Reggio’s

PREGUERÍAS

Hasta el último segundo del último día de julio y aún pellizcando el primer lunes de agosto, el Partido Popular continúa atrapado en sus vericuetos judiciales. Mañana es un nuevo día clave para la supervivencia política del partido conservador. Aparcado hasta bien entrado septiembre el ‘caso Bárcenas’ que tanto dolor de cabeza ha supuesto para la dirección del PP, mañana se dirime el otro gran caso que tiene en vilo a Rajoy: el ‘caso Camps’.

Es mañana cuando los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia van a comunicar si archivan y dan por definitivamente cerrado el asunto de los trajes supuestamente recibidos por Camps en concepto de regalo a cambio de nada -lo que se llama un cohecho impropio- o deciden que el proceso siga su curso y que el presidente de la Generalitat comparezca ante un jurado popular.

Las presiones sobre estos tres magistrados están siendo formidables y diarias. Desde que el asunto llegó a manos de ese tribunal algunos medios de comunicación no han dejado ni un sólo día de advertir que estos jueces son «conservadores». Se trata de una observación precautoria, de una calificación preventiva, no vaya a ser que archiven el caso y se necesite tirar de base informativa desde la que se les pueda acusar de haber actuado contaminados por su servidumbre a la «causa política» del partido al que Camps pertenece.

En esos medios de comunicación no se ha mencionado, sin embargo, el origen del juez Pedreira y su entrada en la carrera judicial a propuesta del PSOE por el cuarto turno, que es la vía por la que juristas de «reconocido prestigio», que a veces no han tenido ni reconocimiento ni prestigio sino simple afinidad con un partido u otro, asumen directamente la categoría de magistrado.

Ni tampoco se ha puesto el acento con intensidad igual en el dato de que en su primera reencarnación Pedreira era asesor jurídico del Ayuntamiento de Madrid cuando en el Consistorio reinaba el PSOE, primero con Enrique Tierno Galván y luego Juan Barranco, que lo propuso, y cuando Leguina presidía la Comunidad. Aunque hay que dar por hecho que el juez Pedreira es tan digno ecuánime e independiente como cualquier otro magistrado, faltaría más.

Pero, mira por dónde, éstos no parecen ser considerados datos relevantes – y no deben serlo en pura decencia informativa- pero en cambio sí lo son, y mucho, tanto como para repetirlos a diario, los que ubican en la zona conservadora de la magistratura a los tres jueces de Valencia que han de decidir sobre el caso Camps. Ésta es una forma de presión que deja de ser sutil y se convierte en descarada cuando se repite tan machaconamente.

Hay otros intentos de forzar el caso, como es el de las fiscales Anticorrupción al pedir primero al juez de Valencia, Flors, y luego, una vez fracasado este intento, pedir y finalmente lograr, que el juez de Madrid, Pedreira, se inhiba y envíe al TSJPV para que las incorpore al sumario del caso Camps las diligencias relativas a los tres principales imputados en la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

La diferencia es muy grande: a estos señores, Correa, Crespo y Pérez, se les acusa en el tribunal de Madrid de cohecho puro y duro, entre otros varios delitos que conllevan cárcel. Y a Camps todo lo más que se le puede imputar es un extraño delito de mínimo nivel que se llama cohecho impropio y que no tiene pena de cárcel ni siquiera de inhabilitación y que, caso de haber condena, ésta quedaría saldada con una multa de 2.500 euros.

Nada que ver con lo anterior, es evidente. Pero si se sumaran ahora mismo los dos casos como querían las fiscales, lo que habría sería un asunto de cohecho propio y entonces ya no sería posible el archivo, que es lo que algunos quieren evitar a toda costa. Lo que pasa es que el TSJPV ya ha dicho que el auto de inhibición de Pedreira llegaba tarde y que su petición no será estudiada hasta la vuelta de las vacaciones, ya en septiembre.

Los magistrados, como se ve, siguen aguantando presiones, incluso las que insisten en decir que Federico Trillo les telefonea a diario para presionarles. Mañana decidirán y será interesante examinar las reacciones desde uno y otro lado de la barricada política que se ha levantado, y que es de las de reglamento, cuando se conozca la decisión de los jueces valencianos. A ver en qué términos protesta a partir de mañana lunes el sector que salga perjudicado en sus pretensiones.

Luego está el paisaje político al que se enfrentan el Partido Popular y el presidente Francisco Camps. Si el caso se archivara, cosa que ahora mismo se ignora absolutamente, todo bien para él y su partido. Camps quedaría reivindicado y Rajoy respiraría con alivio: dos cargas menos, Bárcenas y Camps.

Pero ¿qué pasará si el tribunal acuerda seguir adelante y procesar al presidente de la Generalitat? Inicialmente parecía que Camps estaba determinado a evitar que la institución se sentara en el banquillo y, por lo tanto, iba a renunciar a su cargo para poder acudir ante el jurado como un ciudadano particular. Pero eso ha ido cambiando con el paso de las semanas y en este momento el presidente de los valencianos se inclina por mantenerse en su puesto y aguantar a pie firme el espectáculo, que puede ser de aurora boreal.

No es eso lo que se opina en la calle Génova. La dirección del PP se va a aguantar con lo que Camps decida, eso que vaya por delante. De modo que si quiere mantenerse en su puesto y no renunciar, en Madrid tragarán saliva y dirán que amén.

Pero si el proceso sigue su curso y Camps optara por dimitir, los dirigentes populares echarán internamente las campanas al vuelo y abrirían botellas de cava valenciano, aunque de puertas afuera no movieran un músculo, porque están plenamente convencidos de que su hombre saldría absuelto en el juicio que hubiera de celebrarse y, por lo tanto, reforzado. Y, si eso fuera así, como creen que sería, Camps estaría en condiciones de volver a presentarse a las elecciones y ganarlas de calle.

Mientras tanto, mientras va y vuelve, su puesto sería ocupado por alguno de los actuales consejeros. Nada de tirar de Rita Barberá ni de ninguna figura que pudiera luego taponar la vía para su regreso. Pongamos que un Gerardo Camps, o un Juan Cotino, por mencionar a dos de los más destacados miembros del consejo de gobierno, estuviera dispuesto a aceptar que le pongan de presidente interino para calentarle el asiento al presidente in pectore y luego ahuecar cuando haya elecciones. Un sacrificio semejante, que no deja de tener su pizca de humillación, tendría luego que ser espléndidamente retribuido en términos políticos del tipo de «pídeme lo que quieras, que yo te lo doy». Todo esto queda pendiente de mañana. Primero deciden los jueces. Luego decide Camps.

victoria.prego@elmundo.es

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LA POLÉMICA NACIONAL

A los despachos del Partido Popular llegó ayer la información de que el juez instructor del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, había dedicado el fin de semana a redactar el auto de solicitud al Senado del suplicatorio para proceder judicialmente contra Luis Bárcenas. Eso, sumado a la certeza de que el fiscal apoya la petición de suplicatorio para él y para el diputado Jesús Merino, ha llevado a todos en el PP, Bárcenas incluido, a tratar de adelantarse a unos acontecimientos que creen que se van a producir hoy o mañana. Pero todavía no está claro que el Supremo vaya a hacer público ese auto antes del viernes. En la Sala se están celebrando aún algunas discusiones sobre la utilidad y operatividad de hacerlo ahora. Y hay dudas.

Por lo demás, el ya ex tesorero ha dicho que presenta su dimisión «una vez que ya ha declarado ante el Tribunal Supremo» y hasta que su inocencia quede acreditada. Pero su declaración se produjo el 22 de julio y ayer era día 28. Ha pasado una semana. ¿Por qué no renunció inmediatamente después de haber prestado declaración ante el instructor? Dice que se va «por lealtad al partido». Esa lealtad no se demuestra en la víspera de la fecha en que uno cree que el juez va a pedir el suplicatorio. Esa lealtad de la que habla Bárcenas habría podido demostrarla mucho antes. Antes, por supuesto, de que su caso empezara a desgastar su partido del modo en que lo ha venido haciendo.

No ha dimitido Bárcenas por lealtad. Ha dimitido porque ha creído que probablemente le quedaban 24 horas para cumplir la palabra dada. Y también ha dimitido porque Rajoy, que podía hacerlo, le ha pedido que, con suplicatorio o sin él, presentara su dimisión antes de que acabara el mes. Y él ha aceptado. Todo lo demás, el comunicado del ya ex tesorero y el emitido por el PP, son ganas de vestir un santo al que desde hace mucho tiempo se le vienen viendo las vergüenzas.

Ya sabíamos que en la dirección del PP muchos cruzaban los dedos para que el magistrado Monterde tomara una decisión antes de que el mes de julio finalizara. Así, decían los populares, el partido se librará de la carga que supone tener a un sospechoso en nómina y en uno de los puestos más altos de la estructura partidaria.

Gran error. El PP no se va a librar de nada por la sencilla razón de que el mes de agosto es inútil en términos procesales y políticos. De manera que si, efectivamente, el Supremo anunciara en estos días que pide el suplicatorio al Senado, daría exactamente lo mismo: este viernes se inician las vacaciones judiciales y hace ya semanas que hay vacaciones parlamentarias. Así que hasta la segunda semana de septiembre la Cámara Alta no se pondría manos a la obra para dar vía libre a la solicitud del Supremo.

¿Por qué razón necesitaría apresurarse ahora el Tribunal si, una vez pedido el suplicatorio para Bárcenas y Merino, todo se va a paralizar a continuación? Todo menos los medios de comunicación, claro. Un suplicatorio se pide para poder imputar a un aforado por una presunta culpabilidad. Y, aunque en puridad eso no sea así, la opinión pública y los medios dan por sentado que una imputación equivale a una declaración previa de condena y, en todo caso, a la ratificación judicial de una sospecha pública.

