Reggio’s

FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) es una fundación próxima a la Banca en cuyo patronato están representantes de: Banco Sabadell, Caja Madrid, Banco Español de Crédito, Banco Santander, Corporación Financiera Alba, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, Banco de España, Bolsa de Madrid y Banco de Andalucía. Tal fundación ha publicado periódicamente informes que han cuestionado la viabilidad del sistema público de pensiones, enfatizando la necesidad de hacer cambios que en realidad significarían una reducción de las pensiones públicas en España.

Este último informe está firmado por cien economistas de los cuales la gran mayoría no son expertos en temas de Seguridad Social. En este artículo se analiza críticamente cada una de las posturas enunciadas en tal informe, mostrando los errores que aparecen en sus páginas.

Introducción

El informe se presenta como neutro y objetivo, basado en lo que se define como los estudios sobre la Seguridad Social disponible en España, lo cual no es cierto. En sus apéndices y referencias hay una clara selección de autores, excluyendo investigadores (de gran prestigio nacional e internacional) e informes (de gran credibilidad) que han cuestionado cada una de sus tesis. Los trabajos de Camila Arza, una de las expertas en temas de Seguridad Social más conocidas en España, y Adolfo Jiménez, ex Secretario General de la Seguridad Social (1986-1996), y una de las autoridades más respetadas en estos temas, no son citados y sus estudios que cuestionan sus conclusiones son sistemáticamente excluidos de su informe. Lo mismo ocurre en cuanto a autores internacionales, como Joseph Stiglitz, Dean Baker y otros que tampoco son citados y cuyos estudios son también excluidos en el informe. La selección ideológica en la evidencia que presentan es un indicador del carácter ideológico del informe.

Los errores del informe

La inviabilidad del sistema de pensiones se presenta en el manifiesto de los cien economistas como resultado de la evolución demográfica. Señalan por ejemplo que “pasaremos de las más de 4 personas en edad de trabajar por pensionista actuales a 1,75 personas en edad de trabajar por pensionista en el 2049”, sin explicar porqué esto es –según ellos- un problema. Parecen no percibir que, resultado del crecimiento de la productividad, 1.75 personas pueden producir dentro de 40 años lo mismo que ahora producen 4 personas. En realidad hace 40 años lo que hace ahora una persona requería, en aquel entonces, de siete personas. En esta misma línea indican que “La Comisión Europea estimaba en octubre de 2009 que el gasto en pensiones en España subirá hasta el 15,1% del PIB en 2060, lo que supone un incremento del 80% respecto de la cifra de 2007 (8.4%)”, presentando este dato como muestra que este elevado porcentaje es inasumible por la economía española. De nuevo, ignoran el impacto del crecimiento de la productividad. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor en 2060 que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.

Otros errores

Otro error que se realiza en el informe es que toma como válidas las cifras que provee la OCDE sobre la tasa de reemplazo de las pensiones, indicando que las pensiones representan el 88% de los salarios, definiéndola como una de las más altas de los países miembros de esta organización. Como Camila Arza (“El sistema español de pensiones en el contexto europeo: estructura institucional, reformas e impactos sociales”.La Situación Social en España, volumen III. Ed. Biblioteca Nueva. 2009) y muchos otros expertos han indicado tal cifra está deliberadamente hinchada y no se corresponde con la realidad. En realidad esta cifra se basa en una vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la vida real laboral promedio en España es de 35 años. Por otra parte el cálculo de la pensión no se hace sobre los salarios sino sobre la base de cotización salarial, una cifra menor que el salario. El nivel de cotización del salario es una cifra distinta a la del salario. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables a la UE-15. No es pues el 88% de los salarios sino de la base de cotización, que es una cifra mucho menor. Por otra parte, las pensiones se incrementan según el índice de inflación, a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas, pero no a base del promedio del incremento salarial como ocurre en otros países. Como los salarios crecen más rápidamente que la inflación, resulta que los pensionistas ven deteriorado su nivel de vida en relación con la población activa, hecho que el informe ignora o desconoce.

Por otra parte el informe también ignora el hecho de que los salarios en España son muy bajos, lo cual por cierto, no se debe, en general, a la baja productividad (ver el artículo mío “Los salarios en España”.Público, 04.03.10), sino a la correlación de fuerzas dentro del mercado de trabajo español. Esta situación explica que las pensiones sean también muy bajas. Lo define muy bien Camila Arza en su citado capítulo del cual cito directamente: “Al basarse en niveles salariales relativamente menores que gran parte de los países europeos, el sistema de pensiones español genera beneficios más bajos: las tasas de reemplazo reflejan la capacidad de sustitución del salario que tiene el sistema, pero no su capacidad comparativa de compra. Esto explica la divergencia entre la generosidad del sistema en términos de la tasa de reemplazo teóricas y el nivel comparativamente bajo de gasto per cápita en paridades de poder de compra, como se observó más arriba. Altas tasas de reemplazo en un país con salarios más bajos produce pensiones más bajas.”

En realidad, el porcentaje de gasto en pensiones de jubilación en España sobre el PIB es de los más bajos de la UE-15 (España 8.4%, UE-15 10.2% del PIB) y ello a pesar de que la población anciana como porcentaje de la población total es superior en España que en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más y no menos. En cambio el gasto público en pensiones de jubilación por anciano es más bajo que el promedio de la UE-15 y mucho más bajo que algunos países de la UE-15, tales como Italia 13.531 upc, Suecia 13.190 upc, Dinamarca 12.846 upc, (unidades de poder de compra, upc, es decir, euros estandarizados). El gasto público en pensiones por anciano en España significa sólo el 65% del salario medio, que en España es uno de los más bajos (en la UE-15 es el 68%).

Entre las causas que explican este bajo gasto público en pensiones de jubilación está la reducida pensión de los pensionistas así como el porcentaje elevado de ancianos que no reciben ninguna pensión pública de la Seguridad Social (el 20% de la población anciana en España comparada con sólo el 9% de la población anciana en la UE-15). Estos datos explican la gran pobreza entre los ancianos en España, de nuevo citando a Camila Arza: “En ausencia de ingresos laborales o de capital de alguna importancia, el riesgo de pobreza tiende a aumentar cuando los beneficios del sistema de pensiones son demasiado bajos o la cobertura es limitada. En España, la expansión de los beneficios sociales y el crecimiento económico durante el período de la reconstrucción democrática supuso una reducción del riesgo de pobreza en la vejez. Entre 1980 y 1995, los beneficios aumentaron y el riesgo de pobreza relativa entre los mayores de 60 años se redujo (Boldrin y Jiménez-Martín, 2006). Esta mejora en las condiciones de vida de los jubilados durante las décadas pasadas ha acortado notablemente la brecha con el resto de los países de Europa. A partir de 1995, sin embargo, los beneficios relativos al salario comienzan a caer y el riesgo de pobreza vuelve a aumentar. Un estudio basado en datos del Luxembourg Income Study ha revelado que entre 1995 y 2000 la pobreza relativa en la vejez aumentó 5,9 puntos porcentuales (Munzi y Smeeding, 2006). En 2000 España era uno de los países europeos con la pobreza relativa más alta para la población mayor, que alcanzó el 23,3% (tabla 12). Esto es probablemente el resultado de la falta de ajuste de las pensiones a la evolución del salario en un contexto de crecimiento económico.” Todos estos datos son ignorados en el informe FEDEA.

Otras observaciones

En realidad, la evidencia existente más creíble que la presentada en este informe muestra que el sistema público de pensiones no tiene un problema de viabilidad. Ni que decir tiene que algunos cambios deberían hacerse, sobre todo, para mejorar la equidad dentro del sistema. Pero no es cierto que haya un problema de sostenibilidad en la Seguridad Social de España. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el incremento de la productividad, aumentará el nivel de riqueza del país de una manera sustancial proveyendo suficientes recursos para los pensionistas y no pensionistas, como hemos indicado en este informe. Es más, la popularidad de las pensiones públicas (en todos los grupos etarios de la población) explica que la sociedad siempre encontrará recursos para financiar las pensiones públicas, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales. Es sorprendente leer en el informe de FEDEA que se excluye como posible intervención para mejorar las pensiones el aumento de las cotizaciones sociales o los impuestos generales, posibilidades que se excluyen porque “tal aumento tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión”. Países con elevada carga fiscal, sin embargo, tienen tasas de desempleo muy bajas. Los países escandinavos, de tradición socialdemócrata, son un ejemplo de ello. Este argumento es insostenible a la luz de la enorme evidencia que muestra que no hay relación entre lo primero y lo segundo. Es una declaración meramente ideológica que carece de credibilidad científica.

Por último, el informe recomienda que se cree una Comisión para hacer propuestas para resolver la supuesta inviabilidad de las pensiones, fuera del alcance del Pacto de Toledo, que diluiría la participación de los representantes de la población española en el proceso de reflexión y decisión del mayor programa público que afecta a la mayoría de la población. Ni que decir tiene que otras medidas que son más importantes para mantener la sostenibilidad de la Seguridad Social, como son la redistribución de la renta y el incremento de la masa salarial como porcentaje del PIB, son totalmente ignoradas en el informe. Tal como ha escrito Christian Weller en “The future of public pensions on the OECD”, publicado en el Cambrigde Journal of Economics, (2004), una de las causas que ha creado un problema económico en la Seguridad Social es precisamente la polarización de las rentas en los países de la OCDE, con disminución de las rentas del trabajo a costa del incremento de las rentas de capital. Puesto que la mayoría de los fondos a la Seguridad Social proceden de las rentas del trabajo, la disminución de este tipo de rentas ha afectado a los ingresos a la Seguridad Social. De ahí que medidas redistributivas incrementando las rentas del trabajo juegan un papel clave para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Pero estas medidas quedan totalmente fuera del marco liberal que siempre favorece las rentas de capital sobre las rentas del trabajo. Me permito sugerir al lector que lea la sección Pensiones en mi web (www.vnavarro.org).

