Reggio’s

Los conatos de fusiones entre las cajas de ahorros se están empezando a derrumbar como un castillo de naipes. Al menos tres de las parejas más o menos acordadas y convenidas en las últimas semanas han dado marcha atrás y se están replanteando seriamente la conveniencia de seguir adelante. Incluso alguna caja -la de Burgos, por ejemplo- se ha descolgado del proyecto inicial y se ha lanzado a la aventura con otras cajas de ahorros de diferente comunidad autónoma para abordar esa otra fórmula alternativa a las fusiones -las denominadas fusiones “virtuales” o fusiones “frías”- que responden a un grado de compromiso societario menor bajo el nombre legal de SIP. Estas fusiones paralizadas, quizás temporalmente, a lo peor de forma definitiva, responden a disputas de menor cuantía. Por ejemplo, las típicas peleas por ver qué ciudad se queda con la capitalidad de la nueva caja o quien es el mandamás de la entidad resultante. En suma, nimiedades que, desde el punto de vista de los ciudadanos y clientes, y desde luego desde el punto de vista de la calidad del proyecto financiero, son completamente ajenas a la búsqueda del mejor camino para fortalecer el balance y hacer de la suma de entidades algo mejor que la mera agregación de sus integrantes.

El Banco de España nada ha dicho en público del SIP, este artilugio o variante derivada de las fusiones de verdad, pero no ha puesto muy buena cara ni ha dado saltos de alegría. Y, entre tanto, el tiempo avanza, los créditos malos siguen venciendo y muchos de ellos pasando a engrosar el pelotón de las activos incobrables en los balances de las entidades financieras. Está claro que esto se va a convertir en una carrera de resistencia, lo que significa que algunos cadáveres no tardarán en empezar a merodear por las cunetas en el sector financiero.

Naturalmente, como eso no puede suceder (el Gobierno lo impedirá y el Banco de España actuará en consecuencia), lo que puede que veamos pronto es una intensificación de las intervenciones de las autoridades, poniendo freno al peligroso juego de despropósitos en que están embarcadas las entidades, en especial las cajas de ahorros. Hubo un tiempo en que se decía que una de las ventajas de las cajas respecto de los bancos (una de muchas) era la simplicidad de sus procesos de toma de decisión. Una afirmación que no ha resistido el primer soplo de dificultades. Tomar decisiones en una caja de ahorros es hoy bastante más difícil que en un banco, aunque algunos de ellos cuentan con más de un millón de accionistas-propietarios, que se dice pronto. En las cajas mandan pocos, pero cada uno tira en dirección contraria. Y así el sector se ha convertido en ingobernable.

La cosa tiene la importancia que se le quiera dar, pero en las presentes circunstancias, con algunas entidades camino de un estado de seria dificultad para mantenerse a flote, esta dificultad de entendimiento es una auténtica temeridad. Ni qué decir tiene que las crisis de estas entidades, como las de cualquier banco privado, por tratarse de entidades que son depositarias de la confianza del público y del dinero de los ciudadanos, afectan al conjunto de la sociedad y de la economía, razón por la que los Gobiernos intervienen de forma activa, para evitar percances que pueden acarrear serios disgustos al bolsillo del ciudadano. Y todas estas intervenciones para solventar crisis las pagan los ciudadanos con cargo a los impuestos.

La última novedad en el proceloso mundo de la regulación de las cajas de ahorros, aparte la ruptura de varios procesos de fusión, está en la actitud que han amenazado con tomar algunas autonomías para evitar que cajas de su territorio autonómico puedan participar en las denominadas “fusiones virtuales”. En decir, varios gobiernos autonómicos han puesto el grito en el cielo porque algunas cajas tratan de tomar atajos con tal de garantizar su viabilidad de la mano de fusiones o acuerdos con otras entidades de diferente autonomía. Se está luchando estos días autonomía por autonomía para que nadie pueda salir del redil. Antes muerto que fusionado con otra caja ajena al corral. Y las fusiones frías o virtuales, los SIP, son una especie de alternativa a una fusión de verdad, en cuya gestación y desarrollo quedaban marginadas las autoridades autonómicas.

De ahí los esfuerzos por deslegitimar, con reformas legales de última hora y a toda prisa, este tipo de fusiones que podrían poner en peligro la fidelidad autonómica de algunas entidades. Dicho de otra forma, batalla política en sentido estricto, que está dejando de lado el verdadero objetivo de las fusiones entre entidades, que es el de reforzar la solvencia de las entidades financieras y su acceso a las ayudas que el Estado les ha ofrecido generosamente pero que no acaban de llegar a los balances sencillamente porque las entidades no se ponen de acuerdo. Al final, el que de momento está pagando la factura de este despropósito colectivo es el cliente de las entidades financieras, el empresario al que no le llega el crédito y el particular que no logra encontrar financiación para una cosa tan loable como es comprarse un piso, ahora que están bajando de precio.

Los conatos de fusiones entre las cajas de ahorros se están empezando a derrumbar como un castillo de naipes. Al menos tres de las parejas más o menos acordadas y convenidas en las últimas semanas han dado marcha atrás y se están replanteando seriamente la conveniencia de seguir adelante. Incluso alguna caja -la de Burgos, por ejemplo- se ha descolgado del proyecto inicial y se ha lanzado a la aventura con otras cajas de ahorros de diferente comunidad autónoma para abordar esa otra fórmula alternativa a las fusiones -las denominadas fusiones “virtuales” o fusiones “frías”- que responden a un grado de compromiso societario menor bajo el nombre legal de SIP. Estas fusiones paralizadas, quizás temporalmente, a lo peor de forma definitiva, responden a disputas de menor cuantía. Por ejemplo, las típicas peleas por ver qué ciudad se queda con la capitalidad de la nueva caja o quien es el mandamás de la entidad resultante. En suma, nimiedades que, desde el punto de vista de los ciudadanos y clientes, y desde luego desde el punto de vista de la calidad del proyecto financiero, son completamente ajenas a la búsqueda del mejor camino para fortalecer el balance y hacer de la suma de entidades algo mejor que la mera agregación de sus integrantes.

El Banco de España nada ha dicho en público del SIP, este artilugio o variante derivada de las fusiones de verdad, pero no ha puesto muy buena cara ni ha dado saltos de alegría. Y, entre tanto, el tiempo avanza, los créditos malos siguen venciendo y muchos de ellos pasando a engrosar el pelotón de las activos incobrables en los balances de las entidades financieras. Está claro que esto se va a convertir en una carrera de resistencia, lo que significa que algunos cadáveres no tardarán en empezar a merodear por las cunetas en el sector financiero.