En ese caldo de cultivo es en el que, si se anuncia la petición, se van a cocer el señor Bárcenas y el PP durante todo el mes de agosto sin que el Senado se pueda pronunciar, sin que las diligencias avancen, sin que las investigaciones progresen, y sin que Bárcenas pueda volver a declarar y a defenderse, que es su derecho. Tampoco el PP podrá desligarse de este caso, que se va a pudrir como el agua parada durante más de un mes y en el que las filtraciones continuarán a su ritmo sin que ni el tribunal, ni el tesorero ni el partido al que sigue perteneciendo -él ha insistido en que la suya es una retirada provisional- puedan efectuar el menor movimiento. Los populares van a pasar agosto lo mismo que San Lorenzo en la parrilla, socarrándose a fuego lento, vuelta y vuelta. Es inexorable.

Nada de esto habría sucedido, o mucho menos, si el señor Bárcenas se hubiera retirado a tiempo. Ahora ya es demasiado tarde. El daño está hecho y, sea cual sea la decisión del alto Tribunal, el PP llevará por mucho tiempo las heridas abiertas. ¿Se puede hacer peor?

victoria.prego@elmundo.es

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MODELO DE ESTADO

Ridao: ‘Zapatero me dijo que Solbes era el problema’ El portavoz de ERC relata su negociación sobre la financiación autonómica.

«Yo le dije al presidente: tú tienes un problema, ¿con qué socios vas a aprobar los Presupuestos y cómo vas a ir a la Presidencia de la UE si no los sacas? Así que haz un esfuerzo y pon más dinero sobre la mesa»

«Zapatero es el que le dice a la vicepresidenta Salgado que hay que poner más dinero aunque sepa que va a incrementarse el déficit público y va a aumentar la deuda del Estado. Eso es algo que Solbes no habría aceptado»

«Oye, Joan, que sepas que estoy sobre el tema. Dile a Ridao que hable con Elena, y a ver si nos ponemos de acuerdo. Esto hay que arreglarlo». Es sábado 11 de julio y son las 9.00 horas. Joan Puigcercós, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, está en ese momento en su despacho del partido, en Barcelona. Quien le habla por teléfono es el presidente del Gobierno.

«Oye, Joan, ya he hablado con Puigcercós. Nosotros estamos con ganas de llegar a un acuerdo. Habla con Elena, pero ten en cuenta que los recursos que podamos arrancar tienen que poder adjudicarse también a otras comunidades». No ha pasado ni media hora desde la anterior conversación, pero esta vez es Joan Ridao, secretario general de ERC y portavoz de su grupo en el Congreso, quien, sentado en su despacho a muy pocos metros del de Puigcercós, recibe la llamada de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los dos jóvenes políticos de ERC comprenden en ese instante que están a punto de ganar la apuesta más arriesgada que han mantenido en muchos años: la de forzar la mano del Gobierno hasta conseguir doblársela en el último round.

«Nosotros habíamos puesto un listón y el Gobierno empezaba a saltarlo, pero aún no había llegado a superar esa altura. Hasta que la superó», dice con total aplomo uno de los dos interlocutores del presidente Zapatero.

A partir de ahí empieza el último tramo de una negociación a cara descubierta que, hasta ese momento, se había movido en el terreno del amago y que, a lo largo de todo ese sábado -que los de ERC califican con sorna de «Sábado Santo, víspera del Domingo de Gloria»- cristaliza en un gran éxito del pequeño partido republicano frente al todopoderoso Gobierno; representante y administrador, se supone, del bien supremo que es el interés general.

SIN OXÍGENO

Todo había empezado en el mes de marzo. El día 1, para ser exactos. Ése es el día en que el presidente Zapatero, que durante toda esta legislatura había ignorado olímpicamente a ERC porque disponía cómodamente del oxígeno que le proporcionaban los votos del PNV y del BNG para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, empieza a ver lo solo que está: el pacto PSE-PP en el País Vasco, que deja fuera del gobierno a los nacionalistas, tiene su inmediata traducción en forma de castigo parlamentario en el Congreso de los Diputados a cargo de los nacionalistas vascos, que le retiran su apoyo.

Es entonces cuando José Luis Rodríguez Zapatero vuelve sus ojos de nuevo sobre ese grupo de catalanes arriscados que llevan meses dándole la murga con lo de la solución de la «carpeta catalana» como condición para ofrecerle sus votos, y empieza a tomar medidas. La primera, prescindir de Pedro Solbes, su vicepresidente económico y ministro de Hacienda.

«Durante muchos meses, el problema fue él. Nadie esperaba que el Gobierno tuviera un cajero tan incómodo como Solbes: cicatero, tacaño. A mí me lo dijo Zapatero. Me dijo que Solbes era el verdadero problema», confiesa Ridao.

La crisis de Gobierno tuvo, pues, según parece, ese propósito esencial: el de poner al frente de las cuentas públicas a alguien más dúctil, capaz de sacar el dinero de donde no lo hay y capaz de decir en público que «no puede no haber margen» para aumentar la financiación que reclamaba Cataluña.

«Ya lo hemos echado». Eso fue lo que el presidente del Gobierno le dijo a Joan Ridao, «aunque creo que la frase que pronunció fue un poco más elegante», cuando se supo que Elena Salgado sustituiría a Pedro Solbes al frente de la Vicepresidencia económica.

«Zapatero es el que le dice a Salgado que hay que poner más dinero, aunque sepa que va a incrementarse el déficit y va a aumentar la deuda. Eso es algo que Solbes no habría aceptado», reconoce el propio Ridao. Mientras tanto, los encuentros oficiales entre representantes del Gobierno y de la Generalitat para hablar de la financiación se siguen celebrando.

Los flamantes vicepresidentes Salgado y Chaves visitan al presidente Montilla en el Palau de la Generalitat. «Cuando acuden por primera vez, hubo que ponerles al día», recuerda Ridao, «pero ellos se comprometen con Montilla a que tras las elecciones europeas, habría una respuesta del Gobierno.

Y, efectivamente, la hubo».

Sucede, sin embargo, que, para entonces, los jóvenes líderes de ERC ya tenían decidido llevar adelante una estrategia propia al margen de las negociaciones del conseller Castells con el Gobierno.

ÍBAMOS A SACO

«La estrategia consistió en meterle al Gobierno toda la presión posible. Los diputados del PSC en el Congreso no podían hacer nada, pero nosotros sí. Así que ERC empieza a meter una presión brutal».

De ese periodo datan las sucesivas derrotas que padece el Gobierno a manos de los de Esquerra, asociados temporalmente con el PP: supresión de ministerios, votación del techo de gasto… «Nunca habíamos hecho esto de apoyar al PP en las votaciones, pero esta vez lo hacemos. Íbamos a saco y, además, estábamos decididos a seguir. Entonces es cuando ellos se asustan», recuerda el portavoz de ERC en el Congreso. «Y así es como entramos en la fase final».

Mientras esto sucedía en el Congreso, la vicepresidenta Salgado mantenía frecuentes contactos con el líder parlamentario de ERC, aunque sin mostrarle los números. En realidad, ni Castells ni nadie llegó nunca a tener delante de los ojos el modelo que el Gobierno estaba diseñando para todos. Lo único que estaba claro era el temerario compromiso del presidente Zapatero de tener todo resuelto para el 15 de julio.«A nosotros la fecha nos daba igual. Pero decidimos ir a por todas».

A finales de junio se produce la primera llamada del presidente del Gobierno a Joan Ridao, cuyo contenido, no literal pero sí muy aproximado, es éste:

Zapatero: Hemos hecho un esfuerzo descomunal en financiación.

Ridao: No es bastante.

Zapatero: Yo entiendo que ERC se juega mucho en esto, pero tenemos que llegar a un acuerdo antes del día 15. Si no hay acuerdo, yo puedo aprobar un crédito extraordinario para las comunidades autónomas, prorrogo el modelo que había, se acaba la negociación y asunto terminado.

Ridao: «Estamos de acuerdo: el día 15 se acaba la función. Pero tú tienes un problema: ¿con qué socios vas a aprobar los Presupuestos Generales del Estado? Y ¿en qué situación vas a ir a la Presidencia de la UE si los Presupuestos no los sacas y si el PP te reclama que plantees una cuestión de confianza? Así que haz un esfuerzo y pon más dinero sobre la mesa porque con los 9.000 millones adicionales no hay bastante.

Zapatero: Te llamará Elena.

CASTELLS, DESENCAJADO

Y «Elena» llamó y, a partir de ahí, los interlocutores de ERC y el Gobierno empezaron a hablar de números. El conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, que ha sido el negociador único con el Gobierno hasta el final, había llegado ya a un acuerdo con Salgado en torno a los 3.500 millones para Cataluña. Pero Puigcercós y Ridao deciden tomarle la delantera y lanzar en público la otra cifra, la que hace año y medio había sugerido la Cámara de Comercio de Barcelona cuando el contexto económico del país era muy diferente: 3.800 millones de euros. Es Puigcercós el que la suelta en público el 6 de julio «y a Castells casi le da un infarto porque llevaba un año negociando y ve que le sale un niñato diciendo que no, que tienen que ser 3.800», recuerda Ridao.

El miércoles 8 de julio, con el tiempo ya pisándoles a todos los talones, Castells cierra definitivamente con Salgado la cifra de 3.500 millones. Dos días después, viernes 10, el conseller catalán desayuna con los dos líderes de ERC «y nos enseña un papelín que trae con las cifras y que no era el de verdad, porque ése no sale hasta el fin de semana. Y le dijimos que no. El nos quería arrancar el sí como fuera porque se había comprometido a darle el sí definitivo a la vicepresidenta ese mismo viernes al mediodía. Pero nosotros seguimos insistiendo en que no. Castells estaba ya desencajado».

La reunión acaba mal. Por la tarde de ese viernes, los dos negociadores oficiosos de la financiación catalana reciben el apoyo de su partido: «Seguid apretando».