Vicenç Navarro

Más artículos de Enfoques

Existe una percepción generalizada en muchos círculos financieros, políticos e incluso mediáticos del país –promovida por pensadores liberales– de que las pensiones públicas de jubilación son demasiado generosas. Así, hemos visto, hace unos días, un documento firmado por cien economistas (muchos de ellos, los mismos que firmaron recientemente otro documento proponiendo que se facilitaran los despidos de los trabajadores) pidiendo que, con el fin de salvar el supuestamente inviable sistema de jubilaciones público, se redujeron tales pensiones públicas, consideradas excesivas. Señalaban como prueba de tal exuberancia que los pensionistas, en el momento de su jubilación, reciben en España una pensión que es equivalente al 88% de los salarios, uno de los porcentajes mayores de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel económico al español.

Tal mensaje –que, como era previsible, gozó de gran visibilidad en los medios– suele estar promovido por la banca, que ha estado cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas desde el momento en que se establecieron, promoviendo el mensaje de que tal sistema de pensiones público es inviable y/o insuficiente. No por casualidad, el documento está patrocinado por una fundación, FEDEA, financiada primordialmente por la banca, deseosa de que se reduzcan las pensiones públicas para aumentar las privadas.

El problema de tal percepción (de que las pensiones públicas de jubilación son excesivas) es que es profundamente erróneo. Y, además, es fácil demostrarlo. Veamos los datos. Los extraigo del capítulo El sistema español de pensiones en el contexto europeo escrito por una de las investigadoras que más han trabajado en el tema de pensiones a nivel europeo, la profesora Camila Arza, del Programa de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), publicado en el informe La situación social en España, del Observatorio Social de España (colgado en la web www.observatoriosocial.org).

España se gastó en 2005 en tales pensiones públicas de jubilación sólo el 6,9% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, cuyo gasto promedio en tal tipo de pensiones públicas es del 9,4% del PIB. ¿Por qué España se gasta mucho menos que otros países de comparable nivel de desarrollo económico? Una causa podría ser la estructura demográfica, es decir, que España tuviera una menor proporción de la población que fuera anciana. Pero este no es el caso, pues la situación es precisamente la opuesta. España tiene uno de los mayores porcentajes de población por encima de 65 años (16,5%) en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más, no menos, de lo que la UE-15 se gasta en pensiones públicas. En realidad, el gasto en pensiones públicas de jubilación por anciano en España es de los más bajos de la UE-15; sólo 9.227 unidades de poder de compra, u.p.c. (euros estandarizados por su poder de compra en países de distinto nivel de vida), comparado con 13.531 en Italia, 13.190 en Suecia, 12.846 en Dinamarca, y así una larga lista de países. Si vemos el porcentaje que estas cantidades significan sobre el salario medio vemos, de nuevo, que España es uno de los más bajos. Este porcentaje, que se llama tasa de reemplazo, es del 65%, más bajo que el promedio de la UE-15, que es del 68%. Mírese como se mire, pues, no puede llegarse a la conclusión de que nos gastamos demasiado en pensiones para los ancianos.

Ahora bien, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y, cómo no, el Banco de España (todas ellas instituciones de orientación liberal) utilizan el dato de que la tasa de reemplazo (por pensionista) es una de las más altas de la UE y de la OCDE, nada menos que un 88%. Y esta es la cifra que utiliza el manifiesto liberal de los cien economistas. Existen varios problemas con esta cifra, que está claramente hinchada. Los cálculos se basan en una situación ideal de vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la realidad es muy distinta. El promedio de vida laboral en España es de 35 años (mucho menor en el caso de las mujeres). Es más, los salarios en España son muy bajos, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15, lo cual no se debe, como erróneamente se asume, a una menor productividad (ver mi artículo Los salarios en España, Público, 04-03-10), sino a la debilidad de las fuerzas progresistas en España. Puesto que los salarios son bajos, las pensiones son también muy bajas, aunque la tasa de reemplazo aparezca muy elevada. Esta tasa da una idea equivocada de la generosidad de las pensiones en términos comparativos. Estas tasas pueden ser elevadas y en cambio las pensiones pueden ser muy bajas, que es lo que pasa en nuestro país.

Otro error en aquel porcentaje de reemplazo del 88% de salario es que lo que aquellas instituciones –y el manifiesto liberal– definen como salario no es el salario, sino la base de cotización salarial, es decir, que las pensiones no se calculan directamente sobre el salario previo, sino sobre el nivel de cotización del salario, que es una cifra menor. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo, con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables al resto de la UE-15. Es más, las pensiones se incrementan según el índice de inflación (a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas) pero no a base del promedio de nivel salarial, como ocurre en otros países. Y puesto que los salarios crecen, por lo general, más rápido que la inflación, resulta que los pensionistas se quedan más y más atrás, deteriorando su nivel de vida relativo.

Otro hecho que explica que el gasto en pensiones sea bajo es que el porcentaje de población anciana no cubierta por las pensiones públicas financiadas por la Seguridad Social es muy elevado, un 20,6% de la población anciana, la mayoría mujeres, (comparado con sólo un 9% de la UE-15). De estos datos se deriva que no sólo el gasto en pensionistas es muy bajo (más bajo que el promedio de la UE-15), sino que el gasto en todos los ancianos es también muy bajo, lo cual explica el elevado nivel de pobreza entre los ancianos (23,3%, comparado con sólo 1,6% en Holanda, 7,7% en Francia, 11% en Noruega, 12% en Dinamarca…). Ninguno de estos datos aparece en aquel manifiesto liberal (para una crítica detallada, ver www.vnavarro.org).

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España.

Mi maestro Gunnar Myrdal solía decir que antes de tomar medidas macroeconómicas es aconsejable ser escéptico de lo que la sabiduría convencional en un país aconseja hacer, y nunca aceptarla sin más. Frecuentemente –me decía-, la sabiduría convencional está equivocada. Y la situación actual es un ejemplo de ello. Hoy, las autoridades financieras y económicas de la Unión Europea (desde el Banco Central Europeo al Consejo Europeo y a la Comisión Europea) y las autoridades económicas del gobierno español y del mayor partido de la oposición (así como del Banco de España, de la patronal y de la mayoría de los medios de información y persuasión del país) han alcanzado un consenso en cuanto a las líneas generales de lo que el estado español debería hacer para salir de la crisis. Ni que decir tiene que hay diferencias significativas entre los partidos con representatividad parlamentaria, así como entre el gobierno español (cuyas últimas propuestas tienen elementos positivos y otros muy positivos, pero también elementos bastante negativos y otros claramente insuficientes) y el partido de la oposición (cuyas propuestas incluyen una serie de medidas sumamente negativas). Diferencias, pues, existen. Pero, en cambio, tanto el gobierno como el partido conservador coinciden en lo que constituye la sabiduría convencional del establishment de la UE. Todos ellos indican que hay que reducir el déficit y la deuda pública que –según ellos- están impidiendo la recuperación económica. El problema con esta sabiduría convencional es que está profundamente equivocada. Y además es fácil demostrarlo. Veamos los datos.

El mayor problema que tiene la economía española no es ni el déficit ni la deuda pública; es el elevado desempleo. Lo mismo en cuanto a la Unión Europea, aún cuando el problema en España es incluso mayor, pues el desempleo es muy superior en nuestro país. Creerse que bajando el déficit y la deuda van a reducir el desempleo es no entender cuál ha sido la causa del enorme crecimiento del desempleo. No es el déficit el que ha creado el elevado desempleo sino al revés, es el desempleo (y especialmente la ralentización del crecimiento económico que han determinado el crecimiento del desempleo) el que creó el elevado déficit. En realidad, más de la mitad del crecimiento del déficit en la mayoría de países de la Unión Europea se debe a la bajada de ingresos al estado, consecuencia del descenso de la actividad económica (ver mi artículo “Los errores de las políticas liberales” PÚBLICO 25.02.10). No hay, pues, una relación causal que explique el desempleo como consecuencia del aumento del déficit y de la deuda pública. Bajar el déficit, y la deuda, no disminuirá el desempleo. Creerse lo contrario es estar todavía imbuido de la religión liberal que impregna la sabiduría convencional. Y hablo de religión porque se reproduce a base de fe en lugar de evidencia científica.

En realidad, al disminuir el déficit crecerá el desempleo, empeorando todavía más el problema. Esto es lo que le pasó al Presidente Roosevelt en el año 1937, cuando al creerse que estaba ya remontando la economía, saliendo de la Gran Depresión (consecuencia del gran gasto público), redujo el déficit recortando el gasto público para reducir el déficit. La reducción tuvo un impacto inmediato: el desempleo creció de nuevo (ver mi artículo “Roosevelt versus Obama”. SISTEMA, 24.07.09). Y esto es lo que ocurrirá en la UE y en España. La reducción del déficit retrasará su recuperación económica. No hay vuelta de hoja. La evidencia histórica es clara. Aquellos que dicen que ayudará a que el desempleo baje, tienen que explicar cuál es el mecanismo por el que la bajada de déficit llevará a una mayor ocupación.

