Reggio’s

Lo confieso: cuando en los años noventa se discutía la conveniencia de adoptar el euro yo era de los que pensaban que era una mala idea por varias razones, entre las que destaco dos. La primera es que estaba convencido de que llegaría el día en que algunos de los países de la zona euro estarían inmersos en una gran crisis económica al tiempo que los otros estarían bien. Esa asimetría sería un problema porque la política monetaria debía ser la misma para todos, a pesar de que lo que conviene a los que están en crisis es distinto de lo que necesitan los que no. Eso generaría tensiones inaguantables.

La segunda era que la histórica voracidad fiscal de países periféricos como España, Portugal, Grecia o Italia resultaba incómoda para los estados fiscalmente disciplinados como Alemania u Holanda hasta el punto de que estos tendrían que acabar pagando la polifagia de los primeros para no hundir la moneda común. Es más, pensaba que el mero hecho de saber que acabarían siendo rescatados incentivaba a los indisciplinados a excederse fiscalmente cuando llegara la primera gran crisis.

Y la primera gran crisis llegó y también llegó la temida situación: la periferia está en recesión mientras que el centro ya ha salido de ella. Es más, como estaba previsto, para intentar salir del agujero algunos países generaron unos déficits fiscales tan extravagantes y pidieron prestadas tan ingentes cantidades de dinero que les será difícil devolver el crédito. De momento, nadie sabe de dónde sacará el dinero Grecia para afrontar los pagos de las próximas semanas… aunque todo el mundo mira hacia la economía más solvente de Europa, Alemania, para que pague la factura. Y Alemania no sonríe.

Resumiendo, los temores que me llevaron a concluir hace diez años que el euro era una mala idea se han hecho realidad. Pero no me voy a poner ninguna medalla porque… ¡he cambiado de opinión!: en mi análisis de entonces infravaloré algo que hoy me lleva a pensar que la moneda única puede haber sido y puede seguir siendo buena para sus países miembros. Me explico. El proceso de europeización de España permitió hacer necesarias e importantes reformas bajo la excusa de que “Europa lo requería”. Por ejemplo, los criterios de Maastricht para entrar en el euro requerían que el déficit fiscal fuera inferior al 3% del PIB. La reducción del déficit impuso una disciplina fiscal que, a la postre, fue muy beneficiosa para el país. Cuando los diferentes grupos de presión se dirigían al Gobierno pidiendo subsidios y ayudas, este se podía negar con la excusa perfecta: “yo te daría el dinero… pero es que Europa no me lo permite”. Bajo ese pretexto se eliminó el déficit fiscal, se redujo la deuda pública, se rebajó la inflación hasta niveles civilizados y se abarataron los tipos de interés. Nada de eso hubiera sucedido sin el euro.

Pues bien, España se encuentra en una nueva encrucijada y el euro puede ser otra vez la solución. La crisis actual ha puesto de manifiesto que la productividad de muchos trabajadores españoles es preocupantemente baja, hasta el punto de que no compensa el salario que cobran. Cuando los salarios son más altos que la productividad, las empresas despiden trabajadores y el paro se dispara. Hay que volver a equiparar salarios y productividad.

Para ello sólo hay dos posibilidades: reducir los salarios y aumentar la productividad. No hay más. Algunos analistas (entre los que destacan importantes y barbudos economistas de izquierda con premio Nobel incluido) abogan por las reducciones salariales. En mi modesta opinión de economista sin premio Nobel, creo que se equivocan: hay que apostar por la productividad. Ahora bien, que quede claro que eso no va a ser fácil ya que requiere unas reformas que van a chocar frontalmente con los intereses de importantes grupos de presión: habrá que reformar el sistema educativo y eso molestará a los profesores, habrá que reformar el mercado laboral yeso contará con la oposición de los sindicatos, habrá que reducir el exceso de regulación y eso fastidiará a ecologistas, habrá que reformar el sistema financiero y eso incomodará a cajas y bancos, habrá que reformar la función pública y eso enfurecerá a funcionarios o habrá que reformar el Estado de bienestar (incluido el sistema de pensiones y asistencia sanitaria) y eso alienará a los votantes progresistas.

¡Sí! Todas estas reformas van a levantar ampollas políticas. Pero es imperativo que se lleven a cabo porque la alternativa es o la reducción masiva de salarios o unos niveles de paro inaceptablemente altos durante décadas. La pregunta es: ¿se pueden implementar tan impopulares medidas cuando los líderes políticos tienen miedo de enfrentarse a los grupos de presión? No lo sé, pero se podría intentar la solución de los años noventa: ¡darle las culpas a Europa! Para ello sería importante que los países de la verdadera Champions League europea (y en particular Alemania) pidieran que las ayudas que van a tener que dar a los otrora fanfarrones de la periferia para salvar el euro, tengan como contrapartida la implementación de reformas de fomento de la competitividad. Los gobiernos de Grecia, España, Portugal e Italia, por su parte, deberían aprovechar esas imposiciones europeas para sacarse de encima la presión de los lobbies interesados.

Es muy fácil ser líder cuando el viento sopla a favor. Ahora bien, cuando la cosa está cuesta arriba los fachendas se paralizan y entonces sólo queda lo único que ha funcionado bien en Europa en los últimos cincuenta años: el liderazgo alemán.

XAVIER SALA I MARTÍN, Columbia University y Fundació Umbele.

Una de las frases más archirrepetidas del economista más famoso del siglo XX, John Maynard Keynes, es: “En el largo plazo, todos estaremos muertos”. Con ello, Keynes quería decir que las políticas económicas debían centrarse en sus efectos inmediatos e ignorar sus consecuencias futuras. Por eso, la recomendación estrella de Keynes para acabar con la gran depresión de los años treinta fue el aumento del gasto público financiado con deuda. Su argumento: el dinero que el Gobierno gastara tendría efectos inmediatos sobre la demanda mientras que la deuda generada no tendría consecuencias negativas hasta un futuro lejano… pero eso no era problema porque, para entonces, “todos estaríamos muertos”.

Durante mucho tiempo, muchos creyeron que Keynes tenía razón. Y los políticos del mundo entero se dedicaron a gastar y endeudarse cada vez que venía una recesión. Con los años, la idea fue perdiendo adeptos. Por un lado los economistas notaron que la duración de la gran depresión había sido excepcional. La mayoría de recesiones eran mucho más cortas. De hecho, eran tan cortas que entre que el Gobierno decidía y aprobaba los programas de gasto, organizaba los concursos públicos de adjudicación y comenzaban las obras, la crisis ya había terminado, por lo que el gasto llegaba a la economía cuando no se necesitaba.

Por otro lado, durante los años ochenta y noventa, se vieron claramente las consecuencias de un excesivo endeudamiento: igual que pasa con todas las familias, cuando un Estado se endeuda por encima de sus posibilidades llega un momento en que los acreedores le cortan el grifo. Entonces sólo se pueden hacer dos cosas: aumentar dramáticamente los impuestos y reducir drásticamente el gasto. El problema es que ambos tienden a causar una profunda recesión. Eso es exactamente lo que pasó en países de América Latina y África durante la llamada “crisis de la deuda” de los ochenta y en países asiáticos y europeos durante los noventa. Estaba claro, pues, que eso de que la deuda no nos debía preocupar no era exactamente cierto y decenas de países de todo el mundo lo aprendieron por la vía más cruel. Eso puso el último clavo en el ataúd del keynesianismo tradicional: en el largo plazo no todos estábamos muertos. ¡En el largo plazo quien estaba muerto era Keynes!

Parecía que todo esto eran lecciones bien aprendidas. Al menos eso es lo que enseñábamos en las facultades de Economía y eso es lo que hacían los ministros de Finanzas de los países bien gestionados que incluso llegaban a tener superávits fiscales por si las moscas. Pero luego, con la crisis del 2008-2009, sucedió algo asombroso: ¡todo lo que habíamos aprendido durante un siglo se lanzó por la borda! Presas del pánico del momento, profesores, economistas y políticos que hasta entonces habían sido sensatos, abandonaron su cordura y aplicaron los programas de dispendio público más grandes que jamás ha visto el hombre (o la mujer). Los déficits fiscales y la deuda pública aumentaron hasta límites que sólo dos años antes habrían sido catalogados de locura. De hecho, en los países de la zona euro eran ilegales porque violaban los pactos de estabilidad sobre los que se había construido la moneda única. Pero nada de eso pareció importar. El beneficio económico a corto plazo era lo único relevante y las nefastas consecuencias de la deuda eran ignoradas porque sus efectos ocurrían en el largo plazo y “en el largo plazo estamos todos muertos”. Keynes había resucitado.

