Reggio’s

CARTA DEL DIRECTOR: PEDRO J. RAMÍREZ

No hay nada tan kafkiano en El proceso de Kafka como la historia que le cuenta a Josef K. un sacerdote que se presenta como «capellán de la prisión» en la oscuridad de la catedral vacía. No en vano Orson Welles extrajo ese «relato dentro del relato» del final del libro y lo convirtió en una especie de preámbulo onírico a su película. Las palabras del narrador aún resuenan en mis oídos como trasfondo de una solemne puerta abierta hacia la luz:

«Ante la ley hay un portero. A este portero se le acerca un hombre del campo y le pide que le deje entrar en la ley. Pero el portero le dice que en ese momento no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta entonces si podrá entrar más tarde. ‘Es posible’, dice el portero, ‘pero ahora no’. Como la puerta de la ley está abierta igual que siempre y el portero se echa a un lado, el hombre se asoma para ver en su interior».

Es sólo el comienzo. El peticionario cree que la suya es una causa justa y que «la ley debe ser accesible siempre y a cualquiera». Pero como el portero con «su gran abrigo de piel, su gran nariz puntiaguda y su barba de tártaro larga, rala y negra» le impone mucho, decide sentarse en un taburete junto a la puerta de la ley a esperar que cambie el viento. Todo es en vano. «Allí permanece sentado días y años». Lo intenta por todas las vías, incluso entregando cosas, tal vez dinero, al portero que recibe sus ofrendas de forma displicente: «Sólo lo acepto para que no te creas que te has dejado pasar algo por alto». Pero la entrada continúa infranqueable.

Aporto estos antecedentes literarios para que los amigos y familiares de la juez Belén Sánchez Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que acaba de rechazar la admisión a trámite de la querella por falso testimonio de Jamal Zougam contra las dos rumanas que declararon haberle visto en uno de los trenes del 11-M, entiendan por qué a Su Señoría está creciéndole el apéndice nasal y en sus mejillas empieza a aparecer mucho más que pelusilla.

En auto de 19 de enero, la juez Sánchez Hernández contestó a la demanda del condenado a 42.917 años de prisión con ese primer «es posible» del portero de la ley o más concretamente con la apreciación de que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos». Sin embargo, un mes después le ha dado con las puertas del «pero ahora no» en las narices.

¿Con qué argumentos? Con dos que producen vergüenza ajena a cualquier ciudadano con un sentido elemental de la lógica. Por un lado, el de que la descripción de los hechos no incorpora el elemento subjetivo del «dolo» -o sea la voluntad de mentir por uno u otro motivo- que requiere el tipo penal del falso testimonio.

Esto es directamente falaz, pues la querella, basada en las revelaciones de EL MUNDO, detalla cómo la testigo protegida J-70 fue rechazada como falsa víctima por el tribunal de evaluación del Ministerio de Interior 15 días antes de que se le iluminara la memoria y recordara -al cabo de un año del atentado- haber visto a Zougam en un vagón; y cómo tanto ella como la camaleónica C-65 -que tanto iba con una amiga como con otra en aquel tren- obtuvieron papeles, dinero y trabajo como consecuencia de su crucial apoyo a la decisión policial de endosarle los 191 asesinatos al único detenido al que podían relacionar con lo ocurrido, vía mochila de Vallecas. Si esto no es una base para abrir un procedimiento, iniciar una investigación y tomar declaración a las dos rumanas para someterlas por primera vez con conocimiento de causa al principio de contradicción, que venga Dios y lo vea.

El segundo argumento de la juez aún es más patético pues alega que no le corresponde a un juzgado de instrucción «contradecir o impugnar la valoración efectuada por el tribunal -del 11-M- de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa». Si fuera así no existiría el artículo 458 del Código Penal que tipifica el falso testimonio y habría por lo tanto un motivo menos para pagarle a ella el sueldo como funcionaria.

Tamaña estolidez resulta en este caso doblemente hiriente a la inteligencia y a la moralidad en la medida en que, tal y como apunta el susodicho 458, la demostración del perjurio es la única vía que podría llevar a un juicio de revisión de la condena de Zougam; y en la medida en que su defensa desconocía en el momento del juicio oral todas estas circunstancias sobre las testigos protegidas que EL MUNDO ha podido averiguar al cabo de años de laboriosa investigación. ¿Alguien duda de que al menos la credibilidad de J-70 se habría desmoronado con estrépito si un letrado hubiera exhibido un expediente en el que las propias autoridades acababan de darla por falsaria?

Son tan ridículos e inanes los dos motivos de inadmisión que parece lógico que la decisión sea revocada a nada que el recurso recaiga sobre una sala normal de la Audiencia Provincial. Pero, claro, la instrucción volvería entonces a la juez Sánchez y, vista su disposición, muy poco podría esperarse de ella. Sobre todo por un detalle que sugiere una especial malevolencia, un cierto sadismo hacia la familia del querellante. Me refiero a su insólito requerimiento de fianza -nada menos que 3.000 euros- incluido en aquel auto de 19 de enero en el que abrió diligencias previas.

La madre de Zougam, cofirmante de la querella, tuvo que pedir un crédito al banco; pero al propio reo, sometido desde hace ocho años a un implacable régimen de confinamiento solitario, se le saltaron las lágrimas cuando interpretó, como nosotros mismos también lo hicimos, que aquella inusual demanda económica sólo podía anticipar la admisión de la querella. Nadie estaba en condiciones de imaginar que, visto lo visto, la juez sólo la pidió «para que no creas que te has dejado pasar algo por alto».

Sí, ya sé, la Justicia no es una ciencia exacta; unas veces se gana y otras se pierde; los jueces o los jurados, como los árbitros, aciertan y se equivocan. Me he hecho tantas veces esas reflexiones, analizando condenas que como la de Garzón caían por su propio peso pero había que ver para creer, absoluciones tan estupefacientes como la de Camps o comparecencias tan cargadas de futuro como la de Blanco o la de ayer de Urdangarin, que tengo por norma no dar nada por zanjado mientras los dados rueden. Por eso lo único intolerable es que te impidan jugar el partido. Cuando lo que se relata en una querella tiene apariencia de delito, como reconoció la propia juez Sánchez, su inadmisión vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva que la Constitución otorga hasta al más miserable de los seres. No digamos nada si de ese tenue hilo pende la reclusión de por vida de alguien a quien cada vez más personas informadas consideramos inocente.

En el relato del «capellán de la prisión» el «hombre del campo» va extinguiéndose lentamente en su solitario taburete. Al borde de la muerte expresa su última perplejidad: «¿Cómo es posible que en todos estos años nadie excepto yo haya pedido que le dejen entrar?». El portero desvela entonces su cruel secreto: «Nadie más podía tener acceso por aquí, pues esta entrada estaba destinada sólo para ti. Ahora me voy y la cierro».

Jamal Zougam no es, sin embargo, el único que se encuentra hoy ante las puertas de la ley. Desde hace unos días, cual si de un macabro sarcasmo se tratara, dos de las tres asociaciones de víctimas del 11-M han sido expulsadas del recinto en el que a duras penas habían logrado penetrar y se han visto obligadas a amontonarse en un duro banco al otro lado del quicio de la entrada. Han descubierto amargamente que, incluso después de dos años de fructífera instrucción en los que la juez Cillán había acumulado elementos más que suficientes para llevar a juicio al comisario Manzano, podía ocurrirles que un segundo portero hiciera tabla rasa de todo ello y, como en el juego de la oca, les mandara otra vez a la casilla de salida.

El surrealista motivo esgrimido para abortar su querella es en el fondo el mismo que indolentemente ha deslizado Belén Sánchez en su paupérrimo auto: la «cosa juzgada». Si hay una figura jurídica más detestable que la prescripción cuando los delitos son flagrantes, es la «cosa juzgada». Con el agravio adicional de que en este caso la sección 17 de la Audiencia Provincial no se refiere a la vista oral del 11-M sino a la inadmisión de otra querella mucho más genérica en la que ya estaba incluido Manzano.

Aquella fue una decisión correcta porque un grupo de ultraderecha se limitó a presentar un ejemplar del libro Titadyne, disparando a bulto contra todos los funcionarios que pasaban por allí. Pero aplicar el principio del non bis in idem a la mucho más concreta y acotada acción legal de la Asociación de Víctimas del 11-M, a la que se adhirió la AVT, cuando gracias a ella ya habíamos comprobado que el jefe de los Tedax manipuló unas pruebas y ocultó otras, o cuando estábamos a punto de averiguar de qué covachuela policial partió la consigna de que Renfe destruyera los vagones, es una infamia jurisdiccional pues ni el objeto ni el sujeto del pleito eran el mismo.

Como bien ha argumentado el abogado de los querellantes José María de Pablo, esto supondría que la mejor forma que tendría cualquier delincuente para garantizarse la impunidad sería presentar una denuncia chapucera y mal fundamentada contra un amplio colectivo que le incluyera y escudarse a partir de ahí en su seguro archivo. ¿Cómo han podido actuar así estos tres magistrados? Yo sólo puedo aportar el dato elocuente de que el presidente de esa sección, José Luis Sánchez Trujillano, fue el mismo juez que consideró que cuando Rodríguez Menéndez publicó una y otra vez que yo «sodomizaba a niños de 12 años» no se trataba de un delito de calumnia porque no concretaba a qué niño se refería.

Espero que la fulminante revocación de aquella sentencia por la instancia superior que procedió a la condena solicitada sea un perenne baldón que impida a Trujillano progresar en su carrera de igual modo que la trayectoria de Bermúdez acaba de ser determinante para su no renovación en el cargo. El problema es que el recurso de este aberrante sobreseimiento que de momento cercena las esperanzas de esclarecer aspectos clave del 11-M, si bien está claro respecto a la cuestión de fondo, puede verse obstaculizado por graves escollos técnicos pues, por añadir más surrealismo al surrealismo, hay juristas que sostienen que tal decisión no es recurrible.

Por segunda semana consecutiva me esmero, pues, en estimular la imaginación cinéfila del nuevo fiscal del Estado. Ante esas enormes puertas de la ley que filmó Welles tiene ahora mismo sentados en un lado al único condenado como autor material de la masacre de Madrid clamando, con indicios insoslayables, que ha sido víctima de la mayor injusticia judicial de la Historia; y en el otro a los representantes de dos tercios de las víctimas que ya han podido demostrar en un juzgado que la policía manipuló pruebas decisivas de la investigación y exigen que eso no quede amortizado a beneficio de inventario. Una fina inteligencia como la suya no puede ignorar que lo que se aporta desde esas dos perspectivas antagónicas es en realidad coincidente.

Como siempre que se trata de la Justicia, el «relato dentro del relato» de Kafka tiene dos finales. Exasperado por la estulticia del portero, Josef K. llega a un diagnóstico sin esperanza: «La mentira se convierte así en el orden universal». Pero el sacerdote hace una salvedad a la que es posible agarrarse como a un último matorral sobre el abismo: «Al principio se dice que la puerta de la ley permanece abierta, como siempre, pero si siempre permanece abierta, siempre, es decir independientemente de la duración de la vida del hombre para el que está destinada, entonces el portero tampoco podrá cerrarla».

Eso es lo que está hoy en juego en España: si prevalecerá la puerta o lo harán algunos de sus más torpes, fanáticos e indolentes porteros. De momento van ganando los porteros.

pedroj.ramirez@elmundo.es

Durante todos los años en que he sido director me he sentido, antes que nada, periodista y, sobre todo, reportero; siempre que he tenido oportunidad de contar personalmente una historia interesante lo he hecho. En el caso del 23-F me sentía además muy implicado ideológica y vitalmente: por eso decidí cubrir, yo mismo, el juicio de Campamento.

[...] La premiosidad del control de seguridad daba pie a que se formaran colas a la entrada del recinto y el presidente del tribunal, un viejo general aquejado de úlcera de estómago llamado Luis Álvarez Rodríguez, solía abrir la sesión con gran puntualidad al filo mismo de las diez.

Por eso comenzó a extrañarme la demora que prolongaba los minutos de espera en el incómodo y surrealista vestíbulo del antiguo almacén de papel, chapuceramente habilitado como sala de justicia.

[...] Sin apenas espacio para movernos, los periodistas nos veíamos obligados a aguardar el inicio de las sesiones, hombro con hombro, con los familiares de los procesados. Tal y como cualquiera podía prever, traducían su enorme drama humano en gestos de hostilidad a la prensa.

El retraso era ya de media hora, cuando llegó al corro de periodistas el primer rumor de que el juicio estaba bloqueado y de que ello tenía que ver con algo publicado por Diario 16.

Aún no había salido de mi asombro cuando me indicaron que tenía una llamada del general Toquero, recién nombrado portavoz del Ministerio de Defensa.

-Pedro J., ¿cómo estás? Te llamo desde Alcalá de Henares porque he venido con el ministro a los actos de la Brigada Paracaidista. Mira, tenemos un problema gordo y tú me tienes que ayudar a resolverlo. Es por el artículo que publicáis hoy Así asaltamos el Parlamento…

-Pero, ¿qué es lo que pasa?

Toquero no contestó esa pregunta, sino que formuló otra:

-Este Adolfo Salvador que firma el artículo, ¿quién es?

-Pues un redactor de Diario 16.

-¿Entonces, Adolfo Salvador existe, o sea, que no es un seudónimo de alguien?

-Claro que existe, es un periodista nuestro… Pero, general…

-¿Y Adolfo Salvador está acreditado en el juicio?

-No, no está acreditado.

-Bueno, mira, quédate ahí y espérame, que tenemos un problema gordo y me tienes que ayudar a arreglarlo. Voy para allá.

Un tanto aturdido por la conversación, me fui dando cuenta de lo que sucedía. Abrí mi portafolios negro, saqué un ejemplar del periódico del día, que incluía un artículo titulado Así asaltamos el Parlamento en primera página.

Lo había leído semanas atrás y no me había llamado excesivamente la atención. Se trataba del relato de un miembro de la Compañía de Policía Militar de la División Acorazada que se había sumado a los guardias civiles de Tejero, bajo el mando del comandante Pardo Zancada. El reportaje era el fruto de la tenacidad de uno de los miembros más jóvenes de la redacción, Adolfo Salvador, quien había pensado certeramente que faltaba por conocer la visión de los hechos de alguno de los soldaditos de reemplazo que, sin comerlo ni beberlo, se vieron envueltos en la más incómoda aventura de su vida.

Yo había decidido aplazar su publicación hasta que hubiera una fecha que volviera a poner de actualidad aquellos hechos. Diez días antes del aniversario, cuando aún no se sabía que cuando llegara la efemérides la vista oral ya habría comenzado, se celebró una reunión de parte del staff del periódico y se acordó incluir el relato del soldado en las páginas especiales que se preparaban.

