Reggio’s

ANÁLISIS

Sería posible en otras circunstancias desechar las noticias de Grecia y su deuda como la aburrida crónica de los mercados financieros. Pero hay mucho más. Lo que está sucediendo en Atenas ilustra dos problemas más generalizados que afectan a centenares de millones de personas en todas partes: el futuro del estado del bienestar y el destino de la moneda única europea. La relevancia de Grecia trasciende las altas finanzas.

Todas las sociedades avanzadas, incluido Estados Unidos, gozan de las ventajas del estado de bienestar. Aunque los detalles difieren, sus fines son similares: apoyar a los parados, los pobres, los discapacitados y los ancianos. Todos los estados del bienestar se enfrentan a problemas similares: su emergente coste a medida que las poblaciones envejecen; la excesiva dependencia de la financiación de la deuda y la presión por reducir el endeudamiento, lo que genera más tensión para reducir el gasto social. Deuda elevada y estado del bienestar son antónimos. Que la colisión despierte la agitación social y económica o no es una cuestión abierta.

Grecia es el primer acto de esta obra. Sus problemas presupuestarios ya han generado protestas callejeras. Según las cifras, la tesitura en la que se encuentra el país mediterráneo es delicada. Durante el ejercicio 2009, su deuda pública -básicamente suma de los déficit de los ejercicios anteriores- fue del 113% de su economía real (PIB), el déficit presupuestario era del 12,7% del PIB y los extranjeros son acreedores de los dos tercios de la deuda, según informa el Instituto de Finanzas Internacionales.

La crisis se originó a causa del temor a que Grecia no fuera capaz de refinanciar casi 17.000 millones de euros (alrededor de 23.000 millones de dólares) en deuda pública con vencimiento en abril y mayo de este año, según indica Jeffrey Anderson, del Instituto. Si los agentes de crédito se echaran atrás, el Estado griego quedaría en situación de descubierto y el incumplimiento de las obligaciones causaría pérdidas a los bancos y al resto de inversores. Por sí solo, esto no sería una calamidad, porque Grecia es un país pequeño (su población es de 11 millones de habitantes). Pero un descubierto griego podría socavar la confianza de los mercados en la capacidad del resto de países de la zona euro de extinguir su deuda. Los descubiertos en cadena amenazarían la recuperación económica mundial. Los países que se mencionan con mayor frecuencia son España, Portugal e Irlanda.

Cómo evitarlo es lo que los 16 países de la zona euro, con Francia y Alemania a la cabeza, debaten ahora. La adopción del euro por parte de Grecia ha contribuido a la crisis. Durante años se permitió que Grecia se endeudara a tipos de interés muy bajos, gracias a la premisa generalizada de que el bloque euro no permitiría que uno de sus miembros quedara en descubierto, por lo que sería rescatado por los demás. Estas expectativas constituyeron la garantía implícita de la deuda de Grecia y de otros países de la zona euro. Si Grecia no paga, la garantía se evapora y ello, eventualmente, provoca la huida de la deuda pública de otros países.

Pero en la práctica, el plan de rescate está resultando ser tremendamente polémico. Si se ayuda a Grecia, ¿no pedirán -o exigirán- los demás países el rescate? ¿Es esto posible, teniendo en cuenta que hasta Francia y Alemania tienen deudas considerables, y que el plan de rescate griego es especialmente impopular en Alemania? Una forma de acallar la polémica es que Grecia implante una dura austeridad que reduzca su endeudamiento. Atenas ya se ha comprometido a reducir el número de funcionarios y a aumentar los impuestos de las bebidas alcohólicas, el tabaco y los combustibles. Pero los demás países de la zona euro quieren más. Su dilema reside en que tanto abandonar como rescatar a Grecia es una apuesta de riesgo.

Para algunos economistas, la situación de Grecia es tan grave que el descubierto en la servidumbre de la deuda es inevitable, aunque sucederá dentro de unos años. La austeridad requerida sería demasiado rigurosa, según Desmond Lachman, del American Enterprise Institute. Grecia necesitaría recortes del gasto y subidas tributarias equivalentes al 10% del PIB, dice. La recesión galopante resultante agravaría el paro existente, cifrado ya en torno al 10%. «Ningún país en su sano juicio va a aceptar eso», dice Lachman. Grecia podría lograr un rescate temporal, pero en algún momento dejaría de poder pagar la servidumbre de la deuda y volvería a su antigua moneda: el dracma.

Concebido como instrumento para unir a Europa, el euro divide cada vez más. Nadie quiere a Grecia en descubierto, pero tampoco pagar el precio de la prevención. Lachman cree que con su propia moneda Grecia seguiría el camino de la depreciación para impulsar las exportaciones y la reactivación económica. Pero si otros países abandonan el euro, podrían estallar conflictos de cambio. La amenaza para el bloque euro proviene en última instancia de un estado del bienestar saturado. La situación de Grecia es muy difícil porque una baja tasa de natalidad y una población que envejece muy rápido ha elevado automáticamente el gasto público en la tercera edad, a la vez que el Gobierno intenta recortar su propio gasto. La viabilidad del estado del bienestar actual está en el aire.

Casi todos los países avanzados -Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Japón, Bélgica…- se enfrentan a una combinación de enorme déficit presupuestario, importante endeudamiento, una población que envejece y parálisis política. Es una mezcla inestable. Los déficit actuales pueden ayudar a la recuperación económica, pero su persistencia amenaza la prosperidad a largo plazo. Las mismas opciones desagradables a las que ahora se enfrenta Grecia aguardan a las naciones más ricas. Incluso si se actúa como si sucediera lo contrario.

Robert J. Samuelson es analista del diario The Washington Post.

© Mundinteractivos, S.A.

ANÁLISIS

A tenor de los últimos acontecimientos, es ya evidente que la elite política, empresarial y académica de Estados Unidos ha errado en sus estimaciones sobre China de forma fundamental, pues los conflictos se han multiplicado. Contemos: el devaluado renminbi y su efecto sobre el comercio; el fracaso de las negociaciones relativas al calentamiento global en Copenhague; el tibio apoyo de China a los esfuerzos por evitar que Irán logre fabricar la bomba; su trayectoria igualmente tibia a la hora de empujar a Corea del Norte a renunciar a su minúsculo arsenal atómico; la venta de armamento estadounidense a Taiwán o la amenaza de Google de abandonar el país asiático en lugar de tolerar la presente censura.

Estados Unidos y China ven el mundo en términos totalmente diferentes. La lección de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses es que el aislacionismo es contraproducente. Se intentó tras la Primera Guerra Mundial y fracasó. Estados Unidos no tuvo mas remedio que aventurarse al extranjero para proteger su economía y su integridad. Estas ideas centrales siguen constituyendo la piedra angular de las justificaciones de los compromisos militares en el extranjero y el ascenso de una economía mundial sin obstáculos. La aspiración es la estabilidad, no crear un imperio.

China también ambiciona la estabilidad. Pero su trayectoria y sus perspectivas son diferentes, como demuestra Martin Jacques en su magistral Cuando China gobierna el mundo. Partiendo de la primera Guerra del Opio (1839-42) -cuando Inglaterra insistió en la importación de opio de la India- el país sufrió una serie de derrotas militares y tratados humillantes que concedieron privilegios políticos y comerciales a Inglaterra y Francia, entre otras naciones. Durante el siglo XX, China fue cantonizada por la guerra civil y la invasión japonesa. No fue sino hasta el triunfo de los comunistas en la guerra civil, en 1949, que apareció un Gobierno nacional unificado. Estas experiencias dejaron huella: temor al desorden público y recuerdos vagos de explotación extranjera.

Desde 1978, la economía de China ha crecido aproximadamente a un ritmo del 10%. La suposición generalizada en América sostenía que a medida que China se enriqueciera, sus intereses y valores convergerían hacia los de Estados Unidos. El gigante asiático iba a ser cada vez más dependiente de una economía global próspera y los mercados nacionales más liberalizados iban a relajar el monopolio del Partido Comunista sobre el poder. Estados Unidos y China no siempre iban a coincidir en todo, pero los desencuentros serían superables.

Pero no está siendo así. Una China más rica se ha vuelto más asertiva, observa Jacques. El prestigio de Estados Unidos también ha sufrido por culpa de la crisis financiera, originada precisamente en EEUU. Pero las diferencias son más profundas: China no acepta la legitimidad o la conveniencia del orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, que descansa en la responsabilidad compartida entre las grandes potencias (lideradas por Estados Unidos) para con la estabilidad económica mundial y la paz.

Las políticas de China reflejan una noción diferente: China es la principal prioridad. A diferencia del movimiento aislacionista America First (América primero) de la década de los años 30, China First no significa desconexión del mundo. Lo que significa es participación según las condiciones dictadas por China. Ella acepta y apoya el orden existente siempre que éste sirva a sus fines, como cuando ingresó en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. De lo contrario, juega según su propio reglamento.

Su política comercial es explícitamente discriminatoria con el fin de abordar dos problemas cruciales: el excedente de mano de obra, y la escasez de productos de primera necesidad. El renminbi devaluado pretende ayudar a crear los 20 millones de puestos de trabajo o más que Jacques cita como imprescindibles cada año. China está recorriendo el mundo para realizar inversiones en materias primas, combustibles particularmente. El objeto de la «reforma económica», escribe Jacques, «nunca fue la occidentalización», sino «el deseo de restaurar el pedigrí del Partido (Comunista)».