NOS LANZAMOS

Puigcercós y Ridao acuden a continuación al Palau de la Generalitat. Montilla y Castells les están esperando. Intentan convencerles de que el acuerdo alcanzado sobre los 3.500 millones es muy bueno. Ellos se empecinan en no aceptar. La reunión es muy difícil y de gran dureza. «Estaban muy, muy enfadados, y nos dijeron: ‘Esto se puede ir a la mierda por vuestra intransigencia’. Así que ya nos lanzamos y dijimos que íbamos a hablar directamente con Zapatero. Les sentó como un tiro nuestra posición, pero de esa reunión sale una autorización para que lo hagamos. El encargo fue campi qui pugui [algo así como «sálvese quien pueda»]. Salimos de Palau desazonados».

Y. sin embargo, su pulso surte el efecto deseado. No había pasado media hora del final del tenso encuentro cuando suena el teléfono de Joan Ridao. Es el presidente Montilla, que le dice que ha hablado con Zapatero, quien le ha dicho que sí, que a ver cómo desbloquean el tema. «¡Y eso es a la media hora de que los dos, Montilla y Castells, nos hubieran dicho que ni hablar!»

Sábado 11. Nueve de la mañana. Suena el teléfono: «Oye, que he hablado ya con Puigcercós. Nosotros estamos con ganas de llegar a un acuerdo. Habla con Elena, pero ten en cuenta que…»

Pasadas las 23.30 horas del sábado, Ridao y Salgado consiguen cerrar el pacto económico.

El domingo por la mañana, la vicepresidenta tercera del Gobierno se presenta ante los españoles para anunciarles que ha logrado diseñar el modelo definitivo de financiación para «el verdadero Estado de las Autonomías».

Un «acuerdo político» no desvelado

No sólo es el dinero. Hay algo más. El acuerdo alcanzado por el Gobierno con ERC en materia de financiación cuenta con un añadido de tipo político y de contenido no precisado hasta el momento, pero de cuyo cumplimiento el grupo parlamentario republicano en el Congreso va a hacer depender su posición. «Ese acuerdo político entre nosotros y ellos lo hice llegar el domingo por la mañana», dice el líder de Esquerra Joan Ridao sin querer precisar más. «No está firmado pero ese acuerdo obliga a modificar la Lofca y si no queda reflejado también en la letra pequeña de la ley, mal asunto», advierte Ridao, quien añade que los votos de su grupo en el Congreso sobre leyes tan importantes como la Ley de Economía Sostenible o los propios Presupuestos Generales del Estado estarán condicionados a su cumplimiento. «El Gobierno debe saber que no puede contar con los votos de ERC sí o sí. Si ellos cumplen, nosotros también, pero nunca más vamos a dar el ’sí’ gratis. El que se haya llegado a un acuerdo no significa que a partir de ahora vayamos a ser el felpudo del Gobierno. Ni hablar».

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PREGUERÍAS

La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no se ha empezado a preparar seriamente hasta hace un año. Desde julio de 2006, cuando el PP presentó ante el TC un recurso de inconstitucionalidad, hasta la primavera de 2008, el Estatut ha estado durmiendo el sueño de los justos en la sede del Alto Tribunal. Dos años y medio en barbecho.

Algunos magistrados como Vicente Conde insistieron machaconamente desde el comienzo en la urgencia de abordar lo que consideraban una cuestión de Estado de la máxima trascendencia. Pero durante 20 largos meses no se produjo ningún movimiento serio en esa dirección. Por entonces el «equilibrio» entre los calificados por la prensa como progresistas o conservadores era favorable a estos últimos después de que el TC hubiera aceptado recusar a Pablo Pérez Tremps y apartarlo de las deliberaciones.

Las frecuentes declaraciones que la presidenta del TC, María Emilia Casas, hacía en privado en esos años insistiendo en que el tema del Estatut era su prioridad e iba a ser abordado con la máxima urgencia no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de los hechos. Ni en 2006 ni en todo 2007 se abordaron los recursos.

No fue hasta abril o mayo de 2008 cuando Casas dio por fin la orden de ponerse a trabajar de verdad en el tema. Para entonces la relación de fuerzas en el seno del tribunal se había equilibrado de nuevo, aunque por un trágico motivo: la muerte de Roberto García-Calvo -juez del Tribunal Supremo-, uno de los más radicales defensores de la tesis de que el Estatuto de Cataluña era inconstitucional en su espíritu y en su articulado.

A partir de mayo, pues, se cambian los ritmos, se pisa el acelerador y se encarga a varios letrados que se ponen a trabajar en un proyecto de sentencia. Elisa Pérez Vera es designada ponente y, por tanto, ella es la responsable de todos los proyectos, incluido este último que ha desatado la caja de los truenos y ha roto los delicados consensos trabajosamente tejidos en los últimos meses.

No podría decirse que Pérez Vera, acérrima defensora de la plena constitucionalidad del Estatut, esté entre los magistrados con más peso e influencia de los que componen el Constitucional. Mucho más prestigio y más peso, con enorme diferencia, tiene la propia presidenta, María Emilia Casas, a la que se considera inteligente y culta aunque, eso sí, muy poco dada a asumir un perfil rotundo en sus posiciones.

Casas quiere salir de este trance sin que se le pueda reprochar el haber influido descaradamente en el sentido de la sentencia. Por eso de ningún modo estará dispuesta a deshacer con su voto de calidad un hipotético empate entre quienes quieren endurecer la resolución de fondo y fijar con mayor claridad los preceptos inconstitucionales y quienes prefieren suavizar el fallo y garantizar las competencias del Estado sin hacerle sangre al Gobierno. Lo que sí es competencia suya, y por lo tanto su responsabilidad, es la administración de los tiempos y del ritmo del trabajo. Ella será quien diga cuándo se vota, pero no lo hará hasta que se asegure de que el panorama está claramente despejado. Y ya ha dicho que no tiene ninguna prisa.

Entre quienes suman hasta ahora los cinco votos favorables a la sentencia interpretativa que se estaba pergeñando, no todos están dispuestos sin embargo a comulgar con según qué ruedas de molino. Y, de entre ellos, el más sólido es Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y reconocido como una de las mejores cabezas en su especialidad. Aragón, del que se habla como próximo presidente del TC, ha criticado ácidamente el tercer proyecto de sentencia y, junto a Pascual Sala, lo ha hecho tambalear hasta hacerlo inútil. El quinto voto en principio favorable a esta sentencia ambigua es el de Eugeni Gay, el único abogado, considerado por los defensores del Estatut como un voto seguro, aunque él lo discuta a veces.

En el lado contrario, y nulamente dispuesto a respaldar una resolución interpretativa ni manipulativa, lo cual significa que es uno de los cuatro votos negativos con que en principio podría salir la sentencia, está Javier Delgado, ex presidente del Supremo, y otra de las grandes cabezas jurídicas del Tribunal. A pesar de encontrarse enfermo, jamás ha faltado a los plenos en los que se ha discutido el Estatut y siempre ha mantenido la misma posición. Él, junto a Vicente Conde y a Jorge Rodríguez Zapata -ambos jueces del Supremo- quieren llevar al fallo y establecer en él con total claridad cuáles de los artículos han de ser declarados inconstitucionales.

Perteneciente también al sector conservador, el catedrático Guillermo Jiménez había suavizado su posición y estaba ya dispuesto a votar a favor de una sentencia que, aunque disimulada en las formas, garantizara la plena protección de los intereses del Estado. Un poco más atrás, pero en la misma línea, se había situado Ramón Rodríguez Arribas, así que María Emilia Casas acariciaba ya una sentencia claramente favorable al Estatut aunque escondiera grandes dosis de truco. Ahora la ponente tiene que volver a empezar. Pero ya no es tan seguro que los votos sigan estando en el mismo lugar en el que estaban.

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MODELO DE ESTADO: El futuro del ‘Estatut’

El último proyecto presentado por la ponente ha provocado las críticas de la mayoría. Varios de los magistrados que iban a firmar la resolución han retirado ya su apoyo

El tapiz se ha deshecho de nuevo. En el Tribunal Constitucional ha vuelto a romperse la delicada mayoría que había logrado apuntalarse después de meses de deliberación sobre el Estatut. Pero la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, ha hecho saber a sus colaboradores que no hay «ninguna prisa» para elaborar un nuevo proyecto de sentencia que logre el apoyo suficiente de los magistrados.

Ha sido la tercera propuesta la que ha desatado la caja de los truenos y al menos dos de los jueces que habían aceptado inicialmente poner su firma en la resolución de fondo -que, aun declarando inconstitucionales en el fallo pocos preceptos, ponía a salvo en los fundamentos jurídicos las competencias del Estado- se han negado a respaldarla.

El magistrado Guillermo Jiménez, que la semana pasada ya se había mostrado dispuesto a a sumar su voto a los defensores de esta sentencia interpretativa-manipulativa, fue el primero que se plantó el pasado lunes y se negó en redondo a apoyar la propuesta que se le había puesto delante de los ojos y que consideró «intolerable». El voto de Jiménez era precisamente el que iba a componer esa mayoría de 6 a 4 que habría proporcionado un poco más de solidez a la resolución.

Sin su voto a favor, la relación de apoyos en el seno del TC habría quedado de nuevo en un empate 5 a 5, lo que habría requerido el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, para inclinar la balanza en sentido favorable al Estatut. Una hipótesis que Casas rechaza contemplar, entre otras cosas porque esa proporción convertiría la sentencia en un escándalo político de primera magnitud.

Otro de los miembros del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas, que también estaba a punto de apoyar la sentencia con su voto si se aceptaban determinadas reclamaciones por su parte para que se llevara al fallo alguna cuestión llamativa pero no conflictiva, se ha negado igualmente a votar a favor del proyecto que se les ha presentado. El voto de Rodríguez Arribas era el que habría podido conformar la relación de 7 a 3 que habría permitido al Tribunal salir a la palestra pública con una resolución respaldada por una amplia mayoría. Incluso dos de los jueces pertenecientes al llamado sector progresista como son Manuel Aragón y Pascual Sala han transmitido igualmente a sus compañeros su opinión extremadamente crítica sobre el proyecto.

