Reggio’s

Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.

Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.

Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.

A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.

Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

La nueva sabiduría convencional es que, en momentos de recesión como el actual, no hay que subir impuestos, pues ello reduciría la capacidad de compra de los ciudadanos, disminuyendo la demanda de productos y servicios, y con ello la capacidad de estimular el crecimiento económico. Esta postura está ampliamente extendida en España, lo cual explica la reacción negativa que la propuesta del ministro de Fomento, José Blanco, ha tenido en centros financieros y empresariales del país y en los mayores partidos de la oposición conservadora y neoliberal en las Cortes españolas. Ello forzó a la vicepresidenta segunda del Gobierno socialista español, Elena Salgado, a clarificar que el Ejecutivo no piensa subir los impuestos sobre la renta, excepto en pequeñas variaciones, para conseguir mejorar su equidad.

La evidencia existente, tanto en EEUU como en la Unión Europea, no avala, sin embargo, los supuestos que apoyan tal sabiduría convencional. Es cierto que los impuestos sobre el consumo (como el IVA) pueden reducir la demanda. Ahora bien, incluso en este caso, su impacto reductor de tal demanda depende mucho del tipo de consumo que se grave. La experiencia en EEUU muestra que, como resultado de la enorme polarización de las rentas y su gran concentración en unos sectores muy minoritarios de la población, la gravación del consumo de lujo apenas ha afectado a su demanda, lo que demuestra que la crisis apenas ha tocado a las rentas superiores. Es una lástima que el Gobierno no haya sido suficientemente sensible en este punto, al no centrarse más en el consumo de las clases más adineradas.

Pero el mayor problema no es este. Que los impuestos reduzcan la demanda depende no sólo del origen de los fondos públicos, sino del destino de tales fondos. Si el Estado gasta estos fondos en reducir el déficit, por ejemplo, el impacto en el crecimiento económico es menor e indirecto. Se asume que la reducción del déficit aumentará la confianza de los mercados financieros y reducirá los intereses de los pagos de la deuda, lo cual permitirá mayores inversiones y mayor gasto público. Esta es la mayor justificación para reducir el déficit.

Sin desmerecer la importancia de este argumento, el hecho es que se basa en la fe y en la esperanza de que las cosas ocurrirán de esta manera. Pero lo cierto es que las dudas que existen acerca de la economía española radican no tanto en el déficit público, como en su escaso crecimiento económico. Creerse que se reactivará la economía a través de la reducción del déficit (conseguido a través de reducciones de gasto público e impuestos que afectan predominantemente al consumo de las rentas medias y bajas) es un error que se incrementaría todavía más con las propuestas de los partidos conservadores-neoliberales de la oposición, que van incluso más allá y desean reducir también los impuestos sobre la renta.

En realidad, lo que debería hacerse es aumentar la progresividad de los impuestos, tanto los del consumo como los de las rentas, incrementando notablemente los impuestos sobre el consumo de lujo y sobre las rentas superiores, corrigiendo además el enorme fraude fiscal (que beneficia principalmente a tales rentas). El aumento de los ingresos al Estado debería gastarse predominantemente en crear empleo, que es la intervención pública más eficaz para estimular la demanda y el crecimiento económico, corrigiendo los dos mayores problemas que tiene la economía española; es decir, las bajas tasas de ocupación y el elevado desempleo. De ahí la enorme importancia y urgencia de que existan políticas redistributivas que permitan al Estado transferir fondos de las rentas altas a las rentas medias y bajas mediante la creación de empleo por parte del Estado (central, autonómico y local), sobre todo en áreas como en la infraestructura social (en los servicios públicos del Estado del bienestar), en la física (sistemas de transporte público) y nuevas áreas productivas ecológicas, que permitan aumentar la cohesión social y la eficiencia económica del país.

La evidencia de la superioridad de esta estrategia sobre la que se está siguiendo, no sólo en España, sino en la mayoría de países de la UE, es abrumadora. Basta con ver los datos. Los países del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, son los países que tienen mayor carga fiscal (la de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia es equivalente al 47%, 48%, 42% y 42% del PIB, respectivamente). También son los que cuentan con una mayor progresividad de tal carga, de manera que son los que tienen menos desigualdades sociales en Europa. Estos elevados ingresos se invierten en las infraestructuras sociales y físicas, creando ocupación, bien a través de los servicios del Estado del bienestar, bien a través de servicios que faciliten la integración de la mujer al mercado de trabajo (lo que llamé en su día el cuarto pilar del bienestar; es decir, escuelas de infancia y servicios domiciliarios), aumentando la ocupación. Como consecuencia de ello, son países con elevadísimas tasas de empleo (Suecia, 72,2%; Dinamarca, 75,7%; Noruega, 76,8%, y Finlandia, 68,7%) y bajo desempleo, mucho menor que el promedio de la UE-15 (9%).

Los países del sur de Europa están en el polo opuesto. Son estados que han estado gobernados históricamente por las derechas y cuyas izquierdas gobernantes han tenido en sus áreas económicas una orientación escasamente keynesiana. Como consecuencia, tienen una carga fiscal muy baja (España, Grecia y Portugal tienen una carga fiscal del 33%, 31% y 36% de PIB, respectivamente, habiendo incluso descendido este año al 30% en España, el más bajo de la UE-15), una gran regresividad fiscal, unas enormes desigualdades (las mayores en la UE-15), un Estado del bienestar subfinanciado, una tasa de ocupación muy baja (España, Portugal y Grecia tienen unas tasas de ocupación del 59%, 61,3% y 66%, respectivamente) y un desempleo elevado, mayor que el promedio de la UE-15. A la luz de tal evidencia, es preocupante ver que el equipo económico del Gobierno parece resistirse a corregir estos enormes déficits.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

El pasado viernes, los medios de información anunciaron con gran alboroto el crecimiento de la economía alemana, el principal motor de la economía europea. Según la Oficina Federal de Estadística del Gobierno alemán, se trataba del mayor incremento que aquella economía había experimentado durante el periodo de existencia de la Alemania unificada. Inmediatamente, tal aumento del crecimiento se ha presentado como ejemplo de lo bien que han ido, para Alemania y para todos los países de la eurozona, las políticas de austeridad propuestas por el Gobierno de Angela Merkel.

Puesto que, unos días antes, el Banco Central estadounidense (Federal Reserve Board) había anunciado un retroceso del crecimiento económico de Estados Unidos –resultando en una tasa de crecimiento menor que la nueva tasa experimentada por la economía alemana–, los medios españoles (la mayoría de sensibilidad conservadora y neoliberal) inmediatamente lanzaron las campanas al vuelo, concluyendo que la elevada tasa de crecimiento alemana demostraba la superioridad de las políticas de austeridad fiscal identificadas con el Gobierno Merkel sobre las políticas de estímulo económico aplicadas por el Gobierno Obama en EEUU. Uno de los economistas neoliberales más habituales en los medios de comunicación, inmediatamente definió las políticas de estímulo de Obama como un “enorme desastre”, mostrando, una vez más, la hipérbole que caracteriza su discurso.

Para llegar a esta conclusión se olvidan, o ignoran, varios hechos. Uno de ellos es que el incremento del crecimiento económico alemán tiene poco que ver con las políticas de austeridad del Gobierno. El crecimiento se debe, entre otras razones, al rápido descenso del valor del euro, que ha facilitado el aumento de las exportaciones alemanas, sobre todo a China y a EEUU, países que durante estos años de crisis han tenido mayor crecimiento económico que Alemania, como consecuencia, por cierto, del estímulo económico que han aplicado a sus economías.

Alemania es el mayor exportador del mundo. Las exportaciones, no la demanda doméstica, son el motor de su economía. En realidad, los salarios –la mayor fuerza motriz de la demanda doméstica– permanecen estancados desde hace ya muchos años en Alemania. Esta situación la han denunciado no sólo los sindicatos y la izquierda del país, sino también la ministra de Economía del Gobierno Sarkozy, Christine Lagarde, pues tal estancamiento de la demanda doméstica está detrás de la falta de recuperación económica de la eurozona, dado que la falta de un incremento de la demanda doméstica en Alemania explica la paralización de las importaciones de productos producidos en los otros países de la eurozona. En realidad, la enorme concentración de euros en Alemania (que su banca ha prestado a los bancos del sur de Europa y ha utilizado también para comprar la deuda pública de esos estados) se basa en esta situación: Alemania exporta mucho e importa poco y paga a sus trabajadores mucho menos de lo que producen. De ahí que, como bien decía el corresponsal de The New York Times, el “milagro exportador” en Alemania se ha basado en los sacrificios de la clase trabajadora (14-08-10).