La mayoría de los desencuentros chino-estadounidenses reflejan la resistencia de China a poner en peligro objetivos nacionales en interés de fines internacionales. No va a suscribir las reducciones vinculantes de gases de efecto invernadero ya que esto puede deprimir el crecimiento económico y (de nuevo) la creación de puestos de trabajo. En la cuestión de Irán, valora sus inversiones petroleras más de lo que teme a las cabezas nucleares iraníes. Asimismo, teme que la inestabilidad en Corea del Norte pueda empujar por la frontera a miles de refugiados. Debido a que Taiwán es reclamado como parte de China, las ventas de armamento estadounidense se convierten en una injerencia interna. Y la censura es necesaria para mantener el control monopartidista.

La visión del mundo que tiene China amenaza los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. Recientemente, 19 entidades comerciales estadounidenses remitieron un escrito a la administración Obama advirtiendo de que el nuevo reglamento chino de «innovación oriunda» puede excluir a «un amplio abanico de empresas estadounidenses» del mercado chino, u obligarlas a ceder tecnología avanzada. (Las empresas británicas están tan indignadas por el «proteccionismo abrumador» que algunas podrían abandonar China, según informa el Telegraph).

Sería una tragedia que estas dos superpotencias empezaran a calificarse de adversarios mutuamente. Pero esa es la tónica. Herederos de una tradición cultural de 2.000 años -y ciudadanos del país más grande del mundo- los chinos tienen un complejo de superioridad innato, escribe Jacques. También los estadounidenses tienen complejo de superioridad, pensando que nuestros valores -la fe en la libertad, el individualismo y la democracia- reflejan aspiraciones universales.

Los conflictos de mayor relieve y un choque de egos nacionales parecen inevitables. Ya no debemos cruzarnos pasivamente de brazos mientras las políticas comerciales y monetarias de China hacen peligrar el empleo aquí y en todas partes. Las diferencias políticas entre los países son cada vez más difíciles de ignorar. Sin embargo, dado el creciente poder de China -y el frágil estado de la economía mundial- una confrontación puede no hacer ningún bien a nadie. El error de cálculo nos conduce por oscuros derroteros.

Robert J. Samuelson es analista del diario The Washington Post.

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ANÁLISIS

Tenemos que aclarar lo sucedido. Se ha creado un consenso con alfileres en torno a la crisis financiera, en la que fuimos víctimas de agentes hipotecarios deshonestos, codiciosos banqueros y reguladores ineptos. El crédito fácil de la Reserva Federal probablemente agravó las cosas. Pero es cierto que el debate en torno a los flecos prosigue.

El gobernador de la Reserva Federal, Ben Bernanke, pronunció recientemente un discurso negando haber relajado demasiado el crédito, aunque admitió la relajación de la regulación bancaria. Una comisión constituida por el Congreso inició la vista sobre las causas de la crisis. Sin embargo, el consenso básico parece asentado y muy tranquilizador. Sugiere que si endurecemos la regulación, reprimimos la avaricia escandalosa y mejoramos las políticas de la Reserva, podemos evitar que algo así ocurra de nuevo.

Sólo hay un problema: el consenso está equivocado o, al menos, demasiado simplificado. Históricamente, lo que vivimos fue un ciclo económico de crecimiento y contracción. La prosperidad prolongada anuló el sentido de prudencia de la gente. En perspectiva, sabemos que inversores, agentes hipotecarios y banqueros participaron de un comportamiento imprudente que dio lugar al caos económico. Sabemos que los reguladores hicieron la vista gorda con prácticas que, en perspectiva, fueron ruinosas, antiéticas y en ocasiones delictivas. Sabemos que la Reserva mantuvo bajos los tipos de interés durante un largo periodo (el tipo de los préstamos de la Reserva a corto plazo descendió al 1% en junio de 2003). Pero la pregunta crucial es: ¿por qué? La codicia y la miopía no se inventaron de golpe hace siete u ocho años, pues son facetas de la naturaleza humana.

La respuesta es la siguiente: la especulación y la complacencia proliferaron por doquier porque la opinión generalizada decía que la economía y el sistema financiero se habían vuelto más sólidos. Durante un cuarto de siglo, de 1983 a 2007, Estados Unidos disfrutó de lo que fue posiblemente el periodo de mayor prosperidad de su historia. Un crecimiento provocado por la conquista de la inflación elevada, que había desestabilizado la economía desde finales de 1960.

De 1970 a 1984 la inflación descendió acusadamente, de rozar el 13% hasta el 4%. En 2001, fue del 1,6%. A medida que la inflación descendía, los tipos de interés seguían la tendencia -aunque la relación es difusa- y a medida que los tipos bajaban, la Bolsa y los precios de la vivienda se disparaban. De 1980 a 2000, el valor de los títulos y las carteras de inversión de los hogares se elevó desde alrededor de un billón de dólares hasta casi 11 billones. El precio medio de la vivienda construida se elevó de los 62.200 dólares de 1980 a los 143.600 dólares de 2000; en 2006 fue de 221.900 dólares.

Al sentirse más ricos a causa del precio de la vivienda y las carteras de inversión, muchos estadounidenses dejaron de ahorrar o se endeudaron más. La tasa de ahorro personal se redujo del 10% de la renta tras las retenciones de 1980 hasta cerca del 2% unos 20 años después. El incremento paralelo en el consumo, la construcción y la recalificación impulsaron la economía y se creó empleo, 36 millones de puestos de trabajo de 1983 a 2001. Sólo hubo dos recesiones en estos años, ambas leves históricamente: la de 1990-91 y la de 2001. El dato del paro alcanzó su apogeo a mediados de 1992 cuando alcanzó la cifra del 7,8%.

El triunfo duramente ganado sobre la inflación de dos dígitos de los primeros años 80, diseñado por el entonces gobernador de la Fed, Paul Volcker, y respaldado por el presidente electo Ronald Reagan, se considera uno de los grandes logros de la política económica desde la II Guerra Mundial. La tentación reside en retratarlo como un agradable cuento con moraleja.

Las teorías económicas que condujeron a una inflación más elevada fueron malas; las teorías que moderaron la inflación elevada fueron buenas. Las ideas superiores desplazaron a las inferiores, y la recompensa fue el aumento de la prosperidad y la estabilidad económica de la década de los 80 y las posteriores. Pero eso, lamentablemente, es sólo la mitad de la historia.

El éxito también sembró las semillas del desastre mediante la creación de expectativas y comportamientos autodestructivos. Los importantes beneficios ingresados durante estas décadas, tanto por inversores profesionales como aficionados, indujeron a muchos a creer en la bondad inherente de los mercados financieros. A pesar de que periódicamente pueden incurrir en el exceso, finalmente se corrigen por sí solos sin grandes daños colaterales. La mayor estabilidad de la economía real -en contraste, se habían producido cuatro recesiones de gravedad creciente desde finales de los 60 hasta principios de los 80- hizo de cebo. La Reserva hizo de burladero: bajo Alan Greenspan, fue agasajada por evitar recesiones acusadas tras la crisis bursátil de 1987 y el estallido de la burbuja tecnológica en 2000. Gestores de fondos, reguladores, economistas y opinión pública en general, sucumbieron a estas creencias seductoras.

La locura del mercado hipotecario de riesgo al principio del nuevo siglo puede parecer una locura ahora, pero tuvo su lógica. El precio de la vivienda iba a seguir subiendo porque llevaba dos décadas haciéndolo de forma constante. Los consumidores podían endeudarse y gastar más porque su riqueza estaba en constante crecimiento y no estaba amenazada por la recesión. Eso es lo que justificó la relajación de los requisitos de préstamo. Del mismo modo, los bancos de inversión podían asumir una mayor capacidad especulativa con más endeudamiento. Los propietarios de viviendas con pobres antecedentes de crédito podían refinanciar préstamos en condiciones más favorables a dos o tres años porque el valor de sus casas se había incrementado. Si los prestatarios estaban en situación de mora, los acreedores podían recuperar su dinero porque las casas que respaldaban la deuda valían más.

La paradoja es que, pensando que el mundo era menos peligroso, la gente tomó medidas que lo hicieron más arriesgado. Los placeres de la prosperidad resultaron ser contraproducentes. Alimentaron el descuido y la complacencia. Si la regulación era laxa, el principal motivo fue que los reguladores -como los agentes de crédito, los inversores y los prestatarios a los que regulaban- compartían la opinión generalizada. Los mercados parecían estar funcionando. ¿Por qué intervenir? Ésa fue la lección de la experiencia, no una devoción abstracta a la teoría de los mercados eficientes, como se discute ahora cada vez más. La euforia, o algo cercano a ella, se consideró realismo.

Si no aclaramos la verdadera historia de la crisis, puede que nos decepcione la secuela. La explicación del crecimiento-contracción no absuelve la avaricia, la falta de visión o las políticas gubernamentales equivocadas. Pero sí ayuda a explicarlas. No significa que no podamos -o que no debamos- adoptar medidas para frenar la adopción de riesgos peligrosos.

Algunas de las propuestas de reforma financiera de la Administración Obama tienen sentido. Elevar el importe del aval protege a los bancos de las pérdidas; la capacidad de controlar el cierre de grandes instituciones financieras puede evitar el caos del derrumbe de Lehman Brothers; desplazar el intercambio de muchos derivados (como la deuda canjeable) a mercados supervisados por el Gobierno crearía una mayor transparencia en los mercados financieros. Dado que en última instancia es el Gobierno el que responde por los mercados financieros, la regulación se justifica como límite al gasto de los contribuyentes y prevención de la inestabilidad económica catastrófica.