La causa mayor del desempleo en la UE y en España, es el desarrollo de las políticas liberales, que ha reducido la capacidad adquisitiva de las clases populares, que suplieron (a fin de sostener su estándar de vida) endeudándose. El colapso del mercado de crédito creó un enorme problema, cuyas consecuencias son el enorme desempleo. Pero, por otra arte, el enorme enriquecimiento de las rentas superiores no significó un aumento en inversiones productivas, sino en actividades especulativas que crearon una falsa riqueza. El centro de tales actividades fue el complejo bancario-inmobiliario, enormemente especulativo, que creó la burbuja inmobiliaria, que al romperse (pues estaba basada en una riqueza artificial, no real) colapsó el mercado crediticio, causa del problema económico cuya consecuencia es el enorme desempleo.

Los datos están ahí, y son fáciles de ver, a pesar del esfuerzo liberal, que trabaja en los medios liberales 48 horas al día, para indicar que el problema lo ha creado el estado “que gasta demasiado”, un gasto exuberante, que como decía el gurú de los liberales, Sala i Martín, necesita ser disciplinado por los mercados financieros (LA VANGUARDIA. 17.02.10). Los que debieran estar más disciplinados y más regulados no eran los estados, sino los mercados, medidas a las que los liberales se opusieron.

La falta de demanda por parte del sector privado requiere que sea el sector público el que gaste, invierta y cree empleo. En realidad, el mejor indicador de que la explicación que dan los liberales es errónea (atribuyendo la crisis a la exuberancia y gasto excesivo de los estados del Sur de Europa) es que tales estados son los que tienen el gasto público por habitante más bajo de la UE. ¿Dónde está la exuberancia pública? En realidad, como reconocía en un momento de candor el mismo Sala i Martín, lo que los liberales están haciendo es tomar como excusa la necesidad de salvar el euro para reducir todavía más al Estado. Tal autor escribió que “la excusa de que Europa lo requería fue muy útil para hacer las reformas” (LA VANGUARDIA. 17.02.10), que naturalmente eran las reformas liberales. En realidad, la deuda pública española, tanto la existente ahora como la que se prevé en diez años, será menor que la del promedio de la UE (y mucho menor que en EEUU, Gran Bretaña y Japón). ¿Dónde está, pues, el problema?

Gasto público como parte de la solución

Lo que debería hacerse es aumentar significativamente el gasto público, en inversiones que creen empleo, siendo una de ellas en los servicios del estado del bienestar tales como sanidad, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y educación, entre otros, sectores que tienen menos empleo público que el promedio de los países de la UE-15 (España ¬13.35% de la población activa, UE-15 17.34% de la población activa, en 2006). Existe un enorme déficit de empleo público social en España, del cual las élites políticas, mediáticas y económicas del país no son plenamente conscientes, al no utilizar los servicios públicos. Por cierto, gasto público social no es sólo pensiones y gastos en cobertura de desempleo. Cuando el gobierno Zapatero indica que sus políticas mantienen el gasto social, ignora que el gasto público social incluye no sólo las transferencias (seguro de desempleo), sino también los servicios públicos del estado del bienestar que están siendo recortados al reducirse las aportaciones del gobierno central a las CCAA, que son las que gestionan tales servicios. No es cierto, pues, que el gasto social no se esté reduciendo. Se está reduciendo, y mucho. Y ello es negativo, no sólo para la calidad de vida de las clases populares (que son las que utilizan tales servicios), sino también para que se produzca el crecimiento económico y la creación de empleo.

Tal expansión del gasto público debiera hacerse mediante un aumento de los impuestos directos, aumentando la progresividad fiscal. El incremento de los impuestos de los sectores pudientes de la población (que ahorran más que consumen), con inversión de los fondos así recaudados en las clases populares (que consumen más que ahorran), es no sólo un elemento de equidad, sino también de eficiencia económica. Creerse que la mejor manera de estimular la economía –como los liberales sostienen- es bajar los impuestos, es desconocer la enorme evidencia que muestra lo errónea que es esta suposición. Bajar los impuestos ahora significaría para las rentas superiores un aumento del ahorro (que es precisamente lo que no queremos) y para las rentas medias e inferiores, una reducción de sus deudas, pues utilizarían el dinero –resultado de la reducción de sus impuestos- para pagar sus deudas. En ningún caso aumentaría significativamente el consumo, que es precisamente lo que se necesita, pronto y rápido. La economía necesita un crecimiento rápido de la demanda, lo cual se consigue mediante el gasto público orientado hacia las clases populares –creando empleo-, que son las que consumen más y ahorran menos.

Un gobierno socialdemócrata debería ser sensible a este cambio de rumbo, pues la continuación de sus políticas de apaciguamiento de los mercados especulativos, reduciendo el gasto público es, además de erróneo, políticamente suicida: le significará un elevado coste político que el país no puede permitirse. La victoria del mayor partido de la oposición significaría el retroceso más grande que hayamos visto, no sólo en la dimensión social sino también en la económica. Sus políticas dañarían enormemente la calidad de vida de las clases populares. La evidencia de ello es abrumadora. El país no puede aguantar una victoria del PP. Pero el gobierno ha estado facilitando esta victoria, olvidando qué pasó con la socialdemocracia alemana cuando llevó a cabo las reformas liberales que ahora propone el gobierno español. Aquel partido pasó de ser el mayor partido socialdemócrata europeo a ser un partido cuyo estado minoritario compite con otros tres partidos. España necesita un gobierno auténticamente socialdemócrata, aliado con los partidos que están a su izquierda, que deberían tener mayor peso político, y a los que hoy se les niega por un sistema electoral que les perjudica. Pero, por la vía que se sigue, nunca se llegará a ello.

Vicenç Navarro

Más artículos de Enfoques

Existe la creencia generalizada en amplios círculos financieros, económicos, políticos, e incluso mediáticos en España, de que el hecho de que los salarios sean bajos en nuestro país se debe a que la productividad de los trabajadores es baja. De ahí que se concluya que, a menos que la productividad de los trabajadores aumente, no se pueden subir los salarios. Es más, en estos momentos de crisis, estos mismos círculos están insistiendo en que hay que bajar los salarios para salir de la crisis. La evidencia existente, sin embargo, no soporta tales tesis. Veamos los datos.

Uno de los documentos más creíbles sobre la productividad en las economías mundiales es el informe que produce anualmente The Conference Board, titulado Performance 2009: Productivity, Employment and Growth in the World’s Economies. En su apartado Productivity, se presenta un análisis detallado de la evolución de la productividad en la mayoría de países de economías avanzadas (incluyendo España) y de los países emergentes (países como China e India) que se están desarrollando muy rápidamente, convirtiéndose en elementos clave de la economía mundial. Pues bien, en la página 15 de tal informe (que analiza el crecimiento de la productividad en los países de la OCDE, el club de países más ricos del mundo), puede verse que el periodo de nuestra reciente historia en el que la productividad por hora trabajada ha crecido más rápidamente fue durante el periodo 1987-1995. La tasa de crecimiento anual (2,3%) fue una de las mayores en este grupo de países. Tal crecimiento, sin embargo, disminuyó considerablemente durante el periodo 2000-2008, creciendo sólo un 0,9%, uno de los porcentajes más bajos en la OCDE. Varios factores explican este descenso, pero uno importante fue el gran crecimiento del sector de la construcción, resultado del boom estimulado por el complejo inmobiliario-bancario que se convirtió en el eje del crecimiento económico español. Este sector –de escasa productividad– absorbía gran cantidad de recursos que podrían (y deberían) haberse invertido en sectores más productivos.

Las responsables del descenso de la productividad promedio del país no eran –como los liberales subrayaban y continúan subrayando– las rigideces del mercado laboral y la supuestamente excesiva fuerza de los sindicatos, sino el comportamiento altamente especulativo del sector inmobiliario y de la industria de la construcción (el precio de la vivienda creció cinco veces más rápidamente que el coste de producirlas) y de los bancos. También son responsables de este boom especulativo las autoridades públicas, incluyendo los equipos económicos de los sucesivos gobiernos, que podían haber prevenido la burbuja inmobiliaria, y las autoridades locales para las cuales el boom inmobiliario significó una gran entrada de recursos. Pero el mayor responsable fue el Banco de España, que regula el sistema bancario y que fracasó estrepitosamente en prevenir la burbuja inmobiliaria, hecho ignorado sistemáticamente por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que tiene la osadía (por decirlo de una manera amable) de atribuir la supuesta baja productividad primordialmente a las rigideces del mercado de trabajo.

La productividad promedio del país depende primordialmente de su estructura económica. En realidad, hay muchos sectores productivos y de servicios en España con productividad muy elevada, lo cual explica que, a pesar de que la tasa de crecimiento de la productividad ha disminuido, el nivel de la productividad promedio no es bajo, como los liberales acentúan erróneamente. Según el informe citado anteriormente, el nivel de productividad laboral es actualmente el 74% del nivel de productividad laboral de EEUU (y es sólo ligeramente inferior al canadiense, del 79%, y superior al japonés, del 71%). En cambio, los salarios son mucho más bajos que en EEUU, y el nivel de los ingresos por salarios es sólo un 65% del de EEUU. Lo que hemos estado viendo durante todos estos años es un gran crecimiento de las rentas (y beneficios) de la banca y del mundo empresarial y un descenso, en términos porcentuales, de las rentas del trabajo, y ello como consecuencia de que las rentas derivadas del aumento de la productividad se han distribuido más a favor de los beneficios que a favor de los salarios. Esta situación ha ocurrido, por cierto, en la mayoría de países de la OCDE, resultado de la aplicación de las políticas liberales que han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital. Nada menos que Larry Summers, director de la oficina económica del presidente Obama, subrayó que en EEUU “cada familia perteneciente al 80% de la población envía cada año un cheque de 10.000 dólares al 1% de las familias de mayor renta del país” (citado en Howard J. Sherman, The Roller Coaster Economy, 2010, pág. 46). Debería hacerse un estudio semejante en España (uno de los países con mayores desigualdades de renta en la OCDE), pues el cheque que la mayoría de familias envía a las rentas superiores (como consecuencia de la manera en que se distribuyen las rentas que derivan del trabajo) es también considerable.

