Reggio’s

Hoy la cosa va de exageración. No es de extrañar teniendo en cuenta que el origen de la información es Estados Unidos donde se olvidaron hace tiempo de aquello de que en el punto medio está la virtud. Todo lo que acontece en aquel país es excesivo. El miércoles les recordaba a mis seguidores en Twitter que sólo en febrero el déficit fiscal estadounidense era equivalente al 15% del PIB español (cierto es, su economía es 10 veces más grande, pero aún así). Un dato que se deriva, por cierto, tanto del aumento del gasto público como del colapso de los ingresos impositivos que se sitúan en el mismo periodo en mínimos plurianuales.

Un problema, por cierto, que no sólo afecta al Gobierno Central, sino que es virus que afecta a los distintos estratos que configuran su modelo administrativo. Así, a nivel estatal, aunque California ha sido el ejemplo que más ha estado en boca de todos, no se encuentra mejor, por poner sólo un ejemplo, Nueva Jersey, tomada como modelo de enormes desequilibrios en la costa atlántica. Pero no se encuentran mejor, por ejemplo, Virginia que ha decidido freír a sus ciudadanos a multas o Colorado, sobre el que luego volveremos, que se ha visto obligado a reducir el salario mínimo por primera vez desde que el mismo se implantó en 1938. Tampoco se anda con chiquitas el estado de Nueva York a la hora de afrontar la cuestión. Igualito que aquí, vamos, donde la máxima es contemporizar a la espera que se produzca un milagro. Más dura será entonces la caída.

Por lo que respecta al ámbito municipal, ciudades como Kansas City, con apenas 300 millones de déficit presupuestario, decidió ayer mismo cerrar la mitad de sus centros escolares públicos con objeto de ahorrar gastos, adecuando oferta a demanda. Una medida complementaria a la reducción de la semana de colegio a cuatro días con la misma finalidad que han acometido ya algunos distritos alrededor de Estados Unidos, como nos recuerda WSJ. El ahorro en nóminas, transporte o servicios generales justificarían tal iniciativa en época, como ésta, de vacas flacas. Como ven, no hay tema tabú cuando el reequilibrio es necesidad perentoria y ya no hay posibilidad de procrastinar el problema. Una realidad que, por cierto, apenas han recogido los Muni Bonds que siguen actuando como receptores de la mayor propensión al riesgo de los inversores.

Claro que, nada comparado a lo que ha ocurrido en Colorado Springs, ciudad en la encuentra la Academia de la Fuerza Aérea y segunda en tamaño, tras Denver, del estado de Colorado. Ante las dificultades financieras, y la reticencia de sus habitantes a ser objeto de una mayor presión fiscal, las autoridades han decidido tirar por la calle de en medio. Enseguida les enumero las medidas que han adoptado, que son como para pararse a pensar un poquito en el fregao en el que nos estamos metiendo, no sin antes recordarles, ojo, que esto es el siglo XXI, que estamos hablando de la mayor potencia económica del planeta y que, ni aún así, puede escapar a las consecuencias de locuras pasadas.

1. Apagado permanente de un tercio de la iluminación pública.
2. Subasta por Internet de los helicópteros de la policía local.
3. Reducción de plantillas de bomberos, policías y similares.
4. Eliminación de papeleras en parques públicos (se invita a que cada ciudadano se lleve su basura y a que sieguen el césped, si les apetece).
5. Restricciones al riesgo. No hay presupuesto para abonos o fertilizantes.
6. Cierre de museos e instalaciones deportivas salvo patrocinio privado.
7. Cancelación del sistema de autobuses urbanos desde el anochecer a diario y completo los fines de semana.
8. Renuncia a la competencia de cuidado de las vías urbanas, asfaltado, mantenimiento y similares.

¿Es eso lo que espera a la capital de España? A ver, a ver… Deuda estratosférica que antes o después habrá que pagar, ingresos reducidos sin margen para generar extraordinarios en un buen puñado de años y gastos corrientes recurrentes y elevados. Um, no pinta muy bien ¿Se cumplirá el sueño de Gallardón de pasar a la historia como un nuevo Carlos III, Alcalde de Madrid, o será recordado como aquél que llevó esta ciudad a la ruina? ¿Es precisamente la necesidad de dar aire a las cuentas locales lo que hace que tenga tanto interés en traer a Madrid el sueño olímpico con su chorro de fondos bajo el brazo? Preguntas abiertas que les dejo para su debate. Buen fin de semana a todos.

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Fue José María de Espona, activo participante en su día del foro, quien primero me advirtió de la inevitable desaparición del dinero en efectivo y a crédito y su progresiva sustitución por el electrónico. Un fenómeno, me recordaba, que traería tras de sí importantes consecuencias toda vez que el hecho de que existiera un rastro digital de todos los flujos monetarios tendría efectos drásticos sobre el fraude y la corrupción, la fiscalización de las cuentas públicas y la transparencia en las transacciones comerciales y las actividades empresariales. Fruto de tales conversaciones esporádicas nació su libro, un tocho de 500 páginas muy aventurado y futurista a la venta en Amazon que, he de confesarlo, no he tenido el gusto de leer. Cuestión de prioridades. Les adjunto el sumario por si fuera de su interés. Merece la pena echarle un vistazo por lo procaz de sus ideas.

Pues bien, como en tantas otras ocasiones McCoy se quedó con la copla. Anticipar tendencias y realidades que están por llegar es uno de los argumentos recurrentes de Valor Añadido y el tema era lo suficientemente trascendente como para mantenerlo en el radar screen hasta que se situara con claridad en el punto de mira. Pues bien, ayer fue el día. El reportaje principal de la última edición de Wired, la revista de referencia en el sector de nuevas tecnologías, aborda el tema de forma extensiva en un artículo cuyo titular no puede ser más explícito: The Future of Money: It´s Flexible, Frictionless and (Almost) Free, o sea: El Futuro del Dinero: Flexible, Ligero y (casi) Gratis. Su autor, Daniel Roth, anticipa lo, a su juicio, inevitable: la ruptura del sistema de pago que ha prevalecido en los últimos 50 años y que genera 2 billones (millones de millones) de operaciones con tarjeta de crédito y 1,3 billones con las de débito al año. El artículo es largo e imprescindible por lo que hoy prometo ser breve. Léanle a él y no a mí.

Sólo dos pinceladas. Estamos ante una revolución cuyo crecimiento es imparable como prueba el efecto que, la apertura del código por parte de Paypal a programadores externos a la compañía el verano de 2009 -con objeto, precisamente, de que pudieran aportar novedades y mejoras a su mecanismo de transferencias instantáneas entre particulares y/o sociedades-, ha tenido. En efecto, la decisión ha conducido al nacimiento de cerca de 15.000 aplicaciones vinculadas (que se basan en un intercambio de uso por cobertura legal y de gestión del riesgo) que se unen a las iniciativas que están desarrollando gigantes como Google, Apple, Nokia, la RiM de Blackberry, Facebook o start-ups tan prometedoras como Twitter. Novedades cuyo volumen agregado de flujos supone el 20% de las transacciones virtuales que se producen en la actualidad. Y que amenazan con quebrar el anacrónico ecosistema en vigor con su confusa y onerosa estructura de comisiones, dando lugar así al nacimiento de un nuevo paradigma, entendido como un nuevo estado de las cosas que no se reconoce en el inmediatamente anterior.

De este modo, lo que nació como una herramienta complementaria al modelo vigente, que pretendía  vencer la resistencia de los clientes a aportar sus datos personales a cada proveedor que virtualmente se lo pidiera, ha ganado personalidad con el paso del tiempo. Estamos, se podría decir, ante un nuevo entorno que funciona con dinero electrónico, es prácticamente autónomo respecto al modelo tradicional, ofrece al usuario más simplicidad a menor coste y, aún así, es rentable para quien lo gestiona. No lo digo yo; son las conclusiones a la que llega Wired tras analizar el caso Paypal. ¿Y tú McCoy, de brazos caídos hoy? Bueno, aquí va mi aportación, no sé si desencaminada o no: unan tales ventajas a las oportunidades  de almacenamiento y uso de información bajo demanda que ofrece el cloud computing, otro de los negocios del futuro para los clarividentes (VOX, The economics of cloud computing, por Federico Etro)  y la bomba de relojería está servida. Cuando estalle será muy difícil reconocer el modo de pago en efectivo y con tarjeta que hemos aceptado hasta ahora. Descansen ambos en paz. Su turno.