Pero no es ni posible -ni deseable- regular todo el riesgo al milímetro. Cada burbuja no es una depresión potencial. Las burbujas estallan y las pérdidas deben producirse para disuadir de la especulación y obligar a los inversores y los prestatarios a valorar el riesgo. La sobrerregulación del sector financiero puede desalentar la innovación útil y obstruir los canales de capital de los que depende una economía en expansión. Por último, el énfasis obsesivo en los errores de Wall Street también puede distraernos de otras posibles fuentes de crisis en el futuro, incluida la deuda y el endeudamiento público excesivo.

La lección más importante de la crisis reciente es aleccionadora. Las democracias modernas y avanzadas se esfuerzan por ofrecer tanta prosperidad a tantas personas como sea posible. Pertenecen al oficio de crear ciclos de crecimiento perpetuos. La contradicción cruel es que esta promesa en sí puede convertirse en una fuente de inestabilidad, porque cuanto más se alcanza, más personas empiezan a actuar de forma que, en última instancia, invitan a su destrucción. Los ciclos de crecimiento revisten a menudo efectos secundarios no deseados y desagradables. Hasta los efectos secundarios anticipados que terminan siendo inevitables -burbujas bursátiles, mercados laborales excesivamente rígidos- pueden ser difíciles de controlar porque son inicialmente populares y agradables.

La búsqueda de una prosperidad siempre creciente y mejor se arruina sola. Sería mejor tolerar recesiones y reveses financieros más frecuentes y leves en lugar de esforzarse por lograr la prosperidad sostenida que, aunque superficialmente más atractiva, es inalcanzable y termina en fracaso devastador. Ésa es la implicación central de la crisis, pero reviste difíciles cuestiones políticas y económicas que aún no se han planteado, y mucho menos respondido.

Robert J. Samuelson es analista de The Washington Post. Este ensayo es una adaptación de la edición de bolsillo de su libro La gran inflación y sus consecuencias: pasado y futuro de la riqueza estadounidense, publicado por Random House a finales de enero.

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TRIBUNA

Una pregunta insistente al arrancar una década nueva se refiere a los efectos duraderos de la anterior. ¿Qué cicatrices dejará la Gran Recesión? Ya estamos viendo algunos. Los estadounidenses se desplazan menos que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial, informa el demógrafo William Frey, de la Brookings Institution. La gente está muy atada a su vivienda porque, al no aprobarse nuevos préstamos, no puede comprar otra ni mudarse sin tener compromisos laborales previos, dice Frey. Sólo el 1,6 % de los estadounidenses se muda a otro Estado, la mitad del índice hace una década.

Con un mercado laboral en baja forma, los jóvenes también parecen más prudentes. Un nuevo estudio encargado por Fidelity Investments concluye que la cuarta parte de la población activa entre los 22 y los 33 años de edad quiere permanecer hasta la jubilación en su puesto actual: en 2008, la cifra era de sólo el 14%. John Irons, del progresista Instituto de Legislación Económica, teme que muchos estadounidenses jóvenes, careciendo del importe de la matrícula, aplacen o dejen de asistir a la universidad, reduciendo su poder adquisitivo a largo plazo.

Así que la cicatriz más desagradable de la Gran Recesión podría ser una era de frustración económica, caracterizada por un ritmo de crecimiento más lento y encarnizada competencia por los escasos recursos. Aturdidos por las cuantiosas pérdidas sufridas en la Bolsa y el mercado inmobiliario, los estadounidenses ahorran más y gastan menos. Las empresas sufren a consecuencia de una tenue demanda. La contratación sigue siendo lenta. Peor aún, la desaceleración coincide con el envejecimiento de la población, lo que podría agravar los efectos. En 2020, el número previsto de estadounidenses de 55 años o más alcanzará la cota de los 100 millones, un 29% de la población, frente a los 59 millones, o el 21%, de 2000.

«Los jóvenes tienden a ser más innovadores, a estar más dispuestos a asumir riesgos, más dispuestos a hacer las cosas de manera diferente», dice el economista de la Universidad de Stanford Paul Romer en una entrevista realizada para el libro De la pobreza a la prosperidad, de Arnold Kling y Nick Schulz . Como se ha señalado, la inestabilidad actual podría hacer a los jóvenes aún más remisos a asumir riesgos. La gente de edad madura o avanzada podría acaparar la jerarquía empresarial o las becas de investigación superior, como teme Romer. Una sociedad envejecida podría convertirse en una sociedad alérgica a correr riesgos, celosa del estatus quo y resistente al cambio.

En contraste con esta perspectiva pesimista, la refutación estándar evoca la historia. La economía norteamericana es increíblemente resistente, reza el argumento. Ha sido una fuente de empleo consistente: 21 millones en la década de los 70, 18 millones en la de los 80, 17 millones en la década de los 90, 12 millones durante esta década hasta 2007 (los avances más modestos reflejan una creación de empleo más lenta, no un menor dinamismo).

La cultura del todo es posible -la combinación de una ambición acusada con flexibilidad de adaptación y olfato para la innovación- garantiza que en última instancia, la economía se recuperará con vigor. La difícil recesión podría haber mejorado en la práctica las perspectivas a largo plazo purgando a las empresas de cuentas poco saneadas e imponiendo la eficacia. La productividad (producción por hora trabajada) ha aumentado un 4% durante el último año. Los beneficios registran ya un aumento del 21% con respecto a su mínimo; las empresas supervivientes pronto ampliarán plantilla.

¿Qué visión tendrá la razón? La respuesta puede depender de dos cosas: comercio y espíritu emprendedor. La mayoría de los economistas recomiendan una exportación más firme como sustitutivo de un consumo más débil. Por desgracia, eso depende en gran medida del crecimiento económico y las políticas comerciales exteriores. Por el contrario, el espíritu emprendedor es una cuestión más delicada que depende de lo que hagan los estadounidenses.

Si usted duda de su importancia, piense en esto: toda creación neta de empleo desde 1980 hasta 2005 provino de empresas de cinco años de edad o menos, según un estudio de los economistas John Haltiwanger, de la Universidad de Maryland, y Ron Jarmin y Javier Miranda, del Catastro. En un año cualquiera, puede no cumplirse; pero con el tiempo, las empresas maduras destruyen más empleo del que crean. «No son las empresas pequeñas las que cuentan, sino las jóvenes», dice el economista Robert Litan, de la Fundación Kauffman, que encargó el estudio.

Si los estadounidenses no siguen creando nuevas empresas -y no sólo nuevas tecnológicas como Facebook, sino constructoras, floristas, restaurantes, tintorerías, estudios de ingeniería- la economía puede languidecer. Abrir un negocio es un proceso arriesgado, agotador y caótico. Cada año, se registran alrededor de entre 500.000 a 600.000 partos de empresas nuevas, y casi la mitad de muertes. La mitad de las nuevas empresas no llegan al quinto año, dice Litan.

Algunos precursores del crecimiento no parecen prometedoras. En 2009, el capital aportado por empresas de inversión -los inversores de las empresas recién fundadas- a negocios que amplían capital por primera vez alcanzó un mínimo histórico desde que se empezara a realizar la estadística en 1995. Es cierto que las sociedades de inversión de capitales sustentan a una fracción muy modesta de las empresas nuevas, tecnológicas en su mayor parte. Pero el ángel inversor -los amigos y familiares de los empresarios que financian mucho más- también han sufrido grandes pérdidas en inversiones bursátiles e inmobiliarias. También ellos tienen menos para invertir.

Hay en esto una advertencia para la Administración Obama: las regulaciones complejas o los impuestos elevados pueden desalentar la creación de empresas y de empleo. En cuanto a cuestiones más genéricas, las respuestas pueden seguir siendo turbias años. ¿Nos ha hecho más prudentes la mezcla de trauma económico y años, o simplemente miedosos? ¿Habrá sobrevivido la resistencia económica o habrá dado paso a una sociedad que se resiste a los cambios?

Robert J. Samuelson es analista del diario The Washington Post.

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ANÁLISIS

Cuando Nouriel Roubini habla, el mundo escucha. Roubini es, por supuesto, el economista de la Universidad de Nueva York otrora anónimo, cuyas terribles advertencias de una crisis financiera demostraron ser tristemente proféticas. La semana pasada, Roubini estaba gritando. En el Financial Times, advertía de que la Reserva y los demás bancos centrales están alimentando una nueva burbuja de activos que -aunque no corre un peligro inmediato de estallar- lo hará algún día con desastrosas consecuencias.

Éste es el argumento de Roubini. La Reserva está manteniendo próximos a cero los tipos de interés a corto plazo. Inversores y especuladores compran dólares baratos a crédito y los utilizan para adquirir diversos activos (acciones, bonos, oro, petróleo, materias preciosas, divisas extranjeras). Los precios suben. Se pueden ganar enormes beneficios.

Pero esto no puede durar, advierte Roubini. La Reserva subirá los tipos de interés con el tiempo. O acontecimientos ajenos (un enfrentamiento con Irán, el temor a una recesión doble) van a cambiar la psicología del mercado. Entonces, los inversores se lanzan a retirar la inversión antes del plazo, y la liquidación provoca un batacazo. La bolsa, los precios de los bonos y los bienes de primera necesidad se desploman. Las pérdidas se acumulan, la confianza cae y la economía real se resiente.