Naturalmente, como eso no puede suceder (el Gobierno lo impedirá y el Banco de España actuará en consecuencia), lo que puede que veamos pronto es una intensificación de las intervenciones de las autoridades, poniendo freno al peligroso juego de despropósitos en que están embarcadas las entidades, en especial las cajas de ahorros. Hubo un tiempo en que se decía que una de las ventajas de las cajas respecto de los bancos (una de muchas) era la simplicidad de sus procesos de toma de decisión. Una afirmación que no ha resistido el primer soplo de dificultades. Tomar decisiones en una caja de ahorros es hoy bastante más difícil que en un banco, aunque algunos de ellos cuentan con más de un millón de accionistas-propietarios, que se dice pronto. En las cajas mandan pocos, pero cada uno tira en dirección contraria. Y así el sector se ha convertido en ingobernable.

La cosa tiene la importancia que se le quiera dar, pero en las presentes circunstancias, con algunas entidades camino de un estado de seria dificultad para mantenerse a flote, esta dificultad de entendimiento es una auténtica temeridad. Ni qué decir tiene que las crisis de estas entidades, como las de cualquier banco privado, por tratarse de entidades que son depositarias de la confianza del público y del dinero de los ciudadanos, afectan al conjunto de la sociedad y de la economía, razón por la que los Gobiernos intervienen de forma activa, para evitar percances que pueden acarrear serios disgustos al bolsillo del ciudadano. Y todas estas intervenciones para solventar crisis las pagan los ciudadanos con cargo a los impuestos.

La última novedad en el proceloso mundo de la regulación de las cajas de ahorros, aparte la ruptura de varios procesos de fusión, está en la actitud que han amenazado con tomar algunas autonomías para evitar que cajas de su territorio autonómico puedan participar en las denominadas “fusiones virtuales”. En decir, varios gobiernos autonómicos han puesto el grito en el cielo porque algunas cajas tratan de tomar atajos con tal de garantizar su viabilidad de la mano de fusiones o acuerdos con otras entidades de diferente autonomía. Se está luchando estos días autonomía por autonomía para que nadie pueda salir del redil. Antes muerto que fusionado con otra caja ajena al corral. Y las fusiones frías o virtuales, los SIP, son una especie de alternativa a una fusión de verdad, en cuya gestación y desarrollo quedaban marginadas las autoridades autonómicas.

De ahí los esfuerzos por deslegitimar, con reformas legales de última hora y a toda prisa, este tipo de fusiones que podrían poner en peligro la fidelidad autonómica de algunas entidades. Dicho de otra forma, batalla política en sentido estricto, que está dejando de lado el verdadero objetivo de las fusiones entre entidades, que es el de reforzar la solvencia de las entidades financieras y su acceso a las ayudas que el Estado les ha ofrecido generosamente pero que no acaban de llegar a los balances sencillamente porque las entidades no se ponen de acuerdo. Al final, el que de momento está pagando la factura de este despropósito colectivo es el cliente de las entidades financieras, el empresario al que no le llega el crédito y el particular que no logra encontrar financiación para una cosa tan loable como es comprarse un piso, ahora que están bajando de precio.

Si alguien tenía alguna duda sobre el impacto que pueda tener la crisis económica en la imagen del Gobierno y, a la postre, en las expectativas electorales de Zapatero y el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones, los resultados del barómetro del CIS aportan algunas aproximaciones. Los dos principales problemas que valoran los españoles a estas alturas son el paro y la mala situación de la economía, con un grado de penetración del 78% en el primero de los casos y del 45% en el segundo. Queda mucho trecho hasta la próxima cita electoral, que parece lógico suponer que será retrasada al máximo sobre la fecha natural (primavera del año 2012), ya que la celebración en el cuarto aniversario de la última consulta dará en teoría más margen al Gobierno para recomponer su figura, pues apenas hemos llegado al ecuador de la actual legislatura.

A mucha distancia quedan los demás asuntos, ya que el tercero en discordia, que no deja de resultar preocupante desde el punto de vista de la solidez de la democracia española, es la mala imagen de los políticos, con algo menos del 17%. La clase política está siendo identificada a estas alturas como un auténtico problema nacional, lo que a la postre puede ser un reflejo adicional del pesimismo sobre el estado de la economía en la medida en que ni Gobierno ni oposición han logrado convencer a los ciudadanos de que poseen el control de los resortes para sacar al país de la postración económica. Otros dos invitados habituales del catálogo de preocupaciones de los españoles encuestados, la inmigración y el terrorismo, están a punto de desaparecer de la lista, muy relegados a las posiciones más bajas de la tabla de problemas nacionales.

Si se proyecta el estado de ánimo de la población sobre el calendario electoral y se manejan hipótesis razonables en relación con el ciclo económico, incluso en las hipótesis menos optimistas, España afrontará las próximas elecciones generales con una economía en estado de recuperación aunque posiblemente con cifras no mucho mejores que las actuales en cuanto a niveles de paro y estado de las cuentas públicas. El año 2010 no va a ser un camino de rosas y coincide la mayoría de los expertos y organismos internacionales en señalar que España está lejos de haber puesto los cimientos adecuados para salir de esta crisis con un mínimo de empuje. En estos momentos, y a la altura actual del ciclo, no importa tanto saber cuándo el PIB empezará a aportar signos positivos en su evolución trimestral o anual sino con qué capacidad de recuperación saldremos de la crisis.

No es lo mismo salir con una industria deteriorada y falta de competitividad que con un sector industrial agresivo y con expectativas claras de triunfar en los mercados. Tampoco es lo mismo salir de la crisis con un déficit anual del 3% que hacerlo con toro del 8%, como quizás tengamos que afrontar en el año 2011, si se cumplen las previsiones más generalizadas. Como tampoco es lo mismo afrontar la salida de la crisis con un nivel de deuda del 80% del PIB que hacerlo con un nivel del 40%, que es como estábamos al principio de esta crisis, antes de que el Gobierno empezara a utilizar con escasa fortuna la máquina de fabricar ayudas y estímulos a la actividad económica, malgastando unos recursos que deberían haberse utilizado con mayor perspicacia. Estos rasgos pueden causar problemas a la financiación de la economía en la medida en que pueden presionar al alza los tipos de interés, dificultando con ello una más rápida vuelta al equilibrio fiscal que nos demanda la Unión Europea, lo más próximo posible al 3% de déficit anual sobre el PIB.

El potencial de crecimiento de la economía española será, por tanto, más que el momento en el que empiecen a aflorar los primeros signos de PIB positivo en nuestra Contabilidad Nacional, la piedra angular que contribuirá a configurar al estado de ánimo de los españoles que deberá reflejar el Barómetro del CIS en los meses anteriores al inicio de la campaña electoral, allá por las Navidades del año 2011 y primeros meses del año 2012.