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Miren por donde que pensaba yo ayer que la prensa especializada se lanzaría a la yugular del Presidente del Gobierno tras su entrevista del lunes en Televisión Española (ver video). Enseguida verán por qué. Allá por el minuto 18 y medio, Juan Ramón Lucas pregunta a Zapatero por la subida del IVA. Y entonces, éste contesta con un discurso de 90 segundos que no es sino un reflejo de su estratagema política ante la crisis: decir una cosa y su contraria casi sin solución de continuidad. Así, primero, defiende la medida pues “permite mejorar los ingresos del Estado y reducir el déficit”. Hasta ahí lo correcto. Luego, comienza con las medias verdades. La iniciativa no afecta a los trabajadores (pero sí a su renta disponible, siendo la propensión del ciudadano al consumo mayor cuanto menor es la misma), ni a la actividad de las empresas (pero sí a sus márgenes ya que no pueden repercutirlo en los precios finales en un entorno de baja demanda), mantiene el tipo por debajo de los niveles medios de imposición indirecta europeos (que, en algunos casos, corresponden a naciones con menor peso del consumo en su PIB, detalle que se olvida) y no hace daño a las exportaciones (como si la competitividad fuera un factor aislado, independiente de la normativa interna). Y entonces el remate final: “le voy a dar un dato” -tiembla McCoy, redoble de tambores-, “con lo que vamos a recaudar de IVA desde junio hasta final de año, podemos pagar la prestación de 500.000 personas desempleadas”. Por favor, el electroshock que me da un jamacuco. Pero… ¿no era el objetivo reducir el déficit? Pues no, desengáñense, lo importante es la cohesión social y hacer frente con la mayor recaudación a los gastos corrientes que la Administración tiene comprometidos. Que el voto es el voto, oiga.

Las implicaciones de este tipo de imprudentes declaraciones son múltiples. De ahí que me extrañe que nadie se haya parado a reflexionar sobre ellas de forma detallada. En primer lugar ponen de manifiesto de cara a los mercados internacionales -que son los que nos han puesto, nos guste o no, en el punto de mira- la inconsistencia de la estrategia de nuestro Ejecutivo, incapaz de dotar de la necesaria cohesión hacia un objetivo común a las 137 proposiciones desarrolladas hasta ahora, ni una más, ni una menos (Zapatero dixit). Unir mayor presión fiscal con sostenimiento del aumentado Estado del Bienestar, como consecuencia de la crisis, chirría en el entorno de apremio por parte de socios, conocidos y enemigos para que España reequilibre sus cuentas públicas como el actual. El hecho de que se tratara de una frase, sin duda, preparada pone de manifiesto el grado de incompetencia del Gabinete de Comunicación de Moncloa, incapaz de percibir quienes son, a día de hoy, los destinatarios últimos de los mensajes: aquellos que cuestionan la solvencia y credibilidad de nuestro país. Algún malhadado dirá, “ves McCoy, es hablar ZP y caer la bolsa; podía quedarse calladito”, aunque es verdad que al final llovió bursátilmente menos de lo que parecía por la mañana. No soy tan malvado como para establecer tal asociación pero está claro que alguien aquí no se ha dado cuenta de dónde está el foco de atención y sigue soltando frases para el recuerdo a su aire.

En segundo lugar, resulta evidente que, cuando el aumento de recaudación tributaria se produce vía tipo de aplicación y no mejora de la actividad, el gravado tiene que tener claro que ese sacrificio adicional que se le exige encuentra compensación en forma de contraprestación presente o futura. Es el pacto implícito subyacente a cualquier sistema tributario, acuerdo tácito que cobra especial vigor en tiempos de escasez como los actuales. Una premisa que se rompe en el supuesto planteado por el Presidente del Gobierno, donde prima la mera transferencia de rentas entre trabajadores y desempleados frente a la gestión eficaz de los limitados recursos. Siendo así, el Estado desvirtúa su papel ya que se convierte en un mero intermediario sin ánimo de lucro. Para este viaje no hacían falta alforjas. No sólo eso, fomenta el subsidio como modo de vida frente a la iniciativa privada. Indudablemente existe un argumento de cohesión social. Pero la misma se puede lograr, bien de forma pasiva, dinámica que parece haber adoptado nuestros gobernantes, o de modo activo, promoviendo políticas que faciliten la creación de empleo, gracias al fomento de la educación, la especialización y la innovación. Una elección peligrosa. No estamos como para dar excusas a la insumisión fiscal.

En tercer y último término están los parados, teóricos beneficiarios de la propuesta presidencial. Esperemos que carezcan de la candidez imprescindible como para comprar sus argumentos. Y es que el IVA es un impuesto no progresivo, que grava por igual con independencia del nivel de ingresos. Miento,  tal y como hemos señalado con anterioridad, es más bien un tributo regresivo precisamente por el hecho de que las rentas bajas son las que más consumen en términos porcentuales respecto a su disponible, con la salvedad, cierta, de que tales compras se concentra en bienes de tipo reducido. Por tanto, al final lo que el Gobierno está haciendo es darles con la mano derecha lo que recauda de ellos con la izquierda, resultado de su gasto de subsistencia. ¿Cómo lo ven? Al final si sustituyéramos prestación por la devolución de la recaudación nos ahorraríamos estos fuegos de artificio. ¿Es eso lo que propone realmente Zapatero? Ta tenemos la Exclusiva. El problema es que, para los que hemos defendido la oficialización, vía amnistía a la italiana, vía incentivos a la declaración, de la economía sumergida nos estrellamos ante medidas de este tipo que fomentan, precisamente lo contrario. Pero, amigos, es lo que hay. Mientras miremos hacia otro lado cuando nuestro Primer Ejecutivo dice dislates como los del lunes, poco podremos hacer. Al menos, desde aquí, intentaremos ponerle frente a sus vergüenzas. Me temo que será en vano.

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Si me permiten que les haga una recomendación, no dejen de leer el reportaje principal del último número de The Economist. Bajo el impactante titular de Gendercide o Generocidio hace referencia a las consecuencias sociales y económicas de la selección de sexos en el embarazo tan extendido por algunas de las principales potencias asiáticas, especialmente China e India, práctica que permite la supervivencia del varón y el exterminio de la mujer no nacida provocando de esta manera un fuerte desequilibrio entre la derecha y la izquierda de la pirámide poblacional. El arranque del artículo es estremecedor. Personalmente, me ha puesto los pelos de punta. No es sino una alerta de las trágicas consecuencias para la percepción de la vida humana, que pierde completamente su valor, de determinadas políticas demográficas. Ante un documento de ese tipo es difícil quedar indiferente. Sin embargo, haciendo de tripas corazón, McCoy va a pasar hoy por encima de este drama para centrarse en las implicaciones finales de determinadas iniciativas legislativas, las que promueven o toleran tal actividad. En un mundo global, lo que ocurre allende nuestras fronteras tiene implicaciones para nuestro futuro. Trataremos de analizarlas de la forma más aséptica posible, con remisión a los datos aportados por el propio semanario británico que tomaremos con referencia, principalmente, al gigante “amarillo”.