Acentuando este estancamiento de los salarios, Alemania ha sufrido políticas de austeridad del gasto público, incluido el social, desde la época del Gobierno Schroeder (1998-2005), por el descenso de los ingresos al Estado, consecuencia de una reducción de los impuestos de sociedades y de las rentas superiores, política seguida más tarde, también, por Angela Merkel. Los impuestos sobre el capital disminuyeron ni más ni menos que 21 puntos y el nivel de gravación de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos. Si Alemania hubiera mantenido los niveles de imposición fiscal de 1998, el Estado habría obtenido 75.000 millones de euros más por año que lo recaudado en 2009, una cantidad casi idéntica al déficit que Merkel quiere reducir a base de políticas de austeridad.

Estas políticas determinaron que el crecimiento de la productividad beneficiase enormemente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Lo cual quiere decir que había, y continúa habiendo, un problema grave de falta de crecimiento de la demanda interna. Como dijo Peter Bofinger, del Consejo Económico alemán, “el problema de Alemania es que vive muy por debajo de sus posibilidades”. Por cierto, una situación muy semejante se ha estado produciendo en España.

Por otra parte, las duras políticas de austeridad que se están aplicando en la eurozona (particularmente acentuadas en los países del sur, como España, Grecia y Portugal) son impuestas no tanto por los mercados financieros –como constantemente y erróneamente se acentúa, incluso por las izquierdas– como por el Banco Central Europeo (próximo al Banco Central Alemán), por el Consejo Europeo (liderado por el Gobierno conservador-neoliberal alemán) y por el Fondo Monetario Internacional (portavoz del capital financiero internacional), cuyo objetivo primordial es que aquellos países paguen a los bancos alemanes y a los bancos de otros estados centrales el dinero que se les debe.

La economía estadounidense, que ha tenido durante este año tasas de crecimiento económico muy superiores a las alemanas, ha empezado a disminuir como consecuencia, precisamente, del descenso del estímulo económico. Ello explica la petición por parte de algunos sectores de la Administración Obama de incrementar dicho estímulo, que tuvo un impacto positivo y permitió un crecimiento económico mayor que el alemán, pero que, al ir terminándose, está dejando paso a un descenso del crecimiento económico. Precisamente, una de las causas de que el crecimiento sea tan débil en España es la falta de tal estímulo económico, resultado de las medidas de austeridad de gasto público equivocadas que el Gobierno está desarrollando.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Existe una interpretación de la crisis económica y financiera española, muy generalizada en los establishments financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea (y también de España), que atribuye tal crisis al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social de su Estado del bienestar), financiado a través de un elevado endeudamiento público que ha alcanzado niveles insostenibles. De esta interpretación deriva la percepción de que en España estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, exigiéndose como medida de resolución de la crisis la implementación de políticas de austeridad y reducción de gasto público. Los datos, sin embargo, no apoyan tales tesis.

España tiene uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Según los últimos datos de la UE-15 (el grupo de países de nivel de riqueza más similar al nuestro), España tiene un gasto público social por habitante de 5.526,4 euros estandarizados (moneda utilizada para comparar la capacidad adquisitiva del euro en países con distinto nivel de vida), la cifra más baja de la UE-15 (cuyo promedio es 7.464,3). En realidad, España se gasta en su Estado del bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15. Pero su gasto público social per cápita es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Lo cual quiere decir que nos gastamos nada menos que 68.000 millones de euros menos de lo que debiéramos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. En realidad, España tiene recursos (para mantener e incluso ampliar su subdesarrollado Estado del bienestar), pero lo que pasa es que, en contra de lo que sostiene el dogma neoliberal, vive por debajo de sus posibilidades. El problema no está en que España no tenga recursos. El problema está en que el Estado (central, autonómico o local) no los recoge. Las sucesivas reformas fiscales llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y socialistas determinaron una gran regresividad fiscal y una disminución de la capacidad de generar recursos por parte del Estado.

Un tanto semejante ocurre en cuanto al supuestamente hiperbólico endeudamiento público. La deuda pública en España bajó durante el periodo 2000-2007, pasando de ser el equivalente al 59,3% del PIB al 36,2%. El déficit del Estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Tanto la deuda como el déficit eran de los más bajos de la UE-15. De ahí que el argumento de que la crisis (que comenzó en 2007) la generó el excesivo gasto público (incluyendo el social) o la exuberante deuda pública no tenga ninguna validez.

Las causas de la crisis en España han sido la explosión de dos burbujas. Una fue la inmobiliaria (tal sector inmobiliaria-construcción creció del 7,5% del PIB en 2000 al 10,8% en 2006), que, al explotar en 2007, generó un descenso de su actividad económica de un 87%. La otra burbuja fue la bursátil, que había alcanzado un máximo del 125% del PIB en 2007 y cayó hasta un 54% del PIB. Estos estallidos de las burbujas crearon un enorme vacío de la demanda (que se había ido acentuando ya antes, consecuencia del descenso de las rentas del trabajo a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital), que sólo la intervención del Estado puede resolver. De ahí que recortar el gasto público ahora que hay una muy escasa demanda es profundamente erróneo, pues agudizará la recesión.

El Center for Economic and Policy Researh de Washington D.C. (en cuyo consejo director hay dos premios Nobel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz) acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública española donde sus autores, Mark Wesisbrott y Juan Montecino, además de criticar las políticas de austeridad exigidas a España por la UE y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizadas por el Gobierno español, presentan varias alternativas para salir de la crisis –“Alternativas a la austeridad fiscal de España” (27-07-10), disponible en http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2010/07/alternativas-a-la-austeridad-fiscal-en-espanajulio-2009.pdf–

Prologan sus propuestas con la observación de que la deuda pública española no es excesiva. Pero más importante que la cifra de la deuda pública total o bruta es la deuda neta, es decir, la deuda que el Estado debe a los inversores privados y que es la que configura el valor de los intereses que el Estado debe pagar a los compradores de los bonos del Estado. En España, la deuda neta es baja (más baja, de nuevo, que el promedio de la UE-15). A pesar de ello, los intereses de la deuda son altos, debido a que los mercados financieros no se fían de que el Estado pueda pagarla como consecuencia de lo que llaman la “fragilidad de la economía española”, la manera diplomática de decir que no estamos creciendo. De ahí la enorme importancia de estimular la economía.

Pero para hacerlo se necesita un cambio en el comportamiento de las instituciones europeas incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), el cual, por paradójico que parezca, no actúa como un banco central de la UE. Si lo fuera haría lo que un Banco Central hace, es decir, ayudaría al Estado, tal como hace el Banco Central de EEUU –el Federal Reserve Board (FRB)–, mediante, por ejemplo, la impresión de moneda con la que comprar deuda pública del Estado. El Estado federal estadounidense ha impreso moneda equivalente al 8% del PIB, comprando con ella deuda pública, además de ayudar a las empresas productivas y también a la banca (pasándose de generosa en esta ayuda). En la UE, el Banco Central sólo ha ayudado a la banca (también en términos muy generosos) y sólo últimamente, y a regañadientes, a los estados. Weisbrott y Montecino calculan que, si el BCE comprara en dos años una cantidad de deuda pública española equivalente a un 4% del PIB (transfiriendo los intereses de la deuda al Estado español, tal como hace el FRB) permitiría la inversión de un 3,9% del PIB en creación de empleo, estimulando el crecimiento económico y, con ello, la reducción del déficit. Alternativamente, el Estado español podría aumentar la deuda neta, incrementando la inversión pública para crear empleo. No hacerlo es un suicidio económico.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

Una vez más se ha desatado una campaña de descrédito internacional contra el Gobierno de Chávez de Venezuela, intentando relacionar tal Gobierno con bandas terroristas colombianas. El presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe (pocos días antes de traspasar su mandato al nuevo presidente, Juan Manuel Santos) publicó toda una serie de fotografías y documentos que, supuestamente, mostraban tal apoyo del Gobierno de Chávez a los terroristas colombianos. Y, como era de esperar, los medios escritos y televisivos españoles de mayor difusión colaboraron extensa y activamente en esta campaña anti Chávez.

Lo que tales medios no han dicho es que esta campaña no es nueva. Todo lo contrario, era muy predecible. Mark Weisbrot, uno de los mejores analistas de América Latina, había predicho hace ya varios meses en el rotativo británico The Guardian que estas acusaciones aparecerían ahora, cuando la nueva asamblea (la Asamblea Nacional) será elegida en septiembre. Venezuela ha tenido 13 elecciones o referendos desde que el presidente Chávez fue elegido en 1998. Y cada vez, antes de las elecciones, se han hecho las mismas acusaciones de complicidad del Gobierno Chávez con los terroristas y/o con el narcotráfico colombiano. No era, pues, de extrañar que aparecieran de nuevo, y así ha ocurrido. La historia se repite.

