Reggio’s

“Ni mando a necios, ni obedezco a pícaros”, era uno de los lemas de los que se servía nuestro Arturo Soria y Espinosa para iniciar su autobiografía, tan bien reflejada en el exquisito prontuario de aforismos titulado Labrador del aire. Si lo hicieran suyo los líderes políticos con aspiraciones nacionales, si excluyeran de su amigable compañía a necios y a pícaros, habríamos conseguido un avance notable en la gobernación del país. Soria también propugnaba frente a la disciplina militar, la disciplina orquestal, que tanto se echa a faltar en el momento presente tanto en el Gabinete del presidente José Luís Rodríguez Zapatero como en la directiva que acompaña al presidente del PP, Mariano Rajoy.

Viajeros llegados de La Moncloa cuentan de las desavenencias afloradas en esta segunda legislatura, de los litigios surgidos en torno a las aguas jurisdiccionales propias de cada miembro del Gobierno, de las competencias e incompetencias que les incumben o les desbordan. A distancia, desde fuera, se cobra a veces la impresión de que hubiera sonado la voz de rompan filas y abandonada la formación hubiera cundido la decisión de andar por libre y ponerse a salvo conforme a intereses estrictamente personales. La crisis reclama medidas y las respuestas generadas en distintos departamentos se lanzan y se retiran una y otra vez para desconcierto del personal de a pie y de los observadores internacionales, que luego califican la solvencia de nuestra deuda.

Se diría que este modelo ha sido adoptado miméticamente en Génova, la sede nacional del Partido Popular. Porque después de tantas afirmaciones de incompatibilidad con la corrupción, estalla el caso Gürtel y nadie reacciona. El tesorero nacional del partido Luis Bárcenas hace una fortuna inexplicable de la que sigue sin rendir cuentas. Queda en suspenso provisionalmente pero conserva despacho y accesorios en la central. En Valencia, después de la inundación informativa de graves irregularidades sólo ha sido relevado Ricardo Costa que, enseguida, ha encontrado nuevo acomodo en el grupo parlamentario de Las Corts.

En Castellón, sigue campando por sus respetos el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ese cuentachistes fantástico que hacía las delicias de Ánsar cuando los veraneos en Oropesa de los azulejeros, perdón de los mares. En la Galicia de Manuel Fraga aparece otra ramificación de Correa para la financiación del PP, sin que se registren consecuencias y suma y sigue. En Madrid, la presidenta de la Comunidad celebra haberle quitado un consejero de la Caja “al hijoputa”, naturalmente compañero de partido, sin que nadie rechiste. Al final, entra en funciones el Comité de Derechos y Garantías para empurar a Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid, por unas declaraciones a cara descubierta a propósito del espionaje sufrido por cuenta de los servicios de la CAM.

Prevalece el parecer del consejero áulico, Pedro Arriola, según el cual lo mejor es no hacer nada y esperar el desmoronamiento del adversario socialista. Claro que la consigna, que de modo tan escrupuloso sigue Mariano Rajoy, encuentra eco menor en otras figuras. Así, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que cada día ensaya un lanzamiento. Tan pronto solicita un gobierno de coalición para aceptar el pacto buscado por La Moncloa, en el que el PP tendría las carteras de Economía e Interior, como pide elecciones anticipadas, llama a la rebelión en torno a la anunciada subida del IVA o exige la desaparición de los ministerios que considera inútiles. Propuestas sin duda interesantes pero por completo ajenas al ámbito autonómico de sus competencias. De ahí la sorpresa al observar cómo el presidente del PP asiste impávido a semejante festival como si para nada le afectara.

Así caminamos presurosos por la senda de la crisis hacia las urnas, primero catalanas, luego autonómicas y municipales y ya en 2012 legislativas. Pero podemos encontrarnos en la situación que describe Martin Wolf en su columna del pasado día 12 en el Financial Times titulada The British election that both sides deserve to lose, para que nos entendamos en inglés, “las elecciones británicas que ambos contendientes

[laboristas y conservadores] merecen perder”. Como escribe Wislawa Szymborska en Lecturas no obligatorias (Ediciones Alfabia. Barcelona, 2009) la cuestión reside en percibir la diferencia entre un pesimista maníaco y un profeta que tiene razón ya desde el principio. Porque entre ese instante en el que hacer sonar la alarma puede parecer precipitado y ridículo y ese otro en el que ya es demasiado tarde para todo debe haber un momento perfecto, oportuno, especialmente indicado para impedir la desgracia. ¿Qué momento es ese? ¿Y cómo reconocerlo? Veremos.

Conforme se aproximan las elecciones se observan con claridad dos movimientos divergentes pero complementarios. Por lo general hay un partido que se prepara de modo concienzudo para la derrota y se apresura a poner en marcha una máquina infernal para perderlas. En la otra banda, lo que corresponde es la aparición del partido rival empleado a fondo en llevar a cabo los ejercicios de idoneidad que le van convirtiendo en alternativa creíble, condición sine qua non para alcanzar la victoria.

Aclaremos que los ejercicios de idoneidad tienen un fuerte componente de renuncia. Veamos algunos ejemplos de fuera y de dentro de nuestro propio país.

La socialdemocracia alemana, instalada en la oposición, en 1959, cuando el viento empezó a serle favorable, lleva a cabo el congreso extraordinario de Bad Godesberg en el que renuncia al maximalismo de su programa, retira su propuesta de abolición de las Fuerzas Armadas y se reconcilia con la Wehrmacht. Por ahí le vino su idoneidad para sumarse, primero, al Gobierno de la Democracia Cristiana en la grossen koalition de 1966 y más tarde, en 1969, logrado su entrenamiento institucional, a la victoria por mayoría en las elecciones bajo el liderazgo de Willy Brandt.

También los socialistas franceses de François Mitterrand permanecen arrumbados en una oposición sin fin desde la instauración de la V República. Qué casualidad que en el congreso que precede a su victoria en las presidenciales de 1981 sobre Valery Giscard d’Estaing, el Partido Socialista, que ya había abandonado antes su programa común con los comunistas, renunciara a la pretensión de suprimir la force de frappe de disuasión nuclear y se sumara a la ponencia favorable, tantos años mantenida en solitario por Charles Hernu, enseguida ministro de Defensa.

En cuanto a los laboristas británicos, que propugnaban el desarme unilateral, sólo llegaron a Downing Street cuando Toñín Blair les cura de esas utopías.