En primer lugar, en China ha quedado probado que, en aquellas regiones donde el sexo masculino predomina sobre el femenino, las familias tratan de acumular riqueza con objeto de poder competir en el ultracompetitivo mercado del matrimonio lo que dispara su tasa de ahorro. No es una cuestión de dote, sino que estamos hablando de aumento del disponible para invertir en la educación y salud del niño, entre otros. No sólo eso. En las regiones en las que mayor es el desequilibrio, que normalmente coinciden con las de mayor renta (con recursos para hacerse las oportunas pruebas), tal acaparación de recursos líquidos se dispara por lo que el impacto sobre el agregado es mayor. Los autores a los que cita la pieza (cuyo informe original les adjunto) atribuyen a la medida del hijo único, y la selección artificial de sexos que la misma lleva aparejada, la mitad del aumento de la tasa de ahorro china en los últimos 20 años que, por cierto, ha doblado. No en vano concluye que “si tal estadística fuera verdad, sugeriría que los intentos del gobierno por impulsar el consumo serían menos efectivos de lo que se cree”. Siendo éste como es un elemento de distorsión esencial que se encuentra, en parte, en el origen de la crisis actual, tal sentencia final cobra especial relevancia. ¿Está quemando China dinero en vano?

En segundo término, hay una relación causa efecto probada entre la falta de mujeres y el aumento de los actos delictivos vinculados a tal carencia, lo cual no deja de ser una obviedad, que van desde las violaciones o abusos al tráfico de personas con fines de matrimonio forzado o prostitución. La tasa de criminalidad en China se ha multiplicado por dos en 20 años y un porcentaje significativo de tal aumento está ligado a esta realidad. Para un país que basa la permanencia de su estructura actual en la cohesión social, el problema no es moco de pavo. Las complicadas circunstancias se ven agravadas por un fenómeno adicional y es que el suicidio es la causa más común de muerte de las jóvenes chinas entre 15 y 34 años, algo que según el autor se deriva, no sólo de la violencia ejercida sobre ellas, sino de la obligación familiar o marital de abortar o liquidar al recién nacido femenino. A veces uno se pregunta en qué mundo vivimos. Está por ver, por cierto, si esto no acabará traduciéndose en una suerte de imperialismo demográfico que busque dar salida a sus jóvenes en ebullición. Quédense con la copla: para 2020, 40 millones de ciudadanos de China estarán desparejados en aquel país.

Señala The Economist en el previo que anticipa el reportaje en el mismo número que “a este semanario, que cree que el aborto debería ser, en palabras de Bill Clinton, ‘seguro, legal y excepcional’, no se le escapan las consecuencias catastróficas para la sociedad de la generalización de tales actos individuales”, frase que se ha de circunscribir, entiendo, al supuesto al que hace referencia el artículo. Se trata, no obstante, de una sentencia demoledora que podría resultar de aplicación en cualquier espectro social contemplado, sea éste más o menos amplio. Como a la propia España en la que se da la esquizofrenia de plantear al mismo tiempo la Reforma de las Pensiones, con objeto de asegurar su supervivencia futura, y la Reforma de la Ley del Aborto, con sus perniciosos efectos sobre la natalidad nacional, única que permite de modo natural corregir nuestra incierta deriva demográfica. En esas estamos, sembrando disposiciones para que nuestro futuro sea más difícil y no mejor. Pues nada, luego no se me quejen. Miren en China cómo les va.

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Pues sí, como lo oyen. Elena Salgado es mi candidata para el próximo Nobel de Economía. Sé que a algunos puede sonarles disparatada la propuesta pero, de ser así, estoy convencido de que tal actitud reacia sólo puede derivarse del desconocimiento, de no haber apreciado en su inmensidad y profundidad el calado intelectual de nuestra Vicepresidenta Segunda del Gobierno. Hacía mucho tiempo que la ciencia económica no recibía una aportación intelectual del calibre del que la política realizó la semana pasada cuando, en sus conversaciones con el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, con objeto de sumar sus fuerzas a un potencial Pacto de Estado, deslizó una Teoría llamada a ser materia de sesudos estudios académicos que llenen los anaqueles de las librerías alrededor del globo terráqueo. Españoles, queda inaugurada la Economía Informal. Cortemos la cinta.

En efecto. En una interpelación coloquial, nuestra ministra del ramo aclaró a los dirigentes de la coalición comunista que “una cosa era la economía informal y otra bien distinta la sumergida”, distinción que pronto ambas partes se apresuraron a situar en su justo contexto: no hay que confundir a quien defrauda poquita cosa y de modo circunstancial con aquellos que lo hacen sistemáticamente y en elevados importes, venían a decir. Y se quedaron tan panchos. Como si ese veintitantos por ciento de PIB de caja B que existe en España permitiera hacer distingos de este tipo. Sin embargo, oye, ni una reacción al respecto de estas declaraciones ni de la oposición ni de la clase intelectual, toma ya. Cabe que, para muchos estudiosos, la frase se circunscribiera a ese concepto clásico que asocia informalidad económica con ausencia de control administrativo o tolerancia con el fraude. Pero aún así. Estaríamos en ese caso aceptando como válidas realidades correspondientes a sociedades poco evolucionadas, circunstancias impropias de un país que se llama desarrollado como el nuestro: De dar ese argumento por válido, no dejaría de ser su enunciación un disparate en boca de la responsable del ramo.

No se lleven a engaño. Cuando Elena Salgado habla de Economía Informal viene a poner negro sobre blanco una nueva forma de hacer las cosas en la ciencia económica: la que ha presidido el modo en que el Ejecutivo ha gestionado la crisis nacional desde el momento de su estallido allá por la primavera verano de 2007. Así, ha optado por implantar una serie de medidas deslavazadas e inconexas, carentes de la uniformidad en su concepción necesaria como para ser consideradas como un cuerpo de iniciativas con el calado suficiente como para cambiar la faz de este país. Propuestas formales en su vestimenta normativa, pero informales en el fondo, poco serias. Así lo han entendido gran parte de los analistas internacionales y domésticos. Pocas veces ha existido en España tal unidad de juicio… crítico.

No sólo eso. Se han creado instrumentos novedosos en apariencia que perseguían metas tan ambiciosas como la rápida materialización de algunas reformas estructurales que no admitían demora. Sin embargo, y de momento, no han sido más que fuegos de artificio que carecían de la solvencia necesaria como para ser tomados en serio, bien porque se pergeñaron sin subsumirse a una legislación comunitaria que ha acotado su alcance cuantitativo y temporal, bien porque chocaban con el entramado regulatorio regional que tan difícil hace la aplicación de medidas generales en España. Exactamente. Me estoy refiriendo al FROB, a su fecha de caducidad y a las múltiples Leyes de Cajas existentes por el territorio nacional. No me negarán que todo lo que rodea la redefinición del sector bancario suena a chirigota gaditana.

Más. En algunos planes estrella, se ha elegido para su instrumentación a los agentes económicos más corruptos del Estado, a aquellos que han sido nido sistemático de escándalos, vehículos de fomento de la economía verdaderamente sumergida, según la nomenclatura de la vicepresidenta: los ayuntamientos. Miren el Plan E, 8.000 millones de euros nos contemplan. Criterio de asignación de proyectos, capacidad de crear puestos de trabajo. Ni coste de ejecución, ni necesidad de realización. Como resultado, fraude en la licitación. Ah amigo, en el pecado llevan la penitencia. Los dineros del Plan han servido, en ocasiones, como balón de oxígeno para cubrir los gastos corrientes de algunas corporaciones locales mientras los contratistas siguen sin ver un euro de las cantidades adeudadas. Algunas obras han tenido, por tal motivo, que ser terminadas por los propios vecinos ante la negativa de aquellos a continuarlas mientras no cobraran.

Son sólo algunos ejemplos a los que estoy convencido que ustedes podrían añadir muchos más. Seguro. La Economía Informal, aquella que falla en la planificación y en la formalización, es el pan nuestro de cada día en España. No duden en tomar la parte por el todo de las declaraciones oportunamente filtradas a El País de Salgado. Desde ese punto de vista, ¿cómo no va a consentir toda una Vicepresidenta Económica del Gobierno el trampeo generalizado? Es intrínseco a su modo de ver la situación y a su forma de plantear cualquier solución. Hay que proponer a esta señora para el Nobel. Al final, tiene tanto mérito explicar lo que se debe hacer ante un problema complejo, como lo que se ha de evitar a toda costa para su resolución. Nuestro país está viviendo una clara demostración empírica de esto último. Desgraciadamente. Es hora de que, al menos, alguien destaque tal compendio de estulticia colectiva. ¿Se atreverán los noruegos? Buena semana a todos.