Aunque no siempre se puedan medir estas cosas en términos de frías cifras, si el balance de la economía española en el año 2011 muestra un PIB del entorno del 1%, estaremos ante un claro problema de fracaso económico. Si, por el contrario, el país toma carrera y empieza a crecer a ritmos próximos al 3% o incluso el 4%, que son los que había cuando Zapatero inició la actual legislatura, sus posibilidades electorales serán manifiestamente mayores. Hoy por hoy, y visto lo que se ha hecho, más bien poco y de escasa calidad, la primera de las hipótesis (es decir, una salida lenta de la crisis, que se prolongará durante varios años) es la más plausible. Mucho tendría que cambiar la política económica para dotar a la economía española de los rasgos de vitalidad que permitieron su expansión en los años anteriores. En los últimos días, varios organismos internacionales y alguna de las agencias de calificación de riesgos (Moody’s, la última) nos han invitado a una actitud de mayor beligerancia a la hora de coger el toro por los cuernos, por decirlo de forma castiza. Es una invitación que habría que tomar en consideración, incluso si la fiesta nacional no pasa por sus mejores momentos en cuestión de aceptación política.

Una de las consecuencias de la crisis financiera que estamos superando a estas alturas, cuando ha transcurrido más de un año de la quiebra de Lehman Brothers, es la generalización de la idea de que un banco nunca puede quebrar: siempre habrá un Estado dispuesto a sacar las castañas del fuego. Curiosamente, esta doctrina empezó a incubarse en los días previos a la quiebra del banco de inversión estadounidense. Todavía a estas alturas se sigue discutiendo si estuvieron acertados la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense dejando caer al poderoso banco de inversión. Al final se le dejó caer pero el pánico potencial que se adueñó de los dirigentes financieros llevó a extender su manto protector por todo el sistema, sin distinguir entre buenos y malos.

La consecuencia es que la crisis subsiguiente ha puesto de relieve muchos rotos en el sector, pero mucha indulgencia con los bancos ineficientes. Y de paso también con los que han hecho trampas por el camino. Hay una sensación generalizada de que la crisis financiera ya se ha superado, pero también hay gente ilustre que cree que se ha desaprovechado la ocasión para poner los cimientos de un sistema mejor vacunado ante la incompetencia y las males artes de algunos profesionales del sector financiero, que siguen operando con el mismo grado de impunidad que hace dos años, aunque de momento guarden las formas.

Pocos considerarían a estas alturas que en cualquier país desarrollado no sobran una buena porción de bancos y entidades financieras, cuya supervivencia está justificada sólo por el hecho de que el Estado benefactor ha extendido una amplia cobertura de seguridad sobre todo el sistema. En una situación de competencia salvaje y escasos miramientos por los temidos efectos en cadena que pueda provocar una crisis financiera, en estos momentos bien podría desaparecer una tercera parte de las instituciones financieras de los países desarrollados, incluida España. No hay más que escuchar, en nuestro caso, esas previsiones que hablan del proceso de fusiones bancarias que necesita el país y que en estos momentos se está centrando de modo casi exclusivo en las cajas de ahorros. A pesar de lo sano que parecía el sector financiero español, lo cierto es que estamos asistiendo a una limpieza del sector que puede acabar por borrar del mapa a un tercio de las entidades existentes en la actualidad, limpieza de la que no se van a librar los bancos privados.

Pero los problemas que causaron la crisis de Lehman Brothers tienen, sin embargo, poco que ver con la situación específica del mercado español, en el que simplemente ocurre algo que ya se había experimentado tiempos atrás pero que en esta crisis ha adquirido dimensiones muy superiores: una crisis económica genera tasas altas de morosidad a las que hay que hacer frente con un adecuado nivel de capital y reservas. Inevitablemente, unos las tienen pero otros carecen de ellas en la medida suficiente.

Algo de esto, y también se supone que algunos de los problemas que salieron a relucir con ocasión de las conductas de los banqueros de inversión en los últimos años así como de los gestores de algunos fondos de inversión fuertemente apalancados (que, en todo caso, gozaron de la complicidad de los bancos que los financiaron), está tratando ahora de sacar adelante la autoridad financiera mundial, que se reúne en torno al Banco Internacional de Pagos de Basilea.

Este jueves, el llamado Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha emitido una primera declaración sobre las medidas que considera necesarias para fortalecer al sector financiero mundial (en concreto, los bancos de tipo global o que tienen capacidad para generar riesgos sistémicos, es decir, bancos grandes con capacidad de causar trastornos de ámbito amplio), medidas que se centran sobre todo en reforzar el capital y la liquidez para hacer que los bancos sean en el futuro más resistentes a las crisis. Ya se conoce la posición de los bancos españoles al respecto, algo escépticos en la idea de exigir más capital cuando el problema, a su juicio, está en reforzar la capacidad para medir los riesgos, que es lo que causó principalmente la crisis de la que estamos saliendo.

La aplicación de estas normas parece que se realizará en plazos inferiores a los previstos, de modo que para finales del año 2012 deberían estar listas las nuevas medidas. No es una buena noticia para la banca española, que podría pagar los platos rotos de un asunto que ni ha provocado ni en el cual ha participado activamente. Pero la factura la van a pagar también los clientes de los bancos, que se verán privado de las facilidades existentes antes de acceso al crédito, lo que, por esa manía indiscriminada de tratar a todos por igual, perjudicará no sólo a los malos sino también a los buenos.

El presidente de la patronal CEOE no atraviesa un buen momento. Hace ya algunos días que sus conocidas dificultades empresariales le estaban poniendo en una difícil tesitura, ya que casa mal ostentar la máxima representación de la patronal, la organización que agrupa a los empresarios del país, y aparecer un día sí y otro también en los carteles de los trabajadores que se manifiestan allí donde sus proclamas son más visibles reclamando los salarios atrasados de la empresa para la que trabajan, propiedad de Díaz Ferrán y algún otro socio. No cabe duda de que para la posición negociadora de la patronal, en los diversos frentes que tiene abiertos, la débil posición pública de su presidente tiene que resultar algo embarazosa, por decirlo suavemente.

Este miércoles, el presidente de los patronos ha presentado su dimisión. Y la veintena de vicepresidentes, todos a una (sólo faltó el díscolo Bárcenas, nada que ver con el tesorero desaparecido de escena del PP), han salido en su apoyo. Les honra pero quizás deberían todos ellos pensarlo algo mejor porque es un hecho que la posición empresarial en la actual negociación institucional está en una situación sumamente débil.