De regreso a nuestro país, veamos cómo Felipe González intenta en el Congreso del PSOE de mayo de 1979 la renuncia a la definición marxista del partido. Intento que resulta derrotado pero que sale adelante en el Congreso Extraordinario de septiembre de ese mismo año. Esa decisión, el trabajo institucional, los encuentros con la jerarquía de la Iglesia católica y con los altos mandos de las Fuerzas Armadas sirven de quitamiedos y facilita el triunfo socialista por mayoría en las elecciones de octubre de 1982, después de que todos habían tenido seguridades de que vendría un cambio respetuoso.

La vuelta a la derecha protagonizada por José María Aznar tiene perfiles rupturistas y se basa en la proclamación del vale todo para terminar con González.

Considera innecesario tejer compromisos con unos poderes fácticos desflecados que nunca dudan de que recibirían a uno de los suyos. Sabe que la “mayoría natural” imaginada por Manuel Fraga es inexistente. Porque la derecha de los privilegios es siempre una minoría. Necesita simular que se desplaza al centro para poner de su parte a los desencantados. Se empeña en borrar las señas de identidad de la herencia franquista. Trata de romper el techo que bloquea a don Manoliño y busca entre sus compañeros de pupitre del Colegio del Pilar quienes por su favorable extracción social nunca lucieron la camisa azul ni el correaje del Frente de Juventudes.

A nadie tiene que dar seguridades, ningún ejercicio previo le va a ser exigido, aunque se haya zafado del servicio militar obligatorio y no se le recuerde en la Congregación Mariana. Su primera victoria en 1996 es por la mínima, apenas 300.000 votos, porque produce recelo. Pero, ya sin complejos, revalida el triunfo con mayoría absoluta.

José Luis Rodríguez Zapatero se pasa cuatro años en la oposición haciendo ejercicios de buen porte y buenos modales, proponiendo pactos y sólo al final se agarra a la pancarta contra la guerra. Pero nunca se embandera con causas fracturantes, que tanto le han gustado después para enardecer a sus incondicionales.

Así llegamos al candidato Mariano Rajoy, convencido de que el poder le va a venir a la mano por la sola incompetencia del rival. Debería mirar al candidato conservador británico, David Cameron, que puede perder, dedicado como está a discursos excéntricos en boca de quien puede gobernar.

Rajoy tendría que atender a los ejercicios de idoneidad que le son exigibles y recordar cómo todo lo que ahora parece ayudarle, le perjudicaría si ganara las elecciones. Continuará.

Se veía venir y en estas mismas páginas (véase CincoDías del 30 de noviembre de 2007) se advirtió del dislate que suponía instalar en la ría de Ferrol la planta de regasificación promovida por Reganosa. Una barbarie contra la que se venía estrellando la oposición ciudadana. Pero de nada han valido los clamores para poner coto a la suma de ilegalidades, el absurdo de su ubicación y los incumplimientos de las más elementales normas de seguridad industrial y medioambiental. La lucha contra semejante desatino tiene un rastro en los tribunales de justicia reflejado en el procedimiento ordinario 966/2004, es decir que va para siete años, sin que haya logrado pasar la barrera del silencio, excepción hecha del eco alcanzado en el diario La Opinión de La Coruña. De ahí la consiguiente desatención de la Xunta de Galicia pese a la sucesión de Gobiernos de diferente coloración política.

El presidente socialista Emilio Pérez Touriño, cuya mayoría parlamentaria completaban los del BNG, tan radicales y tan ecologistas ellos, se comportaron como si debieran subrogarse en las corrupciones financieras y políticas de los tiempos de Manoliño Fraga. Y ahora el nuevo presidente Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, se siente del todo legitimado para seguir en la misma línea sin necesidad de hacer oídos sordos porque la cuestión sólo sigue mereciendo un estruendoso silencio mediático. Como dijimos en su día, a la planta de Reganosa sólo se puede acceder desde el mar abierto a través de un estrecho canal de escasa profundidad y de más de 4 kilómetros de longitud, condiciones que impiden el tránsito de los grandes buques gaseros. Así las cosas, el número de buques metaneros que son compatibles con nuestra planta es muy reducido y de ese número están excluidos los nuevos buques de tecnología Q-Flex y Q-Max que incorporan medidas adicionales de seguridad pero que dadas sus dimensiones quedan descartados.

Pasemos de puntillas el peligro que supone la planta para las más de 7.000 personas que viven dentro de un radio inferior a 2.000 metros con viviendas a distancias de apenas 80 metros; también que los fondos marinos de este canal estén clasificados como lugar de interés comunitario (LIC) bajo normas de protección integral, lo cual excluye la posibilidad de proceder a dragarlos. Pero debemos reseñar que los tanques de la planta se encuentran en Punta Promontorio, dentro de la zona de seguridad para la Defensa Nacional situada frente al arsenal de El Ferrol. Asombra que todo este proyecto haya podido culminarse cuado los buques gaseros con su carga de Gas Natural Licuado (GNL) quedan fondeados a menos de 200 metros de los buques de la Armada y del resto de las instalaciones navales complementarias. En todo caso, resultó indeleble la lección aprendida en agosto de 1999 cuando el contralmirante Pedro Español Jofre de Villegas, con el respaldo del almirante jefe de la Zona Marítima del Cantábrico, Rafael Morales Robledo, hizo constar la gravedad de la situación que venimos describiendo sin que se registrara otra reacción del ministro de Defensa, Federico Trillo, que la de pasar a la reserva a dicho almirante.

El asunto sigue bullendo porque, entre otras, la Plataforma de Veciños de O’Cruceiro de Mehá acaba de solicitar, con fecha de 3 de marzo de 2010, a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la ampliación de prueba en el procedimiento arriba citado número 966/2004. La solicitud menciona documentos que se propondrán como prueba pero que no han podido ser aportados porque dan cuenta de hechos de fecha posterior al periodo de proposición. Se trata de la Nota de Operación número 5, de fecha 26 de febrero de 2010, emitida por Enagás, como gestor técnico del sistema gasista. En resumen, consiste en el desvío de un buque metanero y de un cambio de destino a una planta, la de Reganosa, distinta de la que figuraba originariamente designada para la descarga del GNL. La nota de Enagás trae causa de la necesidad de mantener las necesarias existencias mínimas de gas licuado por debajo de cuyos niveles se derivan peligros inadmisibles.