El problema es que, cuando el 2009 todavía no ha finalizado y todavía no estamos muertos (y algunos países como España ni siquiera han salido de la crisis), el largo plazo parece haber llegado. Y es que los mercados financieros ya están anunciando problemas para algunos de los estados que más se han endeudado. Las primas de riesgo de la deuda española, griega e irlandesa son cada día más altas. Es decir, el riesgo de morosidad de esos países aumenta diariamente. Las primas de seguro que se pagan para asegurar a los acreedores del Gobierno español han subido en un 75% (repito ¡75%!) en los últimos cuatro meses. Eso ha hecho reaccionar a las tres grandes empresas de rating (firmas independientes que evalúan el riesgo de que un gobierno no pueda pagar lo que debe y se convierta en moroso), que han hecho movimientos. La empresa Fitch Ratings ha bajado la categoría de los bonos del Gobierno de Grecia dos veces en pocas semanas. Por su parte, Standard & Poor´s ha rebajado la perspectiva de su valoración del Gobierno de España de “estable” a “negativa”. Finalmente, Moody´s predice que España es el país con mayor riesgo económico de Europa para el 2010.

Esta situación no es buena. Todavía no es dramática pero no es buena. En el mejor de los casos, todo esto quiere decir que ya no queda margen para la expansión fiscal. Si es así, a las economías que todavía no han salido de la crisis, como la española, sólo les quedan las famosas reformas estructurales de las que tanto se habla y de las que tan poco se sabe. En el peor de los casos, los acreedores pueden cerrar el grifo del crédito que obligue al Gobierno a equilibrar sus cuentas subiendo impuestos y reduciendo gasto de un día para otro. Cuando uno actúa pensando que los costos de largo plazo no deben ser tenidos en cuenta, uno acaba intentando salir de una crisis plantando las semillas de la siguiente. Y es que, a veces, el largo plazo llega muy pronto. Tan pronto que lo mejor que podemos hacer es reinstaurar la cordura fiscal… y enterrar a Keynes.

XAVIER SALA i MARTÍN, Columbia University, UPF y Fundació Umbele.

Hoy empezaremos con un ejercicio.

Piensen en las siguientes situaciones y alternativas: Primera, están en el supermercado y les atraen dos posibilidades: pechugas de pollo a 4 euros y langosta a 120.

Segunda, pensando en la vivienda tienen que escoger entre un piso de 60 metros cuadrados en un barrio obrero (vale 120.000 euros) y una casa de 400 metros en Sant Cugat (coste: 3 millones).

Tercera, su hijo tiene que hacer un máster en Administración de Empresas. De nuevo dos alternativas: Autònoma a 10.000 o Iese a 75.000 euros al año.

Cuarta, se rompen una pierna y el médico les dice que hay dos procedimientos: la tradicional escayola que le cura en tres meses (con un coste de 30 euros) o unas gotas mágicas que se acaban de inventar que suelda el hueso en tres horas (10.000 euros).

Quinta, le han diagnosticado un cáncer y aquí también hay dos tratamientos: la radioterapia tradicional de 35 sesiones durante seis meses y una probabilidad de supervivencia del 80% (coste del tratamiento: 500 euros), la radioterapia de dosis única de última generación con una probabilidad de supervivencia del 90% (con un coste de 20.000 euros).

La pregunta para ustedes no es qué escogerían en cada caso sino quién debe tomar la decisión: ¿ustedes o el Gobierno?

Si la toman ustedes mirando sus preferencias y sus presupuestos, seguramente escogerán más o menos lo que les interesa. Si, por el contrario, decide el Estado, a menudo se equivocará, porque, para no discriminar, va a establecer las mismas reglas para todos y no van a entender que, a igualdad de ingresos, uno puede querer gastar mucho en langosta cada día y otro pueda preferir tener una casa más grande o pagar unos estudios más caros a sus hijos.

En la España actual, está ampliamente aceptado que las compras del supermercado y las decisiones sobre vivienda las tomen ciudadanos. Eso sí, para garantizar que todo el mundo pueda comer y tenga una vivienda mínima, el Estado hace una redistribución previa a través de un sistema fiscal progresivo y de algunos subsidios. El tema educación es un poco más complejo: el Estado obliga a todos a estudiar hasta los 16 años y proporciona escuelas públicas y concertadas semigratuitas. La asistencia a la universidad, por su lado, es voluntaria, aunque el Estado también proporciona opciones subsidiadas.

Finalmente, el tema más peliagudo: la salud. La opinión pública mayoritaria española no acepta que las decisiones sobre salud las tomen los ciudadanos sino que piensa que debe ser el Estado. Y así es como está organizado el sistema sanitario público. El problema es que, dado que el Estado debe pagar la factura de todos (con nuestros impuestos, eso sí), a menudo el mejor tratamiento es financieramente inviable: las gotas mágicas que sueldan el hueso en cuestión de horas y el tratamiento de radioterapia de dosis única son demasiado caros para administrarlos a todos los ciudadanos, por lo que todos acaban con el tratamiento de menos calidad. ¿Todos? ¡No! El sistema español permite que los ricos paguen de su bolsillo (o del bolsillo de su mutua) otros médicos y otros tratamientos más caros en clínicas y hospitales privados o del extranjero. Es decir, el sistema sanitario español garantiza una calidad mínima para todos y deja que los ricos elijan libremente el tratamiento.

¿Por qué les explico todo esto? Pues porque el Senado norteamericano está debatiendo la propuesta de Obama de reforma del sistema sanitario. En la actualidad, en EE. UU. existen dos sistemas de sanidad pública: el primero, llamado Medicaid, es para los ciudadanos con rentas bajas y al que están acogidos 40 millones de personas. El segundo, llamado Medicare, es para los jubilados y a él se acogen otros 41 millones de norteamericanos. El resto de las familias puede contratar voluntariamente seguros privados. De hecho, la mayoría de las empresas ofrece seguros médicos como parte de la compensación a sus trabajadores. Al ser voluntario, hay unos 47 millones de personas que deciden no comprar seguro. Una parte importante de ellos son jóvenes de entre 18 y 35 años que renuncian al seguro de la empresa a cambio de un salario más alto. Ya se sabe: los jóvenes piensan que ellos nunca estarán enfermos y prefieren utilizar el dinero en coches o casas. Dicho esto, también existe una bolsa de ciudadanos de rentas bajas que no son suficientemente pobres para poder acogerse a Medicaid pero que no tienen suficiente dinero para comprar un seguro privado. Y ese es el principal problema que el plan Obama intenta solucionar. Para ello, propone dos cosas. Primera, un sistema de subsidios para que las familias de menos rentas puedan comprar un seguro privado. Segunda, un seguro público que, al competir con las aseguradoras privadas, contribuya a reducir precios y a permitir que los pobres tengan acceso a algún tipo de seguro. Una tercera propuesta del plan intenta impedir que los ciudadanos enfermos que cambien de aseguradora pierdan la cobertura que tenían con la aseguradora anterior.

No sabemos cómo será la ley que finalmente apruebe el Senado ni las distorsiones que los subsidios y los seguros públicos van a crear. Lo que sí sabemos es que el sistema sanitario norteamericano no será como el español, donde el Estado decide por los pobres mientras que los ricos deciden por sí mismos. La propuesta de Obama es parecida a la que los españoles tienen para alimentos o vivienda: primero el Gobierno redistribuye rentas y da subsidios y, después, todos los ciudadanos, pobres y ricos, tienen libertad de elegir.

XAVIER SALA i MARTÍN, Columbia University, UPF y Fundació Umbele.