Pero ¿hay algo de cierto en ello? No, según una de las personas que probablemente sabe más sobre este asunto, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de EEUU, responsable de vigilar las actividades terroristas en el hemisferio sur. El pasado 11 de marzo, frente a las preguntas en el Senado de EEUU del senador John McCain (que fue candidato republicano a la Presidencia en las últimas elecciones de EEUU), sobre las conexiones del Gobierno de Chávez con las fuerzas terroristas, el general Fraser contestó (y cito textualmente): “Hemos estado vigilando la situación muy de cerca y no hemos podido comprobar que exista una conexión entre el Gobierno y los terroristas”. Esta contestación indignó al ultraderechista McCain, que llamó, en protesta, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton. El Departamento de Estado llamó al general al día siguiente y el jefe de la oficina latinoamericana, Arturo Valenzuela, le pidió a Fraser que, por razones políticas, utilizara otra expresión, diluyendo su negativa. Al día siguiente, el general Fraser corrigió su testimonio.

Otra voz nada sospechosa de simpatías chavistas es nada menos que Angelino Garzón, el nuevo vicepresidente del Gobierno colombiano bajo la Presidencia de Santos (sucesor de Uribe, del que fue su ministro de Defensa). Tal señor ha alabado a Chávez por haber alentado a las guerrillas colombianas (los llamados terroristas) a dejar las armas y abandonar su estrategia de lucha armada. En una entrevista a Radio Quito de Ecuador, Garzón dijo (y cito textualmente): “Yo valoro muy positivamente las declaraciones del presidente Chávez en las que les dijo a las guerrillas colombianas de que su lucha armada no tenía sentido”. En esta cita, el vicepresidente de Colombia hacía referencia a unas declaraciones que el presidente de Venezuela había hecho unos días antes, indicando que la lucha armada de las guerrillas estaba siendo utilizada por las ultraderechas en Latinoamérica –y apoyada por EEUU– para intervenir en América Latina. El presidente Chávez añadió: “No hay condiciones en Colombia para que puedan alcanzar el poder. Y están proveyendo la excusa para que el poder militar estadounidense penetre en Colombia y desde ahí ataque a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba”. Santos había invitado a Chávez a las fiestas de inauguración de su periodo presidencial, el 7 de agosto. En este contexto, las declaraciones de Uribe intentaron romper esta posibilidad de diálogo.

Venezuela tiene una frontera de 1.375 millas, gran parte de la cual limita con las selvas que bordean Colombia, de difícil penetración. El director de Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha indicado que “es difícil controlar aquellas fronteras. Uribe se enfada porque Chávez no controla el lado venezolano, pero el hecho es que Uribe tampoco puede controlar el lado colombiano”. En realidad, y tal como indica Mark Weisbrott (The Guardian, 28-07-2010), el Gobierno de EEUU tampoco puede controlar satisfactoriamente la movilidad de armas, drogas y personas en sus fronteras con México, y ello a pesar de tener más recursos y tecnología que el Gobierno venezolano.

Estos son datos que el lector no habrá leído en los medios españoles de mayor difusión. Otros datos que el lector tampoco ha leído en aquellos medios incluyen el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha criticado, una vez más, el deplorable estado de los derechos humanos en Colombia, definiéndolo como un Estado en que la impunidad en la violación de tales derechos caracteriza la situación en aquel país. El portavoz de tal comisión, Fabián Salvioli, presentó como ejemplo palpable de esta situación el caso de los “falsos positivos”, personas asesinadas por ser “terroristas” que no tenían nada que ver con la guerra en aquel país, asesinatos que se realizaron para poder mostrar éxitos en su campaña militar presentando a los asesinados como miembros de la guerrilla.

Y otra noticia silenciada es que el presidente Uribe amenazó al magistrado Yesid Ramírez por pedir al fiscal del Estado que investigase al hijo del presidente, Tomás Uribe, por corrupción y compra de votos en las elecciones de 2006.

Estas y muchas otras noticias no aparecen en los cinco rotativos de mayor difusión del país, cuya militancia anti Chávez diluye su supuesta imparcialidad informativa debida al público. El lector debería exigir mayor equilibrio en la cobertura que de la realidad dan los medios, pues es imposible saber lo que ocurre en el mundo, incluyendo Latinoamérica, sin una mayor diversidad en la información proveída en ellos.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

Estamos viendo estos días uno de los recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, más sustanciales que hayamos visto desde hace años, recortes que se nos dice son necesarios para recuperar “la confianza de los mercados financieros”, una frase que parece determinar todas las políticas propuestas tanto por el gobierno español como por el mayor partido de la oposición, el PP. La reducción de la calificación de los bonos soberanos de España, pasando de AAA a AA+ por la Agencia Fitch, causó un pánico que forzó toda una serie de medidas de austeridad, estimuladas a su vez por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y, como no, el Banco de España, todas ellas instituciones de clara y conocida orientación neoliberal.

Estas medidas tomadas por el gobierno español significan un recorte equivalente a un 1,4% del PIB (15.300 millones de euros) que deben realizarse en dos años. El gobierno ha propuesto también aumentar los impuestos en una cantidad equivalente a un 1,6% del PIB (17.900 millones de euros), con lo cual, el impacto fiscal sería equivalente a un 3% del PIB en su contribución a la reducción del déficit público. Estas medidas han ido acompañadas de cambios en la regulación del mercado de trabajo, que tendrán como consecuencia el aumento del desempleo y la disminución de los salarios (aún cuando el discurso oficial explicita otros objetivos menos impopulares). Esta reducción de los salarios se considera necesaria para aumentar la productividad (más baja que la existente en Alemania y en Francia), permitiendo una mayor competitividad, puesto que la imposibilidad de devaluar la moneda deja sólo esa opción para que España sea más competitiva.

Tales medidas de austeridad de gasto público, acompañadas de las reformas laborales, tendrán, sin embargo, un impacto negativo en el estímulo económico, disminuyendo todavía más el crecimiento económico español. En realidad, la disminución en la calidad de los bonos soberanos se basa en la lectura que las agencias de valoración de tales bonos han hecho de lo que definen como “la fragilidad de la economía española” (una manera diplomática de referirse al escaso crecimiento económico). Una consecuencia de esta percepción es que cada vez es más difícil encontrar compradores de tales bonos soberanos, lo que significa un aumento de sus intereses y un aumento de los costes de la deuda pública, que los llamados “mercados financieros” dudan pueda pagarse. Tales medidas de austeridad están, pues, preocupando a los mercados financieros, con lo cual estas medidas están consiguiendo alcanzar unos objetivos opuestos a los que intentaron. De ahí que sea sorprendente que la respuesta que el gobierno español está dando a la crisis sea precisamente acentuar todavía más la austeridad de gasto público y la reducción de los salarios, medidas que el mayor partido de la oposición, el PP, incluso acentúa más, limitándose así el debate político entre los dos partidos mayoritarios del país, el PSOE y el PP, en cuál de los dos “es más austero” y “desregula más el mercado de trabajo”. El PP quiere más, y el PSOE quiere menos. Pero, por lo demás, los dos coinciden en que hay que seguir tales políticas. Ni que decir tiene que tanto la Banca como la gran patronal están aplaudiendo estas medidas que, en realidad, han estado deseando durante muchos años a fin de debilitar el mundo del trabajo.

El Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación económica más importantes de EEUU (que tiene en su consejo asesor a dos Premios Nóbel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz), acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública en España que cuestiona el mérito de tales medidas (Alternativas a la Austeridad Fiscal en España, de Mark Weisbrot y Juan Montecino) ver Informe. Como bien señalan sus autores, Mark Weisbort y Juan Montecino, la deuda pública española fue descendiendo durante el periodo 2000-2007, pasando de ser equivalente a un 59,3% del PIB a un 36,2%, descenso que se debió al elevado crecimiento económico durante aquel periodo. El déficit del estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Al iniciarse la crisis, la deuda pública era, pues, una de las más bajas de la UE-15. Y la situación era incluso mejor cuando se analiza la evolución de la deuda pública neta (es decir, la que excluye la deuda propiedad del Estado). Tal deuda pública neta (que es la deuda que se debe al inversor privado) fue incluso más baja, habiéndose reducido a un 26,5% del PIB en 2007. De ahí que el argumento utilizado por muchos economistas neoliberales de que la crisis fue ocasionada por un excesivo gasto público, no tiene ninguna validez, lo cual, por desgracia, no es obstáculo para que los medios de información y persuasión (la mayoría de persuasión neoliberal) continúen promoviendo esta explicación de la crisis.