La razón de este revuelo inesperado está en que en este último borrador presentado por la ponente Elisa Pérez Vera se ha metido tal cantidad de tijera a los fundamentos jurídicos y los ha despojado tan rotundamente de citas de jurisprudencia, que ha dejado el proyecto dramáticamente desguarnecido y carente de la solidez jurídica exigible. De ese texto casi ha desaparecido la doctrina, de modo que se ha convertido en una sentencia puramente decisionista, lo que en el lenguaje de la calle significa más o menos «esto es así porque lo digo yo» y por ninguna otra cosa.

En esas condiciones los consensos han saltado por los aires. Incluso podría decirse que ha habido casi un conato de sublevación. Cuando todo parecía estar ya pactado en lo esencial.

El resultado es que esta tercera propuesta de sentencia ha resultado definitivamente inadmisible para una mayoría de magistrados que, a finales de la semana pasada, estaban dispuestos a estampar su firma en una sentencia que, aunque llevando muy pocos preceptos al fallo declarándolos inconstitucionales, se apoyaba ampliamente en los fundamentos jurídicos para dar la vuelta a una parte importante del articulado salvaguardando así la competencia del Estado.

El procedimiento ya ha sido descrito por EL MUNDO: en los fundamentos jurídicos se interpretaba que algunos de los preceptos no dicen en el fondo lo que en realidad sí dicen; se dejaba sin sentido la letra de otros muchos añadiéndoles la cláusula de que no vinculan al Estado o la afirmación de que lo contenido en el artículo se puede admitir pero «sin perjuicio de» la competencia del Estado en esa materia.

Pero sucede que lo que ha quedado tras «aligerar» la sentencia en más de 100 folios ha resultado un bodrio, dicho esto en román paladino. Es decir, que no es que se haya «aligerado» el texto, protestan sus señorías, es que se ha «cortado» y que lo que resulta de ese corte es una pieza jurídicamente indigerible. Traducido de nuevo al lenguaje de un lego, el texto resultante podría estar más cerca de una ponencia política que de la sentencia de un Tribunal Constitucional. Y por eso ni siquiera los inicialmente partidarios de no tocar demasiado el Estatut estarían ya dispuestos a apoyar este proyecto.

Así que todo se ha ido abajo. Para empezar, tras el revuelo organizado a la vista del texto del tercer borrador, el pleno convocado para el lunes pasado fue suspendido. Hubo, eso sí, varias reuniones de magistrados pero la reunión plenaria, que habría durado varios días para examinar la sentencia completa sobre el Estatuto entero, no tuvo lugar.

La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, ha recibido con gran incomodidad esta rebelión de los magistrados, algunos de los cuales estarían incluso dispuestos a aceptar que se designara un nuevo ponente. Eso no ha ocurrido, pero lo que sí es cierto es que varios letrados del TC están ahora mismo elaborando nuevas notas sobre los puntos más conflictivos del proyecto.

Y aquí viene lo asombroso: convencidos de que el encargo que recibían de la presidencia era de la máxima urgencia, y dispuestos ya a trabajar a uña de caballo, los letrados – profesores universitarios y magistrados, es decir, auténticos estudiosos y expertos en las materias de las que se ocupan- han sabido que la presidenta del Alto Tribunal se enfrenta «sin ninguna prisa» a la resolución de este nuevo obstáculo para la tan esperada sentencia. ¡Sin ninguna prisa!

Y, sin embargo, no todo está perdido. Los días que quedan de la semana presente sí que están echados a perder y en las dos semanas que restan para que termine julio, vista la «ninguna prisa» expresada por la presidenta, no debemos esperar la fumata blanca antes de agosto. O de septiembre.

Pero no todo está perdido porque el contenido esencial del proyecto de sentencia se mantiene. Lo que se negoció, negociado está. Y lo que va al fallo sigue yendo al fallo. Sólo los fundamentos jurídicos han de ser rescatados y apuntalados con la doctrina jurisprudencial imprescindible. Es verdad que, con ese corta y pega implacable, la ponente ha destrozado la coartada jurídica de los reticentes y, en consecuencia, ha destruido también el consenso. Pero si se pretende recuperar el pacto y facilitar la coartada de quienes, siendo muy críticos con la fórmula con la que se iba a envolver el varapalo al Estatut, estaban dispuestos a respaldarla, hay que desandar lo andado.

Este es el trabajo que ahora tienen por delante los letrados del alto tribunal que probablemente se vean en la necesidad de regresar al segundo borrador y empezar de nuevo a perfilar desde ahí la redacción definitiva de esta sentencia de nunca acabar.

© Mundinteractivos, S.A.

PREGUERÍAS

En plena agitación de examen y cálculo sobre el modelo de financiación y su traducción en millones de euros para cada comunidad autónoma, el otro gran asunto que aún colea en este final de curso podría estar a punto de despejarse definitivamente. Hoy se reúnen en sesión plenaria los magistrados del Tribunal Constitucional para examinar la tercera, y esperemos que última, propuesta de sentencia -ya muy adelgazada en páginas porque se le ha quitado la mayoría de las citas de jurisprudencia- sobre la totalidad del Estatut, y hay que esperar que a partir de hoy se despeje la gran incógnita pendiente: cuándo se le va a dar por fin matarile al calvario jurídico y político en que se ha convertido esta sentencia de nunca acabar.

Lo que es seguro es que el esperadísimo fallo del TC no va a estar listo para cuando el presidente del Gobierno comparezca ante el Congreso, en torno al día 20 de julio. Por una cuestión estética más que nada: sería una chirigota que el Alto Tribunal hubiera estado esperando a que el Gobierno cerrara la negociación sobre financiación autonómica para presentarse inmediatamente después con la sentencia en bandeja como ofrenda a Zapatero. Eso no va a pasar, pero lo que sí es muy probable es que antes de que acabe julio sus señorías hayan por fin alcanzado un pacto.

La médula de las deliberaciones ha seguido invariable en su espíritu, de modo que se mantiene la información de que la sentencia va a dejar el Estatut en algo parecido al agua de borrajas porque, aunque en el fallo va a haber pocos preceptos declarados abiertamente inconstitucionales, habrá una enormidad de artículos que, a su paso por los fundamentos jurídicos, van a perder su virulencia.

En muchos casos -los más- y para no tener que declarar inconstitucionales un montón de preceptos, se va a hacer decir al Estatut lo que no dice o, al menos, lo que no quería decir, y se va a interpretar que el artículo equis dice algo que en realidad no se desprende de la letra del precepto ni tampoco se podría inferir de la voluntad expresada infinidad de veces por los redactores del Estatuto dentro y fuera del Parlament o de las Cortes Generales.

En otro puñado de casos, el artículo se va a convertir en inocuo porque a su redacción se le va a añadir la afirmación de que «este precepto no obliga al Estado»; con lo cual, ponga éste lo que ponga, resultará irrelevante.

Y en un tercer grupo de artículos se va a afirmar que el precepto es constitucional «siempre que se salven las competencias del Estado». Ésta es la repetición del famosísimo recurso en el que se refugiaron en 1979 los negociadores gubernamentales de los primeros estatutos vasco y catalán, que literalmente trufaron sus respectivos articulados con la coletilla «sin perjuicio de». Sin perjuicio de las competencias del Estado. Tres humildes palabritas que lograron, ellas solas, levantar una sólida empalizada de protección de la acción estatal en la gobernación de España. El Constitucional va a repetir ahora la fórmula.

Si las posiciones de los magistrados no dan mañana en el Pleno un vuelco inesperado, esto es lo que va a suceder con todas y cada una de las materias importantes del Estatut, porque éstos son los criterios que en esta tercera propuesta de sentencia – que en eso no varía en nada respecto de la anterior- se van a aplicar sistemáticamente a su articulado.

Pero hay excepciones. Hay casos en que el precepto ha salido tan tozudo y tan imposible de interpretar o de retorcer que sus señorías no han tenido más salida que llevarlo al fallo y declararlo directamente inconstitucional.

Van al fallo, por ejemplo, los artículos 90 y 91 sobre las veguerías, que hacían desaparecer las provincias y privaban de competencias a las diputaciones. La explicación del intento de cambiar provincias por veguerías es que la regulación de los recursos asignados a las provincias y sus entes locales corresponde al Estado en exclusiva.

Si las provincias desaparecieran en Cataluña, desaparecería también el control organizativo y presupuestario del Estado sobre todo el territorio catalán, que pasaría a estar bajo el control de la Generalitat. Eso es lo que quería el Estatut, y eso precisamente va a ser declarado inconstitucional sin paliativos.

Va también al fallo la creación del Consejo del Poder Judicial de Cataluña con las competencias que el Estatuto le otorga y, en general, todo el capítulo relativo a la Justicia.

Va al fallo, por inconstitucional, la pretensión de que el Parlament establezca los tributos locales, algo que corresponde al Estado.

En materia de financiación hay, sin embargo, muy pocas cosas más que se declaran inconstitucionales. Habrá que ver cómo interpreta el tribunal esa parte del Estatuto.

Nada de lo relativo a la lengua va al fallo. No iba en el segundo borrador y tampoco va en el tercero. También en este caso habrá que leer atentamente los fundamentos jurídicos para ver si el Constitucional hace, o no, una traducción del articulado que lo prive parcialmente de su fuerza.

El truco que esconde esta sentencia es evidente: consiste en decir sí en apariencia a lo que está diciendo no en realidad. De modo que tiene algo de timo, un timo que, sin embargo, podría permitir a los políticos catalanes vender como un éxito lo que previsiblemente acabe siendo todo un varapalo.

La sentencia tiene otra pega, y es que va a crear un campo inmenso de inseguridad jurídica. Las sentencias están para resolver conflictos, pero ésta va a multiplicarlos porque no deja las cosas claras. Como no expulsa ningún artículo del ordenamiento jurídico, sino que los deja todos dentro, permitirá que el Estatut se siga aplicando entero, lo cual va a generar recursos a go-gó. Seguro.