De estos datos puede concluirse que los salarios no son demasiado altos, sino, al revés, son demasiado bajos. Y que ello se debe no a la escasa productividad, sino al excesivo poder que las fuerzas conservadoras y liberales (próximas al mundo empresarial y financiero) tienen en España. En realidad, el nivel bajo de los salarios es un gran obstáculo para el estímulo económico que el país necesita. La baja demanda, el mayor problema que tiene la economía española (y la europea), se basa precisamente en la gran disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares. La única manera de estimular la economía es, precisamente, a través del gasto público (que, equivocadamente, el Gobierno quiere reducir) y a través del incremento de la masa salarial (es decir, del aumento del número de personas que trabajan y de sus salarios). De ahí que el Gobierno de Obama tenga, entre sus mayores medidas de estímulo, no sólo dedicar 700.000 millones de dólares al gasto público, sino también aprobar una ley que refuerce a los sindicatos, como medida para facilitar el crecimiento de los salarios. No ocurre así en España.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

Existe casi consenso en la sabiduría convencional del país y de la UE (dominada por el pensamiento liberal), de que los Bancos Centrales deben ser independientes, no sujetos a las influencias políticas. El argumento de que es bueno que los bancos centrales sean independientes, está basado en el supuesto de que los temas sobre los cuales tales bancos deciden –los intereses bancarios y la cantidad de dinero existente en circulación en un país- son muy complejos y fuera del alcance de los políticos y de sus representados, es decir, de la población. De ahí la conclusión de que se dejen tales decisiones en manos de aquellos que entienden de estos temas. Dejarlos en manos de la población y de sus representantes es demasiado arriesgado.

Este argumento, además de ser claramente elitista y antidemocrático, es poco convincente, pues hay otros temas, tan o más importantes que la política monetaria (de la cual se encargan los Bancos Centrales), como son las políticas fiscales y económicas, igualmente complejas e importantes, que se desarrollan según los dictados políticos de los representantes de la población. Los temas presupuestarios y de carga fiscal son tan importantes y relevantes (con impactos sobre la economía iguales o incluso mayores que la tasa de los intereses bancarios) como las políticas monetarias, y nadie en su sano juicio ha propuesto que la Agencia Tributaria o que las Agencias presupuestarias del gobierno sean independientes de las autoridades políticas.

¿Por qué, pues, los Bancos Centrales son independientes? La respuesta es fácil de ver. Se debe al enorme poder de la banca, de la que el Banco Central depende. El Banco Central Europeo, por ejemplo, es independiente porque el Banco Central Alemán así lo decidió e impuso al gobierno alemán, pues era también el deseo de la banca alemana. Incluso la sede está en el mismo lugar que la sede del capital financiero alemán: Fránkfort del Meno.

Y, como era de esperar, las políticas del Banco Central Europeo son las políticas que favorecen al capital financiero, que pueden o no coincidir con los intereses del capital productivo (es decir, del mundo empresarial que produce bienes o servicios) o de la población. En realidad, raramente coinciden. Un ejemplo es la situación actual. En este momento de gran recesión, consecuencia del comportamiento especulativo de la banca y de la falta de supervisión de ésta por los Bancos Centrales de cada país, el Banco Central Europeo (y el Banco de España), en lugar de favorecer políticas de estímulo económico y de creación de empleo, están exigiendo una reducción de los déficits y de la deuda pública a base de reducir muy sustancialmente el gasto público, y con ello el crecimiento económico y la creación de empleo. Tales políticas de austeridad del gasto público social son suicidas para los países de la UE. Y, en cambio, los gobiernos las están siguiendo, resultado del excesivo poder del capital financiero. No hay duda de que si el Banco Central Europeo y/o los Bancos Centrales de cada país dependieran de los políticos serían mucho más sensibles, de lo que lo son ahora, a la creación de empleo, aunque ello fuera a costa de una mayor inflación.

Aquí, de nuevo, el BCE ha puesto como objetivo el mantener una inflación excesivamente baja en momentos de recesión. Es importante señalar que, incluso el Director económico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sr. Olivier Blanchard, ha reconocido que el objetivo de mantener un nivel de inflación de un 2% (propuesto por la mayoría de Bancos Centrales) puede que sea demasiado bajo y debiera permitirse un nivel mayor. Este señor también ha reconocido, en un artículo, con el significativo título de “Rethinking Macro Economic Policy”, que debiera haber un mayor control de los flujos financieros, terminando su excesiva movilidad especulativa. Cuando hace años algunos de nosotros sugerimos lo mismo, se nos llamó “trotskistas”, mostrando una vez más que ser radical no quiere decir más que avanzarse diez años al pensamiento de los demás.

Una última observación. Los países emergentes, cuyo crecimiento ha sido muy notable en los últimos años (China e India), no han tenido Bancos Centrales independientes. ¿Hasta cuándo continuaremos aceptando el excesivo dominio de la banca en nuestras vidas? Hoy, una de las mayores causas de la crisis económica es la escasez de crédito, debido a la crisis financiera, resultado de la especulación y escasa regulación del sistema bancario. La evidencia de ello es contundente. De ahí que las medidas que se están proponiendo sean tan insuficientes. Lo que se requiere es una banca pública y un Banco Central Europeo dependiente del poder público. En España, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) es insuficiente. Debiera multiplicarse por cuatro, convirtiéndose en una entidad pública de crédito que hiciera lo que la banca ha dejado de hacer. Seguro que los liberales llamarán a la propuesta “trostkista”. Esperemos que no tengamos que esperar diez años más para que se vea lo lógico y razonable que es tal propuesta.

Vicenç Navarro

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Cuando los economistas liberales hablan de la necesidad de hacer sacrificios con el objetivo de salir de la crisis, siempre proponen medidas que afectan de forma predominante a las clases populares. En realidad, tal llamada al sacrificio es una constante en la construcción de Europa y del euro. Así, cuando se tomó la decisión por parte de las élites políticas y mediáticas del país de que España entrara en la UE y en el euro, se tomaron una serie de medidas que afectaron significativamente al gasto público, incluyendo el social, un tipo de gasto, este último, que es especialmente beneficioso para las clases populares. Sus pensiones, su sanidad, su educación, su vivienda social, sus servicios sociales y muchas otras transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar son financiados con este gasto público.

La reducción del déficit y de la deuda pública, exigida para que España entrara en el euro, se realizó no a base de aumentar los impuestos de los grupos más pudientes (que en realidad descendieron), sino a base de reducir el gasto público social, con lo cual el déficit de tal gasto por habitante entre España y el promedio de la UE-15 (el grupo de países con un nivel económico más próximo al nuestro) aumentó nada menos que un 24% durante el periodo 1995-2004. El continuo retraso en el desarrollo del Estado del bienestar de España (todavía hoy, a la cola de la UE-15) se agravó durante aquel periodo. La convergencia monetaria se realizó, pues, a costa de incrementar el déficit social de España con el promedio de la UE-15.

Es también durante aquel periodo que las rentas del trabajo, como porcentaje de la renta nacional, disminuyeron considerablemente, mientras que las rentas del capital crecieron significativamente, y ello como consecuencia de la aplicación de políticas liberales que se convirtieron en las dominantes en la construcción de la Unión Europea y del euro. En realidad, la integración monetaria se utilizó para que las clases populares aceptaran hacer los sacrificios que aquellas élites liberales exigían. Como escribió recientemente el economista liberal Xavier Sala i Martín, “la excusa de que Europa lo requería fue muy útil para hacer las reformas” (La Vanguardia, 17-02-10), que naturalmente eran las reformas liberales.

Una situación idéntica se está dando ahora. Los mercados financieros especuladores están castigando a los países con elevados déficits (comenzando por Grecia e incluyendo también a España), forzándoles a reducir sus gastos públicos. Y, como era de prever, los medios y economistas liberales están alabando y dando la bienvenida a estos mercados, pues así disciplinarán a los gobiernos que, con sus “exuberancias” de gasto público, están poniendo al euro en peligro. Una vez más, se exige a las clases populares de estos países que hagan sacrificios, reduciendo su gasto público (incluyendo el social) para poder ahora salvar el euro y la UE, que están en peligro debido a los excesos de gasto de los países “periféricos”, como España. Como era de esperar, Sala i Martín recomienda que se use el mismo argumento, utilizando “la misma excusa”, para que las clases populares acepten apretarse el cinturón.

Hasta aquí la sabiduría convencional liberal. El mayor problema es que es errónea. Están proponiendo las mismas políticas de austeridad que el presidente Hoover propuso para resolver la Gran Depresión, cuando lo que se necesita es precisamente lo contrario, tal como hizo el presidente Roosevelt estableciendo el New Deal. El mayor problema que tienen España y Europa no es el déficit o la deuda pública, sino el desempleo y las enormes desigualdades de renta, consecuencia de las políticas liberales realizadas en los últimos 30 años, que han creado un enorme problema de falta de demanda interna –ver mi artículo “La ignorada causa de la crisis” (Público, 12-02-09)–. No es el déficit (y la deuda) del Estado el que está creando la recesión, sino al contrario: es la recesión la que está creando el déficit. No es la exuberancia del gasto público lo que ha creado el déficit (en realidad, todos los países acusados de “exuberancia” en su gasto público social, incluyendo España, tienen el gasto público por habitante por debajo de la media de la UE-15). Es precisamente al revés. De ahí que la solución pase por estimular el crecimiento económico en España y en la Unión Europea mediante un crecimiento del gasto público orientado a crear empleo.