Mientras esperaba en la sala de prensa la llegada de Toquero, iba recibiendo algunos datos que configuraban la situación como un auténtico plante de los acusados. Era uno de los escasos momentos de mi vida en los que me sentía desbordado por los acontecimientos. Como director, tenía por costumbre ponderar siempre con antelación los previsibles efectos de la publicación de una información, y en este caso todos mis esquemas se venían abajo, pues ni por un instante se me había pasado por la cabeza que ese artículo pudiera organizar tamaño escándalo.

La única aportación novedosa del relato del soldado eran algunos datos sobre el comportamiento inestable del capitán Álvarez-Arenas, a quien en un determinado momento se le atribuía la amenaza de «pegarle un tiro en la nuca» a quien desobedeciera sus órdenes. Este detalle había sido el detonante del conflicto.

Recordé mi no demasiado lejano servicio militar y se agolparon en mi cerebro docenas de ocasiones en las que, en situaciones mucho menos tensas que el asalto al Congreso, había escuchado expresiones parecidas de hombres de uniforme.

El capitán Ortega, un oficial alto y delgado, con gafas de oficinista, me sacó de mis cavilaciones.

-El general Toquero ha llegado y quiere verte. Acompáñame, por favor.

Mientras atravesaba de un extremo a otro el malhadado vestíbulo en compañía del capitán Ortega, me di perfecta cuenta, por las miradas y los cuchicheos, de que todo el mundo sabía ya lo que pasaba y tenía muy claro que yo era el culpable.

-No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza… – exclamó una de las mujeres más lanzadas.

Al final del vestíbulo, nos detuvimos ante una habitación con el rótulo de Coordinación. [...] Aunque le había conocido apenas una semana antes, cuando el ministro Oliart me lo presentó como sustituto del inquietante teniente coronel Monzón al frente de la oficina de prensa del Ministerio, sentía una gran simpatía por él. Me parecía un hombre de espíritu abierto y tenía ya reiterada constancia de la buena voluntad con que siempre pretendía limar tensiones entre los militares y la prensa.

El diálogo se reanudó exactamente con las mismas palabras utilizadas por teléfono.

-Oye, Pedro, que me tienes que ayudar…

-No sé cómo, general, si no me explicas primero cuál es exactamente la situación…

-Pues muy sencilla. Todos los acusados se niegan a bajar a la sala si no se cumplen dos condiciones. Primera, que se expulse a Adolfo Salvador. Segunda, que se le retire la credencial a Diario 16. La unanimidad entre ellos es total y les apoyan sus abogados.

-¿Y cómo es posible que el tribunal acepte que unos procesados le chantajeen?

Toquero no respondió. Él era un hombre práctico, empeñado en resolver un problema, más que en juzgar sus causas.

-Bueno -dije yo-, la primera condición es imposible de cumplir, porque Adolfo Salvador no ha estado jamás acreditado, no ha venido nunca por aquí, y difícilmente se le puede expulsar de un sitio donde no está.

Por eso es lo primero que te he preguntado por teléfono…

-En cuanto a la segunda…

-Ahí es donde me puedes ayudar. Yo había pensado la fórmula de que te retires voluntariamente y mañana venga otra persona del periódico. Eso mismo es lo que te va a pedir el presidente del tribunal.

No necesité pensarlo.

-Lo siento, general -le dije-, pero no puedo hacer eso por dos razones. Primero, porque sería tanto como admitir nuestra culpabilidad, y no me siento culpable de nada. Y segundo, porque eso sería claudicar ante el chantaje de unos señores que no deberían estar en condiciones de chantajear a nadie.

Toquero se sintió obligado a insistir. En un determinado momento le pregunté:

-¿Y si no me retiro, me expulsará el tribunal?

La respuesta del general fue inesperadamente fulminante:

-Te garantizo que eso no va a suceder. Diario 16 no será expulsado de la sala. En todo caso, tiene que ser una cosa voluntaria.

A instancias de Toquero llamé a Juan Tomás de Salas -propietario del periódico-, desde el teléfono situado en una mesita atestada de papeles. La conversación fue breve y no aportó nada nuevo, ya que él se mostró inmediatamente de acuerdo con mi decisión de no abandonar el juicio.

-No tengo ningún inconveniente en explicarle nuestra postura al presidente del tribunal -resumí cuando hube colgado, conectando con el anterior comentario de Toquero.

-No -me dijo él-, tú espérame aquí, que yo voy a dar cuenta del resultado de estas gestiones.

Apenas había salido Toquero, cuando entró en la habitación su segundo de a bordo, el comandante Fernando Ripoll, un militar hábil, muy dado a las largas conversaciones con la prensa.

-No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo, Pedro J. No entiendo cómo habéis podido publicar esto. Y precisamente hoy… Me parece tan irresponsable…

-¿Me quieres decir concretamente por qué? -le pregunté.

En vez de contestar, Ripoll siguió adelante con sus invectivas.

-Yo soy partidario de la libertad de prensa, de la Constitución y de todo lo que tú quieras, pero hay cosas que no se pueden consentir. Y esto traspasa los límites de lo tolerable en cualquier país del mundo. No entiendo cómo lo habéis hecho. Esto sí que es desestabilizador…

Por un momento pensé en instar al oficial a un análisis racional del contenido del artículo. Decidí no gastar pólvora en salvas y me limité a replicar:

-Yo no estoy de acuerdo.

En ese momento regresó Toquero y Ripoll abandonó la estancia, como si de un relevo premeditado se tratara. El general estaba algo congestionado y traía cara de circunstancias.

-No pienses que no te quiero ayudar a buscar una salida -me adelanté yo. -Lo que ocurre…

-Tú y yo ya no podemos hacer nada, porque el problema ha tomado una dimensión distinta -aclaró Toquero.

-¿Qué quieres decir con eso?

-Quiero decir que todo esto se nos escapa a nosotros. Bien, por lo menos, lo hemos intentado. Y ahora perdóname, que voy a llamar al ministro de Defensa.

Toquero volvió a marcharse y casi una docena de oficiales entraron entonces en la pequeña habitación. [...] Ninguno parecía prestarme la menor atención y opté por salir al pasillo. Al final del mismo, retenidos por un policía militar de casco blanco, se agolpaban los demás informadores.

Tal y como después me contaron, el teniente general Luis Álvarez Rodríguez se llevó instintivamente la mano izquierda al estómago, 20 centímetros por debajo del solemne collar que lo acreditaba como presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. El general Toquero acababa de comunicarle mi decisión de no renunciar voluntariamente a la credencial y su úlcera tenía que enfrentarse a una situación límite.

Tanto él como sus compañeros estaban francamente irritados ante el hecho de que un periodista hubiera sido el desencadenante de la primera gran crisis de la vista oral. Tampoco se les ocultaba, sin embargo, la gravedad del plante de los acusados, sin precedentes en la historia de la justicia militar.

Lo pertinente, de acuerdo con el Código, sería obligarles a bajar a la fuerza. Álvarez Rodríguez pensó en ello y un leve estremecimiento recorrió su cuerpo al imaginar a Jaime Milans del Bosch esposado e introducido en la sala bajo la coacción de las armas. Cualquier decisión que adoptara tenía que ser compartida por todos los miembros del tribunal.

En ese instante sonó el teléfono. Meses más tarde, la periodista Pilar Urbano declararía en una emisora de radio que la recomendación del presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Álvaro Lacalle Leloup, fue un elemento decisivo del desenlace que iba a producirse.

Cuando al filo de la una y media varios compañeros me comunicaron que la vista se reanudaba, tuve una gran sensación de alivio. Pensé que los procesados al fin se habían atenido a razones.

Nunca había sido un hombre pusilánime, pero comenzaba a sentirme abrumado por la magnitud del incidente. Aunque la mayoría de mis compañeros me habían arropado, no faltaban quienes comenzaban a murmurar por los rincones que la culpa era de Diario 16.

Haciendo caso omiso a los insultos pronunciados por dos mujeres con las que me rocé al pasar -«¡Sinvergüenza!» ¡Desgraciado!»-, penetré en la sala de justicia, con la cabeza erguida y procurando restar toda expresividad a mi rostro.

Recorrí todo el ancho de la estancia, caminando paralelamente al cristal antibalas situado tras los sillones de terciopelo de los acusados y fui a sentarme en la tercera silla de la segunda fila del espacio reservado para la prensa, [...] detrás del engomado cogote del general Armada.

A diferencia de otras ocasiones, ninguno de los procesados intercambió ni miradas, ni gestos, ni palabras con sus familiares, acomodados inmediatamente detrás de la prensa. Parecían mucho más rígidos que de costumbre, con la vista clavada en el lejano tribunal, como si estuvieran sentados en posición de firmes.

Sin darle demasiada importancia al detalle, saqué mi cuaderno y lo abrí por la primera página en blanco. Fue entonces cuando comenzó a hablar el abogado del capitán Álvarez-Arenas, un hombre de aspecto aniñado y regordete, con el timbre de voz algo aflautado. [...]

-Con la venia, excelentísimo señor presidente… Quiero hacer constar mi más enérgica protesta por la publicación aparecida en el Diario 16, que constituye una grave intromisión e interferencia…

[...] Opté por no apuntar más que el memorial de agravios: «Gravísima provocación a este Consejo (…) a cualquier persona que tenga el más mínimo sentido de la honestidad (…) un agravio a la institución militar y al honor de sus miembros (…) una intolerable e ignominiosa calumnia…».

El fiscal Claver Torrente, víctima de las más bárbaras críticas en panfletos y hojas volanderas de la ultraderecha, intervino a continuación de manera equilibrada. Empezó lamentando la supuesta inoportunidad de la publicación del reportaje, para añadir que «nada impide la continuación de la vista porque, en definitiva, no es un incidente de la misma, porque no fue aquí donde se dice que se recogió esa información…».

Yo respiré hondo. Había intervenido el abogado de Álvarez-Arenas, había intervenido el fiscal, aquello podía darse por zanjado… Mi estupor fue enorme cuando escuché alzarse la voz del coronel Escandell, defensor de Milans.

Ya no era la palabra de un joven picapleitos, sino la arenga encendida e incendiaria de un soldado que empezaba, además, invocando el santo y seña del profeta:

-En nombre del excelentísimo señor teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil -el ex vicepresidente había aceptado encabezar la lista de los defensores de sus compañeros-, e interpretando el sentir de todos los defensores militares… manifestamos nuestra adhesión a lo expuesto por el defensor del capitán Álvarez-Arenas, precisando que lo que se dice en el artículo de Diario 16 es una injuria gravísima no sólo al procesado, sino a la totalidad plena de la institución militar.

Escandell fue elevando la voz, hasta finalizar con un registro atronador.

-¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así se habla!

Los gritos surgieron de entre los familiares y de la zona reservada a los miembros de las comisiones militares, presentes como observadores. Pronto quedaron envueltos en una expresiva nube de aplausos. [...]

Cual consumación de una violenta sinfonía, se alzó entonces con pulcritud el verbo aseado del presidente del tribunal:

-Oídas las manifestaciones del abogado defensor del capitán Álvarez-Arenas, del señor fiscal togado y al amparo de las facultades que a esta presidencia otorga el artículo 770 apartado 4, se suspende la acreditación de la representación de Diario 16, hasta que se provea sobre el incidente por el artículo Así asaltamos el Parlamento.

Los aplausos arreciaron en un clima de apoteosis deportiva. [...] La victoria por goleada se remató con las últimas palabras de Álvarez Rodríguez:

-Por los servicios de orden, compruébese el cumplimiento de la orden…

[...] Los gritos ya habían dejado de ser genéricos.

-¡Fuera, fuera!, ¡Márchate ya, hijo de puta! ¡Te está bien empleado! ¡Vete ya, desgraciado!

Uno por la derecha, otro por la izquierda, dos policías militares adornados con metralletas se me acercaron. También el director general de Coordinación Informativa -número dos del secretario de Estado Ignacio Aguirre- Carlos Abella.

Yo cerré mi cuaderno, lo introduje en el portafolios negro que levanté del suelo y apreté sus cierres dorados. Seguidamente me puse en pie, guardé el bolígrafo en el bolsillo de mi chaqueta y comencé a caminar.

Cuando llegué a la puerta, los insultos se habían generalizado contra la mayoría de los periodistas que, en señal de solidaridad, recogían sus cosas y empezaban a seguirme, con Miguel Ángel Aguilar como abanderado. En medio del barullo no se me escapó el gruñido disidente de un oscuro colega del Ya: «¡Yo estoy aquí para informar… yo no me marcho… yo me debo a mis lectores!».

A la mañana siguiente, mientras los principales medios de comunicación del mundo occidental se hacían eco de lo ocurrido en sus portadas y páginas editoriales, yo recibía, entre otras muchas muestras de aliento, la llamada de Camilo José Cela, recién propuesto para el premio Nobel [...]. Como de costumbre, su voz estaba hinchada de orgullo y vigor:

-Quiero decirte que tu problema nos afecta a todos y que puedes ponerlo en el periódico si quieres.

Yo intenté darle las gracias, pero Cela me interrumpió enseguida:

-Mira, majo, a mí tu credencial me importa tres cojones. Pero esa credencial significa muchas más cosas, y si te llamo es por sentido de mi propia dignidad.

OPINIÓN: CARTA DEL DIRECTOR

No creo que nuestro cinéfilo nuevo fiscal general del Estado considere La Grande Bouffe como una de las mejores películas de la historia. Pero deberá reconocer que pocas escenas simbolizan mejor esa podredumbre enquistada bajo la apariencia respetable del poder, que a él le toca ahora perseguir, como el momento en que a Marcello Mastroianni le explota la cisterna del cuarto de baño y un géiser de porquería emerge de la cloaca oculta bajo la mansión en la que tiene lugar la elegante y depravada comilona.

Como estos episodios suelen ser recurrentes, estamos investigando en el East Side de Manhattan si erupciones parecidas han tenido lugar en la confluencia de la calle 53 con la Tercera Avenida en los seis años y pico transcurridos desde que el 15 de diciembre de 2005 concurrieran allí Felipe González, Henry Kissinger y Baltasar Garzón junto con otros comensales.

Pronto tendremos más detalles, pero un primer informe revela que vecinos de la zona aseguran haber sido testigos de extraños desbordamientos de inmundicia procedentes del subsuelo del restaurante Solera, en el que los susodichos compartieron mesa y mantel. Uno de ellos asegura incluso haber percibido restos humanos entre los detritos y otro más sostiene haber oído quejidos y lamentos -«como si fuera el coro de una tragedia griega», recuerda- en los momentos de mayor actividad de la cloaca.

La investigación continúa pero para dar credibilidad a estos informes preliminares no hay que recurrir a los estantes de la literatura fantástica, sino que basta consultar la documentación relacionada con los sumarios instruidos por el propio Garzón en los que aparecen reiteradamente mencionados sus dos invitados estelares de aquella noche.

Es obvio que desde una perspectiva española, lo más noticioso ha sido el descubrimiento de que el juez que saltó a la fama persiguiendo los crímenes de los GAL convidara pasados los años a una opípara cena a aquel a quien caracterizó como el «señor X» que ocupaba la cima de su organigrama. Es decir, como el máximo responsable de una treintena de asesinatos, secuestros y actos de tortura que se cebaron por igual en integrantes de ETA y personas que pasaban por allí como el viajante de comercio Segundo Marey o el objetor de conciencia García-Goena.