Súmese al asombro del desastre económico de Reganosa para el sistema gasista del Estado el fantástico negocio que ha supuesto para los inversores, que perciben una retribución de más de 60 millones al año pese a que la planta es deficitaria y está por debajo de la actividad mínima, y al mismo tiempo obsérvese que el déficit del sector gasista en 2009 fue de 60 millones.

En resumen, que la planta de Reganosa es generadora de problemas de operatividad y seguridad, deficitaria para el sistema, con rendimientos insuficientes y perturbadora para el sistema gasista. El paso del tiempo ha ratificado el desatino que los tribunales dejan sin proveer como en justicia corresponda.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista.

Existe un consenso generalizado de que, concluido el 30 de junio el semestre de la presidencia española de la Unión Europea, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero hará uso de la prerrogativa que le otorga en exclusiva el artículo 100 de la Constitución para proponer al Rey la separación de los miembros actuales del Gobierno que considere conveniente y, al mismo tiempo, el nombramiento de quienes hayan de relevarlos en sus carteras. Es decir, para la formación del que vendría a ser el último de los gabinetes de la actual legislatura, que para Zapatero es la segunda, con el que llegará en menos de dos años a las elecciones legislativas que corresponde celebrar como máximo en marzo de 2012.

Antes, en octubre-noviembre de este mismo ejercicio habrán de celebrarse las elecciones catalanas y en mayo de 2011 las autonómicas, que van por el régimen general del que se exceptúan también el País Vasco, Galicia y Andalucía, y las municipales a celebrar en toda España. Estas dos convocatorias habrán de ser tenidas muy en cuenta. La primera, porque facilitaría por ejemplo el desembarco del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para situarle como número dos de la lista del presidente Montilla; la segunda, porque permitiría situar como cabeza de cartel en Valencia a la actual vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, convertir a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en alternativa de Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid, o situar al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, como candidato a la alcaldía de Madrid.

La lectura del volumen de Guillem Rico Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España (Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 2009), que abarca desde 1979 a 2008, deja en claro que la cuestión de interés no es si los líderes importan o cuánto importan, sino cómo importan y por qué importan. Sucede que el elector está predispuesto a mantener sus preferencias, pero no puede creer sin más aquello que desea creer, ya que, aunque sólo sea de forma íntima, debe atender a una apariencia de racionalidad. Esta es una exigencia derivada de la concepción del elector como un razonador motivado. Ya sabemos que la valoración del candidato se ve alterada por sus posicionamientos pero, a la vez, sus tomas de posición provocan cambios de opinión. En todo caso, la observación más elemental permite comprobar cómo las elecciones autonómicas y municipales han anticipado el comportamiento registrado en las legislativas subsiguientes.

Quedan más arriba examinados los descartes que se barruntan a partir de la decisión de designar una comisión negociadora para los pactos de nunca acabar, pactos que tan pronto se proclaman en línea de necesidad patriótica como se desincentivan con la descalificación de la otra parte contratante. Otros relevos adicionales parecen ya incoados con la marginación de algunos titulares en la adopción de medidas ubicadas en sus aguas jurisdiccionales, o sencillamente por incomparecencia en la tarea de gobernar. A partir de ahí se impone alguna reflexión sobre los mimbres a emplear por el presidente para componer su último Gobierno antes de 2012.

La primera recomendación sería la formulada por Antonio Maura: que gobiernen los que no dejan gobernar. Es decir, que se incorporen al Gabinete los integrantes de la cofradía de la adoración nocturna, la amigable compañía, que orienta y desorienta al presidente Zapatero y lanza las propuestas que el inquilino de La Moncloa hace suyas para desconcierto de los ministros afectados en sus competencias. Es el momento de incorporar al Consejo a gentes de la valía de Javier de Paz, Miguel Barroso, José Miguel Contreras, Antonio García Ferreras o David Taguas. Deben salir ya de la zona de sombra y acceder sin demora a las responsabilidades para las que están sobradamente preparados. Los consejeros áulicos deben pisar el escenario y avanzar hacia las candilejas para que el público los identifique y les reconozca su valía o les reproche sus errores.

El presidente además debería recuperar algunos grados de libertad, perdidos en anteriores ocasiones. Porque si la composición del Gobierno siguiera sujeta a las actuales rigideces -mitad mujeres, mitad varones, de edad inferior a los 35, de procedencia regional certificada, de diferente orientación sexual y estado civil- sucedería, otra vez, que llegado el momento, el equipo carecería de sostenibilidad por la falta de talento y de condiciones para tan delicado oficio. Las circunstancias requieren ahora sumar pesos pesados con criterio bien formado. Veremos.

Decíamos ayer (véase columna anterior en la página 18 del diario EL PAÍS del 9 de febrero) que, a la inversa de lo sucedido con ocasión de otras rivalidades políticas, en estos momentos el Partido Popular para nada quiere romper el póster electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, por estimar ventajosa su debilidad; de la misma manera que el PSOE se afana incansable en preservar el póster de Mariano Rajoy como candidato porque lo evalúa de forma idéntica. Como estamos viendo, cada uno de los dos preconizados contendientes para los comicios de 2012 considera a su rival y es, a su vez, considerado por él, como un activo valiosísimo en aras de obtener la ansiada victoria en las urnas. Cada uno se apresta a comparecer en la campaña más que aportando sus méritos señalando los deméritos del adversario como el mayor activo propio. Pero hasta que empiece la carrera, de los pósters a romper, hemos pasado a los pósters a enmarcar. Sucede que en medio de una crisis, que estaría reclamando la contribución de todos para salir antes y mejor, la actitud en la que ambos antagonistas, Zapatero y Rajoy, coinciden es la de garrotazo y tente tieso, que se refleja en el Duelo a garrotazos, una de las pinturas negras de Goya que decoraban la Quinta del Sordo y que fue trasladada a lienzo en 1874 por Salvador Martínez Cubells según encargo del banquero belga Fréderic Emile Erlanger, quien al fracasar su intento de venderlas en la Exposición Universal de París, las donó al Museo del Prado, donde se encuentran desde 1881. El cuadro presenta a dos villanos enterrados hasta las rodillas luchando a bastonazos en un paraje desolado. Es una imagen de la lucha fratricida tan ambientada entre los españoles desde tanto tiempo atrás.