Esta situación es particularmente necesaria en España, donde históricamente el desempleo ha sido muy acentuado. Y una de las causas ha sido precisamente el escaso desarrollo del sector público. Si España hubiera tenido en 2006 (antes de que comenzara la crisis) el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público que el promedio de los países de la UE-15 (España tenía un 13,35% y la
UE-15 un 17,34% de población ocupada en el sector público sobre la población activa), hubiera tenido en aquel año una tasa de ocupación de la población en el mercado de trabajo mucho mayor y un desempleo mucho menor (4,52%). España tiene un enorme déficit de personal en los servicios públicos, y muy en especial en los servicios del Estado del bienestar, de los cuales las élites mediáticas y políticas no son conscientes, pues utilizan predominantemente los servicios privados.

La crisis en España ocurrió como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros (favorecida por los economistas liberales) y su alianza con la altamente especulativa industria inmobiliaria, una alianza responsable de la burbuja inmobiliaria que, al estallar, determinó la crisis económica. Las clases populares y el mundo empresarial, que se habían endeudado hasta la médula, no pudieron conseguir crédito, y ello provocó la ralentización económica, el crecimiento del déficit y el aumento del desempleo. Decir que el déficit y la deuda provocaron la ralentización económica es una frivolidad, lo cual no es un obstáculo para que los medios continúen promoviéndola.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

El Plural

Los gobiernos de Venezuela y de Bolivia tienen muy mala prensa en España. Los rotativos que tienen mayor difusión en el país publican con gran frecuencia artículos sumamente críticos de los gobiernos presididos por Hugo Chávez y por Evo Morales, acusándoles de todo, incluso de tener un deseo oculto por establecer regimenes semejantes al cubano. Tales rotativos hacen constante referencia a una supuesta reducción de la libertad de prensa en aquellos países, ignorando que existe y continúa existiendo mayor libertad y diversidad de prensa en aquellos países que en España, realidad que es fácil de ver por aquellas personas que conozcan bien tales países. Sólo un ejemplo. Cuando el Rey de España insultó al Presidente Chávez en la reunión de dirigentes de América Latina en 2007, la prensa venezolana estuvo dividida, mientras algunos medios defendieron a Chávez, otros defendieron al Rey de España. Había, y continúa habiendo, diversidad de opiniones. No así en España. Todos los medios de mayor difusión aplaudieron al Rey, y ni uno solo (repito, ni uno) defendió a Chávez. Existe mucha menos diversidad informativa en España que en Venezuela o Bolivia. No se ha publicado ningún artículo en aquellos medios favorables a la situación en Bolivia.

En realidad, Bolivia es uno de los países que, últimamente, ha estado creciendo económicamente más rápidamente en América Latina. El crecimiento promedio anual de su PIB es del 5,2% desde que el Gobierno de Evo Morales inició su mandato. Y es probable que este año tenga el mayor crecimiento económico de aquel continente. Esta situación es, como el informe sobre Bolivia del prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington indica, particularmente meritoria debido a la enorme crisis que está afectando a toda América Latina, incluyendo Bolivia, donde EEUU retiró gran parte de sus inversiones en aquel país, atravesando, además un periodo de gran convulsión política, resultado de las intentonas golpistas de la oposición, con el predecible apoyo del gobierno federal de EEUU.

Lo importante a señalar sobre este dato económico es que el gobierno Morales ha roto con las políticas neoliberales de sus antecesores, siguiendo políticas opuestas al Pensamiento Único que dominaba (y continúa dominando) gran parte de las instituciones internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. Así, aumentó, en lugar de disminuir, su déficit fiscal pasando de tener un superávit de un 5% del PIB en 2008, a un déficit de 0,7 en 2009, añadiendo un estímulo económico de casi 6 puntos del PIB. Este déficit se utilizó para incrementar la inversión pública que alcanzó el 10,5% del PIB en 2009 (en 2005 había sido de un 6,3% del PIB). Este gran estímulo económico permitió que Bolivia no cayera en la recesión que han sufrido muchos países en Latino América.

Otro cambio que ha hecho el Presidente Morales ha sido el de controlar el gas natural, tanto su producción como los beneficios que derivan de su explotación. Como consecuencia, los ingresos al estado han crecido desde 2004, alcanzando un porcentaje, 20% del PIB, desconocido hasta entonces. Parte de estos ingresos han sido invertidos en el sistema escolar, en servicios de atención a la infancia y a sus madres (en un programa extenso que tiene como objetivo reducir la mortalidad infantil) y en aumentar las pensiones para prevenir la pobreza entre los ancianos. Estos gastos benefician sobretodo a las clases populares y muy en especial a los sectores más desproveídos de recursos, lo cual ha contribuido a que las desigualdades sociales (medidas por el índice Gini) se hayan reducido. También hubo un notable incremento en servicios de saneamiento (la recogida y tratamientos de basuras), pasando de cubrir el 68% al 80% de la población. Ni que decir tiene que Bolivia continúa siendo uno de los países más pobres de América Latina. Pero, por primera vez, desde hace ya muchos años, los cambios introducidos por el gobierno Morales han supuesto un cambio de rumbo muy importante.

Es paradójico que medios y fuerzas políticas que dicen estar preocupadas por la enorme pobreza que existe a nivel internacional, movilizándose para proveer ayuda humanitaria a los países pobres -como ahora en Haití-, se opongan tan violentamente a aquellas fuerzas que están disminuyendo exitosamente la pobreza.

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University.

La creación y el establecimiento de la Unión Europea y del euro ha sido un paso positivo en el proceso de construir un mundo multipolar, permitiendo que Europa se convierta en el punto de referencia por su dimensión social. Ahora bien, el establecimiento de la UE y del euro ha originado también unos elevados costes, los cuales han sido absorbidos, en su gran mayoría, por las clases populares, y de los cuales apenas se habla en nuestros medios.

En mis trabajos he mostrado con datos –que nadie ha rebatido- que la manera como se consiguió la adhesión de España al euro fue a base de retrasar la corrección del enorme déficit social de España, heredado de cuarenta años de una de las dictaduras más represivas y con menor sensibilidad social que hayan existido en Europa. La reducción del déficit del estado, exigida para alcanzar la unidad monetaria, se consiguió en España (durante el periodo 1993-2004) a base de reducir el gasto público social por habitante en términos absolutos durante los años 1993-1995, y en términos relativos a partir de 1996. Ello implicó que el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 creciese enormemente (un 24%) (ver Navarro, V. (coord.) La Situación Social en España. Volumen III). Puesto que las clases populares son las que se benefician más del gasto público social (sanidad, pensiones, servicios sociales, vivienda, y otras transferencias y servicios públicos), ello supuso que fueran las clases populares las que pagaran los costes de alcanzar las condiciones para conseguir la integración monetaria de España al euro. Hay que aclarar que la reducción del déficit del estado, exigida según los criterios de Maastricht, podría haberse conseguido mediante el aumento de los impuestos de los grupos más pudientes de la sociedad, lo cual no se hizo. En realidad, durante aquel periodo los impuestos se bajaron a tales sectores de la población, forzando a que la reducción del déficit del Estado se lograra primordialmente a base de reducir el gasto público social.

Estamos ahora en una situación semejante. Una vez más se está intentando reducir el déficit y la deuda del estado (a fin de salvar el euro) mediante políticas de austeridad de gasto público que afectan primordialmente a las clases populares. De ahí la lógica impopularidad de tales políticas. Pero la situación de España no es la única. Los criterios monetarios y fiscales vigentes en la eurozona y en la UE están provocando un enorme sacrificio para las clases populares de los países del este de Europa (que están tomando las medidas exigidas por la UE para permitir su integración), tales como Letonia, el país que está en peor situación en Europa. Veamos los datos.

La austeridad fiscal; condición de la unidad monetaria: El caso de Letonia

Letonia está sufriendo una enorme depresión económica. En los dos últimos años su PIB ha descendido un 25%, y se preve perder otros 4 puntos más este año. Su desempleo es más del 22% y continúa subiendo. Sólo EEUU, en la época 1929-1933, sufrió una depresión semejante. Y la razón de que ello ocurra es que el gobierno está llevando a cabo las políticas liberales necesarias para la integración en la Unión Europea, políticas supervisadas por el Fondo Monetario Internacional.

Estas políticas son las políticas estándar que los países tienen que seguir para integrarse a la eurozona. Y que España sufrió en los años noventa y principios del siglo XXI. Incluyen la reducción del déficit del Estado mediante la reducción del gasto público incluyendo el gasto público social. Las medidas de austeridad de tal gasto han incluido, según las páginas económicas del The New York Times (12/2/10), un recorte del 50% de los salarios de los empleados públicos y un 40% de los gastos en los centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. El problema de tales medidas no es sólo el descenso de la calidad de vida de la ciudadanía, sino la disminución del consumo doméstico, –tal como reconocía The New York Times- creando un problema grave de demanda interna, responsable de la enorme reducción del PIB, un descenso sin precedentes en Europa.

Otro factor que contribuye al descenso de la demanda interna, es la bajada de salarios, también promovida por el FMI (con el apoyo de la UE). En teoría la bajada de los salarios se justifica a fin de que la economía pueda competir mejor y exportar los productos producidos en el país, asumiendo que las exportaciones salvarán al país. Tal argumento se está utilizando también en España. Se subraya que la única manera de salir de esta crisis –dado que no está permitida la devaluación de la moneda, que está fijada al euro –es bajar los salarios, recomendación hecha también para España por Paul Krugman. Como consecuencia de estas políticas, la economía del país está en una situación desesperada. Como era de esperar, el deseo popular de integrarse en el euro se está desvaneciendo muy rápidamente, pues no creían que Europa significara sufrir todo esto. Un hecho semejante está ocurriendo en otros países de la euro zona. El último caso es Francia, donde el rechazo al euro es hoy mayoritario en aquel país. El porcentaje de la población en contra del euro ha pasado de un 39% en 2002 a un 69% este año (Finantial Times, 17.02.10).