Hay que recordar que Garzón no se limitó a describir aquella trama de terrorismo de Estado, en la que con todo el motivo implicó a los distintos cuerpos de seguridad y a los servicios secretos, de forma que nadie dejara de darse cuenta de que sólo González podía ser «la X» de los GAL, sino que llegó a remitir la correspondiente exposición razonada al Tribunal Supremo con todas las pruebas e indicios que le involucraban. Fue entonces cuando, a pesar de que al rotundo testimonio incriminatorio de Damborenea se unía la hoja de despacho del director del CESID con su famoso «Pte. Para el viernes», la Sala Segunda se inventó la estrafalaria doctrina de que imputar al jefe del Gobierno supondría «estigmatizarle» y sólo le citó como testigo en aquella vista oral en la que le aguardaba la cámara justiciera de Fernando Quintela.

Si de lo que no cabe ninguna duda es de que Garzón consideraba a González responsable directo de todos aquellos actos atroces que tanto sufrimiento causaron a sus víctimas y tanto oprobio volcaron sobre la Nación entera, ¿cómo es posible que fuera una de las primeras personas a las que decidiera agasajar en la cuchipanda de los Diálogos Transatlánticos apenas logró sacarle los cuartos, los medios y los enteros a su «querido Emilio»?

Quienes conocen la verdadera escala de valores de Garzón replican que si ha sido capaz de olvidarse de que previamente González le había «utilizado como a un muñeco» -esas fueron las palabras que empleó al dar su sonoro portazo cuando no le hizo ministro tras haber sido su número dos por Madrid-, cómo no iba a dejar de lado cosas de menor entidad. Sí, de acuerdo, cometió un megalomanicidio y una treintena de homicidios pero, oye, pelillos a la mar, que paga el Santander. «¿Te pongo más vino en la copa, Felipe?»

Si a González le llamaba Felipe, es de suponer que a Kissinger le llamaría «Henry». «Some more wine, Henry?». Y den por hecho que mucha más perplejidad de la que a los españoles con principios nos ha causado la presencia del ex presidente en la cena de Solera ha debido causarles la del ex secretario de Estado norteamericano a los ingenuos fans internacionales de Garzón. Especialmente a aquellos que le mitificaron a raíz de sus audaces golpes de mano jurisdiccionales en la causa contra Pinochet.

¿Quién aisló diplomáticamente a Salvador Allende, movió su silla sin pausa y conspiró hasta derrocarle para que Chile no se convirtiera en «otra Cuba»? Henry Kissinger. ¿Quién se vanaglorió ante Nixon de haber manejado los hilos de aquel golpe de Estado -«en tiempos de Eisenhower seríamos héroes»- en una conversación telefónica felizmente transcrita para la posteridad? Henry Kissinger. ¿Quién facilitó los asesinatos de Orlando Letellier y otros opositores al bloquear la advertencia a Pinochet de que sus planes criminales habían sido descubiertos? Henry Kissinger. ¿Quién es considerado al día de hoy por los familiares de los desaparecidos chilenos y en especial por la viuda del periodista Horman -protagonista de la oscarizada película Missing- como el cooperador necesario o al menos el responsable por omisión de todos aquellos asesinatos extrajudiciales en el estadio de Santiago y sus aledaños? Henry Kissinger.

Algo debía de sonarle todo esto a Garzón cuando, enterado de que el ex secretario de Estado iba a dar una conferencia en Londres, envió el 16 de abril de 2002 una comisión rogatoria al Reino Unido solicitando que se le tomara declaración sobre su papel en la llamada Operación Cóndor por la que varios dictadores latinoamericanos acordaron deshacerse por medios terroristas de sus enemigos políticos.

La oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contribuyó a que las autoridades británicas rechazaran su petición y también el chileno juez Guzmán -tan en sintonía con Garzón- se quedó más o menos por esas fechas compuesto y sin testigo, pese a que instó reiteradamente a Kissinger a que contestara un extenso cuestionario elaborado por la representación legal de Horman.

Los partidarios más fanáticos del juez estrellado seguro que alegarán que en el fondo ése era el propósito de la cena del restaurante Solera: Garzón trataba de conseguir con ayuda de unas botellas de Malleolus lo que no había logrado mediante sus citaciones y apremios. Es probable que al comienzo de la cena le dijera a Kissinger lo mismo que le había dicho al representante del Santander al que se llevó al huerto: «I don’t have jurisdiction here, Henry». Si en el caso del bancario que reportó fielmente la frase a sus jefes era una manera de recordarle que a su regreso a Madrid seguiría siendo competente en el sumario que afectaba al Santander -de ahí que supiera que «nunca iban a negarle» el patrocinio-, en el caso de Kissinger bien podía ser una forma de soltarle la lengua. ¿O acaso no había utilizado ya antes Garzón conversaciones privadas como munición con la que cargar sumarios?

El problema de esta teoría es que en los seis años transcurridos desde aquella noche y a pesar de su dedicación intensiva a las desapariciones de las víctimas de las dictaduras, Garzón no ha dado ningún paso para reactivar sus iniciativas contra Kissinger. Vista su porfía por perseguir a los responsables de lo ocurrido hace 75 años en un país que, a instancias de la izquierda, aprobó una Ley de Amnistía, a nada que hubiera sacado algo de petróleo de las cloacas del Solera, bien podía haber movido ficha para hacer lo propio con los responsables de lo ocurrido hace 35 en un país sin ese impedimento.

Comprendo que la imagen del juez campeador escanciando botella tras botella en amor y compaña con Felipe y Henry haya provocado en sus groupies similar desconcierto al que hubiera causado a los más feroces jacobinos descubrir al presidente del Tribunal Revolucionario -página 841 de El Primer Naufragio- invitando a cenar al mismo general Miranda al que acababa de absolver. Pero a lo mejor deberían ir haciéndose a la idea -la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida- de que el roce de la instrucción sumarial ha terminado por hacer el cariño y Garzón admira ya a quienes han usado y abusado del poder como en el fondo hubiera deseado poder hacerlo él, no desde un simple juzgado, sino desde La Moncloa o el State Department. Si Pinochet no hubiera fallecido, tal vez le veríamos en la siguiente edición de los Diálogos Transatlánticos. «¿Un poco más de vino, Augusto?». Ya puestos, que más da un Correa que otro.

En el mismo 1973 en que Kissinger urdió el golpe contra Allende a través de Pinochet, Marco Ferreri estrenó La Grande Bouffe (La Gran Comilona), con magistral guión de mi paisano, el añorado Rafael Azcona. Se trata de una brutal disección de la condición humana a través de la historia de cuatro amigos, bautizados con los nombres reales de los actores que los encarnan, que se reúnen en esa decadente mansión para comer y comer y comer hasta el final. Si el hombre -Heidegger- es «un ser para la muerte» nada como alimentarnos nos hace avanzar más lustrosamente hacia ella. De hecho, la línea clave del guión llega cuando una de las prostitutas invitadas reprocha su glotonería a Marcello, Ugo, Michel y Philippe: «Sois grotescos y repulsivos. ¿Por qué coméis si no tenéis hambre?». Entonces el Azcona más cabrón pone en boca de uno de ellos el negativo de lo que con la misma dulzura decían nuestras madres: «Si no comes, no te morirás».

Philippe (Noiret) es juez en ejercicio y eso fascina a Andrea (Ferréol), la maestra que les cerrará los ojos uno a uno. «No conocía a ningún juez, qué bueno impartir justicia. ¿Nunca has enviado a nadie a la guillotina?». Philippe la mira con ternura y se baja a sí mismo de ese pedestal -«es diferente… Se trata de aplicar la ley»- antes de atracarse compensatoriamente de patés de oca, crepes y merengues letales para su diabetes.

Es imposible saber si lo que tuvo lugar aquella noche en el East Side fue o no una gran comilona porque la factura aportada a regañadientes por la Universidad de Nueva York para justificar el destino de parte de los 327.000 euros del cohecho impropio con que «querido Emilio» distinguió a Garzón no especifica ni cuáles fueron las viandas ni en qué cuantía pasaron a los platos. Sí aporta en cambio el elocuente dato de que 25 comensales dieron cuenta de 27 botellas de vino. Teniendo en cuenta que había dos escoltas de servicio que protegían a González de los riesgos de ser atracado en el metro de Nueva York y que entre los convocados habría tres o cuatro abstemios, es fácil calcular que la libación del excelente ribera de Emilio Moro rozó la botella y media por barba.

Los recuerdos de aquella noche van diluyéndose en la memoria del vecindario pero aún hay quien te cuenta que se vio salir en pleno invierno a tres señores entrados en carnes con los abrigos en la mano que iban cantando alegremente cosas como «Yo pisareee las calles nuevamenteee, de lo que fue Santiago ensangrentadaaa…» y «Santandeeer, eres la novia del maaar, que sus besos te daaa…». E incluso quien te asegura que en un momento dado el más joven y orondo le agarró de la corbata al más anciano: «A ved Henry, edplicalé a Felipe cómo hubieda hecho edto la CIA…»

Soy consciente de que aunque los invitados de Garzón hubieran sido Landrú y Jack el destripador, los pancarteros profesionales habrían reaccionado como el propio Philippe cuando comprueba que Andrea se acuesta con todos sus amigos: «No importa, me casaré con ella. Lo hace por bondad, no por vicio». Pero tal vez la feliz analogía entre la cena de Nueva York y la fábula de Azcona ayude a otros a entender que la gula es al apetito lo que el justicierismo es a la justicia y que no hay suicidio más garantizado que la del glotón que prisionero de su avidez insaciable engulle lo que se tercie hasta reventar.

pedroj.ramirez@elmundo.es

CARTA DEL DIRECTOR

La azarosa vida del franciscano inglés Guillermo de Ockham, a caballo entre los siglos XIII y XIV, a mitad de camino entre las disputas teológicas sobre la pobreza evangélica y el pulso político entre el Papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, merecería como poco una miniserie de televisión. No en vano Umberto Eco se inspiró en él para forjar la figura de su tocayo el monje detective Guillermo de Baskerville. Pero su nombre no ha pasado a los libros de citas por la proposición «inocente» que le hizo a Luis IV de Baviera -«Defiéndeme con la espada y yo te defenderé con la pluma»- sino por un axioma filosófico que vino a revolucionar las reglas de la lógica: «Pluralitas non est ponenda sine necessitate». O lo que es lo mismo: «La pluralidad no debe ser postulada sin necesidad».

El resumen del resumen de este planteamiento también conocido como «principio de parsimonia» es que, cuando caben varias explicaciones para interpretar un fenómeno, lo correcto es optar por la más simple. Es decir que es vano, pretencioso y absurdo «alcanzar con lo más lo que puede ser alcanzado con lo menos».

Aunque en su Historia de la filosofía occidental Bertrand Russell define a Ockham como «básicamente un filósofo secular», la importancia que le atribuye no estriba tanto en su carácter de puente entre el escolasticismo y la lógica moderna sino en su condición de restaurador de la pureza aristotélica frente a la complejidad y exuberancia de la teoría de las «entidades» postulada por Platón y sus discípulos.

De hecho fue esta contraposición la que mucho tiempo después de su muerte llevó a acuñar el concepto de la «navaja de Ockham», en la medida en que su enfoque simplificador servía para «afeitar las barbas de Platón» con toda su proliferación ontológica.

Prácticamente no hay ninguna disciplina del saber, desde la lingüística a la biología pasando por la estadística y la informática, en la que la «navaja de Ockham» con su principio de economía, o si se quiere con su aparente ley del mínimo esfuerzo, no haya hecho valiosas aportaciones a la civilización humana. Incluso uno de los primeros episodios de la serie House tomó prestado ese nombre para contar la historia de un paciente que parecía ser víctima de una enfermedad muy sofisticada cuando en realidad le habían recetado una medicina equivocada para la tos.

El problema es que la «navaja de Ockham» puede convertirse siempre en un arma de doble filo ya que en toda discusión cada una de las partes suele alegar que en el fondo su explicación es la más sencilla. Véase si no el debate entre defensores de la evolución de las especies y creacionistas en el que unos y otros esgrimen la cuchilla del franciscano medieval para rasurar en seco tanto la poblada barba marrón del Darwin de las exploraciones como la venerable barba blanca del Dios de la Historia sagrada.

Esto es lo que explica que la única excepción a esa regla de utilidad multiusos, el único coto vedado a ese tirar por la calle de en medio haya sido el Derecho, siempre que ha estado basado en sus llamados «principios generales»: las garantías procesales, la presunción de inocencia o el principio acusatorio basado en la carga de la prueba. Para hacer justicia es imprescindible profundizar en la especificidad de los hechos y aportar las evidencias concretas que han de avalar toda condena.

Sensu contrario, el fulgor estereotípico de la «navaja de Ockham» en cualquier estrado judicial es poco menos que un infalible detector de la arbitrariedad, la superstición y el abuso de poder. Véase si no lo producido por la Inquisición, los tribunales revolucionarios desde la guillotina a los procesos de Moscú, los tribunales islámicos encargados de la aplicación de la sharia, el Comité McCarthy o éste tan contemporáneo deudor de todos ellos llamado Tribunal de Arbitraje Deportivo o TAS.

No exagero ni un ápice. La doctrina de la «responsabilidad objetiva» funciona con el mismo inexorable automatismo que aplicaron sus predecesores. La detección de una sustancia prohibida en el organismo de un deportista equivale a la del maligno en los perseguidos por brujería, a la de la ideología perversa ora en los contrarrevolucionarios ora en los comunistas, o a la del fruto de la relación pecaminosa en el cuerpo de esas mujeres que deben ser lapidadas incluso si han sido violadas.

Éste es el silogismo: en el cuerpo de Contador había clembuterol, el clembuterol es una sustancia prohibida, ergo Contador es culpable. Aunque como toda institución que quiere que se sienta su poder rodea sus procedimientos de la máxima parafernalia, el TAS acaba de demostrar que en el fondo le resulta irrelevante la causa de la presencia de los 50 picogramos en el organismo de nuestro campeón. ¿Por qué estaba esa sustancia ahí aun en proporción infinitesimal? Pues simplemente porque había entrado sin que el interesado lo impidiera. Y a partir de esta premisa al tribunal le da igual que procediera de un acto deliberado de dopaje, de un filete de ternera tratada con anabolizantes o de un suplemento alimenticio contaminado. «Pluralitas non est ponenda sine necesitate».

Contador ha sido condenado sobre la base de una probabilidad -la hipótesis de que el clembuterol estaba en una de las barritas que ingirió- y encima por no hacer nada; es decir por la pasividad, que el TAS tipifica como «negligencia», consistente en no haber evitado el ingreso de la sustancia prohibida en su cuerpo. ¿Cómo podía haberlo hecho? ¿Acaso analizando esos suplementos perfectamente legales que ingería antes de probar cada bocado en un imaginario laboratorio de campaña tan sofisticado como el de Colonia al que el Tour mandó sus muestras de orina?