«La Reserva y los demás administradores no parecen darse cuenta de la monstruosa burbuja que están creando», escribe Roubini. «Cuanto más tiempo sigan ciegos, más acusadamente se desplomarán los mercados». ¿No hemos visto esta película antes? Bueno, tal vez.

Como el valor de los inmuebles hace unos años, los precios de los activos han subido espectacularmente. Desde su mínimo del 9 de marzo, la bolsa estadounidense ha avanzado más de un 50%. El índice de valores de los 22 países, con mercados emergentes (que incluye a Brasil, China y la India), ha duplicado su valor desde su mínimo reciente. El barril del crudo, en torno a los 80 dólares, ha incrementado su valor un 150% con respecto a su mínimo reciente de 31 dólares. El oro roza máximos históricos en torno a los 1.090 dólares la onza. Mientras tanto, el dólar ha perdido terreno frente a las demás divisas. La mitad del pronóstico de Roubini parece verosímil.

Pero la otra mitad es menos convincente: que los precios, impulsados por préstamos baratos, han alcanzado niveles especulativos. Recuerde que la economía parecía estar en caída libre a principios de este año. Los aterrorizados consumidores y las cautas compañías acumulaban líquido, recortaban el gasto drásticamente y vendían títulos en mercados extranjeros a precios por debajo del mercado nacional. Desde entonces, los ánimos y los indicadores económicos han prosperado. Los precios superiores de los títulos y los bienes de primera necesidad se han recuperado casi por completo de las grandes pérdidas asumidas durante aquellos meses presas del pánico. Los precios de la actualidad están por lo general rozando los máximos anteriores. El máximo del crudo rozaba los 150 dólares el barril.

Del mismo modo, el S&P 500, alrededor de los 1.065 puntos, se ha dejado un tercio de su valor máximo alcanzado el 9 de octubre de 2007 (1.565,15 puntos) y ronda los niveles de la jornada electoral de 2008 (1.005,75 enteros). Comparando con los históricos de la relación precio/ingresos por acción -el cociente entre el precio de un título y su rentabilidad porcentual- estos niveles pueden justificarse, (BEG ITAL) siempre que la recuperación económica continúe (END ITAL). Con masivos expedientes de regulación, los gastos de las empresas se han reducido de manera acusada. «La esperanza es que cuando consumidores y empresas empiecen a gastar, las plusvalías desciendan rápidamente a mínimos (beneficios)», dice Howard Silverblatt, de S&P.

Tampoco está claro que las compras en dólares a crédito estén promoviendo la especulación. «En EEUU y Europa, los bancos están reduciendo sus préstamos», dice Hung Tran, economista del Instituto de Finanzas Internacionales, una organización dedicada al estudio de las instituciones financieras internacionales. «Se pueden ver fondos de cobertura con niveles de endeudamiento (dinero prestado) inferiores a los de 2007». Lo que sucedió realmente, dice, es que a medida que los inversores perdieron el miedo, desplazaron los fondos de la renta a otros mercados, elevando los precios. Cita el capital de salida este año de los fondos de inversión de capitales que supera los 300.000 millones de dólares.

De hecho, eso es lo que quiere la Reserva, argumenta Drew Matus, economista del Bank of America. Los bajos tipos en los mercados de divisas y las cuentas de compensación «intentan obligar a hacer algo [con el dinero]» gastarlo o invertirlo. Prevenir la depresión significa apuntalar el consumo y los mercados de activos.

Por tanto, sigue sin comprobarse la nueva burbuja de Roubini. Pero esto no invalida su advertencia. Hemos aprendido por las bravas que hay una delgada línea entre la promoción del crecimiento económico y el fomento de las burbujas. En perspectiva, las relajadas políticas de la Reserva contribuyeron tanto a la burbuja tecnológica de finales de la década de los años 90, como a la reciente burbuja inmobiliaria, aunque en qué medida es objeto de debate.

Los signos más preocupantes de los excesos especulativos, dice Tran, implican la participación de algunos países en vías de desarrollo en Latinoamérica y Asia. Han recibido considerables entradas de capital (dinero del extranjero). Ellas han aupado las bolsas locales y plasman el descontento con el dólar. Sus bancos centrales -imitando las prácticas de la Reserva- también han mantenido artificialmente bajos los tipos de interés, alimentando el crecimiento rápido del crédito. Algunas de sus bolsas han superado los máximos anteriores. Estos países se enfrentan a un dilema. El aumento de los tipos puede atraer más flujos de capital extranjero especulativo; mantenerlos bajos puede estimular el préstamo especulativo en divisa local.

Pero el dilema se deriva de los bajos tipos de la Reserva y el débil dólar. La conclusión: lo diestramente que la Reserva administre su política importa en la misma medida al mundo y a EEUU. Si se precipita, puede tumbar la recuperación económica; si tarda demasiado, puede generar burbujas y tumbar la recuperación.

© 2009, The Washington Post Writers Group

© Mundinteractivos, S.A.

ANÁLISIS

En el debate de la sanidad, el llamado plan público es todo para todos. Para sus partidarios, el plan meterá en cintura a las avariciosas aseguradoras privadas y abaratará la cobertura sanitaria. Para sus detractores, es una escala del camino al sistema de salud nacional comunitario controlado por el Gobierno. En realidad, el plan público es, sobre todo, un ejercicio de evasión política: simula que controla el gasto y mejora el acceso a la atención de calidad, cuando en realidad no es así.

Tal como fue originalmente concebido por el politólogo de Yale Jacob Hacker, el plan público será una empresa de seguros sin ánimo de lucro establecida por el Gobierno que proporciona cobertura similar a la de Medicare a los menores de 65 años. Pero a diferencia de Medicare, las prestaciones se van a financiar sobre todo a través de pólizas, y no de impuestos. Los estadounidenses podrán contratar la cobertura al plan público o a una aseguradora privada.

La competencia y las opciones van a aumentar, afirman los izquierdistas. Frente al plan público de bajo coste, las aseguradoras privadas van a rebajar el precio de sus propias pólizas, reza el argumento. El gasto en sanidad de todo el mundo se va a moderar. Los subsidios públicos destinados a proporcionar cobertura universal se van a abaratar. Según algunas estimaciones, el gasto administrativo de Medicare constituye sólo el 3% del gasto en comparación con el 13% o más de las aseguradoras privadas. Además, se da ampliamente por sentado que un plan público nuevo disfrutará de una ventaja en el gasto de funcionamiento.

Tonterías, replican los críticos. El bajo coste del plan público será artificial. Su principal ventaja residirá en el mandato promulgado por el Congreso que obliga a que hospitales y médicos sean compensados a minutas de Medicare o parecidas. Éstas son hasta un 30% inferiores a las minutas por consulta que pagan las aseguradoras privadas, afirma la consultora especializada en salud Lewin Group.

Con ese ahorro, el plan público puede cobrar primas mucho más bajas y atraer a muchos clientes. Pero el gasto sanitario no va a disminuir; los hospitales y los médicos van a compensar las remuneraciones artificialmente bajas del plan público subiendo las tarifas que cobran a las aseguradoras privadas, como ya ocurre con Medicare. Las primas van a subir porque las aseguradoras privadas tienen que cubrir gastos para poder sobrevivir.

En cuanto a los gastos administrativos, la ventaja del plan público está exagerada, dicen los críticos. Parte del desfase entre aseguradoras privadas y Medicare es un espejismo estadístico: debido que los afiliados de Medicare tienen un mayor gasto medio en salud (10.003 dólares en 2007) que la población por debajo de los 65 años (3.946 dólares), el gasto administrativo que representan es un porcentaje inferior del gasto total. El plan público, con afiliados más jóvenes, no va a disfrutar de esta ventaja.

Asimismo, Medicare tiene un menor gasto de comercialización porque se trata de un monopolio. Pero un plan público en condiciones diferentes al monopolio va a tener que venderse y va a incurrir en mayores gastos de comercialización. Los beneficios de las aseguradoras privadas (gastos administrativos incluidos) también explican en parte la ventaja del coste de Medicare. Pero los beneficios representan sólo el 3% de los ingresos del sector de los seguros. Por otra parte, las comparaciones contables son engañosas siempre que no incluyen el coste de inversión de Medicare que aporta el Gobierno. Un plan público también necesita inversión. Y suponga que el plan público registra pérdidas. El Congreso seguramente lo rescataría con total libertad.

La promesa del plan público es un espejismo. Su atractivo político reside en utilizar la retórica del libre mercado (más opciones y competencia) para ampliar el poder del Gobierno. Pero ¿por qué va a controlar el gasto sanitario un plan copiado a imagen de Medicare, cuando Medicare no lo ha controlado? De 1970 a 2007, el gasto por afiliado a Medicare creció un 9,2% anual en comparación con el 10,4% de las aseguradoras privadas, y la pequeña diferencia refleja en parte el mecanismo de gasto por paciente. El Congreso mejora periódicamente las prestaciones de Medicare, y hay un límite al margen que la presión a la baja de las minutas por consulta puede controlar el gasto. Médicos y hospitales ya se quejan de que la escasa remuneración va a limitar los servicios o desalentar a los galenos de aceptar pacientes de Medicare.

Hasta Hacker reconoce que, sin compensaciones más próximas a las de Medicare, el plan público se irá a pique. Si tuviera que «negociar las tarifas directamente con los proveedores» -hacer lo que hacen las aseguradoras privadas- el plan público tendrá «serios problemas» para prosperar, escribe. Hacker se opone a tales versiones debilitadas del plan público.