Por lo que se refiere a la posición de los 10 magistrados que han de emitir su voto -nueve más la presidenta-, algunos de los más renuentes asumen ya que, interpretado de esta manera, el Estatut deja de representar un peligro para el Estado, así que no se oponen. Por eso la relación de votos está a punto de llegar al 6-4 a favor de la sentencia tal y como está en la última propuesta. Y, apurando las cosas, incluso podría alcanzar el 7-3. Pero si ahora se produjera un vuelco que nadie quiere y se retrocediera hasta el empate del 5-5 -una proporción que convertiría la sentencia en un escándalo-, la presidenta del Constitucional prolongaría los debates hasta más allá de agosto para evitar que fuera su voto de calidad el que decidiera el fallo. Y tendría razón, porque no sería de recibo que, después de tres largos años, un asunto de esta envergadura acabara sustanciándose por los pelos.

María Emilia Casas ha invitado a todos los magistrados el día 29 a una copa de fin de curso. ¿Será verdad que sus señorías se van a ir de vacaciones con los deberes terminados? Cuando acabe el Pleno de hoy podremos aventurar fechas.

victoria.prego@elmundo.es

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PREGUERÍAS

Están ya con la espalda pegada a la pared porque se temen lo peor. Saben que carecen de la fuerza de coacción que proporciona el número de diputados pero casi todos están dispuestos a romper la fila, entrar abiertamente en la batalla y, si hace falta, decir «no» al mismísimo Zapatero, líder político de algunos de ellos. No tienen ninguna duda de que lo que el Gobierno está intentado resolver en las negociaciones sobre financiación autonómica es su particular problema de debilidad parlamentaria. Y, aunque saben que la discusión sobre este nuevo modelo que puede perjudicar irreversiblemente a sus respectivas comunidades sería muy distinta si el reparto de escaños en el Congreso no fuera hoy el que es, varios de ellos han optado por no salir ahora a la palestra pública para no complicar las cosas más de lo que ya lo están.

Hablo de los dirigentes políticos de las comunidades menos potentes. No pobres, porque pobreza territorial hace mucho que quedó erradicada en nuestro país. Hablo de Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y otras. Son las comunidades que componen «la otra España», ésa que se ha modernizado geométricamente y que tiene empresas de vanguardia en muchos sectores pero cuyos índices de población no se disparan restallantes y que no están en condiciones de airear con tanto orgullo como impertinencia lo muy solidarias que son sus gentes a la hora de aportar a «los que más lo necesitan». Los presidentes autonómicos socialistas de algunas de esas comunidades prefieren guardar silencio en público, que no en privado, sobre la tormenta en la que están metidos, pero los del PP se sienten libres para dirigirse con crudeza del presidente del Gobierno y de su estrategia negociadora. «Hombre, no me pida usted que yo financie su problema. Y su problema se llama PSC, se llama ERC y se llama, en definitiva, su caladero de votos»», dice el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.

Los socialistas, más comedidos, coinciden plenamente en el diagnóstico. «Es un problema de escaños, de eso no hay ninguna duda. Y lo que nos pasa en el PSOE es que nuestra manifiesta debilidad electoral en Madrid, Valencia o Murcia nos está creando una enorme dependencia política de los socialistas catalanes. La fuerza del PSC es inversamente proporcional a la debilidad del PSOE en las otras circunscripciones». La «fuerza» del PSC en Madrid son los 25 diputados que aporta al PSOE en el Congreso. Y el argumento más eficazmente empleado por Montilla y sus socios del tripartito es el fantasma de la posible derrota electoral de la izquierda en las próximas elecciones autonómicas si no se atienden sus reivindicaciones de financiación.

Lo explicó esta semana pasada muy claramente en el Senado el líder de ICV, Joan Saura: «Lo que ocurra en las próximas semanas incidirá de forma determinante en las relaciones entre Cataluña y el Estado». Y esto es lo que irrita enormemente a los dirigentes de las comunidades que se sienten amenazadas por el poder parlamentario de los partidos catalanes, que actúan todos con idéntico patrón político. «El problema de España no está en los nacionalistas sino en los no nacionalistas, que se portan peor que ellos. Prefiero a los nacionalistas radicales, que te dicen que no quieren ser españoles. Pero es que éstos lo que te cuentan es que su sentimiento de pertenencia a España tiene un precio y encima te dicen cuál es», protesta un cargo socialista.

La mayoría de los presidentes de las comunidades de «la otra España» no admiten de ninguna manera que en la financiación autonómica se deba tener en cuenta como criterio principal el de la población. «La financiación no puede ser calculada per cápita. De ninguna manera. Eso de que cada uno de los catalanes o de los madrileños reciben menos dinero del Estado que los gallegos o los extremeños es una falacia». La explicación que ofrecen es fácil de entender: ellos tienen una población que no crece y, por tanto, envejece. Dicho de otro modo: a sus comunidades sí les aumenta imparablemente la población, pero la población geriátrica.

Galicia, por ejemplo. Tiene un 22% de personas mayores de 65 años, lo cual le obliga a tener un 40% más de centros de salud por habitante que la media de España. Y como la atención sanitaria de una persona mayor cuesta casi cuatro veces más que la de un joven, las comunidades con población envejecida pagan proporcionalmente mucho más que las que aumentan sus habitantes. Y eso sin poder compensar el gasto con el incremento de ingresos que una población activa creciente proporciona a las arcas públicas.

«Yo tuve que poner 18 UVI móviles más de las que me correspondían según el ratio establecido para España, que es de una UVI por cada 200.000 habitantes», cuenta otro responsable político de una comunidad del PSOE. «¿Por qué? Porque tengo un problema de dispersión y llevar a un paciente al hospital donde le salven la vida exige más tiempo y más medios. O sea, más dinero. Y yo no voy a admitir nunca que en mi tierra morirse de un ataque al corazón sea más fácil que en otro lugar de España. Es la pregunta que yo hago: ¿quiere usted que la gente se muera aquí más que allí por falta de servicios o no? Si la respuesta es que no, entonces acepte que en mi tierra hay que financiar con dinero público el 98% de la atención sanitaria. Lo cual no tiene nada que ver con el aumento de la población ni con el supuesto esfuerzo fiscal».

Lo mismo pasa con la enseñanza. Mantener en las zonas rurales el mismo nivel de calidad en la educación que en las zonas muy pobladas sale mucho más caro. Y como la iniciativa privada no va a poner colegios donde no pueda hacer negocio resulta que en comunidades como Extremadura la enseñanza es pública en un 75%. Y que en Galicia la Xunta es la empresa pública de transporte más grande de España porque tiene el transporte escolar y la dispersión de su población es formidable. Asturias y Castilla y León, gobernadas por distintos partidos políticos, tiene necesidades y posiciones idénticas. El pasado martes lo decía en el Senado el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara: no es una cuestión de millones, es una cuestión de principios. No se puede cambiar de filosofía, no se puede intoxicar el modelo.

Más de uno ha hecho saber que no aceptarán que les empujen al rincón por culpa de un sistema mal diseñado y sometido al interés de las mayorías parlamentarias. Todos se preparan estos días para sus entrevistas vis a vis con la vicepresidenta Salgado. Mientras no vean el documento final no van a pronunciarse, pero acuden con la conciencia de que la decisión que vayan a adoptar es trascendental porque no tiene marcha atrás. Saben que esta vez no se pueden equivocar. De otro modo serían responsables de instaurar para el futuro una España distinta y peor. Una España hemipléjica.

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PREGUERÍAS

Ya está tardando el Gobierno en tomar medidas y zanjar la cuestión. Quienes conocen por dentro el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia no dan crédito a lo que están leyendo en los últimos días y esperan inquietos a que el presidente se ocupe cuanto antes del asunto y tome decisiones.

En un punto hay acuerdo general: ningún país puede permitirse el lujo de tener en la picota al director sus servicios secretos por actividades que nada tienen que ver con sus obligaciones como responsable del Centro y sí con sus particulares y carísimas aficiones y -lo que es infinitamente más grave- por su particular manera de entender el ejercicio de la responsabilidad encomendada.

Un director del CNI no puede aparecer en la prensa acusado por sus propios agentes de utilizar al Centro para su uso particular. Un responsable de los servicios secretos no puede encomendar a los especialistas que están al servicio del Estado y que han sido formados y entrenados para ese servicio, que se dediquen a manipular fotografías de sus jornadas de pesca a lo grande para borrar las huellas del rostro de su jefe y de su paso por aquellas aguas. Y lo que de ninguna manera puede es lanzar reproches públicos a la cúpula directiva de la organización en el área contraterrorista acusándola -nada menos que en sede parlamentaria- de estar desmotivada, de no colaborar y de no secundar «el proyecto», sobre todo después de que él mismo ha transmitido a las más altas instancias del país que, precisamente, la excelente actuación del CNI en la lucha contra ETA está abriendo unas inmejorables perspectivas de éxito frente a la banda. Porque esa misma cúpula directiva que tantos éxitos viene logrando es la que ha sido apartada de sus cometidos por el señor Saiz.

Lo que resultaría directamente cómico si no fuera todo esto tan grave es que el actual director de los servicios secretos haya podido conseguir convencer al presidente del Gobierno de que esas buenas perspectivas en la lucha contra ETA están íntima y directamente relacionadas con él y con su continuidad personal en el cargo. Solo eso, o algo parecido, podría explicar su confirmación el pasado mes de abril a pesar de las primeras denuncias contra él aparecidas en la prensa y a pesar de los serios intentos de la ministra de Defensa para sustituirlo al frente del CNI.

Después de cinco años al frente del Gobierno tenemos que dar por supuesto que el presidente Zapatero conoce perfectamente que la magnífica actuación de los agentes españoles en la batalla contra el terrorismo depende de las decisiones y de las estrategias puestas en marcha por los muy experimentados especialis tas del Centro, y no de las constantes intromisiones del director del CNI, que no ha sido puesto ahí para que interfiera en las operaciones sino para que administre con inteligencia y equilibrio el formidable potencial humano y económico de la trascendental y delicadísima institución que dirige.