Entonces, comparece el rey Juan Carlos y convoca a los interlocutores responsables del mundo económico, financiero, empresarial y laboral, empezando por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y siguiendo por los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras, y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores. Como ha señalado en su Telegrama para Hora 14 de la cadena SER un buen amigo periodista, el Rey lo hace en un momento en el que las circunstancias apretadas de la crisis nos interpelan a todos y nos reclaman algunos acuerdos básicos, algunos pactos inteligentes, que nos permitan consensos útiles para superarla. Pero tampoco han dejado de brotar las susceptibilidades de una y otra parte, por mucho que los tratadistas más solventes hayan resumido en tres las funciones del Rey: estar informado, advertir y estimular y el intento de don Juan Carlos haya sido el de ponerlas en juego.

Asombra imaginar cómo avanzaríamos todos si dejáramos de hacernos daño. Pero en medio de tantos cambios sociales perdura el entusiasmo por el desastre y el gusto por la autoflagelación. Suenan las quejas por la mirada crítica que nos dirigen algunos órganos importantes de la prensa internacional, pero apenas son cacahuetes en comparación con las atrocidades que sobre la situación de la economía española imprimen cada día los diarios españoles. La prensa extranjera es de una benevolencia extraordinaria y apenas recoge algo de lo que rebosan los nuestros. Aunque llamarlos nuestros podría resultar excesivo. Es incomprensible que órganos periodísticos que se sienten representantes de la derecha más comme il faut se entreguen con todo desenfreno a la propaganda de la negatividad en cuanto se refiere a la economía española. Parecen ciegos y sordos a las consecuencias que se desencadenan, en primer lugar, para la empresa y los empresarios que han internacionalizado sus negocios y que acaban siendo penalizados precisamente por su condición de españoles. Porque la coloración nacional puede ser un valor añadido, como lo es en el caso por ejemplo de los alemanes, los suizos, los holandeses o los americanos, o convertirse en una etiqueta negativa como la que ahora grava sobre nuestros compatriotas.

Entre tanto, el presidente Zapatero reincide en unas maneras de gobernar, sin atender a sus ministros, en las antípodas de la disciplina orquestal que exaltaba nuestro Arturo Soria y Espinosa y que ha llevado a lo más excelso Maris Jansons al frente de la Royal Concertbouworkest de Amsterdam según pudimos escuchar la pasada semana en el Auditorio Nacional. Y desde la acera de enfrente todo son reclamaciones para que ZP sea valiente y tome medidas impopulares porque como ha escrito The Economist se trataría de evitar The cruelty of compasión.

Parece que nunca se dan dos situaciones políticas idénticas pero es indudable que muchas veces pueden encontrarse elementos análogos, paralelismos o semejanzas de interés que sirvan de factor común en varias de ellas. Por ejemplo, ahora nos encontramos en un momento de antagonismo hirviente, que enfrenta las figuras de José Luis Rodríguez Zapatero, en el Gobierno, y de Mariano Rajoy, en la oposición.

El caso precedente que no llegó a darse del todo por desistimiento del segundo hubiera sido en 2004 el del duelo entre José María Aznar, en el Gobierno, y José Luis Rodríguez Zapatero, en la oposición. El más sonado se produjo a partir de 1993 entre Felipe González, en La Moncloa, y José María Aznar, en Génova, y el primer episodio de la serie que estamos analizando fue el que protagonizaron Adolfo Suárez y Felipe González, desde 1979.

Recordemos que la escisión inteligente del franquismo supo sumar adherentes y tomar la iniciativa de la reforma para no padecer la ruptura, con las consecuencias evidenciadas en la revolución de los claveles para los salazaristas irredentos. Al avance hacia posiciones de progreso de los reformistas correspondió la moderación ejemplar de la izquierda. Y la suma de ambos movimientos centrípetos nos trajo la concordia y facilitó la salida por consenso de la dictadura hacia el nuevo Estado social de derecho, en forma de monarquía parlamentaria. El Rey se atuvo a su compromiso básico con todos los españoles por encima de juramentos circunstanciales a las improrrogables leyes del Movimiento. Enseguida, renunciaba a unos poderes excepcionales y buscaba cómo ayudar al advenimiento de la democracia. Había sido designado pero siempre quiso que su monarquía fuera la monarquía de todos, según los modelos de la mejor Europa y en los antípodas de otras como la alauí, tan bien aclimatada en Marruecos.

El procedimiento elegido fue el de ir de la ley a la ley, pasando por la ley. Un itinerario no siempre comprendido y muchas veces impugnado por sus lentitudes e incoherencias aparentes. Así tuvimos a nuestro Adolfo Suárez, nombrado presidente del Gobierno por el Rey de entre una terna presentada por el Consejo del Reino, que supo bordar de encargo Torcuato Fernández Miranda. Suárez se arrancó con el afán de hacer una Constitución que habrían de redactar unas Cortes surgidas de las primeras elecciones generales libres, las cuales previa legalización de todos los partidos se celebraron en 1977. Tras el referéndum constitucional Suárez quiso ser también el primer presidente elegido democráticamente y presentó su candidatura a los comicios de 1979. El Partido Socialista se sintió entonces perdedor y sus estrategas decidieron que la victoria les llegaría antes y mejor si la formación adversaria dejaba de estar encabezada por Adolfo Suárez. Por eso, se empeñaron en romper el póster de Suárez. A partir de un momento proclamaron el “vale todo” contra Suárez con las consecuencias sabidas y cuando se alzó el telón los contendientes de 1982 fueron Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González.

Las victorias, si bien decrecientes, acompañaron a González en las elecciones de 1982, 1986, 1989 y 1993. En esta última ocasión los derrotados del PP de José María Aznar entraron en la desesperación y pensaron que sólo eliminando de la competición, invalidando como fuera a Felipe González, podrían ganar en las urnas. De nuevo vino el “vale todo”: las conspiraciones después denunciadas por Anson, la utilización de la lucha antiterrorista al principio jaleada para criminalizar al antagonista, las traiciones de los servicios de inteligencia y los intentos de chantaje. Así sumaron 300.000 votos más y las turbas que gritaban “¡Pujol enano, habla castellano!” aceptaron gustosas que Aznar hablara catalán en la intimidad.