Estas cosas no pasaban con José María Cuevas, el presidente de los empresarios que más ha durado en el cargo a pesar de no ser empresario. Era un buen directivo asalariado de una empresa papelera que acabó siendo secretario general de la patronal cuando se fundó y la presidía un empresario-empresario, Carlos Ferrer Salat, que apenas hacía poco más que salir en las fotos. Naturalmente, cuando se acabó el mandato de Ferrer Salat, Cuevas tomó las riendas de forma oficial. Nunca las había dejado, pero tras la marcha del empresario presidente se quedó al mando de todo. El mandato de Cuevas ha durado hasta hace cuatro días. Se retiró voluntariamente y tras él ha quedado un inmenso vacío, no sólo en la representación empresarial, que también, sino en el entramado institucional de la economía española, ese que forman los líderes sindicales y el jefe de los empresarios, con ocasionales y fugaces apariciones en escena del Gobierno de turno. Cuevas creó un modelo, pero cuando se fue se lo llevó puesto. Desde entonces, ya nada ha sido igual ni en la CEOE ni en los pactos ni en el denominado diálogo social…

Lo cierto es que desde que Cuevas no está en la brecha la economía española se ha hecho un poco más inmanejable. El trío que conforman sindicatos-Gobierno-CEOE no funciona. El Gobierno aparece demasiado supeditado al dictado sindical, en una especie de sumisa tutela mitad ideológica, mitad electoral. También tiene algo de querencia histórica, ya que cuando el Gobierno es, como ahora, socialista, políticos gobernantes y líderes sindicales tienen el mismo carnet, de modo que no son dos patas de un trío sino dos expresiones de un mismo poder, lo que deja el diálogo tripartito en diálogo a dúo; uno de ellos, además, el empresarial, muy descompensado en la actualidad: precaria situación de su líder, crisis económica que ha debilitado considerablemente la solidez de las posiciones empresariales y posición claramente minoritaria en la refriega, porque el Gobierno no es árbitro sino parte beligerante. Es más, en algunos momentos ha sido la parte más beligerante. Los empresarios no sólo tienen que jugar en campo contrario sino que padecen un arbitraje descaradamente casero.

Suponiendo (y es legítimo suponerlo) que las proposiciones empresariales en el diálogo social tengan algo de utilidad y provecho, está claro que en estas circunstancias sus posibilidades de prosperar son bastante escasas. La aplastante mayoría que conforman Gobierno y sindicatos deja escaso margen para elaborar un acuerdo en el que las propuestas empresariales tengan la más mínima posibilidad de hacer acto de presencia. Se comprende, pues, la reticencia de Díaz Ferrán a firmar lo que le proponían el pasado verano, rechazo que posiblemente está en la base de sus actuales dificultades empresariales.

A pesar de ello, hay que reconocer que Díaz Ferrán se está batiendo con indudable pundonor, ha sudado la camiseta como el mejor meritorio y, sin llegar a ser una segunda versión de Cuevas, hay que reconocer que cuando optó al cargo nadie fue capaz de presentar más entusiasmo por la causa que él. Eso no quita para que se pueda afirmar que su papel como interlocutor del Gobierno y de los sindicatos, es decir, frente al “pensamiento único” que ambas partes conforman, esté siendo bastante meritorio. Pero de ahí a esperar que el sector empresarial se sienta cómodo con los resultados que salgan de un hipotético pacto habrá, casi con seguridad, un abismo.

Las agencias de calificación de riesgos, tan denostadas por su monumental despiste con ocasión de la quiebra de Lehman Brothers, que no diagnosticaron en absoluto ya que consideraban al banco de inversión un auténtico laureado cargado de virtudes, se muestran estos días muy activas. Han pasado por el purgatorio de la crítica generalizada y reviven de sus cenizas. Estos días -este martes, en particular- han hecho acto de presencia con numerosos diagnósticos de países y de sectores, también de algunas compañías. Dispuestas a que no les pillen por exceso de condescendencia con sus analizados, en las últimas semanas han redoblado su cariz más ácido, sus enfoques más críticos. Hay un dicho que afirma que tan malo es pasarse como no llegar. Parece que hace dos años pecaban por no llegar. Ahora quizás estén pecando por lo contrario. ¿Se están pasando?

Standard & Poor’s, Moodys y Fitch, las tres principales, han salido con el prestigio dañado en su imagen de solvencia. Solvencia analítica se entiende. No diagnosticaron bastantes cosas rasas de las que sucedían en la economía explosiva de los años pasados, sobre todo cuando el mundo global estaba en el cenit de la felicidad, allá por el año 2006 e incluso 2007. Era la apoteosis del capitalismo y del sistema. Está claro que se ha producido una masiva y rotunda recogida de velas, aunque no todos con el grado de sinceridad que hubiera sido recomendable.

Las agencias de calificación no han sido objeto de regulación alguna a pesar de los flagrantes tropiezos. Se han reclamado desde muchos rincones la puesta en práctica de normas de conducta menos permisivas y el establecimiento de tribunales que examinen al examinador, ya que en caso contrario puede surgir una especie nepotismo intelectual, en la que los informes de solvencia de las firmas o países analizados se deslicen con facilidad por la senda de la vista gorda, del favoritismo o de la miopía intencionada. Lo que estaba claro hace dos años o más es que las agencias de calificación gozaban de gran prestigio en sus análisis y eran obedecidas por los mercados casi a pies juntillas. Sus clamorosos errores de apreciación en la crisis de Lehman y de algunas otras peripecias anejas parecen no haberles restado un ápice de influencia en los mercados. Un análisis levemente crítico sigue produciendo sonrojo a quien lo recibe y un auténtico problema en la apreciación pública, lo que se traduce en problemas de mercado.

Que se lo pregunten a Grecia por lo sucedido días pasados. Que se lo preguntan también a las autoridades españolas, que han tenido que desplegar sus argumentos persuasivos para desmontar las últimas críticas vertidas por el reciente análisis de S&P sobre la deuda española. Que se lo pregunten también a los ingleses, sometidos estos días al severo juicio público que provoca la escasa eficacia de su primer ministro Brown, que está conduciendo a la economía del país a una difícil situación, Que se lo preguntan también a México, que este mismo martes ha recibido su correspondiente varapalo por no hacer bien las cosas en política económica y presentar, por ello, un futuro incierto para salir de la recesión. Todos estos clientes de las agencias de calificación han recibido sendas reprimendas, aunque es evidente que meter en el mismo cajón a los cuatro sería un atentado contra el buen gusto y desde luego contra el rigor económico.

Las agencias de calificación de riesgos están, por tanto, en plenas facultades, en pleno uso de su capacidad de influir en el mercado. Nadie les ha restado un ápice de su poder. Su principal enemigo fueron ellas mismas, cuando llenaron de galardones a bancos de inversión que estaban más allá de la quiebra. Nadie les ha pasado factura por tantos errores. Es más, siguen administrando con eficacia y éxito de audiencia las calificaciones más diversas a Estados soberanos o a emisores de diversa índole. Hay una cierta sensación de que la recuperación de su prestigio les está llevando a ser un poco más severos en sus apreciaciones ante el riesgo de equivocarse de nuevo. En la búsqueda de un punto de equilibrio entre el alarmismo y la condescendencia, sus últimos dictámenes pueden cometer algún que otro agravio. De momento, los mercados les otorgan credibilidad y actúan al compás de sus dictámenes, como hemos podido comprobar estos días. Aunque no estén en su mejor momento, siempre queda la duda de si esta vez acertarán de verdad metiendo el miedo en el cuerpo a varios países cuyas cuentas públicas han entrado en una deriva peligrosa.