Otro euro y otra UE es posible

Todos estos casos muestran que la manera como ha estado construyéndose la UE está generando grandes sacrificios para las clases populares, sacrificios que podrían haberse evitado, si el euro se hubiera constituido de otra manera, con un cambio muy profundo de las políticas que están rigiendo la construcción de la UE. Estos cambios debieran haber incluido:

1. El desarrollo de una estructura federal europea, auténticamente democrática y participativa, en la que hubiera una instancia de gestión económica y fiscal a nivel europeo. Hoy ni siquiera hay una coordinación de las políticas económicas y fiscales.

2. Un presupuesto europeo que, tal como sugirieron los primeros fundadores de la Comunidad Europea, debiera representar un mínimo de un 7% a un 9% del PIB de tal comunidad.

3. Un Banco Central Europeo dependiente de las autoridades políticas, cuyas políticas monetarias estarían dictadas por el gobierno europeo y aprobadas por el Parlamento.

4. Un Pacto Social a nivel europeo entre el mundo empresarial y el mundo sindical desarrollado dentro de convenios colectivos definidos en un marco legal europeo.

5. Un cambio de los criterios de Maastricht y del Pacto de Estabilidad, el cual debería tomarse en serio el componente de Desarrollo, dándole mayor protagonismo al crecimiento económico y a la creación de empleo.

6. Cambiar el límite autorizado de que el déficit del estado sea menor a un 3% del PIB y la deuda menor a un 60%, permitiendo mayor flexibilidad y facilitando que existiera una diferenciación en el cálculo del déficit del estado entre gasto en inversiones y gastos corrientes.

7. Instruir al Banco Central Europeo que tenga como función el desarrollo de bonos europeos que sirvan para ayudar a los estados a resolver las crisis deficitarias en momentos de recesión.

8. No permitir que un estado pueda estar en condiciones de no poder pagar su deuda, presentado un frente común que proteja a cualquier país de la UE frente a la especulación de los mercados financieros.

9. Establecer un impuesto europeo que alimentaría un fondo común para gastos de nivelación del consumo, mediante políticas redistributivas dentro de la UE, que estimulen el crecimiento económico, la creación de empleo y la redistribución de los recursos a nivel continental y dentro de cada país.

¿Es esto utópico?

Soy consciente de que estas propuestas pueden percibirse, por amplios sectores, como utópicas e irrealizables. Y en el clima actual, llevan razón. Pero tienen que darse cuenta que estas propuestas se hicieron cuando se planeaba establecer la UE y el euro por fuerzas políticas en la Europa de entonces (dentro y fuera de la socialdemocracia, así como de otros partidos de izquierda), así como sindicatos y movimientos sociales, que fueron ignoradas, escogiéndose en su lugar las políticas liberales que han dañado a las clases populares, que han sido las que han pagado los costes de construir esta UE. Hubo una lucha ideológica y política fuerte en la que unos ganaron (los liberales) y otros perdieron. Los primeros existieron no sólo en los partidos conservadores y liberales, sino también en los equipos económicos y financieros de la socialdemocracia, llegando incluso a ser el pensamiento mayoritario en sus políticas económicas y fiscales. En realidad, la enorme crisis de la socialdemocracia de la Unión Europea se debe precisamente a este dominio liberal de la socialdemocracia. De hecho, la gran mayoría de personas claves en este entramado, desde los Presidentes del Banco Central Europeo, Duisenberg y Trichet, hasta los Comisarios de Economía, Solbes o Almunia, eran todos ellos socialistas (y algunos continúan considerándose como tales) y habían sido y/o continúan siendo miembros activos o simpatizantes de partidos socialistas. El problema fue y es, que el socialismo en la gran mayoría de países aceptó el liberalismo, con las correspondientes consecuencias que estamos viendo ahora.

Pero la situación paradójica es que sin aquellos elementos expuestos en la sección anterior, la unidad monetaria es insostenible. De ahí que la salvación de la UE pasa precisamente por reconducir la UE, en sentido opuesto al que ha estado desarrollando, recogiendo las propuestas entonces abandonadas, a fin de poder construir una Europa, no a las espaldas y en los hombros de las clases populares, sino a su servicio.

Vicenç Navarro

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El Plural

Lo que estamos viendo estos días es la confluencia de dos hechos. Uno de ellos es la movilización de los mercados financieros especulativos para desestabilizar el euro. El otro, es la presión ejercida por el capital financiero (es decir, la banca), así como por el mundo de las grandes empresas (y por los medios y economistas liberales afines a tales intereses financieros y empresariales) sobre el gobierno español (así como sobre otros gobiernos de la eurozona) para que responda a la crisis financiera mediante políticas liberales que favorezcan sus intereses. En ambos casos el leitmotiv del ataque se presenta como la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública de España y de aquellos otros países que los mercados financieros consideran que están excesivamente endeudados. Su solución es la gran reducción del gasto público y de los derechos sociales y laborales de las clases populares. Es así como –según ellos- se calmarán los mercados financieros.Estos dos hechos son una realidad fácilmente demostrable, y que no puede trivializarse a las personas que los denuncian acusándolos de paranoicos, tal como hicieron varios intelectuales (como Moisés Naim, director de la revista Foreign Policy) y economistas liberales (como Xavier Sala i Martín) en unas declaraciones realizadas a El País (02-11-10). En ellas Moisés Naim alabó, incluso, a los mercados financieros por disciplinar a los gobiernos que no hacían lo que –según él- tenían que hacer (es decir, reducir los derechos laborales y sociales). Declaraba, el que es también colaborador semanal de El País, que no era correcto “poner a los especuladores o inversores como malos y a los gobiernos como víctimas, cuando en realidad los ataques de los inversores son los que obligan a las administraciones a mantener políticas públicas sostenibles”. Una postura semejante se reproducía en el editorial de El País, titulado sarcásticamente “Bienvenido a la conspiración” que aplaudió a los mercados financieros por su impacto disciplinario sobre los gobiernos, acusando también a las voces dentro del gobierno Zapatero de haber denunciado tal hostilidad de los “mercados” de ser paranoicos.

A la luz de la profunda crisis causada por tales mercados especuladores (y de la extensa evidencia que documenta que los grupos bancarios, en su acción conjunta, fueron responsables de la mayor recesión desde principios del siglo XX), la bondad expresada hacia ellos por dichos autores es sorprendente. Tales autores dan la impresión de que no han entendido ni lo que ha estado ocurriendo todos estos últimos años, ni la crisis profunda que estamos sufriendo. Su fe liberal parece impermeable a la evidencia que les rodea.

Los llamados “mercados financieros” tienen muy poco de mercados y son instituciones e individuos con nombres conocidos. Hoy el centro de los mal llamados mercados financieros son las famosas (infames) hedge funds, fondos altamente especulativos, manejados, en parte, por grandes grupos bancarios. Cualquier lector mínimamente informado sobre temas económicos y financieros, habrá leído cómo Wall Street (el centro del capital financiero de EEUU) estuvo en el centro del escándalo de los banqueros, cuya codicia y comportamiento especulativo contribuyó a crear la crisis financiera más importante del mundo después de la Gran Depresión En realidad, estos mercados están altamente centralizados y tienen nombre propio, como Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America y otros bancos que, a través de sus influencias políticas en el Congreso de EEUU (el Comité de Finanzas del Senado de aquel país está en su bolsillo) consiguieron durante la Administración Clinton (la administración del Partido Demócrata más cercana a Wall Street que haya existido en la historia reciente de EEUU) y la Administración Bush (una de las administraciones más corruptas que aquel país haya tenido), la desregulación de la banca, lo cual quiere decir que los bancos pueden hacer lo que quieran, creando y expandiendo los hedge funds con toda una batería de instrumentos especulativos (incluyendo los famosos credit default swaps), que están en el centro de aquellos mercados financieros. Pues bien, estos “inversores” están intentando causar el colapso del euro. Y esto no lo dicen los “paranoicos” sino ellos mismos. Según declaraciones hechas al Financial Times (F.T.) (14.02.10) “varios hedge funds han informado al F.T. que han acordado posiciones conjuntas en contra del euro, basado en su lectura de la situación política en Europa y debido a su temor al deseo de regulación del capital financiero por parte de los estados”. Es difícil decirlo con mayor claridad. Estos hedge funds han estado manipulando y especulando con la deuda de aquellos países. Este pasado domingo, el The New York Times (14.02.10) publicaba, en primera página, cómo Wall Street contribuyó a crear tal crisis del euro. Documenta también tal rotativo como Goldman Sachs, junto con sus aliados en el gobierno conservador griego, manipuló la deuda del gobierno heleno, ocultando su verdadero tamaño y especulando con ella de manera que agravó la crisis griega. Fue precisamente el nuevo gobierno socialista griego el que descubrió y denunció tal comportamiento, creando las represalias del “mercado financiero”. Andrew Cockburn, en otro artículo detallado en CounterPunch (13.02.10) titulado significadamente “The Economic Velociraptors” documenta cómo se está orquestando este ataque.