Por el contrario, un plan público probablemente condene a la quiebra al actual sector privado de los seguros. Aunque algunas propuestas en el Congreso limitan el derecho a acogerse al plan, las presiones hacia la liberalización serían abrumadoras. ¿Por qué algunos estadounidenses menores de 65 años van a tener primas más baratas que otros? En un estudio que supone el acceso generalizado, el Lewin Group estima que 103 millones de personas -la mitad de los asegurados por la vía privada- se pasarán al plan público. El seguro privado puede convertirse en un producto de lujo.

Muchos dirán: ¡Yupiiii! Nos deshacemos de las siniestras aseguradoras. Metemos un sistema de fondo común controlado por el gobierno. Pero si ésa es la agenda, ¿por qué no debatirla abiertamente? No son las aseguradoras las que provocan el elevado gasto en sanidad; ellas son simplemente las intermediarias. Es el sistema de prestación fragmentado y un sistema de reembolso que permite respuestas desestructuradas. ¿Supondría algún control la regulación estricta de los médicos, los hospitales y los pacientes dentro de un sistema de fondo común? ¿O sería mejor la competencia genuina entre planes de salud en cuanto a precio y calidad?

Ése es el debate que necesitamos tener, pero en realidad los médicos, los hospitales y los pacientes no quieren estar limitados, ya sea por el Gobierno o por el mercado. El Congreso refleja la opinión pública. Ante el temor a un debate real, lo fingimos.

Robert J. Samuelson es analista del diario The Washington Post.

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TRIBUNA: REFORMA SANITARIA EN EEUU

El autor acusa a Obama de no decir toda la verdad sobre las consecuencias de su proyecto sobre la sanidad. Sostiene que la cobertura a toda la población supondrá un aumento progresivo del gasto que será incontrolable

No podemos, según parece, tener una conversación franca en torno a la sanidad. El reciente discurso del presidente fue una actuación brillante, y podría mejorar las esperanzas de aprobación de su reforma en el Congreso. Sin embargo, ningún plan posible va a solucionar el problema de la sanidad de forma totalmente satisfactoria. Cuando Obama dice «no soy el primer presidente en asumir esta causa, pero estoy decidido a ser el último», está dando rienda suelta a su ambición de ocupar un lugar especial en la historia, e ilustra el motivo de que los estadounidenses no discutan con sinceridad sobre la sanidad.

El problema de Obama es muy simple: el apoyo a la reforma se estaba viniendo abajo. En abril, el 43% consideraba que estaría más protegido con el plan del presidente y sólo el 14% no pensaba así, según un estudio encargado por la Kaiser Family Foundation. Hacia el mes de agosto, era un 36% frente al 31%. Para ganar fuerza, Obama tenía que convencer a más gente de que su programa les iba a ayudar.

Los estadounidenses en general esperan tres cosas de su sistema de salud. En primer lugar, creen que todo el mundo tiene derecho moral a la atención médica imprescindible; eso favorece un seguro universal. En segundo lugar, quieren tener opciones; quieren elegir a sus médicos y quieren que los médicos decidan el tratamiento con libertad. Por último, la gente quiere control del gasto; la sanidad no debería consumir todas las compensaciones privadas ni los impuestos.

Apelando a estas expectativas, Obama dijo a los estadounidenses lo que quieren oír. Las personas con seguro no estarán obligadas a cambiar de planes ni de médicos; disfrutarán de más seguridad porque no se permitirá a las aseguradoras negar la cobertura basándose en «enfermedades anteriores a la firma de la póliza» ni anular pólizas cuando el firmante esté enfermo. Todos los estadounidenses estarán obligados a tener un seguro, pero aquellos que no se lo puedan permitir recibirán subsidios.

En cuanto a los costos, no se preocupe. «Reducir el despilfarro y la ineficacia de los programas públicos asistenciales Medicare [para los mayores de 65 años] y Medicaid [para los indigentes sin ningún tipo de cobertura] sufragará la mayor parte de este plan», dijo Obama. Se comprometió a «no implantar un plan que añada un solo centavo a nuestro déficit presupuestario ni ahora ni en el futuro». Obama ofrece protección universal, opciones de elección y menores gastos. ¿Se lo creen los ciudadanos?

El problema es que no se puede creer por completo al presidente. Si fuera sincero, si todos fuéramos sinceros, tendríamos que reconocer que todos esos objetivos de nuestro sistema sanitario ideal chocan entre sí. Tal vez podamos tener dos de ellos cualesquiera, pero los tres a la vez no.

Si queremos sanidad universal y opciones ilimitadas de pacientes y médicos, los gastos se elevarán progresivamente porque no habrá razón ni autoridad que los detenga. Contamos con una variante de eso hoy en día -el sistema de coste con reembolso por minuta de consulta-. Pero el aumento del gasto empuja al alza las pólizas y los impuestos. Ese es uno de los motivos de que el gasto sanitario haya pasado del 5% del PIB en 1960 al 16% en 2007. Otras razones son las nuevas tecnologías y el aumento progresivo de los ingresos personales. Pero controlar el gasto exige imponer límites a pacientes y médicos.

Los estudios de diversas instituciones de salud concluyen que sus costes a largo plazo superan los recursos a largo plazo. Durante su segunda década – desde 2020 a 2029- , el proyecto de ley que defienden la mayoría de los demócratas elevará el déficit presupuestario federal en un billón de dólares, según estima la firma consultora Lewin Group. El total del gasto sanitario alcanzará el 28% del PIB hacia el año 2029. ¿Cómo es posible que Obama pretenda controlar el gasto y no añadir carga en ningún momento al déficit? Bueno, se ha comprometido a promulgar una medida legislativa que obligará a realizar «más recortes del gasto si el ahorro proyectado no se materializa.» ¿Suena convincente?

No lo es. El Congreso a menudo promulga legislaciones con condiciones para controlar el gasto. Esas condiciones en general no funcionan. Siempre que pueden servir para algo, el Congreso las aplaza o las modifica. Considere una de tales normas: la del ritmo de crecimiento sostenible que el Congreso aprobó en 1997 para controlar el gasto de las consultas de Medicare. Desde el año 2002, la fórmula establecida ha permitido imponer recortes anuales en las compensaciones de las minutas de las consultas. El Congreso ha anulado sistemáticamente esa fórmula. Hoy hay presiones para prescindir por completo del ritmo de crecimiento sostenible que limita el gasto sanitario.

La venta de la reforma por parte de Obama es equiparable a charlatanería de alto nivel, pero siendo justos, muchos detractores conservadores igualan o superan sus distorsiones y exageraciones con la demagogia encaminada a sembrar el miedo.

Estos críticos lanzan la acusación de que Obama reducirá las prestaciones de Medicare o de que va a crear «tribunales de eutanasia» para privar a los ancianos enfermos del tratamiento deseable. Estas acusaciones no sólo son antes que nada falsas (como dice Obama), sino que sugieren erróneamente que dejemos a un lado ciertas materias importantes. Medicare supone la quinta parte del gasto en salud. ¿Por qué no debatir lo que debe de estar cubierto y lo que habría que pagar? Del mismo modo, los médicos, pacientes y sus familias deberían discutir la atención clínica en los últimos momentos de vida. No es sólo que entre el 25 y el 30% del gasto de Medicare se produzca durante el último año de vida del paciente. Es que la atención médica cara y estoica a menudo se acompaña de sufrimiento innecesario.

Las lagunas de sinceridad en el debate reflejan una condescendencia común. Una parte está segura de que tiene que convencer a los estadounidenses de que la reforma va a servir para más de lo que va a servir; la otra cree que tiene que asustar a los estadounidenses de forma que crean que les va a perjudicar. Habida cuenta de las expectativas contradictorias de los ciudadanos, cualquier reforma sanitaria puede ser criticada por cargarse algún objetivo popular.

Lo que sucede es que nos negamos a enfrentarnos a las elecciones inevitables y desagradables.

Robert J. Samuelson es columnista de The Washington Post y autor de diversos libros de economía.

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ANÁLISIS

El problema que reviste la floreciente deuda pública es sobre todo político, pero los efectos adversos pueden ser económicos. La cuestión es que no sabemos cuáles pueden ser esos efectos, cuándo van a materializarse e incluso si van a hacerlo o no. Sin ninguna catástrofe inminente, los políticos de ambos partidos se abstienen de hacer algo impopular que pudiera equilibrar los presupuestos, digamos, en los próximos seis o siete años. La idea de anticipar y adelantarse a futuros problemas no la contemplan.

Aunque el reciente incremento acusado de los déficits presupuestarios -la diferencia anual entre lo que gasta el Estado y lo que recauda, redundando en una deuda federal mayor- plasma la grave recesión, la verdadera causa es política. Los déficits posibilitan que progresistas y conservadores conserven cargos que les interesan en la Administración. Los progresistas afirman que podemos tener más Gobierno (más sanidad, educación, transporte público), sin subir a nadie los impuestos exceptuando a «las rentas más altas». Los conservadores prometen que los impuestos se pueden bajar sin privar a nadie (jubilados, veteranos, ciudades y estados) de los servicios públicos existentes.