Leyendo sin acritud las reacciones de los diversos estamentos políticos (los económicos permanecen prácticamente mudos) al reciente diagnóstico de la agencia Standard & Poors sobre la economía española, se puede llegar sin esfuerzo a la convicción de que la publicación de este informe ha servido realmente para poco. Al menos, si lo que se podría esperar era un cierto propósito de enmienda y corregir algunos de los defectos detectados: escasa agresividad de la política económica para corregir el imparable aumento del déficit, falta de una actitud de consenso político amplio para elaborar una respuesta unitaria a la crisis, escasa predisposición a llevar a cabo las reformas de tipo estructural que a estas alturas ya casi nadie discute…

Que el Gobierno actual, y su presidente en particular, carecen de sentido o capacidad de autocrítica, es una sensación que se renueva a diario. Al Gobierno le han llovido admoniciones y consejos desde todos los ángulos, por supuesto muchos interiores. Pero, sobre todo, de organismos internacionales, que han elaborado en los dos últimos años extensos informes.

El de S&P de esta semana no tiene especial relevancia, más que si valoramos el hecho de que una agencia de calificación de riesgos de ámbito internacional cuenta con un cierto prestigio y autoridad a la hora de dictaminar la calidad de los bonos que emiten los Estados. Esto significa que las opiniones de una agencia de este tipo, plasmadas en una calificación, como si se tratase de un maestro de escuela con sus alumnos, pueden tener un impacto directo en la actitud de los inversores y por ello en los costes de financiación de un país, como ha empezado a suceder precisamente este jueves, con la última emisión de Deuda Pública, Obligaciones a 10 años, que como se temía han debido interrumpir su secuencia bajista y, por el contrario, elevar el tipo de interés para poder captar dinero del mercado. Por fortuna ha sido una subida leve, aunque en las anteriores subastas el Tesoro se estaba beneficiando de lo contrario, de recortes en los tipos de colocación de la Deuda Pública.

Pero el diagnóstico de los analistas de S&P, negativo por supuesto, es uno más de los muchos que se han prodigado en los últimos meses. Con la particularidad de que todos ellos llevaban la firma de organismos internacionales multilaterales, es decir, con mayor peso político que el que pueda tener S&P. Tanto el FMI como la OCDE y la propia Comisión Europea, en donde el responsable máximo de los dictámenes económicos de los Estados miembros es un español y militante del PSOE para más señas (Joaquín Almunia), han dedicado horas y horas al análisis de la situación económica española y a la elaboración de consejos al Gobierno español, que de momento han caído en saco roto.

De formas tardía y poco entusiasta, el Gobierno ha empezado a reconocer que hay que reformar el mercado laboral y las pensiones. Con frases como la de que hay que “fortalecer a las empresas sin debilitar a los trabajadores”, síntesis de ese pensamiento tan arraigado y nocivo que pervive en una parte de la clase dirigente española, que aún sigue viendo que los intereses de las empresas y de sus trabajadores son antitéticos por definición, cabe esperar lo peor. Es decir, cambiar cosas a regañadientes para que todo siga igual o casi. Lo de la reforma de las pensiones siempre ha sido sistemáticamente negado como necesidad, aunque ahora Zapatero lo esgrime como uno de los factores que van a guiar su actuación política y económica en los próximos meses.

La lectura del Informe Económico del Presidente del Gobierno este jueves ha sido, por todo ello, un motivo más de decepción, sobre todo cuando el argumento central que ha esgrimido, incluso con orgullo, su autor haya sido el de que se ha impedido un mayor aumento del paro gracias a los 11.000 millones de dinero público inyectados en la economía. Extrapolando los argumentos, España podría haber gastado diez o veinte veces más dinero público, de espaldas a la competitividad, y estaría ahora con pleno empleo, como en tiempos de Franco. Decepciona que Zapatero, seis años después de haber llegado al poder, siga profesando un infantilismo tan trasnochado como ineficaz para afrontar los problemas económicos del país. En el limbo en el que mora el presidente del Gobierno no entran las ideas frescas del exterior, las recomendaciones de los organismos internacionales ni la simple influencia de los compañeros de viaje de la Unión Europea que ya han empezado a salir de la crisis tras aplicar medidas que son de sobra conocidas por todos y que se dan de bruces con el inmovilismo y la falta de perspectiva de los dirigentes económicos y políticos españoles. Con actitudes de este tipo, asusta pensar lo que puede ser el papel de España como país y de Zapatero como máximo representante en su calidad de responsable de la presidencia de turno de la Unión Europea, en el próximo primer semestre del año 2010.

La carga de trabajo de las agencias de calificación de riesgos no cesa de aumentar, aunque esta vez a costa de España, lo que es más preocupante. Si Fitch rebajó el escalón de calidad de la deuda de Grecia a principios de esta semana, este miércoles España ha quedado expuesta al diagnóstico crítico de Standard & Poors, que no ha recortado la calificación española (la mantiene en una zona bastante alta) pero ha expresado sus dudas de que no vaya a hacerlo en un próximo futuro, es decir, ha recortado eso que los calificadores llaman la “perspectiva” de la economía española, considerándola ahora “negativa” en contra de su anterior consideración de “estable”.

Los analistas de esta compañía de análisis han esgrimido una serie de argumentos que merecería la pena valorar por parte de las autoridades españolas. Critican la falta de “agresividad” de la política económica a la hora de desarrollar una política de crecimiento más solvente y de recortar el déficit público. Consideran que el déficit español empieza a estar algo elevado, aunque les interesa sobre todo destacar que está creciendo muy deprisa y que alcanzará límites peligrosos si no se adoptan medidas urgentes y eficaces. Una tercera consideración que cabe extraer del análisis de S&P sobre España es la de que el Gobierno está siendo lento a la hora de aplicar reformas económicas adecuadas a la situación, ya que el endeudamiento del sector privado es muy elevado y constituye un lastre para salir de la crisis. Además, la inexistencia de una reforma adecuada del mercado laboral, cuya necesidad proclama prácticamente todo el mundo, dificultará aún más la salida de la crisis. Un cuarto planteamiento que formulan los analistas de la agencia de calificación es la conveniencia de organizar una política económica de amplio consenso nacional, algo que brilla por su ausencia y de lo que nos alejamos cada día un poco más, a la vista de espectáculos como el debate presupuestario y otros muchos, debido a que el Gobierno se empeña en colocar al partido conservador extramuros del sistema.