Pero éste es precisamente uno de los problemas: que el señor Saiz se mete donde no debe e interviene en las actividades y en las operaciones de inteligencia del Centro y pretende decidir cómo y cuándo deben llevarse a cabo. Y si a ese manifiesto error de comprensión de su función por parte de Saiz se añade que el director respalda y asciende a aquél que se somete a sus directrices y aparta de sus funciones a aquél que se le resiste, lo que resulta es un panorama en el que gentes muy cualificadas que se han preparado durante años para cumplir las misiones encomendadas permanecen en dique seco mientras presencian estupefactas cómo su director premia en sus subordinados la lealtad -¿a la institución o a su persona?- mientras traspasa una y otra vez sin el menor reparo la línea roja que separa lo público de lo privado.

Desde luego, lo que nunca se ha visto en ningún país serio es que los agentes de los servicios secretos sean acusados en público por su propio director de no estar a la altura de lo que las circunstancias exigen. Y tampoco se ha visto un país que pueda aguantar sin quebrantarse el espectáculo de una guerra interna a la vista de todos. Por eso las denuncias que han salido del Centro y el propio comportamiento público del señor Saiz nos ponen ante una pésima evidencia: o el director del CNI no sabe dónde está, o no ha comprendido para qué está donde está. Es decir, no ha caído en la cuenta de que su posición de privilegio al disponer de todas las herramientas discretas y secretas que tiene el Estado no le ha convertido en un ser todopoderoso, aunque lo parezca, sino justo en lo contrario: en un funcionario público con una inmensa responsabilidad ante todos nosotros. Y ésta es la mejor de las hipótesis. Hay otras.

Los servicios secretos de una nación son como su ejército en la sombra, una organización de soldados invisibles para la opinión pública que se juegan la vida en defensa de su país y que, por la delicada labor que han de cumplir, están cubiertos por el anonimato en su acción y también en su financiación. Por eso no es tolerable que esa enorme responsabilidad acompañada de una muy amplia impunidad se pueda poner al servicio de otra cosa que no sea el interés del Estado. Desde luego, no el interés de un partido, ni mucho menos el interés propio.

Puede que el señor Saiz sea capaz de demostrar ante el Congreso que esas jornadas faraónicas de pesca y caza en países exóticos no se han financiado con los fondos reservados del Centro sino con su dinero particular. Ya sabemos que el CNI dispone de los mejores recursos para cubrir sus actividades y no hay que descartar que el interesado consiga presentar facturas impecables de cada una de sus excursiones. Podría hacerlo si quisiera. Por eso sería mejor pedirle que acreditara esos pagos en los asientos de su propia cuenta bancaria. Aunque ya digo: nada es imposible para el CNI.

Pero lo que tendrá que justificar, porque eso ya no se resuelve con una factura bien hecha, es la contratación de sus sobrinos y de los hijos de sus amigos como integrantes de los servicios secretos españoles. Y lo más grave con diferencia de todo lo conocido hasta ahora: cómo un director del CNI se ha atrevido a contratar a la hija de uno de los dos únicos magistrados del Tribunal Supremo que tienen encomendado el control de las actividades de los servicios secretos que afecten a derechos fundamentales. Cómo se ha atrevido a vincular al Centro, directa o indirectamente, al representante del poder judicial que tiene la obligación de controlarle.

Hemos conocido escándalos tremendos en los servicios secretos españoles, ha habido directivos del antiguo CESID que han pagado con la cárcel actividades que rompían por todos lados las costuras de la Constitución. Ha habido monumentales desviaciones de poder. Pero nunca hasta ahora habíamos visto tanta confusión entre la función pública y las conveniencias privadas. O políticas.

El señor Zapatero y la señora Chacón deben tomar cuanto antes una decisión sobre el destino del director del CNI, un hombre desacreditado en el exterior, bajo sospecha en el interior y con una guerra interna abierta y pública que no hará sino degradarse con el tiempo. Los servicios secretos españoles no se pueden permitir esto. Y nosotros tampoco.

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PREGUERÍAS

Ahora que ya va levantando la niebla y se ve mejor el paisaje tras la batalla electoral, se comprueba que los socialistas se han quedado mucho más tranquilos que los populares, y que éstos están más contentos pero, sobre todo, más activos que aquéllos. Cada una de las dos formaciones se ha acercado a los escenarios de sus respectivos fracasos con actitudes y cálculos muy distintos. Ambos corren el riesgo de ser engullidos por sus agujeros negros, territorios que desde hace años parecen de propiedad política exclusiva de uno de los dos partidos sin la menor esperanza de que la relación de fuerzas vaya a invertirse a corto plazo. Cataluña y Andalucía para el PP. Madrid y la Comunidad Valenciana para el PSOE. Ésos son los agujeros negros de cada uno, y sobre ellos se está hundiendo en estos días el bisturí de los análisis postelectorales de los patólogos políticos de Génova y de Ferraz. Y éstas son sus primeras conclusiones:

En el PSOE no se dan por perdidas, ni mucho menos, las comunidades madrileña y valenciana, y eso que han sido barridos en ellas por el vendaval conservador. El argumento al que recurren hoy los expertos socialistas es que, a diferencia de lo que le pasa en Cataluña, en Andalucía o en el País Vasco al PP, el PSOE sí ha gobernado antes en los dos territorios: Joaquín Leguina en Madrid y Joan Lerma en Valencia lo acreditan. Conseguirán, por tanto, dicen, volver al poder cuando las circunstancias les favorezcan. «Es verdad que las dos comunidades están siendo objeto de atención por parte del PSOE», reconoce uno de sus dirigentes, «pero nosotros ahora no estamos hablando de cambios de líderes».

Eso quiere decir que, a pesar de los pésimos resultados obtenidos el 7 de junio en las urnas europeas, el madrileño Tomás Gómez y el valenciano Jorge Alarte van a tener la oportunidad de rodarse como políticos durante los próximos dos años para, después, medir sus fuerzas en las próximas elecciones autonómicas. Sus jefes han decidido darles carrete porque piensan que ésa es la única manera que tienen de intentar forjar liderazgos. «No es que sean óptimos», reconoce un diputado, «pero tienen que tener la oportunidad de cotejarse. Hay que ver si cada uno de ellos da de sí como candidato en unas ele-cciones propias porque ninguno de los dos ha podido aún salir a la palestra en su tierra».

Conclusión: mucha atención sobre las dos federaciones pero ningún cambio importante. En Ferraz están tranquilos, quizá más de lo que las circunstancias aconsejan, porque los resultados de las europeas no han evidenciado ninguna de las dos cosas que habrían hecho cundir el pánico entre las filas socialistas. Una, que el crecimiento del PP hubiera sido enorme. Pero ha sido exiguo, apenas 200.000 votos desde las europeas de 2004, lo cual no justifica, en opinión de los socialistas, la euforia demostrada por Rajoy. Y dos, que se hubiera producido un trasvase de votos, por pequeño que fuera, del PSOE hacia el PP. Tampoco eso lo han detectado, así que se sienten seguros y confiados. Tratarán de mejorar, claro, pero no habrá cambios.

Nada que ver con lo que está pasando en Génova. En la sede de los populares los cálculos postelectorales les han insuflado una seguridad y una determinación que se va a traducir en modificaciones radicales de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Sobre todo en Cataluña, el gran agujero negro del PP, su fracaso más lacerante. «Cataluña es ahora mismo nuestra absoluta prioridad, nuestro objetivo más importante con gran diferencia sobre los demás territorios», adelanta un responsable.

Por ahí van a empezar los dirigentes populares. Saben que las elecciones catalanas podrían adelantarse y se plantean desde ahora mismo una lucha contra el tiempo en la que lo primero que tienen claro es que van a cambiar de arriba abajo la lista de candidatos al Parlamento catalán y le van a dar la vuelta como a un guante. La decisión es arriesgada y va a hacer sangre, pero no tienen dudas. Su objetivo es incorporar a hombres y mujeres no radicales, «gente nueva, moderada, no exaltada», personas capaces de acreditar con su nombre y su trayectoria que el PP es un partido de centro al que vota la derecha y no un partido de derecha radical al que no vota la gente de centro, «un partido donde no sean los obispos ni las estrellas políticas las que marquen sus líneas de actuación», que sea capaz de recuperar el apoyo de dos sectores de la población -los jóvenes y las mujeres- que podrían llegar a abandonarles definitivamente si ahora se dejaran llevar por la inercia engañosa de los buenos resultados.

«Nosotros no podemos vivir en una isla», dictamina uno de los jóvenes miembros de la dirección del partido. Con esa convicción es con la que el PP se dispone a acometer una remodelación profunda en Cataluña. Para eso ha dejado manos libres a Alicia Sánchez-Camacho: para que actúe como crea conveniente, limpie de pesos muertos las estructuras partidarias, ventile la organización y atraiga a sus filas a personas moderadas y con cierto prestigio local, «gentes normales, en una palabra, porque hay que recuperar la normalidad en Cataluña». Sánchez-Camacho, ayudada por Rajoy y De Cospedal, va a patearse el territorio pueblo a pueblo a partir de ahora mismo. Buscan una redecoración de interiores más una mano de pintura exterior que permita a los populares desmontar la idea, demasiado extendida allí , «de que somos un partido de fascistas. Porque eso no es verdad y no es justo». Ni tampoco, hay que añadir, es conveniente para sus cálculos electorales, que pasan por convertirse en el partido imprescindible para los nacionalistas de CiU, que están convencidos de que tienen de nuevo al alcance de la mano recuperar de una vez ese poder que en dos ocasiones les ha sido escamoteado por el PSC.