Se han fijado en que cuando vamos al restaurante en grupo y dividimos la cuenta entre todos, la factura es mucho más alta que cuando cada uno paga lo suyo? Si pagamos individualmente, todos evaluamos el beneficio y el coste de pedir langosta. Si el coste es demasiado alto, nos inclinamos por el pollo, que es más barato. Por el contrario, si el coste de la langosta se divide entre quince, ya no sale tan cara, por lo que decidimos pedirla. El problema es que todos los comensales piensan lo mismo, por lo que todos acaban comprando langosta (y copas, y puros) y la factura común acaba siendo estratosférica.

Este es un problema económico que se conoce como “la tragedia del bien comunal”. Los bienes comunales son aquellos que mucha gente puede utilizar a la vez: un parque, el mar, el bosque y los aparcamientos en las calles de la ciudad. Todos ellos comparten un fenómeno curioso: el beneficio es para el usuario, pero los costes se comparten entre todos.

Por ejemplo, si las tierras de pasto son comunales (como lo eran en la Europa medieval y todavía lo son en algunas zonas rurales), la hierba que come mi vaca me beneficia a mí, su propietario, porque me da mejor leche o mejores terneras. La destrucción que ocasiona mi vaca cuando come, sin embargo, es compartida por todos los demás propietarios, ya que sus vacas tienen menos pasto para comer. La tragedia de este tipo de situaciones es que, al ser los beneficios individuales y los costes compartidos, los usuarios tienden a poner demasiadas vacas y a sobreexplotar los recursos. Al final el pasto desaparece. Del mismo modo, los pescadores tienden a sobrepescar hasta que el mar se queda sin bancos de pesca, los leñadores tienden a cortar demasiados árboles hasta que nos quedamos sin bosques y cuando la factura es comunal, todos pedimos langosta, y se convierte en descomunal (y perdonen el fácil juego de palabras).

Para evitar la tragedia, se han propuesto dos tipos de soluciones. La primera es la privatización. Si la tierra de todos se divide en parcelas y nuestras vacas sólo puede pastar en nuestra granja, cada uno de nosotros se encargará de mantener un número de vacas que permita un pasto sostenible porque si este desaparece, desaparece el negocio. En el caso del restaurante, la solución es que cada uno pague lo suyo.

La privatización de los bienes comunales a veces es complicada por la naturaleza del bien en cuestión. Por ejemplo, es muy difícil dividir el mar en parcelas privadas. Para estos casos, las sociedades han encontrado otra solución: la intervención del Estado. El Estado se apropia del bien comunal (el mar), decide la cuota de pescado de cada uno y castiga con multas a los que se pasan. En el caso del restaurante, la solución consistiría en establecer una ley que prohibiera a los grupos de más de seis personas pedir langosta (una ley que seguro que le encantaría aprobar a la Generalitat actual, amante de regular y prohibir los comportamientos más recónditos del ser humano).

¿Por qué les explico todo esto? Pues porque el premio Nobel de Economía 2009 ha sido concedido a Elinor Ostrom, una politóloga que piensa en una tercera vía para evitar la tragedia del bien comunal: la cooperación. Si la gente que va a cenar en grupo lo hace repetidamente, son amigos y tienen sentido de la vergüenza, seguramente desarrollarán mecanismos para evitar que nadie se pase: el que pide langosta un día no es invitado el día siguiente, o se le recrimina en público o se habla entre todos para ponerse de acuerdo para que no pase.

Las investigaciones de Ostrom están entre la economía, la antropología y la ciencia política. Un ejemplo interesante ocurre con los pastos de los nómadas del centro de Asia. Los satélites detectaron hace años que el pasto en las zonas de Rusia y

China estaba desapareciendo mientras que los de Mongolia, no. Ostrom observó que en Rusia y China las tierras estaban colectivizadas mientras que las de Mongolia seguían siendo explotadas según las normas milenarias de las tribus de la zona (que compartían tierras y se respetaban entre ellas de tal modo que nadie se atrevía a perjudicar a las tribus vecinas). En 1980, China cambió de sistema y privatizó la explotación. Los satélites demostraron que los pastos no aumentaron. Con este ejemplo, Ostrom mostró que las soluciones encontradas por las tribus milenarias basadas en la cooperación y el respeto a veces son superiores a la privatización o a la intervención pública.

Ostrom no estaba entre los favoritos (lo escribo en masculino porque entre los favoritos no había ninguna mujer) a recibir el premio Nobel este año. Su contribución no es ni de las más citadas ni de las más conocidas del mundo. Yo, de hecho, confieso que no sabía quién era hasta el día que se le concedió el premio. Su metodología no es la más comúnmente aceptada por la profesión y sus conclusiones no parecen tan sólidas o bien probadas como las que la ortodoxia exige hoy en día. Pero, ya se sabe, a veces al Comité Nobel le gusta premiar las fronteras de la heterodoxia y eso, a la ortodoxia, no le gusta. Yo siempre he sido partidario de escuchar las ideas minoritarias, porque la ciencia no es democracia: en ciencia, que la mayoría piense una cosa no quiere decir que sea verdad. A veces, personas como Copérnico o Darwin están solos contra todos y… acaban teniendo razón. Bienvenido sea, pues, el premio Nobel a la señora Ostrom, no porque sea una mujer, sino porque nos enseña una nueva manera de enfocar la tragedia del bien comunal.

XAVIER SALA I MARTÍN, Columbia University, UPF y Fundació Umbele.

La buena noticia: Ben Bernanke dijo el otro día que “es muy probable que, técnicamente, Estados Unidos ya haya salido de la recesión”. La mala noticia: acto seguido, dijo “pero dará la sensación de que la economía es débil durante bastante tiempo”. Mi interpretación: el crecimiento económico será diminuto, hay riesgo de recaída y, de momento, no se creará empleo.

¿Por qué es Bernanke tan poco optimista? Pues porque sabe que los gobiernos de todo el mundo no se enfrentaron a los grandes desequilibrios financieros y económicos que causaron la presente recesión corrigiéndolos, sino creando la antesala de una nueva crisis: más desequilibrios.

Desde mi punto de vista, hoy tenemos siete peligrosos problemas. Primero, el monetario. Nada más empezar la crisis financiera, los bancos centrales imprimieron trillones de dólares. En situaciones normales eso hubiera causado una hiperinflación. Esta no se dio porque la velocidad de circulación del dinero cayó en picado. El problema es que, cuando la economía se recupere, el dinero volverá a correr y, si no se elimina todo lo impreso durante la crisis, subirá la inflación. Habrá, pues, que quitar liquidez de una manera quirúrgica porque el dinero es como la pasta de dientes: es muy fácil sacarla del tubo pero es muy difícil volverla a meter porque, para conseguirlo, se deben subir los tipos de interés y eso puede causar nuevas recesiones.

El segundo desequilibrio es el fiscal. Al ver la gravedad de la situación, todos los gobiernos del mundo se lanzaron a gastar cantidades ingentes de recursos. Resultado: déficits extravagantes que superan el 13% del PIB en Estados Unidos, el 10,5% en España y el 6,5% en la zona euro. La OCDE estima que la deuda alcanzará el 115% del PIB. Lógicamente, esa insostenible voracidad fiscal tiene que acabar (sobre todo teniendo en cuenta que los baby boomers se están empezando a jubilar). El problema es que eso sólo se puede hacer subiendo impuestos o bajando gasto y ambas estrategias conducen hacia una nueva recesión. Habrá que ser creativo y tocar los impuestos que menos distorsionen (y no subirlos alocadamente como se ha hecho en España) y eliminar los gastos menos productivos.

El tercer gran desequilibrio es el internacional. Los déficits exteriores de algunos países (destacan Estados Unidos y España) son compensados por superávits gigantes de algunos países asiáticos (sobre todo China). La corrección va a tener dos componentes. El primero, una caída del dólar que puede ser paulatina o puede ser catastrófica. Depende del banco central chino. El segundo, la tentación proteccionista. La semana pasada el presidente Obama ya impuso aranceles a los neumáticos chinos, y China respondió con aranceles equivalentes a los pollos norteamericanos. De momento, la guerra comercial es poca cosa y esperemos que no escale y que todo el mundo recuerde que lo que transformó la crisis de 1929 en la Gran Depresión de los años treinta fue el proteccionismo.