Leyendo con detenimiento las argumentaciones de la agencia, se podría decir incluso que la inexistencia de un pacto político de amplio espectro, que por supuesto incluya al PP, es condición inexcusable para que España mantenga su actual calificación. O, dicho de otra forma, si no hay un pacto político que conduzca a una salida pactada y más eficaz de la crisis económica, S&P rebajará la calificación de la deuda española en un futuro bastante inmediato. Desde luego, no esperará a dos años para hacerlo. Semejante ultimátum político, que quizás se puede deducir sin forzar mucho la interpretación de los argumentos que aporta la agencia de calificación, resulta bastante insólito. Hará bien Zapatero en tomar nota de algunos de los consejos de los expertos de esta firma, no tanto porque aporten novedades (apuntan en la misma línea que la inmensa mayoría de los expertos, a los que tampoco se les hace ningún caso) sino porque en este caso concreto la pérdida de consideración de España como país con buen gobierno económico acarreará un aumento del coste de la financiación. Y eso son palabras mayores.

La consecuencia inmediata de la puesta en perspectiva negativa de la deuda española va a ser objeto de una inmediata comprobación. Hoy jueves, el Tesoro sale a la calle con una emisión de Obligaciones a 10 años. Este miércoles, el Tesoro Público ha anunciado que espera una suscripción de 2.000 millones de euros y que el importe máximo al que aspira es de 3.000 millones. Quizás no haya dificultades a la hora de cubrir los objetivos cuantitativos, aunque la cuestión está en el precio que habrá de pagar por suscribir esta nueva deuda a 10 años. La última subasta pagó el equivalente a un 3,88% de interés. Si este jueves sale del atolladero con una emisión a precio más bajo se podrá decir que ha superado bien el desafío en el corto plazo en la misma medida en que un aumento del tipo de interés significará una rendición ante las posiciones más exigentes del mercado, aunque el impacto negativo se irá dejando sentir en los meses próximos.

El mercado de emisiones de deuda se está complicando a marchas forzadas debido a las elevadas emisiones de títulos que realizan los Estados, ya endeudados hasta las cejas y con elevados déficits públicos. Hay quienes dicen que puede haber un colapso en este mercado, en el que algunos países como Estados Unidos, Alemania y Japón tienen en principio asegurada la preferencia y los demás nos tenemos que repartir el resto. El año próximo promete ser durísimo para todo el mundo, pero en especial para los países que tengan calificaciones bajas o a la baja, como es este último caso, el de España.

Las agencias de calificación, tan denostadas por sus despistes en las vísperas de la reciente crisis financiera, viven bajo presión estos días y se les acumula el trabajo. Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch, las tres grandes del sector, tienen más trabajo que nunca. Su credibilidad se ha visto muy mermada como consecuencia de la falta de perspicacia para detectar la crisis financiera del año 2007, pero han reaccionado y parece que ahora están tratando de ponerse por delante de los acontecimientos, es decir, a la inversa de lo que habían hecho durante largo tiempo, aunque la economía de los principales países desarrollados y por tanto de sus clientes de calificación era entonces boyante, en contraste con la actual, en plena recesión o con algunos privilegiados saliendo de ella.

En los últimos días, los dictámenes negativos de las agencias de calificación han visto varios frentes abiertos, uno de ellos el de Dubái, en donde varios bancos se han quedado en situación próxima a la insolvencia, además de algunas agencias estatales. Las altas cifras de endeudamiento a que han llegado algunas empresas privadas son sólo una parte del problema. Los percances más serios pueden empezar a centrarse en Estados soberanos debido a los ingentes esfuerzos que han realizado para paliar las consecuencias de las crisis. El dinero público ha hecho acto de presencia de forma masiva en los dos últimos años, ya que las economías han visto cómo se reducían sus fuentes de ingresos (la recaudación fiscal) y cómo aumentaban de forma espectacular los gastos para tratar de insuflar apoyo financiero a la actividad económica, apoyo a las entidades financieras y bancarias y, finalmente, ayuda a los sectores sociales más castigados por el desempleo. Tantos frentes abiertos han desbordado la capacidad de las finanzas públicas, lo que en algunos países está alcanzando niveles insoportables.

Una de las tres grandes agencias, Fitch acaba de calificar la deuda de Grecia a la baja, recortándose su nivel de consideración, camino de lo que se denomina los “bonos basura”, calificativo reservado para los emisores de títulos en los mercados que tienen pocas virtudes y muchas dificultades para hacer frente a sus compromisos de pago. Grecia está lejos aún de ese escalón pero camina hacia él a pasos agigantados, con recorte de dos niveles en apenas tres meses. Otra agencia, S&P, ha reducido también la valoración de Grecia como emisor de deuda. A pesar de la pérdida de credibilidad de las agencias, sus dictámenes están revelando problemas que ya son bastante conocidos, lo que significa que estos emisores, incluso algunos Estados, van a tener serios problemas en el futuro inmediato para financiar su existencia. Las consecuencias de una rebaja en la calificación suelen ser de dos tipos: mayores dificultades para emitir bonos y costes de emisión más elevados, o sea, tipos de interés más altos, incluso en la actual etapa de moderación monetaria. Ni qué decir tiene que si el Banco Central Europeo (BCE) empieza a subir tipos de interés a mediados del año 2010, como generalmente se estima, los problemas de los países con baja calificación crediticia se agudizarán.

Junto con Islandia e Irlanda, Grecia forma el trío de países europeos con mayores dificultades económicas para afrontar la presente crisis. Irlanda y Grecia son ambos miembros de la Unión Europea, de ahí que la nota que acaban de adjudicarle a Grecia tiene una importancia primordial. De nada le ha servido a este país el “paraguas” que le proporciona su pertenencia a la organización supranacional ni al euro. Las dificultades de Grecia empezaron cuando hace unos meses su Gobierno hubo de reconocer unas cifras de déficit público muy superiores a las iniciales que había suministrado el Gobierno conservador, derrocado por los socialistas este otoño. Las autoridades griegas no han hecho el más mínimo caso a Bruselas, según se vienen lamentando los colaboradores de Joaquín Almunia desde hace algún tiempo. Grecia puede alcanzar el año próximo un déficit público equivalente al 120% o incluso del 125% del PIB, según estimaciones de los expertos de la Comisión Europea, hecho insólito en las economías europeas desarrolladas y que pondrá en serio apuro la subsistencia de las finanzas públicas de un país que parece llamado a vivir de las ayudas más que de sus propias capacidades.

La situación griega quizás supere en grado y calidad a las de los demás países de la Unión Europea con problemas en sus finanzas públicas. En grado más tolerable aún, Portugal e Irlanda no parecen estar libres de toda sospecha, a tenor de los últimos dictámenes de las propias agencias y de la Comisión Europea. A renglón seguido, Gran Bretaña y España (el primero, no perteneciente a la Eurozona) pueden ser candidatos a experimentar algún tipo de perturbación. Para todos, la rebaja de la calificación de Grecia es un preocupante aviso.