La mayor causa de la crisis fue la explosión de dos burbujas, Una, la inmobiliaria (que comenzó en el 2007), coincidiendo con el inicio de la recesión mundial. Tal burbuja había tomado mayor intensidad en el periodo 2000-2006, cuando la construcción pasó de representar el 7,5% del PIB en 2000 a un 10,8% en 2006. Desde entonces, tal actividad económica ha caído un 87%, una cantidad que está en la raíz del problema económico español. Mark Weisbrot y Juan Montecino señalan en su informe las similitudes entre las burbujas inmobiliarias de España y de EEUU y su impacto en la economía. La otra burbuja fue en el mercado de valores. Tal burbuja alcanzó un nivel máximo del 125% del PIB en Noviembre de 2007, y cayó hasta un 54% del PIB un año más tarde. En ambos casos –la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil- su explosión creó un enorme vacío de la demanda, que sólo el estado puede llenar. Como indican los autores, esperar que sea el sector privado el que llene este vacío es profundamente erróneo. Recortar, además, el gasto público es un suicidio económico, que profundiza la recesión.

Tales políticas de austeridad pueden llevar a una situación de crecimiento económico muy lento e intereses de la deuda muy elevados, lo cual dificultará enormemente la recuperación económica, incrementándose a su vez la deuda pública. Es más, la reducción de la demanda interna (consecuencia del descenso del gasto público y reducción de los salarios) significará que el mayor estímulo económico tendrá que depender de factores externos, poco predecibles en un momento de recesión mundial, tales como las exportaciones. Esta estrategia, que es la que están defendiendo tanto el gobierno español como las derechas españolas, PP y CIU, es enormemente arriesgada y errónea.

¿Cuales son las alternativas?

Para proponer una alternativa a las políticas de austeridad, hay que tener en cuenta que la deuda pública española, incluso ahora, no es exagerada. En realidad, representa 65.000 millones de euros y se calcula que alcanzará 78.000 millones de euros en 2011. Esta cantidad es una cantidad muy menor comparada con los 750.000 millones de euros que la UE y el FMI tienen disponible para ayudar a los estados miembros de la UE en dificultades financieras. De ahí que si las autoridades de la UE y del FMI desearan evitar el crecimiento de los intereses de la deuda pública soberana española, lo podrían hacer fácilmente, poniendo aquel dinero a disposición de España, asegurando así a los mercados financieros que España podría pagar tal deuda sin más dolores de cabeza. De estas cifras se deduce que la deuda pública no tendría que ser un obstáculo para la recuperación económica. De ahí que Mark Weisbrot y Juan Montecino concluyan que las políticas de reducción del déficit y de la deuda son innecesarias y desaconsejables, pues lo que creen que se debería hacer es, precisamente, aumentar el gasto público con el fin de estimular la economía y el crecimiento económico, que es lo que algunas voces solitarias hemos estado diciendo en España, sin que este mensaje haya tenido ninguna resonancia en la mayoría de los medios (ver mi artículo “Qué debería hacerse para salir de la crisis y qué no se hace”. Sistema digital, 09.07.10).

El argumento que utiliza el gobierno y el mayor partido de la oposición para no seguir esta estrategia es que el nivel de endeudamiento público español es excesivo. Pero en este argumento se olvida un elemento clave: ¿quién es el propietario de la deuda? En realidad, más importante que el tamaño de la deuda es a quién se deben pagar los intereses de tal deuda. No es lo mismo que los intereses se tengan que pagar a inversores privados (deuda neta) que al estado. La deuda bruta es toda la deuda, incluyendo la neta, pero también la deuda que el estado se debe a sí mismo. (En este último caso, tal deuda no representa una carga sobre el presupuesto del Estado). Los intereses de la deuda dependen primordialmente de la deuda neta. Así, Japón tiene una deuda enorme (227% del PIB) y en cambio los intereses de la deuda son sólo de un 2% (los intereses de la deuda española son de un 3,6%). Y ello se debe a que la deuda neta es mucho menor que la deuda bruta (es un 112% del PIB). El Banco Central Japonés ha ido imprimiendo dinero con el que comprar la deuda pública japonesa. La deuda neta –que es la que configura los intereses de la deuda- es mucho más baja, y de ahí que los intereses sean mucho más bajos de lo que serían si toda la deuda se debiera a los inversores privados. Una situación semejante ha ocurrido en EEUU donde el Banco Central ha impreso dinero (equivalente a un 8% del PIB) para pagar la deuda pública soberana, así como para ayudar a los bancos y a las empresas. Tanto en EEUU como en Japón, tales cantidades no han creado inflación debido a la recesión en el sector privado.

En España tampoco existe inflación y el peligro es precisamente el contrario, el de la deflación. El problema que España tiene es que el Banco Central español no puede imprimir dinero. Pero el Banco Central Europeo sí que puede. De ahí que el BCE podría imprimir y comprar deuda pública española, revirtiendo los intereses de tal deuda al estado español, con lo que el efecto sería el mismo que la compra por parte de los Bancos Centrales Estadounidense y Japonés de su deuda pública. Mark Weisbrot y Juan Montecino han calculado qué pasaría con la deuda neta española si el Banco Central Europeo comprara deuda pública española en una cantidad equivalente a un 4% del PIB español durante dos años (y devolviendo los intereses de la deuda al gobierno español, tal como hacen el Banco Central estadounidense y el Banco Central japonés). Ello permitiría un estímulo económico de alrededor de un 3,9% del PIB, incrementándose su deuda neta de un 50,3% del PIB en 2010 a un 66,5% del PIB en 2020, lo cual es un crecimiento totalmente asumible. (Hoy la deuda neta promedio de la UE es el 79% del PIB). Esta alternativa permitiría estimular significativamente la economía española (a base de inversiones en creación de empleo, tanto en la infraestructura física como en la social) con un efecto inmediato en la reducción del desempleo, sin costos inasumibles en el pago de la deuda pública neta. En realidad, la deuda pública española representa sólo un 0,5% del PIB de la UE.

El error de las políticas actuales

La continuación de las políticas actuales (tal como exigen el FMI, la UE y el BCE) conducirá, sin embargo, a un empeoramiento de la economía, contribuyendo a su fragilidad. En este aspecto, las recetas que la UE y el FMI han estado aplicando a los países del Este de Europa, en preparación a su integración a la UE han sido un desastre para aquellas economías. Las proyecciones que tales instituciones hicieron para aquellos países han probado ser profundamente erróneas, causando un deterioro de sus economías mucho más acentuado de lo que se estimó. Así, habían calculado un descenso del PIB de Letonia de un 5% del PIB para 2009, siendo el descenso real un 18%. Lo mismo ocurrió con Irlanda, donde el FMI proyectó un descenso de sólo un 1% del PIB para el 2009, cuando el descenso fue de un 10%. Seguir estas políticas es profundamente erróneo. Y creerse que el estímulo económico provendrá del aumento de la competitividad para aumentar las exportaciones es irreal, entre otras razones porque –tal como queda indicado anteriormente- esta gran recesión es a nivel mundial. De ahí la importancia de la demanda interna como motor del estímulo económico, que pasa por una inversión pública muy acentuada.

Tal como documentan Weisbrot y Montecino, la continuación de las políticas actuales recesionistas implica que la deuda pública tendrá que incrementar sus intereses para poder encontrar compradores, aumentando considerablemente el coste de la deuda y la misma deuda. Es probable que la deuda pública aumentara hasta un 104% del PIB, con unos intereses que podrían llegar al 6, 7, e incluso el 8%. En resumidas cuentas, el resultado podría ser un crecimiento económico muy lento, acompañado de un aumento notable de la deuda pública y de los intereses para pagarla. De ahí el error de las políticas de austeridad que se presentan como medidas necesarias para reducir el déficit y la deuda pública cuando, en realidad, lo que hacen es aumentarla. La pasada experiencia en momentos de crisis muestra la evidencia que permite alcanzar tal conclusión.

