Reggio’s

A FONDO

Mi empeño en creer a Zapatero flaquea por momentos. Me aferro a sus palabras («A cumplir el objetivo de déficit no vamos a renunciar»), pero, a medida que se aleja el miedo a otro Pearl Harbor y se aproximan las elecciones, la firmeza del presidente se diluye como el humo del cigarrillo que saborea tras el almuerzo («sólo fumo uno o dos al día», se justifica).

El presidente argumentó en agosto que la rectificación de José Blanco en el recorte anunciado para Fomento se podía compensar en el Presupuesto por el menor coste financiero de la deuda. Vale. Pero ahora, apenas unas semanas después, Elena Salgado levanta el pie del acelerador a la limitación para endeudarse a los ayuntamientos y dice que el Gobierno permitirá que puedan volverse a endeudar en 2011 «los más saneados», calificación que ella extiende al 70% de los municipios.

Al margen de la interpretación partidista de la medida (curiosamente, Madrid y Valencia, dos ciudades gobernadas por el PP, se quedan por debajo del listón fijado por el Ministerio de Hacienda para solicitar más créditos), está claro que el Gobierno ha querido evitar una rebelión municipal justo en el año en que se celebran unas elecciones municipales cruciales para el PSOE.

¿Se imaginan a los alcaldes de toda España culpando al Gobierno de no poder finalizar sus obras o, peor aún, de no poder pagar las nóminas de sus funcionarios?

La vicepresidenta segunda empleó un símil automovilístico para explicar el nuevo bandazo del Gobierno: «Si la carretera obliga a hacer una pequeña curva, hay que hacerla».

Salgado explica que «los mercados se han estabilizado» y eso da margen para ser más flexibles en las políticas de ajuste.

El Gobierno necesitó el vértigo de la equiparación a Grecia para tomar medidas de ajuste, pero se agarra a cualquier dato positivo para contentar a los afectados, lo que desacredita su compromiso con la reducción drástica del déficit público.

El problema fundamental para el Gobierno es que el panorama es bastante más sombrío de lo que se podía esperar al concluir el segundo trimestre del año.

Las dudas ya no provienen sólo de la marcha de la economía en EE.UU. Las últimas previsiones de la OCDE suponen un recorte del crecimiento global en el último trimestre, que será el peor del año.

La marcha de la economía internacional es fundamental para España, dado que la ligera mejora del PIB ha estado basada en el aumento de nuestras exportaciones.

La credibilidad del Gobierno, ganada tras la aprobación del decreto de medidas de ajuste, con el recorte a los funcionarios y la congelación de pensiones, y la puesta en marcha de las reformas laboral y la prometida del sistema público de pensiones, puede perderse si no cumple lo prometido.

En 2010, el déficit de las administraciones públicas se tiene que reducir al 9,5% del PIB. De esa cifra, un 6,7% corresponde al Estado; un 2,4 a las comunidades autónomas y un 0,4% a los ayuntamientos.

Los datos de recaudación del primer semestre hacen creer al Gobierno que el Estado puede concluir 2010 con un déficit muy próximo al objetivo fijado por Bruselas. Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen que las comunidades autónomas podrían quedar por encima del 2,4%, lo que imposibilitaría cumplir el 9,5%. El modelo territorial supone un handicap a la hora de aplicar las políticas de ajuste.

Zapatero tiene por delante un otoño en el que tendrá que hacer frente a su particular stress test frente a los mercados y Bruselas. En primer lugar, el Presupuesto, que Hacienda pretende muy restrictivo, con un recorte del gasto del 7% sobre este año. Las autonomías tendrán que reducir su déficit casi a la mitad del objetivo de este año. Misión que parece imposible.

Si el Gobierno logra sacar adelante el Presupuesto (ya veremos el precio que se cobra el PNV) habrá salvado un escollo importante. Pero tendrá que mantenerse firme en las reformas que ha puesto en marcha si no quiere tirar el crédito ganado por la borda y ver cómo de nuevo se dispara el diferencial con la deuda alemana.

De ahí la importancia de lo que suceda en y tras la huelga general del 29-S.

Los sindicatos saben que se la juegan (como reconoce hoy en EL MUNDO el ministro Corbacho) y van a poner toda la carne en el asador para lograr una gran movilización. Saben también que no van a lograr ni de lejos un paro como el que paralizó España el 14 de diciembre de 1998, pero quieren evitar a toda costa que sea o parezca un clamoroso fracaso.

A Zapatero le incomoda una situación de permanente tensión con los sindicatos. Sabe que tiene que recuperar el voto de izquierdas, con una sólida base sindical, si quiere tener opciones a ganar al PP en 2012. Algunos dirigentes socialistas y ministros afirman que lo importante es lo que suceda tras el 29-S. Es decir, lo que llaman la «recuperación del diálogo social».

Pero, ¿qué puede ofrecerles Zapatero a los sindicatos tras la huelga general? ¿Recortar los aspectos más controvertidos de la reforma laboral? ¿Retrasar sine die la reforma del sistema público de pensiones?

El camino iniciado con el decreto de ajuste del mes de mayo no tiene vuelta atrás. A no ser que Zapatero quiera ver sobrevolar de nuevo los bombarderos de los mercados sobre la deuda española.

El papel de los sindicatos, por tanto, va a estar presente en el debate político en los próximos meses.

UGT y CCOO ayudaron a modernizar este país tras la muerte de Franco, pero hace tiempo que se han quedado anquilosados. Los sindicatos han generado una burocracia que no se puede sostener sin elevadas subvenciones públicas y cada vez tienen menos apoyo social.

Esperanza Aguirre quiere protagonizar una política de firmeza frente a la «aristocracia del proletariado» y va a proponer esta semana la supresión de dos tercios de los liberados que viven del presupuesto de la Comunidad. El ahorro para el erario madrileño supondrá 70 millones de euros al año (más que la subvención a Telemadrid), por los salarios que devengan los interinos que cubren sus puestos.

«Se trata de cumplir la ley, aplicar el reglamento», dicen fuentes de la Comunidad.

La guerra está servida. Zapatero tendrá que elegir entre la ideología o la eficiencia y los sindicatos (sobre todo, si fracasan el 29-S) están obligados a una reconversión histórica si no quieren desaparecer.