Uno de los recuerdos que mejor conservo de mi infancia se remonta al Mundial de Fútbol que tuvo lugar en Argentina en 1978. Contaba por aquel entonces con siete añitos de edad y fue, por tanto, el primero que viví de una manera más o menos consciente. Conservo especialmente en la memoria el paradón de Miguel Angel ante Austria, el fallo de Julio Cardeñosa frente a  Brasil a puerta vacía y el primer gol de Mario Kempes en la final que ponía el 2 a 1 en el marcador ya en la prórroga contra Holanda. El tema musical de tal acontecimiento deportivo fue compuesto por Ennio Morricone que luego se consagraría con bandas sonoras de películas como la de La Misión o Cinema Paradiso. Su grito de arranque, Argentina hacia el Mundial, ha permanecido en mi memoria hasta ahora.

Ahora que restan menos de cien días para la celebración de la Copa del Mundo de Sudáfrica, ha venido de nuevo a mi cabeza ese latiguillo. Y lo ha hecho con motivo de la lectura del Informe de Coyuntura Económica argentina que, semanalmente, me remiten los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde desde aquel país. Efectivamente, Argentina iba camino de triunfar en el mundial… del despropósito y sólo la pérdida de la mayoría en el Senado el pasado miércoles podría evitar la trágica consumación de una deriva suicida. Menos mal, porque los acontecimientos acaecidos los días inmediatamente anteriores ponen de manifiesto el grado de degradación institucional al que había llegado el régimen kirshneriano, que busca salvar los muebles como puede sin importarle pasar, para ello, por encima de cualesquiera obstáculos que se le puedan presentar, incluida la autonomía del banco central.

En efecto, Cristina Kirshner se había lanzado a una ofensiva para poder utilizar las reservas récord en poder de la autoridad monetaria y hacer así frente a pagos comprometidos por el Tesoro. Tras fracasar en su primer intento con el llamado Fondo del Bicentenario, debido a una negativa que le costó la cabeza al anterior Gobernador Martín Redrado, consumó sus intenciones el pasado lunes tras ordenar, a través de decretos que se sitúan en el borde mismo de la legalidad, si no fuera de ella, un par de pagos por un importe total de 6.500 millones de euros, destinados, en su menor parte, a abonar deudas con organismos internacionales y, el resto, a satisfacer las demandas de algunos tenedores privados de deuda. Para ello contó con la colaboración tanto de su Ministro de Economía, Amado Boudou, como de su candidata a regir el banco central Mercedes Marcó de Pont. Ahora, con el nuevo equilibrio de fuerzas, la frágilmente unida oposición ha conseguido que un juez suspenda la aplicación de la medida, con el dinero ya transferido eso sí, y cuestionar la continuidad de la gobernadora.

El posible freno parlamentario a los dislates de la pareja gobernante desde 2003, cuya tasa de aprobación ciudadana ha caído a apenas el 20%, tiene su lado oscuro: el país se hace ingobernable en el peor de los momentos posibles. Así lo reflejan los propios CDS con subyacente Argentina que, lejos de los 4.000 que se vieron en los momentos álgidos de la crisis, se mantienen en el TOP3 de las naciones con mayor riesgo de impago a nivel global. Incapaz de acudir a los mercados financieros internacionales desde el default de 2001, el deterioro de sus manipuladas cuentas públicas es evidente al crecer los ingresos ordinarios en 2009 un 11,3% y los gastos corrientes un 28% (primer déficit desde 2002) mientras que la inflación real, no estadística, se sitúa en el 25%, consecuencia de procesos de carácter fundamentalmente monetario, según  se deriva de las reivindicaciones salariales de los propios sindicatos.

Acabo. En un entorno como el descrito, dos tentaciones son evidentes. Por una parte, la búsqueda de un enemigo exterior tras haber sistemáticamente acallado las voces internas discrepantes. Desde esa óptica hay que interpretar la agresiva dialéctica opuesta al derecho de explotación de los posibles recursos petroleros de las Malvinas por parte de Reino Unido. En un país sin clase media como Argentina, la orientación de la miseria hacia un objetivo común ha sido una estrategia ya usada por otras naciones populistas en el pasado. Suban por el mapa latinoamericano y encontrarán algunos ejemplos.

La segunda posibilidad pasa por acusar a las empresas extranjeras de esquilmar los recursos nacionales, colonialismo económico intolerable que remite a tiempos de sumisión y oprobio que diría el discurso oficial. El esquema presión tarifaria-impositiva, primero, nacionalización después, se ha convertido en todo un clásico en el Cono Sur. Pese al buen trabajo de lobby realizado por algunas de las compañías españolas presentes en el país, especialmente Repsol, más les valdría no bajar la guardia. Miren si no la capaña anti-Shell de los Kirshner. Teniendo en cuenta que explotan fuentes de riqueza y/o generan liquidez de forma recurrente, el bocado para las cuentas públicas es demasiado tentador como para no, al menos, plantearse pegarlo y ya hay precedentes, como la intervención de los planes privados de pensiones en diciembre de 2008. Cuando el mercado ya descuenta tu inseguridad jurídica y/o económica, hay poco que perder.

Pues eso, que quedan avisados. Buen fin de semana a todos.

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Ayer tuve ocasión de acudir al lanzamiento de la plataforma de pago Orbyt por parte de Unidad Editorial que convivirá con el site de Internet y con la edición impresa. La presentación del Pope Pedro José Ramírez estuvo envuelta del halo de controversia que del mismo se espera. Como pudieron comprobar live mis seguidores en Twitter, se dedicó a cavar tumbas a diestro y siniestro. Primero se cargó elmundo.es al afirmar que “la información es una commodity, un bien universal, accesible desde cualquier parte del mundo. De hecho, una cosa es dar noticias y otra hacer un periódico. Por eso nace Orbyt, como el periódico de Internet, el principio de un camino, una forma de leer prensa para todo el siglo XXI”. De ahí la eliminación de cualquier ropaje de valor añadido en la web en las últimas semanas. Elmundo.es se queda -se ha quedado ya- en cueros. Pasa a ser un lugar donde informarse, no donde encontrar información, opinión, contenido diferencial. Proletarios intelectuales del planeta, uníos.

La segunda sepultura la abrió, sorprendentemente, para el propio El Mundo de papel que se vuelca de forma interactiva al nuevo modelo. Para esta fosa tuvo, eso sí, que usar una pala más retorcida con objeto de no caer, por error, en su propia zanja, no vaya a ser que tenga que arrepentirse en el futuro. Comienzo prometedor: “A partir de ahora la difusión del periódico tradicional importa poco”. Glub, quién te ha visto amigo y quién te ve, cómo te va la vida que a mí me ha ido bien, que cantara La Unión en su Vivir al Este del Edén. “No se sabe si Orbyt está en El Mundo o El Mundo es Orbyt. No en vano responde a un esfuerzo colectivo que recoge, de forma jerarquizada y unitaria, una determinada perspectiva ideológica y estética”. ¿No es eso un periódico? He de confesar que tuve que abandonar la presentación a partir de este punto por necesidades del guión familiar. Pero en el coche me rondaba la cabeza que faltaba algo en el discurso de PJ. Fue llegar a casa y la idea saltó como un resorte. “Claro, McCoy, claro. Orbyt es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la Humanidad”. Menos mal, dar con la frase de Neil Amstrong al pisar por primera vez la Luna me iba a permitir dormir tranquilo esta pasada noche.

Yendo al proyecto en sí, creo que hay que distinguir dos elementos esenciales: el puramente empresarial, por una parte, y el informativo, por otra. Por comenzar con la parte crematística, hay que reconocer a Unedisa su valentía. Frente a la política de patada delante de El País, que parece haber solucionado su convivencia con Internet mediante la acumulación progresiva de blogs de la mano de los ex Soitus, o la de despidos de ABC bajo el paraguas justificativo de la unificación de redacciones, los gestores de la filial de RCS han optado por una apuesta arriesgada en su concepción y razonablemente creativa en su desarrollo, aparentemente capaz de generar ilusión renovada en la organización. Y lo ha hecho a un coste recurrente marginal, toda vez que la generación de contenido no varía y los nuevos desarrollos han permitido despertar de su letargo a secciones que amenazaban con quedarse para vestir santos y que ahora adoptan un papel esencial, como documentación o fotografía.