Cuarto, el desequilibrio financiero. El pánico de finales del 2008 hizo que todo el mundo desinvirtiera en los mercados financieros y pasara a comprar lo único que parecía seguro, unos bonos del Tesoro norteamericano que llegaron a absorber el 80% del ahorro mundial: trillones de dólares que no financiaban inversión productiva. Eso ya se está empezando a corregir y el dinero ya está volviendo a la bolsa. El problema es que si el retorno no se hace de manera ordenada, puede dar lugar a nuevas burbujas que, al explotar, causen nuevas crisis económicas. De hecho, el boom inmobiliario del 2008 se gestó cuando el dinero salió despavorido de la bolsa al reventar la burbuja puntocom en el 2001. Que no nos vuelva a pasar lo mismo.

El quinto desequilibrio es el regulatorio. Los primeros diagnósticos de la crisis apuntaron (en mi opinión, equivocadamente) en una dirección: la falta de regulación del sistema financiero. El resultado fue la aparición de los don quijotes del intervencionismo que quisieron regular no sólo el sector financiero sino, ya puestos, el resto de la economía. ¡Algunos incluso querían “refundar el capitalismo”! Ahora bien, ¡que el sector financiero norteamericano estuviera infrarregulado no quiere decir que el sector de la automoción en España también lo esté! La cordura debe volver pronto a los legisladores. Si no, corremos el riesgo de que el Estado acabe asfixiando la recuperación.

El sexto desequilibrio es sectorial. Países como España dependían excesivamente de unos pocos sectores (construcción, promoción inmobiliaria) que se han hundido sin esperanza de recuperación. Para reequilibrar, no hay que caer en la tentación de que el Estado subsidie unos sectores escogidos a dedo por el funcionariado. Al contrario, el Estado debe poner las bases para que los innovadores decidan, con su creatividad e iniciativa, qué sectores van a tomar las riendas de la economía.

Y el último desequilibrio es, lógicamente, el laboral. Los países con un rígido mercado de trabajo corren el riesgo de convertir el paro temporal causado por una recesión pasajera en una situación permanente para millones de ciudadanos. Si el mercado laboral no se flexibiliza, el ejército de parados de largo plazo puede acabar causando una inestabilidad social insostenible. Nuestros intentos de salir de la crisis han originado siete grandes vulnerabilidades que amenazan el futuro de nuestras economías. Bernanke piensa que lo peor ya ha pasado. Quizá sí. Pero si queremos evitar la recaída, es imperativo que se corrijan… los nuevos desequilibrios.

XAVIER SALA i MARTÍN, Universidad de Columbia, Universitat Pompeu Fabra y Fundació Umbele.

Dice la sabiduría popular que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Aunque estrictamente hablando eso no puede ser verdad (en todo caso, el oficio más antiguo sería el del cliente que frecuentó a la primera prostituta, puesto que necesitaba haber trabajado en algún oficio para poder comprar sus servicios), lo que en realidad nos dice la frase es que la prostitución ha existido siempre y se ha dado en todas las civilizaciones. La universalidad del negocio del sexo indica que no se trata de un fenómeno cultural sino biológico.

Analicemos, pues, el proceso evolutivo: dado que los hombres pueden tener un hijo cada vez que copulan, nuestros padres ancestrales más lujuriosos tuvieron mayor descendencia que los que practicaron la castidad. En cambio, dado que una mujer sólo puede tener entre 12 y 15 hijos a lo largo de la vida, las hembras de conducta sexual ligera tuvieron tantos hijos -entre 12 y 15- como las que no fornicaban con tanta compulsión. La selección natural darwiniana sugiere, pues, que al ser nosotros descendientes de hombres extraordinariamente libidinosos (y con una preferencia por tener relaciones con muchas hembras) y de mujeres de vida más o menos ordenada, nuestro código genético actual dice: el hombre es más promiscuo que la mujer.

Pero la naturaleza del acto (hetero) sexual es tal que, cada vez que hay un hombre que hace el amor, también hay una mujer.

¿Cómo se compagina eso con el hecho de que el deseo carnal y la preferencia por la diversidad masculina sean mayores que las femeninas? Pues con unas pocas mujeres practicando el sexo con muchos hombres… a cambio de una compensación económica. Nace, pues, la prostitución.

Quizá fuera porque entendieron que las raíces del fenómeno eran biológicas y, por tanto, de difícil control, dos importantes teólogos cristianos como san Agustín o santo Tomás de Aquino llegaron a decir que la prostitución debía ser tolerada como “válvula de escape social”. Ese mismo principio debería ser entendido por Jordi Hereu, el alcalde de Barcelona que ha encendido el debate sobre la legalización de la prostitución.

En principio, en una democracia liberal el Estado no debería oponerse a que un hombre y una mujer intercambien servicios por dinero. Al fin y al cabo, si se permite que una mujer le haga un masaje a un hombre, le analice la vista, le defienda ante el juez o le haga una clase de yoga a cambio de dinero, ¿por qué va a prohibir que le haga una felación?

Una posible respuesta es que la felación no la hace por su propia voluntad sino por dinero. Esa respuesta es insatisfactoria, puesto que con ese razonamiento deberíamos prohibir casi todos los oficios del mundo. ¿O es que las mujeres de la limpieza lavan los urinarios por placer? ¿O es que los empleados de banca van a su puesto de trabajo cada lunes por amor al arte? ¡No! Lo hacen por dinero…, igual que las operarias del amor.

Otra respuesta común es que las prostitutas son objeto de tráfico de personas, obligadas y esclavizadas por los proxenetas. Eso tampoco es un buen argumento a favor de la prohibición. Es un argumento a favor de perseguir las mafias que trafican con personas, eso sí, pero del mismo modo que cuando se descubre a traficantes de orientales que trabajan esclavizados en establecimientos de Barcelona no prohibimos los restaurantes chinos, tampoco debemos hacer lo mismo con la prostitución. Es más, el hecho de que las trabajadoras del sexo se dediquen a una actividad ilegal dificulta su liberación, porque, si denuncian a sus explotadores, ellas pueden acabar en la cárcel, ya que también están fuera de la ley.

Algunos prohibicionistas dicen que vender sexo es “moralmente reprobable”. Tampoco vale: si el legislador o el obispo pensaran que es moralmente reprobable que se corten los cabellos a cambio de dinero, ¿dejaríamos que el Estado aboliera las peluquerías? Respuesta: no. A diferencia del asesinato, el sexo no es obviamente perjudicial para las partes. Y fíjense en que nadie quiere obligar a vender sexo a la gente que lo encuentra inmoral. Pero hay que dejar libertad de elección a quien no comparta esa misma moralidad.

Existen dos argumentos poderosos a favor de la legalización. El primero ya ha sido esbozado: la mejor manera de combatir el tráfico de blancas es legalizar la prostitución para que cualquier explotación pueda ser denunciada sin miedo. Además, eso permitiría a las empresas del sector contratar a las trabajadoras en origen y a pagarles el viaje de ida y vuelta, eliminando así el negocio del traficante. El segundo es que, en el proceso de intercambio de sexo por dinero, hay una persona inocente (y engañada) cuya salud es puesta en peligro por la conducta temeraria del hombre: la esposa. El marido tiene derecho a arriesgar su propia salud, pero no la de su pareja (o la de los amantes de esta, si los hay). Es decir, la amenaza a la salud de inocentes es una externalidad que necesita ser corregida. ¿Cómo? Los economistas han pensado dos maneras distintas… y ambas pasan por la legalización. La primera es la regulación: obligar a las trabajadoras de sexo a un control sanitario que garantice su salud y la de sus clientes. La segunda es la introducción de impuestos pigouvianos, parecidos a los que se usan para combatir la contaminación. Eso, además de equiparar la prostitución a todos los demás oficios que cotizan a Hacienda, encarecería la transacción, reduciría la demanda de servicios sexuales y disminuiría los incentivos económicos del hombre para practicar, voluntariamente, su outsourcing sexual.