La sabia decisión de Aznar de no concursar por tercera vez nos evitó saber en qué términos hubiera sido su enfrentamiento con Zapatero. Luego hemos tenido, desde el 2004 hasta 2008, la impugnación de la victoria socialista, el estribillo de nos han robado el partido, y la denominación de ZP como presidente accidental a causa de la masacre de los trenes con explosivos sin duda preparados en las inmediaciones de Ferraz por afines a Rubalcaba. Ahora, el PP de Rajoy parece haber alcanzado su máxima cota de resistencia en las afueras del Gobierno y se instala en el “cuanto peor, mejor”. Además se da una coincidencia inversa en la actitud de las dos primeras formaciones, que distingue la situación actual de las hasta ahora aquí consideradas. Porque el PP para nada quiere romper el póster de ZP, por estimar ventajosa su debilidad, al tiempo que el PSOE tiene declarado su afán de preservar a Rajoy por encima de todo como candidato porque lo evalúa de idéntica manera.

El señor presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, andaba ya el miércoles con un pie en el estribo del avión que le llevaría a Washington para participar en el Desayuno Nacional de Oración, con una amigable compañía, cuando conocimos la “actualización del programa de estabilidad” remitido a Bruselas. Confirmaba, una vez más, que una cosa es predicar el blindaje de los derechos de los trabajadores y otra, distinta, cumplir con las prescripciones de sostenibilidad de la Comisión Europea. Prevalece la necesidad de ahorrar en aras de recuperar la credibilidad internacional deteriorada y de ahí la decisión de retrasar la edad de jubilación dos años, pasándola de los 65 actuales a los 67 y también la modificación del plazo utilizado para calcular una pensión que de los últimos 15 años de cotización se eleva a 25.

El documento enviado por el Gobierno a Bruselas reconoce que el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante porque cada año que se retrasa la edad legal de cotización se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; y cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión, que pasará de 15 a 17, se consigue una reducción de 0,2 puntos porcentuales del PIB en ese gasto. Además se aumenta en diez -de 15 a 25- el número de años que sirve de base para calcular el importe de la pensión. Con la suma de estas tres medidas, concluye el documento que a lo largo de la década de 2020 el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi el 4% del PIB a partir de 2030 con la consiguiente mejora del indicador de sostenibilidad y el gasto asociado al envejecimiento se situaría entre los más bajos de Europa. Por último el Gobierno se propone reforzar la relación completa e individualizada entre cotización aportada y prestación recibida, lo cual recuerda aquel sistema de la capitalización que desde hace años algunos vienen pretendiendo bajo la excusa de que sólo así las pensiones podrían quedar garantizadas.

Enseguida vendrán los expertos a pasar por el pasapuré las cifras y los cálculos adelantados en el documento que el Gobierno ha redactado para hacer méritos en Bruselas y enviar un mensaje de rigor y solvencia a eso que llamamos los mercados. Se trata de abandonar el pelotón de los torpes junto a Letonia y Grecia, cuyos presidentes flanquearon a Zapatero en la malhadada jornada de Davos, que es donde el nuestro se cayó del caballo, igual que le sucedió a Pablo de Tarso en el camino de Damasco. El ambiente del World Economic Forum bajo los focos de esa prensa que tantos cariños nos dedica debía ser insoportable. De manera que pareció necesario presentar alguna ofrenda para aplacarlo y entonces vino el anuncio del retraso hasta los 67 años de la edad de jubilación. Luego, ese aplazamiento lo confirmó, como una propuesta abierta a la negociación, el Consejo de Ministros del viernes 29 de enero, sin que nadie hubiera tenido la delicadeza de poner al corriente con la debida antelación al titular de Trabajo, Celestino Corbacho, quien venía sosteniendo lo contrario convencido, por supuesto, de que emitía en la misma longitud de onda que el Gobierno.

A la búsqueda desenfrenada de la estimación perdida, con el deseo de merecer la aprobación necesaria para que la deuda dejara de estar penalizada y de dar a los mercados señales de ortodoxia y rigor, han venido después las medidas más arriba comentadas del documento para Bruselas. Sólo unas horas después de hacerse públicas, en un movimiento característico de las maneras de Zapatero, se producía la primera rectificación mediante la cual se eliminaba la propuesta de elevar a 25 años la base de cálculo del importe de las pensiones. Todo sea por el desconcierto. Porque es difícil comprender la oscilación registrada de la parálisis inmovilista a la epilepsia descontrolada. Nadie explica tampoco que las medidas sobre las pensiones se hayan sustraído al Pacto de Toledo, ni al comentario con los sindicatos, ni con las fuerzas políticas parlamentarias. La cuestión en juego más que la salud de las cuentas es la recuperación de la confianza y con estas maneras parece imposible lograrlo.

“Por su seguridad, permanezcan asustados”, decía la leyenda de una de las recientes viñetas de El Roto en El País. Y por el susto hacia la docilidad. Aquí de las medidas lanzadas en Estados Unidos para contener los salarios y bonus abusivos de los dirigentes bancarios nada sabemos. Pero los ahorros inmediatos que debíamos ofrecer ya sabemos donde se han encontrado.

La cuestión en juego más que la salud de las cuentas es la recuperación de la confianza.

En la malhadada jornada de Davos es donde nuestro presidente se cayó del caballo, igual que le sucedió a Pablo de Tarso en el camino de Damasco”

Miguel Ángel Aguilar. Periodista.

Sin darnos cuenta se nos ha venido encima el Desayuno Nacional de Oración previsto en la Casa Blanca para el próximo jueves, momento en el que se producirá la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de orador extranjero relevante con un tiempo máximo de intervención tasado en unos diez minutos. Al parecer es costumbre reservar el nombre de ese invitado principal (que en esta ocasión es nuestro Zapatero) hasta pocas horas antes del encuentro. Pero sucedió que el nuevo embajador de los Estados Unidos nada más llegar a Madrid soltó la liebre, y desde ese momento hemos ido todos con el teléfono móvil en busca de alguna migaja informativa.

Pero antes conviene recuperar la memoria de esta peculiar convocatoria orante, que se celebra cada año desde 1953. Su perfil estaba muy desvanecido entre nosotros pero consta que es una cita a la que se han ido sumando de modo sucesivo un buen número de nuestras personalidades políticas y sociales más o menos relevantes, por lo general situadas entre el centro y la derecha, ya sea en sus modalidades civilizadas o cerriles.