Efectivamente hay una inversión inicial en programación, lanzamiento y adecuación de recursos, fundamentalmente técnicos. Pero no es una apuesta que les vaya a llevar por delante financieramente hablando. Más, quiero decir. De ahí que la obsesión por la masa crítica no resulte de aplicación sino en términos de imagen y continuidad futura o de sacrificio de audiencia y/o publicidad en otros soportes del grupo. Un problema no menor de fácil vuelta atrás online pero irreversible, probablemente, en papel. Hablando, por cierto de este último: la mera transición de suscriptores físicos al universo virtual, justificaría por sí sola, por las pérdidas que su existencia conlleva y que dejarían de producirse, la decisión.

Otra cosa es el producto. No creo que sea ni tan revolucionario como ayer se quería creer Pedro Jota, ni tan abocado al fracaso como anticipan algunos autodenominados gurús que apelan a la secular reticencia patria al pago por contenidos web. Ambos pecan de pretenciosidad, por exceso de optimismo el uno y por imprudencia temeraria en sus juicios los otros. Es evidente que, si echamos la vista atrás, la adopción de una iniciativa similar por parte de El País estuvo en la génesis del despegue definitivo de El Mundo como líder informativo online en España. Pero eso no implica per se que la sucesión de hechos ahora tenga que ser igual que entonces. De hecho, la principal diferencia es que, aunque sus gestores no lo vean así, el modelo propuesto por Unedisa no es de masas. No, al menos, en las cifras en las que algunos plantean. No puede serlo desde el momento en que es una transposición casi física del periódico a la web que resuelve, acudiendo al modelo tradicional, el problema de jerarquía. Cabía esperar algo más procaz pero, casi con toda seguridad, no había alternativa. Su mayor novedad descansa en el potente desembarco audiovisual: la voz del periodista, la imagen de la entrevista, el debate de las ideas por parte de los miembros de la redacción o la publicidad interactiva, una serie de elementos distintivos que nos llevan en volandas a la siguiente cuestión.

Que es que, en la segmentación de lectores, llevan los ideólogos su penitencia. El público que busca valor añadido, y está dispuesto a efectuar un desembolso para verlo, tiene dos limitaciones: multiplicidad de fuentes y tiempo. Gran parte de la ingente oferta de Orbyt –muy editorializada y/u opinativa- requiere de una capacidad de reflexión de la que la audiencia carece, no por ganas sino por imposibilidad real. Siendo así, está por ver cómo evoluciona la ambiciosa comunidad –basada en noticias, no en personas- que tiene planteada y la vinculación al proyecto del plantel de periodistas, al que se atribuye un papel esencial no exento de sacrificios. En un negocio de egos como éste, cualquier sombra de fracaso conducirá, irremediablemente, a su desapego poniendo en riesgo, de este modo, uno de los pilares que sustentan su estructura. Una dinámica curiosa que obligará a la compañía a establecer dos planos de justificación: la externa, basada en las cifras, y la interna, por criterios de utilidad. De ahí que comparta con el director de El Mundo esa afirmación de que, si la cosa funciona, Orbyt será El Mundo, punto de unión entre información, redacción y lectores.

Se trata, como pueden comprender, de reflexiones a vuelapluma que hay que coger con pinzas. He de reconocer que, personalmente, soy usuario recurrente de webs muy extrañas que probablemente cuenten pocos aficionados adicionales a un servidor. Con esto quiero decir que lo mejor para emitir un juicio es recurrir a la experiencia, a la utilidad que cada uno sea capaz o no de extraer a esta más o menos novedosa forma de presentar la información. Tratar de pontificar ex ante es un ejercicio de imprudencia en el que personalmente no voy a caer. Orbyt va a funcionar en abierto la semana que viene. Eso sí, sólo en la parte de Kiosco, periódico web. Por el coste de un café y unos churros, podrán disfrutar del cacharro una semana más, ésta vez pagando tres euros y disfrutando de todas las secciones. Ustedes mismos. Servidor es escéptico por naturaleza. Pero el bebé aún anda a gatas. Dejémosle, al menos, que empiece a caminar. Si acierta, como confían PJ y su gente, El Mundo marcará verdaderamente un camino para todos, vía por la cuál, por su particular modelo informativo, El Confidencial lleva mucho avanzado. Si yerra, ¿seremos los demás capaces de aprovechar la oportunidad? Pregunta abierta que les lanzo.

Cada vez que McCoy ve una operación corporativa liderada por una constructora en virtud de la cual sacrifica generación de caja recurrente por liquidez inmediata, por menor que la misma pueda parecer, se le encienden las alarmas. Que no está el patio para aumentar el carácter cíclico del negocio, oiga. Tiene que haber, por tanto, una razón suficientemente justificada para la adopción de una decisión de ese tipo. En el caso de la venta de Itinere por parte de Sacyr Vallehermoso al Fondo de Infraestructuras de Citigroup, la motivación era evidente: la imperiosa necesidad de reducir deuda de la firma presidida por Luis del Rivero. Sin embargo, ¿qué puede llevar a FCC a enajenar el goloso negocio de las ITVs, tal y como publicaba ayer en exclusiva Cotizalia? Crece en facturación (y más en que va a crecer en momentos de crisis); mantiene una posición de dominio en comunidades como Aragón, Valencia, Canarias y Baleares; es extraordinariamente rentable y ha sido objeto de jugosas ofertas en fechas no muy lejanas, en aquel momento rechazadas (ahora se encuentra en posición de desventaja frente a un posible comprador que ve su necesidad de monetizar).

Entonces, ¿cuál puede ser la causa última por la que FCC quiere deshacerse de una división tan golosa, que tan poco estorba en su balance y tan positivamente contribuye a sus resultados? Quizá haya que buscar la respuesta en la particular dinámica de una industria cuyo entorno oscila entre el intervencionismo descarado o la liberalización rabiosa.

En efecto, el negocio de las ITVs en España se ha caracterizado, hasta fechas muy recientes,  por su carácter oligopolístico, primero en manos de empresas públicas (que aún dominan en Galicia, Asturias y Andalucía) y con posterioridad en las del capital riesgo. Amparados por el batiburrillo normativo del modelo autonómico español, que implica que un vehículo igual en todo el territorio nacional sea susceptible de 17 disposiciones regionales distintas, los operadores han hecho de su capa un sayo con la oportuna connivencia administrativa, yendo la apertura de centros por detrás del crecimiento del parque móvil, oferta restringida para demanda creciente, y siendo la renovación de instalaciones y su adecuación a los nuevos tiempos una tarea poco prioritaria. Sirva como ejemplo que, a cierre de 2008, había un total de 329 centros en toda España que operaban 831 líneas de revisión -facturación agregada de 445 millones de euros- para cerca de 20 millones de vehículos susceptibles de revisión (automóviles y motocicletas). Echen cuentas.

En un entorno como el anteriormente descrito, apostar por el sector equivalía a tirar a balón parado. Lo difícil era obtener la concesión, bien directamente o bien mediante compra a un agente ya establecido. A partir de ese momento bastaba con ordeñar la vaca. Prueba de su  interés para el universo inversor son los múltiplos de valor empresa y deuda neta sobre beneficio operativo ajustado o EBITDA a los que se cerraron operaciones de compra y/o financiación entre 2006 y 2008: cerca de 19 veces EV/Ebitda en la adquisición de Itevelesa por Macquarie Bank (y más de 10 veces ventas) y 9,5 veces Deuda Neta/Ebitda en el crédito concedido por Societe Generale a Investindustrial para la compra de un 23% de Applus a The Carlyle Group. Un disparate que cercenó la capacidad de los operadores tradicionales de crecer mediante adquisiciones, hándicap que se unía a la imposibilidad de hacerlo orgánicamente. Primera causa de abandono de cualquier proyecto operativo y no meramente financiero.