Por desgracia, ni la Unión Europea ni el Fondo Monetario Internacional apoyarán las medidas aquí sugeridas, que exigirían políticas distintas a las que el Banco Central Europeo ha estado haciendo. El Banco Central Europeo no es un banco central como lo es el Banco Central estadounidense o el japonés (ver mi artículo “No son los mercados, sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema Digital. 04.06.10) Así y todo, Weisbrot y Montecino proponen al gobierno español desarrollar un estímulo económico, pidiendo prestado dinero a los mercados internacionales. Los dos autores hacen un cálculo de varios escenarios, y entre ellos incluyen uno en que el estímulo económico alcanzado, con un crecimiento del gasto público equivalente a un 1% del PIB en 2010, y un 1,3% en 2011, significaría un crecimiento de la deuda neta, pasando de ser un 54% en 2010 a un 68% en 2020, permitiendo a la vez reducir el déficit, bajándolo a un 3% del PIB en 2013. Tal crecimiento de la deuda neta, aunque superior al proyectado por el gobierno, sería asumible, facilitando así un crecimiento económico que absorbería la deuda, permitiendo a su vez disminuir el déficit del estado. Los datos están ahí para quien quiera verlos. Son datos claros y convincentes que es improbable que tengan mayor impacto debido al dogma neoliberal que absorbe y contamina toda la cultura económica dominante en la UE y en España, y que se reproduce en los mayores medios de información y persuasión en nuestro país. Y ahí está el problema.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran que España se gasta un porcentaje de su PIB casi idéntico al del promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es desorientador y poco significativo. La OCDE es un grupo de países de enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo países como México y Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajos. De ahí que el promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal indicador.

El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad pública española es el gasto público sanitario por habitante comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones para la complacencia. Continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto público sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la población adulta que trabaja en sanidad, vemos que también estamos a la cola de la UE-15.

Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la sanidad española, de manera que el 30% de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Esta polarización de la sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la mayoría de la población, puesto que, aun cuando la privada sea, en general, mejor que la pública en confort (una cama por habitación hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo, listas de espera más cortas y mejor trato personal, la pública es mucho mejor en la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad privada. Con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública, tal como hizo el rey de España.

Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera el confort de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Ahora bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la subfinanciación de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades públicas a considerar varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. Algo que debiera ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los programas electorales de los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE), era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se han beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que conllevará mayores recursos al Estado. Es escandaloso que, mientras el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura en España sea el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran empresario sea sólo el 38% de su equivalente sueco.

Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos finalistas sobre el tabaco y el alcohol, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que las mutuas laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la sanidad pública con el fin de cubrir el coste de atender las enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos hospitalizados. Las mutuas laborales (las entidades con mayores beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían– estos gastos. Si lo hicieran, el Estado conseguiría unos ingresos considerables.

Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes de ingresos, centrándose en los copagos (y, muy en particular, el copago de un euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países son atendidas por o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España, en cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención sanitaria comunitaria, como se está haciendo en Catalunya, es una manera de disminuir la demanda. Por otra parte, quien genera la demanda que ocasiona gastos (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el usuario, sino el médico.

En España ya existe el copago en farmacia y este puede mejorarse en cuanto a su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer nuevos servicios (como podología u odontología), siempre que sus precios sean regulados y equitativos. Lo que no puede permitirse es que continuemos a la cola de la UE-15
en gasto público. El riesgo de privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no procede de los copagos, sino de la desgravación de las mutuas sanitarias privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público (cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría todavía más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual sería un gran error.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

Uno de los mitos que se reproduce en gran número de medios de información económica en España (reproducido también en los rotativos de mayor difusión del país) es que en momentos de recesión como el que ahora vivimos es importante no subir los impuestos, pues ello reduciría la demanda (al sustraer recursos a la renta disponible a la población) y con ello, el estímulo económico y la creación de empleo. En realidad, la teoría neoliberal indica que en momentos de recesión hay que bajar los impuestos a fin de estimular la demanda y el consumo. El Presidente Reagan fue el que introdujo esta teoría (a la cual se refirió el candidato Bush senior cuando competía con el candidato Reagan en las primarias del partido Republicano, como “voodoo economics”, es decir, economía de los brujos), reduciendo los impuestos (de la gente más rica) que, según él, estimularía la economía, generando más recursos al estado. La realidad es que tal reducción de impuestos a las rentas superiores creó un enorme déficit del estado, lo cual era, en realidad, el objetivo real de su política, utilizando este déficit para argumentar que había que reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) para disminuir y/o eliminar el déficit. Tal “voodoo” economics” se ha transformado en la política de los establishments europeos tales como el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Tal reducción de impuestos de los ricos originó, sin embargo, grandes déficits y una elevada deuda pública (tal como muestro en mi artículo “Las Políticas Fiscales Neoliberales”, Público, 08.07.10). Este aumento de los déficits y la deuda pública se utiliza como argumento para exigir, ahora, una reducción del gasto público (incluyendo el social) con el fin de disminuir el déficit. Tal postura es parte integrante del dogma económico neoliberal, reproducido a base de fe y no de evidencia empírica que lo sustente.

La otra alternativa, la de subir los impuestos, es desechada, pues, se nos dice, disminuiría la demanda y el estímulo económico. Dado que la mayoría de la población prefiere pagar el número más bajo posible de impuestos, entonces, aquel mensaje cala y se incorpora rápidamente a la sabiduría convencional. Es así como los dogmas se producen y reproducen. Pero como siempre ocurre en nuestro país, un elemento clave para entender quién paga impuestos y cuánto pagan, es la clase social del contribuyente. La gente con más ingresos, los ricos, son los que tienen mayor capacidad de ahorro. Tienen tanto dinero que, incluso después de consumir (consumo de lujo) les queda bastante para ahorrar. Pero lo que se necesita ahora, en un momento de recesión, no es tanto que la gente ahorre, sino que gaste, consuma y estimule la economía.

Pues bien, el Estado debe conseguir dinero de los ricos (a base de aumentar sus impuestos, que han ido descendiendo durante todos estos años) y con tal dinero crear ocupación en los servicios públicos, que están muy poco desarrollados en España. Otro dogma neoliberal, también erróneo, que se promueve y reproduce en España, es que hay demasiados empleados públicos. Nada menos que todo un Ministro de Economía de un gobierno socialista, el Sr. Boyer, en una entrevista en El País (“Zapatero me escucha con interés”, 11.07.10), decía que el empleo público era demasiado alto en España, más alto que en Alemania (“El peso del PIB de la remuneración de los asalariados públicos es el 12% en España, mientras que en Alemania es el 7,5%”). Pero el Ministro Boyer no puede concluir de estas cifras que el número de empleados públicos sea más elevado en España que en Alemania. Si hubiera sido estudiante mío en la asignatura Políticas Públicas I, le habría suspendido. Es un caso claro de cómo no leer las estadísticas. Para comparar empleo público de España con Alemania, por ejemplo, hay que comparar manzanas con manzanas y no con peras. El hecho de que Alemania tenga menos empleados públicos es porque en el sistema de contabilidad nacional, el sector sanitario alemán no está contabilizado en las cifras de empleo del Estado. Al ser su sistema sanitario un Seguro Nacional de Salud en lugar de un Servicio Nacional de Salud, el empleo de tal sistema se contabiliza en un apartado distinto (ver “El empleo público en España no es excesivo. Los errores del informe sobre el coste de la Administración, de la EAE Business School”, de Vicenç Navarro, Marta Tur, Miquel Campa y Carlos Carrasco, en www.vnavarro.org, Sección: Economía Política). Cuando se incorpora tal empleo público sanitario alemán en el del Estado, entonces Alemania tiene un empleo público mayor que España. Tal error es semejante al que ocurriría si excluyéramos de la categoría de empleo público a los profesionales sanitarios, cuando la financiación sanitaria dependía de la Seguridad Social. Sería aconsejable que los economistas que dirigen la política económica del país diversificaran sus lecturas y no aceptaran automáticamente los informes procedentes de la banca y del mundo empresarial. De la misma manera que la industria farmacéutica tiene una enorme influencia en configurar la cultura médica (a través de patrocinar y financiar las revistas y congresos médicos), el capital financiero tiene una enorme influencia (junto con el mundo de las grandes empresas) en la cultura económica, a través de medidas semejantes. De ahí que la sabiduría convencional en círculos económicos esté muy influenciada por la Banca, situación que se acentúa todavía más en los gobiernos que se rodean de asesores procedentes o próximos a la banca o al Banco de España (el Vaticano del pensamiento liberal). El dato de que España tiene más empleo público que Alemania procede de un informe (de gran pobreza técnica) publicado por el IESE, financiado por la Banca. Y debido a la escasísima capacidad critica de los mayores medios de difusión del país, se reprodujo ampliamente. En el trabajo citado anteriormente, investigadores del Observatorio Social de España (OSE) mostramos los numerosos errores de tal informe. Pero en una situación que caracteriza la cultura neoliberal dominante en círculos económicos, tal aseveración continúa repitiéndose, ignorando la evidencia brumadora que la cuestiona. Yo rogaría al lector que cada vez que lea un artículo que registre aquella falsedad, le envíe al autor del mismo copia del trabajo del OSE. En realidad, pensaba abrir en mi blog (www.vnavarro.org) una sección (que iba a titular “los errores que se cometen en el discurso político y mediático español) para ir alertando al público de que se están tomando medidas en base a informaciones erróneas, pero tuve que abandonar la idea, pues era un número excesivo.