El Desayuno Nacional de Oración es un buen ejemplo de cómo prenden en Estados Unidos los usos y costumbres que, además, son aceptados sin generar reacciones intempestivas en quienes permanecen ajenos a la cuestión. Si nuestros obispos en Conferencia no hubieran cambiado la seda por el percal y desertado de los oficios religiosos dentro de los templos en favor de las manifestaciones callejeras, renunciando a la oración para enronquecer con las consignas, tal vez habrían logrado a estas fechas prestigiar, por ejemplo, la vigilia de la Inmaculada, con la ventaja añadida que ofrece siempre el ayuno, porque el hambre agudiza el ingenio y está probado que añade fervor a la oración, tan dificultada al contrario cuando sobreviene el estado de saciedad y quedamos abotargados.

Será interesante escuchar el jueves por dónde se arranca en su plegaria el presidente Zapatero, desde qué pista bíblica inicia el despegue, en qué tonos y en qué términos lo hace. Es seguro que después del atentado de ayer a nuestros soldados en Afganistán va a tenerlos en su memoria. Claro que, como señala Canetti, la alegría del más débil es darle algo al más fuerte y, por eso, quedamos pendientes de saber cuál será la ofrenda a presentar en el Desayuno. El resto del programa a cumplir en Washington se iniciará la víspera por la tarde en un encuentro con el Center for American Progress, un think tank del Partido Demócrata que mantiene relaciones activas con la Fundación Ideas, encomendada al ex ministro Jesús Caldera. También será recibido por la American Chamber of Commerce y por The Atlantic Council, otra fundación de signo progresista. Pero más significativo que el anterior programa son los acompañantes que se han ido conociendo mediante la técnica del goteo, la cual ha cambiado nuestra agricultura. Los elegidos como amigable compañía por decirlo con la terminología del Toisón, proceden de tres ambientes: el de los medios de comunicación, el del empresariado con inversiones en Estados Unidos y el del Congreso de los Diputados.

Son invitaciones cursadas de teléfono móvil a teléfono móvil, así que en las horas que quedan a quienes se sientan todavía posibles candidatos se les recomienda esforzarse por mantenerlos conectados y en disposición de recibir llamadas. Dado que en principio nadie rehúsa una invitación que venga del presidente del Gobierno, la lista de acompañantes deberá ser examinada como una radiografía de las obligaciones que siente, de las afinidades que declara y de las complacencias que prodiga aquel a quien corresponde la iniciativa de invitar. Los únicos nombres que más polémica han suscitado son los del mundo mediático. Sobre todo porque algunos siguen sin explicarse la indestructible entente Zetapé-Jotapé, cualesquiera que sean las turbulencias de la navegación, las armas dialécticas o las conspiraciones que el segundo haya empleado contra el primero. Porque es en ese periodista y en su piscina en quien el presidente viene demostrando desde su elección como secretario general del PSOE en 2000 haber puesto todas sus complacencias.

¡Qué cortos de memoria! En aquellos tiempos de la incierta Transición, el presidente Adolfo Suárez, saludado bajo el título de ¡Qué error, qué inmenso error!, se dejó decir de todo por el diario EL PAÍS, convencido como estaba de que era ese periódico el único que otorgaba la patente de demócrata a la que tanto aspiraba. Para Zetapé ahora es Jotapé quien la distribuye o la deniega y siempre estará dispuesto a soportar con buen ánimo cuanto haga falta para merecer su aprobación.

“El precio que hay que pagar por la libertad disminuye cuando crece la demanda”, según sostiene S. J. Lec en sus Pensamientos despeinados. Pero la validez del anterior aforismo puede observarse también en el otro extremo de la escala. Así que, del mismo modo, el precio de apostar por la vileza se reduce si el público la reclama. Hasta el punto de que esa acción en vez de tener un coste puede pasar a representar una ganancia neta. Hay episodios históricos bien documentados en los que el pueblo clamaba aquello de “¡Vivan las cadenas y la Inquisición!”. Un grito que ensordecía los aires durante el funesto periodo del terror fernandino a la altura de 1824, tan bienvenido por una muchedumbre desarrapada que marchaba con los calderos vacíos de la sopa boba, utilizados como tambores procesionales para ampliar el escándalo.

Pero la senda de un líder político, que no se haya perdido el respeto a sí mismo, tiene vedado atravesar los campos donde se cultiva la demagogia. Señor presidente del Partido Popular, como le ha dicho en su telegrama de Hora 14 un buen amigo periodista, ahora que le sonríen las encuestas, ahora que sus expectativas crecen, ahora que parece gozar de indulgencia plenaria, ahora, le espera la tarea de definir una alternativa y le incumbe más que nunca la obligación de rehuir opciones populistas, cualquiera que sea su enunciado. Ya versen sobre el empadronamiento, sobre el fenómeno de la inmigración, sobre el almacenamiento temporal de residuos nucleares, sobre la cadena perpetua, sobre las Cajas de Ahorro, o sobre lo que sea.

Quien quiera aspirar de modo honorable a la Presidencia del Gobierno ha de renunciar al cuanto peor mejor y a gozarse en los males que afligen a todos. Ni el incremento del desempleo, ni la calificación desfavorable de la deuda por las agencias de rating, ni el mayor déficit fiscal, ni el deterioro de cualquier otra variable de nuestra economía, ni el chantaje de los controladores aéreos, debería causar en la sede del PP ese entusiasmo por la catástrofe que parece inscrito en nuestro ADN desde la guerra de las Comunidades de Padilla, Bravo y Maldonado, en adelante. Porque no hay manera de encontrar, ni siquiera en los periodos de mayor gloria de la España imperial, un momento que no sea también de quiebra y ahí están los Fúcares que no nos dejarán mentir.

El principio que recomendaba Pepe Dominguín para conseguir triunfos en los ruedos era el de torear de oído. Decía que cuando un pase era recibido con aplausos convenía seguir citando con la misma mano. Pero que cuando desagradaba a los tendidos era mejor cambiar de mano y tal vez de terrenos. Por supuesto, los líderes políticos están obligados a romper el círculo de sus consejeros áulicos en Moncloa, en Génova, en Ferraz o donde sea y a aguzar el oído. Pero no todo lo que escuchan a ras del suelo deben convertirlo en propuesta legislativa. En todo caso, el toreo tiene su “música callada” y su “sonora soledad”, unas coordenadas donde el arte de birlibirloque vuelve a coincidir con la política. Actitudes de silencio y soledad a las que se ha acogido muchas veces con exceso nuestro Mariano Rajoy, acusado por ello en ocasiones de prácticas tancredistas. Porque ardía la tesorería nacional del partido, el caso Gürtel saltaba de Madrid a Valencia, el álbum de la boda de El Escorial se convertía en instrumento de trabajo para la policía, estallaban las hostilidades entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, se sumaba desde Castellón Carlos Fabra y desde Mallorca Jaume Matas y al principio a nuestro Mariano sólo le escuchamos decir en el ruedo valenciano aquello de “estamos contigo Paco, contra los inquisidores”, dirigido al presidente de la Generalitat.