Sin embargo, como señalaba con anterioridad, la industria se mueve entre situaciones extremas. Así recorre actualmente el mismo una ola liberalizadora que está teniendo efectos devastadores en algunas regiones como la de Castilla La Mancha, en donde la apertura total del mercado ha situado en una posición muy delicada a la mayoría de las ITVs, tanto a las ya existentes como a las de nueva creación. Y es que las inversiones que requiere el establecimiento de una instalación de este tipo no son excesivas, una vez salvados los trámites legales y administrativos, y, por tanto, la tentación de entrar en el negocio muy, muy golosa. Un fenómeno que amenaza con extenderse al resto de las comunidades autónomas. O bien de forma directa, de hecho ya se han anunciado medidas similares en Madrid a partir del uno de enero de 2011, o de manera indirecta al provocar la mayor oferta y su impacto en precios un trasvase de vehículos de las zonas vecinas. El impacto sobre márgenes y cuenta de resultados de esta proliferación supone un claro desincentivo al desarrollo de la actividad. Segundo motivo de renuncia pese al elevado retorno actual.

Puede que la decisión de FCC de vender sus ITVs no tenga nada que ver con la argumentación anterior. Pero todo apunta a que así es. Cuando suenen las sirenas de alerta anunciando “Arruinado” el último, mejor estar fuera que dentro, ¿verdad? Un deterioro que llevará su tiempo, sin duda, y que terminará cuando la industria encuentre el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Sobrevirirán, como siempre, las compañías que mejor sepan adaptarse. Las bajas ratios pagados a Dinamia por su transmisión de ATECSA el año pasado han servido de espejo en el que hasta los más crédulos no han tenido más remedio que mirarse. Mientras, se dice, se comenta, se rumorea que otra sociedad de las grandes, en manos extranjeras, ha empezado a mover igualmente ficha para abandonar el barco antes de que sea demasiado tarde. ¿Rumor o realidad? Ustedes mismos.

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Ayer les emplazaba a conocer en el post de hoy una propuesta para acotar el fraude fiscal sobre la que recurrentemente me ha insistido mi amigo Pedro, con el que tuve el placer de comer el pasado miércoles. Pedro es propietario de un Family Office en Madrid, actividad que emprendió tras cursar estudios universitarios en Alemania y desarrollar gran parte de su carrera profesional en Suiza. He de confesarles que es difícil encontrar a un tipo más preocupado que él por el futuro de España. Practica un desasosiego militante que le lleva a ejercer la reivindicación de forma activa. Así, recurrentemente recibo de él soluciones potenciales para algunos problemas estructurales patrios, unas más oportunas y otras menos. Eso sí, casi siempre toma como referencia la experiencia acumulada de las naciones en las que ha vivido donde, afirma, “es impensable esta cultura de tolerancia con el fraude, de connivencia con el defraudador” tan “española”. Tal pasividad ciudadana le enerva, no sin razón.

¿En qué consiste su iniciativa? Precisamente en romper tal inercia con base en un adecuado sistema de incentivos para todos aquellos ciudadanos que colaboren con la Administración Tributaria, no a través de una acción delatora que les sitúe bajo la sombra de la sospecha, sino simplemente mediante la oficialización de toda su actividad económica que suponga intercambio de flujos financieros. Es decir, mediante la exigencia de las correspondientes facturas y la declaración de las mismas al Fisco. “Es algo que se puede hacer en tanto en cuanto nuestro régimen tributario no es aún confiscatorio. Pero al ritmo que vamos, o aumentamos la recaudación y/o vigilamos la idoneidad de las prestaciones, o no tardaremos mucho en ver subidas de impuestos. Y entonces será demasiado tarde”.  Más vale, por tanto, prevenir que curar.

Así, señala, “se me ocurre algo muy simple: al chapuzas que te viene a casa, le pides factura aunque no quiera; a continuación metes los datos de la misma en un sistema informático creado ad hoc por la Agencia Tributaria o llevas la documentación a una ventanilla especializada habilitada para tal fin (con eso suples el hándicap tecnológico que puede afectar a una parte de la población); si, como consecuencia de esa acción colectiva, al final el tipo pasa de no ser sujeto imponible a serlo en un ejercicio cualquiera, la Administración te devuelve el importe del IVA por ti desembolsado junto con el de los demás que han hecho referencia al nuevo contribuyente, que hasta ahora no tributaba. Y si ningún boleto sale premiado, se te aplica una devolución parcial, medida en términos porcentuales en función de tus declaraciones hechas, como premio a tu acción cívica”. Salvando las necesidades de implantación, más simple no puede ser y llega en un momento de los más oportuno: cuando se vuelve a debatir la idoneidad o no de aumentar el IVA, medida ya anunciada por el Gobierno. En lugar de darle con el pez a los ciudadanos en la cabeza, enseñémosles a pescar, viene a decir.

“Todos salimos ganando. Así, uno, el incentivo para el ciudadano es claro ya que recupera una parte de los impuestos indirectos pagados que, al ser el último escalón de la cadena de valor añadido, nunca iba a volver a ver. No sólo eso, la devolución de parte de la carga impositiva que soporta le implicaría una recepción de disponible extra que podría destinar al consumo. Un abono que tendría un carácter más equitativo que los famosos 400 euros ya que hay una discriminación efectiva en función de un criterio de solidaridad real de abajo arriba. Además, la factura le serviría como garantía del trabajo o la venta recibidos por lo que aumentaría del mismo modo su protección ante posibles defectos futuros en los mismos.

Dos, la recaudación impositiva sigue siendo neutral el primer año (se devuelve lo que antes no se declaraba) pero mejora a partir de que el nuevo trabajador y/o empresa queda registrado en los ficheros públicos. La generalización de esta práctica y una adecuada gestión de los datos cruzados deberían ayudar a luchar contra el fraude compensando con creces el dispendio en bonificaciones. Se produce un traspaso de PIB oculto a oficial que permite disminuir el peso relativo del déficit y la deuda sobre el mismo -gracias al efecto denominador, que aumenta- con su consecuente impacto sobre el riesgo percibido ante los activos con apellido España.

Tres, se evitaría que, con base en declaraciones de ingresos falsas o desarrollo exclusivo de su actividad en la economía sumergida de algunos sujetos, éstos fueran susceptibles bien de ayudas públicas en forma de prestaciones, bien de servicios preferenciales de educación, vivienda o similares por lo que se incrementaría la eficacia del gasto en tiempos de escasez como los actuales. Ante la duda acerca del mayor o menor grado de registro de su actividad, los chapuzas actuarían en consecuencia, declarando un mayor porcentaje de su actividad. Se conocería de este modo la riqueza real de la que disfrutan.

Por último, aumenta el reparto tributario al ser más los declarantes y el sistema se hace más equitativo”.

No sé qué les parece. A mí me ha sonado bastante bien. De hecho Pedro me comenta que ha tenido cierta aceptación entre los miembros de la Agencia Tributaria, a distintos niveles, a los que ha presentado, con mayor o menor detalle, la propuesta. Se trata, por supuesto, de una idea preliminar que debería contar con un potente desarrollo posterior. Pero va en la línea de esa necesaria toma de conciencia de la necesidad de eliminar aquello de peyorativo que el gentilicio español lleva consigo. Lo importante, as usual, su opinión. Con ella me quedo ahora.