Todo lo dicho tiene gran importancia, porque lo que el Estado debería hacer es aumentar los impuestos para crear empleo. Si el estado central eliminara todas las reformas fiscales regresivas (que han beneficiado primordialmente a los ricos durante los últimos veinte años) podrían recogerse 66.000 millones de euros, con los cuales se podrían crear más de cuatro millones de puestos de trabajo (ver mi artículo “¿ESTAMOS VIVIENDO POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES?”)

El lector se preguntará: ¿y por qué no se hace? Y la respuesta es el enorme poder de los lobbies económicos y el poder de clase (es decir, de los grupos más pudientes) que los poderes políticos (en teoría nuestros representantes) no se atreven a antagonizar. ¿Entiende usted lector, por qué las clases populares están cada vez más frustradas con nuestros representantes?

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

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El enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo de España (que en su seno tiene miembros que simpatizan con el golpe militar de 1936), en respuesta a la denuncia realizada por el partido fascista (La Falange) en protesta por el intento de tal juez de llevar a los tribunales a los responsables de los asesinatos realizados por la dictadura, muestra claramente varios hechos que no han sido suficientemente comentados en los medios de información y persuasión que gozan de mayor difusión del país. Uno es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue profundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que las fuerzas que dominaron el aparato del estado dictatorial continúan teniendo una gran influencia sobre el Estado español.

El segundo hecho que tal caso ha mostrado es que el espectro político español está profundamente sesgado a la derecha, mucho más que en la mayoría de países de la UE-15. Las derechas españolas corresponden, en el espectro político europeo, a la ultraderecha. En la Unión Europea, los partidos ultraderechistas han sido los únicos que han apoyado el enjuiciamiento de Garzón, tal como han hecho en España los dirigentes del PP. La gran mayoría de la derecha europea ha denunciado y condenado tal enjuiciamiento y los grandes rotativos conservadores y liberales europeos han denunciado esta bochornosa situación, mostrando con ello que el PP –que apoyó tal enjuiciamiento– es un partido de la ultraderecha europea de raíces franquistas, lo cual también explica su resistencia a condenar aquella dictadura por su nombre. Lo máximo que ha hecho el PP ha sido condenar genéricamente todas las dictaduras totalitarias (en las Cortes Generales, el 20-11-02), sin referirse concretamente a la dictadura franquista por su nombre (ver mi artículo “El PP, ¿un partido franquista?” en www.vnavarro.org).

El tercer hecho que el caso Garzón ha evidenciado es la enorme resistencia de los vencedores y de sus descendientes (biológicos y/o ideológicos) a admitir las enormes atrocidades cometidas por la dictadura y el impacto sumamente negativo que tal dictadura supuso para el desarrollo económico, político, social y cultural español. Esta resistencia de los vencedores y sus descendientes aparece en su persistente referencia a la equidistancia en las atrocidades realizadas por lo que llaman “los dos bandos” de la Guerra Civil. Este argumento, ampliamente reproducido por los vencedores y sus descendientes (que dominan la vida política, mediática y cultural española, sean del color político que sean), pone en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. La forma extrema de esta equidistancia aparece en los escritos de Juan José López Burniol y de Gregorio Marañón, que indican que los vencedores tenían tanta razón moral y política como los vencidos, pues ellos (los vencedores) eran buenas personas y también lucharon por sus ideales. Según este relativismo moral y político, no se podría condenar ni a Franco, ni a Hitler, ni a Mussolini, pues todos ellos en su vida personal eran “buenas personas” (seguían la moral convencional de su tiempo) y creían que lo que hacían era lo mejor para España, Alemania e Italia, respectivamente.

Tal equidistancia es, en realidad, más una justificación que una explicación de lo ocurrido en España, intentando ofuscar las responsabilidades habidas en aquel periodo. Poner a los curas y monjas asesinados por los republicanos en las misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociaciones republicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara en contra de un Gobierno enormemente popular y democráticamente elegido. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que nunca ha estimulado a la Iglesia a hacer una reflexión sobre por qué era tan odiada) y que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes –comprensibles, pero no justificables– no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.

Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán el enorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos, torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años en que el repetido insulto (se les definió como pertenecientes a una raza y/o cultura inferior) no se podía contestar ni siquiera en la intimidad familiar, pues los padres no osaban hablar de ello con sus hijos con el fin de protegerlos. De ahí que hablar de reconciliación como las bases de la Transición y de la actual democracia es idealizar acríticamente un proceso claramente inmodélico. ¿Cómo quieren que la hija de un alcalde republicano asesinado, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado, se reconcilie con un juez del Tribunal Supremo que apoya el golpe militar o con José Juan Toharia, que escribió en El País, nada menos que el 18 de julio (74 aniversario del día del golpe fascista), que los dos bandos eran “fundamentalistas fanáticos”, insultando a todos los que defendieron la democracia?

Por cierto, no se ha hecho todavía la novela o película antifascista perfecta, pues estas tendrían que mostrar que los fascistas eran muy buenas personas (iban a la iglesia, no robaban, les gustaba la música clásica y amaban a sus familias) que, cuando creían que iban a perder sus privilegios, apoyaban a otras que asesinaban, robaban, torturaban y hacían enormes barbaridades para continuar manteniendo sus privilegios. Y ellos, “las buenas personas”, lo sabían. De ahí la enorme necesidad de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacían.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Mi artículo en defensa de la llamada del Presidente Montilla a la movilización popular en contra del dictamen del Tribunal Constitucional originó (como era predecible) una amplia respuesta de muchas voces, bastantes de ellas procedentes de los establishments mediáticos y políticos de Madrid, incluyendo algunas voces socialistas del PSM-PSOE. Gran número de tales voces reflejaron un escaso conocimiento de Cataluña, y por lo tanto de España, que por desgracia es bastante común entre amplios sectores de tales establishments (sean del color político que sean) aún cuando, en general, son las derechas las que reproducen este desconocimiento de una manera más acentuada.

Uno de los mayores errores es considerar el catalanismo (la defensa de Cataluña como nación) como una invención de la burguesía catalana, y de un sector de las izquierdas, que desean recuperar una identidad cultural negada durante la dictadura. Tal observación parece desconocer que durante aquel periodo, enormemente represivo, fueron las izquierdas las que lideraron la lucha por la identidad catalana, no las derechas, siendo la burguesía la que colaboró más con el fascismo. Era esta burguesía la que hablaba castellano, dejando que fueran los sirvientes y lo que llamaban “clases bajas” los que hablaran en catalán. El castellano fue impuesto por la dictadura en Cataluña, con el apoyo de la burguesía.

En la manifestación del pasado 10 de Julio, la que lideraba la mayor concentración de personas que haya ocurrido en la historia de Catalunya fue una bandera catalana, llevada por treinta sindicalistas, siendo los dos sindicatos de clase mayoritarios en Cataluña (CCOO y UGT) los encargados de llevar el servicio del orden de la manifestación. Y todos los sindicatos y partidos de izquierda fueron parte del liderazgo de tal movilización, siendo un socialista, el Presidente Montilla, el que lideró el componente institucional de la manifestación.

El segundo error que hacen aquellos amplios sectores de los establishments políticos y mediáticos madrileños es ver al catalanismo como idéntico al separatismo, o como un paso previo a la separación de Cataluña del resto de España. Las derechas españolas hacen este supuesto constantemente. Y una de las voces del PSM-PSOE hacía lo mismo cuando alertaba de esta posibilidad, haciendo referencia a hechos de los años treinta del siglo pasado. Pero se ignora que el siglo XXI es muy distinto a la primera mitad del siglo XX. El independentismo (una opción totalmente legítima, y cuya dimensión política de izquierda, ERC, es parte del gobierno tripartito catalán, y cuyos votos en el Parlament y en las Cortes Españolas han sido claves para facilitar políticas de izquierda) es hoy minoritario en Cataluña, y fue también minoritario en la manifestación del 10 de julio, por mucho que varios medios en Madrid lo presentaran como una manifestación independentista. En tal manifestación hubo muchas más banderas catalanas que banderas esteladas independentistas. La demanda del reconocimiento de Cataluña reflejado en el Estatut es mayoritaria en las instituciones políticas, sociales y civiles progresistas en Cataluña. El independentismo, sin embargo, está creciendo, resultado, en gran parte, de la hostilidad por parte de las derechas y la incomprensión por parte de amplios sectores de las izquierdas jacobinas que se olvidan del pasado federalista de sus antecesores.