Ninguna de estas afirmaciones es remotamente veraz bajo el supuesto de que, a largo plazo, las prestaciones y programas del Gobierno deben ser sufragados con los impuestos. La verdad es que el Gobierno, de nuevo bajo ambos partidos, ha prometido muchas más prestaciones de las que se pueden sufragar mediante los impuestos existentes. Sólo el endeudamiento es capaz de reconciliar con la realidad económica fundamental las expresiones retóricas. Se ha registrado déficit en 43 de los últimos 48 ejercicios.

Hasta hace poco, las deudas, aunque normalmente no deseables, no eran alarmantes. Sin embargo, la recesión y el envejecimiento de la población indican que hemos superado el umbral en el que el nivel de endeudamiento actual y potencial es tan enorme que nadie puede prever las consecuencias. La mejor medida de la carga deudora es su relación con la renta anual bruta de la nación, o Producto Interior Bruto. El mismo criterio aplicado a una familia con una deuda de 25.000 dólares y una renta de 50.000 dólares arrojaría un cociente de endeudamiento del 50%.

En 1946, tras la II Guerra Mundial, el cociente de deuda pública federal frente a PIB era del 108,6%. Desde entonces, la economía (nuestros ingresos brutos) en general ha crecido más rápido que el endeudamiento. En 1974, la relación deuda/PIB alcanzó un mínimo postsegunda Guerra Mundial del 23,9%, e incluso en el 2007 fue de sólo el 36,9%. Era salvable.

Por el contrario, los colosales préstamos potenciales de hoy ridiculizan el previsible crecimiento económico. Las últimas proyecciones de la Administración Obama, dadas a conocer la semana pasada, arrojan casi 11 billones de dólares de deuda de 2009 a 2019. En 2019, la relación deuda/PIB será del 76,5%. Esto podría pecar de optimista, porque presupone una moderación del gasto y la subida de los impuestos. Una proyección de la Concord Coalition, un colectivo de supervisión pública, añade cerca de 5 billones de dólares en préstamos adquiridos durante ese periodo. En 2019, el cociente deuda/PIB podría rondar el 100%.

Debido a que tal nivel de endeudamiento no tiene precedentes en tiempos de paz, podría ir mal. Es fácil imaginar problemas, y algunos podrían convertirse en una crisis en toda regla. Puede que sea imposible refinanciar el vencimiento de la deuda federal (plazo medio de vencimiento: 51 meses), excepto aceptando intereses mucho más elevados. La Reserva Federal podría verse presionada para salir de números rojos por la vía inflacionista, adquiriendo cantidades industriales de deuda pública; la elevada inflación sería ruinosa, como lo fue en la década de los 70. El mero temor al déficit descontrolado podría provocar una huída en masa del dólar como referencia en los mercados de divisas, bonos y las Bolsas.

Pero ninguna de estas catástrofes se ha presentado aún. Muy al contrario. Los bajos tipos de interés en la deuda pública a 10 años, alrededor del 3,5%, sugieren que los inversores abundan. A pesar de que los enormes déficits constituyen riesgos a largo plazo, reducirlos drásticamente ahora puede poner en peligro la recuperación económica. Cualquier acción -recortes del gasto o subida de los impuestos- habría de ser eventual. Enfrentándose a contadas presiones que insisten en hacer frente al déficit, los políticos no lo hacen.

Lo que une a Demócratas y Republicanos es la falta de voluntad a la hora de tener un intercambio riguroso acerca del tamaño que debe tener el Gobierno. El gasto es la cuestión crucial, porque determina los impuestos y el déficit. Si se vuelve demasiado grande, la depresión económica resultante puede dificultar al Gobierno la extinción de la deuda. Idealmente, los progresistas entenderían que el gasto ha de ser reducido sustancialmente; si no lo es, las subidas fiscales o el déficit de mañana serán monstruosos. Idealmente, los conservadores aceptarían que los impuestos deben terminar subiendo; ningún recorte del gasto plausible puede cerrar la brecha entre las promesas del Gobierno y su base imponible.

No hay señales de ello. Progresistas y conservadores coinciden para evadir el tema. El gasto en la tercera edad domina el presupuesto federal, pero nadie debate cuáles de entre los jubilados merecen subsidios públicos y a qué edades. Los progresistas elevan el gasto (alias propuesta sanitaria del presidente Barack Obama) antes incluso de abordar el déficit existente. El presidente George W. Bush y los Republicanos del Congreso podrían haber limitado el gasto. Pero lo elevaron a la vez incluso que bajaban los impuestos, y Obama conservará la mayoría de los recortes fiscales menos los destinados a las rentas superiores a 250.000 dólares.

Los déficits sin repercusiones han sido cómplices de todas estas evasivas e incoherencias. A medida que recorrían el camino de menor resistencia, alentaban la permisividad. Pero con un déficit aplastante, esta vía fácil puede desvanecerse muy pronto. Puede que aprendamos cuánta deuda es demasiada por la vía empírica.

Robert J. Samuelson es analista del diario The Washington Post.

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TRIBUNA: ECONOMÍA

El autor defiende la reelección de Bernanke en la Reserva Federal, por motivos económicos y también políticos. Señala que, aunque ha cometido errores, como permitir la caída de Lehman, ha sabido apuntalar la economía

Habría sido demencial (por no pecar de sutil) que el presidente Obama no designase a Ben Bernanke para desempeñar un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal. La situación económica lo exigía; la política lo imponía.

Imagine la que se habría montado si Obama hubiera elegido en su lugar al asesor económico de la Casa Blanca Lawrence Summers. Las cabeceras del día siguiente habrían sido predeciblemente críticas. ¿Intentaba Obama comprometer la independencia de la Reserva? Teniendo en cuenta la fama de cáustico que tiene Summers, ¿podría alcanzar un consenso por escrito entre los 12 miembros del Comité Federal de Política Monetaria? ¿Cómo respondería la economía, considerando el firme apoyo que tiene Bernanke entre economistas, altos ejecutivos y banqueros?

Incluso elegir a alguien menos polémico que Summers -por ejemplo Janet Yellen, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, o el economista de Princeton Alan Blinder, ex vicepresidente de la Reserva-, habría «sacudido los mercados e inquietado a los inversores extranjeros», según The Wall Street Journal. Con la vista puesta en el futuro, Obama se anticipa así a lo que hubiera podido suceder si la situación económica se agravara inesperadamente. El relevo de Bernanke tendría entonces la culpa.

Francamente, sólo un idiota no habría mantenido a Bernanke. Por supuesto, Bernanke cuenta con sus críticos en el Congreso; pero ese es el sino de cualquier presidente de la Reserva en momentos económicos difíciles. Más allá de estos cálculos políticos, sin embargo, había una razón de mayor peso para reelegir a Bernanke: lo merece.

Nunca sabremos si el mundo habría sufrido una depresión si la Reserva, con Bernanke al frente, hubiera respondido menos agresivamente, pero es plausible. A principios de este año, Paul Krugman, economista distinguido con el Nobel y columnista de The New York Times, apuntaba señales de depresión. Bernanke admitía temores parecidos en una entrevista mantenida con David Wessel, editor de la sección económica del The Wall Street Journal y autor de In Fed We Trust. El hecho de que la economía global no esté empeorando incontrolablemente (para el año 2010, la Intelligence Unit de The Economist predice un crecimiento del 2,7% para el mundo y del 1,8% para EEUU) no era la conclusión inevitable. Tampoco era seguro que el pánico que cundía entre los mercados financieros apenas seis meses antes iba a ceder. Desde sus mínimos de marzo, el mercado estadounidense ha registrado avances de aproximadamente un 50% ya.

No es que la actuación de Bernanke fuera impecable. Cometió dos errores de bulto. En primer lugar, no vio venir la crisis. Ni siquiera después del colapso del banco de inversiones Bear Stearns, en marzo de 2008, pronosticó un episodio de pánico financiero extendido ni tampoco previó una recesión violenta. En el verano de 2008, la economía se debilitaba, pero parecía -para Bernanke y la mayor parte de los economistas- estar acusando sobretensiones inflacionarias. Los precios al consumo se incrementaban a un ritmo del 5% anual; el petróleo estaba en máximos de 147 dólares el barril.

El segundo error de Bernanke fue permitir, junto al entonces secretario del Tesoro, Hank Paulson, que Lehman Brothers se fuera a pique en septiembre. Ambos han afirmado que carecían de las competencias legales para rescatar a Lehman y que nadie quería comprarla. Muchos observadores (entre los que me incluyo) encuentran esta excusa poco convincente. Si Bernanke y Paulson hubieran anticipado por completo las consecuencias de la quiebra de Lehman, habrían encontrado seguramente la forma de reflotarlo. Una vez Lehman quebró, la crisis se agravó sustancialmente. Los bancos se abstuvieron de prestarse entre sí, los inversores dejaron de adquirir títulos nuevos y bancos, consumidores y empresas hicieron acopio de efectivo. La economía se contraía a un ritmo del 5% al 6% anual.

Aquí es donde Bernanke destacó sobre el resto. Estudiante de la Gran Depresión y especialmente de los desastrosos efectos de las quiebras bancarias, fue más allá de la respuesta estándar de rebajar los tipos de interés (los tipos de préstamo de la Reserva a corto plazo fueron recortados drásticamente hasta prácticamente cero hacia diciembre). La Reserva alumbró un vertiginoso abanico de «instancias de préstamo» que subrogaron más de un billón de dólares de crédito de la Reserva para reemplazar el crédito privado en retroceso. La Reserva apuntaló mercados de hipotecas, de capitales, de títulos comerciales, préstamos a la compra de automóviles y préstamos estudiantiles. La estrategia consistía, como dice Wessel, en hacer «lo que sea necesario» para evitar una congelación total del crédito y la confianza, una pérdida que provocaría descensos continuos del gasto y de los precios de títulos (acciones, deuda pública) desembocando en depresión.

