones». El problema se termina de hacer grave cuando el Título VIII aparece como «de la Organización territorial del Estado». ¿Es que hay otra organización aérea o marítima? Piénsese que la Constitución de la Segunda República no tiene el menor reparo en hablar de «Organización Nacional» y quedarse en autonomía de Municipios y Regiones. Vaya, vaya: aquellos «rojuelos» más nacionales que nuestros actuales demócratas.

Aunque parezca lo contrario, estas imprecisiones terminológicas, nacidas del mundo de cesiones y contracesiones que caracterizó y alargó en demasía nuestro último proceso constituyente, han tenido luego más importancia de lo previsto. Ahí pueden situarse las actuales afirmaciones que como crasos errores oímos. A cualquier español que crea vivir en un país del que se siente orgulloso, rechinan esas lindezas de Cataluña «como Nación» o «el Gobierno vasco y el Gobierno español». Por supuesto, la palabra «región» ha quedado eliminada. Con todo, las raíces hay que encontrarlas en aspectos constitucionales y estatutarios más profundos. Permítaseme que los sintetice aquí, ya que de ellos llevo hablando hace años dada mi nunca ocultada postura de acérrimo defensor de un Estado fuerte y enemigo de cualquier fisura que quiebre su unidad:

a) En los años de la transición aparece la insostenible unión entre democracia y autonomía. Va de suyo que estábamos ante un problema heredado, algo que ocurrió también a la Segunda República. Absolutamente nada tienen en común. El mundo está lleno de países con regímenes políticos democráticos que no tienen concesiones autonómicas. Valgan los cercanos ejemplos de Portugal o Francia. ¿Es que no hay democracia en Francia, el país posiblemente más centralista y jacobino de la vigente Europa? O piénsese en algunos países de Hispanoamérica para justamente lo contrario. Nuestros constituyentes se dejaron llevar por esa falsa unión, cayendo en el defecto de una regulación para un momento. Y, además, rígida y extensa.

b) Se pudieron intentar algunas otras formas de organizar el Estado. Por supuesto, no el federal que entre nosotros siempre ha caminado hacia el cantonalismo. Me refiero a la de un Estado unitario descentralizado. Es decir, unidad combinada con fórmulas que dieran entrada tanto a la deseada democracia cuanto a la variedad que nuestro país tiene y que no hay que ocultar ni mucho menos. La doctrina italiana ha escrito no poco sobre esta fórmula. Aquí, por las presiones citadas, ni se pensó en ello.

c) Se cayó en el error de establecer diferencias entre dos tipos de Comunidades Autónomas. Las que en el pasado, es decir durante la República, hubiesen «plebiscitado afirmativamente» proyectos de Estatutos de autonomía y las que no lo hubieran hecho y comenzaran el proceso al amparo de la nueva Constitución. Retenga el lector que se habla solamente de haber realizado el plebiscito y no de haber tenido Estatuto con vigencia. Sencillamente, había que incluir a Galicia (que nunca llegó a tenerlo) y al País Vasco (su Estatuto, tras muchas peripecias, se aprueba ya una vez iniciada la guerra civil y con no pocas resistencia de buena parte del PSOE). El único Estatuto en vigor lo tuvo Cataluña desde 1932 y gracias, sobre todo, a la labor de Azaña. Esta distinción conllevaba supresión de esperas temporales y, sobre todo, ventajas en la adquisición de competencias. Ahorro al lector la cita de artículos. Lo que no es posible ahorrar es el ambiente de enfrentamiento que se produjo y, sobre todo, lo débil de las «causas de tales beneficios». En 1978 la población no era la misma. Las circunstancias, tampoco. Y, sobre todo, el olvido de una evidencia: si los republicanos que siempre consideraron la autonomía como algo excepcional, de haber durado la República un par de años más, se habrían aprobado no pocos Estatutos que hasta tuvieron ya proyectos o asambleas preparatorias. Por todo ello, tras aprobarse nuestra Constitución el panorama era claramente reivindicativo. Con Andalucía se tuvo que hacer lo impensable. Y en todas partes apareció el sentimiento de discriminación. Se inventaron «hechos diferenciales» en cadena y se resucitaron lenguas y «peculiaridades» sacadas de la manga en muchos casos. Nuestros constituyentes olvidaron algo elemental: ningún español admite que el vecino tenga más. En lo que sea y por lo que sea. He aquí el fomento de algunas llamadas «fobias» que unos y otros se echan a la cara en cuanto pueden.

d) Por último, la mayor cesión en el toma y daca. Dejar permanentemente abierto el proceso de transferencias de materias propias del Estado pero que podían pasar a serlo de las Comunidades. La lectura del art. 150,2 pasará a la historia como ejemplo de la imprecisión. Y no cerrar la vía de la delegación (algo que para muchos ciudadanos sigue siendo hoy algo que se tuvo que hacer a tiempo) es lo que ha favorecido «el chalaneo» posterior. Tanto más cuanto el Estado ha ido cediendo continuamente en ese mercadeo por razones puramente electorales o, lo que es más grave, por abiertas amenazas de «ir más allá» que algunos partidos lanzan sin recato. Lo acabamos de comprobar.

Es ahora cuando se está tomando la aludida conciencia de gravedad. Y en diferentes aspectos y por diferentes comentaristas. Una y otra vez se había aludido, hasta ahora, a la ruptura de los principios de solidaridad e imposibilidad de privilegios por parte de alguna Comunidad Autónoma, según el Art. 138. Pero es en estas semanas cuando abiertamente se habla ya de corregir el modelo. Sanidad, educación, justicia, política exterior han debido se materias intocables y en manos del Estado. Pero en el «chalaneo» no parece haber límites. Los prestigiosos avisos de nuestras mejores cabezas (Juan Velarde, José Barea, el rector González Trevijano, el buen antiguo amigo Manuel Pizarro, etc) de poco o nada están sirviendo. Duelen profundamente dos lacerantes conclusiones. La de Rafael Fernández Ordóñez que finaliza su habitual columna afirmando que «nuestra clase política ha aparcado el patriotismo y sólo piensa en conservar su poder y alimentar a sus sectarios», frase que trae de inmediato al recuerdo el «particularismo» de la España Invertebrada de Ortega. Y en el final de Ángel Expósito (¡siempre hay que estar a bien con el Director!) cuando sentencia que las autonomías «se nos han ido de la mano, pero lo más preocupante es: ¿quién y cómo puede dar marcha atrás? Misión imposible». Y personalmente me atrevo a sugerir que a lo que se está causando una herida de difícil cura es la misma ilusión por la democracia que los ciudadanos parece que tenían hace años. Y, dilecto Director, si no hay «marcha atrás» será la unidad de España la que entrará en peligro. Por eso y de momento, una urgente misión: la reforma de la Constitución, del alcance que fuere y con el consenso que existiera. Que sepamos, aquello de la «vis coactiva» sigue siendo propiedad sustancial del Estado.

Manuel Ramírez. Catedrático de Derecho Político.