XAVIER SALA I MARTÍN, Universidad de Columbia, Universitat Pompeu Fabra y Fundació Umbele.

Bayona, 1839. Un gamberro lanza una piedra contra una panadería y rompe una ventana. El panadero sale enfurecido y se echa a llorar porque va a tener que pagar un nuevo cristal. Los viandantes se reúnen a su alrededor y, al principio, se solidarizan con su desgracia. De repente, uno de ellos explica que el infortunio no es tal ya que el dinero que el panadero va a gastar representará un ingreso para los cristaleros (quienes, al fin y al cabo, viven de los cristales rotos). Estos van a gastar ese dinero en la carnicería en beneficio de los carniceros, que a su vez vana gastarlo en el teatro en beneficio de los actores, y así sucesivamente hasta suponer un enorme efecto positivo sobre la economía agregada, a través de lo que los economistas keynesianos llaman el efecto multiplicador. Tras concluir que la gamberrada era buena para la sociedad, los viandantes abandonaron al panadero a su suerte.

Esta historia, conocida como la paradoja de los cristales rotos, fue contada por primera vez por el economista francés Frédéric Bastiat en 1839 en un fantástico libro llamado Ce qu´on voit et ce qu´on ne voit pas (Lo que se ve y lo que no se ve). La tesis principal del libro es que muchos analistas cometen errores garrafales porque se fijan sólo en “lo que se ve” e ignoran “lo que no se ve”. En el ejemplo del cristal roto, “lo que se ve” es que el panadero va a tener que gastar dinero para reparar la ventana y eso va a afectar positivamente a quien recibe el pago, el cristalero. “Lo que no se ve” es que el dinero que el panadero gastará en cristales iba a ser destinado a comprar otras cosas, como por ejemplo, un traje. Al no poder comprarlo, el sastre no ingresa nada, el carnicero del sastre tampoco y los teatros a los que iba a acudir el carnicero del sastre tampoco. Es decir, que el efecto multiplicador resultante de reparar el cristal solamente sustituye a un efecto idéntico que hubiera generado el gasto en cosas alternativas. Al no haber efectos netos positivos, lo único que queda es un cristal roto. Y eso es malo.

Les explico todo esto porque los gobiernos del mundo entero intentan reactivar la economía a través de programas Renove que subsidian la compra de coches nuevos a cambio de la destrucción de coches viejos. Según esos planes, el gobierno se constituye en un gran gamberro (lo digo por analogía con el chaval que lanzó la piedra contra la panadería) y destruye toda una flota de coches que todavía funcionan con el argumento de que, al tener que repararlos, se va a fomentar la actividad económica: como en la paradoja de los cristales rotos, los fabricantes y distribuidores de automóviles tendrán ingresos adicionales, los gastarán y eso tendrá efectos positivos sobre la sociedad. También saldrán beneficiados los propietarios de coches viejos que reciban un subsidio superior al valor que su cacharro tenía en el mercado. Todo eso es “lo que se ve”. Ahora bien, “lo que no se ve” (y no se contabiliza) son las pérdidas de mecánicos y reparadores de coches, las de los vendedores de segunda mano a los que el Estado ha robado el negocio y las de los contribuyentes.

Además, está el malgasto en burócratas administradores del programa y sobre todo, lo que no se ve es el dinero que no ingresan las industrias que no van a recibir el subsidio y las que no van a obtener el dinero que los consumidores hubieran gastado si no hubieran tenido que pagar tantos impuestos. Es decir, si el Estado realmente cree que destruir automóviles viejos para fabricar los nuevos es bueno para la economía, ¿no debería también destruir neveras, televisiones de plasma y videojuegos? ¿Y por qué parar ahí? ¿Por qué no derribar edificios, carreteras y puentes? ¿Por qué no demoler ciudades enteras por el bien de la sociedad? ¿Verdad que no tendría sentido? Pues tampoco lo tienen los planes Renove.Porque destruir maquinaria y dedicar dinero a reemplazarla no genera suficientes beneficios para compensar la destrucción. La pregunta es: ¿por qué el Estado tiene tanto interés en ayudar a la industria del automóvil con cargo a los trabajadores-contribuyentes de todos los otros sectores?

La respuesta que se nos da últimamente es (¿cómo no?): ¡hay que combatir el cambio climático! De hecho, el nuevo plan se llama VIVE! de Vehículo Innovador, Vehículo Ecológico. A pesar de que el cambio climático se ha convertido en el comodín justificador de las políticas más ridículas e injustificables de planeta, citarlo no es suficiente: esas políticas también deben ser sometidas a la lógica económica. Nos dicen que los coches nuevos van a contaminar menos que los antiguos porque tienen una tecnología mucho más verde y sostenible. Eso es “lo que se ve”. Ahora bien, “lo que no se ve” (y lo que los ecologistas no contabilizan) es que para construir cada coche nuevo se necesita contaminar. ¿O no se emite CO y 2 no se contamina cuando se produce el acero de la carrocería y el motor, la goma de los neumáticos, los plásticos de los interiores o la pintura exterior? La pregunta es: ¿la reducción de emisiones que van a tener los nuevos y eficientes coches será superior al incremento de polución que supondrá su fabricación? Según un artículo publicado en The New York Times por Michael Gerrard, director del Centro para del Cambio Climático de la Columbia University, la respuesta es no. También en la sostenibilidad, pues, las autoridades parecen ignorar la paradoja de los cristales rotos, esa vieja lección que ya se explicaba en 1839, sobre lo que se ve y lo que no se ve.

XAVIER SALA I MARTIN, Columbia University, UPF i Fundació Umbele.

Después de beber una copa llena de la supuesta poción mágica de Panorámix, el centurión Caius Bonus se dispuso a levantar un menhir gigante para comprobar si su fuerza era sobrehumana. Al no poder, probó con una piedra menor. Tampoco pudo. Realizó diversas intentonas con piedras cada vez más pequeñas hasta que, al fin, consiguió levantar un minúsculo pedrusco. Contento, el centurión celebró que finalmente había obtenido el secreto de los galos. La fiesta duró hasta que el pequeño legionario Calígula Minus puntualizó que el guijarro era tan pequeño que podía ser levantado sin poción. Y fue entonces cuando Caius Bonus se percató de que el druida Panorámix les había tomado el pelo.

Este cómico episodio de Astérix el Galo me vino a la cabeza el otro día mientras veía a los líderes de nuestro Govern celebrar, extasiados, la nueva propuesta de financiación como un éxito espectacular.

Una vez leídas, las 76 páginas del texto oficial del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hay varias razones que me llevan a dudar. Primera, a pesar de que todos los implicados están ondeando cifras diversas (que si se han conseguido 3.855, o más de 3.500, o entre 3.560 y 4.000…), el documento no concreta ni un solo dato. Hay que ser, pues, prudentes y esperar a ver si los números que se están publicitando se acaban concretando o si, una vez más, el Gobierno de Zapatero ha echado pelotas fuera porque no se verá que ha mentido hasta dentro de unos años.

Segunda, se dice que una vez hechas las redistribuciones, Catalunya quedará por encima de la media por primera vez en la historia. Ese logro tampoco aparece por ninguna parte en el documento oficial. Si los antecedentes de incumplimiento por parte de Zapatero nos hacen sospechar, al ver que todas las comunidades han proclamado que ellas también estarán por encima de la media (cosa que es matemáticamente imposible), la sospecha es todavía mayor. Si se hacen los cálculos con los pocos datos que hay, se ve la trampa: Catalunya tiene traspasadas algunas competencias (como los Mossos d´Esquadra, la justicia y las cárceles) que las otras comunidades no tienen transferidas. Para financiarlas, la nueva propuesta de acuerdo habla del “fondo de suficiencia global”. Y ahí está el truco: como Catalunya va a cobrar de ese fondo y las comunidades que no tienen esas competencias transferidas no, parece que Catalunya cobra por encima de la media. El problema es que las demás comunidades también reciben servicios policiales y de justicia. Lo que pasa es que los reciben en especies y, por tanto, no se incluyen ni en el fondo de suficiencia ni en la financiación presentada. Si se incluyeran, Catalunya seguiría estando por debajo de la media.