Las estadísticas oficiales de la Comisión Europea correspondientes al tercer trimestre del año han dado cuenta este jueves de la triste realidad con la que tropieza a estas alturas la economía española, convertida en la única de las grandes economías de Europa que aún no ha sido capaz de salir de la recesión. Algunos portavoces oficiales se empeñaban este jueves en asegurar que el último trimestre del año será equilibrado, es decir, sin caída intertrimestral del PIB, lo que ciertamente no sirve de consuelo y, en el mejor de los casos, sólo para certificar que España sale de la crisis económica uno o dos trimestres después que el resto. Al fin y al cabo, como diría Zapatero, un trimestre antes o después, qué más da.

Que los ingleses nos acompañen en la desventura (país también gobernado en esta crisis por socialistas) no debería servirnos de consuelo, entre otras cosas porque Gran Bretaña se encuentra a bastante distancia de nosotros, por arriba naturalmente, en numerosas variables económicas, por mucho que Brown se empeñe en hundir a la economía de las islas en una de las etapas económicas más mediocres de su historia económica. Una de esas variables, detalle importante, es la tasa de paro, que es menos de la mitad de la española, de modo que en España hay más personas en paro, en cifras absolutas, que en los principales países europeos.

Las cifras oficiales de la Unión Europea certifican, de momento, que la economía española se encuentra en el fondo del ciclo económico y sus posibilidades de ofrecer tasas de variación algo menos negativas en el futuro sólo se explican por el hecho de que ya no es posible caer más abajo. Llegar a presentar como un éxito los posibles datos de estancamiento (es decir, variación nula, ni para adelante ni para atrás) de un trimestre como el cuarto del año, cuando llevamos cinco trimestres de caída más o menos acusada, es un triste consuelo, al que además nos ha costado una ingente cantidad de dinero llegar. Ese dinero es el que se refleja en las estadísticas de ejecución presupuestaria, o sea, la deuda asumida para que la devuelvan con intereses las generaciones futuras.

Esta crisis se estima que le costará a la economía española, de acuerdo con análisis medianamente fiables, en torno a un 30% del PIB, que es el coste acumulado en los cuatro años en los que la actividad económica se va a ver lastrada por el desfallecimiento económico iniciado a mediados del año 2008. Ese 30% es el que reflejará nuestra Deuda Pública en proporción al PIB al final del proceso.

Partimos de una posición envidiable en el año 2007, en torno al 40% de Deuda Pública sobre PIB, lo que nos situaba como un país envidiado en Europa. Cerramos el año 2008 ya en el 47% de Deuda sobre PIB. Ahora se estima que en el año 2011 estaremos en torno o por encima del 60% del PIB y quizás en el año 2012 (puesto que nos han dado de plazo hasta el ejercicio 2013 para plegar nuestro déficit anual hasta el 3% del PIB) estemos en el entorno del 65%. Esos son los 30 puntos de PIB en que España se ha endeudado o se endeudará a lo largo de esta crisis, lo que viene a traducirse, en cifras absolutas, en algo más de 300.000 millones de euros. Es decir, tres cuartas partes de lo que valen en Bolsa las 35 empresas del Ibex juntas.

El manejo de las cifras no ha sido una de las artes de este Gobierno y en particular de Zapatero, quizás el político español que más pavor le tiene a las estadísticas y a los datos. No es territorio en el que se mueva con soltura. Llama la atención la ausencia de cuantificaciones en la reciente intervención del presidente ante el Congreso para presentar la Economía Sostenible. Leído de principio a fin en sus 20 páginas, no se aprecia una sola cifra a la hora de fijar objetivos, ni un sólo compromiso cuantificado en ninguna de sus futuribles promesas. Hay muchos adjetivos pero pocos datos, por no decir que casi ninguno, ya que los que incluye se refieren a descripciones más bien discutibles de algunas realidades económicas. Y la economía sin datos, sobre todo de datos que entienda la gente común, se aleja aún mucho más del terreno de las realidades, al que a estas alturas cabría exigirle a Zapatero que se aproximara. No se le recuerdan a Zapatero cuantificaciones de sus promesas, acaso solamente una, aquella que formuló (¡en buena hora!) en la última campaña electoral cuando dijo aquello, tan olvidado pero no menos cierto, de que esta legislatura sería la del pleno empleo. Para una vez que le pone cifras a sus promesas políticas…

Antes de junio del año próximo, el Gobierno español tendrá que presentar en Bruselas su plan detallado para justificar ante las autoridades comunitarias que tiene la voluntad y ha adoptado las medidas adecuadas para llegar al año 2013 con un déficit anual del 3% del PIB. Para el mes de junio, Zapatero estará agotando sus últimas mieles como presidente de turno de la Unión Europea, aunque durante el primer semestre del año próximo se estrena la bicefalia de dos presidentes, uno de turno y otro permanente, elegido hace unas pocas fechas.

Parece lógico que el presidente que desempeñe la máxima representación de la UE sea un ejemplo a seguir por los demás socios de la Unión, por lo que la presidencia española llega en un momento más bien de exigencias que de disfrute. España no está en su mejor momento para afrontar esa tarea de liderar la Unión Europea, algo que no les sucedió a los dos antecesores de Zapatero. España ha dejado de ser un ejemplo de crecimiento económico en los últimos dos años y en este sentido ha perdido autoridad y capacidad de liderazgo. Incluso algunos observadores (ingleses, sobre todo) nos califican de forma poco amable como “el enfermo de Europa”.

Es, posiblemente, una exageración de los ingleses, que están empeñados en ocultar sus propios males cebándose en las críticas a sus vecinos y el preferido de sus maledicencias es España. Hace años nos incluían en el grupo de los PIGS (palabra poco amable en inglés, formada por las siglas de Portugal, Italia, Grecia y España, es decir, los desheredados de Europa). La evolución económica de estos países desde entonces para acá, sobre todo la española, ha sido espectacular, por lo buena, se entiende. Sólo a partir del año 2008 hemos empezado a entrar en barrena, como el resto de Europa. No ha sido casualidad que Morgan Stanley haya publicado estos días un tremendo informe, de impacto posiblemente demoledor a medio plazo, en el que aventura la posibilidad de que Reino Unido no pueda hacer frente al pago de su ingente deuda pública en los próximos años, más que a costa de elevar de forma inusitada los tipos de interés, lo que puede llevar a un difícil problema financiero y a una depreciación de la libra esterlina, de la cual por cierto los españoles seríamos una de las primeras víctimas, por aquello del turismo y de que los ingleses se encuentran entre nuestros más asiduos visitantes. El balance del Gobierno laborista de Brown ha sido, sobre todo en lo económico, uno de los más desastrosos que ha vivido este país en la historia reciente. El “enfermo de Europa” es un cartel que nos han colocado de forma posiblemente prematura y, en todo caso, hay en la Unión algún otro país (no sólo Gran Bretaña) que más que enfermo debería estar ingresado en la UVI.