Un tercer hecho que es también importante de constatar, es que la cultura política catalana es muy distinta a la cultura madrileña y castellana. El mayor adversario político de las izquierdas en Cataluña es la derecha catalana, CiU. En Madrid es el PP, una derecha enraizada en la dictadura que todavía tiene un enorme poder y gobierna en Madrid, tanto en la ciudad como en la Comunidad Autónoma y que marca constantemente el territorio político en Madrid, y también, por desgracia, en España. La derecha española es una derecha reaccionaria, homologable a la ultraderecha europea, como lo muestra su apoyo al enjuiciamiento de Garzón por el Tribunal Supremo a propuesta del partido fascista, la Falange, situación definida como bochornosa por la mayoría de medios cercanos a las derechas europeas. En realidad, en mi entorno universitario hay muchas personas de izquierdas catalanas que se han convertido en independentistas porque no desean pertenecer a un país –España- donde la derecha hegemónica es tan reaccionaria y portadora de tantos valores pre constitucionales. Y por desgracia, el debate ideológico y político en España se realiza en muchas ocasiones en el terreno marcado por las derechas.

Es agotador y llega a un hartazgo, tener que rebatir siempre a las derechas castellanas que, en defensa de un centralismo madrileño recurren siempre a “la unidad indisoluble de España”, slogan utilizado por los fascistas en el golpe militar del 1936 para defender privilegios de clase. Esta expresión produce un enorme rechazo entre las izquierdas catalanas, y también entre las derechas democráticas. Tal slogan fue el que se utilizó por los golpistas para reprimir brutalmente en Cataluña la expresión de su identidad. De ahí que la inclusión de la famosa llamada a la indisoluble unidad de España en el dictamen del TC (nada menos que doce veces en su dictamen) para justificar su decisión de subrayar (lo cual ya se había acordado y pactado en el Estatut y aprobado por las Cortes) que Cataluña no era una nación desde el punto de vista jurídico molestó a muchos sectores de la población catalana. Esta y muchas otras medidas eran una ofensa a Cataluña y a cualquier español con conciencia democrática. Era, como bien dijo el presidente Montilla, poner el dedo en la herida para reavivarla. Y no tengo ninguna duda de que éste fue el objetivo de un gran número de miembros del TC, en respuesta a las críticas que les había hecho el President Montilla, durante estos cuatro años, por su insensibilidad, arrogancia y descrédito. Tal como dijo el President, “La sentencia está llena de ofensas gratuitas que no tienen efectos jurídicos, pero sí el efecto de tocar las narices”. La mayoría de catalanes (61%) están de acuerdo con esta lectura del dictamen del TC, respondiendo afirmativamente a la pregunta “¿Está de acuerdo con que la sentencia del Tribunal Constitucional representa un agravio para Cataluña como afirman todos los partidos políticos catalanes excepto el PP?”.

Lo cual me lleva a la última reflexión referente a la supuesta falta de apoyo popular al Estatut en Cataluña, percibiéndose su defensa como un tema exclusivo de las élites políticas, pero de escaso interés para las clases populares. Aquellos que lo perciben de esta manera citan encuestas que señalan que el Estatut no parezca ser un tema prioritario, comparado con otros temas tales como el desempleo y la crisis económica. Me parece totalmente lógico que así sea. Pero las mismas encuestas muestran gran interés entre las mismas clases populares sobre los recursos y la extensión de sus servicios públicos o el idioma de sus escuelas, todos ellos definidos en el Estatut. Escribir (como han llegado a hacerlo algunas voces socialistas madrileñas), o mostrar en la televisión (como hizo TVE –en su programa Informe Semanal- sobre la manifestación del 10 de julio en el que mostraba a una persona en un mercado –presentada como una voz representativa de las clases populares- desmereciendo la importancia del Estatut, es asumir una escasísima representatividad de las instituciones públicas, cívicas y sociales de Cataluña, que es profundamente ofensiva a las instituciones catalanas. TVE, por cierto, fue abucheada extensamente en la manifestación, lo cual fue interpretado erróneamente por más de un tertuliano en los medios madrileños como un silbido antiespaña. Tal interpretación de la percepción popular del Estatut, infravalorando la manifestación, como han hecho la mayoría de los medios en Madrid, es un enorme error. Es más, el Estatut aborda intereses económicos y políticos y también los símbolos. Y creerse que éstos no son importantes es desconocer la naturaleza humana. Me expando en ello.

Muchos amigos madrileños cuando vienen a Cataluña y no ven muchas banderas españolas, asumen que la población no se siente española. Y aunque esto es cierto para un número creciente de catalanes, no lo es para la mayoría. Pero un número muy grande (que aumenta según la edad) no considera la bandera española definida por la Constitución como su bandera, ni el himno nacional como su himno. Para muchísima gente en Cataluña la llamada bandera española es, en realidad, la bandera borbónica que llevaban las tropas franquistas que invadieron Cataluña, tropas que se autodefinían como las nacionales y que consideraban la marcha militar borbónica como su himno. En realidad, si se permitiera izar la bandera republicana en los ayuntamientos en lugar de la borbónica, creo que gran número de ayuntamientos en Cataluña izarían la republicana en lugar de la borbónica. Y ello como consecuencia de una memoria histórica que los gobiernos catalanes democráticos han mantenido viva. Se puede acatar una ley sin necesariamente aprobarla.

De ahí que no haya la actitud reverencial hacia la Constitución en la mayoría de la población catalana. Es un documento pactado en un momento de gran desigualdad en las relaciones de poder. Es inevitable que, a medida que haya un cambio en estas relaciones, tal Constitución cambiara. Y una de las cláusulas que necesita eliminarse, por cierto, es aquella que asigna al Ejército la defensa de la integridad (indivisible unidad) de España, frase y dictamen puesto ahí, que, indirectamente, puede utilizarse para justificar el golpe de Estado de 1936. No existe ninguna otra Constitución europea que tenga tal tipo de cláusula.

La variable más importante para decidir el futuro de Cataluña es la propia voluntad del pueblo catalán. La clase trabajadora y clases populares catalanas tienen muchísimo en común con las clases trabajadoras y clases populares de otras naciones y regiones de España, incluyendo Madrid. De ahí la importancia de que los representantes de tales clases debieran ser muy sensibles no sólo a eliminar cualquier forma de explotación de clase y de género, sino también de nación. La Guerra Civil fue una lucha de clases pero también una lucha de unas oligarquías que impusieron una visión nacionalista española oprimente para las otras naciones y regiones de España. Y es en este sentido que, en estos momentos, son de agradecer las voces de izquierda como las de Santiago Carrillo o las de Gaspar Llamazares, que desde Madrid protestaron el dictamen del TC. Sería de agradecer que tales voces se dieran también en el socialismo, incluyendo el madrileño. Pero, tal protesta no debiera darse sólo como acto de solidaridad con el pueblo catalán y con las izquierdas catalanas, sino también (como hace Llamazares) como muestra de desacuerdo en contra del TC, que debiera mostrar todos aquellos parlamentarios que votaron a favor del Estatut. ¿O es que cuando los socialistas madrileños votaron a favor del Estatut creían que era inconstitucional? Si entonces creyeron que era constitucional, ahora deberían protestar que el TC lo recorte. Acatar es una cosa. Aprobar es otra. Aplaudo que el Presidente Montilla protestara. Y me entristece (aunque no me sorprende) que no lo hicieran más voces de la izquierda basada en Madrid.

Vicenç Navarro  es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Fuente: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=48758

Existe una percepción generalizada en el Establishment Europeo (es decir, en las élites políticas, financieras y mediáticas que configuran la sabiduría convencional en la Unión Europea) de que la crisis del euro (y, por lo tanto, de la UE) fue causada por la falta de disciplina presupuestaria de los países del sur de Europa (Grecia, España y Portugal), países llamados (junto con Irlanda), en tono insultante, los PIGS (que en inglés quiere decir cerdos), pues su comportamiento supuestamente irresponsable ha llevado a la UE a la crisis.

Una característica de estos países es el haber estado gobernados por las derechas en la mayoría de la segunda parte del siglo XX. En realidad, son los países de Europa donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor poder, controlando sus estados, bien a través de dictaduras totalitarias de carácter fascista o fascistoide, bien a través de gobiernos democráticos basados, frecuentemente, en sistemas electorales que discriminan a las izquierdas, favoreciendo a las derechas. El bipartidismo existente en la práctica en España es el caso más extremo y claro, habiendo sido tales sistemas diseñados (con la excepción de Portugal) para disminuir la influencia de las izquierdas más radicales. Esta fortaleza de las derechas fue acompañada con la debilidad de las izquierdas que, en todos estos países, están divididas en distintas sensibilidades, de las cuales las más importantes están arraigadas en las tradiciones socialistas y comunistas. Estas divisiones aparecen tanto en la esfera política como en la sindical.