Aunque hubo otros actores, las intervenciones de la Reserva fueron definitivas a la hora de detener en seco el pánico. Queda en el aire saber si algún otro presidente de la Reserva -alguien sin el detallado conocimiento de la Depresión que tiene Bernanke- hubiera sido igual de audaz a la hora de apuntalar los mercados de crédito. Además, el enfoque de Bernanke despertó maniobras parecidas en el extranjero.

Tras la crisis de los mercados asiáticos de 1997-1998, la revista Time dedicó su portada a Summers, al entonces presidente de la Reserva Alan Greenspan y al secretario del Tesoro Robert Rubin con este título: El Comité para salvar el mundo. Una versión actualizada sería Bernanke en la portada con el pie de foto: El hombre que salvó al mundo.

Pero ésta también es la cruz de Bernanke. Si la Reserva no retira de circulación todo el crédito extra con la suficiente celeridad, podría desatar una inflación. Si lo aparta con demasiada rapidez, podría retrasar la recuperación. El fallo, de cualquiera de las formas, significaría que la reelección de Bernanke ha marcado el apogeo de su prestigio.

Robert J. Samuelson es analista de The Washington Post.

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TRIBUNA: ESTADOS UNIDOS

El autor asegura que la idea de construir en EEUU una red de ferrocarriles similar a la del AVE español es ruinosa. Las largas distancias y la dispersión poblacional son razones de peso para que el automóvil se imponga sobre el tren.

El entusiasmo de la administración Obama por la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo desalentador de la incapacidad del Gobierno de aprender de los errores del pasado. Desde 1971, el Ejecutivo federal ha invertido a fondo perdido casi 35.000 millones de dólares en la corporación ferroviaria norteamericana Amtrak con escasa rentabilidad pública. A lo sumo, hemos logrado a cambio reducciones nimias -invisibles y estadísticamente insignificantes- de la congestión, el consumo de combustible o la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que se está prestando principalmente es un transporte público subsidiado a una pequeña horquilla de la población. En un país donde 140 millones de personas se desplazan a diario para trabajar, Amtrak transporta a 78.000 pasajeros al día. El viaje medio está subvencionado alrededor de 50 dólares.

Habida cuenta de esto, cabe pensar que ni siquiera el más necio de los políticos ampliaría los subsidios al ferrocarril, sobre todo teniendo en cuenta que el agujero que dejará esta ayuda es de casi 11 billones de déficit presupuestario federal de aquí al año 2019. Pero no, la Administración Obama ha convertido los trenes de alta velocidad en una de las principales prioridades. Ya ha propuesto gastar 13.000 millones de dólares (8.000 incluidos en el Plan de Estímulo de la Economía más 1.000 millones anuales durante cinco años) como punto de partida para poner en marcha la red de trenes de alta velocidad que circularán a lo largo de 10 corredores principales, incluyendo de Filadelfia a Pittsburgh y de Houston a Nueva Orleans.

La Casa Blanca ve en esta inversión fabulosos beneficios. El tren de alta velocidad «aliviará la congestión que asfixia nuestras carreteras y sofoca nuestros cielos», afirmó recientemente el vicepresidente Joe Biden. Una red de alta velocidad eliminaría una cantidad de emisiones de dióxido de carbono «equivalente a sacar de nuestras carreteras un millón de vehículos», añadió el presidente Obama. Aliviar la congestión. Luchar contra el calentamiento global. Reducir las importaciones de petróleo. La imagen mental es seductora. La opinión pública está dispuesta. Muchos estadounidenses adoran los trenes y califican las redes de ferrocarril de otros países (por ejemplo, los trenes rápidos de España entre Madrid y Barcelona, que viajan a una media de 250 kilómetros por hora) de prueba de la inferioridad tecnológica norteamericana. Pero sólo hay una pega: esta imagen soñada es un espejismo. Los costes del tren de alta velocidad serán colosales y los beneficios de cara a la opinión pública, muy escasos.

La red del Presidente Obama podría no construirse nunca. Sus dudosos inversores privados anticiparán los fondos, pero una vez que los funcionarios del Gobierno admitan la totalidad del importe de la inversión, estos se echarán atrás. En un reciente informe, la Oficina de Responsabilidad Pública (GAO) citaba un amplio abanico de gastos de construcción, desde 22 millones cada kilómetro y medio hasta 132 millones de dólares por cada uno. El economista de Harvard Edward Glaeser calcula que 50 millones de dólares por cada kilómetro y medio es una cifra plausible. Una red de 400 kilómetros costaría 12.500 millones. Si quieren multiplicarla a 10 grandes corredores ferroviarios, serán 125.000 millones.

Eso tan sólo sería el comienzo. Los precios de los billetes estarán subvencionados por fuerza, de lo contrario nadie viajará en los trenes. ¿Quedarán justificadas todas las subvenciones por los beneficios públicos, como menor congestión, menos accidentes de tráfico, menos emisiones de gases contaminantes? En un análisis remitido a un blog, Glaeser decía sentirse fascinado por la idea de los trenes de alta velocidad: «Personalmente, yo casi siempre prefiero el tren a la conducción». Pero seguía admitiendo que el gasto supera con creces el beneficio. Considere la afirmación que hace Obama de apartar de circulación el equivalente a un millón de vehículos. Aun si se cumpliera (dudoso), ello representaría menos de la mitad del 1% de los 254 millones de vehículos matriculados en 2007.

Lo que funciona en Europa y Asia no tiene por qué funcionar en EEUU. Incluso en el extranjero, los trenes de viajeros están subvencionados. Pero las ayudas a este sector están más justificadas porque la orografía y las políticas energéticas son diferentes.

Las densidades de población son mucho mayores, y las densidades elevadas favorecen el tren con conexiones directas entre los centros urbanos densamente poblados y los núcleos financieros. En Japón, la densidad ronda los 880 habitantes por cada 2,5 kilómetros cuadrados; 653 en Gran Bretaña; 611 en Alemania y 259 en Francia. Por el contrario, la abundancia de suelo en los Estados Unidos ha conducido a casas, oficinas y fábricas periféricas. La densidad de población es de 86 habitantes por cada 2,5 kilómetros cuadrados. Los trenes no pueden recoger a la mayoría de los viajeros potenciales donde residen y trabajan y llevarlos a donde quieran ir. Los automóviles sí.

Las distancias también son importantes. EEUU es grande, los viajes son más largos. Más allá de los 600 o 700 kilómetros, los trenes de alta velocidad dejan de poder competir con el avión. Por último, Europa y Japón imponen una mayor carga fiscal a los vehículos privados, empujando a la gente a los trenes. En agosto de 2008, según la Oficina de Responsabilidad Pública, un galón de gasolina (3,78 litros) costaba en Japón 6,50 dólares. Los americanos consideran un escándalo que un galón ya cueste cuatro dólares. Las propuestas de endurecer los impuestos de los combustibles (defendidas por muchos, entre los que me cuento) terminan en agua de borrajas.

La mitología del ferrocarril de alta velocidad no está sólo equivocada, sino que es antisocial. Los gobiernos ya están sobrecargados en todas sus instancias. Agravar el peso con nuevos despilfarros en forma de subvención estrangularía el gasto en necesidades más vitales -escuelas, policía e (irónicamente) transporte público-. El tren de alta velocidad podría acaparar fondos destinados a sistemas de transporte que, según un estudio realizado por Randal O’Toole, del Cato Institute, tienen enormes problemas de gastos de mantenimiento: 16.000 millones en Chicago, 17.000 millones en Nueva York, 12.200 millones en Washington DC; 5.800 millones en San Francisco… Cualquier sistema ferroviario de alta velocidad debe ser financiados a nivel local, así que los estados deberían decidir sus prioridades de financiación del transporte público.

Todo esto suena familiar, porque es el sistema Amtrak en estado puro: el triunfo de las fantasías sobre la realidad. Los mismos argumentos falsos esgrimidos para justificar la existencia de la corporación pública Amtrak (menor congestión del tráfico, menos contaminación, etc) se reciclan. Las pruebas y la experiencia no cuentan. Obama y Biden explotan ideas preconcebidas en lugar de reconocer el fracaso. Los enredos pasan a ser respetables. Una Casa Blanca tan frívola a la hora de suscribir un gasto incierto no puede esperar credibilidad cuando profesa preocupación por el futuro fiscal y el enorme déficit presupuestario.

Robert J. Samuelson es analista del diario The Washington Post.

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TRIBUNA: CRISIS ECONÓMICA

El autor sostiene que es necesario reemplazar al consumo americano como motor económico del mundo. Cree que la solución a este problema puede estar en los países en vías de desarrollo

Antes de entusiasmarnos demasiado con cualquier «recuperación» económica norteamericana, deberíamos recordar que el colapso económico que la precedió fue global. Ninguna recuperación podrá prosperar a menos que sea global también. ¿Sucederá? El mundo ya no puede confiar más en el crecimiento del gasto de los derrochones estadounidenses, que están abrumados por las deudas y desolados por los billones de dólares en pérdidas inmobiliarias y bursátiles. Sin un sustituto del poder adquisitivo estadounidense, cualquier renacimiento global será estéril, porque los Estados Unidos necesitan del crecimiento impulsado por la exportación y los demás países tienen que compensar de alguna forma las ventas perdidas en nuestro mercado.