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No sé si saben la última. Alberto Núñez Feijoo ha solicitado al Gobierno que llame a consultas al embajador español en Argentina y ha pedido a Repsol que sea insumiso fiscal en aquel país, medidas ambas que estarían siendo estudiadas en este momento por los interpelados. ¿El motivo? Tras las declaraciones de Rosa Díez en las que acusaba a Mariano Rajoy de ser gallego “en el sentido más peyorativo del término”, el primer mandatario regional ha decidido comenzar una campaña a favor de la inocuidad de los gentilicios, especialmente del suyo. Y qué mejor manera de hacerlo que romper la singular tradición del País de la Plata de asociar gallego a oriundo de España, inmigrante inculto, simple, lerdo, torpe y cuantos calificativos adicionales se quieran añadir, objeto de toda suerte de chanzas y chistes. Un uso, ni mucho menos metafórico, que “insulta a Galicia y a sus ciudadanos y requiere de inmediata subsanación”, ha declarado. A resultas de la iniciativa de Núñez Feijoo, el pueblo onubense de Lepe habría pedido al Ejecutivo ser objeto del mismo grado de consideración y éste, sabedor que las cosas se presentan negras a nivel electoral, estaría a punto de anunciar la inmediata corrección de todos los libros con bromas sobre leperos actualmente en circulación, suprimiendo tal parte de su contenido. Una medida recibida como agua de mayo por los editores de los mismos ante la aparición de una partida presupuestaria extraordinaria a tal fin.

Como comprenderán, cualquier parecido del párrafo anterior con la realidad es mera coincidencia. Pero pone de manifiesto el nivel de chorradas a las que caen algunos con tal de denostar al enemigo político, emergente o no. Mal por la líder de UPyD por dar excusas a sus opositores. Pero mucho peor por los que se han agarrado como un clavo ardiendo a sus palabras para abrir un frente de discordia donde no lo hay. A ver si estos últimos tienen valor de escalar el conflicto como al comienzo de este post se sugiere. Seguro que no. En cualquier caso, tal vorágine de estulticia colectiva ha servido a McCoy para reflexionar sobre un tema que empieza a aflorar con fuerza en la prensa internacional: la aparente reticencia de los países del Norte de Europa a ayudar a aquellas naciones del Sur más necesitadas, oposición que fundamentan en el particular carácter e idiosincrasia de la región, amante de la buena vida, poco inclinado a la disciplina y tolerante con el fraude. Son “españoles”, vienen a decir. Valga como ejemplo de tal concepción el artículo del New York Times sobre el Carnaval de Cádiz del pasado 21 de febrero, una pieza que merece ser leída en su integridad, que empieza haciendo referencia a una chirigota llamada “Ya empezaré mañana”, nominación que para el diario habla por sí sola, y recoge una cita magistral de una lugareña en su quinto párrafo: “la vida son cuatro días, en uno naces, en otro mueres y sólo quedan dos para disfrutar”.  No hace falta que les dé muchas más explicaciones, ¿verdad?

El viernes tuve una ponencia en el Forinvest valenciano bajo el apasionante título de “Desconcierto del ahorrador en tiempos de incertidumbre”. Tras salvar los trastos como buenamente pude se abrió un turno de preguntas bastante prolijo y sumamente interesante. Cuando ya íbamos fuera de hora, un señor que estaba sentado al fondo a mi izquierda preguntó, un tanto alarmado: “oiga McCoy, eso que hablan de la deflación de precios y salarios, ¿es la única alternativa? Y de ser así, ¿cuánto durará?”. Curiosa la obsesión de algunos por buscar su tranquilidad fijando un plazo temporal a las cosas, especialmente a las malas. “España es una casa que requiere de una reforma estructural”, le contesté. “Ya está bien de parcheos. Y poco importa el tiempo que dure, sino que quede bien. Para que la parienta (Europa) no nos siga dando la murga y nuestros hijos estén más seguros el día de mañana. De hecho es la gran oportunidad de transformar de una vez por todas España, tarea a la que contribuirá sin duda la disciplina que impone la pertenencia al euro. Sin política monetaria ni cambiaria propia, especialización productiva o competitividad exterior nos espera un periodo largo de trabajar más, ganar menos. No sólo eso, llega la hora de ser menos españoles”.

Menos españoles. ¿Qué significa esto? Aunque mañana volveré sobre esta cuestión de la mano de una sugerente idea que me remite mi amigo Pedro, servidor lo ve muy claro. Es necesario contemplar la Administración Pública como una empresa más en la que todos somos accionistas. Y eso implica, por una parte, poner al frente de la misma los mejores gestores y no consentir los disparates y la ausencia de preparación y capacitación de los políticos actuales. La regeneración de lo que se ha convertido en una clase social, la dirigente, es inevitable. Resulta urgente conciliar su cortoplacismo con el interés a largo plazo de la nación. Pero no sólo eso. Es momento de un severo examen de conciencia por parte de cada uno de nosotros que nos lleve a analizar hasta qué punto no somos culpables, por acción u omisión-no denuncia, de gran parte de la actividad no controlada fiscalmente que se produce en España. Algo que deberían hacer especialmente los trabajadores asalariados por cuenta ajena que hay en España y que son los que soportan gran parte de la carga tributaria del país. Consistiendo con el fraude permiten no sólo que haya menos ingresos impositivos (que son ellos los que tendrán que compensar antes o después), sino también que se materialicen gastos públicos injustificados a favor de los que trampean y que, además, les discriminan (derechos preferentes de educación o vivienda, subsidio de paro o similares). Por tanto, o dejan de pensar en cómo puedo dejar de pagar y empiezan a hacerlo en términos de cómo puedo hacer que los demás paguen, o tendrán pocos motivos para quejarse cuando las necesidades de la Estado viertan todo su peso sobre sus ya mermadas cuentas. ¿Será posible? Mañana seguiremos con la cuestión. Buena semana a todos.

El miércoles se aprobaron a última hora en Estados Unidos nuevas normas encaminadas a restringir las ventas en corto en aquel país. La votación dentro del regulador –Securities and Exchange Commission o SEC- fue reñida, ganando los prohibicionistas por un ajustado margen de tres votos a dos. Su contenido se limita a valores que hayan caído más de un 10% intradía y se queda lejos de la propuesta inicial de recuperar el uptick rule, según la cual sólo se puede apostar contra acciones cuyo último cruce de negociación haya sido alcista. Esta regla estuvo vigente 70 años y se abolió en junio de 2007, glorioso timing que ayudará a que el que tomó la decisión sea considerado como uno de los principales tontos del siglo XXI. Sólo cuatro meses después, se inició el desplome de los mercados. En cualquier caso, la Presidencia Europea de José Luis Rodríguez Zapatero ya tiene su primer logro. Los lobos feroces de las finanzas internacionales no van a incomodar más a esa pobre Caperucita que, consiente su compañía cuando la bolsa sube y las fieras le ayudan a llevar las viandas de la rentabilidad a la abuelita mercados y, por el contrario, suplica auxilio de los cazadores cuando ocurre lo contrario.

Sin embargo, poco parece que va a durar la alegría en la pobre Moncloa. Otro supervisor, en este caso la Financial Services Authority o FSA, acaba de publicar un documento extraordinariamente interesante que viene a probar que no es tan fiero el león como lo pintan y que, al menos por lo que a los mercados de acciones se refiere (otra cosa es la acción a través de los CDS y su influencia sobre la cotización de los bonos corporativos y soberanos), la actividad de los hedge funds, principales culpables formales del colapso de las acciones los días de fuertes caídas, son más bien corderos con piel de lobo y no lo contrario. Al informe, de apenas 13 páginas y referido a octubre de 2009, llego de la mano del WSJ que lo recoge en una pieza que titula Hedge Fund influence limited, leyenda que no quiere de demasiada traducción al castellano y que no puede recoger mejor la esencia de su contenido.

En efecto, ésa es la conclusión a la que llega la institución británica tras estudiar en detalle el grado de riesgo sistémico –esto es, para el conjunto del sistema- que se deriva de la actuación de estos agentes financieros: tienen una influencia limitada. Aunque la muestra se limita a las 50 principales instituciones con sede en Reino Unido, sean o no inglesas, se puede considerar como representativa toda vez que las firmas estudiadas manejan activos por valor de 300.000 millones de dólares, importe equivalente a la exposición total a Europa de la industria y a una quinta parte de su tamaño global. De hecho, entre ellos se encuentran algunas de las instituciones que han salido a relucir en fechas recientes en relación con el colapso bursátil español del pasado jueves 4 de junio. Como Brewan Howard, compañía que posteriormente denegó, a través de FT Alphaville, su participación en cualquier intento de desestabilizar los activos financieros con subyacente, directo o indirecto, España.