Dado que los independentistas de ERC no hacen más que perder apoyos elección tras elección, el cálculo de los populares es que, cuando se celebren las catalanas, la suma de CiU y ERC no va a ser suficiente para arrebatarle el poder al socialismo. Y, en ese caso, los del PP consideran imposible que, si la suma de escaños se lo permite, los convergentes admitan perder una vez más el gobierno con tal de no arrimarse a los de Rajoy. De hecho, y en previsión de lo que pueda suceder, ya hemos visto a Duran reconocer como una solemne tontería la cometida por Artur Mas en 2006 cuando rubricó ante notario su compromiso de no alcanzar ningún acuerdo estable con el PP en toda la legislatura. Ese tipo de gestos no se va a repetir. Ni siquiera el recurso que Rajoy presentó contra el Estatut va a ser ya un problema. Se supone que dentro de poco el Constitucional dará a luz, por fin, una sentencia que sea lo bastante ambigua, se piensa en CiU, como para que permita a los nacionalistas no entrar en confrontación abierta con los populares. A cambio, es seguro que Rajoy tampoco volverá a repetir aquella campaña de recogida de firmas contra el Estatut, que no sirvió para nada más que para que los catalanes se sintieran agredidos.

De modo que actividad frenética y estrategia de cambio radical del PP en Cataluña. Su otro gran agujero negro lo abordarán de frente -si es que pueden, que no está claro- pero no todavía. Andalucía de momento tendrá que esperar.

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TRIBUNA: POLÍTICA

Nadie podrá negarle a Mariano Rajoy un éxito indiscutido en la mayor parte de España. Nadie tampoco podrá decir que el Partido Socialista se ha hundido en las urnas europeas

Ha sido una victoria clara y amplia la del PP, además de muy repartida. Más clara y más amplia de lo que parece, y por eso mismo puede que más significativa. Esas derivadas las iremos viendo con el paso de los días pero, en esta aproximación inicial, y en cuanto se desciende a los primeros detalles de los resultados se tiene la impresión creciente de que el mensaje político de advertencia enviado por los españoles al gobierno es serio y es general.

Digamos de antemano que nadie podrá decir que el Partido Socialista se ha hundido en las urnas. No será verdad pero, si se observa bien, se comprueba cómo se le han abierto al equipo de José Luis Rodríguez Zapatero muchas pequeñas vías de agua que le anuncian problemas crecientes para mantener su embarcación a flote. Son muchas las comunidades que le han dado la espalda al partido en el Gobierno y en algunas en las que ha ganado claramente, como es Cataluña, la abstención ha alcanzado niveles de escándalo: casi un 63%.

Eso significa que el gran feudo socialista que, junto con Andalucía, es la garantía de sus victorias electorales, le ha dado rotundamente la espalda no acudiendo a votar. Hará bien el presidente Zapatero en tomar nota del recado que le acaban de mandar los catalanes, que podría ser algo así como «con nosotros ya no cuentes». El que el PSC se haya alzado con el 36% raspado de los votos emitidos (porque, insisto, son muchos más los no emitidos) y que se coloque 13,5 puntos por encima de los nacionalistas de CiU no va a ser capaz de disimular que el partido de Montilla ha perdido 200.000 votos respecto de las anteriores elecciones europeas. Mucho es eso y ni si quiera los esfuerzos del president por vendernos el éxito de «la opción de izquierdas y catalanista» va a evitar que la resaca electoral acabe empeorando los efectos del varapalo recibido ayer en la inmensa mayor parte de España.

Son muy pocas las comunidades en las que el PSOE gana y, salvo en Cataluña, gana por una diferencia infinitamente menor de la que sustenta la alegría de los populares. Por lo que se refiere al PP, nadie podrá decir hoy que el partido de Rajoy ha logrado sacar la cabeza gracias exclusivamente a sus dos eternos feudos políticos, tan zarandeados por otra parte en los últimos tiempos, como son Valencia y Madrid. Una primera ojeada sobre los resultados dice que los hombres y mujeres de Mariano Rajoy han ganado a los de Zapatero en 11 comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y que los porcentajes de la victoria son tan espectaculares como los que arroja Murcia (más de 30 puntos), Galicia (16 puntos), Castilla y León (casi 15 puntos), Valencia (casi 15 puntos) y Madrid (más de 13 puntos). No es, por lo tanto, una victoria pequeña ni limitada y esa consideración es la que permitió anoche a los líderes del PP salir al balcón de Génova en estado de euforia no contenida. Es verdad también que, a primera vista, los dos escaños de ventaja logrados por el Partido Popular podrán parecer escasos a quienes, justamente al comienzo de la campaña, habían aventurado una auténtica barrida política sobre el PSOE.

Pero hay que recordar primero que España tiene ahora cuatro escaños menos en el Parlamento Europeo de los que tenía en 2004 y nada menos que diez escaños menos que los que tuvo en 1994, cuando el PP de José María Aznar logró una estratosférica diferencia de diez puntos sobre el Partido Socialista, por entonces sumido en la tribulación política y en un liderazgo tambaleante. Por eso las relativas a los escaños no pueden ser hoy magnitudes comparables. Hay que ir de momento a los porcentajes obtenidos por los partidos y ahí es donde las cosas se ven con mayor claridad.

Tiene razón Mariano Rajoy cuando subrayaba ayer noche que éste ha sido el mejor resultado obtenido por el PP en la historia de los comicios europeos, pero tampoco le va a ser posible ignorar que su partido sólo ha subido 200.000 votos, aunque se consuele sabiendo que el PSOE ha perdido más de 700.000 que se han repartido entre la abstención y el apoyo a otros partidos menores.

Vayamos ahora con el sobado asunto del liderazgo de Rajoy. Habrá muchos descontentos en su partido, se pondrán muy nerviosos asistiendo a los prolongados silencios de su líder y a la administración de los tiempos muertos que es una de las características del gallego. Se sumarán por decenas los que comparten la maliciosa pregunta formulada por uno de sus más destacados dirigentes: «¿Perder las europeas para ganar las generales, o ganar las europeas y acabar perdiendo las generales?». No hay caso. En este momento, e insisto en que una vez examinados despacio los datos población por población, comunidad por comunidad, quizá exageraríamos si habláramos de un cambio de ciclo pero no exageramos nada si sostenemos que, pese a los episodios judiciales que cosan y seguirán acosando al PP, pese a las acusaciones de ultraderechismo y de carencia de propuestas para salir de la crisis, lo que los electores han dejado escrito ayer es que no descartan, ni muchísimo menos, entregarle el poder a Mariano Rajoy en el futuro.

Esta va a ser la última vez que el líder popular se tenga que «examinar de selectividad», cosa que ha venido teniendo que hacer desde hace un año. De aquí en adelante, salvo que las municipales digan otra cosa, Rajoy queda asentado en su partido y con la fuerza suficiente como para preparar con tranquilidad y con la seguridad del poder interno y del respeto externo las siguientes convocatorias electorales. Disputa terminada, especulaciones agotadas.

Se acabó la práctica del escrutinio de gestos, humores, reuniones en la sombra y mensajes con diez derivadas. A partir de ahora veremos como ninguno de los líderes populares le hacen un ruido a Rajoy. Ha ganado, ha ganado con claridad y en gran parte de España. Fin.

¿Significa eso que Zapatero va a ser cuestionado en el seno de su partido? De ninguna manera. La crisis que padecemos y la poca confianza que los ciudadanos tienen ahora mismo sobre el presente y el inmediato futuro podría haberle tumbado en las elecciones de ayer, y no ha sucedido así. De hecho, la izquierda europea ha salido mucho peor parada en su conjunto de lo que ha salido el Partido Socialista Obrero Español. De modo que el PSOE se lamerá las heridas en silencio, aguantará el tirón y se enfrentará con un ánimo demediado a la realidad de su minoría parlamentaria, una herida sobre la que el PP se encargará de echar sal. Pero no pasará nada más. Nada que se parezca ni de lejos a una crisis.

Hay un par de elementos, o más bien tres, que deben ser subrayados en este apunte de urgencia. Uno, que el PNV ha logrado unos resultados más que dignos después de haber sufrido el trauma de su salida del gobierno de Vitoria. Ha perdido algo más de 40.000 votos, es verdad, y más de seis puntos porcentuales, pero su directo rival, el PSE, no ha conseguido ni arrebatarle la primogenitura ni aumentar más allá de 900 votos. Importante dato que habrá que valorar con más calma.

El segundo aspecto, muy de celebrar, es que el partido proetarra de Alfonso Sastre no ha conseguido entrar en el Parlamento de Estrasburgo. Aleluya. Pero, ojo, que respecto de las elecciones autonómicas vascas del uno de marzo, los apoyos recibidos por los batasunos disfrazados ha subido en algo más de 14.000 votos, y hay otros 60.000 que proceden del resto de España. En cualquier caso, toda una alegría constatar que el intento de ETA de lograr representación europea ha fracasado.

Rosa Díez y su partido Unión Progreso y Democracia ha conseguido un escaño aunque no ha logrado ni de lejos su sueño de sobrepasar a Izquierda Unida: más de 130.000 votos a favor de IU separan a ambas formaciones. Y por lo que al partido de Cayo Lara se refiere, constatar que ha perdido la mitad de los votos que le separan de UPyD, a pesar de haber presentado a un excelente candidato como es el ya eurodiputado Willy Meyer.

En definitiva, unas elecciones que ni matan al perdedor ni aseguran futuras victorias al ganador pero sí le apuntalan al frente de su partido y ante la opinión pública española. A partir de ahora puede que empecemos a ver cómo se dulcifica aquel viejo clima que la propaganda electoral del PSOE ha querido reproducir en esta campaña, según el cual el PP y su gente, votantes incluidos, formaban parte de una turba de energúmenos políticos en torno a los que convenía tender un cordón de seguridad para que el país no quedara contaminado por sus desatinos. La estrategia electoral diseñada por el partido en el Gobierno no ha dado los resultados buscados por Ferraz. Todo lo contrario. Resulta por eso tranquilizador comprobar como los españoles, de derechas y de izquierdas, han madurado lo bastante como para no creer ya en que viene el coco cuando se habla de uno de los dos grandes partidos que pueden gobernar España.

En el medio de toda la campaña han quedado absortos, silenciosos, un mucho abandonados, los electores de centro a los que no se ha dirigido casi nadie. Esos electores que, llegada la hora de la verdad, cuando de lo que se trata es de optar al Gobierno, son los que deciden las victorias. Quizá, y visto el resultado de estos comicios recién celebrados, a los responsables políticos no les quede más remedio que volver la vista atrás y fijarse de nuevo en su discreta pero decisiva existencia, por que los necesitan para vivir en el poder.