La lógica indica que los países en vías de desarrollo pueden ser el reemplazo evidente del consumo americano como motor económico del mundo. Estas naciones suponen ya casi la mitad de la actividad económica global, según estima el Fondo Monetario Internacional. China (11,4%), la India (4,8%) y Brasil (2,9%) representan por sí solos casi una quinta parte. En comparación, Estados Unidos también supone una quinta parte.

Todas estas sociedades tienen considerables necesidades en materia de vivienda, bienes de consumo y sanidad entre otras cosas. Excepto como creador de puestos de trabajo, el crecimiento alimentado por la exportación no tiene mucho sentido. Lógicamente, estos países deberían producir más para consumo interno y menos para la exportación. Una demanda interna más acusada también elevaría su necesidad de productos importados. Como resultado, Estados Unidos exportaría más e importaría menos. Lo que los economistas denominan «desequilibrios globales» -enormes déficits comerciales norteamericanos acompañados de enormes superávits comerciales en China entre otros lugares- se reducirían. El crecimiento económico mundial se reanudaría. Problema arreglado.

Sólo como posibilidad, esta transformación está empezando. Algunos de esos países han estimulado sus economías. El caso más claro es China. El gasto público se elevó; el crédito se abarató. China creció al 7,9% durante el segundo trimestre. El impresionante repunte de Asia, titula The Economist, que también se detiene en el rápido crecimiento de Indonesia y Corea del Sur. En cuanto a la India, el Fondo Monetario Internacional vaticina que crecerá un 5,4% este año y un 6,5% el que viene. Las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Brasil son buenas, según juzga Norman Gall, el estadounidense que dirige el Instituto Fernand Braudel de Sao Paulo. El país tiene «un firme sustrato industrial e iniciativa energética y creativa»; la deuda pública se ha desplomado del 85% del producto interior bruto (PIB) en el año 2002 al 65% hoy. Hasta Francia y Alemania muestran signos de recuperación.

Suena tranquilizador. Aún así, hemos de analizar estos datos con cierto escepticismo. Si los estadounidenses están gastando menos y ahorrando más, entonces una economía global equilibrada exige que otra gente consuma más y ahorre menos. Ese es el arreglo permanente y duradero, sin «estímulos» económicos temporales. Los enormes desequilibrios comerciales se derivaron fundamentalmente de los elevados índices de ahorro, en Asia en especial, que lastraron el consumo y estimularon el crecimiento impulsado por las exportaciones. En el año 2008, el índice de ahorro de China se situaba en la friolera del 54% del PIB, el 35% en el caso de Hong Kong y el 28% en el de Taiwán, según el economista de la Universidad de Cornell Eswar Prasad. Los tipos de ahorro estadounidenses, incluyendo el consumo y el ahorro corporativo, fueron del 12% del PIB.

En teoría, estas considerables reservas de ahorro podrían ser absorbidas por cantidades equiparables de gasto en inversión -en plantas de fabricación y maquinaria, por ejemplo- pero en el caso de la mayoría de los países asiáticos (con la excepción de la India), lo que se produjo es un acusado descenso de la inversión. El exceso de ahorro fue invertido a continuación en el extranjero, los tipos de cambio se mantuvieron a la baja de manera artificial y la exportación sustituyó a la demanda nacional.

China es el país clave de cualquier transición. Prasad duda de que el creciente nivel de gasto nacional pueda ocupar con rapidez el vacío dejado por la caída libre de la exportación. Observa que a pesar del vertiginoso ritmo de crecimiento económico de China, el aumento del empleo (que es lo que anhelan los líderes políticos) ha sido lento, alrededor del 1% anual desde el año 2000. «El sector exportador es lo que creó los puestos de trabajo», defiende, «va a ser difícil salir del modelo económico impulsado por la exportación.»

Esto sugiere que China podría recurrir a una agresiva promoción de la exportación a expensas de los demás países. Su divisa sigue devaluada. Ben Simpfendorfer, analista en Hong Kong del Royal Bank of Scotland, explica que en la medida en que los mercados norteamericano y europeo se han debilitado, los exportadores chinos han invadido el mercado de los países emergentes como Brasil o Egipto. Las exportaciones de China podrían perjudicar así a los demás países en desarrollo.

El economista del Instituto Peterson Nicholas Lardy es más optimista. Las autoridades de China, dice, reconocen su peligrosa dependencia de la exportación. Están intentando estimular el consumo nacional reduciendo el ahorro familiar. Para mantener un elevado nivel de reservas, dice Lardy, los chinos han destruido en parte la red de protección social. Históricamente, las compañías propiedad del Estado proporcionaban seguros de salud y pensiones; a medida que estas empresas cerraban, las prestaciones se evaporaban y sus plantillas lo compensaban ahorrando más para financiar el tratamiento de enfermedades o la vejez. Ahora, China está reconstruyendo esta protección social. Desde el año 2005, el gasto en seguros médicos, pensiones y educación prácticamente se ha duplicado.

Lo que cuenta es la capacidad política y cultural de los países -China en especial- de graduar el crecimiento impulsado por la exportación. La economía global se encuentra en una encrucijada dramática. Sin el impulso del gasto estadounidense, el mundo necesita de un nuevo motor del crecimiento mutuamente beneficioso. Sin este cambio necesario, podríamos enfrentarnos al proteccionismo, al nacionalismo y, en definitiva, al enfrentamiento comercial y económico.

Robert J. Samuelson es analista de The Washington Post.

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TRIBUNA: CRISIS ECONÓMICA

Nial Ferguson es un personaje poco corriente: académico respetado al tiempo que polemista de éxito. Ferguson, británico, ha enseñado en Oxford, en la Universidad de Nueva York y ahora Harvard. Ha escrito sobre la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico y los Rothschild (la dinastía bancaria más poderosa de Europa). Uno de los argumentos secundarios más intrigantes de la actual crisis económica es el fracaso de la mayor parte de los economistas a la hora de predecirla. Estamos inmersos en la crisis más espectacular desde la Gran Depresión, y el único colectivo que dedica la mayor parte de su horario laboral a analizar la economía no la vio venir. Oh, sí, unos cuantos economistas pueden reivindicar cierta previsión. Pero son minoría. A la mayoría le pilló por sorpresa como al resto de los mortales. ¿Por qué? Esta es la pregunta de rigor que, a fecha de hoy, no tiene una respuesta clara. En la práctica, los economistas no han hecho un ejercicio serio de autocrítica para explicar su fallo. Hemos visto algunas teorías puntuales y recriminaciones partidistas. «La ideología del libre mercado» es el chivo expiatorio estándar bajo la premisa de que la mayoría de los economistas son «ideólogos del libre mercado» Pero eso no es cierto. La crisis sorprendió a los economistas conservadores y a los izquierdistas, a republicanos y demócratas por igual.

Ferguson es un guía capaz. Relata la creación del mercado de bonos por las ciudades-estado italianas del siglo XIV como una manera de financiar sus guerras entre sí; explica las burbujas de la compañía South Sea y Misisipí en Inglaterra y Francia en el Siglo XVIII como manipulaciones del mercado basadas en las riquezas soñadas del Nuevo Mundo; y finalmente, se detiene en la reciente burbuja inmobiliaria. El trepidante recorrido de Ferguson sugiere que existen dos motivos para que la actual crisis avergüence a la mayor parte de los economistas. El primero implica al propio sector de las finanzas. La crisis se originó en los mercados financieros (de acciones, bonos y muchos títulos complejos), y aun así las finanzas ocupan una posición accesoria en la economía de referencia. Son estudiadas por una subfamilia de economistas, y los mercados financieros -sus subidas, bajadas y efectos colaterales- no son considerados grandes causas de expansiones o contracciones económicas. Si usted resta importancia a los mercados financieros y los mercados financieros son decisivos, está usted con el pie cambiado. Los mercados financieros inflaron la verdadera burbuja inmobiliaria; el mayor nivel de riqueza inmobiliaria y accionarial despertó la ampliación del gasto del consumidor; las pérdidas en los títulos hipotecarios «de riesgo» provocaron el derrumbe de la confianza. Algunos economistas han reconocido el error a regañadientes, aunque de forma disimulada.

Pero hay un error más extendido: ignorar la Historia. En general, a la mayor parte de los economistas no les preocupa gran cosa la Historia. La bibliografía universitaria dedica poco espacio, si es que dedica alguno, a explorar los ciclos económicos del siglo XIX. El acento se pone en «los principios de la economía» (el título de muchos textos básicos), como si la mayor parte de ellos fueran inmutables. Los economistas elaboraron modelos matemáticos elegantes. «Durante años los teóricos dominaron el terreno», escribe el historiador económico Barry Eichengreen, de la Universidad de Berkeley. «Fueron los miembros más prestigiosos de la profesión». La Historia es caótica y en cambio permanente, recuerda Ferguson. Depende de las instituciones, las tecnologías, las leyes, los valores culturales y religiosos, los gobiernos, las opiniones generalizadas y mucho más. La creación de modelos y teorías proporciona nociones básicas. Pero con frecuencia, las premisas de los modelos se alejan de manera tan radical de la realidad que las conclusiones se vuelven inútiles. Alguien que estudia la Historia se vuelve humilde ante los cambios incesantes y la mezcla caprichosa de incentivos.

Robert J. Samuelson es columnista de The Washington Post.

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