Es momento de recordar a Mariano Rajoy que “no todo aprovecha para el convento”. Que es indigno fomentar los bajos instintos del público más primario. Que un gran timonel no debe rodearse de ceros a la izquierda por mucho que le parezcan salvavidas. Que debe aclararnos si apuesta por la grandeza y versatilidad del comediante o si se resigna a ser un actor útil para un único personaje. Veremos la senda que elige.

Hemos entrado en una etapa política conocida ya de tiempos de otros presidentes -Suárez, Calvo-Sotelo, González y Aznar- caracterizada por la magnificación de los errores incluso menores del Gobierno, cuya resonancia se mantiene, y por la evaporación de los aciertos incluso relevantes, cuyo eco se apaga de manera instantánea. La máquina mediática se emplea a fondo en esa tarea bajo fórmulas de sectarismo que no perdonan. Es el momento en que todos parecen afiliarse a la cofradía del santo reproche. Por ejemplo, si el ministro de Fomento propone una fórmula distinta de la entrega sin condiciones del aeropuerto de Barcelona a la Generalitat aparece el diario Abc para formarle la bronca cuando cabría esperar que se adelantara a felicitarle. Pero si en la negociación con los controladores, AENA sostiene el pulso y se niega a convalidar los privilegios exorbitantes también merece censura. Como cuando se negociaba la reducción de la presencia militar norteamericana en nuestro país y la prensa de la derecha jugaba a fondo la baza de debilitar a los diplomáticos españoles atribuyéndoles estar al servicio de la todavía Unión Soviética.

De la situación más arriba descrita es buena prueba la actitud de los medios de comunicación españoles ante las críticas al presidente Zapatero, en particular, y a la situación de nuestro país, en general, aparecidas en algunas publicaciones como The Wall Street Journal, Financial Times o The Economist. Que esas censuras se hayan reproducido aquí en primera página con verdadero frenesí y reiteración vomitiva confirma además un grado avanzado de catetismo masoca, una fruición entusiasta por el desastre, que tiene entre nosotros penosa y acomplejada tradición. Porque con la prensa extranjera se verifica ese principio básico de la información periodística, según el cual su lectura resulta de gran utilidad para conocer cuanto sucede a gran distancia pero defrauda, casi siempre, al ocuparse de aquello que conocemos de manera directa, por haber sucedido en nuestro entorno inmediato.

En nuestra percepción visual la lejanía borra los contornos, hace de difumino, aunque también, en ocasiones, funcione a la inversa y favorezca algunos esclarecimientos en forma de ideas claras y distintas imposibles de obtener cuando se practica el encimismo. Pero, volviendo a la prensa extranjera, reconozcamos que cuando trata de nuestro país acaba por pura lógica ocupándose de aquellos asuntos de los que rebosa la prensa española. Inútil subrayar además que el acceso de la prensa extranjera a nuestras fuentes primarias de información carece de ventajas y que sus textos adolecen de servilismo a la mentalidad supuesta de los lectores a quienes se dirige. Por eso, en aras de lograr un impacto preferente, los corresponsales tienden a combinar los prejuicios que alimentan estereotipos ya acuñados con dosis calculadas de novedad capaces de ser absorbidas por el público.

En todo caso, nada que objetar a cuanto pueda publicar la prensa extranjera, ningún sentimiento de doncella ofendida como el que era preceptivo adoptar en aquellos tiempos cuando cualquier texto crítico con el régimen franquista era replicado como un agravio a España. Pero, colegas, ¡menos afectación!, y atendamos a un juego que no es en absoluto inocente. Dejemos de trabajar para nuestros competidores y de contribuir a que nos dejen fuera de circuito. Basta de atavismos sin sentido una vez salidos de la dictadura. “Yo, Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la Historia…”. Así rezaba el preámbulo de los Principios del Movimiento, pero algunos mantuvimos que aquel general superlativo respondía también ante una tercera instancia, menos etérea, la prensa extranjera. Porque sólo ella era capaz de pedirle cuentas. Porque sólo ante ella se sentía emplazado. Porque, a esos efectos, la prensa española no contaba. Porque estaba sojuzgada, censurada, sometida a consignas o en la etapa final tenía pendiente sobre su cabeza la espada sancionadora de Fraga.

Que ahora en España, con unos medios de comunicación libres, sin problemas para ejercer la crítica más severa al Gobierno, concedamos honores de primera página a lo que pueda decir la prensa extranjera remite a un complejo impropio de nuestro tiempo. Lo decimos por última vez. Vale.

Los mayores de la clase recordarán aquella polémica intelectual de los años cincuenta a raíz de la publicación por Pedro Laín Entralgo de su libro España como problema y de la réplica que recibió de Rafael Calvo Serer con su volumen España sin problema. Desde aquellas precariedades cuando íbamos por rutas imperiales caminando hacia Dios, conforme a la letra de Montañas nevadas, provistos de la cartilla de racionamiento hemos llegado a las pasadas prosperidades ahora deslucidas por la última crisis. Una crisis que ha desmentido la infinita sabiduría del mercado como único e infalible sistema para la asignación de recursos. Al tiempo que ha quebrado el principio del cuanto menos Estado mejor. Nos damos de bruces con la realidad de que el abuso puede instalarse en el capitalismo sin fronteras hasta hacer saltar la banca. Entonces los banqueros se acuerdan del Estado como los de a pie invocan a Santa Bárbara cuando truena. Todos aceptamos que la banca debe ser salvada porque lo contrario sería más catastrófico y los recursos públicos acuden instantáneos a tapar la brecha.