Tercera, sea o no cierto que Catalunya quedará por encima de la media, el objetivo no era ése sino mantener la ordinalidad. Es decir, el Estatut dice que si Catalunya es la tercera comunidad que produce más PIB del Estado, Catalunya debería seguir siendo la tercera más rica una vez hechas las redistribuciones pertinentes y no la novena como pasaba hasta ahora. La nueva propuesta de financiación no garantiza que ese orden se mantenga. Si, ya sé que los propagandistas oficiales se han apresurado a decir que “ese punto del Estatut es de una dificultad interpretativa que dificulta su cumplimiento”, amparándose en la distinción entre “recursos per cápita” y “renta per cápita”. Pero eso son monsergas. Todo el mundo tiene claro lo que dice el Estatut (y quien más lo sabe es el propio conseller Castells, que ha defendido esa idea durante años): una vez hecha la redistribución, Catalunya debe ser la tercera comunidad. Y la propuesta actual no lo garantiza. Tampoco garantiza otras proclamas estatutarias como la bilateralidad, el peso de la inmigración o las familias en riesgo de exclusión social a la hora de valorar los fondos de solidaridad. Cuarta, y más importante: se nos dice que el Estado aumentará los recursos que dedicará a la financiación de las comunidades autónomas. Muy bien. Me lo creo. La pregunta es: ¿y de dónde saldrá el dinero? Hay dos posibilidades: subidas de impuestos y reducciones de otro tipo de gastos. El documento no dice cómo lo harán. Dicho eso, déjenme que recuerde a quienes están celebrando el gran triunfo que, tanto si aumentan los impuestos como si se reducen los gastos, el déficit fiscal de Catalunya con España puede seguir siendo cercano al 10% del PIB. Y es que el déficit fiscal es la diferencia entre los impuestos pagados por los catalanes y el gasto realizado en Catalunya, que incluye el dinero que el Estado da directamente a la Generalitat, pero también los gastos que el Estado realiza directamente aquí. Si aumenta la financiación de la Generalitat a costa de que los catalanes paguemos más impuestos, el déficit fiscal de Catalunya no variará, y si se hace a costa de reducir el gasto en carreteras catalanas, tampoco. No sé si eso lo entienden los amigos de ERC que tanto se quejaban del déficit y que tanto pecho sacan ahora. No sigo con la lista de incógnitas por falta de espacio, pero queda claro que el documento presentado deja demasiadas preguntas sin responder y demasiadas decisiones al arbitrio de quien nos ha mentido demasiadas veces. Mientras no se aclaren esas dudas, pues, uno no sabe si la euforia desatada entre los afines al tripartito corresponde a un éxito de verdad o a una farsa mediática para hacernos creer que, como el centurión Caius Bonus, han levantado un menhir gigante cuando, en realidad, sólo están levantando un guijarro.

XAVIER SALA I MARTÍN, Columbia University, UPF y Fundació Umbele.

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La publicación de los datos más recientes confirma que la economía española se enfrenta a una de las peores crisis de su historia: el hundimiento de la construcción y la promoción inmobiliaria ha conllevado una caída catastrófica del producto interior bruto y del empleo. Además ha producido un agujero gigante en el sector financiero: la banca había financiado la mayor parte de operaciones inmobiliarias con apalancamiento, es decir, pidiendo prestado para luego prestar a las inmobiliarias, y ahora ella se ve obligada a devolver el dinero aunque las promotoras no les devuelvan lo que deben. El agujero en el sector financiero ha paralizado el crédito, y eso afecta al resto de la economía. El miedo y la desconfianza han hecho el resto.

Los problemas fundamentales de España son que (1) el sector inmobiliario representaba una parte demasiado grande de la economía (entre el 15 y el 19%, en comparación con el 4% de otros países como Estados Unidos). La construcción en España debe reducir su tamaño hasta niveles más razonables. (2) El crecimiento inmobiliario hizo que los salarios aumentaran porque se necesitaba gente para trabajar en la construcción. El problema es que esos aumentos de salarios se contagiaban al resto de los sectores ya que la construcción contrataba a tanta gente que hacía escasear la mano de obra. (3) Mientras las cosas “iban bien”, nadie se preocupaba por hacer que la economía fuera más productiva y la productividad no aumentaba. La suma de (2) y (3) hizo que los salarios aumentaran por encima de la productividad. En el momento en que estalló la crisis, los empresarios vieron que los sueldos eran demasiado altos con relación a la productividad y empezaron a despedir trabajadores por millones. La única manera de salir del agujero es, pues, fomentar la productividad. Es decir, llevar a cabo políticas de oferta que consigan que los mismos trabajadores generen una producción superior.

Pues bien, en medio de todo este tinglado, llega el debate sobre el estado de la nación y el presidente Rodríguez Zapatero anuncia a bombo y platillo una serie de medidas para solucionar la crisis. Pequeño problema: son medidas populistas que no van a funcionar.

Un grupo de medidas no va a funcionar porque son inútiles. Por ejemplo, la reducción del impuesto de sociedades es una gran medida en principio ya que, si las empresas tienen que entregar una fracción menor de sus beneficios al Gobierno, tendrán más incentivos para aumentar su actividad económica. El problema es que el impuesto de sociedades grava los beneficios y, en épocas de recesión, las empresas no tienen beneficios y por lo tanto no lo pagan. Eliminar un impuesto que no se paga en época de crisis queda muy bien y cuesta pocos euros al erario público, pero… ¡no puede ayudar a salir de la crisis!

Otro conjunto de medidas no va a funcionar porque va en la dirección equivocada. Entre ellas, las ayudas a la adquisición de automóviles: el presidente Zapatero promete que su Gobierno dará 500 euros por la adquisición de un coche nuevo y regala 1.500 euros adicionales de dinero ajeno (entre ustedes y yo: ¡qué fácil es regalar el dinero ajeno!): las comunidades añadirán 500 euros, aunque algunas comunidades ya se han negado, y las empresas van a añadir otros 1.000 euros. Yo me pregunto, si las empresas estaban dispuestas a reducir el precio de sus coches en 1.000 euros, ¿por qué no lo hacían voluntariamente? ¿Y por qué tuvo que ser el Gobierno, y no sus directores generales, quien anunciara esa medida? El programa de ayudas a la adquisición de automóviles fomenta la demanda de coches. Es decir, va en la dirección contraria a la necesaria porque el problema de la economía española no es de demanda sino de oferta. Por cierto: ¿por qué el sector del automóvil recibe tantas ayudas públicas? ¿No es injusto que el resto de los ciudadanos que también sufren la crisis -desde taxistas hasta pescaderos, pasando por transportistas, masajistas, hoteleros, restauradores, peluqueros, hombres de la limpieza, autónomos…- tengan que seguir pagando impuestos para subsidiar al sector del automóvil? ¿Qué tipo de lobby y de influencia sobre Zapatero tiene la automoción que no tengan ellos?

Finalmente, un tercer grupo de medidas pueden parecer buenas en principio, pero pueden tener consecuencias nefastas. Aquí entra la eliminación de las deducciones fiscales por la compra de viviendas. La burbuja inmobiliaria fue causada en parte por el Estado: al favorecer la compra de residencias en perjuicio del alquiler o de la adquisición de otro tipo de activos de inversión, el Estado fomentó la demanda de viviendas cosa que contribuyó a que subiera su precio. Por lo tanto, la eliminación de esas deducciones distorsionadoras puede parecer una buena idea. El problema es que no las elimina inmediatamente sino que anuncia ahora que lo eliminará en el 2011. Con ello, se pretende inducir a que las familias compren viviendas entre hoy y el 2011… “ahora que aún tienen descuentos fiscales”. Eso va en dirección contraria a la deseable, ya que el tamaño del sector de la construcción en la economía debe pasar del 15-19% al 4% del PIB. Es decir, algunas de las empresas del sector deberán cerrar o reducir sustancialmente su tamaño, e inducir fiscalmente a que las familias compren viviendas es un intento suicida de evitar lo inevitable… y deseable.