La siguiente perplejidad que genera la sentencia hecha pública el lunes es el despropósito de haber dedicado tantos esfuerzos y dinero -detectives de una y otra parte incluidos- a las pesquisas sobre la carne contaminada. Visto lo visto todo indica que Contador ha actuado con gran ingenuidad al perseguir la quimera de intentar probar que el clembuterol estaba en aquellos filetes adquiridos en Irún, pues sólo ha dado pie a chistes fáciles para vagos mentales y, se descubriera lo que se descubriera, habría resultado estéril pues la «navaja de Ockham» de la «responsabilidad objetiva» y la «negligencia» habrían seguido esperándole a la vuelta de la esquina. La sentencia no dice que Contador tomara esas barritas alimenticias a sabiendas de que tenían clembuterol sino que supone, imagina, elucubra que estaban igual de «contaminadas» que lo habría estado el filete.

Similar desazón intelectual produce el hecho de que a pesar de todas sus incertidumbres el TAS aplique al ciclista la misma sanción máxima que le habría correspondido si hubiera sido cogido in fraganti en plena autotransfusión. Este desenlace viene a avalar la tesis paradójica de la instructora del expediente abierto por la Federación Española de Ciclismo de que al proponer suspenderle por un año -lo cual no llevaba aparejada multa alguna- estaba en realidad tratando de protegerle de una ruinosa suspensión por dos. Ahora el TAS se habría ensañado con la rebeldía de Contador de no aquietarse con un reconocimiento de culpabilidad aun sintiéndose inocente y a la vez habría dado una lección a la Federación Española por haber osado introducir en su resolución absolutoria los elementos de racionalidad procesal que demandaron desde Zapatero y Rajoy hasta Ángel Juanes y Enrique Gimbernat.

La prueba definitiva del completo desinterés del TAS por el bien jurídico a proteger -la equidad de la competición frente a las ventajas tramposas adquiridas mediante estimulantes prohibidos- la encontramos en las penas accesorias que acarrea su sanción. Arrebatarle a Contador el Giro que ganó limpiamente en 2011 bajo el microscopio de una veintena de análisis y la lupa suspicaz de crítica y público, en función del positivo por clembuterol en el Tour del año anterior, es un acto de sadismo despótico más propio de los organizadores de las peleas de gladiadores del circo romano que de las autoridades deportivas del siglo XXI.

Tal vez ése sea el mensaje que en el fondo tratan de transmitir la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje a través de su tribunal: demostrar quién manda aquí. Dejar claro que en el deporte profesional existe una superestructura de poder con arbitrio absoluto sobre las vidas y haciendas de los sometidos a su autoridad. La lucha contra el dopaje se convierte así en la ratio última que lo justifica todo. Como la amenaza de la herejía, la connivencia de los enemigos de la Revolución con el enemigo exterior, los peligros de la secularización de los creyentes o el riesgo de la infiltración comunista para la seguridad nacional. A grandes males, grandes remedios. Y siempre hay a mano un barbero de hierro con su «navaja de Ockham» bien afilada.

Nuestro Gobierno se ha equivocado obsesionándose con el humo en lugar de buscar el origen del fuego. El valor del episodio de los guiñoles de Canal+ Francia es sólo sintomático. Sirve para poner en evidencia que con las actuales normas cualquiera -Nadal, Gasol, Casillas- podría ser víctima de la misma alcaldada que acaba de golpear a Contador. La utilización de sofisticados instrumentos capaces de detectar cantidades infinitesimales de cualquier sustancia combinada con una doctrina de la «responsabilidad objetiva» que no establece un umbral mínimo de lo que debe considerarse doping deja a todo deportista de élite inerme ante cualquier maniobra contra él o su país. ¿No ha puesto por escrito el propio director del laboratorio de Colonia en una revista científica que hasta el agua del grifo puede contener clembuterol en proporciones como las detectadas a Contador?

Estamos ante un problema político como lo son todos los relacionados con los derechos humanos. Con un presidente tan aficionado al ciclismo y un ministro teóricamente responsable del deporte, este Gobierno debería reaccionar y tomar la iniciativa respecto al fondo del asunto. Aunque la tibieza con que Wert ha abordado las perentorias reformas educativas no es un buen augurio de su brío y competencia, a él le correspondería impulsar una ofensiva internacional para establecer la seguridad jurídica en el ámbito del derecho deportivo.

Como bien ha dicho uno de los tres representantes españoles en la Agencia Mundial Antidopaje, el ex futbolista Alberto López Moreno, «ahora es el momento de plantear la revisión del principio de responsabilidad objetiva». Qué bochornosa resulta en cambio la actitud de Jaime Lissavetzsky quitándose de en medio para llevar a término de forma no conflictiva su mandato como miembro nada menos que del Comité Ejecutivo de esa AMA dictatorial. Los estamentos deportivos están llenos de Lissavetzkys para los que hasta los legendarios calificativos de José María García se quedan cortos. Forman lo que uno de los jueces del TAS que han condenado a Contador definió en un revelador aparte al final de las sesiones como «el sistema». Y ya se sabe que el único fin de todo «sistema» es su autopreservación.

El deporte es demasiado importante en nuestras vidas como para aceptar que se convierta en un Guantánamo jurídico en el que no rigen los principios generales del Derecho. Si una sala del Tribunal Supremo decide condenar a Garzón y un jurado popular absolver a Camps tienen que hacerlo basándose en unos hechos probados. Mientras la unanimidad de siete magistrados de muy diversa ideología avala la primera sentencia, la división del jurado popular reclutado en la autonomía que gobernaba el justiciable pone en duda la segunda. Afortunadamente existen los recursos y por ejemplo estoy seguro de que el Supremo revertirá el chapucero archivo del caso Manzano. Pero incluso los errores judiciales son asumibles como diezmo inevitable de la imperfección humana siempre que se produzcan dentro de los márgenes de una legalidad compatible con los valores constitucionales.

Lo que es insoportable es tener delante un parque de atracciones en el que a la salida del túnel de la risa se aplica aquella justicia sumaria de la Reina de Corazones basada en el principio del «date por jodido». Despleguemos, pues, la «antinavaja de Kant» y repliquemos a los tiranos del deporte que «la variedad de seres -o de realidades, o de tipos de responsabilidad- no debería ser neciamente disminuida». He aquí una causa noble por la que movilizarse.

pedroj.ramirez@elmundo.es

CARTA DEL DIRECTOR

«¿Qué te parece la tumba de Grant?», le pregunta el detective retirado Nick Charles a su mujer Nora en la película The Thin Man, basada en la novela del mismo nombre de Dashiell Hammett. «¿La tumba de Grant? Me encanta. Estaba pensando en una igual para ti».

Todo indica que Hammett se inspiró en su propia relación de amor y odio con la escritora Lillian Hell- mman para plasmar la mezcla de complicidad y rivalidad, impregnada de ironía y golpes bajos, que caracteriza la convivencia entre Nick y Nora. Pero para desdramatizar la tensa alternancia entre los mimitos y los hachazos de su tormentosa experiencia real, Hammett introdujo como tercer personaje a un adorable fox terrier llamado Asta, que hacía las veces de mediador y válvula de escape en lo que, de haberles dejado solos, hubiera sido una inexorable Guerra de los Rose anticipada.

El trío funcionó tan extraordinariamente bien en los años 30 que la película, protagonizada por Myrna Loy y William Powell, tuvo una secuela, After the Thin Man, estrenada en la España de la Guerra Civil con el título de Ella, él y Asta. En esa segunda parte es en la que Nick le pregunta a Nora por unas personas a las que acaba de saludar y ella contesta: «No les conoces… gente respetable».

Qué duda cabe de que la extendida leyenda urbana según la cual Chacón y Rubalcaba mantuvieron años ha una relación sentimental ha reforzado el morbo político de esta sucesión de caricias y apuñalamientos que ha culminado en el apretado desenlace de ayer. En la guerra como en el amor todo termina pareciendo lícito. Y algo que concita tanta atención de la prensa y el público no puede dejar de tener continuación.

Máxime cuando acabamos de vivir un gran ejercicio de democracia interna que estimula la participación política y revitaliza no sólo al PSOE, sino al sistema constitucional en su conjunto. Todo apunta a que Rubalcaba llegó a Sevilla con el Congreso ganado gracias a su control del aparato de Ferraz y que el brillante discurso de Chacón -mitinero y demagogo, pero muy adecuado para la ocasión- le ha servido para recortar distancias pero no para ganar. Por eso los 70 delegados de ventaja que alguien tan ducho en el manejo de los peroles como Blanco otorgaba a quien ha sido su cómplice en la gestión del ocaso de la era Zapatero, se han convertido en sólo 22.

Aunque el desenlace pueda parecer muy similar al de julio del 2000, cuando el margen todavía fue más estrecho a favor de Zapatero, existen tres diferencias esenciales. En primer lugar, esta vez el que ha ganado es el candidato identificado con el pasado; y la outsider la que se ha quedado a las puertas. Por otra parte, la travesía del desierto -Chacón tuvo la malicia de identificar a Rubalcaba con ese desagradable sino- resultará bastante más ardua que entonces, porque el PSOE va a tener mucho menos poder autonómico y municipal en el que refugiarse. Por último, el vencedor carece de la proyección como candidato a tres años vista que hubiera tenido Bono, que pronto fue adquiriendo Zapatero y que sin duda se percibe en Chacón.

La suma de estos tres factores puede hacer del triunfo de Rubalcaba una victoria pírrica. Tanto si es capaz de integrar a Chacón y los suyos en la nueva dirección como si no, la dirigente catalana queda convertida en una especie de alternativa a la alternativa con el objetivo puesto en las primarias en las que se elegirá al futuro candidato. ¿Cuánto tardarán parte de los que han compuesto la precaria mayoría del vencedor en darse cuenta de la oportunidad perdida al atrincherarse en el pasado y desaprovechar la ocasión de elevar por primera vez a una mujer al liderazgo de uno de los dos grandes partidos nacionales?

A corto plazo este desenlace tiene ese punto masoquista que tanto complace al Gobierno de Rajoy: el PSOE renueva la confianza en el candidato que perdió los cuatro millones de votos, en el dirigente más detestado por los votantes del centro derecha y en el líder con tejado más quebradizo para ejercer la oposición. Basta fijarse en la pobreza de los mimbres de su discurso de ayer, atacando a los banqueros y al Vaticano -!!-, para que quede claro que Rubalcaba pretende disfrazar de cambio la simple satisfacción de esa toxicomanía que le impide vivir lejos del poder político.

Además, la gran víctima de la votación de ayer no es Chacón, sino Griñán que, jugando el partido en casa, no ha logrado imponer a su candidata, probablemente porque a la hora de la verdad el PSOE andaluz sigue siendo chavista, guerrista y felipista. Mal bagaje para afrontar un desafío electoral como el que le espera dentro de mes y medio. No me extraña pues que el español más contento con el resultado del congreso socialista sea Javier Arenas: ¿qué otra cosa podía venirle mejor sino una victoria por la mínima del adversario de su adversario que debilita a éste sin fortalecer al partido?

Por mucho que se hable ahora de unidad, los puñales van a quedar desenvainados. Lo del team of rivals de Obama y Hillary funciona cuando toca administrar una victoria. Pero cuando no hay poder que repartir y ha habido tanto juego sucio y subterráneo de por medio, lo que primarán, federación por federación, serán los ajustes de cuentas y las ansias de desquite.

Por eso en el juego de equilibrios y tensiones entre los vencedores y los perdedores de este Congreso, por sorprendente que pueda parecer, hoy me atrevo a pronosticar que habrá que contar con un tercer personaje que desde fuera del parlamento y del propio PSOE va a condicionar la estrategia de oposición de la izquierda. Me refiero a Baltasar Garzón, catapultado hacia el estrellato político -y si no al tiempo- por su arrollador triunfo mediático de esta semana sobre los timoratos magistrados del Supremo, que han aceptado dócilmente la inversión de papeles, permitiendo al acusado desviar la atención del único debate pertinente -el de su flagrante abuso de jurisdicción- y convertir a las víctimas del franquismo en testigos de cargo contra ellos.

La izquierda revanchista ha vivido sus quince minutos de gloria truculenta. El misterio de la embarazada sobre la que nunca se supo si «los falangistas» le dieron «un tiro en la tripa» o le robaron el hijo, se llevó la palma del impacto informativo. Cada atrocidad de la derecha de hace 75 años que se relataba dentro de la sala y cada insulto contra los miembros del tribunal proferido ante las cámaras en sus inmediaciones era una medalla que Garzón se colgaba ante ese sector de la sociedad que aún vive para el ajuste de cuentas, el resentimiento y la trifulca cainita. ¿Qué dirían los dirigentes comunistas, los líderes sindicales o los artistas militantes si al pairo de cualquier otro procedimiento judicial se montara una pasarela equivalente para los hijos y nietos de las víctimas de Paracuellos, la Modelo o el resto de los escenarios de los 50.000 asesinatos documentados por el hispanista Julius Ruiz en su reciente estudio sobre el Terror Rojo?

Garzón es más joven y apolíneo que Rubalcaba y más experimentado y astuto que Chacón. Desde el 93 quedó bien claro que se pirra por la política y que su único verdadero objetivo en la vida es el poder. Pronto va a tener, además, mucho tiempo libre. Si hasta ahora era un juez suspendido que ganaba tiempo con sus apaños internacionales, en el momento en que reciba una condena tendrá que colgar definitivamente la toga.

Esto es mucho más que un futurible porque así como no me extrañaría, conociendo algunas trayectorias personales timoratas, que este tribunal que se ocupa de su salto de la rana sobre la Ley de Amnistía se refugiara en algún confuso bosquecillo doctrinal para absolverle, parece imposible que no ocurra lo opuesto en relación con las escuchas a los abogados, dada la diáfana simplicidad de los hechos. Como bien acaba de decir el Rey, «el derecho de defensa del que deben gozar todos los ciudadanos» merece «especial protección»; y si eso es de aplicación a su yerno, que sigue estando libre como un pájaro, tanto más ha de serlo a quienes se hallen de forma cautelar en prisión preventiva.

Pero lo que para cualquier otro se convertiría en un baldón infamante -hacer trampas en los procesos penales ciertamente lo es- en el caso de Garzón aparecerá como nuevo timbre de gloria. Porque, ¿a quiénes interceptaba las comunicaciones, sino a los que pretendían ayudar a eludir el pago de sus culpas a los corruptos de la Gürtel? ¿Y con qué propósito lo hacía, sino con el de destapar toda la podredumbre del Partido Popular, desde el círculo más íntimo de Aznar, hasta el de Rajoy?