Victoria Prego es periodista, Adjunta al Director del diario EL MUNDO

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PREGUERÍAS

«No sólo no te voy a sacar las castañas del fuego sino que voy a intentar que te quemes las manos». Que nadie se tome la frase en sentido literal, pero que nadie tenga tampoco ninguna duda de lo que la frase significa en términos políticos. Estas palabras y otras de parecido tenor fueron pronunciadas por un destacado dirigente del PNV inmediatamente después de que Francisco Javier López Álvarez, Patxi, fuera investido en el Parlamento de Vitoria como nuevo lehendakari.

Aunque todavía mantengan las formas y le guarden luto durante una temporada, la salida de Ibarretxe de la vida política vasca ha supuesto todo un alivio para la dirección de su partido. Ninguno de los actuales responsables del PNV niega hoy en privado que el plan soberanista ha supuesto para ellos un lastre político del que, internamente, ya se habían deshecho hace años. «A efectos del partido, el Plan se acabó en 2004», confiesa un miembro del EBB, «y desde entonces ya no lo llevamos bajo el brazo».

Pero que el PNV vaya a intentar recuperar ahora el camino de una mayor centralidad y se aleje de verdad de las pretensiones soberanistas, cosa que está todavía por ver, no significa, aunque lo parezca, que su estrategia para esta legislatura vaya a discurrir por la vía de la cooperación. Abandone toda esperanza quien piense que el mensaje peneuvista, que ayer mismo empezó a suavizarse en las formas, se va a alejar de los objetivos que Ibarretxe apuntó en su última intervención parlamentaria. Al contrario. Lo que el PNV va a intentar es colocar al Partido Socialista contra las cuerdas en todas las materias que ellos consideran sensibles y políticamente rentables. Contando, eso sí, con la inestimable ayuda del PP, del que los nacionalistas esperan grandes servicios.

A día de hoy, los dirigentes peneuvistas están completamente seguros de que el Partido Popular no va a renunciar a desgastar a Patxi López al mismo tiempo que le ofrece su apoyo parlamentario y que, por lo tanto, va a ponerle ante tesituras muy complicadas. El razonamiento que alienta la esperanza del PNV es el siguiente: el verdadero adversario político del PP es el socialismo, no el nacionalismo. La base de los votantes populares es mucho más fronteriza con los socialistas que con el PNV. Por lo tanto, llegará un momento en que intentará disputarle los votos, sacándole fuera de la centralidad política del país que antes ocupaba el PNV y ahora pretende ocupar el PSE. Exactamente esa misma estrategia de acoso disfrazada de ofrecimiento de ayuda es la que los nacionalistas piensan poner en práctica, pero ellos lo harán «desde el primer día». Lo cual significa que empujarán a los socialistas a que se definan cuanto antes en asuntos como la lengua y la educación. «Tanto el PP como nosotros le vamos a meter el dedo en el ojo con este tema de los modelos lingüísticos», explica un responsable del PNV, que asegura que, en ese caso, el PSE sólo tendrá dos salidas: o acercarse a las tesis de los populares -«ojo con el fantasma del monolingüismo», dicen- o refugiarse bajo el manto del PNV. Y ahí es donde los burukides le estarán esperando.

«¿Cuánto tiempo va a a aguantar Patxi López en ese toma y daca con Basagoiti? ¿Cuándo se nos va a poner a tiro a nosotros?», dice. Éstos son los cálculos de los dirigentes nacionalistas que, aunque aseguran que sí, no terminan de curarse las ampollas del alma desde que el juego de las mayorías les dejó fuera del poder y ellos lo interpretaron como una jugarreta indecente del socialismo vasco. Así que «al PSE, ni agua, hasta que aprenda». Hasta que aprenda que, para atreverse a desplazar al PNV, hay que ganarle claramente en las urnas, nada de buscar pactos parlamentarios. Y hasta que aprenda que, si dentro de un tiempo pretende buscar apoyos de los nacionalistas, tendrá que reconocerles cuotas de poder acordes con los resultados electorales. Porque de esto, de que el PSE va a terminar cayendo en los brazos del PNV, no tienen ninguna duda. Naturalmente, los burukides no son tontos y, aunque ahora estén contándose a sí mismos el cuento de la lechera, saben que la idea de que Patxi López vaya a hacerles sitio en el poder es disparatada.

Pero no les importa: saben que el poder efectivo lo tienen ellos porque el PNV preside, por ahora, las tres diputaciones forales, que es de donde sale el dinero. Aunque también tienen miedo de que el nuevo lehendakari decida de pronto incrementar la dotación económica del Gobierno y de los ayuntamientos, lo cual significaría que el dinero de las diputaciones se reduciría, «y ahí sí que nos va a encontrar». Por eso avisan desde el primer minuto: «Ojo con poner patas arriba al país en materia de diputaciones, no vamos a consentir que nos desmonten la arquitectura institucional del país».

Todas estas advertencias tienen, sin embargo, una pega. El PNV piensa que, siendo la sociedad vasca mayoritariamente nacionalista -los votos así lo prueban-, va a ofrecer una resistencia activa frente a las «desviaciones» del PSE. Y ahí es donde puede estar patinando. Por tres razones. La primera, porque no es seguro que esta sociedad sea como los votos dicen. Los socialistas sostienen que está mucho menos ideologizada de lo que al PNV le gustaría y que una parte importante del apoyo electoral dado al nacionalismo tiene mucho más que ver con los 30 años que lleva en el Gobierno que con las convicciones personales de muchos electores. Y aseguran que, salvo los niveles superiores de la estructura del poder, que naturalmente van a sustituir, el resto de la red administrativa, social y política vasca está compuesta por profesionales y no por feligreses de Sabin Etxea, que van a funcionar como un reloj.

La segunda es que el PP sabe bien que cualquier exceso por su parte que ponga en peligro al nuevo Gobierno supondrá su propio fracaso como aliado y su desaparición de la escena política en el futuro. Así que no le meterá el dedo en el ojo a Patxi López. No hará lo que el PNV espera, no será su aliado involuntario. Y la tercera razón es que la determinación de los socialistas vascos de no dejarse fagocitar por el nacionalismo, ni ahora ni en toda la legislatura, es absoluta. Nunca, aseguran, nunca jamás consideraron la posibilidad de compartir el gobierno con el PNV. Y nunca tampoco han contemplado ni remotamente la idea de cambiar su apuesta en mitad de la carrera. De modo que quietos hasta ver, que a lo mejor no es nada.

victoria.prego@elmundo.es

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PREGUERIAS

Hacen bien estos señores en aprobar la LEC: eso es lo que dice su Estatuto que pueden hacer. ¿Por qué razón, entonces, van los políticos catalanes a abstenerse de desarrollar una ley que fue aprobada primero en su Parlamento, examinada, modificada y aprobada también por las Cortes Generales y finalmente refrendada-aunque haya sido en muy raquítico porcentaje- por los catalanes? ¿Quién hasta este momento les ha dicho que la norma tal o cual contenida en ese Estatuto no se puede aplicar?

No se lo ha dicho nadie. Es decir, no se lo ha dicho el único que podría hacerlo, que es el Tribunal Constitucional, que lleva tres años mareando esta perdiz del Estatut, aplazando primero su estudio y ahora dedicado a él en exclusiva pero sin conseguir llegar a un acuerdo. Y no hablamos de acuerdos sobre lo que es acorde con la Constitución. Hablamos de acuerdos sobre qué artículos deben recibir un tratamiento «interpretativo», cuáles de ellos «manipulativo» y cuáles deben ir directamente al fallo.

Y en esas seguimos y probablemente seguiremos durante más tiempo del inicialmente previsto porque las posiciones se han enconado otra vez, y a saber si sus señorías logran alcanzar un terreno de acuerdo antes del verano. Eso, sin considerar siquiera la posibilidad de que algunos magistrados acaben renunciando y decidan retirarse. Porque entonces habría que renovar el TC por necesidad imperativa. En ese caso, que hay que advertir que no es más que una exageración destinada a subrayar la urgencia de que la sentencia se haga pública cuanto antes, en ese caso el nuevo tribunal tendría que empezar desde cero para examinar el texto estatutario. Dios no lo quiera.

Para el mes de junio esperábamos la sentencia, pero eso ha dejado de estar claro. Precisamente para junio está previsto que los diputados catalanes aprueben por mayoría su Ley de Educación. Ellos sí están cumpliendo con su obligación, que es la de seguir adelante con la aplicación de una norma que no ha sido interpretada. Es verdad que están retando al Estado en la medida en que ignoran el decreto del Gobierno para que la enseñanza en castellano se imparta tres horas y no dos como hasta ahora. Pero también lo es que los nacionalistas catalanes tienen claro que el Estatut es una Ley Orgánica, aprobada pues por el Estado, que les otorga esta competencia.

De modo que la responsabilidad de que la enseñanza en Cataluña se vaya a hacer casi exclusivamente en catalán mientras el castellano queda preterido en los colegios catalanes como lengua cooficial es del Tribunal Constitucional, que no se ha pronunciado ni sobre esta cuestión esencial ni sobre tantas otras contenidas en el Estatuto. Todas ellas son normas que, mientras sus señorías siguen defendiendo sus posiciones sin que la sentencia se haga pública, se están llevando a la práctica.

Es verdad que cuando el TC señale, por fin, el camino constitucional por el que el Estatut debe discurrir, todas las leyes que se le opongan podrán ser recurridas en su aplicación. Pero esa será ya una responsabilidad de quienes se consideren perjudicados por ellas. Se iniciarán entonces decenas de recursos y revisiones parciales del Estatut que no harán sino complicar la vida ciudadana y tensar el clima político.

No es sólo la sentencia. Es la tranquilidad del país la que el TC debería estar garantizando desde hace ya demasiado tiempo.

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