La presión liberal sobre los gobiernos

En cuanto a las presiones de las instituciones y autores liberales para que el gobierno español aplique medidas liberales para salir de la crisis, creo que la evidencia existente es también robusta y convincente. Sólo hace falta leer los editoriales del Financial Times y del The Economist durante estos últimos treinta años para encontrar la evidencia.. Estos dos rotativos fueron los mayores promotores de la filosofía económica liberal en Europa y, tienen, por lo tanto, gran responsabilidad en el desarrollo de la crisis financiera que ha creado una enorme miseria en el mundo. Léanse los editoriales de tales rotativos, y verán lo que han estado promoviendo en los últimos treinta años. Ambos estimularon políticas –tales como la desregulación de los mercados financieros- que llevaron directamente a la crisis. Editorial tras editorial, aconsejaron tomar las medidas que causaron el desastre mundial. Son ellos, pues, los que carecen de toda credibilidad, y es de una extrema insensibilidad autocrítica que ahora sermoneen al respecto de cómo resolver la crisis. Lo primero que deberían hacer para ganar credibilidad es hacer una autocrítica, lo cual es como pedirle peras al olmo.

Las continuas referencias a la postura editorial de tales diarios (como hacen los rotativos liberales en España) como voces de autoridad, representa un provincialismo ignorante de los hechos. Y ninguno de ellos se ha excusado por ello. Todo lo contrario. Por paradójico que parezca continúan con el mismo dogma liberal a pesar de que la evidencia de su error es extensa y abrumadora. Imagínese que una revista médica hubiera estado promoviendo un tratamiento médico que hubiera causado millones de muertos en el mundo, y que no hubiera corregido y cambiado de tratamiento. ¿Habría alguien que le estuviera escuchando o, incluso, citando como voz de autoridad? Pues esto es lo que está ocurriendo con el Financial Times y el The Economist.

Un tanto semejante ocurre con Davos, el Vaticano del movimiento liberal. En un escrito mío en Público, “La escasa credibilidad de Davos” (11.02.10) señalaba los errores y manipulaciones que había realizado un informe de Davos, sobre la competitividad de la economía española, en la que ésta aparecía por los suelos, a nivel de países del tercer e incluso cuarto mundo. Las falsedades de este informe alcanzaban niveles nunca vistos antes en dichos medios, tales como señalar que el conocimiento de matemáticas y ciencias en España está a la cola de la mayoría de los países del mundo, a nivel del cuarto mundo (PISA muestra que España está ligeramente inferior al de los países más ricos del mundo). Tal informe estaba dirigido por el mismo Xavier Sala i Martín, que niega en unas declaraciones que el gobierno español esté sujeto a ninguna presión internacional de los mercados y asociaciones e instituciones internacionales, los cuales –según Sala i Martín- responden de una manera lógica y razonable frente a lo que él define como la raíz del problema, es decir, la supuesta excesiva proximidad del gobierno Zapatero con los sindicatos, que dificulta que se hagan los cambios que los mercados y él desean.

Todos estos autores, rotativos, agencias y medios comparten la ideología liberal (que es la ideología del capital financiero y del mundo empresarial), promovida también en nuestros rotativos de mayor difusión. De ahí su acción coincidente, que tiene como objetivo común: disminuir el nivel de vida de las clases populares aplicando medidas de gran austeridad que les permitan salir de la crisis en términos favorables a sus intereses. Cuando el grado de coincidencia es tan amplio, no hace falta ninguna conspiración o conjura. Tal ideología les define, motiva y marca lo que promueven y creen en ello, pues coincide, y justifica sus intereses. Lo que es frustrante es que el gobierno Zapatero parece estar creyéndose lo que sus críticos liberales le dicen, tomando toda una serie de iniciativas (desde la reducción del gasto público –que es una nota de suicidio en estos momentos de gran recesión- hasta las reformas del sistema de pensiones) que, como bien ha dicho el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, no tienen nada que ver con la crisis del euro o de la economía española.

Fuente: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=43459

Una de mis mayores sorpresas cuando volví de mi largo exilio fue ver la enorme tolerancia que había en España hacia el fascismo. En realidad, ni siquiera se utilizaba el término fascismo para definir el régimen dictatorial que existió en España durante 40 años. Se le llamaba régimen franquista, implicando que era un régimen caudillista dirigido por el general Franco, ignorando que aquel régimen fue mucho más que un régimen caudillista. En realidad, reunió todas las características de los regímenes fascistas, por mucho que politólogos procedentes de aquel régimen, como Juan Linz, y revisionistas de varias sensibilidades políticas –incluidas algunas de centro izquierda– lo nieguen. Como he documentado en otro artículo, “Franquismo o fascismo” (Público, 28-05-09), aquel régimen tenía cada una de las características del fascismo, es decir, un nacionalismo exacerbado con visiones imperialistas basado en una concepción racista que justificaba su derecho de conquista –ver “El racismo del nacional catolicismo” (Público, 14-01-10)–; un absoluto control sobre los medios que intentaba reproducir una ideología totalizante, el nacional catolicismo; una supeditación de la sociedad civil al Estado, dirigido por una persona que el régimen presentaba como dotada de méritos sobrenaturales (referido como “caudillo por la gracia de Dios”), líder supremo del partido fascista, del Estado y de sus Fuerzas Armadas, caudillo que dirigía un Estado enormemente represivo. Por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Más de 200.000 personas fueron fusiladas y 114.421 desaparecieron en el periodo 1936-1951, sin que todavía hoy se conozca dónde están sus cuerpos. El mal llamado franquismo fue un régimen fascista, uno de los regímenes que cometió las mayores atrocidades y violaciones de los derechos humanos en la Europa del siglo XX.

Resultado de la manera inmodélica en que se hizo la Transición, no existe plena conciencia de lo horrible que fue aquel régimen. El silencio que siguió a la dictadura y el olvido del pasado (excepto en pequeños círculos académicos) explica que la juventud, por ejemplo, no sepa que en otros países donde existieron regímenes semejantes, como en Alemania, cualquier tolerancia al nazismo está prohibida, incluyendo la existencia del partido nazi o de asociaciones afines. No así en España, cuyo Jefe del Estado –el monarca– fue nombrado por el régimen anterior. En realidad, todavía hoy uno de los dos mayores partidos del país, el PP, muestra su rechazo a condenar aquel régimen por su nombre, excusándose en denuncias genéricas y asumiendo una equidistancia en los horrores y responsabilidades en los dos bandos de la mal llamada Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar, ayudado por Hitler y Mussolini, resistido por la mayoría de las clases populares durante tres años), que dan prueba de su falta de comprensión de lo que fue aquel régimen fascista. El PP no es antifranquista, y esto disminuye su credibilidad democrática. Y en algunas comunidades autónomas gobernadas por él, como Madrid y Valencia, sus gobiernos autonómicos todavía apoyan programas educacionales que justifican el golpe militar y el régimen que estableció.

Pero esta tolerancia ha llegado a un extremo que es vergonzoso. Las fuerzas herederas de aquel fascismo quieren llevar a los tribunales al único juez, Baltasar Garzón, que ha intentado llevar a los tribunales al franquismo. Tal situación es impensable en cualquier país democrático europeo que vivió y sufrió el fascismo. Y lo que es vergonzoso es que el Tribunal Supremo esté dispuesto a considerar esta acusación, utilizando además el argumento, defendido por uno de sus miembros, el juez Varela, de que la Ley de Amnistía firmada al final de la dictadura ofreció inmunidad a los dirigentes de aquel régimen, ignorando también que el Estado español firmó tratados internacionales que exigen el juicio de los responsables de aquellas atrocidades. No puede verse hoy en Europa un hecho semejante y cubre a España de vergüenza. ¿Cómo pueden los miembros del Tribunal Supremo (presidido por un juez que juró lealtad al fascismo) llegar a este extremo de insensibilidad democrática? ¿Cómo pueden llegar a legitimar a los herederos del régimen que asesinó al mayor número de españoles y demócratas en el siglo XX, aceptando su demanda? Tal comportamiento ofenderá una vez más a los millones y millones que perdieron todo lo que tenían en su defensa de la democracia. ¿Y donde están las derechas, siempre listas ellas para defender el honor de España, en un momento y en un hecho que cubre de vergüenza al país? Su hipocresía sobre el terrorismo queda evidenciada cuando excluye de su homenaje al enorme número de víctimas del terrorismo fascista, que fue mucho mayor en número que el cometido por el terrorismo de ETA. ¿Cómo es que el príncipe Felipe, en representación del monarca, presidiera los actos de homenaje a los últimos y nunca ha presidido ninguno de los primeros?

El argumento que se ha utilizado para definir lo que estamos viendo es que es un mero conflicto entre dos jueces, uno de ellos molesto por el excesivo protagonismo del otro. El juez Varela que intenta penalizar a Garzón es cómplice de aquella demanda y como tal merece el mayor rechazo por parte de todas las personas demócratas. Su animosidad hacia Garzón y el protagonismo de Garzón son temas irrelevantes. Es una enorme frivolidad ver lo que está ocurriendo como un mero conflicto de personalidades. Al contrario, este comportamiento del Tribunal Supremo (en caso de aceptarse la petición del juez Varela), le haría cómplice del fascismo, mostrando un indicador más de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia y de la escasa sensibilidad democrática del Estado español. El fascismo continúa vivo y presente en España.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.

El erróneo énfasis que se da a la transición demográfica como causa de la posible inviabilidad del sistema de pensiones públicas (ver mi artículo Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones. Sistema Digital, 05.02.10) ha hecho que no se preste atención a otros temas que tienen gran importancia para determinar la viabilidad de tal sistema. Uno de ellos es la evolución de la distribución de la renta en un país y su impacto en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Veámos.