Siendo tan encomiables los fines, estando tan certera y merecidamente orientadas sus pesquisas, los trucos baratos y zafias añagazas se convierten a ojos de sus arrobados seguidores en ingeniosos artefactos dialécticos, dignos del más cálido aplauso. Es el caso de cuando alega que aunque las escuchas eran indiscriminadas, luego se ocupó él mismo de preservar el derecho de defensa separando el trigo de la paja; o no digamos su argumento de que los delitos del franquismo, que su propio auto describía como de «motivación política», perdieron tal característica una vez que adquirieron la monstruosa condición de crímenes contra la Humanidad.

¿Cómo no se le va a permitir al nuevo dios justiciero, al hacedor mismo del radiante amanecer del progresismo, entablillar su escritura redentora sobre algunos renglones, digamos -je, je, je-, un poco torcidillos?

A mí el episodio de los pagos a través de la universidad de Nueva York me recuerda el primer terceto del soneto de Quevedo A un juez mercadería que el otro día me pasó con plácido sarcasmo Luis del Val: «No sabes escuchar ruegos baratos/ y sólo quien te da te quita dudas/ no te gobiernan textos sino tratos». Pues ya verán como cuando llegue la hora de juzgarlo se alegará que ese cohecho -todo lo impropio que se quiera, pero enorme y sonoro como un piano- no era sino un acto de justicia redistributiva, basado en definitiva en desviar una parte del dinero de los banqueros y grandes empresarios a los bolsillos de los portavoces de los desfavorecidos, vía diálogos trasatlánticos. Y que imponerles esa gavela precisamente a los implicados en sumarios bajo su jurisdicción tenía un valor de tasa preventiva con cargo a futuras impunidades.

Un clima social enrarecido por la recesión y el desempleo, la desorientación y el nihilismo, es el caldo de cultivo perfecto para que prendan los grandes demagogos. Garzón se acerca bastante a las características del sinvergüenza perfecto pues es audaz, inteligente, sectario hasta las cachas, carece por completo de escrúpulos y nada como pez en el agua en el río revuelto de la agitación callejera. Si ya se subió al púlpito de las manifestaciones contra la guerra de Irak para llamar asesino a Aznar, que a nadie le extrañe verle esta primavera exhibiendo las llagas de su martirio como aperitivo a las consignas que en las movilizaciones del 15-M y similares se lancen contra el capitalismo, la señora Merkel y los recortes sociales de Rajoy.

¿Quién puede servir mejor que él como eje de confluencia entre la izquierda parlamentaria, los sindicatos y los llamados movimientos sociales en una dinámica de oposición que contraponga el rugido de la calle a las mayorías absolutas del PP en el Congreso y el Senado? Y como su megalomanía no tiene límites, enseguida acariciará ser el candidato a La Moncloa en 2015 de un Frente Popular del siglo XXI concebido, si es posible, con el PSOE o alternativamente contra el PSOE.

Tal vez Rubalcaba y Chacón se arrepientan de haber contribuido a crear un monstruo así, pero no les va a quedar más remedio que convivir con él. Por si no fuera bastante pesadilla seguir teniendo que aguantarse el uno al otro, ahora resulta que su fox terrier se ha transformado en un rottweiler. ¿Cuánto tardará la casa común de la izquierda en parecerse a una novela no de Hammett, sino de Stephen King? Atención a este trío que dará mucho juego: ella, él y Balta.

pedroj.ramirez@elmundo.es

CARTA DEL DIRECTOR

«Voy a contar cómo fue al quemadero el inhumano que tantas vidas infelices consumió en llamas; que a unos les traspasó los hígados con un hierro candente; a otros les puso en cazuela bien mechados, y a los demás los achicharró por partes, a fuego lento, con rebuscada y metódica saña. Voy a contar cómo vino el fiero sayón a ser víctima…».

Reconozco que utilizar las primeras líneas de la novela corta de Galdós Torquemada en la hoguera para abordar la situación en la que se encuentra el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno es cargar un poco la suerte. Sobre todo teniendo en cuenta que el propio autor ya utilizó la brocha más gorda de su propia caja de utensilios del género realista, acuciado por la urgencia de entregar su original «a la carrera y casi por compromiso» al director de La España Moderna, José Lázaro Galdiano, a tiempo para el cierre de la revista. Pero es que 150 pesetas eran 150 pesetas. Y no digamos en 1889.

El fondo del asunto al que se refiere este relato viene, sin embargo, a cuento pues no es sino la historia del alguacil alguacilado. ¿Qué más da que al ejercer durante casi una docena de años como martillo de herejes y látigo de infieles Blanco no haya recurrido al género gore de las perforaciones y la carne asada a la parrilla sino al vademécum de la oratoria sucia -«estercolero», «basura», «vomitorio»- para arrojar su tonelada de inmundicia sobre cualquier dirigente del PP en entredicho? Metáfora por metáfora, casi son preferibles las heridas imaginarias que las descalificaciones injuriosas con publicidad y alevosía.

Igualmente hay que admitir que, como él mismo dice, a Blanco mucha gente le tenía ganas no sólo por su conducta sino también por su trayectoria y ése es otro punto en común con don Francisco Torquemada, aquella «feroz hormiga», aquel «hombre frío con facha de sacristán» a quien Galdós había sacado de la miseria absoluta y el ostracismo relativo como personaje secundario de Fortunata y Jacinta para convertirlo en protagonista del medro social aupado sobre los hombros de los cambios políticos que sucedieron a La Gloriosa. No en vano viéndole mutar su «sombrero con grasa» por «una chistera de 50 reales» y la «capa deshilachada con las vueltas aceitosas» por «una muy buena con embozos colorados», para dirigirse a cobrar la renta a los inquilinos de sus 24 habitaciones de la calle de San Blas, el autor refunfuña contra «la clase media, toda necesidades y pretensiones, que crece tanto, ¡ay dolor!, que nos estamos quedando sin pueblo».

Si en la Galicia de las postrimerías del franquismo alguien hubiera augurado que aquel zagal tarambana, tirando a rogelio, de la aldea de Mosteiro en el término municipal de Palas de Rei, hijo de peón caminero y costurera, a quien apodaban Blanquito, llegaría a ministro de Fomento del Gobierno de España, sin necesidad de pasar tan siquiera por la universidad, le habrían enhebrado inmediatamente como majara endemoniado a la procesión de la Santa Compaña en su irrupción decorativa en alguna de las Comedias bárbaras de Valle. De ese triple salto mortal sin red surge el mito político de Pepiño, santo y seña del zapaterismo, heraldo y compendio de la España de las Leires y Bibianas, apoteosis de la meritocracia para los menos, paradigma de cómo la política te puede catapultar muy por encima de tu nivel de incompetencia para los más.

En los días clave de la conquista del poder, Blanco fue para Zapatero lo que Guerra había sido para González o Cascos para Aznar: el hombre de la intendencia y a la vez el ariete de las embestidas, el malo de la película, el «hijo de puta de Nixon» como se autodefinía Haldeman. Aunque, todo hay que decirlo, ejerció ese papel de forma menos abrupta que tales precursores y en su haber siempre quedará la iniciativa profiláctica de dejar de pagar los gastos de defensa de los organizadores de los GAL, al final ¿para qué está la sota de bastos sino para repartir mandobles?

Pepiño nunca le hizo ascos a esa tarea y se entregó a ella con denuedo, zurriagazo va, zurriagazo viene; pero cuando al inicio de la segunda legislatura empezó a barruntarse que aquello tendría un final y que Zapatero ni siquiera repetiría como candidato, vio muy claro que él no se retiraría junto a su mentor y que quería una oportunidad de tocar poder de verdad, es decir, un trozo de presupuesto que repartir y unas cuantas páginas del BOE a su disposición. Fue entonces, en la malhadada crisis de 2009 mientras Calamity Helen ocupaba una pequeña porción de la silla vacía de Solbes y Chaves llegaba a Madrid a preparar con Felipe la operación Alfredo, cuando Blanco logró quedarse con los treinta y pico mil millones del gran ministerio inversor.

Fue una metamorfosis equivalente a la del Torquemada de Galdós, quien a medida que medraba «se sentía, con la buena ropa, más persona que antes; hasta le salían mejores negocios -atención-, más amigos útiles y explotables; pisaba más fuerte, tosía más recio, hablaba más alto y atrevíase a levantar el gallo en la tertulia del café». De repente Blanco se había convertido en el interlocutor y confidente de todos los grandes empresarios del país, en el hombre del momento, en el salvavidas de cientos de naufragios, incluidos algunos periodísticos. «Pero la vanidad no le cegó nunca -seguimos con Galdós-. Hombre de composición homogénea, compacta y dura, no podía incurrir en la tontería de estirar el pie más del largo de la sábana. En su carácter había algo resistente a las mudanzas de formas impuestas por la época, y así como no varió nunca su manera de hablar, tampoco ciertas ideas y prácticas del oficio se modificaron».

De la noche a la mañana resultó que Blanco iba para cacique. Y no se conformaba con una ínsula cualquiera. Él tenía una hoja de ruta cuya estación término era -seguirá siendo si sobrevive a este episodio- la Presidencia de la Xunta de Galicia. Desde el mismo día en que fue nombrado ministro tuvo esa obsesión en la cabeza: él no quería retirarse, a semejanza de su jefe, a disfrutar de la felicidad conyugal «como supervisor de nubes recostado en una hamaca y mirando al cielo». Él prefería las emociones fuertes cerca del mundanal ruido. Y ser profeta en su tierra. No sólo en Palas de Rei, no sólo en Lugo, sino en toda Galicia. Quería ser el Fraga de la izquierda para regresar triunfalmente rodeado de gaiteiros: de don Manuel a don Pepiño.

Para eso necesitaba hacer amigos por delante y no dejar enemigos a sus espaldas. Todos celebramos el buen talante con que entró en el ministerio. Tras las altanerías de mercado de abastos de la bien definida como «ministra macarra» llegaba un prócer con la mano tendida tanto a las comunidades del PP -así se ganó a Esperanza Aguirre- como a los famélicos medios de comunicación cuyos dedos se hacían huéspedes tan sólo de oír hablar de un posible convenio con Renfe, con Adif o con Aena.

Y éste fue el modelo que comenzó a aplicar en Galicia, en régimen de regadío intensivo: inversiones y más inversiones, subvenciones y más subvenciones, un maná en medio de la penuria, para ir tejiendo una red clientelar a la vieja usanza pronto conocida como la «comandita de Blanco» con sus correspondientes capitanes, sargentos y costaleros. No es casualidad que un excelente periodista del lugar me confesara nada más aflorar en EL MUNDO la acusación en sede judicial de Dorribo que «toda la prensa gallega tiene síndrome de Estocolmo con el ministro por lo mucho que está haciendo por su tierra».

Blanco ha emprendido en suma el mismo tortuoso sendero del altruismo interesado y la filantropía egoísta que enfiló el usurero Torquemada cuando se le metió en la cabeza que sólo sus buenas obras salvarían la vida de su hijo enfermo. Y, como al personaje de Galdós, su problema es que se le nota demasiado que todo tiene un sentido instrumental, que tras la fachada de la misericordia late implacable el interés. Por eso la tía Roma, la vieja doméstica maltratada durante décadas, rechaza los súbitos melindres autocompasivos de Torquemada y despotrica contra su falsa conversión: «¡Véngase ahora con jipíos y farsa!… Valiente caso le van a hacer».

Al margen de ese problema no menor de credibilidad, Blanco ha tenido la complicación añadida de que para no perder el punto de apoyo interno sin el que todos sus planes se tornarían quimeras, ha tenido que simultanear el alma buena del ministro escanciador con el alma mala del vicesecretario vareador. Esta esquizofrenia política es la que hoy está pasándole factura pues sus puñaladas traperas a costa del caso Gürtel no son cosa del pasado sino, como quien dice, de ahora mismo. ¿A quién puede extrañarle que el PP esté suministrándole ya el embudo de su propio ricino?

En el plano de la responsabilidad política su situación es idéntica a la de Camps cuando él comenzó a pedir su dimisión. Dorribo es el Álvaro Pérez de Blanco y la cita de la gasolinera, de la que el portavoz del Gobierno eludió hablar el viernes una y otra vez, equivale al «amiguito del alma», las visitas al sastre y los detallitos por Navidad. Se me replicará que hay múltiples indicios de que a Camps le regalaron los trajes y que nada salvo la palabra de Dorribo acusa hoy a Blanco de cohecho. Pero es que, al margen de que 400.000 euros darían para mil trajes, desde EL MUNDO siempre planteamos que, tuviera o no consecuencias penales, la mera intimidad imprudente del presidente de la Generalitat con quien resultó ser el coordinador de una trama mafiosa le situaba en una posición políticamente insostenible. O sea, lo mismo que sucede ahora.

Cuando el propio ministro de Fomento y portavoz del Gobierno nos reconoció que había visto a Dorribo «tres veces, una de ellas en una estación de servicio» nosotros ni parpadeamos. Ah, sí, claro, en una estación de servicio. Debió de ser echando gasolina. ¡Hombre, Dorribo, tú por aquí…! Pero no, no… ¿cómo iba a bajarse el ministro del coche oficial para sacar en persona la manguera del surtidor? Es que el asunto no fue ése sino que habían quedado expresamente allí, previa intercesión del primo de Blanco, contratado por el susodicho. Claro, claro.

Bueno, tampoco tiene nada de particular… todo el mundo queda con todo el mundo en las gasolineras… sería, como ha dicho Elena Valenciano, para tratar una «cuestión privada». Paradójicamente, esta versión de la portavoz del PSOE es la que más se aproxima a la de Dorribo cuando asegura que el ministro le dijo: «Si tú te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo». Pero es que resulta que Blanco ha admitido ya que de lo que hablaron fue de subvenciones públicas. En el interior del coche oficial, con un vehículo de la Guardia Civil delante y el de los escoltas detrás. Desde que Felipe II resolvía con sus secretarios los asuntos del Estado convirtiendo los lomos de las mulas de su séquito en improvisadas mesas de despacho nunca habíamos visto actuar de forma tan expeditiva a un gobierno itinerante.

Habrá que esperar al levantamiento del secreto del sumario y a la previsible remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo para empezar a atisbar si la de Guitiriz era una simple gasolinera o toda un área de servicios en el más plural sentido del término. Pero entre tanto ya le hemos visto los costurones al vestido de ceremonia del diligente y aplicado ministro de Fomento, tan devoto de su tierra. Por eso lo que escuchamos mientras cae la cortina del primer acto es la voz rezongona y castiza de la tía Roma, galdosiana por antonomasia: «Usted quiere ahora poner un puño en el cielo. ¡Ay señor, a cada paje su ropaje! A usted le sienta eso como a las burras las arracadas… Si se pone bueno el niño, volverá a ser usted más malo que Holofernes».

pedroj.ramirez@elmundo.es

CARTA DEL DIRECTOR

A la mañana siguiente del saqueo generalizado de los comercios que conmocionó París el 25 de febrero de 1793, el brillante y atildado abogado de Toulouse Bertrand Barère subió a la tribuna de la Convención para advertir que el «naufragio» del «barco de la Revolución» estaba asegurado si no se respetaban «el ancla de las propiedades y el ancla de la moral pública», pues sin estas dos sujeciones no quedaría otra libertad «que la de los salvajes o los caníbales».