Resumiendo: el estado de la nación no es bueno. Y no es bueno por la crisis… y porque, una vez más, el Gobierno del Estado de la nación demuestra que no tiene solución.

XAVIER SALA i MARTÍN, Columbia University, UPF i Fundació Umbele.

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La crisis económica mundial no llegará a su fin hasta que se solucione el problema de fondo: los activos tóxicos basados en hipotecas morosas que están en manos de bancos norteamericanos impiden a estos operar como entidades financieras normales, y eso evita que el crédito fluya hacia el resto de la economía y frena la recuperación. El problema es que los bancos adquirieron grandes cantidades de esos productos financieros a un precio elevado, pero dada la anormalmente alta tasa de morosidad, se han devaluado y nadie los quiere comprar si no es a precio de saldo. La solución pasa por que esos activos tóxicos desaparezcan de los balances de los bancos, pero los bancos se han negado a vender a precio de saldo por dos razones. Primera, porque pensaban que si vendían, incurrirían en unas pérdidas tan grandes que representarían su quiebra. Segunda…, porque los banqueros, que son gente muy lista, tenían la esperanza de que el Gobierno acabaría comprándolos a un precio cercano al original. Y, visto el nuevo plan de Obama, mucho me temo que los banqueros tenían razón.

¿Cómo? ¡Pero si el Gobierno de Barack Obama ha jurado y perjurado que no utilizará impuestos para subsidiar a esos banqueros egoístas cuya codicia ha causado, según el propio presidente, la actual situación de crisis financiera mundial! Pues bien, mis queridos lectores: el plan de Obama es una estratagema camuflada que utiliza dinero público para que los bancos recuperen casi todo el dinero de los activos tóxicos. Me explico.

De manera muy resumida, el plan de rescate funciona así: se crea una sociedad público-privada (SPP) en la que inversores privados aportan 30.000 millones y el Gobierno otros 150.000 millones. Con esos 180.000 millones como garantía, la SPP pide un préstamo al FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, la institución pública que garantiza los depósitos de los bancos) de 820.000 millones, por lo que la SPP dispone de 1 billón de dólares para invertir. Es importante señalar que el crédito de 820.000 es “sin recurso”, es decir, que si la inversión de la SPP pierde dinero, el crédito no se devuelve y los inversores privados solamente pierden los 30.000 millones de su bolsillo. Pues bien, con ese billón de dólares, la SPP comprará los activos tóxicos de los bancos a un precio determinado mediante subasta. La idea es que el Gobierno se aproveche de la “sabiduría” de los mercados privados a través de la subasta para que el contribuyente no pague un precio excesivo por unos activos tóxicos.

Sobre el papel, y tal como dice Obama, este plan no representa ningún subsidio público a los bancos. ¿Correcto? Pues no. Incorrecto. El plan no sólo es un enorme subsidio, sino que permite que los bancos recuperen todo el dinero malgastado en activos tóxicos con cargo al contribuyente. Para entender por qué, imaginemos que Citigroup tiene activos tóxicos que compró por valor de 1 millón de dólares. Imaginemos, para simplificar, que la probabilidad de que esos activos acaben pagando dividendos es el 2%. Esos activos, pues, tienen un valor de mercado de 20.000. Si yo fuera directivo de Citigroup, sin embargo, crearía una sociedad paralela para participar en la SPP (he leído el plan de Obama de arriba abajo y… ¡no hay nada que prohíba a Citigroup hacerlo!). Una vez en el centro del meollo, la sociedad de nueva creación entra en la subasta y puja hasta que el precio sea de 1 millón de dólares. Los inversores externos saben que esos activos sólo valen 20.000, por lo que no pujarán. La compra es adjudicada, pues, a la subsidiaria de Citigroup por 1 millón. ¿Quién paga? Pues, según el plan, 30.000 los pone la empresa subsidiaria (es decir, el propio Citigroup), 150.000 los pondrá el Gobierno (es decir, el contribuyente) y el resto lo pondrá el crédito del FDIC. Ahora bien, como pasados unos años, la nueva sociedad verá que esos activos por los que han pagado 1 millón sólo valen 20.000 dólares, incurrirá en pérdidas y no podrá devolver el crédito al FDIC. Pero como el crédito era sin recurso, resulta que la nueva sociedad no lo tiene que devolver, por lo que el dinero aportado por el FDIC (es decir, por el contribuyente) acabará financiando el resto de la operación. Resumiendo: Citigroup recupera el millón de dólares que había pagado originalmente y, de ese millón, 30.000 lo paga el propio Citigroup y los restantes 970.000 euros los paga el contribuyente. Es decir: diga lo que diga el flamante presidente de Estados Unidos, su “sofisticado” plan de rescate no es más que una burda compra de activos tóxicos a su precio original con cargo al contribuyente. Eso explica por qué las bolsas celebraron con espectaculares subidas la aprobación del plan y por qué los bancos no han querido vender sus activos tóxicos durante meses: de alguna manera anticiparon que papá Estado no los iba a dejar en la estacada y acabaría comprando el fruto de sus pecados al precio original. Naturalmente, salvar el trasero de banqueros irresponsables no sólo representa la utilización inmoral de recursos públicos, sino que supondrá una salida en falso de la crisis: las entidades financieras, ya sin su mochila tóxica, tendrán incentivos para volver a comportarse irresponsablemente a sabiendas de que, cuando las cosas vayan bien ellos se quedarán los beneficios y, cuando vayan mal, volverá a pagar el contribuyente. En este sentido, Obama acaba de plantar las semillas de la próxima catástrofe financiera con un plan que, para los bancos, no es más que un peligroso regalo.

XAVIER SALA I MARTÍN, Columbia University, UPF y Fundació Umbele. www. sala-i-martin.com

La reunión del G-20 del 3 de abril ha sido presentada como un éxito de la clase política mundial por el hecho de conseguir consensuar un documento final. En este hay tres mensajes concretos: (1) aumento de la dotación económica del Fondo Monetario Internacional y una mayor participación de los países emergentes en sus órganos de dirección (éxito de los países emergentes), (2) políticas monetarias y fiscales expansivas para salir de la crisis, incluyendo masivas ayudas a la banca (éxito de Estados Unidos) y (3) una mayor regulación del sector financiero, con la creación de un nuevo órgano supervisor, con su correspondiente burocracia, llamado Financial Stability Board (éxito de Francia y Alemania).

La impresión que yo me llevo al leer el documento final, sin embargo, es de decepción y miedo. Desde estas páginas he explicado repetidamente que las malas políticas económicas basadas en diagnósticos erróneos podrían acabar perjudicando la economía en el medio y el largo plazo.

Y este documento está repleto de principios peligrosos basados en diagnósticos desafortunados. Una simple clave para entender el problema se encuentra en el párrafo tres del documento final de la reunión del 3 de abril:

“Partimos de la convicción de que la prosperidad es indivisible; de que el crecimiento, para ser sostenido, debe ser compartido; y de que nuestro plan global para la recuperación debe tener en su corazón las necesidades y el empleo de las familias que trabajan duro, no sólo en los países desarrollados, sino también en los mercados emergentes y en los países más pobres del mundo; y el crecimiento debe reflejar los intereses, no sólo de la actual población, sino también de las generaciones futuras. Creemos que el único fundamento seguro para la globalización sostenible y el aumento de la prosperidad para todos es una economía mundial abierta, basada en los principios del mercado, en una regulación eficaz y en instituciones globales fuertes”.

En principio, este párrafo parece inofensivo: aboga por el crecimiento económico, la globalización, la prosperidad mundial, los principios de mercado y la regulación eficaz. El problema aparece cuando se compara con el párrafo equivalente, el doce, del documento publicado después de la reunión del 15 de noviembre del 2008:

“Reconocemos que estas reformas sólo tendrán éxito si se basan en un compromiso con los principios del libre mercado, incluido el Estado de derecho, el respeto de la propiedad privada, el libre comercio y la inversión, la competitividad de los mercados, y sistemas financieros regulados de manera efectiva y eficiente. Estos principios son esenciales para el crecimiento económico y la prosperidad y han permitido que millones de ciudadanos salieran de la pobreza, y han aumentado de manera importante el nivel de vida mundial. Reconociendo la necesidad de mejorar la reglamentación del sector financiero, hay que evitar el exceso de regulación que impide el crecimiento económico y acentúa la contracción de los flujos de capital, incluyendo los que van a los países en desarrollo”.