El gran crecimiento de la productividad que se ha dado en la mayoría de países de la OCDE, durante los últimos treinta años, no se ha traducido en el correspondiente incremento de los salarios y de la masa salarial. En realidad, ésta última, la masa salarial como porcentaje de la renta nacional ha disminuido, en parte, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales llevadas a cabo por gran número de países. Este descenso de las rentas del trabajo ha sido a costa de un aumento muy considerable de las rentas del capital. País tras país, los beneficios empresariales han crecido sustancialmente y esta polarización de las rentas ha afectado a los ingresos de la Seguridad Social, pues las cotizaciones sociales derivan del trabajo. En realidad, incluso las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se basan en la masa salarial de la empresa y es una aportación basada en el trabajo.

Una consecuencia de este descenso de la masa salarial ha sido una reducción de la cantidad aportada a la Seguridad Social por parte de la fuerza laboral. Este hecho del cual no se habla queda muy bien documentado en el artículo de Christian E. Weller, “The future of public pensions in the OECD”, publicado en el Cambridge Journal of Economics (2004. 28.4895-504). Es una lástima que este artículo no incluyera a España (incluye a Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Gran Bretaña y EE.UU.). Pues en España también hemos visto un descenso de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional.

No es de extrañar que una de las conclusiones del estudio de Weller sea que una de las medidas importantes para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones es no sólo aumentar la productividad –lo cual, como he señalado en otro texto es enormemente importante (ver mi artículo Las pensiones son viables. en www.vnavarro.org)- sino también los salarios, asegurándose que el incremento de la productividad repercuta en el nivel de los salarios y en los ingresos a la Seguridad Social. Como bien dice Weller, el futuro de las pensiones depende, en parte, de la cantidad de buen empleo que exista en un país y de la distribución de las rentas entre el trabajo y el capital. Otra de sus conclusiones es que el crecimiento del empleo, el crecimiento de los salarios y la disminución de las desigualdades (con mayor proporción de la renta procedente del trabajo y menor proporción procedente del capital) son condiciones importantes para asegurarse la viabilidad de las pensiones públicas.

Ni que decir tiene que el crecimiento de los salarios requiere crecimiento de la productividad. Esto último, sin embargo, no es suficiente, pues hemos visto en muchos países de la OECD que tal crecimiento de la productividad no fue acompañado del correspondiente crecimiento de los salarios, aumentándose así las desigualdades en la distribución de las rentas a favor de las rentas del capital. El crecimiento salarial depende sobre todo de factores políticos y muy en especial de la fuerza de los sindicatos. En España se hace referencia constantemente a que los salarios son bajos porque la productividad es baja. Pero, podría decirse al revés que la productividad es baja porque los salarios son bajos. No existe estímulo e incentivo para que el empresario sienta la necesidad de invertir en los puestos de trabajo. Contribuye también a reproducir la baja productividad la limitada relación que existe entre el mundo educativo, por un lado, y el mundo productivo, por el otro, y aún cuando mucho se ha hecho en los últimos años, mucho más queda por hacer.

Una consecuencia de lo dicho es que las políticas redistributivas favorecen a la sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social. De ahí la urgencia e importancia de que se recuperen las políticas fiscales progresistas en las que los grupos más pudientes contribuyan más de lo que lo están haciendo ahora. No es cierto, como constantemente se dice en los medios (la mayoría de los cuales son de persuasión liberal) que la población esté en contra de aumentar los impuestos. Depende de a quien se le hace la pregunta y de que impuestos estemos hablando y con que propósito. La experiencia del estado de Oregón en EE.UU., hace unas semanas, es un indicador de ello. La mayoría del electorado votó favorablemente a una propuesta de aumentar los impuestos de las personas con mayores ingresos en el Estado para evitar los recortes de los servicios públicos. Ello significó un aumento de un 5% de los ingresos al Estado lo que permitió evitar aquellos recortes, que el gobierno estaba dispuesto a hacer en caso de no conseguir la aprobación de la propuesta de subir los impuestos. ¿Hay alguien en España que dude de que la gran mayoría de las clases populares (clase trabajadora y clases medias) aprobarían que el 20% de la población que goza de una renta superior, viera incrementada su carga fiscal para mejorar las pensiones? En realidad, esta medida redistributiva favorecería también el estímulo económico, pues las rentas superiores ahorran más que consumen, mientras que las clases populares consumen más que ahorran. Y ahora se necesita, como el aire que se respira, que aumente el consumo. Ahora bien, es improbable que esta propuesta la lea usted en los medios de información y persuasión, pues la gran mayoría de los formadores de opinión pertenecen a aquel 20% de población de renta superior. Así es nuestro país.

Vicenç Navarro

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Un mensaje que se está promoviendo ampliamente en medios liberales es que la economía española es escasamente eficiente y muy poco competitiva, y ello como resultado de las supuestas rigideces de su mercado de trabajo y del excesivo gasto público. Uno de los centros que han promovido más este mensaje es el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, citado frecuentemente como el Vaticano del pensamiento liberal. Uno de sus informes, Global Competitiveness Report 2009-2010 (en el que analiza la competitividad de los países del mundo), sitúa a España en términos muy desfavorables, por debajo de países del tercer e incluso del cuarto mundo. Y como era de esperar, el coordinador del estudio, Xavier Sala i Martín, ha sido ampliamente entrevistado por los medios de información de mayor difusión del país (la mayoría de los cuales son de persuasión liberal), proveyendo las cajas de resonancia a tal mensaje.

Un análisis riguroso de tal informe cuestiona, sin embargo, la validez del estudio, así como sus conclusiones. En primer lugar, el estudio no se basa, en su mayoría, en un análisis que utilice datos objetivos sobre los cuales construir el informe y alcanzar sus conclusiones. El estudio es primordialmente una encuesta de opinión en la que, en cada país, se pregunta a una institución próxima al mundo empresarial (con orientación liberal, en la mayoría de países) su opinión sobre una serie de preguntas que incluyen: “¿Cómo valora la percepción popular sobre el comportamiento ético de los políticos en su país?”, “¿cómo valora la contratación y el despido de trabajadores en su país?” o “¿cómo valora la disponibilidad de nuevas tecnologías?”, entre muchas otras. La institución que responde a aquella pregunta pone un número en una escala, sin que exista, sin embargo, una homologación en el criterio que guíe las respuestas. De esta manera, se abre el estudio a toda una serie de subjetividades. En algunos países, la institución que responde a las preguntas es muy crítica sobre la situación en su propio país, mientras que en otros lo es muy poco. Esta subjetividad, sin intento de homologación de criterios, es lo que caracteriza el estudio.

Esto lleva a resultados que son, como mínimo, sorprendentes (para expresarlo de una manera amable). Así, en la pregunta que se hace sobre corrupción en un país (“¿es práctica generalizada que se den fondos públicos a compañías o individuos como consecuencia de la corrupción?”), una dictadura como Qatar (que se ha convertido en el paraíso del mundo empresarial) aparece como uno de los países menos corruptos del mundo (en aquel país, la distribución de los recursos petrolíferos la hace el Gobierno entre miembros de la familia real), muy por encima de España. No hay duda de que hay corrupción en España. Pero poner una dictadura medieval como modelo de honestidad es poco creíble.

Otra valoración sorprendente es que Omán, otra dictadura feudal del Medio Oriente, sueño del mundo empresarial por la enorme riqueza petrolífera y por tener una fuerza de trabajo (la mayoría inmigrante) sin ningún derecho laboral, aparece como uno de los países que (según el contestador del cuestionario en aquel país) goza de mayor confianza popular respecto al comportamiento ético de sus políticos, muy por encima de un país democrático como España. Por lo visto, confianza popular quiere decir, para el que contesta la pregunta, confianza empresarial. En cuanto a “cómo considera usted la contratación y despido de los trabajadores”, España aparece a la cola, muy por debajo de Senegal. España, por cierto, se encuentra al mismo nivel que Senegal en el capítulo de “disponibilidad de nuevas tecnologías”.
En todos estos casos, lo único que muestra el informe es que la institución española (IESE, el centro de estudios empresariales que ha respondido por parte de España) es más crítica hacia su propio país que la institución de Senegal (Centre de Recherches Economiques Appliquées, Universidad de Dakar) o que la de Omán (The International Research Foundation) o que la de Qatar (Qatari Businessmen Association). Pero en ningún caso aportan datos que puedan compararse y que permitan llegar a conclusiones.

Me parece muy bien que las instituciones a las cuales se les pida su opinión sobre la situación en su país la den. Nada censurable en ello. IESE contestó acentuando el aspecto crítico y me parece muy bien. Pero me parece muy mal, y refleja una enorme falta de rigor (que da pie a todo tipo de manipulación), que el equipo coordinador ponga todas estas respuestas juntas, se amalgamen en un indicador y se produzca entonces una lista de países según su nivel de competitividad. En realidad, lo único que puede deducirse del informe Davos es que la agencia de Senegal que llena el cuestionario es menos crítica hacia su país de lo que es IESE hacia España. El informe mide distintos niveles de subjetividad. Pero nada más. Construir toda una serie de conclusiones sobre ello es no sólo frívolo, sino profundamente erróneo. Lo cual es fácilmente demostrable cuando se contrasta con datos objetivos. En el capítulo dedicado a la educación, cuando el informe Davos analiza la calidad educativa (en materias como matemáticas o ciencias), España aparece de nuevo a la cola (nº 99) junto con Kirguizistán. Pero el informe PISA, mucho más imparcial que el informe Davos, al basarse en datos objetivos, muestra que Kirguizistán tiene el conocimiento en matemáticas y ciencias más bajo de la lista de países analizados, mientras que España está ligeramente por debajo del promedio de los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Es en base a este tipo de estudios que la cultura liberal de Davos está presentando una visión de España deliberadamente negativa a fin de presionar al Gobierno español para que haga los cambios que ella desea.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University.