Su planteamiento fue, pues, equivalente en lo esencial al que tanto Esperanza Aguirre como José Bono realizaron el pasado lunes, durante la presentación de mi libro, en defensa de la democracia representativa y en contra de quienes tratan de sustituirla por la ley de la calle. Sin embargo, al final de su discurso, Barère -de quien Madame de Genlis decía que era el único al que había visto «llegar desde el fondo de la provincia con los modales de la Corte»- introdujo una nueva metáfora náutica muy reveladora del giro económico que estaba gestándose ya en el seno del partido jacobino.

-A Dios no le gustaría que yo viniera aquí a defender a los ricos, esos seres de bronce y hierro que, en medio de las convulsiones revolucionarias, no saben renunciar a ninguno de sus lujos ni de sus placeres. Que imiten a ese comerciante avaro que transportando sobre los mares cargamentos opulentos y viendo su barco batido por la tempestad, arrojó al mar una parte de sus riquezas para salvar la otra. ¡Ricos: verted en las manos de la nación una parte de ese cargamento que guardáis con tanta avaricia u os sumergiréis junto a él!

Fue tal la fuerza oratoria de la sobrecogedora imagen sugerida por Barère -los potentados sucumbiendo aferrados a sus cofres del tesoro, con tal de no contribuir a aliviar la miseria del pueblo- que la mayoría de la Convención se mostró receptiva a partir de ese día a implantar el llamado «impuesto sobre los ricos» que reclamaban las secciones parisinas con mayor porcentaje de sans culottes y algunos departamentos.

El problema llegaría a la hora de definir a quiénes se consideraba «ricos» a los ojos de la Revolución, pero el concepto tenía la gran utilidad de que servía para distraer la atención y desviar las iras del pueblo de los verdaderos responsables de la miseria que le oprimía. Es decir, de las propias autoridades de la República recién fundada.

La Revolución había heredado del Viejo Régimen un endémico déficit fiscal pues gastaba mucho más de lo que ingresaba. De hecho, entre las primeras disposiciones que siguieron a la toma de la Bastilla había figurado la supresión de los odiados impuestos sobre las mercancías que se cobraban en los fielatos que rodeaban París y su sustitución por otros que en teoría eran más justos, pero en la práctica resultaban poco menos que imposibles de recaudar.

A esos grandes males siguieron los grandes remedios de una asamblea repleta de abogados y ayuna de economistas: la Revolución comenzó a imprimir alegremente papel moneda. Los llamados «asignados» eran inicialmente unos meros bonos convertibles en las subastas de bienes incautados a la aristocracia y al clero pero pronto se transformaron en medio de pago para todo tipo de transacciones.

Tras haber visto frustradas por dos veces sus políticas de ajuste, el ex ministro Necker se burlaba de lo ocurrido desde su autoimpuesto exilio ginebrino: «La institución de una moneda ficticia, liberando a la administración del yugo imperioso de las realidades, permitió a los legisladores abandonarse con más confianza a sus abstracciones; y las necesidades de dinero, estas embarazosas groserías, no vinieron a distraerles de sus elevados pensamientos».

A medida que el esfuerzo bélico requería más y más liquidez, Francia fue inundada de billetes que provocaron la hiperinflación y el desabastecimiento. Los llamados enragés se echaron a la calle con las picas en la mano, instigando a un pueblo sin los mínimos conocimientos para entender lo que le ocurría, contra los banqueros, acaparadores y comerciantes.

A falta de moneda que imprimir, los gobiernos de los países periféricos de la zona euro han tratado de satisfacer sus insaciables necesidades en medio de la crisis emitiendo deuda y más deuda. España no es quien ha alcanzado el mayor porcentaje sobre su PIB pero sí quien ha corrido más deprisa con un déficit anual de hasta el 12%. El círculo vicioso no se ha creado mediante el alza de precios sino a través de la subida de la prima de riesgo, que cada vez ha ido detrayendo más recursos financieros de la economía productiva para poder pagar los intereses crecientes de la deuda. El ajuste sólo podía llegar a través de los salarios o del empleo; y gracias al egoísmo y la estulticia sindical ha llegado a través del empleo.

Nuestra drogodependencia de las emisiones de deuda es hoy en día idéntica a la que, según la aguda observación de Andrew Dickson White, obligaba a la Francia revolucionaria a imprimir más y más «asignados»: «La Nación estaba ebria de papel moneda. Y experimentaba la placentera sensación del borracho después de un trago… con la particularidad de que a medida que los tragos de papel moneda llegaban más rápido, la sensación placentera se iba haciendo más corta».

La ligereza con que no sólo el Gobierno central, sino también muchas autonomías y algunos ayuntamientos han estado chutando el balón del endeudamiento hacia delante durante los últimos tres años ha desembocado en España en una auténtica bacanal o más bien en un zafio megabotellón a base de bonos patrióticos, facturas escondidas por los cajones e impagos del recibo de la luz. Sin necesidad de regodearse en los renglones obscenos del despilfarro -que si unas embajadas con barretina por aquí, que si un gran premio de Fórmula 1 por allá, que si un segundo PER disfrazado de ayuda a la dependencia por acullá- el caso es que ahora nos ha estallado la burbuja del gasto público, peor aún que la del sector inmobiliario, y que frente a la encrucijada de los recortes Rajoy y Rubalcaba han empezado a retratarse.

El líder del PP lo ha hecho a través de los planes de ajuste de las autonomías que gobierna su partido, con los recién llegados Cospedal y Bauzá como genuinos heraldos de lo que serán sus recetas: adelgazamiento sustancial de las administraciones públicas para liberar recursos con los que estimular la actividad privada en un contexto de consolidación fiscal europea. Si España quiere estar en esa nueva cita con la cohesión continental -en la que volverá a haber una criba como la del Tratado de Maastricht y los que sigan siendo pigs se quedarán fuera- tiene que llevar a cabo de verdad las reformas que Zapatero se ha limitado a amagar.

En principio eso significará bronca con sindicatos e indignados, en especial en sectores como la Sanidad y la Educación que es en los que está el gasto y en los que urge introducir mecanismos de racionalidad y eficiencia. Para afrontar ese envite es imprescindible que el mandato de las urnas sea claro. Es decir, que se cumpla la predicción de los sondeos. Será preferible que Rajoy se ponga una vez colorado que ciento amarillo -por eso evoqué en su presencia la forma en que el mejor Danton hizo de la «audacia» su santo y seña- y lo único que me sorprendería es que él no nos sorprendiera a todos con unos primeros 100 días cargados de medidas de choque.

Bueno, malo o regular, lo cuente o no lo cuente, Rajoy tiene un plan. Rubalcaba no tiene ninguno que no suponga mantener la actual inercia, añadiendo la vuelta de tuerca del resentimiento social que ponga el foco sobre los chivos expiatorios hacia los que quiere canalizar la ira de los nuevos enragés. Por eso, entre el vademécum de ocurrencias que vienen circulando en medios políticos europeos, ha escogido el impuesto sobre la banca y el impuesto sobre los ricos como sus dos grandes asuntos de campaña.

Respecto a lo primero, no se entiende cómo la UE admite que la banca europea necesita 200.000 millones para recapitalizarse y a la vez le quiere hacer pagar 50.000 millones más mediante esa tasa sobre las transacciones financieras. Respecto a lo segundo, ancha es Castilla.

El restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio -arrancado a un renuente Zapatero, con mala conciencia por haber reformado la Constitución de espaldas al candidato- ha sido celebrado en la sede del PSOE con el mismo júbilo con que el 20 de mayo de 1793 se lanzaron los sombreros al aire en el Club de los Jacobinos cuando se supo que la Convención había aprobado al fin el eufemísticamente denominado «préstamo forzoso» por el que se obligaba a los «ricos» a contribuir al esfuerzo bélico.

No era una ironía preorwelliana pues al menos venía a reconocer el carácter confiscatorio de la medida, acompañándola de una promesa de devolución de lo expropiado a los tres años de que se alcanzara la paz. La sustancia del planteamiento estaba en que a la vez que demonizaba a quienes se habían «beneficiado de la Revolución» sin «sacrificarse» por ella, les ofrecía un camino de redención pecuniaria alternativo a la guillotina. Entonces no hubo peticiones masoquistas como la de las grandes fortunas francesas que ofrecían no ha mucho a Sarkozy el pico de sus bolsas, pero Danton resumió perfectamente el espíritu que ha debido animarles a dar el paso: «Crear un impuesto para los ricos es hacerles un favor… Cuanto mayor sea el sacrificio sobre el usufructo, más garantizada estará la propiedad».

Se trataba, se trata, pues, de establecer un perímetro arbitrario para que los sospechosos del pecado de enriquecimiento queden dentro y en posición de deuda con la sociedad y con el Estado. En nuestro caso se nos ha dicho que seremos 140.000 personas las que tendremos que entregar hasta un 2,5% anual de nuestros bienes por habernos atrevido a superar el millón de euros de patrimonio, vivienda incluida. Para los asalariados que llevamos toda la vida tributando como mínimo al 43% esta doble imposición sobre el ahorro significará tener que pagar hasta 17 puntos más de nuestra renta. Para quienes estén jubilados, sin empleo o simplemente no tengan ingresos anuales de cierta envergadura, este saqueo fiscal les obligará a malbaratar parte de sus propiedades para poder abonar el impuesto.

Ni las grandes fortunas van a verse afectadas -¿por qué no propone Artur Mas que la empresa familiar, tan pujante en Cataluña, tribute como cualquier sociedad anónima?-, ni se ha escuchado en los últimos tiempos mayor patraña que la de que por este procedimiento se recaudarán 1.000 millones con los que se creará empleo para jóvenes. Como Rubalcaba no tiene a su alcance ganar las elecciones, lo único que pretende es cavar una trinchera en la que quedarse con un PSOE radicalizado y en disposición de pactar con los indignados al modo y manera con que los jacobinos lo hicieron con los enragés. Y para eso es imprescindible ir echando combustible a la caldera de los odios más primarios.

Cualquiera diría que ha nacido para eso. Lo lleva en la sangre y ha tenido buenos maestros en la escuela del cinismo. No en balde Felipe González instaba el jueves a «sacar por la ventana» -¿la defenestración de Mariano?- a quienes se atrevan a hacer recortes en Sanidad o Educación y se ofrecía como «agitador» profesional el viernes. Cuando el New York Times empieza a poner en boca de jóvenes españoles expresiones como «somos la primera generación que dice que votar no sirve para nada» y cuando el propio Bono, que se conoce bien a sus clásicos, sostiene que sin un gran pacto de Estado existe el riesgo de que la calle se «inflame» tras las elecciones, ¿quién puede acusar de exagerada a Esperanza Aguirre por advertir que está viendo incubarse de nuevo la «semilla del totalitarismo», o sea, el huevo de la serpiente?

pedroj.ramirez@elmundo.es

CARTA DEL DIRECTOR

CARTA DEL DIRECTOR

Quiero agradecer públicamente al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, su decisión arbitraria -en el sentido de innecesaria, libre y personal- de trasladar a un pleno de 15 magistrados, que se reunirá pasado mañana en la pasarela mediática de San Fernando de Henares, la potestad de resolver sobre la calificación jurídica del caso Faisán. Máxime cuando el criterio del juez instructor, Pablo Ruz, de considerar los hechos como un caso flagrante de colaboración con banda armada aparece sólidamente fundado en todos sus autos en la jurisprudencia de la propia Audiencia Nacional y del Supremo y cuando la Sección integrada por tres magistrados a la que le correspondía revisar sus decisiones y a la que estaba abocado el caso, se pronunció ya en sentido coincidente.

Sobre todo quiero agradecer al juez Bermúdez que al elevar en julio el caso a esta última instancia de su Sala enfatizara el presunto carácter dudoso de la cuestión, dando así beligerancia a la tesis de las defensas de los procesados Ballesteros, Pamiés y García Hidalgo -Fiscalía incluida- según la cual el tipo delictivo de la colaboración, castigado con hasta 10 años de cárcel, requiere que exista «adhesión ideológica» a la banda armada en cuestión. Como es obvio que ni el director de la Policía ni el jefe superior del País Vasco eran militantes de ETA infiltrados en las Fuerzas de Seguridad ni abertzales reprimidos a la espera de su gran ocasión, aquí «hay partido», que diría Rubalcaba.

Mi agradecimiento al juez Bermúdez adquiere además su pleno sentido a la luz de la inequívoca contradicción entre esta alambicada tesis y la mucho más canónica y comprensible para el común de los mortales que él mismo dejó plasmada, con cierto adorno, en la sentencia del 11-M que redactó de su puño y letra en la serenidad de un entorno familiar laborioso y literario: «Nótese que al ser el delito de colaboración un tipo penal residual que sólo exige que se realice voluntariamente una acción o aportación a la banda terrorista que facilite su actividad criminal… y ello prescindiendo de la coincidencia de los fines, pues lo que aquí se sanciona no es la adhesión ideológica… ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad».

Cualquiera diría que estas palabras, dedicadas a trompicones a un minero asturiano esquizofrénico, condenado por facilitar explosivos a un grupo aparentemente yihadista, tenían el don premonitorio de describir la conducta ignominiosa de unos mandos policiales capaces de ayudar al aparato de extorsión de ETA a eludir el cerco de sus subordinados para contribuir al proceso de negociación articulado por sus jefes políticos.

¿Estamos por lo tanto ante un inusual brote de fair play del juez Bermúdez para proporcionar todas las oportunidades legalmente permitidas a una tesis extravagante, alejada de la suya y hasta ahora sólo defendida dentro de la Sala por aquel José Ricardo de Prada que poco menos que pedía condecoraciones para los autores del chivatazo? ¿O se trata por el contrario de una obscena voltereta del propio presidente de la Sala para tratar de ayudar al Gobierno socialista y especialmente al candidato Rubalcaba aun a costa de traicionar sus propias convicciones, tan inequívocamente expuestas en una ocasión nada banal?

Muy pronto lo sabremos a la vista de cuál sea su voto y el de aquellos magistrados sobre los que ejerce mayor patronazgo e influencia. Pero la propia duda, más que razonable, suscitada ya sobre la intencionalidad de la maniobra tiene un patente efecto beneficioso que es el que da pie a mi gratitud, en la medida en que pone en valor las turbias relaciones de Bermúdez con el Ejecutivo socialista y arroja una potente luz retrospectiva sobre su conducta como juzgador del 11-M.

Gracias a esta jugada, como mínimo equívoca, muchos españoles han podido volver a poner sus ojos en la foto que refleja aquel acto de concupiscencia en el que los brazos rígidos de Rubalcaba penetran en el torso replegado de Bermúdez para fecundarlo con la medalla pensionada que elevó su sueldo de por vida. Manda narices, por cierto, que con esa imagen sobre la mesa Rubalcaba aún se atreva a identificarse con las reivindicaciones políticas de unos indignados que, junto a cosas insensatas, exigen algo tan básico como la separación real de los poderes del Estado.