Consecuencia de este contexto político, existe una acentuada polarización por clase social, siendo estos países los que tienen mayores desigualdades entre sus clases sociales (tanto en su renta como en su propiedad). De ahí que, aun cuando estos países sean los países menos ricos de la UE-15 (su PIB per cápita está por debajo del promedio de la UE-15, el grupo de países más desarrollados económicamente de la UE) existen entre las clases más pudientes algunas de las fortunas más elevadas en la UE-15. Y debido a la enorme distancia existente entre el nivel de riqueza de tales fortunas y la mayoría de la población (cuyo nivel de vida es muy bajo comparado con el promedio de la UE-15, como demuestra el hecho de que en España el 62% de la fuerza laboral ingrese menos de 1.200 euros brutos al año), la capacidad adquisitiva de la población rica es enorme, mucho más acentuada que en el resto de la UE-15. Los ricos en aquellos países son y se sienten más ricos que (en términos absolutos y en términos proporcionales) en los otros países de la UE-15.

Una consecuencia de la polarización social de estos países y la gran influencia política y mediática de los sectores de mayores rentas (entre un 20% y un 30% de la población, que incluye burguesía, pequeña burguesía y clases medias de renta mediana alta), es la pobreza del estado, basado en una carga fiscal baja para tales grupos, y una enorme regresividad en las políticas impositivas. Los ingresos a sus estados son bajos (España sólo un 37% del PIB) y regresivos (los ricos y gente de renta superior pagan menos impuestos que sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15). Y aunque, en general, todos los ciudadanos pagan menos impuestos que sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15, estas diferencias no son tan acentuadas entre la mayoría de la población (un obrero metalúrgico en España paga en impuestos un 73% de lo que paga su homólogo en Suecia) como en las rentas superiores (un rico en España paga un 48% de lo que paga un sueco rico, siendo a la vez el primero más rico –subjetivamente y muchos incluso objetivamente- que el segundo), siendo el fraude fiscal ampliamente extendido en estos países.

De ahí que el sector público esté poco desarrollado en estos países y su estado del bienestar sea pobre (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). La acusación que el establishment europeo hace de los PIGS como países que están despilfarrando recursos, es ridícula. Son, todos ellos, de una enorme austeridad social y pública. Sus estados del bienestar cubren casi exclusivamente a las clases populares, pues las rentas superiores utilizan los servicios privados (es decir, van a la sanidad privada y envían a sus hijos a las escuelas privadas).

Consecuencia de la falta de recursos al estado -para poder ofrecer sus servicios públicos- se ha endeudado, lo cual benefició (además de a los ricos que no pagaban al estado lo que debían) a los bancos, que conseguían notables beneficios de los elevados intereses de los bonos públicos (que los estados emitían para cubrir su deuda). Como dijo un dirigente de uno de estos bancos, el Deutsche Bank, tal situación “nos beneficiaba a nosotros y a los ricos de aquellos países”. Parecía como una complicidad entre los bancos y los ricos. Y los bancos alemanes y franceses, además de comprar deuda, prestaron mucho dinero a los bancos de los PIGS para sus especulaciones inmobiliarias, que fueron favorecidas por sus Bancos Centrales (dirigido en España por un ultraliberal, el Sr. Fernández Ordóñez, que es rico a base de apoyar a la banca y ahora predica austeridad a todos los demás).

Lo que debiera hacerse es revertir todas las políticas fiscales regresivas, haciendo que las rentas superiores y del capital financiero y empresarial pagaran al estado lo que hacen sus homólogos en la UE-15. Si así fueran, el estado español conseguiría 66.000 millones de euros con los cuales el estado podría alcanzar el nivel de servicios públicos que la población se merece (ver mi artículo “¿Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades”. Publicado en SISTEMA, 25.06.10).

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

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En las últimas semanas hemos visto toda una serie de acontecimientos que están impactando a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España. Uno, el más importante, es la enorme avalancha neoliberal, liderada por las derechas europeas (que dominan las instituciones de la UE) con la complicidad de partidos gobernantes de centroizquierda, que está reduciendo significativamente los derechos y beneficios laborales y sociales de la ciudadanía de los países de la UE, incluyendo España.

El otro hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que recorta significativamente el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán en referéndum, y que generó, como protesta a tal dictamen, la manifestación más grande que jamás haya existido en Catalunya. Y por último, el pasado domingo, la selección española (en la que los jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Barça –un símbolo del catalanismo identitario–, eran el grupo más extenso dentro del equipo) ganó el Mundial de fútbol, lo cual creó grandes movilizaciones en gran parte de España (incluyendo Catalunya) que las derechas están intentando contraponer a la movilización del día anterior en Catalunya, que supuestamente amenazaba la unidad de España.

Todos estos hechos corresponden a un contexto político común que, por paradójico que parezca, reflejan las mismas coordenadas de poder. La avalancha neoliberal responde a unos intereses de clase bien definidos. El mundo financiero (responsable de la crisis) y el mundo de las grandes empresas y sus instrumentos políticos están consiguiendo (con la ayuda de los medios afines) lo que han querido durante muchos años: el debilitamiento del mundo del trabajo. Mientras que los beneficios del gran mundo empresarial crecieron en el primer trimestre del 2010 un 18,5% (según las cifras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), las rentas del trabajo continuaron descendiendo un 8%. La reducción del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la desregulación del mercado de trabajo tienen como principal objetivo debilitar al mundo del trabajo (incluyendo sus sindicatos).

Para ocultar esta realidad, se ha construido todo un entramado ideológico promovido por los establishments mediáticos y políticos neoliberales que argumentan que tales medidas son necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros (es decir, de la banca, que fue la que causó la crisis en primer lugar). Como bien escribió Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, en The Guardian (09-07-10), los argumentos que el establishment neoliberal de la UE y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo carecen de validez científica. En realidad, España fue uno de los países de la UE-15 que cumplió más con la ortodoxia neoliberal, habiendo alcanzado una de las deudas públicas más bajas de la UE-15, y un superávit en los presupuestos del Estado en los tres años que precedieron la crisis. Y, a pesar de ello, España está en el centro de los países que más están sufriendo la crisis. Y ello no se debe al crecimiento “desmesurado” del gasto público (como lo presentan los neoliberales), sino al comportamiento especulativo de la banca (creando el boom inmobiliario) y a las políticas regresivas fiscales, que facilitaron el crecimiento del déficit cuando disminuyó la actividad económica.

Estos sacrificios son enormemente impopulares. De ahí que en España las derechas recurran a las banderas para conseguir el apoyo popular que sus políticas económicas le niegan. La derecha nacionalista española es heredera del Estado fascista que dominó España durante 40 años y que justificó el enorme daño que conllevó (España tenía el PIB per cápita de Italia en 1936; en 1975, el PIB de España era sólo un 64% del de Italia), con el argumento de derrotar al comunismo y al separatismo, defendiendo “la unidad de España” (el eslogan utilizado por el fascismo y el posfascismo para justificar la imposición de una España radial, uniforme y excluyente). En defensa de unos intereses de clase, impusieron el mayor retraso económico, político, social y cultural que haya habido en Europa. Los datos hablan por sí mismos (ver mi libro El subdesarrollo social de España).

Sus herederos –el Partido Popular– han continuado haciendo un enorme daño a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, habiendo sido el Gobierno del PP el que, con sus políticas de desregulación del suelo y políticas fiscales regresivas, originaron la crisis actual. Y ahora, en su intento de capitalizar el anticatalanismo (que sembró la dictadura en la población española), se ha opuesto al Estatut que fue aprobado por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español, argumentando que rompería España. La sentencia del TC, que ofendió (en su procedimiento, en su narrativa y en su dictamen) al pueblo catalán, ha creado tensiones totalmente innecesarias. Si el TC hubiera aprobado sin más el Estatut, España hubiera continuado unida. En realidad, se ha ido implementando durante cuatro años sin que apareciera ni siquiera una fisura. El Estatut representaba una redefinición de España. Es la resistencia a esta redefinición liderada por la derecha española la que está estimulando la rotura de España, pues el independentismo se está alimentando de esta insensibilidad hacia aceptar una España que respete su plurinacionalidad.

Pero España es plural, y el mejor indicador de ello es la selección española de fútbol, en la que precisamente el contingente del Barça jugó un papel clave en la victoria. Cuando el Barça ganó la Champions y sus jugadores expresaron con orgullo “Visca Catalunya!” en un Camp Nou lleno de senyeras, varios medios madrileños presentaron tal movilización como prueba de un incipiente separatismo. La mejor prueba de tal falsedad es que, el pasado domingo, estos “supuestos” separatistas jugaron un papel clave en dar la victoria a España. ¿Hasta cuándo continuará la derecha dividiendo a España?

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University