Así, señala el FSA, el conjunto de tales grupos apenas controla el 0,9% del mercado de acciones… ¡europeo!, cifra a la que llega tras liquidar el saldo entre sus posiciones compradas y vendidas e incluir la exposición a través de productos derivados. ¡Menos del 1%!, cifra que crece en el caso de los bonos convertibles hasta alcanzar el 10%. Vaya, vaya. Es verdad que el impacto de tal participación es desigual, función de la capitalización del valor afectado, su negociación diaria y el porcentaje del capital que circula libremente. Pero aún así. El lobo se empieza a quedar sin garras. No se vayan todavía que aún hay más apuntes sorprendentes. Así, el nivel de apalancamiento medio de los hedges analizados es de poco más de dos veces sus recursos propios (un 202%); el tiempo de ejecución de sus carteras muy superior al de los plazos de liquidación a sus clientes fijados en los respectivos folletos y la máxima exposición bancaria a uno de estos fondos por parte de los bancos que les sirven como contrapartida no supera los 500 millones de euros. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas.

Al final, dice el refranero castellano, se pilla antes al mentiroso que al cojo. El denuesto constante tanto a los hedge funds, por el hecho de serlo, como a su operativa, por desconocimiento, no se corresponde con lo que la tozuda realidad, dada a conocer ¡ojo! por alguien tan poco sospechoso como el supervisor de mercado, muestra. Gran vicio ese de echar balones fueras para eximirse de la propia responsabilidad. Cuando empecemos a comprender, uno, que se trata de agentes fundamentales del mercado, que dotan de liquidez al mismo; dos, que lo hacen de modo bidireccional, en las subidas y en las bajadas (algún día tendrán que comprar lo que venden, ¿no?); tres, que asumen, en ocasiones, como ocurre con el short selling y su coste asociado de financiación, mayor riesgo que los operadores tradicionales; cuatro, que su finalidad es aprovecharse de las ineficiencias de mercado y, precisamente por eso, ayudan a mitigarlas; quinto, que en ellos se acumula una parte sustancial del talento del sector financiero; y seis, que precisamente por eso contribuyen recurrentemente al mismo con innovaciones de gestión y trading, mejor nos irá, aunque algunos se empeñen en ver fantasmas donde no los hay. Desde Valencia, donde a las 11 doy una ponencia en Forinvest, buen fin de semana a todos.

Como cada miércoles, dediqué una parte de la mañana de ayer a escrutar el artículo que semanalmente publica Martin Wolf en el Financial Times. Encuadrado en la categoría de los agoreros, a los que el público imagina amante de los días de lluvia, el fado y las Pinturas Negras de Goya y en los que servidor sólo encuentra vitalidad desbordante, el autor se centra en las posibilidades de resolución no traumática de la crisis actual que, a su juicio, pasan, bien por un aumento de la inversión pública y privada en los países de alto déficit que permita generar a futuro recursos suficientes para el pago de su deuda, bien por un incremento de la demanda de las naciones llamadas emergentes que compense la contracción del consumo de las economías desarrolladas, resultado de su proceso de desapalancamiento.

Dado que de las dos alternativas, sólo la primera depende realmente de nosotros, centrémonos en ella y apliquémosla al caso español. Pues bien, no sé por qué extraña asociación de pensamientos –bueno, sí lo sé, luego se lo cuento- la mente se me ha ido automáticamente a lo denunciado el martes por Jesús Bárcenas, presidente de Cepyme: la principal adversidad de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país es, por una parte, la falta de financiación y, por otra, la morosidad de las Administraciones Públicas en general y de los Ayuntamientos en particular. Unos pagos pendientes que cifra en, al menos,  35.000 millones de euros, un 3,2% del PIB español, cuya reclamación es complicada por el “riesgo a perder un cliente” (toma ya) y cuyo impago viola flagrantemente la nueva normativa que obliga a los agentes públicos a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días.

De la suma de los dos párrafos anteriores, se extraen una serie de interesantes conclusiones. A lo César Vidal podemos extraer, sin ánimo de ser exhaustivos, las siguientes:

1. La situación laboral, el exceso de crédito privado y la incertidumbre sobre el valor de las garantías que lo avalan están provocando un retraimiento en la demanda de los particulares españoles.
2. El exceso de capacidad estructural en varios sectores de la economía, unido la falta de financiación de unos bancos cuya reforma apenas ha comenzado, están frenando la inversión corporativa.
3. Sin embargo, la solución para romper esta situación pasa, según Martin Wolf, por estimular la segunda para fomentar la primera. Algo que corresponde, a su entender, a empresas y gobiernos.
4. En una coyuntura como la actual el papel del gobierno es esencial, como motor de arranque y creador de estímulos para que se ponga en marcha la iniciativa de los agentes privados de la economía.
5. Para ello es fundamental el establecimiento de un marco jurídico adecuado, fiscal, laboral y administrativo. Hasta ahora sólo la Ley de Economía Sostenible parece haber apuntado en tal dirección, agilizando los trámites para la constitución de firmas. Parece que la nueva Ley de Mediación y Arbitraje también va a incorporar medidas que permitan acabar con la inseguridad jurídica, plazos y pagos, que paradójicamente emana de la actuación habitual del tercero de los poderes.
6. Pero, es esencial igualmente que la utilización de los escasos recursos de la Administración se destinen, como defendía ya Keynes, a acciones que tengan una finalidad productiva y no meramente asistencial. De ahí que los 400 euros o el Plan E puedan ser definidos, sin temor a equivocarnos, como flagrantes errores.
7. Mientras, la actuación del Estado y adyacentes tiene que quedar sujeta a una serie de límites con objeto de evitar que se produzca el efecto distinto al que se persigue, esto es: la expulsión del sector privado por el público de la economía o crowding out, fenómeno que puede manifestarse en tres frentes distintos.
8. Primero, dependencia de ciudadanos y sociedades de la acción del Gobierno (funcionarios, parados y jubilados). La economía se subsidia, la acción pública se vuelve cada vez más arbitraria y, de este modo, la iniciativa privada se ve progresivamente relegada, mientras se extiende aún más la economía sumergida. De ahí que sea importante una limitación de uso (que no consolide gastos corrientes), cuantitativa (que marcan los mercados) y temporal (para evitar que se consolide en el acervo colectivo) a su intervención.
9. Segundo, competencia por los recursos ajenos o, lo que es lo mismo, lucha por la financiación. La participación masiva de la Administración en los mercados de capitales puede afectar a la capacidad de hacerlo de los particulares. Y tanto unos como otros, en especial los bancos tras el cierre del grifo del BCE, prevén emisiones masivas a corto plazo. En un entorno de contracción de ingresos, el gasto indiscriminado puede pasar esta factura de lucha fraticida.
10. Tercero, y entramos aquí en la reclamación de Bárcenas, lo último que puede hacer una Administración es ser la responsable de la asfixia financiera del sector privado. Urge por tanto, y con base en adecuados mecanismos de control, el pago automático de todo lo pendiente, pudiendo hacer una emisión especial de deuda a tal fin pues su retorno sobre la economía sería inmediato (via actividad, puestos de trabajo e impuestos). Se instrumentaría a través de unas líneas de crédito especiales a las administraciones menores de modo tal que incorporen su repago a una partida específica de sus presupuestos, lo que limitaría posibles excesos futuros. Y sería justo, debiéndose su abono -corruptelas aparte- al pago de servicios prestados y no a la discrecionalidad del pagador.

Sé que los últimos artículos son muy enumerativos. Pero es que para andar lo único que hace falta es dar el primer paso. Lo demás viene solo. El acuerdo sobre el diagnóstico y las soluciones al problema de España son evidentes para todos menos para el Gobierno. O, al menos, eso parece. No está de más, por tanto, seguir dando la matraca a ver si se entera. Cuenten conmigo para ello.

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