Pero la actualidad de lo que aparece revestido de todos los atributos de una infame devolución de favores nos ha permitido además rebobinar la moviola de la memoria desde la comida de camaradería con el propio ministro Rubalcaba en Currito hasta aquellos días inciertos en los que el riesgo de perder la presidencia de la Sala, cuestionada una y otra vez por los vocales del CGPJ afines al PSOE, disparaba la ansiedad social de la esposa del juez. ¿Qué sería de ellos si perdían una dignidad y rango que les permitía compartir el ascensor con las más altas autoridades del Estado en las grandes ocasiones? Sí, sí, el ascensor; Elisa Beni lo escribió tal cual y no como metáfora.

Al volver a darle al play aparece el relato bien encadenado de la metamorfosis oportunista de un juez que se reunía con miembros de la dirección de EL MUNDO para expresarles su identificación con nuestra actitud ante el 11-M y prometía a las víctimas actuar contra los policías que habían manipulado pruebas y cometido perjurio; y pasó sin solución de continuidad a transformarse en agente del agit-prop gubernamental, presentando su remendada y remendona sentencia como un ariete contra quienes no nos aquietábamos con la inconsistente versión oficial.

O sea, en el Bermúdez de mi Yo acuso de junio de 2009: «Yo acuso al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional, al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos; de inconsistencia intelectual, al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas de la prueba pericial por él mismo encargada; de incoherencia personal, al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían «caminito de Jerez»; de frivolidad, imprudencia y posible revelación de secretos al colaborar con el libro de su esposa sobre el juicio; y de manipulación política al hacer una presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Vergüenza sobre vergüenza».

Que Bermúdez haya vuelto a ponerse ahora en el candelabro en una pose tan comprometedora tiene un valor impagable pues va a terminar de abrir los ojos a muchos ciudadanos que ya tenían dudas sobre la calidad de la justicia impartida en la sentencia sobre la masacre de Madrid. Máxime cuando en los dos años y pico transcurridos desde aquel acto en el que presentábamos el libro de Antonio Iglesias Titadyn y en el que lo más aplaudido por las numerosas víctimas presentes fueron esas críticas dirigidas al presidente del tribunal, han ocurrido unas cuantas cosas de enorme trascendencia.

Primero vino la desestimación de la demanda civil del jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, que dio pie a que, tras una minuciosa instrucción, dos instancias judiciales acreditaran la «veracidad» de las revelaciones de EL MUNDO, pulverizando así gran parte de las pruebas en las que está basada la sentencia de Bermúdez. Casi inmediatamente llegó la querella criminal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas contra el propio Manzano que yo mismo había alentado aquella tarde en la que de momento sólo podía acusarle «ante el tribunal de la opinión pública».

Poco después, tras un agónico forcejeo sólo saldado gracias a la determinación del presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, se obtuvieron los ansiados vídeos de la pericia de explosivos en los que la elocuente mezcla de estupor y cabreo de los expertos ante la aparición del dinitrotolueno y la nitroglicerina echa por tierra la premisa de que en los trenes estalló Goma 2 ECO «y vale ya».

A continuación tuvo que intervenir el propio presidente Zapatero para que el Ministerio del Interior pusiera fin a un año de obstrucción a la Justicia y, compelido también por el ultimátum de 10 días de la tenaz y competente Coro Cillán, se aviniera a entregar la relación de miembros de los Tedax que intervinieron en la recogida de los restos de los trenes. Fue el momento en que Rubalcaba quedó en evidencia como el mentiroso compulsivo que ha sido, es y será: está en su naturaleza.

Y fue durante las semanas previas a las vacaciones, con todos esos elementos formando ya un sólido cañamazo sobre el que es posible construir graves acusaciones penales, cuando la instrucción de la causa contra Manzano, a la que al fin se sumaron la AVT y -atención- la activa y respetada Unión de Oficiales de la Guardia Civil, empezó a dar frutos espectaculares.

El más trascendente de todos fue la declaración del artificiero identificado por el carné profesional número 80.938, quien aseguró que cuando entró en la sala en la que otros policías examinaban el teléfono Trium extraído de la mochila de Vallecas «el terminal estaba ya sin batería». Como sus compañeros no habían logrado encenderlo con una tarjeta de Vodafone, él mismo sacó de su móvil una de Movistar, la insertó y consiguió que funcionara. Al margen de la anécdota berlanguiana de que en ese mismo instante recibió una llamada personal, lo decisivo es que este testimonio liquida la remota posibilidad de que el cambio de tarjeta se hubiera realizado en los 10 segundos durante los que la memoria de ese modelo retiene la programación de la hora de la alarma. Es decir, que queda acreditado más allá de toda discusión que es falso que el teléfono estuviera programado para las 7.40, tal y como informó por escrito el comisario Manzano al juez Del Olmo.

Teniendo en cuenta que fue ese detalle, junto a la creencia -igualmente falsa- de que los cables estaban preparados para que la mochila estallara, lo que llevó a detener a Jamal Zougam aquel sábado día 13 en el que desde la sede del PSOE se le dio la vuelta a la tortilla electoral, estamos ante un punto de inflexión crucial. Tan crucial como para que mis últimas dudas se hayan disipado -he pensado mucho en ello durante el verano- y haya llegado al convencimiento de que ese hombre que la víspera de la masacre había visitado el piso que quería comprarse con su novia y se había machacado en un gimnasio mientras sus presuntos cómplices -con los que nadie llegó a relacionarle nunca- montaban las bombas, ese hombre que ha sido condenado a tropecientos mil años de cárcel sobre la base de dos testimonios oculares tan interesados como dudosos, ese hombre que lleva ya siete años y medio en prisión sometido a un implacable régimen de 22 horas de confinamiento solitario al día -quizá para que se suicide o se vuelva loco- es totalmente inocente y fue elegido como víctima propiciatoria por la trama policial que manipuló la investigación.

Admito que es tremendo lo que acabo de escribir. Pero más tremendo es que un montaje policial basado en falsedades relativamente fáciles de desmontar pasara primero el filtro de la instrucción judicial y luego el de la vista oral. Si la patente incompetencia de Juan del Olmo explica lo primero, la conducta del inteligente Javier Gómez Bermúdez requería de otra explicación y no bastaba barruntarla.

Ya que esto va de faisanes, resulta relevante señalar que, según los zoólogos, se trata de un ave habitualmente entretenida en picotear el grano por el suelo. Sólo en un supuesto de extrema necesidad despliega las alas para emprender el vuelo, revelando su verdadera condición. Esto es lo que acaba de ocurrir ante el riesgo extremo que para el candidato Rubalcaba entraña que se juzgue a sus subordinados por colaborar con ETA. Bermúdez no ha tenido más remedio que retratarse para cumplir su parte de lo que se esboza como un trato infame y quienes nunca dejaremos de buscar la verdad del 11-M debemos de felicitarnos al ver así iluminados tanto su cráneo maquinador como su toga de guardarropía o tal vez de alquiler.

pedroj.ramirez@elmundo.es

CARTA DEL DIRECTOR

Seguro que a muchos les habrá pasado lo que a mí. Escuchas en tu juventud una frase dramática, rotunda o no digamos campanuda y, por muchos años que vayan transcurriendo, cada vez que la oyes repetida crees revivir, cual si se tratara de un reflejo condicionado, la circunstancia original en que fue pronunciada.

A mí me ocurrió esta semana al leer que la rubia vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega -famosilla no hace mucho por el falseamiento al alza de su currículo- se había comprometido a «defender con uñas y dientes» que el catalán siga siendo la única lengua vehicular de la enseñanza. De repente me sentí transportado de nuevo al hoy Palacio del Senado, donde el 29 de octubre de 1974 asistí como reportero al acto conmemorativo del XLI aniversario de la fundación de la Falange.

En presencia de Franco, reincorporado a la Jefatura del Estado tras su primera enfermedad grave, y de su efímero interino el Príncipe de España, el consejero nacional del Movimiento por Asturias, Francisco Labadíe Otermín pronunció un discurso que para mí -tal vez porque con su bigotito, su camisa azul y su corbata negra, el orador parecía un falangista disfrazado de falangista- continúa siendo la quintaesencia de aquel régimen.

«Yo proclamo aquí con energía dos verdades que no estamos dispuestos a someter a debate ni a consideración electoral», advirtió ardorosamente en el momento clave de su intervención. «Que ganamos una guerra para construir un nuevo Estado… y que defenderemos con uñas y dientes la legitimidad de una victoria que es hoy patrimonio de todo el pueblo español».

Supongo que si Mourinho, Guardiola o, menos verosímilmente, cualquier otro entrenador aupado a la cabeza de la tabla proclamara estar dispuesto a «defender con uñas y dientes» el liderato, también me acordaría de Labadíe Otermín. E incluso que si una mañana se me escapara ante la redacción, no lo quiera el libro de estilo, el propósito de «defender con uñas y dientes» la difusión de EL MUNDO en todos sus soportes, yo mismo me lo haría mirar. Pero es que en este caso la reminiscencia, además de fonética, va mucho más allá de la propia retórica de trinchera y parapeto.

Anticipando la línea argumental que luego haría suya el propio Artur Mas, Joana Ortega advertía que «la lengua forma parte de la columna vertebral de Cataluña como país y marca nuestra identidad como pueblo». Es decir, que la vicepapisa hablaba ex cáthedra, no de lo contingente, sino de lo dogmático. De algo que no sólo queda fuera de toda discusión, sino también lejos del alcance de los propios tribunales y el Estado de Derecho.

La conquista de la inmersión obligatoria no es fruto de una guerra, sino de los ingenuos pactos de la Transición -incluida una ley electoral que otorga demasiadas veces al nacionalismo catalán la llave del Gobierno de España-, pero su elevación al ámbito de lo intrínsecamente inmutable destila el mismo fanatismo totalitario que esgrimían los vencedores de camisa azul y boina roja.

Yo estaba allí aquella mañana de hace 37 años, recién regresado a España tras mi etapa como profesor en Estados Unidos, escuchando entre atónito y compungido cómo aquel fulano que había sido el gobernador civil más joven del régimen y era además veterano de la División Azul, planchaba como una apisonadora las esperanzas de los aperturistas del franquismo. Pero como no quiero fiarlo todo a mi memoria, recurriré a las crónicas no de los oficialistas Arriba o Pueblo o del ya juancarlista ABC, sino de un diario independiente como La Vanguardia Española, órgano de la misma burguesía catalana a la que sigue representando tras haber perdido el apellido.

Según La Vanguardia Española, «un político joven en su madurez sin otro título que el de la representación popular» había «explicado la trayectoria evolutiva del régimen ante su glorioso creador» en un salón que «adquiría un hermoso aire cívico» gracias a la proliferación de camisas azules. «Siete veces fue interrumpido por los aplausos el señor Labadíe Otermín en su discurso» -una de ellas la de «las uñas y dientes», claro- mientras «en la Plaza de la Marina Española el inmenso gentío estacionado prorrumpió también en aplausos de férvido homenaje» a la salida de las autoridades.

Total, que «la mañana que había amanecido de un gris plomizo, exultaba un limpio cielo azul, entre los verdores de los árboles. Una vez más, las palabras de José Antonio encontraban un eco de actualización importante». Y todos desayunaron como si tal cosa en Barcelona.

Entre tanto ditirambo, el cronista de La Vanguardia Española sólo dedicaba línea y media a señalar la ausencia en el banco del Gobierno del ministro de Información y Turismo, «al parecer, por luto familiar». El problema es que el difunto era él mismo, pues Pío Cabanillas había sido destituido esa mañana por el débil Arias Navarro a resultas de las presiones de doña Carmen y otras momias del círculo del Pardo que no soportaban ni el aperturismo político ni el destape erótico que el ministro toleraba en la prensa.

Fue sin duda el trasfondo de ese drama cocinado entre bambalinas lo que me dejó grabada aquella idea fuerza de «las uñas y dientes» que aún araña y castañetea desagradablemente en la memoria. Pero también su inesperada antítesis a través del gesto de un hombre que mientras los demás aplaudían una, dos… hasta siete veces, permanecía ostensiblemente cruzado de brazos en patente señal de desaprobación. Era el ministro de Hacienda y vicepresidente Económico Antonio Barrera de Irimo que esa misma tarde, en un arranque de dignidad personal sin precedentes en aquel entorno político, presentó la dimisión.

Las páginas de La Vanguardia Española de esos días no reflejan muestras de disidencia, ni siquiera de incomodidad. Vamos, que no era Cambio 16, Triunfo o Cuadernos para el Diálogo. Y no estamos hablando de la noche de los tiempos. El propio 29 de octubre se celebró en Barcelona un acto equivalente al de Madrid. Presidió el gobernador civil Rodolfo Martín Villa e intervino el consejero nacional del Movimiento Enrique Sánchez de León. Ambos serían pronto ministros con la democracia. Les rodeaban un sinfín de catalanes de pro. Al término del acto «el gobernador pronunció los gritos de ritual, entonándose el Cara al Sol que fue seguido por todos los restantes brazo en alto».

En 1974, hacía ya unos cuantos años que había desaparecido la censura previa. No se podía publicar todo, pero tampoco era obligatorio publicar nada. Hay que suponer pues que los editoriales que el rotativo barcelonés insertó aquel 31 de octubre y aquel 1 de noviembre reflejan bien la proverbial capacidad de adaptación al paisaje de la sociedad catalana. En el primero, se recordaba, a propósito de la Semana de La Mancha en Barcelona, que «el principal reto que tiene ante sí la política económica del país es el de reducir las desigualdades que se registran en los niveles de bienestar entre unas y otras tierras de España». En el segundo, se daba por hecho que el presidente Arias mantendría los mojigatos principios del llamado Espíritu del 12 de Febrero, «acogidos con esperanza en amplios sectores del país».

Probablemente en ningún lugar de España cuajó de forma tan natural la estrategia del deslizamiento paulatino de una legalidad a otra, la mutación progresiva de la dictadura en democracia como en la Cataluña de Tarradellas y Pujol. Si algo ha caracterizado al nacionalismo de CiU, que ha terminado impregnando con matices tanto a Esquerra como a este PSC a la deriva con el que naufraga Carme Chacón, ha sido el pragmatismo: lo importante no era la velocidad a la que había que alejarse del punto de partida, sino la consistencia del asfalto en la carretera hacia el punto de llegada. Había que hacer el menos ruido posible en una sociedad acomodaticia y enemiga de aventuras, pero había que ir creando las condiciones para que el único proyecto colectivo imaginable terminara siendo la independencia. Ése ha sido durante tres décadas el papel de la política lingüística.

El hecho de que hasta el Tribunal Supremo, en la sentencia que lleva tratando en vano de aplicar, se refiera al catalán como la «lengua propia de Cataluña», demuestra hasta qué punto ha tenido éxito la táctica de ser moderados en todo lo demás y radicales en algo que parecía no crear incomodidad inmediata cada vez que el Gobierno de turno abdicaba de su responsabilidad y hacía una nueva concesión.