El Gobierno español ha dicho que tiene margen más que suficiente para llegar con un déficit anual del 3% en el ejercicio del 2013, es decir, dentro de cuatro años. A España se le pide un esfuerzo anual de reducción del déficit de 1,5 puntos del PIB, es decir, que en los cuatro ejercicios que vienen el déficit debería ser reducido en unos 6 puntos del PIB. No sabemos bien cual es el punto de partida, ya que las previsiones de déficit público para el año 2009 varían según los autores. Algunos lo elevan hasta el 11% del PIB, lo que obligaría a un esfuerzo adicional de dos puntos más de reducción en los próximos ejercicios. Sean los que sean, la vicepresidenta Salgado ha dicho que el esfuerzo se hará y posiblemente tenga razón.

Para ello habrá que hacer algunos esfuerzos serios, unos en línea con lo anunciado (sin explicar cómo piensa conseguirlo) por Zapatero en el debate de este miércoles sobre la Economía Sostenible, los otros bastante más consistentes, casi todos en una dirección clara: meter en cintura y disciplinar al amplio sector público español, en el que la dispersión de responsabilidades ha llegado a extremos altamente peligrosos, ya que el gasto público se encuentra en España hasta tal punto disperso en manos de Autonomías y Ayuntamientos que resulta bastante aventurado asumir compromisos de control de los gastos cuando estamos en un país cuyo Gobierno se ha quedado muy mermado de competencias a la hora de gastar y de invertir el dinero público. La disciplina presupuestaria es una imposición de Bruselas, pero es sobre todo un ejercicio necesario de saneamiento que tendrá que corregir los impresionantes excesos del gasto que ha abordado el Gobierno de la nación para poner muletas a la economía y tratar de que no se hundiera demasiado en esta crisis. Y, además, esperar que la recuperación económica regenere en alguna medida el potencial recaudador del Estado, también muy mermado por la crisis económica.

El contenido de la famosa “economía sostenible” saldrá hoy a relucir por boca de su principal mentor, el presidente del Gobierno, con motivo de su esperada comparecencia. El cajón de sastre de esta nueva ley les recuerda a algunos a las famosas Leyes de Acompañamiento del Presupuesto, tan denostadas por Zapatero pero que parece haber dado marcha atrás para recuperarlas todas de golpe y en una sola pieza, aunque con más ínfulas. Con esa falta habitual de sentido del equilibrio con el que los españoles solemos abordar el análisis de los asuntos ajenos, y muchos de los propios, hay que reconocer que las primeras valoraciones que le han dedicado al asunto los analistas, en especial los que tienen un tinte político dominante, han sido decepcionantes. Será, sin embargo, a partir de la exposición detallada del anteproyecto de ley cuando podamos dar alguna opinión y valoración menos sesgada y con pretensiones de mayor ecuanimidad.

Hay, sin embargo, algunos motivos para la crítica que los propios autores del proyecto, empezando por la vicepresidenta del Gobierno, se han encargado de airear y de reconocer. Es llamativo que se confiese, de entrada, que las llamadas “grandes reformas” que requiere la economía no se aborden en este intento tan pomposamente justificado como un proyecto de cambiar eso que se llama el “modelo económico”, posiblemente otro concepto bastante vacío de contenido. Las reformas que la economía española necesita han sido suficientemente aireadas y manoseadas como para que a estas alturas no estemos en condiciones de admitir que la legislación laboral es uno de los ingredientes de ese alto grado de insatisfacción que suelen expresar los expertos y analistas económicos cuando hablan de nuestra arquitectura económica. El modelo de relaciones laborales no gusta en exceso y se le atribuye una influencia nefasta a la hora de permitir la creación de empleo y, particularmente, de empleo estable. Es más, se le considera una fuente de agravios para las jóvenes generaciones, un mecanismo de férrea protección de derechos adquiridos a costa de frenar la flexibilidad que toda economía moderna necesita. La ausencia de espíritu reformista en este capítulo de nuestra estructura económica es de meditar, ya que puede constituir un freno a la hora de resolver el principal problema económico, el de la insuficiente ocupación. En España hay demasiados parados y demasiados parados jóvenes, cuya inactividad laboral no tiene tanto que ver con las carencias educativas sino más bien con la falta de oportunidades. Sin un propósito decidido de remediar las carencias del sistema laboral español, la prédica sobre la economía sostenible no pasará de ser un brindis al sol y apenas una operación de marketing político.

Otras reformas que el anteproyecto de ley no abordar están en la mente de muchos. Algunas son de largo recorrido (la adaptación a la realidad demográfica y laboral del sistema de pensiones públicas, que al fin parece que se empieza a reconocer como asunto a resolver, aunque sea a medio plazo) y otras han reverdecido con la crisis financiera (reforma necesaria de las cajas de ahorros). Son dos cuestiones que, como la reforma laboral, hunden sus raíces en lo más profundo de la estructura económica de España. Ambas, quizás con tiempos distintos (el asunto de las cajas es, con mucho, bastante más urgente), requieren un trato especial e imprescindible.

Fuera de las carencias, el proyecto de Economía Sostenible ha deparado hasta la fecha algunas sintonías agradables y bastante hojarasca de ciclo corto que más bien parecen destinadas a contentar a algunas parroquias de feligreses. Parece que en el pulido final del anteproyecto de ley, algunas de esas pretensiones con carga más ideológica que pragmática y realista han ido perfilándose con mayor sensatez. Entre las cosas que suenen bien, que son bastantes, habría que reconocer al menos el esfuerzo por recuperar el asunto de las deducciones fiscales a la investigación y el desarrollo e innovación, tema que los Presupuestos del próximo año han dejado de lado pero que podría ser recuperado para el bien de la inversión empresarial.

También el intento de buscar una mejor eficacia para los incentivos a la compra de viviendas, centrando el asunto en niveles de renta más ajustados. Los incentivos a las obras de reforma son también parte de los aciertos de la nueva legislación por su potencial impacto en el empleo. También es de agradecer el nuevo enfoque que se le pretende dar al alquiler, una de las actividades más orilladas en todas las políticas de vivienda de los últimos años, aunque para que le felicidad sea completa sería de esperar que los derechos que regulan la propiedad de la vivienda sean objeto de un respeto efectivo en los tribunales para que la jurisprudencia de esta sector, no alimente el retraimiento de los inversores. En suma, hay rasgos positivos que sería necesario no sólo reconocer sino incluso estimular. La valoración de fondo, sin embargo, sigue arropando la gran pregunta que se hacen quienes esperan de verdad la puesta en marcha de una nueva etapa de crecimiento en la economía española: ¿no son más las carencias que las bondades de la nueva ley?