La comparación de los dos textos arroja las siguientes conclusiones: (1) En el 2008 se hablaba de “libre mercado”; en el 2009 se dice “economía basada en los principios de mercado”. Las palabras “libre” y “libertad” no aparecen en todo el documento ni una sola vez. Una lamentable pérdida que nos dice que nuestros líderes anteponen su intervencionismo a nuestra libertad. (2) En el 2008 había desconfianza en la “regulación excesiva que impide el crecimiento económico”. Esa desconfianza ha desaparecido en el 2009. Es más, en el texto del 2008 se hablaba de “regulación eficiente”. La palabra “eficiente” no aparece ni una sola vez en todo el documento del 2009. (3) El texto del 2009 introduce conceptos de sostenibilidad medioambiental que tienen menos que ver con la crisis que con el programa electoral de Barack Obama. (4) En el 2008 se mencionaba el libre comercio como motor del crecimiento económico. Hoy sabemos que esa frase era retórica e hipócrita, porque 18 de los 21 países del G-20 han practicado políticas proteccionistas desde noviembre del 2008. En cualquier caso, la frase ha sido sustituida por el concepto vago de “globalización sostenible”. (5) En el 2008 los líderes políticos creían que “el Estado de derecho” era necesario para garantizar el crecimiento económico. Esa expresión no aparece en el documento del

2009 ni una sola vez. (6) En el 2008 se dice que para que la economía crezca es necesario “el respeto a la propiedad privada”. En el texto del 2009 no se mencionan ni “propiedad privada” ni “respeto”. Y (7) La expresión “competitividad de los mercados” que aparecía en el 2008 ha desaparecido en el 2009. Eso es un gran problema sobre todo para países como España, que tienen una alarmante falta de competitividad.

Resumiendo: el documento final del G-20 del 3 de abril apunta hacia un preocupante intento de los más importantes líderes políticos del mundo de abandonar el sistema de libre mercado que tan bien ha funcionado en las últimas décadas (un sistema que ha permitido que el ritmo de innovación fuera el más rápido de la historia de nuestro planeta, que ha hecho que miles de millones de ciudadanos dejen de ser pobres en los cinco continentes, que ha reducido las diferencias de renta entre las personas del mundo) y sustituirlo por otro menos eficiente, menos competitivo, más intervenido, más regulado, con menos derechos y en el que, eso sí, ellos tendrán más poder y nosotros menos libertad.

XAVIER SALA I MARTÍN, Columbia University, Fundació Umbele y UPF.

Sabían que los hombres altos tienen más hijos que los bajos? Aunque a muchos de ustedes les sorprenda, algunos economistas intentamos explicar por qué. En 1973, el premio Nobel Gary Becker empezó a estudiar fenómenos sociológicos con las herramientas que los economistas utilizamos para analizar decisiones individuales. Entre las decisiones importantes que uno toma está la de con quién casarse y tener hijos. Según Becker, si todos tuviéramos la capacidad de decidir pareja, veríamos que los machos más atractivos se hacen con las hembras más atractivas (o al revés).

La pregunta clave, pues, es: ¿qué hace atractivos a hombres y mujeres? El cliché nos dice que los hombres valoran belleza y juventud y las mujeres valoran dinero y poder. También nos dice que la gente de una etnia y religión determinadas encuentra atractiva a la gente de la misma etnia y religión.

Algunos de estos clichés tienen fundamentos en la psicología evolutiva. Recuerden que a Darwin se le ocurrió una de las claves de su teoría de la evolución cuando se preguntó por qué el pavo real tenía esas plumas tan incómodas que le perjudicaban a la hora de buscar alimento o escapar de los depredadores. Su respuesta: la especie que sobrevive no es ni la que más come ni la que mejor se escapa, sino la que… ¡mejor se reproduce! Et voilà:las plumas del pavo tenían que resultar atractivas a las pavas (me refiero a las hembras del pavo). Es decir, a pesar de que perjudicaban a la hora de conseguir comida… permitían lograr pareja, y eso le daba ventaja en la competencia por la reproducción y la supervivencia de la especie.

Del mismo modo, nosotros somos los descendientes de los homínidos que resultaron más atractivos en la competencia por su reproducción. Los psicólogos evolutivos nos dicen que, seguramente, las madres que tuvieron éxito reproductivo son las que buscaron hombres poderosos y honestos (con recursos, capacidad y ganas de mantener a sus descendientes). Nuestros padres, por otro lado, debían buscar la belleza física, ya que, en psicología evolutiva, se asocia la belleza con la salud y la capacidad de tener hijos.

Y si los ancestros con ese tipo de gustos son los que se reprodujeron, nosotros deberíamos haber heredado esos gustos. La pregunta es: ¿es verdad? Para responder podríamos mirar con quién se casa cada uno. El problema es que las decisiones finales son el resultado tanto de las preferencias como de las oportunidades. Los negros tienen una mayor propensión a casarse con las negras por cuatro posibles razones: (1) porque ellas son racistas (con ello quiero decir que prefieren gente de su mismo color), (2) porque ellos son racistas, (3) porque ambos son racistas, y (4) porque nadie es racista, pero resulta que los negros raramente conocen a blancos, ya que viven en barrios separados.

Para separar lo que son las preferencias de las oportunidades, un equipo de la Universidad de Columbia (liderado por el profesor Ray Fisman) condujo un experimento en el que se ofrecía un “servicio de citas”. Una vez a la semana se reunía a un grupo de personas en un bar de Nueva York. Se aparejaba a cada hombre con cada mujer durante unos minutos. Acabada la cita, cada uno de ellos evaluaba el atractivo físico, simpatía, ambición, inteligencia e intereses comunes de la otra persona y decía si querría volver a citarse con ella. Al final de la noche, cada chico había conocido a cada chica y los investigadores tenían una visión precisa de lo que habían escogido. Después de dos años de citas, Fisman y sus colegas publicaron un artículo con los siguientes resultados:

Primero, se confirma el cliché y la teoría evolutiva de que los hombres valoran principalmente el aspecto físico y la belleza de la mujer.

Segundo, también se confirma el tópico de que las mujeres valoran la inteligencia y la ambición del hombre.

Tercero, lo que no quiere decir que los hombres no valoren la inteligencia. ¡No! No nos gustan las chicas tontas…, pero ¡nos dan miedo las demasiado listas! En el estudio, los varones rechazaron sistemáticamente a las mujeres que eran percibidas como más inteligentes o ambiciosas que ellos. Parece que los hombres somos seres de ego frágil y de fácil intimidación.

Cuarto, como predicen los psicólogos evolutivos, las mujeres valoran más la honestidad masculina que los hombres la femenina. Quinto, las mujeres son mucho más racistas: mientras los hombres aceptaron repetir citas con mujeres de todas las etnias, las mujeres denotaron una preferencia muy fuerte por la suya propia. Una excepción: las chicas orientales aceptaron a asiáticos y a blancos (aunque no a negros o latinos). El tópico de que a los hombres blancos nos gustan las orientales se derrumba: es verdad que en Estados Unidos las parejas interraciales más comunes son de hombre blanco y chica asiática, pero eso no es porque a los blancos nos gusten las orientales especialmente (de hecho, nos gustan todas), sino que son las asiáticas las que prefieren a los blancos.

Y finalmente, la belleza masculina. ¡Sí! Los hombres las preferimos guapas. Pero antes de que nos acusen de frivolidad, hay que decir que el estudio demuestra que… ¡el físico masculino es valorado por las chicas en igual magnitud! Lo que nos devuelve a los hombres altos y corpulentos: las mujeres se sienten atraídas por esas características, y por eso tienen mayor éxito a la hora de casarse en segundas nupcias con chicas jóvenes en edad reproductiva. Eso les permite tener más hijos que los bajitos. Son las peculiaridades de los mercados matrimoniales.

XAVIER SALA i MARTÍN, Columbia University, UPF y Fundació Umbele.

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