La Historia, la Literatura y, sobre todo, el sonido de la calle demuestran que Cataluña tiene dos lenguas propias, de ahí su riqueza, y de la misma manera que en el franquismo se la pretendía mutilar sojuzgando al catalán, ahora se la pretende mutilar eliminando al español de la enseñanza y la vida oficial. El bilingüismo ha pasado de ser una aspiración democrática a un obstáculo para la construcción nacional.

El fanatismo con rostro humano no deja de ser fanatismo. Las personas de timbre cordial y palabras razonables, dispuestas a transar en todo lo demás se vuelven intransigentes, se bunquerizan, según el léxico del tardofranquismo, cuando se trata de la lengua. Hace unos años Artur Mas ya nos sacó de nuestras casillas cuando dijo en un foro de EL MUNDO que el que quisiera enseñanza en español montara un colegio privado «como hacen los japoneses». Ahora pide que no le «toquemos las narices», porque el catalán es para Cataluña, lo mismo que el alemán para Alemania o el español para España. Es imposible ser más claro: en materia lingüística la Generalitat viene actuando como si Cataluña fuera ya un estado independiente, prefigurando así que pueda serlo un día, y por eso pone a los ciudadanos al servicio de la lengua y no a la viceversa.

El vergonzoso entreguismo de un gobierno socialista acoquinado por la magnitud del desastre que se le avecina no puede disimular que, como demostró EL MUNDO, sólo en las Islas Feroe -perdidas en las brumas del océano- y en Cataluña se priva a los escolares del derecho a estudiar en la lengua oficial del Estado. Sin embargo, incluso la timorata doctrina del Constitucional aplicada por el Supremo, que ahora trata de ejecutar el Tribunal Superior de Cataluña, pidiendo perdón por tener que hacerlo, les parece inadmisible a los camisas viejas de la inmersión obligatoria. ¿Que una parte de las materias se imparta en castellano? De ninguna manera. Y por eso exigen a los jueces españoles que saquen sus sucias manos de su sistema educativo.

Hoy, 11 de septiembre, los nacionalistas catalanes reeditarán sus fantasías anuales a base de discursos, ofrendas florales, senyeras al viento y falsificaciones históricas de forma equivalente a como lo hacían los falangistas cada 29 de octubre. Acudirán al Fossar de les Moreres junto a Santa María del Mar como se peregrinaba al Valle de los Caídos. Con la denuncia del «acoso» de los tribunales a la «llengua», el victimismo estará servido y por ende la radicalización del mensaje. Pero mucho me temo que, ni siquiera entre las filas de Unió, surgirá nadie capaz de cruzarse de brazos en señal de desaprobación y disidencia, como lo hizo hace 37 años quien hoy es mi vecino de inmueble en una plaza de evocaciones liberales en la arteria principal de Madrid.

Pese a ser uno de los hombres más capaces de su generación, Antonio Barrera de Irimo nunca volvió a la política. Cada vez que me lo encuentro en el portal, arrastrando con jovialidad sus problemas motrices de octogenario, me detengo a saludarle. Siempre decimos que tenemos que hablar y no lo hacemos nunca. Pero él sabe que yo sé; que nunca dejo de acordarme del ejemplo moral, de la fuerza inspiradora que su negativa a comulgar con ruedas de molino tuvo para quienes entonces nos levantábamos cada mañana con la rebeldía del himno de Raimon en la comisura de los labios: «No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d’eixe món».

pedroj.ramirez@elmundo.es

CARTA DEL DIRECTOR

Comprendo que se froten los ojos, pero ustedes no sufren ninguna alucinación. Por los ríos fluye leche y de los cielos llueve pan. El mismo presidente que en lugar de cerrar las heridas del 11-M, estimulando los consensos y la búsqueda de la verdad, aprovechó los efectos electorales de lo ocurrido para introducir factores de división en la vida española; el mismo presidente que en su primera legislatura fue capaz de entablar una negociación política con ETA y otorgar un nuevo Estatuto a Cataluña de espaldas al PP; el mismo presidente que comenzó ésta su segunda legislatura desdeñando los llamamientos a unos nuevos Pactos de la Moncloa para afrontar la crisis económica desde la unidad y la colaboración, acaba de impulsar una importante reforma de la Constitución pactando con su gran rival a dos meses de las elecciones. Aleluya.

Es cierto que a la fuerza ahorcan y que ésta no es la gran iniciativa reconstituyente que precisa España. No, no es que Zapatero haya desempolvado durante una noche de insomnio el informe que encargó hace siete años al Consejo de Estado y mantiene desde entonces encerrado en un cajón bajo otras tantas llaves. Por eso la reforma ni define las competencias intransferibles del Estado, ni cierra el mapa autonómico, ni pone patas arriba el yermo del Senado, ni elimina esa Transitoria Cuarta que sigue haciendo de Navarra algo bizcochable para el nacionalismo vasco. Aunque todo ese Jardín de las Delicias de la regeneración pendiente parece desde ahora menos quimérico, lo acordado se circunscribe a algo aparentemente mucho más prosaico como el equilibrio presupuestario y la estigmatización del déficit. Y ya digo que tampoco esa inesperada flor de agosto ha brotado por generación espontánea.

En la más que correcta presentación del siempre digno portavoz del PSOE José Antonio Alonso faltó el martes haber puesto la verdad por delante. En realidad quien debió hacerlo fue Zapatero en persona pues se trataba de reconocer ni más ni menos que mientras gran parte de los españoles consumía despreocupadamente sus vacaciones, el Reino de España ha perdido la guerra de la autosuficiencia financiera y el armisticio incluye duras condiciones por parte de quienes nos han rescatado de la bancarrota. Aquel día en que todos se congratulaban de que el BCE -o sea la entidad emisora de la zona euro- hubiera empezado a comprar deuda española, como si fuera lo más natural del mundo que tus socios le den a la máquina de imprimir billetes para que tú tengas con qué pagar a policías, médicos, maestros y bomberos, sólo Aznar abrió de golpe el grifo del agua hirviendo: «Hoy hemos descendido a los infiernos y a partir de ahora la política consistirá en gestionar las calderas de Pedro Botero», le comentó a un amigo común.

Sonará todo lo dantesco y tremendista que se quiera pero los hechos han corroborado de inmediato ese diagnóstico. Y como la vicepresidenta in pectore Soraya Sáenz de Buena Esperanza no podía sacarle los colores a quien en ese momento era ya su socio legislativo sin merma de sus modales, el relato de lo ocurrido quedó subsumido en los brochazos gruesos de Llamazares contra la «dictadura de los mercados» y en el llamamiento a la rebelión de Rosa Díez, haciéndose por una vez la tonta desde su cómoda irrelevancia parlamentaria.

Omitiendo el estado de excepción financiera en el que continuaremos instalados hasta que no estemos en condiciones de volver a caminar sin muletas por los parqués en los que se negocia la deuda soberana, todo lo sucedido esta semana parece el fruto de una locura colectiva, el sueño de un par de noches de verano envuelto entre la bruma de las más extrañas libaciones. Y corremos el riesgo de confundir el delito con la pena: lo verdaderamente humillante no es que tengamos que reformar nuestra Constitución con la «agosticidad y alevosía» denunciadas por el Demóstenes de IU, sino que tengamos que acudir diariamente a la beneficencia europea para poder seguir comiendo y pagando nuestras deudas, toda vez que ya no hay ningún tendero que nos fíe sin usura.

¿A qué viene, pues, el repique de campanas, los clarines y timbales que hoy suenan en la plaza, si además resulta que los términos de la reforma constitucional son lo suficientemente vagos y su aplicación tan dilatada en el tiempo como para que pueda quedarse en un mero brindis al sol sin efecto directo alguno sobre la lidia de las alimañas que aún habrán de salir de los chiqueros de aquí al 20-N? Pues porque el diestro se ha situado al fin ante el tendido correcto y por una vez ofrece su montera en la buena dirección.

Una cosa es que Zapatero haya tenido que reformar la Constitución a causa de una imposición y otra distinta que lo que le impusieran fuera hacer exactamente eso. Él mismo lo ha vendido como «el mal menor», aludiendo a que cumplir las exigencias concretas que han podido transmitirle las instancias europeas hubiera sido más dañino desde la óptica de una política de izquierdas. Yo lo interpreto en cambio como la confirmación del no hay mal que por bien no venga, pues al huir una vez más de las reclamadas reformas que harían competitivo el mercado laboral -contrato único con 20 de días de indemnización por despido, contador a cero en la negociación de convenios empresa por empresa-, Zapatero ha buscado asilo en el templo del consenso, acogiéndose a sagrado en un pacto de Estado con el PP.

Como los malos deportistas que sueltan la patada o el manotazo de la frustración cuando ya han perdido el control de la jugada, Rubalcaba dijo ante la Ejecutiva del PSOE que «él no lo hubiera hecho así», pero, claro, no adjuntó su alternativa. Me da que, al igual que con esa fórmula mágica que dice tener para la creación de empleo, nunca veremos germinar la flor de su secreto. Descartado el salto hacia el abismo con la piedra del default colgada al cuello, todo indica que hubiera preferido la Guatemala de nuevos ajustes duros, que él habría atribuido en exclusiva a Zapatero, a esta Guatepeor que, en definitiva, implica que el PSOE en su conjunto hace suyos los pilares esenciales del programa electoral del PP.

La discutible sacralización constitucional del déficit cero supone admitir que Rajoy tenía razón cuando advirtió que el gasto público se había disparado en 2008 y 2009 más allá de lo prudente, cuando pidió en mayo de 2010 el ajuste urgente que Zapatero se negó a practicar hasta que se lo impusieron sus socios en Bruselas y cuando poco después propuso ante la hilaridad de Rubalcaba la reforma que deprisa y corriendo se implementa ahora. Incluso, por encima de todo ello, la medida adoptada supone admitir que dentro de la moneda única no caben las políticas expansivas del sector público que hasta ahora han sido propias de la izquierda y toca resignarse a la disciplina fiscal con que siempre se ha identificado la derecha. Para eso España no necesita un nuevo faraón sino un registrador de la propiedad con manguitos de contable.

En la práctica, cada diputado socialista que ha votado anteayer por la reforma constitucional de Rajoy ha venido a pedir el voto para él en las urnas del 20-N. Desde que la mayoría de los procuradores franquistas apoyara en 1976 la ley que liquidaba la democracia orgánica, no se había visto un haraquiri igual.

¿Por qué ha desencadenado Zapatero esta reacción química tan abrasiva para su propio partido? Puede alegarse que es más digno para él marcharse a su casita de chocolate de León tras consumar una reforma de la Carta Magna que habiendo dado el mayor tajo de la historia a los derechos adquiridos de los trabajadores -«Eso que lo haga Mariano», habría dicho para sí- o que se ha encontrado con el escenario perfecto para pasarle la factura a Rubalcaba por el golpe de los coroneles que tras el 22-M le privó de la anhelada despedida democrática que hubiera supuesto dejar el futuro del PSOE en manos de sus militantes a través de las primarias.

Algo hay de todo ello pero antes que nada yo veo este paso de Zapatero como la culminación de un ciclo de rectificaciones que empezó por la lucha antiterrorista, continuó con la política económica y ha terminado en la de su concepción del funcionamiento del Estado autonómico, que es donde está el valor cualitativo de la reforma. Es una suerte que a lo largo de estos años Jano Bifronte haya tomado nota de sus muchas horas de conversación con Zapatero y tenga la buena costumbre de pasármelas de vez en cuando. De ahí que en mi Carta del pasado 31 de julio -no se había disparado la prima de riesgo, no había intervenido el BCE, nadie hablaba de la Constitución- constara la que en opinión del presidente era la primera de las tres grandes «asignaturas pendientes» de nuestra democracia: «Una reforma del Estado autonómico que garantice la lealtad de las comunidades para que, por ejemplo, no puedan incumplir acuerdos del Consejo de Política Fiscal».

O sea que el mismo líder político que desencadenó el estropicio del Estatut con su compromiso de «aceptar lo que venga de Cataluña» se había dado cuenta al fin de que el Estado no puede seguir soportando ni la «deslealtad» de los nacionalistas que utilizan sus instituciones como plataformas desde las que erosionarlo ni la indisciplina financiera de los reyezuelos de taifas que construyen sus redes clientelares a costa del déficit común. Autonomías como Cataluña, Castilla-La Mancha o Valencia -por ponerlas de todos los colores- se habían convertido para España en la misma rémora de manirrotos que la Unión Monetaria ve en nosotros y el resto de los cerditos periféricos. Y si los mercados no se creían que se pudiera meter a esas comunidades en vereda era porque el Gobierno del Estado no disponía de elementos legales contundentes para ello.

Zapatero ha debido de pensar que la ocasión la pintan calva y, con reflejos políticos propios de sus mejores horas, ha ido más lejos incluso de lo que en ese terreno estaba pidiendo el PP: las autonomías no sólo tendrán que fijar un techo de gasto sino que deberán ceñirse al límite de déficit establecido mediante ley orgánica por el Congreso de los Diputados. Por muy honorable que sea, el gobiernillo que quiera pagar embajadas, circuitos de Fórmula 1 o cientos de liberados sindicales de más tendrá que recortar sus servicios básicos o subir los impuestos.

El cabreo cósmico de los nacionalistas, sus baladronadas retóricas, ese sacar los pies del tiesto de estos días, incluido el numerito de Duran haciéndose el estrecho en el pleno del viernes y desoyendo los requiebros de las sirenas del consenso, ha sido el mejor indicador de lo certero de este aspecto de la reforma constitucional. Sobre todo en la medida en que tanto aparato eléctrico viene en definitiva a iluminar la senda por la que los dos grandes partidos nacionales deberían perseverar durante la próxima legislatura sea cual sea la dimensión de la victoria del PP.

Eso es lo único que ahora mismo está en cuestión -mayoría absoluta sí o no- en la medida en que, como digo, el mensaje subliminal que queda después de lo ocurrido durante el agosto más vertiginoso de la democracia es que hasta el PSOE admite que ha llegado la hora del relevo en el poder para que Rajoy aplique los antídotos a sus equivocaciones. Legitimando esos antídotos -el espíritu de la reforma constitucional ampara tanto la valiente dieta Cospedal como los drásticos recortes que deberá hacer Rajoy- Zapatero está demostrando en sus postrimerías mayor altura de miras de la que le reconocen muchos españoles: sólo un 15,9% tiene hoy buena opinión de él.

Veremos en qué condiciones logra entregar el bastón de mando pues de aquí al 20-N aún puede subir mucho más la presión en la caldera; pero su relación actual con Rajoy, a mitad de camino entre la resignación, la generosidad y la empatía, empieza a recordar la que Suárez tuvo con González cuando echaban aquellos cigarrillos en un tresillo que aún sigue en La Moncloa. Y es que a veces el único triunfo al que puede aspirar un gobernante pasa necesariamente por allanar el camino a la victoria de su rival.

pedroj.ramirez@elmundo.es

CARTA DEL DIRECTOR