Algunos pensaban que tan costosa lección habría quedado aprendida, pero en cuanto ha escampado se observa la tendencia a volver a las andadas. Los altos ejecutivos regresan al reparto de los bonus como los sobrinos del tío Gilito hacían con los lingotes de oro y crece la indignación de los paganos y de los Gobiernos más responsables. Así que cuando nos deslizábamos por el abismo quedaba clara la necesidad del Estado pero con los primeros brotes verdes regresan apresurados los doctrinarios del liberal-nihilismo. El exclusivo juego de los intereses privados, que sólo atienden a maximizar el lucro, había mostrado sus limitaciones y peligrosidades. Dejarlo todo a la aplicación del principio de Matews, según el cual al que tiene se le dará más y al que no tiene incluso aquello que no tiene le será quitado, quedaba demostrado que era una enormidad sin sentido. La era de los creadores de escasez a que se refería el economista David Anisi parecía superada pero regresa enseguida por la otra banda.

Un caso que ahora puede adquirir valores polémicos en nuestro país es el de AENA, la empresa estatal de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Sus críticos impugnan que un único organismo tenga encomendado el control del tráfico aéreo y la gestión de los 47 aeropuertos de nuestro país, así como su modelo en red, en vez de optar por una mayor descentralización. Que AENA haya tenido números rojos en 2008 por valor de 153 millones de euros resulta de la contracción del tráfico aéreo que ha sido un fenómeno mundial pero ya empieza a invertirse la tendencia y tanto Barajas como Barcelona llevan más de tres meses creciendo. Que su endeudamiento esté próximo a los 11.000 millones de euros trae causa de las fuertes inversiones, sobre todo en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante. Otro sumando procede de la creación de aeropuertos sin sentido como los de Huesca, Albacete y Burgos, en la etapa del campeón Francisco Álvarez Cascos. La nueva racionalidad que el ministro José Blanco impulsa llevará a la creación de una sociedad anónima de aeropuertos de cuyo accionariado se privatizará un 30%, una fórmula análoga a la de Red Eléctrica de España, con capacidad para crear filiales en casos particulares.

Otra cuestión hasta ahora ignorada por la tendencia a rehuir el conflicto es la insostenible situación de los controladores aéreos. Un pequeño colectivo de 2.300 que se han apoderado de una función pública básica para hacer de ella una propiedad privada en extremo lucrativa. Los controladores, sin más exigencias para el ingreso que estudios secundarios y buen nivel de inglés, llevan a cabo la instrucción de los aceptados y se reservan concederles “la habilitación para el puesto”. Tienen la llave de paso, practican el númerus clausus y están afiliados a la endogamia. El total de su masa salarial alcanza los 800 millones de euros, el salario base está en los 170.000 y con horas extraordinarias algunos llegan al millón anual y más de 800 perciben más de 450.000. La homologación a escala europea que exige la Unión debe poner fin a un privilegio exorbitante sin dilación alguna. Basta ya.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista.

El último Pleno del Congreso de los Diputados acaba de aprobar -como una enmienda a la Ley de Medidas Urgentes para el Mantenimiento del Empleo y la Protección de las Personas Desempleadas- que se elimine la autorización previa que hasta ahora debían dar de modo preceptivo los gobiernos autonómicos para que pudieran fusionarse las cajas que tienen la sede social en su territorio. Es decir, que se apuesta por contradecir el modelo de caja única por comunidad autónoma, “a modo de instituto de crédito regional vinculado al Gobierno autonómico” que parecía imponerse como tendencia. Y que en adelante se hace posible fomentar fusiones de cajas de ahorro de distintas comunidades autónomas para conseguir tamaños que permitan aprovechar mejor las economías de escala del negocio, sobre todo cuando en la estrategia y en los objetivos se busca una mayor capilaridad en todo el territorio español o incluso el desarrollo internacional, según propugnan Luis de Guindos, Vicente Martínez Pujalte y Jordi Sevilla en las conclusiones del estudio que sobre las cajas que acaba de publicar la editorial Aranzadi.

Antes de esa aprobación, el Pleno debatió una interpelación de Rosa Díez sobre La despolitización de los órganos rectores de las cajas de ahorro. Una cuestión muy pertinente que ha puesto sobre el tablero la pugna descarada abierta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para asegurarse el control de la caja madrileña. La pretensión de Aguirre de situar en la presidencia de Caja Madrid al vicepresidente autonómico, Ignacio González, sin rodaje alguno en el ámbito financiero, hubo de ser frenada en última instancia por Mariano Rajoy con la propuesta de Rodrigo Rato, que a los antecedentes en el mundo de la gestión económica suma una muy definida coloración política. En el caso de Caja Madrid, ha quedado clara la renuncia a despolitizar los órganos rectores y ha entrado en acción la ley de las compensaciones, en aras de una apariencia de neutralidad obtenida mediante adscripción a los órganos de gobierno de candidatos ofrecidos por los diferentes partidos del arco parlamentario y por las organizaciones sindicales, bajo la idea subyacente de que hay merienda para todos. Una senda que hará vicepresidente al ex ministro Virgilio Zapatero, una personalidad de honradez probada y por completo respetable, pero sobre cuya idoneidad para esa función pudo ironizar el descartado Ignacio González

En esas mismas conclusiones del estudio más arriba citado se subraya que en la elección de los órganos de gobierno de las cajas se debería establecer que, independientemente de quién elija a los representantes en la Asamblea y en el Consejo de Administración, éstos no hayan de responder ante ninguna administración y mucho menos ante un partido político del que en ningún caso deberían ser correa de transmisión. Porque para nuestros autores la responsabilidad de los miembros del Consejo y de la Asamblea en sus actuaciones debería ser personal de modo que sus decisiones obedezcan única y exclusivamente a la defensa de los intereses de la caja. Por eso consideran conveniente excluir a los cargos políticos de los Consejos de Administración y definir un marco de mandatos que garantizara su independencia.

Sostienen nuestros autores que las cajas de ahorro en España han tenido, tienen y, si se hacen bien las cosas, seguirán teniendo, un papel muy relevante en el sistema financiero y en el conjunto de la economía. En su opinión, las cajas han ayudado al fortalecimiento de nuestro sistema financiero -tienen una cuota de mercado de depósitos y recursos gestionados superior a la de los bancos (54% frente a 39% en depósitos de otros sectores residentes y 50% frente a 44% en recursos gestionados)-. Consideran que la naturaleza de las cajas sigue siendo adecuada para el futuro sin que haya razón alguna que obligue a modificar su naturaleza jurídica aunque sea necesario establecer mecanismos para evitar la interferencia política y garantizar la independencia y profesionalidad de la gestión. Pero los ultraliberales que nos trajeron las subprime y otras delicias han decidido que las cajas son una anomalía del sistema y han dado el grito de Delenda sunt cajas. Veremos.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista.